Prohíben bombardear Buenos Aires

Prohíben bombardear Buenos Aires

Un fallo judicial exigió al Gobierno de la Ciudad que deje de autorizar la demolición de edificios anteriores a 1941 para favorecer los desarrollos inmobiliarios.

El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Aurelio Ammirato dictó un fallo que prohíbe al Gobierno de la Ciudad seguir utilizando medidas de excepción para demoler edificios anteriores a 1941. También le solicita que evalúe las construcciones anteriores a esa fecha, una medida que protegería unos 141.000 edificios de Buenos Aires.
Este es el último capítulo de una historia que se inició en 2007 con el dictado de la Ley 2548, una Ley de Emergencia, motivada por la enorme cantidad de demoliciones que hubo en la ciudad. Esa orden fundamentaba el procedimiento de evaluación de los inmuebles antiguos. Sin embargo, en 2011 finalizó el plazo establecido de la Ley de Emergencia y cientos de edificios quedaron sin ser evaluados por el Gobierno de la Ciudad y, por lo tanto, desprotegidos.
Basta de Demoler, una Asociación Civil sin fines de lucro conformada por vecinos preocupados por la rapiña sobre el patrimonio urbanístico, junto al Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Fundación Ciudad y SOS Caballito, son quienes iniciaron la causa que motivó el reciente fallo.
“Lo que viene a confirmar el fallo judicial es lo que nosotros estábamos pidiendo hace mucho tiempo: que se haga un catálogo donde se consulte a los vecinos y a diferentes entidades, a través del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, y se decida qué edificios se van a conservar y tienen valor arquitectónico y cuáles edificios se pueden demoler”, explica Mauro Sbartiti, arquitecto y colaborador de Basta de Demoler. “La otra parte interesante del fallo es que se habían elegido 18.000 edificios y uno pensaría que eso es un avance, pero es solamente el 10%. Hay un proyecto de ley con edificios por cada comuna, pero esos proyectos de ley no los trataron porque no hay un interés político, entonces perdieron estado parlamentario. En resumen hay un limbo patrimonial, en donde esos 18.000 edificios que parece que estaban protegidos finalmente no lo están”.

¿Para qué sirve el fallo entonces?

Esperemos que sirva para volver a llamar la atención, para concientizar a los vecinos y para que finalmente los ciudadanos puedan decidir cómo va a ser su entorno. Nosotros no queremos que se conserve todo y que nuestra ciudad sea un museo donde no se pueda tocar nada. Hay muchas cosas que no tienen valor y que se pueden desarrollar. Pero hay muchas otras cosas que son súper valiosas y que se están perdiendo por decisiones muy mal tomadas.

 

¿Desde hace cuánto funciona Basta de Demoler?

La ONG la creó en el año 2007 Santiago Puzo. Él se había ido a estudiar al exterior y cuando volvió, vio todo su barrio muy cambiado y decidió armar Basta de Demoler a través de una cuenta de Yahoo. De ahí empezó a convocar a todos los vecinos del barrio de Recoleta y Palermo para ver qué era lo que se podía hacer con todo el patrimonio arquitectónico que se estaba demoliendo. Lo que nosotros tratamos de hacer es organizarnos con abogados y con gente que trabaja en la comunicación y en otras áreas de la sociedad para denunciar casos de irregularidad jurídica urbanística y de esa manera llamar la atención de la opinión pública y de las autoridades para que las cosas cambien.

 

¿Cuáles son hoy los principales conflictos?

El principal conflicto es la falsa idea de progreso, donde se piensa que construyendo todo de vuelta se van a solucionar los problemas de la gente y no es así. El código urbanístico históricamente, a medida que va pasando el tiempo, cada vez permite una mayor cantidad de construcción y en la Ciudad de Buenos Aires sigue viviendo la misma cantidad de gente desde mitad del siglo pasado, entonces no se entiende muy bien para quién se está construyendo. La lucha por el patrimonio histórico de nuestra ciudad expresa intereses inmobiliarios, la decisión siempre la toma el interés inmobiliario y no junto a un arquitecto o la propia gente del barrio que es como debería ser. Los vecinos son quienes deberían decidir cómo va a ser su barrio y su entorno, no la empresa inmobiliaria que quiere vender la mayor cantidad de metros cuadrados posible”.

 

¿Qué debería pasar para proteger el patrimonio histórico?

Entre las medidas que se podrían tomar, una sería que se cumpla la Ley de Comunas y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, donde explicita que la ciudad tiene un gobierno con democracia participativa, donde todos los ciudadanos deberían intervenir en las decisiones de su entorno.

«Se está palermizando todo»

«Se está palermizando todo»

Nuevos edificios de departamentos y oficinas, espacios verdes, restaurantes, cervecerías, boliches y petshops, conviven con las pocas casas coloniales que quedan en el sector conocido como DoHo de Villa Urquiza, donde la transformación, como en toda la ciudad de Buenos Aires, no para.

“Tenemos una polémica con la transformación del barrio: nos encanta que tenga un revival y que de repente vuelva a verse gente joven, pero hay una parte de nuestra identidad que se está perdiendo, se está ‘palermizando’ todo”, afirma Luciana Saraceno (23), integrante de la agrupación Manuela Pedraza en la Comuna 12, respecto al crecimiento del sector denominado “DoHo” de Villa Urquiza. 

Desde la avenida Congreso hasta la calle Carbajal, las 13 manzanas entre Donado y Holmberg conforman esta zona y le dan su nombre publicitario, DoHo. La mayor actividad comercial ocurre a partir de Donado y La Pampa hasta la avenida Álvarez Thomas. Allí se encuentran decenas de locales gastronómicos que visitan miles de personas por día. A la derecha, una gran vereda verde con restaurantes y modernos edificios, de colores y, de noche, muy iluminados, y a la izquierda, enfrente, unas cuantas casas viejas, de estructura colonial, características de Villa Urquiza. El contraste entre lo nuevo y lo viejo causa la sensación de estar en dos barrios diferentes a la vez. 

“Cuando vine había solo una confitería, Pindal, en Monroe y Triunvirato, que todavía existe –recuerda Patricia Alberola (65), que vive en el barrio hace más de 50 años–. También había una whiskería en Olazábal y Triunvirato. Yo venía de Belgrano, vivía en la calle Ciudad de la Paz, y dije ‘de la ciudad me vine al campo’. Aún no habían construido en la cuadra, esto no era así (señalando los nuevos edificios sobre Donado y Echeverría), todo este sector era residencial, de casas bajas, muy bonitas, y terrenos amplios. Era una zona donde se cultivaba. Mi abuelo me contaba que antes las casas eran quintas y las calles no estaban asfaltadas, eran de tierra”.

El barrio de Villa Urquiza nació el 2 de octubre de 1887, inicialmente llamado Villa Catalinas, pero en 1901, por una ordenanza de la Municipalidad, adoptó el nombre con el que lo conocemos hoy en homenaje al centenario del nacimiento del general Justo José de Urquiza. Está delimitado por las avenidas De los Constituyentes, La Pampa, Rómulo Naón y Crisólogo Larralde. Dentro del barrio, en los últimos años se ha popularizado el llamado DoHo o “corredor gastronómico”, como le dice otro vecino, Horacio Baruja, quien ironiza: “No se encareció mucho, sino muchísimo”. Y comenta: “De por sí Villa Urquiza ya era uno de los barrios más caros en cuanto a propiedades, alquileres y costo de vida. Hoy estaba hablando con un amigo de Almagro. Allá un kilo de cebolla cuesta 390 pesos y acá está en 450”.

Carmen Troiano, que vive y trabaja en la zona, también considera que se ha encarecido mucho y particularmente el sector del DoHo, que concentra una mayor cantidad de negocios y esto hace que los precios de verdulerías, carnicerías y alimentos en general sea superior en comparación a los que pueden encontrarse diez cuadras más lejos.

Brian Sánchez, dueño de la inmobiliaria Le Brique Propiedades, explica que hay barrios caros y baratos y que esto se define por la accesibilidad del transporte, al subte, disponibilidad de comercios en la zona, tranquilidad y seguridad, espacios verdes. Sin embargo, remarca que el aspecto principal que modifica el valor de un inmueble es la oferta y demanda.

Mauro Sbarbati, miembro de la organización Basta de Demoler, afirma que este desarrollo urbanístico, con acceso a variedad de comercios, se encuadra en la idea de ciudad que nació a raíz de la pandemia. “La ciudad de 15 minutos”, un concepto propuesto por el director de la cátedra de Territorio e Innovación de la Universidad de la Sorbona, Carlos Moreno. Significa que hay un nuevo modelo de ciudad, donde las personas no deben trasladarse más de 15 minutos para conseguir un servicio o cubrir una necesidad: un mismo lugar se pueda vivir, trabajar, abastecerse, recrearse, educarse, tener salud y descansar.

Sobre la calle Holmberg, se observa un tráfico continuo de peatones, ciclistas, gente consumiendo en bares y cafeterías, paseando en autos o simplemente descansando en una silla de concreto en la vereda. Las edificaciones en proceso de construcción incluyen departamentos para vivir –con exclusivas amenities–, oficinas y locales comerciales. También se ve mucha actividad recreativa en espacios que, en el pasado, según cuentan los vecinos, parecían baldíos. Por ejemplo, la Plaza Zapiola, que ha sido renovada, donde disfrutan familias con hijos, parejas con mascotas, grupos de amigos y adultos mayores.

Al transitar por allí, persiste el contraste entre los colores de los comercios y el tono gastado de las fachadas de las casas tradicionales, y a su vez el gris o blanco de los nuevos edificios de estilo minimalista. Cervecerías, restaurantes de comida extranjera, cafés, tiendas de tatuajes, petshops, y entre medio de ellos una ferretería de barrio que se niega a desaparecer. Quedan unas pocas calles empedradas con sus casonas ornamentadas frente al avance de los nuevos edificios. Varias hoy se encuentran en proceso de demolición. 

Pero no es la primera transformación que experimenta el barrio. La más importante la vivió en la última dictadura, cuando el actual DoHo estuvo a punto de convertirse en la Autopista 3. El Plan de Autopistas preveía la construcción de un corredor rápido aéreo que unificara los conurbanos norte y sur: nueve autopistas atravesarían la ciudad. No obstante, solamente dos fueron terminadas: la 25 de Mayo y la Perito Moreno. La fallida Autopista 3 debía ir desde la General Paz, en el barrio de Saavedra, hasta Puente Alsina, en Nueva Pompeya, pasando por Belgrano, Villa Urquiza, Villa Ortúzar, Colegiales, Coghlan, Chacarita, Palermo, Almagro, Villa Crespo, Balvanera y Parque Patricios.

El brigadier Osvaldo Cacciatore, intendente de facto por entonces, inició un proceso de expropiación y demolición de viviendas que se encontraban el trazado de la Autopista 3. Pero el proyecto duró poco debido a los desbordantes costos de ejecución. En ese período se llegaron a demoler todas las viviendas de la zona norte, sin embargo, en Villa Urquiza, Villa Ortúzar, Colegiales y Palermo solo se avanzó en la expropiación, cuyo saldo fue un conjunto de inmuebles desocupados y abandonados, que con el tiempo fueron ocupados ilegalmente.

En 2007, con Mauricio Macri como jefe de Gobierno de la ciudad, se intensificó la política de desalojos y en 2009 la Legislatura porteña sancionó la Ley N° 3.396 que dispuso la creación del nuevo barrio Parque Donado-Holmberg. Hoy, al recorrer sus calles, son omnipresentes los letreros de “Se vende” o “Se alquila”, en diferentes construcciones antiguas, algunas abandonadas con puertas y ventanas bloqueadas con ladrillos.

Para Sbarbati, de Basta de Demoler, “la intervención del DoHo está muy bien, porque lo que se está haciendo es recuperar una zona que estaba abandonada e iba a transformarse en una autopista que atravesaría toda la ciudad”. Sbarbati, arquitecto de profesión, compara el proyecto con el caso de la ciudad de Houston, en Estados Unidos: “En algún momento, Houston fue una ciudad antigua como todas las de América, pero no tenía una regulación urbanística fuerte, y esto posibilitó la construcción de grandes autopistas que hicieron que terminara súper destruida por el autómóvil, contaminada y sin zonas verdes”.

En el DoHo, la “puesta en valor” de los espacios verdes es notoria, al igual que la llegada de nuevos habitantes, la mayoría jóvenes. “Esta plaza era horrible, era todo tierra y la calesita no estaba así. Últimamente está toda verdecita, mejor, más disfrutable”, dice Sandra Acosta, otra vecina, acerca de la Plaza Echeverría. Según Sbarbati, la planificación urbanística de este sector establece que debe dejarse una vereda de 12 metros en el frente y dorso de las nuevas edificaciones, ya que debería ser un corredor de zonas verdes comunes, aunque estos espacios se han convertido en una extensión de los locales comerciales que se encuentran en la planta baja de los edificios. Así y todo, para Sbarbati no está del todo mal, ya que lo considera mejor que una autopista de concreto.

Desde su militancia por la preservación del patrimonio histórico de la ciudad de Buenos Aires, Sbarbati cuestiona la casi nula regulación, lo que conduce a que en muchos casos no se realice un relevamiento adecuado de las zonas que están en la mira del negocio inmobiliario y, en consecuencia, se pierde patrimonio e identidad. “La industria constructora antes que restaurar prefiere demoler inmuebles antiguos sin preservar el valor cultural que esto le aporta a la ciudad”, remarca Sbarbati. 

El aumento en la densidad poblacional, tanto residente como visitante, genera problemáticas que antes no existían, una de ellas es los lugares para estacionar. Los vecinos cuentan que los que existían antes se vendieron y ahora mismo son edificios en proceso de construcción. Actualmente hay solo dos estacionamientos cercanos.

Nelson Rodríguez es venezolano y trabaja en uno de ellos, sobre la calle Acha. Comenta que con la apertura de cervecerías y boliches llegan muchos turistas nacionales y extranjeros. “La zona es muy codiciada. Me dejan papeles ofreciendo comprar el terreno del parqueadero”. Hace más de un año trabaja ahí, y durante ese tiempo ya han comprado varias propiedades de la calle. “Esa casa la compraron, lleva seis meses sola –dice señalando las fachadas–. Esta otra también y van a construir un edificio nuevo. El terreno es inmenso, ocupa casi media cuadra. El que vendió tenía 60 años viviendo ahí”. 

Contra la transformación demoledora

Contra la transformación demoledora

La Red de Organizaciones Barriales realizó una concentración frente al Obelisco para defender el patrimonio urbanísto frente al desarrollo inmobiliario que propone el Gobierno de la Ciudad.

En rechazo al avance de las obras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) sobre espacios verdes, la Red de Organizaciones Barriales (ROB) se movilizó el sábado pasado frente al Obelisco en defensa del ambiente, la identidad barrial y el patrimonio. Reclamó por un freno a la edificación, el libre acceso al río y efectiva participación ciudadana. 

Con el jardín vertical de “BA” de fondo, y al grito de “Parques sí, torres no”, los y las vecinas de los barrios porteños que organizaron “EL 9 EN LA 9” llenaron de pancartas y carteles la plaza del Obelisco. «Basta de especulaciones inmobiliarias» -se podía leer-, «Más cielo, menos cemento», «Basta de demoler patrimonio urbano», «No a los nuevos códigos urbanísticos y de edificación», «No al arroyo artificial en el Parque Saavedra». Además, una reedición del actual flyer del GCBA de «La transformación no para» a «La transformación para turistas y amigos no para de demoler, de mutilar árboles y de matar barrios».

Los motivos de la gran asamblea barrial se concentran en el pedido de un cese a “las políticas urbanas del Gobierno de CABA que están diseñadas desde un concepto mercantil por sobre el del interés público”, expresó el arquitecto Daniel Giglio, integrante del Colectivo Colegiales Participa y Decide. Entre algunas de las líneas de acción  se enumeran la recuperación del Playón de la Estación Colegiales como espacio verde público, libre de edificios sobre su superficie; el rechazo del proyecto de “regeneración” del Arroyo Medrano en el Parque Saavedra; y un freno a “los ilegales proyectos de privatización y ocupación con construcciones de la ribera del Río de la Plata (Costa Salguero, Ciudad Deportiva)”.

La ROB está conformada por más de 30 organizaciones vecinales y ONG. El organismo se creó hace ya un año con el objetivo de lograr una unión coordinada de los barrios que pueda alzar la voz por diversos reclamos en cada uno de ellos y está conformado entre otros por el Colectivo Colegiales Participa y Decide; ¡No A Las Torres! (Parque Chacabuco); Asamblea Villa Pueyrredón; Asociación Vecinos de Bajo Belgrano; Vecinos X Saavedra; Parque de la Estación (Almagro, Balvanera); Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP); Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC); Tierras Ferroviarias Verdes; El Movimiento: La Ciudad Somos Quienes La Habitamos; Basta de Mutilar Nuestros Árboles (BdM); Basta de Demoler (BdD); la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH); Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria (CLIC). 

En diálogo con ANCCOM, la abogada y exconstituyente de la Ciudad, María José Lubertino, trazó un panorama sobre la situación del reclamo acerca de la cuestión ambiental en CABA y expresó que “con la movilización de hoy estamos intentando una articulación porque las luchas no se pueden dar de manera aislada. Esta es una lucha contra el extractivismo urbano en un contexto de cambio climático”. Además, la política agregó que “los problemas que detectamos cuando hicimos la Constitución de la Ciudad hace 20 años se han agudizado y las políticas públicas van en contra de lo que deberíamos hacer para el mejor vivir en la ciudad”.

En la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está instituida la “democracia participativa”. Sin embargo, “lo único que se hace hoy es permitirte votar el nombre de una estación de subte de manera online: eso es una ficción”, afirmó Lubertino. Dentro de los derechos vulnerados, la abogada enumera el derecho a la salud, al espacio verde y público, al ambiente, al patrimonio, la descentralización en las comunas, entre otros.

En la movilización pedían si alguien había traído una Constitución y una vecina sacó la suya de la cartera. “Yo también traje la mía por las dudas”, replicó otra. Los manifestantes hicieron lectura de algunos de sus artículos como el Nº 26 que promulga el ambiente como patrimonio común, el goce de un ambiente sano y su preservación para generaciones presentes y futuras, o el Nº 27 el cual implica que toda acción que suponga un daño en el ambiente debe cesar y conlleva la obligación de recomponer y la garantía de su uso común.

Ana Charrelli, se crió en el espacio verde del Parque Chacabuco hasta que las autopistas lo cortaron por la mitad. De su infancia solo queda un pequeño sector cercado donde hay rosedales, pero las maravillosas fuentes que ella recuerda, con figuras de las que caía el agua desaparecieron, así como los árboles. Hace 40 años se mudó a San Telmo donde formó su familia y crecieron sus hijos. En su cuadra fueron construidas, solo en los últimos cinco años, cinco torres nuevas. El edificio donde ella vive es patrimonio protegido. Hoy reclama por la preservación del casco histórico de su barrio: “Quieren hacer en San Telmo lo mismo que hicieron con Palermo, convirtiéndolo en un polo gastronómico. No entendemos a dónde nos lleva esta ‘transformación que no para’ del GCBA. Destruyen la vida y la identidad del barrio y de los vecinos”. 

El arquitecto Giglio analizó, en diálogo con esta agencia, algunos de los problemas que trae aparejado el Código Urbanístico de la Ciudad aprobado en 2018. Este establece, por ejemplo, que en ciertas zonas no pueden construirse torres. Sin embargo, existen más de 100 excepciones a dicho código que fueron aprobadas por la Legislatura porteña. A partir de ellas, se permite la construcción de torres en zonas antes prohibidas “que el desarrollista inmobiliario paga de acuerdo a su conveniencia”, señaló Giglio. 

 Anteriormente regía el Código de Planeamiento Urbano que “si bien no era perfecto defendía las identidades barriales”. Giglio explicó que, por ejemplo, en un barrio de casas bajas, el código anterior establecía que se construya más o menos en esas mismas condiciones. Además, no permitía construir todo el lote, aseguraba el pulmón de manzana y por sobre todas las cosas regulaba los metros cuadrados construibles en cada parcela. “Ahora no hay un límite y eso aumenta la densidad de edificación, que suma cantidad de viviendas y de habitantes y resta capacidad a la infraestructura urbana, es decir, más agua, más gas y más electricidad, además de menos terreno absorbente y capacidad de asoleamiento. Estos factores implican un decrecimiento enorme en la calidad de vida en la Ciudad de Buenos Aires”, expuso el arquitecto. 

La licenciada en Ciencia Política y diplomada en Derecho Ambiental, Carolina Somoza, explicó en diálogo con ANCCOM las implicancias de la perspectiva de género en las cuestiones ambientales, como por ejemplo los nombres de las calles mayoritariamente masculinos. “Ha sido construido -señala- por varones blancos, clase media, sanos; un lugar del que fuimos excluidas hace mucho tiempo y ahora que empezamos a tomar más la calle vemos problemas no solo en términos de planificación sino de ejecución”. 

Así como lo privado es político, lo público también lo es. “Si el Estado somos todos, nosotras queremos ser parte de esas decisiones. No es que no tengamos ideas ni consciencia, sino que no se nos da el espacio para integrar esa planificación”, agregó Somoza. También hizo mención del rol del cuidado asignado a las mujeres como algo a ser puesto en valor a la hora de planificar el espacio: “Se trata de cómo se piensan los asientos, los baños o los juegos ya que muchas veces somos las mujeres quienes nos hacemos cargo de llevar a los pibes a la plaza”. 

Águeda Lacané, vive hace 34 años en Colegiales. En su momento, disfrutaba de varias manzanas verdes libres al lado de las vías del tren a las que llamaban “zona rural”. Cuando sus hijos eran chicos siempre los llevaba a ese playón de la estación porque, aunque no fuera un parque, era la zona verde que tenía el barrio. De a poco lo fueron cerrando y entregando parcelas a empresas de seguridad o de construcción. El lugar se achicó. Cinco de las nueve parcelas que comprenden el playón fueron vendidas y se encuentran siendo investigadas por la oficina anticorrupción. Las otras cuatro están amparadas por una medida cautelar que impide que se las toque temporalmente. El cartel que está sosteniendo hoy Águeda reza «Todavía estamos a tiempo».

Patrimonicidio

Patrimonicidio

Por Mariana Quaglia

Fotografías: Mariana Chichel y Sofía Barrios

Bajo el sol abrasador de la tarde porteña, más de 50 organizaciones sociales y asambleas vecinales protestaron este sábado frente a la Legislatura para frenar el avance del “patrimonicidio”, que arrasa con el entorno urbano y que prioriza los negocios inmobiliarios antes que la calidad de vida, acompañados de las consignas: “Se va Buenos Aires”, “Más cielo menos cemento”, “Más verde menos cemento”, “Una ciudad sin patrimonio es una ciudad sin futuro”. 

“Toda la gente del barrio debería estar acá. Esto está sucediendo en muchos lugares. Durante la pandemia se hicieron demoliciones silenciosas que no dieron tiempo al reclamo”. Miguel López es vecino de Nuñez y junto a Liliana Grande se concentraban en cortar cinta para pegar una cartulina que reclamaba la protección identitaria de su barrio. Liliana agregó, analítica: “Lo que sucede es que en nuestra comuna la adhesión al gobierno del PRO es muy alta, y oponerse y darse cuenta de lo que está pasando cuesta mucho a una inmensa mayoría”.

En la esquina donde se cruzan Perú y Diagonal Sur, las vallas encierran el edificio de la Legislatura porteña donde cientos de vecinos y vecinas propusieron reunirse. Las inesperadas vallas que impedían estar frente al edificio fueron adornadas con carteles, fotos de los edificios en peligro de extinción (o extintos) por el nuevo Código Urbanístico y con la leyenda “Se va Buenos Aires”. Minutos pasaban de las 16 en una tarde calurosa, y la gente llegaba para encontrarse con sus vecinos, o alguna cara conocida y asumir su lugar en la amplia ronda que se iba quedando sin espacios vacíos. A la espera del inicio de una asamblea a micrófono abierto, con una lista en orden alfabético que ordenaba las intervenciones, se hicieron presentes agrupaciones como Basta de Demoler, Casco Histórico Protege, Tierras Ferroviarias Verdes y el Observatorio del Derecho a la Ciudad. 

La exigencia primordial sostiene la necesidad de un control vecinal sobre los órganos que deciden sobre el patrimonio porteño y la planificación de la Ciudad, como está previsto en el Artículo 1 de la Constitución de CABA y la Ley de Comunas. El nuevo Código Urbanístico amplía los topes de las alturas permitidas para futuras construcciones y abre la puerta de un proceso de «especulación inmobiliaria» de los desarrolladores privados. Como consecuencia, ataca cualquier proyecto de desarrollo sustentable y conspira contra las industrias del turismo y la construcción, ignorando el valor agregado que representan las rehabilitaciones y restauraciones. Sin embargo, lo que se encuentra amenazado no es únicamente la arquitectura, como recurso no renovable, sino la habitabilidad de la ciudad que día a día se vuelve una isla de calor con edificios que la ahogan.

Las campanas de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires marcaron la media hora pasada de las 17 cuando Ana Bas, de Basta de Demoler, una de las primeras organizaciones vecinales que salieron a defender el patrimonio cultural histórico de la Ciudad, tomó el micrófono: 

“Estamos acá organizados, somos más gente de lo que esperábamos, un montón de barrios juntos tratando de que no demuelan Buenos Aires”.

Y llamó a mirar el edificio donde estaban situados, recordando la lucha en favor del patrimonio de la Ciudad del arquitecto José María Peña, cuya mención fue recibida con un elogioso aplauso, quien logró que le cedieran el primer piso del edificio histórico de la farmacia La Estrella, en Defensa y Alsina, una de las esquinas más antiguas de la Ciudad de Buenos Aires, donde está instalado el Museo de la Ciudad. 

Bas recalcó que el Gobierno porteño tiene muchos juicios abiertos por no respetar el patrimonio cultural histórico de la Ciudad, incluyendo hasta “la destrucción de las veredas, los cordones, el adoquinado, los faroles y los edificios que son nuestra memoria”.

La sustitución de piezas patrimoniales por edificios nuevos sin ninguna planificación no es una política urbana sostenible. Desde el punto de vista medioambiental, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se ha comprometido a reducir las emisiones de efectos invernadero al suscribir el Plan de Acción contra el Cambio Climático 2016-2030. Para llegar a cumplir estos compromisos se requiere la revisión de varios de los procesos de la industria de la construcción: desde la huella de carbono del edificio, el uso del agua, la extracción de materiales y la disposición de residuos sólidos son ahora variables muy importantes que considerar para reducir las emisiones y mitigar los efectos del cambio climático. 

“Estamos perdiendo a razón de 7.000 árboles por año en extracciones, 70.000 en poda, de la mano de la falta de conciencia ambiental, de no considerar la preservación como opción. La opción siempre es la eliminación de los ejemplares. Eso significa menos sombra, menos oxígeno, mayores temperaturas y todo lo que ya sabemos que generan los árboles”, explicó a ANCCOM Guillermina Breschi, de Basta de Mutilar, un grupo de ciudadanos que defiende el arbolado urbano y está en contra de su eliminación. Y agregó indignada: “No se hace eco de esto porque los medios tradicionales están del otro lado de esta grieta. Del lado de los negocios inmobiliarios, del lado de los funcionarios que piensan lo patrimonial en términos económicos y nosotros pensamos en el patrimonio en otros términos, en el histórico, en el social, en el identitario.” 

Mientras la lista avanzaba, los vecinos y vecinas con atención escuchaban las intervenciones. Fabio Márquez se presentó con su usuario de Instagram (@paisajeante) y se hizo oír ante la ronda, señalando una cruda verdad. “Cada torre que se construye nos va quitando ese vínculo con el cielo que es el aire, el sol”, dijo. 

Algunas miradas se alzaron al cielo, asumiendo que el paisaje del presente puede esfumarse en un futuro. “Debemos sensibilizar a la población con información como estamos haciendo hoy. Mucha gente nos sigue en redes sociales y se está enterando hoy de lo que estamos contando porque los medios masivos de comunicación no lo cuentan. Cada uno de nosotros acá somos propagadores de este mensaje”. concluyó Márquez.

A las 18, Mauro Sbarbati de Basta de Demoler, propuso a los vecinos y vecinas una idea que fue recibida con vitoreos: dirigirse apenas terminada la asamblea hacia el Museo de la Ciudad, a pocas cuadras, donde se estaría dando inicio a “La Noche de los Museos”, para que “Por fin nos escuchen los medios que nunca nos atienden el teléfono.” Pero antes de “levantar campamento”, Alejo Caivano, referente del Observatorio de la Ciudad, se hizo oír: “Tenemos que utilizar todo aquello que sea un mecanismo legislativo y explotarlo al máximo, y también tenemos que generar herramientas que nos permitan confrontar con este Gobierno pero también encontrarnos con el vecino que tiene la misma problemática.”

En ese marco, algunas de las asociaciones iniciaron una campaña de recolección de firmas en la plataforma Change.org  para que los poderes Ejecutivo y Legislativo «suspenda los efectos del Código Urbanístico, aprobado en el 2018, que permite la destrucción de la identidad de los barrios residenciales de casas bajas e impulsa la sobre construcción en otros barrios ya consolidados».

Con las campanadas de media hora pasadas de las 18, las agrupaciones de vecinos se despidieron de la intersección donde se desarolló la asamblea para moverse hacia Defensa y Alsina, al canto de “Demoliendo Hoteles” por Charly García. Al llegar allí, se encontraron con la gente que hacía fila para entrar al museo y alegando que venían en son de paz se pusieron en ronda dando una última intervención de la mano de Ana Bas: “Estamos por quedarnos sin historia y obviamente que saben que un pueblo sin memoria, es un pueblo sin futuro.”

Las manos sobre la ciudad

Las manos sobre la ciudad

En la Ciudad de Buenos Aires, el patrimonio histórico se vende al mejor postor. Edificios coloniales, neocoloniales y neoclásicos, art decó y art nouveau, con figuras ornamentales, monumentos y farolas, empedrados y árboles añosos que favorecen la absorción de agua, todo el eclecticismo arquitectónico que combina elementos de épocas diversas e identifica a los distintos barrios porteños, son intervenidos, mutilados y destruidos. Para “la inmobiliaria de Larreta”, el negocio es prioridad.

«La calidad del aire está empeorando», afirma María Neira, directora del Departamento de Salud Pública, Medio Ambiente y Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según la especialista, «los niveles de contaminación del aire suelen ser bajos en las ciudades bien planificadas que cuentan con buenos sistemas de transporte, calles transitables por peatones y amplios espacios verdes que lo purifican». El hormigón y el asfalto no ayudan.

Recursos no renovables y un patrimonio irrecuperable pasan del deterioro a la destrucción bajo el impulso de una gestión centrada en el desarrollo inmobiliario, un mercado multimillonario que confirma, negocio tras negocio, el vínculo entre el oficialismo porteño y los grupos de inversión. Prueba de ello es el proyecto de privatización de Costanera Norte para la construcción de inmuebles de lujo, por ahora frenado por un fallo judicial luego del rechazo unánime y las movilizaciones de la ciudadanía y las organizaciones sociales.

Basta de Demoler, asociación que defiende el patrimonio arquitectónico, solicitó a la Jefatura de Gabinete y a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el listado de inmuebles resguardados en el marco de la Ley N° 3056 así como los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo porteño y su vigencia, para la efectiva protección patrimonial de 18.195 edificios históricos. Los pedidos de información fueron dirigidos al vicepresidente primero de la Legislatura, Agustín Forchieri, a Victoria Roldán Méndez, María Cecilia Ferrero y Roy Cortina, que encabezan las comisiones de Planeamiento Urbano, de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico y de Cultura respectivamente. El principal responsable de garantizar la normativa es el bloque oficialista de Vamos Juntos, que cuenta con mayoría y aprueba los proyectos pro mercado inmobiliario que presenta Rodríguez Larreta. Por caso, la construcción de hasta 11 torres en el pulmón verde conocido como La Isla de La Paternal, votado en 2019 y resistido desde entonces por la comunidad vecinal.

Carlos Gardel 3157. Ciudad de Buenos Aires

Frente a la petición, la Comisión de Planeamiento giró datos sobre los expedientes ingresados entre 2009 y 2017 para la catalogación de inmuebles. De 30 legajos, 12 de ellos han caducado y 17 sí fueron sancionados para catalogar como inmuebles pasibles de protección cautelar y estructural, pero también para descatalogar otros de acuerdo al Código de Planeamiento Urbano vigente. Su última reforma, realizada en 2020, habilita diversos grados de intervención en los edificios según el tipo de protección y establece que no se podrán catalogar los ubicados en vías sujetas a ensanche o apertura.

Cuando se demuele y se planifica una nueva construcción, ¿se contempla la infraestructura disponible, las necesidades del lugar de emplazamiento, los espacios verdes de los que dispone la población? Los y las legisladoras no dan respuestas. Roldán Méndez en un principio aceptó contestar las preguntas de ANCCOM, pero más tarde se desdijo. La comisión que preside dictamina sobre todo asunto o proyecto vinculado con el Código de Planeamiento, la zonificación urbana, la preservación del patrimonio, el planeamiento participativo, la fiscalización de obras particulares, el catastro, el Código de Edificación y el Plan Urbano Ambiental.

La Comisión de Patrimonio respondió a Basta de Demoler que sólo se han catalogado de forma definitiva los inmuebles de las Comunas 1 y 2, en tanto que de la 3 a la 15 únicamente el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales ha realizado una evaluación. La Jefatura de Gabinete detalló los proyectos aprobados entre 2008 y 2014, empero, de los casos elevados catalogaron menos inmuebles. Por ejemplo, de un proyecto que incluía 507 edificios, la Ciudad catalogó sólo 395 con la justificación de que algunos ya lo estaban, aunque admiten que otros se desestimaron.

De los más de 140 mil inmuebles relevados por un convenio entre la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA y el Ministerio de Desarrollo Urbano, de los cuales la DGIUR seleccionó 18.195, sólo catalogaron por ley los de las Comunas 1 y 2, tal como informó la comisión que preside la legisladora Ferrero. Sobre el resto, aducen que fueron incorporados al catálogo “mediante varias resoluciones”, pero aclaran: “El estado de tramitación administrativa de dichos inmuebles es variable y dinámico, ya que pueden estar catalogados ‘en firme’ mediante la sanción de una ley, o bien, encontrarse en alguna de las distintas instancias administrativas previas, en cuyo caso aún la protección patrimonial está en trámite”.

Desde la Jefatura de Gabinete afirmaron que en su base de datos ya no cuentan con la cifra original a ser protegida. Hoy tienen registrados 16.831 inmuebles tanto de Áreas de Protección Histórica como singulares. Es decir que 1.364 edificios de valor patrimonial anteriores a 1941 ya no figuran siquiera para ser conservados.

Como consecuencia de la defensa activa que vecinos y vecinas hacen de su entorno, la Comisión de Patrimonio produjo un resumen del universo de inmuebles protegidos a partir del análisis del sitio web “Base Área de Protección Histórica”. Allí aparecen 151.512 edificaciones, desde parroquias hasta estaciones de tren, de las cuales 134.175 categorizan su protección como desestimada. Es decir que casi el 90 por ciento no cuentan con ninguna protección y de las 17.337 restantes que sí tienen, 4.171 figuran en el Catálogo Preventivo. Sobre esos edificios quedan permitidas las obras e intervenciones y si el proyecto de ley pierde estado parlamentario, la catalogación queda sin efecto.

 

Millones de dólares

Pero, ¿cuánto valen estos inmuebles vendidos como lotes vacíos? ¿Cuánto se gana demoliendo? Recientemente, la diputada nacional Paula Penacca, la legisladora porteña Lorena Pokoik, el miembro de la Junta Comunal 15 Leonardo Lucchese y la Asociación Civil Abogados para el Desarrollo Comunitario (ADEC), denunciaron judicialmente el remate de un edificio público en Villa Crespo, que fue frenado por una medida cautelar. Construido antes de 1941, formó parte del inventario patrimonial pero fue desestimado y hoy cualquiera puede observar cómo arrasaron con su estructura. Declarado ocioso, aunque allí funciona una base operativa del Ministerio de Seguridad porteño, el Gobierno de la Ciudad pretendía rematarlo, pese a que la comunidad del barrio había propuesto la construcción en ese espacio de un jardín maternal. Ignorando este reclamo que viene de 2012 e incluyó la presentación de proyectos de ley al respecto, el Ejecutivo de Rodríguez Larreta insiste en subastarlo a un precio base de 2,8 millones de dólares, una cifra que para un emprendimiento inmobiliario podría ascender a 29 millones como resultado de la inversión, según afirmaron en la denuncia.

El destino de la Casa Pantano ilustra la deriva del patrimonio porteño. A metros del histórico Mercado de Abasto, desde los 90 un centro comercial, figura en la base de datos del GCBA con “Protección Cautelar en Catálogo Preventivo”. En una foto del registro oficial tomada en 2005 se lo ve con su fachada aparentemente original, pero en estado de deterioro y con unos puntales improvisados sobre los balcones a punto de caerse. Una captura de imágenes posterior de Google Maps, de febrero de 2019, muestra algunas transformaciones que parecieron recuperarlo, pero ya aparece el cartel del desarrollo que se avecinaba. Hoy el emprendimiento está publicado en ZonaProp bajo el nombre Palacio Carlos Gardel, en etapa de construcción, con altura en siete pisos, igualando la de los edificios vecinos. Se trata de 22 unidades que pueden llegar a costar desde 80 mil hasta 165 mil dólares.

En una reunión con legisladoras de la oposición, el colaborador de Basta de Demoler Mauro Sbarbati remarcó la necesidad de revisar y auditar los documentos en respuesta al pedido de información por las incongruencias que presentan. En 2014, el GCBA demandó a la organización por 24 millones de pesos luego de que presentara un amparo que detuvo las obras de la Plaza Alvear relacionadas con el trazado de una nueva estación del subte. Con este antecedente, Basta de Demoler busca hacerse oír sin amedrentamientos y apoya una campaña para expropiar dos lotes del centro para hacer plazas. “En ambos casos la justicia nos dio la razón. Como el ‘Plan Ciudad Verde’ que firman para comprometerse a luchar contra el cambio climático tiene contemplada la construcción de 78 nuevas plazas para enfrentar el déficit de espacios verdes, pedimos que esos dos lotes, el de al lado de Santa Catalina de Siena y el de la Casa Benoit, sean protegidos”, afirma Sbarbati.

La Casa Benoit comprendía dos edificios, uno de ellos demolido en 1978 y el otro ilegalmente en 2008, ya que tenía protección cautelar, situación que dejó ese lote privado inhabilitado por diez años y donde, junto a otro lindero de uso público, ha funcionado un estacionamiento. En 2018, vecinos y vecinas de San Telmo y Monserrat integrantes de Casco Histórico Protege presentaron el proyecto de ley para que sea una realidad la plaza Benoit en la esquina de Avenida Independencia y Bolívar. Aunque perdió estado parlamentario en 2020, volvió a presentarse con la solicitud de declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación los lotes y con la propuesta de conformar una mesa de trabajo para el diseño y gestión del futuro espacio. El objetivo es restaurar simbólicamente el patrimonio tangible irrecuperable que significó la Casa de los arquitectos Benoit y convertirlo en un sitio de esparcimiento público en una zona con uno de los peores índices de la ciudad en cobertura vegetal y arbolado, según sostienen desde Basta de Demoler.

En el barrio de Retiro, con una arquitectura de la época colonial, se encuentra el Monasterio de Santa Catalina de Siena, fundado en 1745, cuya manzana fue declarada Área de Protección Histórica al mismo tiempo que el GCBA autorizaba la construcción de una torre de 18 pisos en el terreno lindante, lo cual ponía en riesgo el conjunto y su entorno. Basta de Demoler presentó un amparo y, en 2016, luego de cinco años de disputa legal, el Poder Judicial declaró nulo el permiso de edificación por considerar que se omitieron las instancias de consulta previstas y destacando el daño irreversible que la obra produciría en el Monasterio, proclamado Monumento Histórico Nacional a mediados del siglo pasado. En ese lote, Basta de Demoler propone crear una plaza forestada que brinde un pulmón verde en los alrededores del corredor histórico, donde el porcentaje de espacios verdes es muy bajo.

 

“No se recupera más”

En la intersección de Defensa y Avenida Brasil, el adoquinado característico y las vías del tranvía fueron extraídos y reemplazados por asfalto en 2018. Esta práctica se observa año tras año. A fines de abril, miembros de la Junta Comunal N° 6 denunciaron la extracción del granito original en zonas aledañas a instituciones educativas y hogares de adultos mayores. Solicitaron al secretario general de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural, Ricardo Pinal Villanueva, y al director del Ente de Mantenimiento Urbano, Gastón Celerier, cuidar el patrimonio de la ciudad y participar como Comuna en la definición del catálogo de calles con adoquinado granítico, consideradas Patrimonio Cultural de los espacios públicos, de acuerdo a la Ley 4806.

Casco Histórico Protege denuncia la reciente nivelación de la calle Defensa entre Plaza de Mayo y Moreno, con la consecuente pérdida del adoquinado característico en un Área de Protección Histórica. Paradójicamente, esta obra de 39 millones de pesos se realiza en el marco del Plan Integral de Puesta en Valor del Casco Histórico y del Plan 50 Destinos que tiene a cargo la renovación del Museo de la Ciudad con fondos de Nación. Integrantes de la organización de vecinos comentan que la última obra en la zona fue en 2008, donde se levantaron los adoquinados y se hizo a nuevo la losa de hormigón y el sistema de drenaje. ¿Cómo se explica la poca duración del readoquinado? Según ellos, no hay criterios de sustentabilidad y se impermeabiliza por completo la superficie, así como tampoco se respetan los lineamientos del Plan de Manejo del Casco Histórico.

Esta asociación, que trabajan desde hace tiempo, se consolidó en 2018 con el reclamo por la construcción del edificio Astor San Telmo que violaba la normativa vigente del Casco Histórico con respecto a las alturas. Luego del amparo que presentó, junto con Basta de Demoler y el Observatorio del Derecho a la Ciudad para detener la obra, obtuvieron un fallo positivo que les dio la razón, dispuso la paralización y ordenó reformular el proyecto edilicio. “Continuamente hay una flexibilización de los controles y un cambio en la normativa que va favoreciendo las construcciones, demoliendo o quitándole el carácter patrimonial a los edificios”, explican desde el colectivo. Y sobre los adoquines, señalan: “La problemática en los barrios y en el Casco Histórico es diferente, la lucha en los barrios es para que no los tapen con asfalto. Acá están haciendo un proceso de readoquinado o, en el caso de la nivelación, el reemplazo de adoquinado por granitullo. Lo que sucede es que todos los trabajos son defectuosos y al poco tiempo se terminan rompiendo. Hay adoquinados centenarios que, si bien gastados, están perfectos”.

Para Casco Histórico Protege, el desconocimiento de lo que implica el patrimonio y las decisiones arbitrarias que niegan la historia de los barrios sólo se explican por la especulación inmobiliaria y resultan en hechos irreversibles. El Plan de Manejo del Casco Histórico, cuyo propósito es revalorizar el patrimonio construido, tiene una actualización de 2015 –que sigue vigente– en la que se explican con claridad estas cuestiones. Sin embargo, desde la agrupación denuncian que ese documento ha sido borrado de todo registro oficial. “Llegan funcionarios nuevos y a criterio de cada uno van modificando, haciendo y deshaciendo. Ellos pasan, pero el Casco Histórico queda. El patrimonio que se pierde no se recupera más. Le damos la bienvenida a los cambios, porque todo es dinámico, no queremos que el barrio quede como un museo congelado, hay muchas cosas por hacer, pero que vayan con su carácter y su esencia”, reclaman.