May 24, 2018 | Novedades, Te puede interesar, Vidas políticas
El acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) parece un hecho, y tras la reunión en Washington, continúan las negociaciones para obtener la ayuda financiera. Todavía no se habló oficialmente del monto, pero la mayor inquietud consiste en saber cuáles serán las implicancias y los costos sociales que acarreará el préstamo. ANCCOM dialogó con distintos especialistas para intentar echar luz sobre este nuevo endeudamiento.
«Los dólares que se piden se van a usar para la fuga de capitales», dice el economista Asiain.
Los detalles
A contramano de otros tiempos, aceptar un préstamo del FMI implica que la política vuelva a quedar subordinada a la economía. Para Hernán Letcher, concejal de Unidad Ciudadana en San Martín y director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), esto “sepulta la estrategia que inició Néstor Kirchner de desendeudamiento: el gobierno kirchnerista había trabajado no sólo por el pago al Fondo, sino que también había llegado a proponer ante la ONU la creación de un marco legal para procesos de reestructuración de deuda soberana que legislara lo que había que hacer en esas circunstancias”, sostiene. Letcher cree que este acuerdo forma parte de un plan maestro que trasciende las fronteras de nuestro país. “En ese aspecto creo que algunos sectores del poder económico financiero internacional se la tenían jurada al país”, agrega.
El acuerdo con el FMI es la salida elegida por el gobierno tras ver que se derrumba su política económica, basada en tomar deuda externa e incentivar el ingreso de capitales especulativos al país. Andrés Asiain es director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) y docente universitario. Afirma que el gobierno “encontró un límite en la colocación de deuda en los mercados voluntarios, y entonces los capitales especulativos emprendieron la huída desatando la última corrida”.
El objetivo consiste entonces en conseguir los suficientes dólares para que la economía no estalle antes de las elecciones de 2019. ¿Y para que se van a usar esos dólares? “Para financiar la fuga de capitales de esos grupos económicos que entraron a comienzos de la gestión Macri, y que una vez hecha la valorización financiera a través de las LEBAC, se quieren ir. Alguien tiene que poner la plata porque si no se desvalorizan las inversiones. El candidato a hacerlo es el FMI y a cambio de eso pedirá políticas de ajuste”, responde Asiain.
«El FMI está intentando que se modifique la edad jubilatoria», opina el economista Martín Burgos.
Recorte de partidas
El gobierno nacional le solicita al Fondo un crédito stand-by. Estas líneas de crédito suelen referirse a condicionamientos ligados a la reducción del déficit fiscal y exigen diversas medidas de ajuste. ¿Qué partidas del presupuesto se verían afectadas? ¿De qué manera repercutiría esto en el pueblo?
Martín Burgos es jefe del departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación (CCC) y docente universitario. Cree que el acuerdo afectará principalmente las partidas de seguridad social. “Lagarde viene advirtiendo que la gente vive mucho y el fondo está implementando la idea de modificar la edad jubilatoria. En el presupuesto nacional las partidas de seguridad social (jubilaciones, pensiones, AUH) son un 40% del total. Me imagino que por ahí andará el recorte, además de la reforma laboral. Eso para la gente será: menores ingresos y peor calidad de vida”, asegura.
Para Letcher está claro que habrá un recorte en la obra pública, y coincide con Burgos al respecto: “Parte de la agenda de discusión va a venir por el lado de la reforma laboral, las jubilaciones, por ejemplo en lo relativo a la edad jubilatoria, la discusión del haber inicial que obviamente va a tender a la baja, y finalmente lo que tiene que ver con separar las partidas contributivas y las no contributivas, para hacer el ajuste en estas últimas”, entiende.
Para Hernán Letcher, este FMI no es distinto al de 20 años atrás.
Asiain por su parte manifiesta que “después habrá que ver cómo evoluciona, pero este año está claro que el ajuste se va a esparcir por todas las partidas, porque la inflación va a ser mucho más alta que la proyectada en el presupuesto: casi todas las partidas salvo las que tengan una cláusula indexatoria van a evolucionar muy por debajo de los precios, entonces el ajuste se va a dar automáticamente a través del proceso inflacionario”.
Todo esto genera un impacto de manera directa: pérdida del poder adquisitivo para los trabajadores, convalidación del negocio financiero y la consecuente garantía de pagar los intereses de deuda a costa de los gastos locales; esto es sólo una parte del cóctel explosivo que se divisa.
La pregunta es cómo se va a presentar este acuerdo: ¿ayuda o imposición? Para Asiain, “claramente la estrategia para que no parezca que lo impone el FMI va a ser que fue todo idea de Macri, que pide ir por más: entonces dirán que no es injerencia extranjera sino que Macri está allí, con toda autoridad, diciendo lo que hay que hacer y el Fondo en todo caso apoyando. Lo cual termina siendo una mera pose para la tribuna: el gran acuerdo nacional o algo por el estilo”, explica.
El FMI fue creado en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial.
¿Un Fondo distinto?
El ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y otros funcionarios (incluyendo, claro, a los del propio organismo) afirman que este Fondo es distinto al de 20 años atrás. Letcher sostiene que dicha afirmación es “una vergüenza”. La realidad es que no hay modificaciones sustanciales en las políticas del FMI, sino que “en todo caso invierten un poco más en medios de comunicación para tratar de ocultar mejor lo que son”, a lo cual agrega que “reflejaron en un informe publicado el 8 de octubre de 2015 los pedidos de aumento de tarifas, reducción del déficit fiscal, reforma impositiva que se votó en parte en diciembre del año pasado, devaluación y fin de los controles regulatorios cambiarios: todo eso ya lo hizo el gobierno. El gradualismo ya fue y le van a exigir al gobierno más que eso, naturalmente”.
En la misma línea Asiain advierte que el Fondo es el mismo, y lo único que hubo en todo caso fueron cambios de “maquillaje”: “Por ejemplo, antes te daban un crédito e imponían condiciones; vos ahora podés acceder a créditos flexibles si antes aplicaste sus políticas”. Pero Argentina no calificó siquiera para esos créditos flexibles así que cayó en los créditos más tradicionales, que son los ya citados stand-by.
Está claro que el Fondo sufrió varios fracasos que lo pusieron en cuestionamiento. Para Burgos “2001 fue algo importante, pero también la crisis rusa de los años 90. Por eso fue discreto su papel en la crisis de 2008, salvo en el caso griego. Lamentablemente no sacó lecciones de ese fracaso, porque el Fondo no es un organismo académico, sino un organismo del poder financiero. Luego de su recomposición en 2010 y 2011, el poder financiero volvió a sus recetas de siempre, porque las deudas públicas son fuente de grandes riquezas, y la desestabilización macro que ellas generan, también”, concluye. Mientras tanto, Argentina comienza a transitar nuevamente las consecuencias de caminar hacia el Fondo.
Feb 10, 2016 | inicio
A dos meses de asumir como presidente, Mauricio Macri y su equipo dejaron sin trabajo a más de 25.000 empleados públicos, según el recuento que realiza el “Despidómetro”, un espacio construido en las redes sociales a partir de denuncias directas de los afectados. Esto desencadenó en múltiples movilizaciones populares en defensa de los desempleados, las más emblemáticas fueron las “ñoquiadas” en apoyo a los despedidos del Centro Cultural Kirchner y las movilizaciones hacia el Congreso Nacional.
Ante la consecuente avanzada del Gobierno contra los derechos de los trabajadores, y ante la falta de respuesta a los reclamos, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció para el próximo 24 de febrero un paro nacional y movilización pidiendo el cese de los despidos, la reincorporación de los trabajadores desvinculados y la apertura a negociar las paritarias por encima del 25%, tal como explicó el secretario general de la gremial, Hugo Godoy, en conferencia de prensa.
En una entrevista para el diario La Nación, el nuevo ministro de Trabajo, Jorge Triaca, expresó: “En los últimos tiempos hubo una incorporación de empleados al Estado sin una función específica. Durante los primeros días hubieron muchos fantasmas que ante este escenario ni siquiera vinieron a reclamar por su condición laboral”. El argumento repetido por los funcionarios de Cambiemos dice querer gobernar con una planta estatal más chica como sinónimo de eficacia, pero según los datos de la Dirección Nacional de coordinación fiscal con las provincias (DNCFP) dependiente del Ministerio de Economía; en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el período 2007-2013 -bajo la gestión de Mauricio Macri como jefe de Gobierno- la cantidad de empleados de la Ciudad aumentó un 38.72%, situando a CABA en el segundo lugar a nivel nacional. El primer lugar corresponde a la provincia de Buenos Aires, con un incremento de 24.81%. Si consideramos que Buenos Aires quintuplica en cantidad de habitantes a CABA, el porcentaje se vuelve menor. En la misma línea, la provincia de Santa fe, con una cantidad similar de habitantes a la Ciudad de Buenos Aires solo incrementó un 15.81% la planta estatal en el mismo período.
Según el licenciado en Economía Andrés Asiain, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), el empleo público durante los gobiernos Kirchneristas creció al mismo nivel que el empleo privado. Analizando los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) con los que cuenta el CESO, en 2015 se registraron 3.928.159 empleados más que en 2003, de los cuales 2.805.467 corresponden a empleo privado y solo 1.122.692 son empleados públicos. Este incremento se debió a que los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner “plantearon políticas para reducir el empleo informal en el Estado, por ejemplo bajando el cuentapropismo. Hubo más Estado porque creció la economía y hubieron más empleados públicos tanto como hubieron más privados”, agrega Asiain.
La justificación a los despidos que repiten los funcionarios del nuevo gobierno nacional es que durante el Kirchnerismo aumentó excesivamente la cantidad de empleados públicos costándole a la Nación millones de pesos. Sin embargo, tal como analiza Asiain con los datos con los que cuenta su centro de Estudios, en 2003 el 11.5% del presupuesto nacional fue destinado a remuneraciones del plantel estatal y en 2015 este número se mantuvo en un 11.6%.
Sin dar números oficiales, un segundo argumento habitualmente esgrimido por la administración de Mauricio Macri relaciona el aumento de la cantidad de empleados con la incorporación de “ñoquis”. Ante esta situación, quienes aún continúan en la planta estatal transitoria o contratados viven con miedo no solo de perder su empleo, sino también de sentirse vigilados por las nuevas autoridades tanto en el ámbito laboral como en el privado ante la posible estigmatización.
Tal es así que varias fuentes consultadas de diferentes organismos estatales -algunos con más de 15 años de antigüedad en su puesto de trabajo- tienen temor de hablar con la prensa para denunciar el acoso laboral que viven día a día. “No somos ñoquis, trabajamos como cualquier otro”, agrega una fuente que pidió no ser revelada por miedo a perder su empleo.
Para Andrés Asiain, esta política de despidos del nuevo gobierno tiene como objetivo el disciplinamiento de los empleados en dos sentidos: “Por un lado, un disciplinamiento político e ideológico para evitar cierta resistencia de los empleados públicos del antiguo gobierno a las directrices nuevas. Y por otro lado, un disciplinamiento económico respecto de las paritarias estatales, para que ante el miedo de perder los empleos los sindicatos no pidan demasiado aumento”. Sin embargo, el disciplinamiento también está dado por la falta de asignación de tareas, tal es el caso de los trabajadores del Programa Conectar Igualdad, dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, quienes no tienen tareas ni coordinador desde el 10 de diciembre y sus casi 80 trabajadores del equipo central y los casi 900 en todo el país asisten a sus puestos de trabajo diariamente, aún en medio de la acefalía y la falta de información permanente.
Al ser consultado acerca de cuál debería ser el tamaño razonable del Estado, el director del CESO entiende que esa es una decisión política y no económica. Existen casos de lo más variados en todo el mundo; desde países africanos con un 10% del PBI destinado al gasto público hasta países europeos desarrollados que le destinan el 40%, “la evidencia muestra que el tamaño del Estado no se relaciona con el nivel de desarrollo. Hay países desarrollados con un Estado grande y países desarrollados con un Estado chico. Países pobres con Estados grandes y países pobres con Estados chicos”, agrega Asiain.
Lo que parece quedar de lado en el debate es hacia dónde se orienta este aumento del gasto público, es decir, a qué áreas del aparato estatal beneficia. Por ejemplo el informe “Perspectivas Económicas de América Latina 2012”, publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) muestra que para 2008 Argentina ocupaba un 24% del PBI en gasto público (del cual un 6% se destinaba a educación, el 11% a seguridad social, 2% a vivienda y 5% a salud), porcentaje total que se asemeja al 26% presentan en promedio de los países europeos nucleados en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (OCDE), como por ejemplo Noruega, Dinamarca y Alemania. Al respecto, un informe de CONICET elaborado en 2014 entiende que las políticas de empleo público promovidas por los gobiernos Kirchneristas se deben a “las políticas orientadas hacia la recomposición de la infraestructura económica, el desarrollo científico técnico y la inclusión social”. Si se desagregan los datos del informe, éstos indican que en los años ’80, el el 42% del gasto se dedicó a empresas del Estado y universidades y la mayor porción (58%) al sector administrativo. Luego de las privatizaciones de los años ’90, la crisis económica de 2001 encontró al Estado con un gasto en el área administrativa del 67% y sólo el 33% destinado para empresas Estatales y universidades. Finalmente en los años 2010, con un país en vías de recuperación, el gasto público invertido en empresas estatales y universidades correspondía al 50% y la partida destinada al sector administrativo del Estado el 50% restante.
En resumen, el dinero que destina el Estado para su propio funcionamiento puede ser visto como un gasto o como una inversión. Un análisis meramente estadístico basado en conjeturas de cuántos empleados públicos debería haber, cuántos hay o cuántos había antes implica concebir a los trabajadores como un “gasto”. Por eso, como argumentó Asiain, frente a estos argumentos es necesario identificar a qué sectores fueron destinados los incrementos y tomar en cuenta ciertas políticas concretas como por ejemplo la estatización del sistema de AFJP, el 51% de YPF, la inversión pública en investigación y la creación de ARSAT como apuestas de inversión estatal y no un simple “gasto” de recursos.
La propuesta de achicar la inversión del Estado mediante despidos en el sector público que sostiene el gobierno de Macri a sólo dos meses de asumir la conducción del país, no puede separarse de otras iniciativas como la liberación del dólar, el cese de las retenciones al campo y los aumentos de tarifas que parecen indicar en el futuro una desvinculación del Estado respecto de su rol social. Como explica Asiain: “Cambiemos representa un Estado que no quiere involucrarse en las actividades productivas y financieras sino simplemente dedicarse a la administración, la justicia y la represión. Responde a la bien conocida lógica liberal que dice: todo lo que pueda hacer el privado no lo tiene que hacer el Estado”.
Actualizado 10/02/2016
