Violando la normativa internacional, las fuerzas federales allanaron el domicilio de los Villalba, acusados por el Estado paraguayo. Mientras se realizaba una conferencia de prensa para denunciar la situación, los dejaron en libertad.

Durante la madrugada del viernes 12 de abril, se llevaron a cabo múltiples allanamientos de forma simultánea en los hogares de los miembros de la familia Villalba. Estos operativos fueron ejecutados con un despliegue de las fuerzas federales en las residencias de José, Rosa y Myriam Villalba, ubicadas en diferentes áreas del Gran Buenos Aires. Todos los integrantes de la familia cuentan con el estatus de refugiados, otorgado por la CONARE (Comisión Nacional para los Refugiados), y poseen documentos de identidad argentinos. A pesar de esto, Myriam, Rosa y Tania Villalba fueron detenidas con fines de extradición a solicitud del Estado Paraguayo, según lo dispuesto por el juez federal Julián Ercolini.

La familia Villalba ha sido objetivo del Estado paraguayo. En 2019, a través de una unidad militar especializada conocida como las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC), creada para enfrentar grupos armados insurgentes, llevó a cabo un asalto a un campamento del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). En dicho asalto, fueron capturadas, torturadas y ejecutadas las niñas María Carmen y Lilian Mariana Villalba, para luego ser disfrazadas como guerrilleras con el objetivo que el presidente paraguayo de ese momento, Mario Abdo Benítez, pudiera fotografiarse victorioso. Tras ese operativo, también desapareció Carmen Elizabeth «Lichita» Villalba, de quien no se sabe nada desde el 30 de noviembre de 2019. Entre las allanadas el viernes se encuentran Anita y Tania Villalba, ambas sobrevivientes de la cacería librada por el Estado Paraguayo. Anita, además, es melliza de “Lichita”.

Tanto Laura Villalba –presa en Paraguay, acusada de violación del deber de cuidado, educación y violencia familiar” y por “asociación terrorista, tentativa de homicidio y portación de armas de guerra”– como Myriam Villalba, son las mamás de las dos niñas asesinadas. Cuando se produjo el allanamiento, Myriam estaba al cuidado de sus nueve niños, cuyos derecho fueron vulnerados por los uniformados hasta que fueron puestos a resguardo en la ONG Pelota de Trapo. Tania también tiene una bebé de un año y medio. La Gremial de Abogados y Abogadas hizo las gestiones judiciales e internacionales a fin de hacer cesar la detención e intentar hacer valer el refugio de toda la familia Villalba en el proceso de extradición que Paraguay pretende.

Ayer, a las 18:00 horas, se llevó a cabo una conferencia de prensa virtual –de la que participaron unas 90 personas, entre ellas los activistas de derechos humanos Adolfo Pérez Esquivel y María Elena Naddeo– con el propósito de informar sobre la detención de Myriam, Rosa y Tania, y coordinar acciones para su liberación. Gustavo Franquet, perteneciente a la Gremial y abogado de la familia Villalba, denunció: “Si la persona que es requerida, es refugiada, como lo es la familia Villalba de Paraguay, y el pedido de extradición viene de dicho país, el Artículo 20 de la Ley 24767 dice que el Ministerio de Relaciones exteriores tiene que devolverlo sin más trámite. El pedido no tendría que haber llegado al juzgado, y ni hablar de la detención”. Cuando le preguntaron sobre cuáles son las acusaciones por las que Paraguay las requiere, el letrado dijo no conocerlas porque no había tenido acceso al expediente pero insistió en que “no importan porque son refugiadas”.

El Artículo 20 de la Ley 24767 de Cooperación Internacional en Materia Penal dice que si la persona requerida poseyera condición de refugiado, y el pedido de extradición proviniera del país que motivó el refugio, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, procederá a devolver la requisitoria sin más trámite con explicación de los motivos que obstan a su diligenciamiento.

Si les revocan el estatus de refugiados, tampoco pueden ser extraditadas a Paraguay bajo ninguna circunstancia, ya que la Ley Argentina lo prohíbe terminantemente, en virtud del principio de «no devolución» que rige en el derecho internacional. Una vez que a una persona se le concede el estatus de refugiado en un país, es posible revocar ese estatus, pero no se puede retornar a esa persona al país del cual se ha refugiado. En ese caso, la intervención de la ONU sería necesaria para elegir un tercer país que pueda ofrecerles asilo.

Franquet aclaró que, apenas golpearon la puerta, Myriam pensó que intentaban robarle, debido a los «brutales golpes» en plena madrugada. «Rompieron las dos puertas, las rejas, destrozaron candados y entraron con armas en la mano, apuntando a los niños», agregó. A pocos minutos del inicio de la conferencia de prensa virtual, en la cual Franquet y Laura Taffetani de la Gremial estaban hablando desde un automóvil estacionado frente a la sede de Delitos Internacionales donde estaban las Villalba presas, ingresó al vehículo Eduardo Soares, también abogado de esa agrupación, con una sonrisa contó que no las había podido ver porque le informaron que el juzgado había dictado su liberación.

Alrededor de las 18 horas, Laura, Tania y Rosa Villalba fueron puestas en libertad. Sin embargo, la opinión preponderante de quienes integran la Campaña Internacional contra la persecución a la familia Villalba fue que este hecho “impune e ilegal que viola las leyes y el derecho internacional, representa un ataque del gobierno paraguayo, que posiblemente no sea el último”.

Mientras tanto, en Paraguay, los titulares del medio ABC Color, se refirieron a la familia Villalba como un “Clan del Ejército del Pueblo Paraguayo -EPP-”. Se lo consideró como un operativo “anti-terrorista”, al ensañarse con la familia Villalba, y definirla como un “brazo logístico del EPP”, el grupo insurgente armado paraguayo.