El derecho a la comunicación, en peligro

El derecho a la comunicación, en peligro

Organizaciones de la sociedad civil alertaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre regresiones en materia de Derecho a la Comunicación y Libertad de Expresión.

Más allá de la caída de la “Ley Ómnibus”, las intenciones del Gobierno y las reformas que introdujo el DNU 70/2023 en materia de comunicación siguen vigentes. A esto se le suma el Protocolo Antipiquetes que durante las coberturas del debate de la ley en el Congreso atentó contra la vida, la integridad física y la libertad de las y los trabajadores de prensa.

Entre las organizaciones de la sociedad civil que solicitaron a la CIDH que advierta al Estado argentino sobre regresiones en derechos humanos fundamentales se encuentran el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias – Argentina (AMARC), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, la Red de carreras de Comunicación Social y Periodismo, entre otras. Estas organizaciones le acercaron información detallada a la CIDH sobre la situación de la libertad de expresión a partir de la asunción del nuevo gobierno.

Como antecedente cabe citar las reformas en materia de comunicación que realizó el gobierno de Mauricio Macri en 2015, a pocos días de haber asumido. Al año siguiente, gracias a un pedido de organizaciones de la sociedad civil, estos cambios desembocaron en una audiencia pública en la sede de Washington de la CIDH. Allí, el Estado argentino tuvo que brindar explicaciones sobre las modificaciones realizadas por DNU a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y a la Ley Argentina Digital, puesto que incumplían los estándares internacionales sobre libertad de expresión.

En aquella audiencia, los representantes del Estado argentino sostuvieron que eran modificaciones transitorias, ya que iban a crear una nueva Ley Integral de Comunicaciones que contemplara la convergencia tecnológica, algo que nunca ocurrió. Diego Morales, director de Litigios y Defensa legal del CELS, en diálogo con ANCCOM, afirma que “con la llegada de Milei, aquellas garantías que al menos subsistían para que no se generase un proceso de concentración significativo, fueron eliminadas”.

La presentación de las organizaciones plantea que el DNU 70/23 derogó los límites a la concentración de la propiedad de medios audiovisuales a nivel nacional habilitando niveles de concentración mediática incompatibles con los estándares de libertad de expresión de la CIDH. “Todo el sistema audiovisual quedó organizado sin ningún tipo de límite para el trabajo de las empresas, Macri ya había sacado ciertos límites, pero este Gobierno organizó la liberación total”, señala Morales.

Según Mariano Randazzo, integrante de Radio Sur y de AMARC, “lo que está en juego es el derecho a la comunicación en su integralidad. Nosotros no concebimos ni a las audiencias como consumidores ni a la comunicación como un negocio, sino como un derecho que tenemos los pueblos a construir nuestras experiencias comunicacionales vinculadas a nuestras identidades, culturas, saberes, a nuestras historias y a partir desde ahí construir nuevas representaciones mediáticas de una manera plural, diversa y democrática”, explica.

Otro eje de la solicitud ante la CIDH es la intervención de los medios públicos, que ya no depende del modelo definido en la LSCA, sino que “ahora es el propio Poder Ejecutivo el único que determina los contenidos y los sistemas de programación con el riesgo de ir a su privatización”, enfatiza Morales.

“Los medios comunitarios existíamos cuando no había ninguna ley que nos regulara. Nacemos con la necesidad de nuestras comunidades y experiencias políticas, sociales y culturales de comunicarnos. No existimos gracias al Estado. Es muy fuerte la vocación que tenemos por construir una comunicación diversa, plural, democrática y participativa con una perspectiva social. Vamos a seguir existiendo y seremos un actor central”, dice Randazzo.

Al respecto, Randazzo agrega: “La intención explícita de querer privatizar los medios públicos es parte de cerrar voces y limitar la diversidad, los medios públicos van más allá del rating y de la lógica comercial, su función es cumplir un rol social”. Hay que añadir que la LSCA organizaba el sistema de medios en tres prestadores: estatales, privados y privados sin fines de lucro (como es el caso de las radios comunitarias).

Además del objetivo de privatizar los medios públicos, está la de eliminar los Fondos de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), creados por la LSCA y una fuente importante de ingresos de los medios comunitarios. “Los riesgos de estas medidas son muy concretos, ya que nuestro sistema de medios, tal como lo conocemos, hasta el momento desaparecería y el actor que quedaría con las mejores condiciones para gestionar la comunicación argentina sería el sector privado, ese es el núcleo de nuestra presentación”, puntualiza Morales.

Los FOMECA son administrados por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), organismo que fue intervenido por decreto. Randazzo asegura que “su intervención es una restricción a la construcción democrática que tenía ese organismo, porque ahí participaban las minorías parlamentarias, representantes de las provincias y organizaciones de la sociedad civil. Si bien el FOMECA todavía no se borró del mapa, el hecho de que no se estén firmando expedientes para que eso avance es una manera de frenarlo”.

Otro de los puntos que trata la presentación ante la CIDH es la eliminación de la Defensoría del Público, organismo también creado en 2009 por la LSCA. Morales destaca que “es un órgano que permite que se lleven adelante denuncias y que ciertos procesos de estigmatización generados por los medios de comunicación puedan ser discutidos y modificados”.

“Las políticas de Milei efectivamente son una continuidad de los decretos de Macri que en su momento ni bien asumió significaron la mutilación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Milei ahora viene a terminar ese trabajo”, opina Randazzo. Sin embargo, aclara: “Los medios comunitarios existíamos cuando no había ninguna ley que nos regulara, porque nacemos con la necesidad de nuestras comunidades y experiencias políticas, sociales y culturales de comunicarnos. No existimos gracias al Estado. Es mucho más fuerte la vocación que tenemos por construir una comunicación diversa, plural, democrática y participativa con una perspectiva social, que lo que va a lograr hacer este Gobierno. La comunicación comunitaria va a seguir existiendo en nuestro país y va a ser un actor central”.

La nota a la CIDH alerta sobre el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa. “Aprovechamos la oportunidad para incluir todos los ataques que recibieron periodistas y fotógrafos al momento de cubrir manifestaciones. Alertamos sobre el ejercicio de la profesión, no solo en la protesta social, sino en los ataques que reciben periodistas que se oponen al Gobierno”, subraya Morales.

Para Morales, “sería muy importante que la CIDH opine sobre esta transformación de cómo es el sistema de comunicación en Argentina, que opine sobre temas estructurales”. Randazzo, en tanto, espera que la CIDH sea una tribuna internacional que los acompañe en la lucha. “Vale la pena presentarse más allá de los tiempos y las gestiones, sabemos que no es una cosa automática e inmediata –afirma–. Esta estrategia en unidad con otros sectores es una más en el camino por lograr el reconocimiento del derecho a la comunicación”.

“Al ajuste con represión hay que derrotarlo en las calles”

“Al ajuste con represión hay que derrotarlo en las calles”

Esta fue una de las coincidencias de quienes participaron de una audiencia en el Congreso convocada por la bancada del FIT-U para analizar las consecuencias de la represión a las manifestaciones contra las medidas del gobierno de Milei.

“Quieren prohibir la protesta social y aleccionar al pueblo trabajador, como hizo Bullrich en diciembre de 2017, ahora con Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria, con balas de goma en el medio de la plaza, en contradicción con su propio protocolo que habla de despejar la calle”. Así abrió Myriam Bregman, diputada del Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U), la audiencia pública ayer en el Anexo del Congreso convocada por su bancada para escuchar los informes de organismos de derechos humanos y de víctimas de las represiones protagonizadas por las fuerzas policiales y de seguridad desde que asumió Javier Milei, y en particular los días 31 de marzo, 1 y 2 de febrero contra la manifestación en rechazo de la Ley Ómnibus. “Es ilegal lo que hace la ministra de Seguridad, y la justicia está dejando que el Gobierno haga el trabajo sucio para eliminar el derecho a la protesta, cada herida a un fotógrafo es la verdad que se quieren robar, y acá tenemos herido también a nuestro compañero abogado, Matías Aufieri”, agregó la legisladora. 

La sala 2 del Anexo C estuvo completa por la gran cantidad de periodistas, diputados y dirigentes que acudieron a la invitación de Bregman, Nicolás del Caño, Christian Castillo, Alejandro Vilca y Romina Del Plá para exponer los hechos ocurridos frente al Congreso de la Nación cuando cientos de personas sufrieron la represión producto del protocolo de Patricia Bullrich mientras se trataba la Ley Ómnibus. Toda la atención de los y las presentes se distrajo de quien estaba hablando cuando, por la mitad del encuentro, hizo su ingreso en su silla de ruedas Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quien dijo estar muy emocionada, deseó suerte a todos los presentes para enfrentar lo que se viene y expresó su intención de presentar un escrito para que se declare la inconstitucionalidad del DNU de Milei. 

Veinticinco oradores y oradoras coincidieron en la necesidad de lograr una “unidad en la diversidad” para hacer masivas las movilizaciones que se vienen en marzo, el 1 por el inicio de las sesiones del Congreso, el 8 por los feminismos y disidencias y el 24 por un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, con el objetivo de hacer caer el DNU de ajuste del gobierno.

«La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) hizo un informe de esta circunstancia trágica, fue la profundización de esta escatología que se esperaba si ganaba la derecha, 285 víctimas produjo su altísimo poder de daño, en sus formas se va pareciendo bastante en las formas de la dictadura», dijo Dora Barrancos, presidenta de ese organismo. “En el recinto usamos el informe de la CPM mientras un sector de los diputados se reían, estábamos denunciando un protocolo de represión que viola todos los tratados internacionales y es ilegal, no vamos a permitir que toda la Argentina se convierta en Mendoza o Jujuy», expresó la diputada Del Pla sobre los detenidos y condenados por protesta social. 

Por su parte, Diego Morales, del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) manifestó que “el protocolo habilita al Estado a intervenir ante cualquier corte vehicular como delito y eso lo transforma en una herramienta para prohibir un derecho. También autoriza a las fuerzas a realizar tareas de inteligencia, lo cual es un uso descabellado de la ley».

Se pronunciaron  la legisladora Mercedes de Mendieta (IS), Rosario Gauna (Comité Nacional para la prevención contra la tortura), Mónica Hidalgo del Frente Popular; Susana Ancarola del Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, Nicolás Tauber de Liberpueblo, e Inés Hayes de Periodistas Argentinas, delegada de Página/12 y trabajadora de CTA Autónoma. 

Con lentes de sol porque se recupera lentamente de la herida en su ojo, y aún no recuperó la visión, Matías Aufieri, describió los detalles del momento en que lo lastimaron. «El gobierno redobla la apuesta todo el tiempo, salvo cuando la movilización es grande, hay que frenar esta espiral delirante de Bullrich y Milei, el 1 de febrero hubo una cacería, no podíamos salir de la plaza, nos tiramos al piso, querían esa foto para frenar a la gente que podía venir». Y luego se abrazó con Carlos “Sueco” Lordkipanidse, sobreviviente de la dictadura, quien había recordado que Aufieri solía visitar a los testigos luego de sus declaraciones en los juicios de lesa humanidad, donde “dejábamos nuestra alma al reabrir las heridas”. A su turno, Mirta Israel –hermana de Teresa, desaparecida en la última dictadura cívico-militar– dijo que pudieron seguir haciendo el festival Unidos por la Cultura gracias a los periodistas que estaban bloqueando a la policía que reprimía. 

Se escucharon también los testimonios de otras víctimas como Nicolás Ramos, fotoperiodista de Anred que recibió disparos; Alfredo Luna y Víctor Carrera de Télam, quienes afirmaron que “se trató de un show montado para transmitir el mensaje de que también pueden reprimir a los trabajadores de prensa”; y se comunicó Anibal Maidana por videollamada como consecuencia de la perimetral que no le permite acercarse al Congreso, tras su detención. Elida Carci, jubilada y perteneciente al Plenario de Jubilados, contó que también sufrió los ataques. Los diputados de Unión por la Patria, Carlos Castagneto y Vanesa Siley, hicieron sus aportes. «Cuando vienen políticas de ajuste, poner un protocolo demuestra que es un gobierno que quiere quitar derechos. Hay que tirar abajo el DNU, el miedo tiene que ser de ellos, no les gusta la comunidad organizada», expresó Castagneto.

También hablaron Franco Capone y la médica y diputada Laura Cano, de la Posta de Salud que montaron en Plaza de los dos Congresos, que atendieron a más de 285 personas y advirtieron rápidamente sobre el gas pimienta que se está utilizando en la represión que produce una sintomatología más fuerte de la acostumbrada. Por último, llegados del piquete frente al Ministerio de Trabajo, hablaron Néstor Pitrola y Eduardo Belliboni. “El león herido es más peligroso, hay que derrotar al animal salvaje que quiere destruir nuestros derechos”, dijo el líder del Polo Obrero.

Todos coincidieron en que la represión del jueves 2 fue una “cacería”, que se disparaba indiscriminadamente, en un contexto pacífico donde nada justificaba el despliegue de las fuerzas tal y como lo llevaron a cabo, como una provocación y un intento de intimidación. Y también hubo unánime repudio a la resolución de la Cámara Federal que ayer avaló el protocolo represivo de Bullrich. La legisladora del MTS, Celeste Fierro, quien había iniciado una acción el 18 de diciembre ante el Poder Judicial con la intención de declarar el carácter inconstitucional del protocolo, contó que la medida cautelar dictada por el juez federal Sebastián Casanello quedó sin efecto y que los camaristas le pidieron que se alejara de la causa. “Tardaron 50 días en actuar, aun viendo lo que sucedía”, criticó la legisladora 

Casi en el cierre, Guillermo Torremare (CPM-APDH) destacó la resolución que dictó la semana pasada la ministra Bullrich por la cual “se habilita a las fuerzas de seguridad a utilizar armas letales en las movilizaciones sociales, les da libre interpretación del agente de seguridad que va armado y lo habilita a disparar sin necesidad de dar la voz de alto. Se soslaya así un principio elemental del derecho penal que es la proporcionalidad entre la reacción del agente de seguridad y la presunta falta o delito que se quiere neutralizar. Esto en un país como Argentina que en 40 años de democracia lleva más de 8 mil personas muertas por los excesos y abusos en manos de las fuerzas de seguridad, instaló un peligro gravísimo”. 

Nicolás del Caño cerró la audiencia haciendo hincapié en “la valentía de los compañeros y compañeras que se movilizaron, que fue fundamental para hacer caer la ley”, y en la necesidad de plantear un paro nacional en el marco de un “verdadero plan de lucha para dar esta batalla contra el plan motosierra-licuadora contra el pueblo”. 

40 años de una democracia imparable

40 años de una democracia imparable

El Centro de Estudios Legales y Sociales realizó la segunda edición del Festival Imparable, a cuatro décadas del final de la dictadura. Ferias, música y debates para defender los derechos conquistados.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) realizó la segunda edición del Festival Imparable, bajo la consigna “Festival por los 40 años de democracia”. Desde las 14 y hasta las 22 del domingo 5 de noviembre se llevaron a cabo mesas simultáneas de conversación y debate sobre diferentes temáticas relacionadas con la democracia y su defensa en el contexto actual. Además, la jornada incluyó presentaciones artísticas y musicales y una feria, todo en el estadio cubierto Malvinas Argentinas.

En una tarde calurosa, las inmediaciones del estadio en pleno barrio porteño de La Paternal, se colmaron de gente. Adentro había actividades para todos los públicos y edades: eventos destinados a las infancias, música y charlas en el escenario principal. Dos carpas para más charlas y una feria que ofrecía productos de proyectos cooperativos y comunitarios. Rubina Armesto, militante de Ciudad Futura, es una de las feriantes que atendía su puesto y expresó: “Espacios así están buenos para dar a conocer lo que hacemos desde nuestra práctica más territorial-militante, y también desde los servicios que ofrecemos”. Explicó que se trata de un evento importante por su convocatoria y porque “está bueno encontrarse gente que está en la misma situación que uno, sobre todo en este contexto”.

Yamila Annacondia es parte de la fundación Hora de Obrar, que llega a la feria con el Proyecto Tapé Porã, orientado hacia la mejora de las condiciones de vida de las comunidades indígenas mbya-guaraní. “Es muy importante que las distintas organizaciones de la sociedad civil estemos presentes en espacios que nos llaman a defender los derechos democráticos”, declaró a ANCCOM. “Entonces todas las organizaciones desde los distintos sectores, todos los movimientos, tenemos que estar presentes en estos espacios para seguir defendiendo los derechos que conquistamos”, añadió. Emilio Ruchansky, que forma parte de la coordinación del Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis, también presente en la feria, dijo que “siempre es bueno tener contacto con gente que viene a preguntar por muchas cuestiones, nosotros creemos que hay que poder hablar con gente que por ahí no está tan relacionada con el tema”.

En diálogo con ANCCOM, Paula Litvachky, directora ejecutiva del equipo de gestión del CELS, explicó que se organizó esta segunda edición del Festival Imparable fue “proponer un espacio de encuentro, para poder escuchar música, divertirse un rato y, al mismo tiempo, pensar qué está pasando en el país y en el mundo y qué va a pasar en el futuro”. Litvachky también habla sobre cómo los temas tratados en las diferentes mesas surgieron del libro Más que nunca, escrito por el equipo del CELS, cuyo título se refiere a la necesidad de defender la democracia, movilizarse y pensar políticamente más que nunca. “Los temas que pensamos tenían que ver con eso, con pensar los problemas, pensar los temas muy complejos que se ven en las carpas, sobre la tierra, sobre el trabajo, sobre la comunicación, los memes, el lenguaje, la democracia, sobre cómo nos movilizamos y sobre cómo pensar el futuro”. Además, agregó que el festival fue pensado “un poco para salir del registro de los organismos, de hacer cosas muy solemnes, para tratar de conectar con públicos más jóvenes, con públicos que por ahí no están tan cercanos a la política”. Es decir, “hacer una propuesta cultural y política al mismo tiempo”, sintetizó.

¿Todo meme es político?

Al entrar a la carpa número dos, aún se podía escuchar la música que provenía del escenario principal, amenizando con una banda sonora rockera el debate que estaba por ocurrir. El calor se acentuaba por la falta del viento y la gran cantidad de asistentes reunida para escuchar la charla “¿Todo meme es político?”, sobre espacios digitales y sus narrativas. Allí, se planteó cómo los sectores libertarios encontraron una tierra fértil, en estos últimos años, dentro del lenguaje de los memes. Juan Ruocco, periodista y autor del libro ¿La democracia en peligro? explicó cómo se trató de un “trabajo orgánico que llevó a Javier Milei del meme a lo político” y manifestó la necesidad de disputar los espacios de internet. En ese sentido, Maga Chirom, socióloga y consultora de comunicación política, habló de la sensibilidad política de la época y sostuvo que “los libertarios leyeron bien los fenómenos actuales de lo digital”, creando “una comunidad en redes sociales con discursos aptos, mientras que nosotros entramos en una espiral del silencio”.

En el mismo sentido, Juan Amorín, periodista de C5N y Futurock, reflexionó sobre cómo Milei “toma las métricas de los memes como legitimadores de sus decisiones políticas” y afirmó que “la política ya no puede mirar para otro lado”. Sin embargo, también dijo que después de las PASO, ocurrió un punto de quiebre donde surgieron “grandes aciertos comunicacionales que vienen de abajo hacia arriba”, usando el ejemplo del meme de la “bananerización”, que trataba sobre la lista de países a los que se uniría la Argentina en caso de llevar a cabo la dolarización propuesta por Milei. Similarmente, Galia Moldavsky, conductora en Blender y Futurock, habló sobre cómo usar un “lenguaje del descanso” para luchar con los discursos libertarios, apropiándose de sus prácticas. Lo ilustró con las publicaciones en redes de la cuenta Coherencia por favor, conocida por difundir imágenes con un texto grande de pocas palabras, seguido por otro texto corto de tamaño más pequeño.

Galia Moldavsky también expresó que la indignación no es una herramienta de lucha efectiva, ya que de ella se alimentan los memes de derecha. En el mismo sentido, Ivana Szerman, locutora y fundadora en Mate y co-conductora en Gelatina, habló sobre los espacios digitales que han generado una trampa alrededor del discurso feminista. Finalmente, Flor Alcaraz, periodista y co-directora de LatFem, sostuvo que “la política tradicional tiene que cambiar el lenguaje” y “comunicar desde las narrativas del futuro” para volver a enamorar.

Resetear la democracia

De vuelta afuera, el sol brillaba sobre el espacio frente al escenario principal, donde se llevó adelante la charla “Resetear la democracia”. Nacho Levy, representante de La Poderosa, habló de reconstruir los derechos humanos desde “nuestro sector”, sostuvo que defender los derechos humanos no es solo combatir el negacionismo: “No necesitamos que se vayan todos, necesitamos que se corran muchos para dar espacios a las juventudes”. Estas últimas estuvieron representadas en el escenario por Sofía Saraceno, del centro de estudiantes del Lenguas Vivas, quién habló sobre cómo hay jóvenes que eligen a La Libertad Avanza ya que no se sienten representados por los partidos tradicionales y subrayó la necesidad de volver a pensar la política para transformar. Steven Forti, historiador italiano y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, en diálogo con la mesa que acababa de concluir sobre ¿Todo meme es político? opinó que “hay varios ámbitos donde actuar y movilizar”, especialmente el espacio digital.

En el mismo conversatorio, Dina Sánchez, Secretaria Adjunta de Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y vocera nacional del Frente Popular Darío Santillán, habló sobre cómo “hay que priorizar la deuda con el pueblo” y que “no hay que hablar solo de representación, sino de presencia”. Henrique dos Santos Vieira Lima, diputado del Partido Socialismo y Libertad de Brasil, compartió la experiencia del bolsonarismo y señaló como “la derecha apuesta al miedo, la tristeza, la desesperanza y el caos” por lo que propuso “hacer del amor una lucha política”. Y concluyó: “Milei los quiere ver abatidos, levanten la cabeza”. Finalmente, Nacho Levy concluyó: “Para resetear la democracia lo más importante es que no se apague.”

En el escenario principal la música seguía sonando, ya habían pasado La bomba del Tiempo, Paula Maffía y los cuerpos se calentaban para bailar al ritmo de Gauchito club. Más que nunca para defender la democracia y los derechos conquistados, con alegría.

 

«Las Fuerzas Armadas quedaron destruidas como grupo de poder»

«Las Fuerzas Armadas quedaron destruidas como grupo de poder»

A 47 años del golpe genocida y a 40 de la recuperación de la democracia, el abogado y militante Marcelo Parrilli repasa la lucha de las Madres y familiares de desaparecidos, el rol de Alfonsín, de Strassera y de las Fuerzas Armadas y la continuidad del poder judicial de la dictadura.

Abogado y militante de derechos humanos, Marcelo Parrilli fue uno de los miembros fundadores del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en 1978, que, como él mismo afirma, desempeñó un rol central en la “revolución democrática llevada adelante contra el gobierno militar”. En diálogo con ANCCOM, repasa el trabajo en soledad de los organismos, las disidencias con el gobierno alfonsinista y el desplazamiento de las Fuerzas Armadas de la escena política.

Desarrollaste tu labor en el CELS entre los últimos años del gobierno militar y los primeros de la vuelta de la democracia, ¿cuál fue el impacto de esa transición en la investigación de las violaciones a los derechos humanos?

La causa de los derechos humanos, que siempre fue de un sector muy minoritario, de vanguardia, por temor a la represión, pero terminó siendo una causa masiva contra la dictadura. Sobre todo después de la Guerra de Malvinas, donde la dictadura ya quedó despedazada. Se pudo militar más fácilmente. Acordémonos que Reynaldo Bignone no fue un presidente elegido por la Junta Militar, fue designado solamente por Cristino Nicolaides, comandante en jefe del Ejército. El gobierno de Bignone fue de una debilidad extrema, no tenía prácticamente control sobre la situación, ni grandes posibilidades represivas. El número de muertos y desaparecidos en su gobierno fue muy menor. La lucha contra la dictadura fue una revolución democrática en la Argentina, llevada adelante por las organizaciones de derechos humanos, las Madres, los padres, los hijos, los hermanos de las víctimas y todo un sector popular que acompañó lo más importante de esa lucha. Las Fuerzas Armadas como grupo de poder quedaron destruidas.

Trabajar durante la dictadura no debe haber sido fácil, lo detuvieron en 1981…

Fue difícil. Nos detuvieron en el traspaso del gobierno de Jorge Rafael Videla al de Roberto Eduardo Viola. Allanaron el CELS un viernes por la tarde y ordenaron la detención de todos sus miembros. También allanaron la casa de Emilio Mignone, primer presidente del CELS y padre de una desaparecida. Vivía a una cuadra de donde vivía yo. Nos tuvieron más de 15 días detenidos a consecuencia del informe que nosotros habíamos difundido en el exterior llamado “La Doctrina  del Paralelismo Global”. Explicábamos cómo funcionaba el aparato represivo. Existían dos pirámides. Una formada por las Fuerzas Armadas oficiales y, dentro de esa, otra menor, que también era oficial, pero interna, secreta y clandestina. Esa era la pirámide que importaba dentro del aparato funcional de las Fuerzas Armadas. Si vos estabas involucrado directamente en la lucha contra la subversión, si dirigías un campo, secuestrabas, torturabas, matabas o supervisabas esas operaciones, tenías más poder que tu equivalente en la pirámide externa. Los otros avalaban y apoyaban. Una pirámide interior muy grande con los cuadros más fanáticos, más politizados.

Una paradoja: la causa por la que fueron detenidos fue la misma por la cual los liberaron. El informe tuvo relevancia internacional…

Seguro. Después nos excarcelaron, mejor dicho, nos dieron una falta de mérito y nos sobreseyeron definitivamente. Seguimos con las paradojas: el fiscal de esa causa terminó siendo Strassera. Tanto los jueces que juzgaron a las Junta como Strassera fueron funcionarios de la dictadura. Lo digo porque ahora parecen héroes.

Es hablar del Strassera que pinta la película Argentina 1985

Si uno mira la película como alguien que vivió esos años, politizado, que conoce bien lo que pasó, hay muchas cosas para cuestionar. Es útil porque no tenemos mucha noción del tiempo de la dictadura para acá. Pasaron casi 50 años. Quienes tienen 50, 40, 35 años -ni hablemos de ahí para abajo-, realmente no saben lo que pasó. Había gente que no sabía quién era Strassera. El “Nunca más” fue algo parcial, y se ha criticado mucho a la película que está borrado el papel de las organizaciones de los derechos humanos en la construcción de ese “Nunca más”. Pero resulta útil porque para mucha gente que no tiene idea porque la imagen que queda es la de los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado. Queda también la idea clara, hay gente que pensaba que la argentina era Nicaragua o El Salvador, la verdad que las organizaciones que llevaban adelante acciones armadas nunca tuvieron capacidad para poner en peligro la estabilidad del sistema democrático y ocupar territorios. Y Argentina 1985 se vio más masivamente que el Juicio a las Juntas.

¿Cómo se manifestó la funcionalidad de jueces y miembros del Poder Judicial con la dictadura?

¿Te acordás de la campaña de Editorial Atlántida con su revista Para Tí? El slogan “Los argentinos somos derechos y humanos”. Oficialmente repartían calcomanías con la banderita y letra negra…las veías pegadas por tribunales, muchos jueces y secretarios las pegaban. El Poder Judicial la sacó barata. Fue una pata fundamental del terrorismo de Estado, sin embargo, fueron muy pocos los jueces condenados, dos o tres y de rebote trascendieron por alguna otra cuestión. El Poder Judicial, de conjunto, siguió igual, con las mismas personas físicas y con la misma ideología. Hasta hoy es así, la misma base social de la dictadura, que es el PRO.

Se lo recuerda a Alfonsín como paladín de los derechos humanos por el juicio y condena a los integrantes de la Junta Militar. Luego, las leyes del Punto Final y la Obediencia Debida fueron un retroceso. ¿Cómo explicás ese cambio?

Alfonsín quedó como un campeón de los derechos humanos aún antes del Juicio a las Juntas.   Tuvo la habilidad política de apoderarse de ese fenómeno de revolución democrática frente a la dictadura. Se apodera de ese fenómeno y después lo va desactivando. En el 83 había mucha denuncia pública y también muchas idas y vueltas Era una especie de aquelarre mixturada con la política alfonsinista de “juzguemos a algunos y a otros no”, que después llevó al Punto Final y a la Obediencia Debida. La política del radicalismo era condenar a la menor cantidad posible, les dio la posibilidad a los militares de juzgarse a sí mismos, cosa que fracasó. Los juicios fueron en el 85, pero todo esto comenzó en el 83. Durante la dictadura, el papel de Alfonsín fue cero, no pasó por la Plaza de Mayo, la pisó el 10 de diciembre del 83 cuando asumió. No vas a ver una sola foto de Alfonsín en una sola marcha de los desaparecidos, en una ronda de Madres, nunca. Sólo había prestado su nombre en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, pero no hizo nada, el que militaba ahí era Federico Storani.

Las causas judiciales te llevaron a caminar la ESMA, uno de los principales centros de detención clandestinos. ¿Qué sentiste?

Vivíamos una realidad muy especial porque éramos bichos raros. El ciudadano que más podía tener una idea era porque, por ejemplo, había visto un procedimiento. Era una situación compleja porque por un lado te motorizaba pelear contra eso y por otro lado veías los peligros. Pero prevalecía la idea de pelear. Surgió toda una vanguardia nueva, yo no estaba en ningún partido político. En general, la gente que estaba en partidos políticos estaba guardada, desaparecida o prófuga. Fue una pelea bastante en soledad. Videla dijo en el juicio que en noviembre de 1975 empezaron a citar a los máximos dirigentes de los partidos políticos y explicarles su plan de reorganización nacional. No le habrán dicho “vamos a hacer un sector Capucha en la ESMA y de ahí los vamos a subir a un avión”, pero si sos dirigente y te citan, tenés que ir dándote cuenta, más o menos, de qué es lo que iba a pasar. Videla aseguró que ningún dirigente político dijo que no ni se horrorizó. Todo eso expresa por qué lo pudieron hacer durante tantos años y por qué después costó tanto juzgarlos.

¿Cuál es la mayor enseñanza que nos dejó esa revolución democrática contra la dictadura?

Vivimos la mayor parte de nuestra vida a la sombra de “¿Che, qué dijo el comandante en jefe del Ejército?”. O “¿qué le parece a Videla, a Carcagno, a Lanusse, a Menéndez, a Riveros?”. Eso ya no existe más. Si vos me preguntás hoy quién es el comandante en jefe del Ejército, no me acuerdo, ni de la Marina, ni de la Aeronáutica, porque ya no son factores de poder. Fueron derrotados por esa revolución democrática. Esto no quiere decir que tengamos Fuerzas Armadas democráticas. Eso no cambia porque el rol que tienen que cumplir dentro de este sistema es represivo, lo vemos en la Policía, en la Prefectura… En una situación como la del 2001 las Fuerzas Armadas hubieran dado un golpe de Estado, sin embargo, desaparecieron de la escena política, se metieron en los cuarteles y nunca más.

Los organismos de derechos humanos respaldaron a los estudiantes

Los organismos de derechos humanos respaldaron a los estudiantes

Realizaron una conferencia de prensa junto a alumnos, familiares y sindicatos docentes en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo para repudiar la persecución que están sufriendo los secundarios porteños.

Este lunes, organismos de derechos humanos convocaron a una conferencia de prensa en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo ubicada en el barrio porteño de Monserrat, para repudiar la persecución a estudiantes y familiares de escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. 

Entre los presentes se destacaron representantes de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S), de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), y la diputada y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, Victoria Montenegro, entre otros.

Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, dio comienzo a la conferencia de prensa con el objetivo de “apoyar todos los reclamos justos que están haciendo los estudiantes, y felicitar a aquellos que están apoyándolos y que en ningún momento los han dejado solos”. También llamó a mantener la lucha y exigir justicia por la vía legal, sin llegar a la violencia por mano propia.

El representante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Diego Morales, realizó un análisis sobre la situación de los estudiantes criminalizados. Explicó que el Gobierno de la Ciudad utilizó distintas estrategias relacionadas al uso del Código Penal y el Código Contravencional, a través de los cuales se acusó a los estudiantes de quedarse en las escuelas sin la autorización de quien poseía el derecho de admisión, y por ende, a sus familias por ser responsables legales. Sostuvo que, de esta forma, el Gobierno porteño se desligó de sus responsabilidades que ahora dependerán de la Justicia de la Ciudad, que deberá investigar los delitos que se acusan. 

De este modo, Morales señaló que el Estado dejó de lado su rol de mediador de los conflictos que se dan en la sociedad, como una manera de rechazar los reclamos, la escucha, y la búsqueda de soluciones. Además, otra de las medidas fue la presión económica a las familias mediante el envío de cartas documento por daños y perjuicios por la toma de las escuelas, “buscando inhibir la protesta, cuando en realidad lo único que se está pidiendo es que el Estado dé respuestas y sostenga la educación en la Ciudad”, agregó. 

Estudiantes de cuarto y quinto año de las escuelas porteñas que actualmente se encuentran tomadas (ante el pedido de diálogo y soluciones rechazado por parte de la ministra de Educación, Soledad Acuña), asistieron a la conferencia para comentar la actualidad de sus instituciones y los reclamos que se están llevando adelante por la calidad de las viandas, los problemas de infraestructura y la realización de las pasantías obligatorias no remuneradas.

Valentina, alumna de la Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales Rogelio Yrurtia, de Parque Avellaneda, denunció los problemas que tuvieron con la policía, y con gente infiltrada que quería ingresar a la escuela bajo la excusa de ser trabajadores de mantenimiento, aunque no querían identificarse. “Nuestro pedido es en contra de estas pasantías gratuitas que no nos van a servir, además de que nos van a usar de mano de obra gratuita en lugar de arreglar las escuelas o darnos un sistema de alimentación escolar de calidad, que nos nutra y nos llene”, reflexionó. 

En la misma línea se sumaron las palabras de Malena, representante del Centro de Estudiantes de la Escuela Superior de Educación Artística Manuel Belgrano, de Barracas. Comentó que “los estudiantes debemos cursar 11 horas por día, y las viandas no alcanzan, además de que nos cansamos de reclamar porque vienen podridas, en mal estado o con hongos” y agregó: “Estamos tomando los colegios porque estamos cansados de que al Ministerio de Educación y al Gobierno de la Ciudad no les importe lo que los estudiantes vivimos, porque si alguien sabe qué es lo que pasa en los colegios, somos nosotros”. 

Por su parte, Agustina, representante de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg de Palermo, conocido como “Lengüitas”, recordó un hecho de violencia sufrido el jueves, cuando una mujer se presentó en la escuela con un cuchillo para amenazar a una madre. También reiteró los reclamos por el estado de las viandas y la implementación de las pasantías que no se aplicaron tal como se les había prometido, y repudió “toda la presión que se le está metiendo a las familias y por los casos de las denuncias y notificaciones con amenazas a compañeros”. 

Uno de estos casos fue relatado por Elsa Lombardo, abuela y tutora de una alumna de cuarto año de la Escuela Nº1 “Federico García Lorca”. Lombardo relató que un patrullero fue a su casa a las 21, con una citación y la cédula de contravención por la toma de la escuela. Lo consignado era presentarse en la fiscalía dentro de los tres días, o en caso contrario sería llevada por la fuerza. “Intentaron de cierta forma, sembrar terror. Mi nieta me dijo que prefería ir a la escuela a dormir, porque sabía que ahí la policía no iba a entrar”, comentó, y agregó: “Todo esto por las demandas de los estudiantes, que es justa, y la actitud de la ministra Acuña de negar los reclamos”.

En cuanto a esos reclamos, Martina, alumna en representación del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, del barrio de Retiro, repasó las diferentes medidas de fuerzas adoptadas antes de llegar a la toma de la institución: “La semana pasada llevamos a cabo un pernocte, luego tuvimos clases públicas con ayuda de nuestros docentes, participamos de semaforazos, y no obtuvimos respuestas, aunque quieran criminalizar y minimizar nuestra lucha”.

En representación de los gremios docentes tomó la palabra Angélica Graciano, Secretaria General de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera). Recalcó el rol de la escuela como ámbito principal de la democracia, y resaltó que los reclamos del movimiento estudiantil datan de hace más de 10 años. A su vez convocó para mañana a las 16 a una marcha desde la Escuela Mariano Acosta hacia la Jefatura de Gobierno de la Ciudad junto a la Asociación de Enseñanza Media y Superior (ADEMyS), para acompañar el reclamo estudiantil y “para decirle a Larreta y Acuña que inviertan en las escuelas, porque los 15 años en baja del presupuesto educativo tienen sus consecuencias”. 

Sobre el cierre, Guillermo Pérez Roisinblit leyó un comunicado en representación de Abuelas, donde expresaron su preocupación por la escalada de violencia en los reclamos que se están llevando adelante en las escuelas, e instaron para que “el Jefe de Gobierno arbitre las medidas necesarias para encausar esta situación a través de canales de diálogo real, que conlleven a una solución de esta situación, que velen por la seguridad de las familias y el respeto por el derecho de los jóvenes”.