El derecho a la comunicación, en peligro

El derecho a la comunicación, en peligro

Organizaciones de la sociedad civil alertaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre regresiones en materia de Derecho a la Comunicación y Libertad de Expresión.

Más allá de la caída de la “Ley Ómnibus”, las intenciones del Gobierno y las reformas que introdujo el DNU 70/2023 en materia de comunicación siguen vigentes. A esto se le suma el Protocolo Antipiquetes que durante las coberturas del debate de la ley en el Congreso atentó contra la vida, la integridad física y la libertad de las y los trabajadores de prensa.

Entre las organizaciones de la sociedad civil que solicitaron a la CIDH que advierta al Estado argentino sobre regresiones en derechos humanos fundamentales se encuentran el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias – Argentina (AMARC), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, la Red de carreras de Comunicación Social y Periodismo, entre otras. Estas organizaciones le acercaron información detallada a la CIDH sobre la situación de la libertad de expresión a partir de la asunción del nuevo gobierno.

Como antecedente cabe citar las reformas en materia de comunicación que realizó el gobierno de Mauricio Macri en 2015, a pocos días de haber asumido. Al año siguiente, gracias a un pedido de organizaciones de la sociedad civil, estos cambios desembocaron en una audiencia pública en la sede de Washington de la CIDH. Allí, el Estado argentino tuvo que brindar explicaciones sobre las modificaciones realizadas por DNU a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y a la Ley Argentina Digital, puesto que incumplían los estándares internacionales sobre libertad de expresión.

En aquella audiencia, los representantes del Estado argentino sostuvieron que eran modificaciones transitorias, ya que iban a crear una nueva Ley Integral de Comunicaciones que contemplara la convergencia tecnológica, algo que nunca ocurrió. Diego Morales, director de Litigios y Defensa legal del CELS, en diálogo con ANCCOM, afirma que “con la llegada de Milei, aquellas garantías que al menos subsistían para que no se generase un proceso de concentración significativo, fueron eliminadas”.

La presentación de las organizaciones plantea que el DNU 70/23 derogó los límites a la concentración de la propiedad de medios audiovisuales a nivel nacional habilitando niveles de concentración mediática incompatibles con los estándares de libertad de expresión de la CIDH. “Todo el sistema audiovisual quedó organizado sin ningún tipo de límite para el trabajo de las empresas, Macri ya había sacado ciertos límites, pero este Gobierno organizó la liberación total”, señala Morales.

Según Mariano Randazzo, integrante de Radio Sur y de AMARC, “lo que está en juego es el derecho a la comunicación en su integralidad. Nosotros no concebimos ni a las audiencias como consumidores ni a la comunicación como un negocio, sino como un derecho que tenemos los pueblos a construir nuestras experiencias comunicacionales vinculadas a nuestras identidades, culturas, saberes, a nuestras historias y a partir desde ahí construir nuevas representaciones mediáticas de una manera plural, diversa y democrática”, explica.

Otro eje de la solicitud ante la CIDH es la intervención de los medios públicos, que ya no depende del modelo definido en la LSCA, sino que “ahora es el propio Poder Ejecutivo el único que determina los contenidos y los sistemas de programación con el riesgo de ir a su privatización”, enfatiza Morales.

“Los medios comunitarios existíamos cuando no había ninguna ley que nos regulara. Nacemos con la necesidad de nuestras comunidades y experiencias políticas, sociales y culturales de comunicarnos. No existimos gracias al Estado. Es muy fuerte la vocación que tenemos por construir una comunicación diversa, plural, democrática y participativa con una perspectiva social. Vamos a seguir existiendo y seremos un actor central”, dice Randazzo.

Al respecto, Randazzo agrega: “La intención explícita de querer privatizar los medios públicos es parte de cerrar voces y limitar la diversidad, los medios públicos van más allá del rating y de la lógica comercial, su función es cumplir un rol social”. Hay que añadir que la LSCA organizaba el sistema de medios en tres prestadores: estatales, privados y privados sin fines de lucro (como es el caso de las radios comunitarias).

Además del objetivo de privatizar los medios públicos, está la de eliminar los Fondos de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), creados por la LSCA y una fuente importante de ingresos de los medios comunitarios. “Los riesgos de estas medidas son muy concretos, ya que nuestro sistema de medios, tal como lo conocemos, hasta el momento desaparecería y el actor que quedaría con las mejores condiciones para gestionar la comunicación argentina sería el sector privado, ese es el núcleo de nuestra presentación”, puntualiza Morales.

Los FOMECA son administrados por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), organismo que fue intervenido por decreto. Randazzo asegura que “su intervención es una restricción a la construcción democrática que tenía ese organismo, porque ahí participaban las minorías parlamentarias, representantes de las provincias y organizaciones de la sociedad civil. Si bien el FOMECA todavía no se borró del mapa, el hecho de que no se estén firmando expedientes para que eso avance es una manera de frenarlo”.

Otro de los puntos que trata la presentación ante la CIDH es la eliminación de la Defensoría del Público, organismo también creado en 2009 por la LSCA. Morales destaca que “es un órgano que permite que se lleven adelante denuncias y que ciertos procesos de estigmatización generados por los medios de comunicación puedan ser discutidos y modificados”.

“Las políticas de Milei efectivamente son una continuidad de los decretos de Macri que en su momento ni bien asumió significaron la mutilación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Milei ahora viene a terminar ese trabajo”, opina Randazzo. Sin embargo, aclara: “Los medios comunitarios existíamos cuando no había ninguna ley que nos regulara, porque nacemos con la necesidad de nuestras comunidades y experiencias políticas, sociales y culturales de comunicarnos. No existimos gracias al Estado. Es mucho más fuerte la vocación que tenemos por construir una comunicación diversa, plural, democrática y participativa con una perspectiva social, que lo que va a lograr hacer este Gobierno. La comunicación comunitaria va a seguir existiendo en nuestro país y va a ser un actor central”.

La nota a la CIDH alerta sobre el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa. “Aprovechamos la oportunidad para incluir todos los ataques que recibieron periodistas y fotógrafos al momento de cubrir manifestaciones. Alertamos sobre el ejercicio de la profesión, no solo en la protesta social, sino en los ataques que reciben periodistas que se oponen al Gobierno”, subraya Morales.

Para Morales, “sería muy importante que la CIDH opine sobre esta transformación de cómo es el sistema de comunicación en Argentina, que opine sobre temas estructurales”. Randazzo, en tanto, espera que la CIDH sea una tribuna internacional que los acompañe en la lucha. “Vale la pena presentarse más allá de los tiempos y las gestiones, sabemos que no es una cosa automática e inmediata –afirma–. Esta estrategia en unidad con otros sectores es una más en el camino por lograr el reconocimiento del derecho a la comunicación”.

“La situación de los medios sin fines de lucro es estremecedora”

“La situación de los medios sin fines de lucro es estremecedora”

«Hay una creciente estigmatización de muchos funcionarios estatales en América hacia las mujeres», señala Loreti.

El argentino Damián Loreti, abogado y doctor en Ciencias de la Información, ha sido elegido como uno de los finalistas en el proceso de selección a Relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Son diez expertos y expertas de distintos países de la región –sobre un total de 81 postulantes– y el próximo 15 de septiembre se conocerá quién ocupará ese puesto clave.

La trayectoria de Loreti avala su nominación: cofundador de la Coalición por una Radiodifusión Democrática; coautor de la Ley N° 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada en 2009 (que reemplazó la de la última dictadura); director de la Carrera de Ciencias de la Comunicación (UBA) entre 2002 y 2006, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) entre 2006 y 2010; vicepresidente de Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC); secretario del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), profesor de grado y posgrado y la lista sigue.

En vivo y en directo, Loreti prefiere evitar los formalismos. “Me muero de la vergüenza”, confiesa. Aislamiento social de por medio, conversó con ANCCOM sobre libertad de expresión, derecho a la comunicación, acceso y sus principales amenazas en la actualidad nacional y mundial.

¿Qué significa ser Relator de Libertad de Expresión?

En el marco de la CIDH, hace unos 22 años se creó una unidad especial con un funcionario a cargo, que no es un comisionado, que se llama Relatoría Especial de Libertad de Expresión. Hace unos 12 ó 13 años se empezó a elegir en base a un concurso llamado por la CIDH. Se presenta alguien que cumple con ciertas condiciones: periodistas, abogados, licenciados en relaciones internacionales o comunicación social, politólogos, con conocimientos y experiencia en el mundo de derechos humanos y la libertad de expresión. El mandato dura tres años con derecho a una renovación. El Relator, de la mano de instrucciones que le va fijando la Comisión, fiscaliza la situación de la libertad de expresión en el continente, hace requerimientos en los países, informes nacionales o genéricos, y lleva los casos que se presentan ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

¿Cuáles son los temas de incumbencia?

Van desde violencias y agresiones a periodistas y personas que toman la voz pública, derecho a la protesta, responsabilidades civiles y penales, temas de radiodifusión, de concentración. Temas de vida privada, cibervigilancia, hay informes sobre la situación de las mujeres periodistas y trabajadoras de los medios. Hay antecedentes de trabajo sobre libertad de expresión y discurso del odio, o discurso discriminatorio, con un énfasis en particular en cómo resolver esto en relación a la población LGTBI. También con redes sociales, activistas digitales y plataformas.

¿Qué significaría para usted poder desempeñarse en ese cargo?

La Relatoría tiene 20 años de trabajo atrás. El principal objetivo sería ir mejorando los estándares, llevar un poco más de litigio a la Corte Interamericana. Hay algunos temas que no han sido todavía litigados, como radiodifusión comunitaria, temas de concentración, de plataformas y libertad de expresión. Hay que trabajar más el tema de discursos y población LGTBI. Aumentar fuertemente la protección a las mujeres que hacen ejercicio de la libertad de expresión, sea de modo profesional o no. Porque ahí ocurren situaciones de discriminación estructural, en términos de condiciones de trabajo, de protección; y hay una creciente estigmatización de parte de los funcionarios estatales de mayor autoridad en muchos países en América hacia las mujeres de modo muy despectivo y violento. Desde Canadá, hasta países caribeños y del cono sur.

¿De qué manera se podría intervenir?

La Relatoría publica comunicados manifestando preocupación y en algunos casos beneplácito por medidas de gobierno o situaciones puntuales. Puede pedir informes a los Estados ante una determinada circunstancia. Está la posibilidad de llevar casos y plantearle a la Comisión la elaboración de algún estándar de interpretación de hacia dónde debería ir una mayor protección a la libertad de expresión en un contexto de un continente que cambió mucho en los últimos seis años. Hay una creciente elección de gobiernos de centroderecha o derecha muy restrictivos en esta materia. Las modificaciones a las leyes que se están dando de modo regresivo en varios países son una muestra de eso.

«Hay una creciente elección de gobiernos de derecha muy restrictivos en materia de libertad de expresión», dice.

¿Cómo califica la gestión de Mauricio Macri en materia de legislación de la comunicación? 

Atroz. Sólo por dar unos ejemplos, la persecución que ha habido a activistas digitales es gigantesca, el proceso de concentración que se ha dado es enorme, y las reformas a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por decreto fueron cuestionadas por la CIDH como regresivas y no respetuosas del principio de legalidad.

¿Qué expectativas tiene respecto al gobierno actual?

Desde la sociedad civil, el principal reclamo va a ir por el lado de la sustentabilidad de los medios, sobre todo de los más chicos y los que no están en plataformas. Históricamente, el dinero que estaba en los medios abiertos se fue yendo hacia el cable. Luego hacia las señales. Y ahora, incluida la publicidad oficial, se fue a las plataformas, que en muchos casos no generan producción local. Eso desfinancia las instancias de pluralismo y diversidad. Hoy el gran tema, de la mano con lo que ocurre con el COVID-19, es cuál va a ser ese modelo no sólo en Argentina sino en muchísimos lugares. La retracción de todo tipo de mercados publicitarios imaginables y la situación de los medios sin fines de lucro y del interior de los países es estremecedora. Si bien crece la audiencia, no crece la facturación de los medios abiertos. Según la CEPAL, el 43 por ciento de la población de América Latina no tiene banda ancha. En este contexto, toman importancia los medios abiertos, públicos, comunitarios, incluso los comerciales, en la medida en que no estén comandados por una misma empresa y con una sola voz. Son instancias de pluralismo en las cuales la gente no paga por ver y escuchar y mantiene además el anonimato de aquello que escucha, cosa que en las redes no ocurre.

¿Cuál es su opinión sobre la cobertura de la pandemia en los medios? 

Hay de todo. El gran problema es de qué manera se genera mayor capacidad de voces que desmientan las 18 horas de alarma de noticias todo el tiempo. No es solo un problema nacional. Y de qué modo se permite la verificación de datos ostensiblemente falsos o medias verdades. O se sacan las condiciones reales por las cuales se hacen determinadas cosas, y cuando se le pone un solo título aparece distorsionado. El ejemplo más reciente es el de los test rápidos. Salió en algunos diarios que el Estado había hecho cualquier cosa y que ese mecanismo de tests tiene sus límites. Pero eso se sabía cuando se lo contrató. Ahora, si alguien omite decir que eso viene con límites específicamente determinados y con un fin determinado, se trata de la construcción de realidad en función de intereses económicos, como siempre se rodearon los medios. Ahí quisiera enfatizar la diferencia entre periodistas y medios. Los trabajadores de los medios no tienen negocios por fuera. Y las presiones económicas que sufren los medios, más allá de sus líneas editoriales, impactan sobre los trabajadores.

Respecto a las noticias falsas, ¿qué postura debería tomar el derecho?

Primero, en el marco del Sistema Interamericano, no hay capacidad de censura previa. Segundo, no siempre las fake news se refieren a personas. En ese caso, habría derecho de rectificación o respuesta. Dicho esto, hay otro tipo de fake news que operan sobre una realidad sin referencia a una persona en particular y ahí el derecho de contestar de la sociedad es más complejo. Las elecciones en Brasil, el Brexit, o el referéndum colombiano, no hacían referencia a un candidato en particular. Los europeos optaron por fijar, en países como Francia o Alemania, algunas reglas en función de elecciones y fake news. Pero, en algunos casos, hay una injerencia directa de los jueces en lo que los medios pueden decir o no. Entonces, la gran mayoría de las personas suele preguntarse cuál es la responsabilidad en materia de fake news. Considero que el tema de la responsabilidad es algo menor frente a la necesidad de generar instancias de chequeos, de mayor accesibilidad a las fuentes por parte de las personas que puedan estar alcanzadas por las fake news y no tengan capacidad de replicar por esa falta de acceso. Muchos dicen “sólo difundan lo que se publica por parte del Estado”, y eso es complicado como regla, porque el Estado no está siempre del mismo modo. Nosotros podemos sentirnos confortados con lo que hace Télam, pero si mirás en otros lugares la construcción de las estadísticas tal vez no tiene siempre las mismas fuentes. No estoy de acuerdo en que sólo hay que difundir la información oficial. Tiene que haber mecanismos de acceso a la información y transparencia informativa, pero no como fuente única.

¿Qué medidas se podrían tomar para favorecer el pluralismo informativo y cultural?

El gran tema es el financiamiento. Hay muchas iniciativas que necesitan porte para armar sus modelos de gestión. Pero hoy los medios no tienen modo de sostenerse con una retracción del mercado como la que existe. Ni hay un compromiso de financiamiento y pluralismo por parte de los que están llevando plata a sus cuentas sin generar ninguna producción. Esto existe en Estados Unidos, Suecia, España, Francia, Holanda, mecanismos de tomar plata de ingresos de ciertas explotaciones a los cuales se le agrega un impuesto puntual. Acá se podría trabajar sobre el IVA y reasignarlo. Y así generar un mecanismo transparente de financiamiento y pluralismo. En definitiva, se trata de eso y cada vez más. Mucho se ha hablado que esto es un tema de control de competencia, como si fuera solo un problema económico. Y ya desde el 2004 la Relatoría especial y luego otros relatores de libertad de expresión de otros continentes, y la propia CIDH, han venido diciendo que el pluralismo no se garantiza con control económico de concentración solamente, eso es un control a posteriori. Lo que garantiza el pluralismo y la diversidad es el control inclusive de la concentración indebida. Porque lo que se protege es la opinión pública, y no un problema de acumulación económica.

Violaciones a los derechos humanos ayer y hoy

Violaciones a los derechos humanos ayer y hoy

En el auditorio Abuelas de Plaza de Mayo se conmemoró la visita de la CIDH de 1979.

“Hoy estamos aquí para hacer memoria y recordar que, gracias al coraje de las organizaciones de derechos humanos, y especialmente Familiares y Abuelas, las palabras de Hamlet se harán realidad: los crímenes saldrán a la luz, aunque toda la tierra los sepulte”, declaró Antonia Urrejola, segunda vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al final de su discurso en el panel que discutió “Los impactos históricos de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los nuevos desafíos en el contexto regional actual”. 

El auditorio de Abuelas de Plaza de Mayo en el predio de ex ESMA estaba lleno. Las escaleras se usaban como asientos y en los laterales, donde se ubicó la prensa, no había lugar para caminar.  Los integrantes de la CIDH que viajaron para conmemorar la histórica visita a la Argentina en 1979 hablaron con organizaciones sociales y escucharon sus demandas, mientras recuperaban la historia de la Comisión y revelaban cómo fue el proceso que posibilitó su llegada en plena dictadura.

Emilio Mignone, fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), fue el gran impulsor de esa visita de la CIDH, desde que en 1976 secuestraron a Mónica, su hija de 24 años. A partir de allí, Mignone, que había trabajado en la Organización de los Estados Americanos, acudió al Sistema Interamericano de Derechos Humanos ante la falta de respuestas de las autoridades locales. “Como Mignone, otros comenzaron a presentar denuncias ante la Comisión y para mediados de 1978 ya se tenía información suficiente como para hacer un informe desde Washington”, reveló Urrejola. Sin embargo, los comisionados advirtieron que una visita en el país tendría mayor impacto. Fue gracias a las presiones conjuntas de las organizaciones de derechos humanos y la administración norteamericana que se pudo obligar al gobierno argentino a formalizar una visita.

Finalmente, un 6 de septiembre de hace cuarenta años, arribó la Comisión Interamericana a la Argentina. Permaneció catorce días realizando actividades en el terreno, entre las que se destacaron las entrevistas y audiencias con autoridades, entidades y representantes de los distintos sectores. Se visitaron centros penitenciarios, centros clandestinos de detención y tortura y fueron recibidas miles de denuncias por violación de derechos. “La colaboración de la sociedad civil fue fundamental para realizar el informe”, resaltó Urrejola. Sin embargo, los comisionados bajaron del avión en un momento particular del país. El mismo día de su llegada, un diario anunciaba victorioso el triunfo de la Selección Juvenil de Fútbol ante la Unión Soviética en el Mundial de Tokio, con un gol de Diego Maradona. Jorge Rafael Videla se mostró exultante en el balcón presidencial unos minutos antes de su reunión con los miembros de la Comisión que, por otro lado, fueron recibidos por una lluvia de papelitos que tenían impresa la leyenda “los argentinos somos derechos y humanos”.

“La colaboración de la sociedad civil fue fundamental para realizar el informe de la CIDH”, resaltó Urrejola.

Al final de la visita de la CIDH, se le entregó a Videla un documento preliminar en el que se concluyó que las desapariciones constituían uno de los fenómenos más graves de violación a los derechos humanos. A partir de ahí, se comenzó con la elaboración del informe que se presentó en abril de 1980. En él se hizo énfasis en los delitos que violaban los derechos humanos durante 1975-1979: asesinatos ejecutados por  personas vinculadas a organismos de seguridad del gobierno, detenciones absolutamente indiscriminadas y arbitrarias, torturas inhumanas y degradantes, violación reiterada al derecho a la justicia y obstáculos injustificados a las organizaciones de derechos humanos para que no pudieran ejercer su labor. “El informe, como ocurre con todas las dictaduras y líderes autoritarios, fue rechazado por la junta militar”, siguió Urrejola. Su respuesta fue emitir su propio informe que hablaba de las víctimas del terrorismo. De todas formas, Mignone y otros compañeros, viajaron a Washington y trajeron 500 ejemplares del informe para distribuirlos clandestinamente en el país, a riesgo de sus propias vidas. Recién el 1984 el CELS lo publicó legalmente bajo el título de “El informe prohibido”. La visita instaló en los medios la palabra desaparecido. El silencio y la negación impuesta por la dictadura estaba cediendo y el informe fue un golpe durísimo para su credibilidad internacional.

Víctor Abramovich, procurador ante la Corte y ex comisionado, destacó el impacto que tuvo la visita no sólo para la Argentina, sino para la misma Comisión. A partir de ese momento se marcó la importancia del mecanismo de presencia en el territorio y el registro de casos. “Este modelo se puso en duda en los 90 porque la mayoría de los países estaban en democracia, pero las organizaciones de la sociedad civil resistieron el proceso alegando que, aunque había democracias, existían prácticas de violencia institucionales graves, que sumadas al déficit en las democracias constitucionales como son los grandes niveles de desigualdad económica y social y los procesos de exclusión, reproducen grave violaciones estructurales a los derechos humanos”, relató.

Carlotto fue una de las representantes de organismos de derechos humanos que presenció el homenaje a la CIDH.

El trabajo de la Comisión se hace necesario y útil en todo tiempo. La CIDH es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que la tiene como principal brazo junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y su función es preservar los derechos humanos en América, examinando las peticiones individuales que, según establece su página web, “pueden ser presentadas por personas, grupos de personas u organizaciones que alegan violaciones de los derechos humanos garantizados” en los tratados interamericanos de derechos humanos. “La Comisión debe seguir autónoma, independiente y rigurosa”, declaró Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH. Y recalcó: “No permitiremos ningún retroceso a lo que ya conquistamos. Es nuestro mensaje de respaldo para la sociedad”.

De parte de las organizaciones sociales que estuvieron presentes, las alusiones a la situación actual del país no tardaron en llegar. Primero de parte de Alfredo Ayala, sobreviviente de la ESMA, que denunció desde su lugar como dirigente del Movimiento Villero. “Nos están matando todos los días; por nuestras caras y nuestra pobreza, que nos dejan ellos al sacarnos el trabajo, los derechos y la dignidad”, declaró conmovido. Después, Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, en conversación con ANCCOM, detalló casos puntuales. “Hace pocos días en Chubut golpearon a docentes e intentaron instalar que fue un grupo de trabajadores. La idea es hacernos creer que la pelea es entre trabajadores, entre pobres”, enfatizó. La llegada de la Comisión hoy, según Cortiñas, es también la esperanza de denunciar los actos que el Gobierno pretende ocultar.

“Hemos sido víctimas de persecución mediática judicial, ahogo financiero que devino en pérdida de autonomía, ingreso de fuerzas de seguridad sin autorización de las autoridades de las casas de estudios, etcétera”, denunció Federico Thea, rector de la Universidad Nacional de José C. Paz. “Es un ataque contra la autonomía de la universidad y lo que hacemos en ella, que tiene que ver con una política de memoria, verdad y justicia”, enfatizó. Por otro lado, el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, puso el foco sobre los derechos violados en tiempos de constitucionalidad, como el derecho a la alimentación,  a la educación, a la niñez y los derechos conquistados para los jubilados que se fueron cercenando. “Además, la persecución política a los que tienen una voz contraria al gobierno también es una violación a los derechos. Quizá el neoliberalismo, que pretendió ir contra el comunismo, está yendo también contra la democracia”, finalizó su intervención.

Por otro lado, Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA, hizo especial hincapié en los mecanismos utilizados por el gobierno para crear un enemigo interno, que él ejemplificó con los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Y también agradeció el trabajo del CELS en calificar los derechos de los trabajadores como derechos humanos. También tomaron la palabra los familiares de los muertos en el ARA San Juan, la hermana de Diana Sacayán, la activista LGTB asesinada, entre otros familiares de víctimas de violencias institucionales. 

Sergio Maldonado anunció la reapertura de la causa que investiga la muerte de su hermano.

Uno de los últimos en hablar fue Sergio Maldonado, que se había enterado esa misma mañana sobre la reapertura del caso de Santiago como posible desaparición forzada de persona. “La visita de ustedes en ese momento dio la posibilidad de dar otra batalla a la impunidad. La similitud con ahora es que un gobierno democrático utiliza las mismas prácticas”, declaró. Había pedido, desde febrero, que se revise la carátula del caso y recién ahora esto se cumplió. “Quedó demostrado que este gobierno no actúa imparcialmente, sino según un plan”, aseguró. Aprovechó la presencia de la Comisión para hacerle un pedido oficial: la creación de un equipo de expertos independientes que garanticen las investigaciones en estos casos.

Con respecto a las preocupaciones actuales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola confirmó a ANCCOM que en Argentina no están haciendo un monitoreo específico, y que la vista al presidente Mauricio Macri sólo está en el marco de lo protocolar, sin agenda. Por otro lado, habló de otras problemáticas en la región que los alarmaba, sobre todo en Nicaragua, Venezuela, Colombia (a causa de recurrentes asesinatos a defensores de derechos humanos) y Brasil. “Estamos en una situación muy preocupante donde hay muchos discursos de odio y estigmatización a distintos grupos vulnerables como los pueblos indígenas, la comunidad afrodescendiente, las mujeres y la población LGBTI. Al final del día, estos discursos justifican la violación de los derechos humanos”, enfatizó. Al mismo tiempo, el aumento de las políticas de mano dura en materia de seguridad ciudadana y la militarización de las fuerzas de seguridad son otros de los grandes temas que miran con preocupación.

De cara a lo inmediato, Urrejola reveló que trabajarán con Memoria Abierta para digitalizar y sistematizar los archivos de la visita de la CIDH para que queden a disposición de víctimas, familiares, organizaciones y toda la sociedad argentina y así, finalmente, se pueda hacer pública la verdad.

Una muestra recuerda la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Una muestra recuerda la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Madres de Plaza de Mayo, sobrevivientes de la Esma y miembros de la CIDH inauguraron la muestra.

La inauguración de la muestra El ocultamiento de la ESMA: La verdad se hace pública se llevó a cabo el viernes 6 de septiembre en el marco de las actividades de conmemoración a 40 años de aquella histórica visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la Argentina en 1979, durante la última dictadura militar. Fue organizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales, el espacio Memoria Abierta y el Museo Sitio de Memoria ESMA.

 “La Comisión fue un lugar para todos los silencios que querían hacerse oír en un contexto de terror y oscurantismo. Fue un espacio de escucha para las víctimas”, dijo Antonia Urrejola, segunda vicepresidenta de la CIDH. Sus palabras lograron conmover a todos. “Como chilena me siento muy cercana a la historia argentina. Mi papá también fue un preso político y nunca habló de lo que le hicieron”, relató disculpándose por hablar de un tema personal. Pero no pudo evitarlo porque este 6 de septiembre no sólo se cumplieron cuarenta años de la visita de la CIDH a la Argentina, sino que además su padre habría cumplido 85. “Murió de cáncer de boca; por no hablar. Se fue con su silencio”, recordó con una mezcla de emociones. Tristeza, por hechos terribles que atravesaron toda una región, pero también alegría y agradecimiento. “No es casual que, en este día en el que yo lo recuerdo a él, esté acá con ustedes. Les quiero agradecer eso”, cerró.

Las conmemoraciones de hechos de la última dictadura siempre tienen un sabor agridulce. Se recuerda algo terrible y desolador; un dolor inconmensurable. Sin embargo, hay quienes, desde su actividad política y social, dan el empuje necesario para ver la realidad con otros lentes, menos tristes, con más colores. La inauguración de la muestra sobre la visita que realizó la CIDH hace cuatro décadas es el retrato de esos sentimientos. Los abrazos y sonrisas que dedicaba Nora Cortiñas, una de las fundadoras de Madre de Plaza de Mayo, fueron el emblema del acto. Rodeada de personas que la saludaban y abrazaban, ella devolvía todas las muestras de cariño, riéndose de su estatura y sacándose fotos todo el tiempo. Tenía los ojos pintados de verde y el pañuelo atado en la muñeca. “Será ley”, recordó cuando inmortalizaron su sonrisa.

La muestra, dividida en dos partes, exhibe testimonios de sobrevivientes y objetos de la isla El Silencio.

La inauguración empezó tarde y prometía ser rápida, pero las palabras de los integrantes de la Comisión fueron largas y afectuosas; atrapando a los presentes en los recuerdos. Se reconoció a Abuelas y Madres de Plaza de Mayo en su tarea modelo para la región de apartar los miedos que dejó la dictadura. “Hace cuarenta años nuestros colegas de aquel entonces se apoderaron de esa fuerza, de ese espíritu humano de libertad y dignidad”, resaltó Esmeralda Arosemena de Troitino, presidenta de la CIDH. Lo que parecía, en su momento, una lucha imposible, se transformó en una fuerza capaz de resistir el silencio al que se quería someter a la población.

Se destacó el rol que tuvieron las organizaciones sociales en este proceso de des-silenciar a la sociedad. Graciela Lois, representante de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, contó el trabajo de la organización para recolectar archivos y casos, y cómo fue planear la visita de la CIDH: “Desde 1978 veníamos intentándolo y se suspendió varias veces. En las asambleas teníamos que decirles a los familiares de las víctimas que no bajen los brazos, que teníamos que seguir luchando y que ya nos iban a escuchar, pero nos sentíamos defraudados”.

La visita, finalmente, se pactó para septiembre y el día anterior, Graciela se encontraba preparando las carpetas que iban a presentar. A las 8:30 de la mañana la fila que se formó en Avenida de Mayo al 760 era larguísima. “Había fotógrafos por todos lados, que en realidad eran militares, sacando fotos de nuestras caras, vigilando qué decíamos; a dónde íbamos. Nos sentimos perseguidos”, recordó. Algunos iban y les decían que gritaran, que pidieran por los desaparecidos. Pero no podían ceder, porque había otros grupos esperando que eso sucediera y así provocar un incidente que interrumpiera la jornada. “Fue un ejercicio de templanza y paciencia”, contó emocionada.

La madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas participó del acto de apertura de la muestra.

Graciela Lois exteriorizó ese sentimiento agridulce que caracteriza estas conmemoraciones: “Repasé muchos documentos y cosas que hicimos para decir algo hoy, pero me terminó embargando un sentimiento de angustia y emoción; por recordar a compañeros que hicieron mucho y ya no están, pero al mismo tiempo, por agradecer la presencia de la Comisión y manifestarles lo importante que es para las víctimas ser escuchadas, porque uno, después de mucho andar, por fin llega a una instancia donde piensa: `Ahora algo se va a resolver´”.

Las dos instancias de la muestra dan cuenta de este recorrido entre la verdad que puja por salir y las mentiras que buscan hundirla. La primera parte se titula El ocultamiento de la ESMA y está armada en la sala donde funcionaba el salón comedor de los marinos en el Casino de Oficiales. Las pantallas que proyectan testimonios de sobrevivientes se amalgaman con la exhibición de objetos de los que fueron llevados a la isla El Silencio durante la visita de la CIDH, para ocultar lo que sucedía y poder armar una gran simulación que borrara las huellas del horror.

Alfredo Ayala fue un ex detenido de la ESMA y estuvo durante la llegada de la Comisión a la Argentina. “Trabajábamos como mano de obra esclava y nos usaron para hacer varios cambios en la fisonomía del edificio para que no coincidiera con las denuncias”, recordó. Su testimonio fue central a la hora de confirmar el accionar de las fuerzas militares sobre el ocultamiento que se llevó a cabo en la ESMA por la visita de la CIDH. “Trabajé también en la isla El Silencio, donde llevaron a los compañeros que estaban detenidos. Mientras la Comisión estaba acá, allá los estaban torturando”, confirmó con la voz quebrada y los abrazos de sus compañeros esperándolo.

Cuando llegó la comitiva de la CIDH, los militares trasladaron a la isla El Silencio a los desaparecidos de la Esma para ocultar la represión.

La segunda parte de la muestra, que se puede visitar de 10 a 17 horas, lleva por nombre La verdad se hace pública. Se usaron las instalaciones de la ex cocina, sala que se inauguró en esta ocasión, para mostrar otro enfoque de la misma situación, ya no en los burdos intentos de ocultar lo que pasaba, sino una reconstrucción de la actividad de los organismos de Derechos Humanos, el recorrido que hizo la Comisión en otros espacios, la recolección de denuncias colectivas y el informe final presentado por la CIDH que, aunque la dictadura lo censuró, encontró maneras alternativas de circular entre los familiares de las víctimas y sobrevivientes. “Es una historia con dos historias: una de luz y otra de sombras”, se lee en la guía de la muestra.

Joel Hernández, comisionado primer vicepresidente de la CIDH, recalcó el trabajo hecho hace cuarenta años y la valentía de aquellos miembros por venir a un país donde las situaciones eran realmente adversas. “Sin embargo, se hicieron presentes y desarrollaron su mandato de la manera más efectiva con miras de generar un impacto en la sociedad argentina”, puntualizó. La herencia trae aparejada nuevas obligaciones con el presente y la historia. “Tenemos que enfrentar con el mismo valor los retos que hoy tiene la sociedad”, recalcó antes del aplauso. 

Nora Cortiñas, en conversación con ANCCOM, recalcó que los kilómetros caminados son muchos, pero aún falta para que se terminen. “La verdad será pública cuando abran los archivos y nos digan qué pasó con todos los detenidos y desaparecidos. Será pública cuando los más de quinientos jóvenes que no conocen su identidad sepan de dónde vienen y quién es su familiar, para que todos sepamos qué pasó con nuestros hijos”, dijo con su pañuelo blanco en la cabeza y el verde en la muñeca, reconfirmando que esa lucha del pasado se debe convertir en un compromiso con el presente.

Aún no se ha logrado que la verdad se haga totalmente pública, como dijo Cortiñas, pero el recorrido de la Comisión y el trabajo de las organizaciones sociales, ocupando con abrazos y sonrisas los lugares que el Estado abandona, son importantes para despertar a la historia y a las sociedades, devolviéndoles el protagonismo de su propio presente. Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH, confirmó su compromiso “por los que lucharon en el pasado y siguen luchado, por los desaparecidos y detenidos, los que sufren las ausencias de sus seres queridos, por los que siguen el camino de la defensa de los derechos humanos; los movimientos sociales, los fiscales y jueves, la prensa libre y los militantes de derechos humanos, tan emblemáticos en este país”, proclamó mientras la emoción, los recuerdos y ese sentimiento de algo aún inconcluso se apoderó del público. “Por todos ustedes y frente a los espectros de autoritarismos que aún siguen en la región, sepan que siempre nos encontrarán en el camino; como resistencia; como lucha y venciendo”, cerró. Y el compromiso es con el presente.

A 40 años de su visita, vuelve la CIDH al país

A 40 años de su visita, vuelve la CIDH al país

“La Comisión ha llegado a la conclusión de que, por acción u omisión de las autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período a que se contrae este informe –1975 a 1979– numerosas y graves violaciones de fundamentales derechos humanos”, concluye el informe producido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) en diciembre de 1979. Tres meses antes, representantes de la CIDH habían visitado Argentina y recolectado denuncias y testimonios, marcando con ello un punto de inflexión en el devenir de la última dictadura cívico-militar. Este 6 de septiembre, con motivo del aniversario número 40 de aquella histórica visita, la Comisión vuelve a nuestro país.

Todavía resuenan en la memoria de los argentinos los gritos de aliento de José María Muñoz, el festejo en el Obelisco tras la victoria del Mundial Juvenil de Japón, el micro de la Selección ingresando por la Avenida 9 de julio y la ciudad entera, las casas y las vidrieras, los autos y las ventanas, todo empapelado bajo el lema “Los argentinos somos derechos y humanos”. Y es que aquella euforia coincidió además con la llegada de la CIDH a Buenos Aires, y qué mejor que los miembros de una de las entidades del sistema interamericano de protección de derechos humanos vieran lo felices que eran los argentinos, todos sujetos de derechos, todos seres humanos.

Delia Giovanola, se define como la última Abuela Fundadora que queda hoy en la institución de Abuelas de Plaza de Mayo. En ese entonces, cuando vino la CIDH era una Madre, de esas primeras que caminaban en Plaza de Mayo junto con Azucena Villaflor y unos pares más, cuyos rostros ya no recuerda. Delia daba vueltas a la pirámide reclamando por la desaparición de su hijo, Jorge Oscar Ogando, quien había sido secuestrado junto a su pareja Stella Maris Montesano, embarazada de ocho meses.

El 6 de septiembre de 1979 “fue un antes y un después”, declaró Delia a ANCCOM. Y continuó: “Porque hasta ese día que vino la Comisión Interamericana yo buscaba a mi nieto nacido en cautiverio. A partir de ese día busqué un niño rubio de ojos celestes que nació el 5 de diciembre del ‘76”.

Su día había comenzado en Ballester, donde residía y aún lo hace. Tomó el Tren Mitre hasta Retiro y desde la estación terminal un colectivo hasta Plaza de Mayo. Caminó desde allí hasta Avenida de Mayo al 700, donde funcionaba el espacio de la OEA para recolectar denuncias. No obstante, antes de llegar al final de la fila, un grito la detuvo.

¡Delia! escuchó proveniente desde un montón de gente. Era Erenia López Osorio, una vieja compañera de cuando, joven, residía en La Plata. Erenia tenía información crucial para Delia Giovanola y estaba yendo a declararla, pero se encontró antes con su destinataria. Le contó entonces que había hablado con Alicia Carminati, una ex-compañera de celda de Stella Maris Montesano, y le había contado sobre la fecha exacta y las condiciones del parto de Stella. Delia no recuerda nada más de aquel día. Ni siquiera sabe si llegó a ingresar a la oficina donde funcionaba la Comisión.

(Archivo ANCCOM ) Museo de la Memoria,ex ESMA, donde funcionó un centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura cívico militar (1976-1983).

Graciela Lois, representante de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, tampoco recuerda exactamente la conversación que tuvo con la CIDH, pero sí puede volver a sentir la sensación de alivio y descanso que la invadió en el ‘79 cuando la Audiencia que tenía programada Familiares con la Comisión se llevó a cabo. Y es que los meses anteriores habían sido un verdadero caos. Graciela fue una de las impulsoras de la visita de la Comisión, para lo cual había recolectado con Familiares desde 1976 cartas de denuncias que enviaban a la sede de Estados Unidos. “Después vimos la necesidad de solicitar que la Comisión viniera aquí. Y esto se empezó a trabajar desde el 78. Esa visita se fue prolongando y finalmente vinieron en septiembre (del 79). Para esa época ya teníamos registrados más de 1100 casos”, declaró a ANCCOM, añadiendo luego que se había tomado el tiempo para armar estadísticas y gráficos según edad, sexo y profesión de los casos.

*Toc-toc, se escucha en la puerta de servicio.

Cuando Graciela y su compañera abren, se encuentran con un policía uniformado y un secretario de juzgado diciendo que tenían que revisar porque había una denuncia. “Se llevaron nuestros archivos, los testimonios de la gente. Así que antes de que viniera la CIDH tuvimos que correr y armar todo de nuevo. Hubo bastantes tropiezos antes de la llegada de la CIDH. Pero así todo logramos hacer una buena entrevistas”, agrega la representante de Familiares. Aquel organismo no fue el único allanado previo a la visita de la OEA. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Liga por los Derechos del Hombre también fueron intervenidos. Se buscaba desaparecer los documentos y acusar a los organismos de estar manejados por organizaciones guerrilleras, agregó Graciela Lois. 

La falsa entrevista de Thelma Jara de Cabezas con la revista Para Tí también tuvo ese mismo propósito. El mismo día que la CIDH pisó Buenos Aires, la revista Para Ti publicó en su tapa un reportaje titulado “Habla la madre de un subversivo muerto” donde Thelma Jara de Cabezas desacreditaba las denuncias de las Madres. Previo al encuentro con los periodistas, le habían comprado un vestido y la habían llevado a la peluquería. Le hicieron incluso una sesión de fotos en Uruguay para disimular lo que Thelma realmente era: una detenida más del principal centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Así lo recuerda Carlos Muñoz, un compañero de detención de Thelma que se encontraba trabajando como mano de obra esclava en la ESMA. Él supo una semana antes que venía una Comisión de Derechos Humanos al país. “Al principio tuve muchas dudas, no sabía si era cierto, si era verdad. En algún momento dudamos de si no era una excusa y en realidad nos iban a matar a todos”, recordó en diálogo con ANCCOM. Finalmente, la madrugada del 30 de septiembre de 1979 los subieron a un vehículo militar y los llevaron hasta la Prefectura Naval del Tigre y desde allí en una lancha hasta la Isla El Silencio. “A los que estaban en Capucha los llevaron a la noche. Alrededor de ocho y diez compañeros no llegaron a la Isla -agregó- fueron en todo sentido trasladados”.

La Comisión permaneció en Argentina del 6 al 20 de septiembre de 1979. Durante su estadía recorrió los principales campos clandestinos de detención de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y Rosario y las cárceles de Devoto, Caseros y Rawson. Realizaron además varias entrevistas con la Junta Militar y con los organismos de derechos humanos. Recolectaron 5580 denuncias de secuestros y desapariciones.

Tras un mes de aislamiento en El Silencio y posterior a la partida de la Comisión, a los detenidos los retornaron a la ESMA, que ya había sufrido modificaciones edilicias. Se había eliminado el ascensor que iba desde la planta baja hasta el segundo piso (los dormitorios de los oficiales) y se había cortado la escalera que llegaba desde Capucha hasta el Sótano. Las modificaciones tenían como propósito desacreditar los testimonios que ya habían llegado a manos de la CIDH. “Quisieron tapar el sol con una mano”, comentó Muñoz.

En aquel entonces, Carlos Muñoz trabajaba como mano de obra esclava falsificando documentos en la ESMA. No era esa la única labor que realizaban quienes estaban bajo esa condición. Algunos, por ejemplo, trabajaban en la imprenta realizando calcos: una bandera argentina de fondo con un registro en negro: “los argentinos somos derechos y humanos”.

El pasado 11 de agosto a Delia Giovanola, que a pesar de tener 93 años sigue yendo a votar, le tocó la mesa número 118. En diciembre del 2015 había recibido otra de esas noticias que nuclearon la totalidad de los recuerdos del día: Martín, su nieto, había aparecido, convirtiéndose en la restitución número 118. Ese día Martín recuperó su identidad. Ese día volvió a tener derechos.

A Carlos, hoy trabajador del Espacio Memoria y Derechos Humanos, el día de su llegada a la ESMA, le asignaron un número, el 261. Y lo llamaron así mientras estuvo en Capucha. No fue sino hasta el último día, que le concedieron la libertad, que el jefe del grupo de tareas le dijo “Bueno, Carlos”. “Ese día volví a ser Carlos”, recuerda. Ese día volvió a ser humano.

“Que la Comisión venga hoy me parece que reafirma el compromiso de la defensa de los derechos humanos, de la libertad, de la Constitución y de los básicos conceptos para poder vivir en democracia. Bienvenido reafirmar 40 años después la pelea contra toda dictadura”, sintetiza Carlos Muñoz.

Como hace cuarenta años, la CIDH arribará a Buenos Aires el 6 de septiembre y dará inicio a su agenda a las 10 de la mañana con la inauguración de una muestra temporaria en el Ex Centro Clandestino de la ESMA, que incluye testimonios, objetos y documentos de la visita del ´79. “El ocultamiento de la ESMA: La verdad se hace pública” podrá visitarse de martes a domingos entre las 10 y las 17.

(Archivo ANCCOM) Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA).