Inmobiliaria Buenos Aires, inauguración

Inmobiliaria Buenos Aires, inauguración

El oficialismo macrista en la ciudad de Buenos Aires consiguió ayer aprobar en la Legislatura la ley de creación de la Agencia de Bienes Sociedad del Estado, que establece el traspaso al nuevo ente de los terrenos de dominio público para el impulso de obras de infraestructura, que se descuenta serán llevadas a cabo por empresas privadas. El proyecto fue sancionado con 42 votos positivos, 16 negativos y dos abstenciones. Como se preveía, teniendo en cuenta cómo se había desarrollado el debate sobre el tema en los últimos meses, el Frente para la Victoria (FpV) se mostró dividido en el recinto y tres de los doce legisladores que conforman el bloque acompañaron el proyecto, mientras que siete lo rechazaron y los dos restantes votaron en abstención. Aún así, con el apoyo decisivo del espacio SUMA + -que en las elecciones de 2015 apoyó la candidatura a jefe de Gobierno del economista Martín Lousteau-, el PRO logró cumplir con la voluntad de su jefe en la Capital, Horacio Rodríguez Larreta, y sancionar la ley. “Se trata de la confirmación de que está en marcha un modelo de planeamiento de la ciudad similar al de otros grandes centros urbanos del mundo, basado en la enajenación de patrimonio público para dar rienda suelta a la especulación inmobiliaria», afirmó Patricio Del Corro, legislador del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), que votó en contra de la ley. Este paso legal se suma a otras iniciativas del macrismo para concretar la transferencia al capital privado de patrimonio de la ciudad, entre ellas la cesión de terrenos linderos a Casa Amarilla al club Boca Juniors, tal como informó este medio en anteriores ocasiones.

La de ayer fue la segunda vez que fue votado el proyecto, que había sido aprobado en una primera instancia el 3 de diciembre de 2015; pero al tratarse de asuntos referidos a la desafectación de inmuebles de dominio público y proyectos de edificación, la Constitución de la Capital Federal exige su discusión a través de un procedimiento de Doble Lectura, que consiste en una segunda votación, previa realización de una Audiencia Pública no vinculante, en la que participen los sectores con intereses legítimos alrededor de la propuesta legal. Esa audiencia se realizó el 29 de marzo y más allá de que el tratamiento del proyecto era independiente de su resultado, la misma parecía en aquel momento favorecer un cambio en el curso del destino, porque al no reunir  los votos mínimos para superar la instancia de la Doble Lectura, el PRO decidió retirar el tema de la agenda de la sesión del jueves 7 de abril. «El proyecto había quedado ‘reservado en secretaría’ para en cualquier momento ser tratado en el recinto y eso fue lo que pasó ayer. Nosotros pedíamos el ‘pase a archivo’, lo cual hubiera significado que la ley se caía», detalló Jonatan Baldiviezo, abogado ambientalista y miembro de la organización Observatorio del Derecho a la Ciudad. Sorpresivamente, la iniciativa fue reflotada ayer y esta vez no fue posible postergar su sanción.

Si bien en el Anexo del texto legal sólo figuran dos inmuebles que pasarán a ser administrados por la Agencia de Bienes SE –el predio del Tiro Federal, ubicado en el barrio de Núñez, y el centro ferial “El Dorrego”, situado en Colegiales-, las organizaciones que resisten la normativa advierten que en realidad alcanza a todos los lotes de propiedad estatal. “Los legisladores que trataron este proyecto ni siquiera sabían cuántos terrenos de dominio público existían realmente en la Capital Federal. No había un inventario. El único relevamiento que existe lo hicimos nosotros”, advirtió Fabio Oliva, integrante del colectivo Buenos Aires No Se Vende, formado por varias agrupaciones que militan en defensa del espacio público de la ciudad. El listado en cuestión, al que accedió ANCCOM, incluye un total de más de 2.500 inmuebles organizados en las categorías “Edificios industriales”, “Galpones o tinglados”, “Locales (comerciales u oficinas)”, Propiedad Horizontal”, “Teatros”, “Terrenos”, “Viviendas con comercio” y “Viviendas unifamiliares”.

La letra de la ley reconoce entre las “funciones” de la flamante Agencia de Bienes SE la de “coordinar las relaciones entre la actividad pública y la inversión privada” y detalla los planes que tiene reservados para los dos terrenos mencionados en el Anexo: el Tiro Federal se convertirá en el “Parque de la Innovación”, que, como define la norma, consistirá en un “centro urbano que impulse la ciencia y la tecnología” en la ciudad de Buenos Aires; mientras que en “El Dorrego” el gobierno de Rodríguez Larreta pretende crear el “Centro Metropolitano Audiovisual”, para albergar a “los distintos sectores involucrados en la comunicación audiovisual: cámaras de productores; medios comunitarios; universidades y trabajadores de la comunicación audiovisual”.

Para concretar esos emprendimientos, la normativa admite que ambos predios serán licitados a través de un concurso público, del que surgirán las empresas adjudicatarias de la obra su construcción. Como ocurre cada vez que el Estado en cualquiera de sus jurisdicciones decide desprenderse de parte de su patrimonio, la ley de Agencia de Bienes SE declara “innecesarios para la gestión” del gobierno de la Capital a los terrenos antes indicados.  Sin embargo, desde Buenos Aires No Se Vende aseguran que el supuesto “carácter innecesario” de los terrenos fue definido por unos pocos actores, que representan intereses minoritarios. “Aunque se decidiera que una tierra pública fuera concedida para una inversión inmobiliaria de una empresa, lo correcto sería que esa decisión la tomaran las comunas, y en este caso, la iniciativa provino lisa y llanamente del Poder Ejecutivo”, insistió Oliva.

La cesión de terrenos linderos a Casa Amarilla fue de las primeras iniciativas del macrismo para transferir el patrimonio de la ciudad a privados .

 

Una Audiencia histórica, pero que no alcanzó

“Esto se sabía desde el lunes pasado y se hizo toda la presión que se pudo para frenarlo”, se lamentó Oliva, arquitecto de profesión, pero comprometido de cuerpo y alma en la preservación de los espacios verdes de la ciudad, cada día más amenazados de extinción. Su actividad lleva ya más de 25 años, cuando comenzó con la lucha para proteger cada uno de los metros cuadrados que dan vida al Parque Avellaneda. Junto con varias agrupaciones vecinales que se especializan en problemáticas similares -Queremos BA, Los Amigos del Lago de Palermo, Basta de Demoler, el Observatorio de Derecho de la Ciudad, el Movimiento Comunero, entre otros- formaron colectivo Buenos Aires No Se Vende, con el objetivo de articular la oposición desde la sociedad civil al proyecto de ley de Agencia de Bienes Sociedad del Estado.

“Nos unió el espanto contra esta ley”, confiesa, aunque se muestra satisfecho por el funcionamiento exhibido hasta ahora por la comunión de las organizaciones barriales. El 29 de marzo último, en el marco de la Audiencia Pública exigida por la Constitución de la Capital Federal, se produjo lo que Oliva definió como “un gran triunfo”, que luego se traduciría en la decisión del oficialismo de postergar el tratamiento en Doble Lectura del proyecto de ley, que estaba previsto para diez días más tarde.  “Fue una Audiencia Pública con una inscripción de 200 personas, lo que no es común en este tipo de acontecimientos. Las exposiciones fueron organizadas previamente por BA No Se Vende, hubo más de 100 y ni una sola a favor del proyecto”, describió Oliva, quien definió el evento como “un acto político contundente”.

Por su parte, Baldiviezo recordó que desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad se presentó un recurso legal para evitar que la audiencia se realizara porque, según argumentó, “no había suficiente información para las partes” sobre los alcances reales de la norma, pero la respuesta fue negativa. También alertó acerca de que nunca se realizaron los estudios de impacto ambiental correspondientes, a la hora de llevar adelante obras de desarrollo de infraestructura en terrenos de amplia extensión. De hecho, tal como consta en la Ley N° 123 de la Ciudad de Buenos Aires, debe cumplirse con las diferentes etapas del procedimiento técnico correspondiente hasta llegar al Certificado de Aptitud Ambiental, que autoriza la puesta en marcha de las obras. No obstante, Baldiviezo cree que existe un inconveniente con la reglamentación: “La ley dice que los informes deben hacerse siempre antes de la ejecución de las obras, no antes del proceso de legislación lo cual produce un desfasaje, porque mientras se llevan adelante el proceso legislativo y la Audiencia Pública, hay un tiempo valioso que se pierde, ya que si se practicaran los informes de impacto ambiental desde el momento inicial quedaría claro inmediatamente si el proyecto es viable o no”.

Para Del Corro, la ley no tiene ninguna justificación desde el punto de vista de la ampliación de los derechos de la ciudadanía. “La población de la ciudad hace sesenta años se mantiene estable, pero cada vez son más las que terminan siendo expulsadas hacia las villas y menos las que viven en una casa propia”, señaló el legislador, haciendo referencia a que la nueva ley se desentiende por completo del problema del déficit habitacional y la urgencia de urbanizar los asentamientos precarios. Las prioridades del gobierno porteño, alineado a nivel nacional con el presidente Mauricio Macri, parecen ser otras: “Será una especie de Silicon Valley», resumen los funcionarios del oficialismo cuando hablan de lo que le espera al Tiro Federal, refiriendo a la región californiana que hospeda a buena parte de las compañías líderes a nivel mundial en desarrollo tecnológico. Una confirmación de que desde la llegada del macrismo al poder, el 10 de diciembre pasado, los ojos de la clase política argentina miran hacia el Norte.  

Actualizada 10/06

La Boca no se calla

La Boca no se calla

Cientos de manifestantes desafiaron ayer al frío y marcharon al caer la tarde hacia el barrio de La Boca para repudiar el ataque a militantes barriales por parte de una patota vinculada al PRO. El ataque ocurrió en la última sesión del Consejo Consultivo de la Comuna 4,  cuando dos personas resultaron heridas de gravedad con armas blancas el pasado 4 de mayo. La convocatoria, organizada por el colectivo La Boca Resiste y Propone, reunió a múltiples agrupaciones políticas, legisladores de la oposición y asociaciones vecinales que rechazan la entrega de tierras linderas a Casa Amarilla al club Boca Juniors, oficializada el 25 de febrero pasado.

Los planes de la dirigencia xeneize, encabezada por el empresario Daniel Angelici, hombre cercano al Presidente de la Nación, Mauricio Macri, consisten en construir en esos lotes un estadio-shopping que reemplace a La Bombonera, mientras que los vecinos reclaman que sean destinados a viviendas sociales, escuelas y centros de salud. “El último recurso que encuentran los sectores dominantes para resolver un conflicto a su favor, siempre que se encuentran con una fuerte resistencia popular, es la violencia política”, aseguró Pablo Ferreyra, diputado porteño del Frente para la Victoria (FpV), y agregó: “Lo que ocurrió  hace dos semanas es el resultado del desencuentro entre un sector de vecinos que reivindica la función social de la tierra pública y el poder político, aliado con sectores empresariales, que creen que el único uso que se le puede dar a esos recursos es lucrativo”.

La concentración comenzó a las 17, en las puertas de la subsede comunal, en Barracas, con una conferencia de prensa en la que se leyó un comunicado público: “Al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no le pedimos un gesto de humanidad, como llamar o recibir a las víctimas de la agresión por parte de su patota, sino simplemente que garantice el derecho a la participación ciudadana democrática”, fueron las primeras palabras que se oyeron en el acto, en el que se pidió reiterada y enfáticamente la renuncia de Jorge Apreda, presidente de la Comuna que abarca los barrios de Barracas, La Boca, Nueva Pompeya y Parque Patricios. Una hora más tarde comenzó la marcha hacia la simbólica esquina de Almirante Brown y Blanes, en donde se sitúan los terrenos que dieron origen al conflicto.  

La noche del 4 de mayo resultaron gravemente heridos Matías Scinica, de la agrupación vecinal Boca Es Pueblo, y Fernando Abal Medina, de Descamisados, hermano del senador nacional del FpV y ex jefe de Gabinete, Juan Manuel. Entre los responsables del ataque figuran Rodolfo Corzo, apodado “el Cordobés”, empleado de la Comuna 4, y también su hijo, del mismo nombre. “Si bien el episodio que tuvo lugar durante la reunión del Consejo Comunal fue absolutamente repudiable, el objetivo de esta convocatoria es relanzar la discusión de fondo, que es la entrega del patrimonio público”, comentó Maluca Cirianni, titular del centro cultural Casa Torquato Tasso, y una de las integrantes fundadoras de Boca Resiste y Propone.

Otra integrante del colectivo, Natalia Quinto, advirtió que el Gobierno de la Ciudad, los directivos de Boca y los empresarios inmobiliarios apetecidos por invertir “están dispuestos a todo para defender sus negocios millonarios. Hablamos de un compañero apuñalado en el cuello (Scinicia) y otro que fue pateado en el piso hasta casi morir (Abal Medina) –especificó-. Esto prueba que ni siquiera respetan la vida humana y buscan desalentar la participación popular”.  Por su parte, otro de los presentes en la jornada, Claudio Morresi, ex futbolista y otrora secretario de Deportes durante el kircherismo (hermano de Norberto, militante peronista secuestrado y asesinado durante la última dictadura militar), comentó: “Repudiamos totalmente lo que ocurrió y estamos sorprendidos de que a pesar de los avances que han habido en estos años en materia de derechos humanos ocurran todavía cosas como éstas. No entendemos por qué las personas que perpetraron estos intentos de homicidio no hayan rendido aún cuentas ante la Justicia”.

“Yo nací en un conventillo que es de chapa y de cartón. No queremo’ estadio–shopping, la puta que los parió”.   A pesar de que los años de Macri como presidente de Boca (1995-2007) coincidieron con la etapa más próspera de la institución en términos de logros deportivos, tanto el actual jefe de Estado como sus aliados Angelici y Rodríguez Larreta fueron los principales destinatarios de los cánticos  de los integrantes de Boca Es Pueblo y adornaron la caravana hacia Casa Amarilla. “Macri, Macri botón, Macri, Macri botón, vos sos la dictadura, la puta madre que te parió”, repetían a coro, advirtiéndole al ahora primer mandatario que el recuerdo de los días de gloria no sería suficiente.

La controversia por los terrenos de Casa Amarilla comenzó, como contó ANCCOM en una nota publicada el 5 de mayo, en los años ’90, cuando el entonces intendente porteño Carlos Grosso cedió a Boca Juniors parte de las tierras situadas a pocas cuadras de La Bombonera, que una década antes habían sido transferidas a la Ciudad para aliviar el déficit habitacional. Durante las gestiones en la Capital de Fernando de la Rúa y Aníbal Ibarra se determinó por ley que el resto del terreno sería destinado a un total de  4.000 viviendas, pero para el final de la administración de Macri –electo jefe de Gobierno en 2007 y reelecto en 2011- apenas se contaban unas 400, es decir, el 10% de las estipuladas inicialmente.

Lo que ocurre en La Boca es, en realidad, un caso dentro de una tendencia que se repite en otros puntos de la Ciudad. Según un relevamiento del colectivo Buenos Aires No Se Vende, serían en total más de 2.500 los inmuebles de dominio público que el gobierno porteño pretende pasar a manos privadas a través de diferentes instrumentos legales. El conflicto de las tierras de Casa Amarilla sobresale por no haber sido tratado en la Legislatura, a pesar de que así lo exige la Constitución porteña.

 

Una patota pro nuevo estadio

Una patota pro nuevo estadio

Una patota se instaló anoche en el Consejo Consultivo de la Comuna 4, en Nueva Pompeya, y en medio de una asamblea atacó a militantes y miembros de agrupaciones vecinales que discutían la privatización de los terrenos linderos al Club Atlético Boca Juniors, en los que los dirigentes pretende llevar adelante un megaproyecto inmobiliario. Durante el ataque, perpetrado sin fuerzas de seguridad a la vista, fue apuñalado Matías Scinica, de la agrupación Boca es Pueblo, y Fernando Abal Medina, de Descamisados, hermano del senador nacional kirchnerista, Juan Manuel: ambos debieron ser internados en el hospital Penna. Testigos de la agresión vincularon al grupo de choque con el macrismo, Carlos Yoshinaga, miembro de la agrupación Boca es Pueblo, contó a ANCCOM: “Actuaron con una impunidad total, desde antes de ingresar a la sede sabíamos que portaban armas blancas”.

 La agrupación responsabilizó por el ataque, en un comunicado, al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta. «Una patota que responde a un puntero del PRO comenzó a agredirnos física y verbalmente –sostiene el escrito difundido por la organización-. Uno de ellos sacó un objeto cortante con el que hirió gravemente en la garganta a un compañero de Boca Es Pueblo». Consultada por ANCCOM, una fuente de la agrupación prefirió “por el momento” no dar el nombre del agresor, aunque aseguró que quien manejaba el objeto cortante “es conocido” en la comuna.

Matías Scínica

Matías Scínica

“La reunión fue tensa desde el primer minuto –describió Yoshinaga-. Cuando nosotros llegamos la patota ya estaba; eran entre diez y quince personas y en cada intervención que se intentaba hacer referida al tema de la entrega de las tierras de Casa Amarilla sobrevenían insultos desmedidos”. El ataque se desencadenó cuando llegó el turno de tratar el conflicto en profundidad. “Estábamos aterrados, por mi parte creí que mi compañero iba a desangrarse ahí mismo –narró-. La ambulancia tardó una eternidad en llegar, casi media hora, y la Policía recién llegó después, pero los tipos se retiraron riéndose de nosotros y gritando que nos iban a matar a todos”.  El militante insistió en que las agresiones fueron posibles por la complicidad policial.

 En diálogo con ANCCOM Matías Daglio, otro integrante de Boca Es Pueblo, aseguró que el ataque se produjo en el momento en el que se reclamaba la realización de una audiencia pública para tratar el traspaso de los terrenos al club xeneize, que, como publicó este mismo medio a principios de marzo pasado, se presentó como único oferente en la “Licitación con Iniciativa Privada para el Desarrollo y Mejoramiento Urbano Casa Amarilla” que puso en venta 3,2 hectáreas. La adjudicación se concretó el 25 de febrero pasado. “Nosotros pretendemos llevar hasta la Legislatura la voluntad de los vecinos y de algunos legisladores, porque los terrenos fueron directamente transferidos en su momento a la Corporación del Sur y luego a Boca, sin debatirlo con la comunidad”, subrayó Daglio. Según asegura un informe de la ONG Observatorio del Derecho a la Ciudad, la venta de los terrenos a Boca es “ilegal e inconstitucional”, porque de acuerdo a las normativas vigentes “no se puede vender tierra pública de la Ciudad sin aprobación de la Legislatura” y en este caso la transferencia se hizo de manera directa a través del Instituto de Vivienda porteño.

 El conflicto se remonta a más de tres décadas, cuando en 1981 los terrenos situados a pocas cuadras de La Bombonera fueron adquiridos por la Ciudad para paliar el déficit habitacional en el barrio de La Boca. Pero en los ’90, el entonces intendente porteño Carlos Grosso cedió a Boca Juniors parte de las tierras, en los días de Mauricio Macri como máxima autoridad de la entidad. Luego, durante las gestiones de Fernando de la Rúa y Aníbal Ibarra al frente de la Capital Federal, se estableció por ley que el resto del terreno sería destinado a viviendas sociales. En total, se habían proyectado unas 4.000, pero en 2007 Macri resultó electo jefe de Gobierno y luego reelecto, en 2011: desde entonces hasta la fecha apenas se levantaron unas 400, es decir, el 10 por ciento.  

 La adjudicación de las tierras de La Boca se concretó pocos días antes de que el gobierno del PRO intentara –aunque infructuosamente- aprobar la Ley de creación de Agencia de Bienes Sociedad del Estado para avanzar en el traspaso a manos privadas de otros predios que aún continúan bajo dominio público.  La discusión no es novedosa: se trata de qué hacer con el espacio público de la ciudad, cuáles son los intereses en juego y cuáles los legítimos actores que deberían decidir sobre el destino de dichos recursos. Un proyecto pionero en la materia tuvo lugar en 1989, cuando el gobierno de Carlos Menem, en el marco de su “reforma del Estado” –que consistió en la privatización y desregulación de los servicios públicos a nivel nacional- avanzó en la urbanización de la zona de Puerto Madero a través de la corporación Antiguo Puerto Madero Sociedad Anónima, creada por el decreto N° 1279 del Poder Ejecutivo, en noviembre de aquel año.

 Poco más de una década después, en 2000, se aprobó en la Capital Federal, por medio de la Ley N° 470, la creación de la Corporación Buenos Aires del Sur Sociedad del Estado, a la que se reservó el área delimitada por la Avenida Directorio hacia el Riachuelo, con el fin de “desarrollar actividades de carácter industrial, comercial, explotar servicios públicos con el objeto de favorecer el desarrollo humano, económico y urbano integral de la zona”. La porción del mapa porteño en cuestión incluye vastas extensiones de espacios verdes, como el Parque Avellaneda o el Parque General Roca, ubicado en los límites de los barrios Villa Soldati y Villa Lugano.

 El conflicto en Boca Juniors ocurre también a pocos meses de que Macri alcanzara el cénit del Poder Ejecutivo Nacional y su aliado Daniel Angelici, sindicado como un operador judicial clave del Presidente, la reelección en Boca. Sin embargo, para Boca Es Pueblo la gestión de Angelici en Boca sólo ha contribuido a que el club se volviera más exclusivo y con cada vez menos actividades sociales. “Desde que está Angelici no sólo se han cerrado actividades profesionales, como la participación de Boca en la Liga Nacional de Voleibol, sino que no se ha abierto una sola actividad amateur”, aseguró a ANCCOM Daglio.

 Los planes del presidente xeneize apuntarían a que sobre los terrenos adjudicados se levante un nuevo “estadio-shopping”, lo que ha desatado en el seno de la comunidad boquense un debate tanto en términos económicos como culturales, porque si el negocio prospera automáticamente se abre el interrogante sobre cuál será el destino de la Bombonera, que los simpatizantes del club de la ribera reivindican orgullosamente como patrimonio indelegable del ser boquense.  Al mismo tiempo, el episodio de anoche en Pompeya ofreció una respuesta a otra de las preguntas que atraviesan la discusión: ¿hasta dónde son capaces de llegar los defensores del negocio millonario para concretar sus ambiciones?

Actualizado 05/05/2016

Negocios a pedir de Boca

Negocios a pedir de Boca

Terrenos de dominio público y en donde los vecinos podían disfrutar de actividades sociales y deportivas al aire libre.  Así era el predio de Casa Amarilla, ubicado en pleno barrio de La Boca, pero quizá por mucho tiempo más. Por lo menos eso parece indicar la venta de esas tierras por parte del gobierno porteño al Club Atlético Boca Juniors, a través de la Corporación Buenos Aires Sur.

El predio está ubicado entre las calles Arzobispo Espinosa, Juan Manuel Blanes, Palos y Almirante Brown, a metros de la mítica Casa Amarilla, la réplica de la vivienda que habitó el Almirante Guillermo Brown junto a su familia. Estos lotes pertenecieron hasta 2010 al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y, luego, por un decreto del actual presidente Mauricio Macri, pasaron a la Corporación Buenos Aires Sur, una sociedad del Estado creada con el propósito de promover el desarrollo social y económico de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Aquí surge el primer interrogante: ¿Cuál sería el justificativo de otorgarle a un club como Boca esos terrenos?

La entidad presidida por Daniel Angelici -el principal operador en el Poder Judicial de Mauricio Macri- se presentó como la única oferente en la “Licitación con iniciativa Privada para el desarrollo y mejoramiento urbano Casa Amarilla” que puso a la venta 3,2 hectáreas. La venta de los terrenos se concretó en algo más de 180 millones de pesos. “Yo no conozco alguna otra organización del barrio sin fines de lucro que cuente con 180 millones de pesos y que pueda haberse presentado en esta licitación”, comenta Natalia Quinto, de la agrupación multisectorial del barrio “La Boca resiste y propone”.

Originalmente, los terrenos de Casa Amarilla iban a ser destinados para la construcción de más de 2.000 viviendas, pero en los ocho años de gestión que lleva el PRO en la ciudad sólo se construyeron 438. Por otra parte, en los últimos tiempos hubo debates entre los propios vecinos para determinar si lo mejor era ocupar todo el espacio verde con más viviendas o resguardar una parte para que sirva como pulmón y espacio de recreación para los habitantes. Lo que nunca debatieron -ni se imaginaron- es que estos terrenos pueden transformarse en un nuevo estadio-shopping, al mejor estilo europeo, como sueña el presidente de Boca Juniors.

Si bien este destino no está estipulado ni explicitado en la propuesta oficial presentada por el club, ni tampoco es lo que indicaba el objetivo de la licitación, muchos vecinos y socios boquenses sospechan que este es el primer paso para concretar el deseo de Angelici.

Aunque no está explícito, muchos vecinos de la Bombonera y socios de Boca sospechan que los terrenos de Casa Amarilla pueden transformarse en un estadio-shopping.

“Originalmente nos juntamos para tratar la temática de los chicos del barrio en situación de calle, y luego fuimos tratando otras problemáticas, entre las cuales por supuesto está muy presente la de los terrenos públicos de Casa Amarilla”, describe Quinto y agrega: “La gestión actual de Boca ya viene de incumplir otra resolución, la que le permitió construir La Bombonerita en el predio Pedro Pompilio. Esos terrenos fueron vendidos a Boca siempre y cuando promuevan actividades culturales y deportivas para los vecinos y nunca han cumplido. Entonces, ¿Por qué habríamos de creerles ahora?”

Luciano Caldarelli, en tanto, es integrante de la agrupación “Boca es Pueblo”, que se opone a la construcción de un nuevo mega-estadio para el club. “Nosotros luchamos por recuperar la identidad popular del club, que se fue perdiendo con la llegada del macrismo. Creemos que en los últimos años se han ido expulsando a los sectores populares del club y remplazándolos por los de mayor poder adquisitivo”.

Y agrega: “También se han expulsado poco a poco a los vecinos del barrio, antes podían acceder a las instalaciones libremente. Boca les daba hasta duchas de agua caliente o practicaban deportes representando a Boca sin incluso, ser socios.  Hoy esto sería totalmente impensado. También el número de chicos en la colonia de vacaciones era mucho mayor al de hoy, por los precios actuales que se manejan”.

Respecto al destino de los terrenos licitados, Luciano se muestra bastante escéptico al respecto: “¿Por qué le vamos a creerle a Angelici que en ese espacio va a construir más instalaciones deportivas para el club si año tras año cierra más deportes? Además, basta con buscar noticias de tiempo atrás donde él mismo le dice a los hinchas de Boca que el club tiene que construir un nuevo estadio debido a la limitada capacidad y la alta demanda para acceder”.

No hay que hilar muy fino para comprender los vínculos existentes entre Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Angelici, y al menos sospechar de las rápidas maniobras que hicieron para que Boca hoy esté tan cerca de obtener estos terrenos públicos. Oscar Moscariello, ex  vicepresidente primero del club (y  actual vocal y Secretario de Relaciones internacionales) ya había presentado años atrás, cuando era legislador porteño por el PRO, un proyecto de rezonificación que no pudo avanzar frente a la protesta de agrupaciones vecinales y del club.

En la actualidad, los papeles presentados por Boca en la licitación están siendo revisados en la Corporación Buenos Aires Sur para el otorgamiento definitivo de los terrenos. Mientras tanto, desde la agrupación “La Boca resiste y propone” han presentado un recurso de amparo para que se revisen todos los procedimientos, tanto del traspaso de los terrenos del IVC a Corporación Buenos Aires Sur por decreto en 2010, como la posterior venta al club, que no fue tratada por la Legislatura porteña.

“En la última feria judicial presentamos un recurso de amparo para que el juez se expida en la causa y nos de una respuesta. Queremos que se respete la ley, queremos saber de qué manera los terrenos pasaron de un día para el otro del IVC a Corporación Sur”, exige Quinto.  “Nunca nos confirmaron la audiencia pública con gente de Corporacion Sur, siempre nos eludieron”, señala  por su lado Caldarelli.

La agrupación “La Boca resiste y propone” han presentado un recurso de amparo para que se revise el paso de las tierras del IVC a la Corporación Sur y posteriormente, la venta al club.

Además, Quinto denuncia que desde la Comuna 4 muy poco se han preocupado por este tema que involucra a muchos vecinos del barrio: “Hemos intimado a los comuneros para que convoquen a una audiencia con los vecinos y aun no tuvimos respuesta. Es notorio que allí hay una bajada de línea desde alguien de más arriba que no quiere que se toque esta temática que involucra a todo el barrio”

ANCCOM se comunicó con Corporación Bs As Sur y desde allí sólo tienen para decir que la licitación otorgada a Boca estuvo en regla y que por el momento no encuentran nada irregular en todo el proceso. Del lado de Boca nunca  se obtuvo una respuesta oficial.

“Los grandes medios de comunicación nunca divulgaron nuestros reclamos y denuncias. Nosotros, junto a otras agrupaciones, hicimos varias marchas y protestas con miles de hinchas y vecinos y no tuvimos la suficiente difusión. Para los hinchas de Boca, La Bombonera toca nuestra identidad, no es sencillo dejarla y mucho menos por un estadio-shopping, al estilo europeo. Además de que los precios van a ser accesibles sólo para los sectores de altos recursos. No queremos eso”, concluye Caldarelli.

Habrá que esperar entonces qué decide la Justicia, qué informará Corporación Sur acerca de los informes realizados y si el tema finalmente será tratado en la Legislatura porteña, como debió haber ocurrido desde un primer momento. Los vecinos de La Boca están expectantes.

El estadio shopping

El estadio shopping

Un proyecto presentado por el PRO para cambiar la zonificación de unos terrenos de Casa Amarilla, en el barrio de La Boca a fines del año pasado, está generando una fuerte resistencia entre los socios del club y vecinos.

Históricamente, en el conflicto por los terrenos de Casa Amarilla intervino siempre un incontable número de factores e intereses. Durante la gestión de Aníbal Ibarra, en 2004, se impulsó un proyecto para crear unas 1.200 viviendas en varios monoblocks dentro de Casa Amarilla. En su momento, los vecinos y organizaciones barriales rechazaron la propuesta porque argumentaban que las instalaciones del lugar no darían abasto.

En 2006, la Legislatura porteña sancionó la Ley 2.240 que declaró la «emergencia urbanística y ambiental, en lo que hace a la vivienda, servicios, equipamiento, espacios verdes y de actividades productivas» en la zona y creó una unidad especial para tratar el tema, que luego el gobierno de Mauricio Macri abandonó. Los vecinos acudieron a la justicia y el Gobierno de la Ciudad terminó acordando construir 438 viviendas, en vez de las 1.200 pactadas inicialmente.

Mientras tanto, durante la gestión de Daniel Angelici en Boca Juniors se comenzó a barajar un proyecto nunca oficializado para construir un nuevo estadio con mayor capacidad, justamente, en uno de los terrenos de Casa Amarilla. El proyecto de «la nueva Bombonera» tiene un apoyo prácticamente nulo de los hinchas y socios, que durante el último partido del 2014 se manifestaron a través de la campaña #DeLaBomboneraNoNosVamos en las redes sociales y con banderas en el partido.

Pero dentro del propio club sospechan que el último proyecto -denominado Estadio y Complejo Deportivo del Club Atlético Boca Juniors- presentado en la Legislatura por Oscar Moscariello, legislador porteño por el PRO y vicepresidente de Boca, para cambiar la zonificación del terreno, será el puntapié para que los dirigentes del club puedan usar los terrenos para un fin distinto al que originariamente estaban destinados. También sospechan que la iniciativa busca bajar el valor de la zona para que pueda comprarla el club.

Edificio del Programa de Vivienda Casa Amarilla en Almirante Brown al 500. Barrio de La Boca.

Edificio del Programa de Vivienda Casa Amarilla en Almirante Brown al 500. Barrio de La Boca. Foto: Andrés Wittib / ANCCOM.

«Lo que pretende realizar el macrismo en Boca, de la mano de Angelici y Moscariello, no es una ‘nueva Bombonera’, sino un estadio-shopping con 80 mil butacas, al estilo estadio europeo. Nosotros creemos que esta idea sigue en pie, porque es un negocio privado muy grande», dijo a ANCCOM, Matías Scinica, militante de «Boca es pueblo», una de las organizaciones que se opusieron durante el tratamiento express del proyecto en la Legislatura. «Nos manifestamos en contra porque la rezonificación de esos terrenos públicos originaría un gran negociado privado para unos pocos y perjudicaría enormemente a la gente del barrio de La Boca y a los hinchas, ya que en ese lugar, destinado a viviendas, educación o espacio público, se quiere construir un estadio-shopping tasado en 400 millones de dólares, financiado con capitales extranjeros», agrega.

Entre los fundamentos del proyecto 2.462, se resalta «la importancia de ofrecer al conjunto de la ciudadanía los espacios para funciones de recreación que amplíen los efectos de su acción, trascendiendo a toda la comunidad es un intento por revertir el relegamiento y apostar por la revitalización no solo del barrio sino también del sur de la Ciudad», algo que va en contra de la «emergencia urbanística» declarada por la misma Legislatura años atrás.

El problema de las viviendas en La Boca se encuentra en una situación actual delicada. En diciembre, hubo un incendio en uno de los conventillos del barrio. «Claramente los incendios se enmarcan dentro de un problema general de vivienda, y dentro de un proyecto de ciudad excluyente para el vecino», explica Scinica. «Estos hechos van estrechamente de la mano de pensar al barrio como un atractivo exclusivo para el turista, a través de la fomentación del negocio privado, en detrimento de la gente humilde del barrio. La extensión de la zona de Puerto Madero va ligada a todos estos inconvenientes de expulsión de vecinos para continuar el avance sobre las tierras y el negocio privado, y en este sentido la construcción del estadio-shopping es otro punto que concuerda con todo este plan neoliberal de excluir al pobre, en favor de la explotación económica».

En un informe presentado por diversas organizaciones políticas del club, grupos de vecinos, medios alternativos barriales y organizaciones de derechos humanos en diciembre, se alertó además acerca del conflicto de intereses por parte del diputado y vice de Boca, Moscariello: «Mayor ofensa causa el hecho de que este proyecto haya sido presentado por un Diputado que a la vez, es Vicepresidente de la entidad beneficiada, constituyendo una gravísima violación a la ética, a la transparencia y a los pilares de una República», advierte el petitorio, que pide a los legisladores que archiven el proyecto.

Enzo Pagani, legislador del PRO y miembro de la Comisión Directiva de Boca, explicó que el proyecto, presentado en septiembre de 2014, en la actualidad está en tratamiento en la comisión de Presupuesto y no cuenta con un consenso absoluto al interior del partido: «Es un tema sensible, se debería haber tratado con más tiempo y con más proximidad con los vecinos de la zona», indicó.