“Esta gente solo tiene lealtad con el dinero”

“Esta gente solo tiene lealtad con el dinero”

Como cada jueves, desde hace dos años y medio cuando comenzó el juicio por encubrimiento del atentado a la AMIA -el 6 de agosto de 2015-, asistieron a la última audiencia familiares y amigos de víctimas, e integrantes de las querellas. Entre ellos estaba Diana Malamud, referente de la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas Memoria Activa, quien perdió a su marido Andrés aquella mañana del 18 de julio de 1994, cuando una bomba explotó en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

A casi 24 años del peor atentado terrorista cometido en suelo argentino, pocas son las certezas de lo que ocurrió ese día en que el edificio la calle Pasteur al 633, en el barrio porteño de Once, cuando quedó reducido a una pila de escombros, humo y cenizas tras una explosión que le arrebató la vida a 85 personas. Hasta el día de hoy, los autores materiales de la masacre continúan libres luego de que el juicio por el atentado, en el que 22 ciudadanos argentinos fueron acusados por complicidad finalizaran, en septiembre de 2004 todos absueltos. Los imputados habían sido señalados como la “conexión interna” que, según la principal hipótesis, habría colaborado con funcionarios del gobierno iraní y un miembro operativo libanés del Hezbollah para ejecutar el ataque. Una investigación plagada de irregularidades, tanto por parte de las fuerzas policiales como de los servicios de inteligencia, así como el accionar de las propias autoridades judiciales del caso fueron los causantes de que el juicio fuera declarado nulo, de que los criminales nunca fueran identificados, y de que el atentado aún permanezca impune.

Daiana Malamud posando frente a un mural con un pájaro verde detrás

Daiana Malamud sigue reclamando verdad y justicia por la muerte de su marido en el atentado a la AMIA.

Ahora, aquellos encubridores deben rendir cuentas por su repudiable proceder durante el transcurso de la causa AMIA, en un nuevo juicio que tiene en el banquillo de los acusados a Juan José Galeano, ex juez instructor de la causa; los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia; el ex titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy, junto con otros integrantes de los Servicios de Inteligencia, el ex agente Patricio Finnen y el ex subsecretario Juan Anchezar; el ex comisario Jorge «Fino» Palacios y el ex policía Carlos Castañeda; el ex presidente de la DAIA, Rubén Beraja; el ex Presidente de la Nación, Carlos Menem. Carlos Telledín, último propietario de la Trafic en cuyo interior se hallaría la bomba, su esposa Ana Boragni y su ex abogado Víctor Stinfale, completan la lista de los acusados.

Memoria Activa es una de las 31 querellas reunidas en seis cabezas de querella que participan en el juicio por encubrimiento junto con las asociaciones de familiares 18J y Apemia, la Dirigencia comunitaria judía AMIA – DAIA, Policías Bonaerenses y la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que representa al Estado Argentino. Todos ellos buscan que los autores del atroz crimen, así como los funcionarios que los encubrieron, sean juzgados.

O por lo menos eso es lo que parecía al principio. A contracorriente del resto de los querellantes, la Unidad AMIA –que ya había pedido la absolución del ex Comisario Palacios- decidió en su alegato no solicitar penas para los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, quienes aparentemente tendrían vínculos cercanos con el Ministro de Justicia, Germán Garavano. El alegato fue anunciado por el abogado Juan José Console, recientemente elegido para que represente al Estado en reemplazo de Enrique Ventos (desplazado aparentemente por no estar de acuerdo con librar de penas a los fiscales imputados). Console había sostenido en relación a la culpabilidad de Mullen y Barbaccia: “No se ha podido arribar a una plena convicción de su participación en los hechos”.

Pero aun cuando el polémico abogado fue apartado del caso por el Tribunal Oral Federal Nº 2 en la última audiencia con el argumento de que su participación en el juicio “resulta incompatible” con el cargo que ocupa en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, los jueces Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel dieron igualmente por válido el alegato presentado por la querella del Ministerio de Justicia, al que se oponen las demás querellas, y que generó repudio y malestar entre los familiares de las víctimas.

Tras el cuarto intermedio de la etapa de alegatos, Diana Malamud dialogó  con  ANCCOM para comentar los avances –o más bien, los retrocesos- del juicio por encubrimiento.

Los jueces del TOF 2 finalmente decidieron apartar a José Console, abogado de Unidad AMIA designado por el Gobierno. ¿Memoria Activa está satisfecha con esa decisión?

A medias en realidad, porque concretamente estaba inhabilitado, eso era obvio, y no debió haber presentado el alegato. El tema es que para nosotros tampoco era válido el alegato que presentaron, ya que hubo una denuncia de los demás abogados de que eso no constituía lo que pensaba la querella. Pero esa es una decisión del tribunal.

¿Qué repercusión tiene para ustedes como querellantes y familiares de víctimas el hecho de que quienes fueron asignados para investigar el atentado contra la AMIA sean juzgados por encubrimiento?

Es difícil, porque es como el mundo del revés. Uno confiaba en estas personas -tanto el ex juez Galeano como los ex fiscales Mullen y Barbaccia, los miembros de los Servicios de Inteligencia y de la Policía- que eran los que tenían que investigar, y en cambio nos mintieron, encubrieron a los perpetradores, e hicieron todo tipo de maniobras delictivas para hacer negocios y para que nosotros nunca tengamos verdad ni justicia. De hecho, son los culpables de que a tantos años del asesinato de nuestros familiares todavía no tengamos nada. Ni siquiera sabemos bien qué sucedió ese día. Pero por lo menos los encubridores están siendo juzgados y esperamos que haya condenas firmes y duras para ellos.

¿Y qué significa para ustedes que entre los acusados estén Rubén Beraja, ex presidente de la DAIA, e importantes figuras políticas como el ex Presidente Carlos Menem y el ex titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy, entre otros?

Eso habla de hasta dónde llegó esto, de todo lo que son capaces de hacer porque tienen el poder y en definitiva de lo poco que les interesa la gente. Muchas veces se llenan la boca de que gobiernan y hacen las cosas para los ciudadanos, pero en estas cosas uno se da cuenta de que no es así, sino que tienen otros intereses. Y lo que aprendí en estos años es que, generalmente, estos intereses están atados al tema dinero y no a otra cosa, ni siquiera a otro tipo de lealtades. Esta gente solo tiene lealtad con el dinero.

¿Por qué creen que la querella que representa al Estado no solicitó penas para los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia?

Fundamentalmente porque Mullen y Barbaccia son amigos del Ministro de Justicia, Germán Garavano. Esta decisión tiene que ver con la relación de los ex fiscales con Garavano y vaya a saber qué otras cosas que uno desconoce.

¿Cree que desde el Ministerio de Justicia se busca lograr la impunidad para los acusados?

Por lo menos para Mullen y Barbaccia sí, absolutamente. Esto ni siquiera se ha escondido, lo han hecho público.

El año pasado, a raíz de la renuncia de dos abogados de la Unidad AMIA –querella del Estado-, Memoria Activa publicó una carta abierta al Presidente Mauricio Macri en la que sostenía: «Lo que se busca desde el gobierno es encubrir a los encubridores que están siendo juzgados desde agosto de 2015».

Así es, y esto viene a ser como la frutilla del postre. Lo que acaban de hacer es muy vergonzoso. La verdad es que uno piensa: «Si el Ministro de Justicia hace eso, ¿qué nos queda a los argentinos?» Es algo muy tremendo y muy doloroso, porque uno piensa que pueden hacer cualquier cosa solamente porque uno es ministro de tal cosa o tal otra, o pertenece a este Gobierno. Pero las cosas no son eternas y este juicio precisamente demuestra eso, que quienes acusaban en ese momento ahora están en el banquillo de los acusados.

Daiana Malamud casi de perfil mirando hacia adelante.

Daiana cree que desde el Gobierno están encubriendo a dos ex fiscales por su vínculo cercano al ministro Garavano.

¿Qué estrategia tienen para evitar que en este juicio se cometan las mismas irregularidades que hicieron que el juicio por el atentado fuera declarado nulo?

La única estrategia que tenemos nosotros es la lucha que siempre hemos hecho, la denuncia constante y tratar de que se haga justicia y de que tengamos algo de verdad. Es nuestro único interés. Y esta ha sido nuestra estrategia, tener claro siempre qué es lo que queremos, y lo que queremos es justicia para nuestros familiares.

¿Cuál cree que será el resultado final del juicio?

Tenemos la esperanza de que haya condenas para todos, y condenas duras, efectivas y ejemplificadoras. Que quede claro que no porque alguien haya sido juez o tenga un puesto en el Gobierno pueda hacer cualquier cosa. Sería educativo, de alguna manera, además de que delinquieron. Cometieron un montón de actos que el Código Penal marca como delitos, y eso es punible. Esperamos que el Tribunal los condene a todos.

¿Teme que la causa por encubrimiento del atentado pueda terminar con todos o algunos de los acusados impunes, como ocurrió en el juicio por el atentado?

Uno siempre tiene miedo, pero la realidad es que nosotros hacemos lo que pensamos que tenemos que hacer. Iremos a la Cámara en protesta si eso ocurre e iremos a otras instancias. Ojalá eso no pase.

A casi 24 años del atentado, ¿tiene expectativas de que los autores del crimen sean juzgados?

En lo personal, no. Creo que si de algo son culpables todos estos delincuentes que están siendo juzgados hoy es precisamente de haber impedido eso, de habernos alejado de la posibilidad de que los verdaderos autores del crimen, los que pusieron la bomba y mataron a mi marido y a otras 84 personas algún día estén entre rejas. Yo, a esta altura, lo veo imposible.

¿Cree que es posible llevar a cabo un nuevo juicio por el atentado?

No hay contra quién iniciar un nuevo juicio porque no existen pruebas. No hay nada, no sabemos nada. Es una causa vacía. Y después de tantos años, es muy difícil empezar una investigación. Esto es consecuencia de la mala investigación que hicieron en primera instancia. Cada año que pasó nos alejó más de la posibilidad de obtener verdad y justicia.

¿Cómo piensan seguir adelante una vez que finalice el juicio por encubrimiento?

Nosotros tenemos todavía la causa abierta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y seguimos denunciando todo tipo de maniobras de encubrimiento que siguen ocurriendo. Y seguimos con la expectativa de que la Unidad Fiscal que ahora está a cargo va a seguir trabajando, que se pueda llegar a algo y se puedan realmente desclasificar toda la información que hoy está clasificada y que aún no pudimos ver. Vamos a ver qué pasa. Ya son muchos años, casi 24 años. Yo creo que ya es casi imposible descubrir la verdad, lamentablemente.

 

La última oportunidad en la causa AMIA

La última oportunidad en la causa AMIA

A casi tres años del comienzo del juicio por encubrimiento del atentado a la AMIA, el proceso judicial iniciado en agosto de 2015 está cada vez más cerca de la sentencia final. Una vez terminados los alegatos de las seis querellas y de las defensas de los 13 imputados, que se extenderían hasta el mes de junio aproximadamente, se conocerá finalmente el fallo del Tribunal Oral Federal Nº 2, integrado los jueces Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel. Unos pocos meses para saber si las víctimas de uno de los peores atentados terroristas cometidos en nuestro país recibirán algo de justicia luego de más de dos décadas de impunidad.

El reloj que marca las 9.53, la hora exacta de la explosión.

En la audiencia de esta semana tuvo lugar la presentación del alegato final de la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas Memoria Activa, a cargo del abogado Rodrigo Borda. Esta asociación representa a las familias de algunas de las 85 víctimas que en la mañana del 18 de julio de 1994 perdieron la vida cuando una bomba explotó en la Asociación Mutual Israelita Argentina. Entre ellos estaba Andrés Malamud, un arquitecto de 37 años, casado con Diana (una de las principales referentes de Memoria Activa) y padre de dos hijas que, al momento de perder a su padre, tenían apenas cinco y dos años. Ese día también falleció Noemí Reisfeld, una joven asistente social que aquella mañana, a pesar de que debía tener el día libre, acudió a su lugar de trabajo para reemplazar a una compañera. Por su parte, Norma Lew, que era jefa del servicio social de la AMIA y quien más tarde se convertiría en la primera presidenta de Memoria Activa, fue rescatada con vida de entre los escombros del edificio, pero sus lesiones eran tan graves que una fotografía suya -tomada cuando era sacada en camilla- fue publicada en un periódico como la imagen de una persona fallecida. Su hijo Agustín, de 21 años, que aquel día había ido a acompañar a su madre al trabajo, no sobrevivió.

“Todos ellos, Andrés, Noemí, Agustín y Norma, fueron víctimas directas de ese atentado terrorista, al igual que las otras 82 personas que fallecieron y las que integran la larga lista de lesionados, que supera la centena”, manifestó Borda al iniciar su alegato. “Las personas que yo represento en este juicio, al igual que el resto de los familiares, también son víctimas directas del atentado a la AMIA, porque ese atentado les provocó un enorme daño personal y les marcó la vida para siempre, porque perdieron a un marido, a un padre, a una hermana, a un hijo.” Y agregó:Pero a las personas que represento en este juicio no solo las damnificó el atentado a la AMIA, no solo son víctimas del atentado terrorista. También son víctimas de la impunidad, de la falta de verdad y de la falta de justicia. La respuesta infame del Estado argentino, luego del atentado, constituye una verdadera tragedia institucional”.

La consigna de siempre: Justicia y memoria.

A su vez, el abogado querellante también refutó el argumento invocado por algunos de los imputados, que atribuyeron las irregularidades cometidas durante la investigación a la falta de preparación, escaso conocimiento sobre terrorismo y falta de recursos para investigar, justificando su accionar como “inexperiencia” y no como encubrimiento. Al respecto, Borda especificó: “A ninguno de los imputados en este juicio se les acusa de ser negligentes o de haber actuado por desidia. La participación que les atribuimos en las maniobras de encubrimiento y desvío de la investigación del atentado a la AMIA fue una participación dolosa. Los acusamos por cosas que hicieron de manera intencional para impedir que las víctimas puedan obtener verdad y justicia”.

Los 13 imputados en la causa son Juan José Galeano, ex juez instructor de la causa; los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia; el ex titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy, el ex agente Patricio Finnen y el ex subsecretario Juan Anchezar, ambos de los Servicios de Inteligencia; el ex comisario Jorge «Fino» Palacios y el ex policía Carlos Castañeda; el ex presidente de la DAIA, Rubén Beraja; el ex Presidente de la Nación, Carlos Menem; Carlos Telleldín, último propietario conocido de la Trafic en cuyo interior se hallaría la bomba, su esposa Ana Boragni y su ex abogado Víctor Stinfale. Los hechos por los que se los juzga incluyen el pago a Telleldín de 400.000 dólares para que diera una declaración falsa ante la justicia, y el abandono deliberado de la investigación sobre el ciudadano de origen sirio Alberto Kanoore Edul, quien tenía vínculos con la familia Menem. Según Borda, todos los acusados actuaron de manera intencional para encubrir a los autores de la explosión y permitir que el atentado permanezca impune.  “Las personas acusadas en este juicio han privado de la verdad y de justicia a las personas que represento, y el daño ocasionado a la búsqueda de verdad y justicia ha sido tan grande que cabe pensar que a esta altura, a casi 24 años del atentado, puede ser irreparable”, aseguró Borda.

Foto del 18 de Julio 2017, en el aniversario número 23 del atentado a la AMIA.

A diferencia de la querella que representa al Estado Argentino, Unidad AMIA (recientemente disuelta), que al presentar su alegato decidió no solicitar penas para los ex fiscales Mullen y Barbaccia, Borda ratificó la intención de Memoria Activa de buscar la condena de todos los acusados. “Los vamos a acusar a todos, vamos a pedir condena para todos. Tenemos la convicción de que son todos culpables. Pediremos penas acordes con la magnitud del perjuicio personal e institucional que han causado. Todos ellos son responsables de la impunidad del atentado a la AMIA”, afirmó.

Respecto a este punto, el abogado citó las declaraciones Mario Cimadevilla, ex titular de la Unidad AMIA -recientemente removido y reemplazado por el subsecretario de Memoria, Verdad y Justicia, Mariano Fridman-, quien acusó al Ministro de Justicia Germán Garavano de haber solicitado, “por amiguismo”, que no se acusara a los ex fiscales. El argumento planteado por Unidad AMIA para no imputar a los ex fiscales no tiene que ver con “amiguismo”, sino con la preocupación de que acusar a Mullen y a Barbaccia supondría voltear las alertas rojas contra los iraníes, un planteo al cual el abogado calificó como “un argumento hipócrita y absurdo”.

Sobre este punto, Borda expresó en diálogo con ANCCOM: “Es lo mismo que se decía del ex juez Galeano durante el gobierno de Menem, que no se lo podía cuestionar porque si no se caía la causa. Es un argumento hipócrita porque intenta ocultar las verdaderas razones por las cuales piden la absolución de estos dos personajes, que es lo que dice Cimadevilla, el «amiguismo».

Los nombres de las 85 personas fallecidas, sobre el mural de la calle Pasteur.

Respecto a la continuidad del caso, Borda manifestó: “Va a haber un nuevo juicio contra Telleldín. Sin duda, el resultado de este juicio va a tener un efecto en reconstituir o no la imagen del Estado en la institucionalidad de la Causa AMIA. Eso es lo que está en juego en este juicio, si la palabra del Estado en sus distintas agencias va a ser creíble, o no, para poder determinar la verdad y lograr justicia en la causa por el atentado. Porque lo que hicieron estas personas puso en crisis la confianza en la justicia por parte de la ciudadanía, y fundamentalmente de las víctimas. Este juicio es la oportunidad que tienen los jueces de reconstruir la confianza de la sociedad en las instituciones”.

La querella de Memoria Activa continuará con la exposición de su alegato en la próxima audiencia, que se llevará a cabo este jueves 15 a partir de las 10 de la mañana en los tribunales de Comodoro Py.

Los familiares de las víctimas viven este proceso con expectativa, pero también con mucho dolor. Son casi 24 años de impunidad, concluyó Borda. “No vemos muchos cambios institucionalmente y hay un enorme retroceso con este tipo de planteos del Ministerio de Justicia. Acaban de disolver la Unidad AMIA y la pusieron a cargo de un funcionario que fue uno de los abogados que participó en las maniobras de encubrimiento, Mariano Fridman. Es muy grave y es muy doloroso para los familiares, pero aun así hay expectativas que no tienen que ver con la fe, sino con la convicción de que si no hay una respuesta institucional, no solo no hay destino para la Causa AMIA, sino que no hay destino para nuestra sociedad como país”.