¿Cómo funcionaba la inteligencia militar de la dictadura?

¿Cómo funcionaba la inteligencia militar de la dictadura?

La investigadora Stella Segado declaró en la causa conocida como «Contraofensiva montonera».

Entre 1979 y 1980 Montoneros llevó adelante la operación Contraofensiva delineada en 1978 por Roberto Perdía y Mario Firmenich, jefes de la organización. El plan consistió en reagrupar militantes exiliados de diferentes países que regresaron a la Argentina para formar parte de una campaña de resistencia contra el terrorismo de Estado y generar consenso social para que la dictadura cívico militar llegara a su fin. El Tribunal Oral Federal Nº 4 de San Martín juzga a nueve militares, ex integrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército, que pertenecían a los batallones 201 y 601 con base en Campo de Mayo, por secuestrar, torturar y asesinar a 94 personas.

En la primera audiencia virtual del juicio, que comenzó cerca de las diez de la mañana, testificó Stella Segado, licenciada en Gestión de Políticas Públicas, especialista en Archivos y Derechos Humanos e investigadora del Archivo CONADEP de la entonces Subsecretaría de Derechos Humanos. Segado le explicó a las querellas, los defensores y los jueces el funcionamiento de la estructura de inteligencia militar durante los años 1976 y 1980 para poner en contexto el objeto del juicio y conocer cómo funcionaban los Batallones 201 y 601.

La investigadora explicó a qué se denomina “ciclo de inteligencia”, establecido a partir de las reglamentaciones de las Fuerzas Armadas vigentes entre 1973 y 1983: “Es un sistema que está conformado por distintas partes en contacto con, por lo menos, una de las otras partes, entendiendo un sistema como un conjunto de normas y procedimientos”, explicó al inicio. El trabajo en un archivo administrativo, dijo Segado, demuestra que hay documentación que es imposible de destruir, pese a los intentos de la dictadura de desaparecer todo lo relacionado a la inteligencia. “Una actuación de justicia militar, que se suele hacer por una herida de bala (de un oficial) en una operativo, forma parte de un legajo personal y no se puede eliminar porque de eso depende cobrar un seguro o demostrar que la herida fue en acto de servicio, cosas que tienen que ver con la carrera del personal. Trabajar en archivos administrativos es encontrar la huella que dejó la dictadura en este tipo de eventos dentro de los legajos personales”, expresó.

Durante la pandemia, las audiencias se realizan de manera virtual.

La exposición de Segado, que duró más de seis horas, estuvo basada, sobre todo, en dos reglamentaciones que enmarcaban la actividad de inteligencia durante la dictadura cívico-militar: el RC16-1 de Inteligencia Táctica, que antes de 1977 era de Inteligencia de Combate, y el RC16-1 de Unidades de Inteligencia. El cambio en el RC16-1 se dio a partir de, según dice el reglamento, los aprendizajes realizados en la lucha contra la subversión. A partir de esto, la testigo explicó todas las etapas de la actividad. La primera, de “Planificación”, en la que se elabora un plan con requerimientos de alta prioridad, es decir preguntas que deben ser respondidas con la búsqueda de información. Después se pasa a la “Búsqueda” y “Reunión de Información” a través de diversas fuentes, tanto abiertas (organismos públicos) como cerradas (infiltrados, por ejemplo). La siguiente instancia es la de “Procesamiento” en la que se analiza e interpreta información con un sistema de valores que clasifica la información y la fuente según su confiabilidad y veracidad.

Las últimas dos etapas eran la de “Interpretación” y “Elaboración”, en la que los analistas crean el producto real de inteligencia, generan el contexto y proveen de consejos. Su percepción general puede servir a la hora de tomar decisiones, y la “Difusión” en la que los órganos de Dirección y Ejecución remiten la información a los comandos. En general, hay una concordancia entre los niveles de inteligencia con los niveles de conducción, explicó Segado y agregó: “La conducción se encargaba de la planificación y la obtención de la información, porque eran las tareas a las que le daban mayor importancia. La elaboración e interpretación estaba dejado de lado para otras áreas de inteligencia”.

Dentro de los reglamentos estaban expresadas las acciones psicológicas que tenían que ver con disminuir la moral del “enemigo”, sostener la propia moral de la tropa y ganar la adhesión de la población indiferente y neutral. En relación a estas acciones, Segado dio un ejemplo: “En estos días de cuarentena vi un documental sobre el Plan Cóndor donde aparecía un recorte de diario que hablaba del asesinato de Noemí Molfino”, dijo haciendo referencia a la militante de Montoneros, desaparecida y asesinada en España. “Me comuniqué con la producción del documental y les pedí el recorte para verlo”, agregó, mostrando en una pantalla el documento que se adjuntó a su declaración. El titular refería a la aparición del cuerpo de Molfino en Madrid y desligaba la responsabilidad al Estado argentino y paraguayo por su muerte, al mismo tiempo que enfatizaba en el peligro que representaba la subversión.

Sostener la moral de la tropa hacía referencia a convencer que lo que se hacía era salvar a la patria, al mismo tiempo que intentaba interiorizar que las órdenes no se cuestionaban ni se preguntaba por sus razones. “Este deber de no saber es una cuestión discursiva que no tiene correlación con la realidad, porque es imposible creer que un jefe que lleva adelante una tarea no sepa qué está haciendo”, aclaró. También hizo referencia a los destacamentos 201 y 601 como unidades distintivas de otras, porque su especificidad era de inteligencia. Todo el personal que los integraba era AEI, es decir, personal con aptitud especial de inteligencia. Estos destacamentos respondían a la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor General de Emergencia. 

El artículo periodístico que mostró Segado en la audiencia.

Sobre la contrainteligencia, Segado mencionó que se especializaba en oponerse a la inteligencia del adversario y neutralizar lo que éste planificó. “Había, por lo menos, sesenta grupos de tareas que se subdividían en partes, una analizaba la información, otra realizaba la investigación que buscaba obtener más información o nuevos blancos”, esclareció. Ante la pregunta sobre la competencia entre personal militar, Segado puntualizó: “Había una disputa entre la Armada y el Ejército, entre Massera y Videla, pero dentro de una unidad militar el jefe es el jefe y no había disputas. Las órdenes se cumplían y si no, había una sanción que les quitaba puntos para ascender.”

El sistema de inteligencia argentino tuvo algunas influencias del francés y las estrategias que utilizó contra Argelia, además de la Doctrina de Seguridad Nacional. “Fuimos pioneros, exportamos el modelo a otros países latinoamericanos, e incluso los oficiales del Batallón 601 dieron clases sobre inteligencia. Pude acceder a la reglamentación de El Salvador y era calcada a la nuestra», agregó Segado.

Las audiencias de Contraofensiva Montonera se llevarán a cabo de manera virtual los jueves de 9:30. La transmisión quedó a cargo del medio La Retaguardia, que lo emite en vivo por su canal de YouTube, algo novedoso en las audiencias testimoniales.

El derecho a la resistencia

El derecho a la resistencia

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 juzga a nueve represores acusados de ser responsables de la desaparición de los militantes que participaron de la denominada «Contraofensiva de Montoneros».

“La memoria importa porque permite que cosas así no se repitan nunca. Nutre a la democracia. Ejercicios así traen un enriquecimiento que viene de saber la verdad, que ahora ya sabemos está lejos del relato oficial. La causa que comienza va a aportar varios testimonios que no se han oído antes, son cerca de 250 testigos, y va a favorecer nuestro conocimiento de la historia reciente, lo que ya de por sí es un derecho”, afirmó el nieto restituido Guillermo Amarilla Molfino en la puerta de la sala en donde se lleva adelante el juicio denominado “Contraonfensiva Montonera”, donde el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4 de San Martín –presidido por el magistrado Alejandro De Korvez–, investiga la responsabilidad de nueve ex integrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército en el secuestro, la tortura y el asesinato de 94 personas entre 1979 y 1980.

Visiblemente emocionado por el inicio del debate oral, Amarilla Molfino subrayó: “Esta es una causa muy distinta a la que estamos acostumbrados a vivir. Siendo querellante por la desaparición de mis padres -Marcela Molfino y Guillermo Amarilla, ambos militantes montoneros- puedo decir que aquí no hay un centro clandestino de detención como epicentro de los testimonios, sino que se está juzgando al aparato de inteligencia específicamente. Es resultado de la lucha de muchas compañeras y compañeros que estuvieron trabajando duro a lo largo de años para llegar a esto, y a mí todo este trabajo me llena de orgullo”.

La sala de audiencias, durante la primera jornada, lució colmada por los familiares de las víctimas, todos ellos con pancartas con la imagen de sus desaparecidos, y por periodistas y fotógrafos. Los cinco imputados presentes ingresaron escoltados por agentes del Servicio Penitenciario Federal en medio de los abucheos del público, frente a lo cual el presidente del TOCF 4 pidió “solemnidad por los hechos que se ventilan” e instó a mantener las formas.

Las desapariciones que se investigan en este juicio ocurrieron entre 1979 y 1980.

Los acusados son ex funcionarios de los Batallones 201 y 601 de Inteligencia y del Comando de Institutos Militares con base en Campo de Mayo: Jorge Apa, Roberto Dambrosi, Raúl Muñoz, Jorge Bano, Eduardo Ascheri, Carlos Casuccio, Luis Firpo, Alberto Sotomayor y Marcelo Cinto Courteaux. Sotomayor y Firpo siguieron la sesión a través de videoconferencias desde Tucumán y Mar del Plata, respectivamente. Otro dos no se presentaron por motivos de salud: Ascheri adujo un sorpresivo broncoespasmo esa misma mañana, mientras que Casuccio se encuentra en terapia intensiva. Ricardo Pianta y Carlos Carpani Costa, quienes también integraban la lista de imputados, fallecieron antes del juicio oral.

A todos ellos se los acusa de haber reunido información sobre la operación «Contraofensiva» y sus participantes, procesarla y difundirla a superiores y subalternos para implementar el plan de exterminio en su contra. La Contraofensiva de Montoneros fue un plan delineado en 1978 por Roberto Perdía y Mario Firmenich, jefes de la organización, que consistió en el reagrupamiento de militantes que habían sobrevivido a la represión y que se hallaban exiliados en países como México, Cuba y España. El objetivo fue ejecutar acciones armadas y de propaganda que causaran una situación de conmoción y caos que provocaría la retirada de los militares del poder.

Entre los asistentes de la audiencia inaugural –en la que se leyeron los requerimientos de elevación a juicio– estaba Daniel Cabezas, quien formó parte de la Contraofensiva y en agosto de 1980 fue detenido en Campo de Mayo, pero salvó su vida al ser legalizado y trasladado a la cárcel de Caseros. Cabezas afirmó que este juicio es histórico porque por primera vez se habla del “derecho a la resistencia”: “Es fundamental que la historia discuta esto porque marca directamente el presente y el futuro. Esta causa interpela a la sociedad. Da cuenta que como personas tenemos el  derecho a resistir a un plan económico, a una opresión sistemática de parte del órgano estatal, movilizados por querer algo mejor para todos”, enfatizó.

Los acusados están imputados por el secuestro, la tortura y la desaparición de 94 personas.

En diálogo con ANCCOM, la fiscal Gabriela Sosti reafirmó la importancia de las instancias jurídicas de reparación y el lugar de movimientos como Montoneros: “En todo caso, habría que pensar los motivos por los cuales el pueblo tomó su derecho de defensa: los pueblos no tienen ganas de estar armados y salir a luchar. Tienen ganas de vivir, de comer, de educarse, de hacer cultura. Cuando a los pueblos se los oprime de determinada manera, uno podría pensar que hasta hay un mandato constitucional para defender los derechos que nos corresponden a todos, para defender la Constitución”.

Se prevé que el juicio se extienda durante todo el año. Las audiencias son los días martes, a partir de las 9, en el TOCF N°4, Pueyrredón 3728, San Martín, provincia de Buenos Aires. Los mayores de 18 años pueden ingresar presentando un documento de identidad.

El nieto restituido Guillermo Amarilla Molfino presenció la audiencia. Sus padres desaparecieron durante la operación Contraofensiva.