Los organismos de derechos humanos respaldaron a los estudiantes

Los organismos de derechos humanos respaldaron a los estudiantes

Oct 3, 2022 | Comunidad, Destacado 1

Realizaron una conferencia de prensa junto a alumnos, familiares y sindicatos docentes en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo para repudiar la persecución que están sufriendo los secundarios porteños.

Este lunes, organismos de derechos humanos convocaron a una conferencia de prensa en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo ubicada en el barrio porteño de Monserrat, para repudiar la persecución a estudiantes y familiares de escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. 

Entre los presentes se destacaron representantes de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S), de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), y la diputada y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, Victoria Montenegro, entre otros.

Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, dio comienzo a la conferencia de prensa con el objetivo de “apoyar todos los reclamos justos que están haciendo los estudiantes, y felicitar a aquellos que están apoyándolos y que en ningún momento los han dejado solos”. También llamó a mantener la lucha y exigir justicia por la vía legal, sin llegar a la violencia por mano propia.

El representante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Diego Morales, realizó un análisis sobre la situación de los estudiantes criminalizados. Explicó que el Gobierno de la Ciudad utilizó distintas estrategias relacionadas al uso del Código Penal y el Código Contravencional, a través de los cuales se acusó a los estudiantes de quedarse en las escuelas sin la autorización de quien poseía el derecho de admisión, y por ende, a sus familias por ser responsables legales. Sostuvo que, de esta forma, el Gobierno porteño se desligó de sus responsabilidades que ahora dependerán de la Justicia de la Ciudad, que deberá investigar los delitos que se acusan. 

De este modo, Morales señaló que el Estado dejó de lado su rol de mediador de los conflictos que se dan en la sociedad, como una manera de rechazar los reclamos, la escucha, y la búsqueda de soluciones. Además, otra de las medidas fue la presión económica a las familias mediante el envío de cartas documento por daños y perjuicios por la toma de las escuelas, “buscando inhibir la protesta, cuando en realidad lo único que se está pidiendo es que el Estado dé respuestas y sostenga la educación en la Ciudad”, agregó. 

Estudiantes de cuarto y quinto año de las escuelas porteñas que actualmente se encuentran tomadas (ante el pedido de diálogo y soluciones rechazado por parte de la ministra de Educación, Soledad Acuña), asistieron a la conferencia para comentar la actualidad de sus instituciones y los reclamos que se están llevando adelante por la calidad de las viandas, los problemas de infraestructura y la realización de las pasantías obligatorias no remuneradas.

Valentina, alumna de la Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales Rogelio Yrurtia, de Parque Avellaneda, denunció los problemas que tuvieron con la policía, y con gente infiltrada que quería ingresar a la escuela bajo la excusa de ser trabajadores de mantenimiento, aunque no querían identificarse. “Nuestro pedido es en contra de estas pasantías gratuitas que no nos van a servir, además de que nos van a usar de mano de obra gratuita en lugar de arreglar las escuelas o darnos un sistema de alimentación escolar de calidad, que nos nutra y nos llene”, reflexionó. 

En la misma línea se sumaron las palabras de Malena, representante del Centro de Estudiantes de la Escuela Superior de Educación Artística Manuel Belgrano, de Barracas. Comentó que “los estudiantes debemos cursar 11 horas por día, y las viandas no alcanzan, además de que nos cansamos de reclamar porque vienen podridas, en mal estado o con hongos” y agregó: “Estamos tomando los colegios porque estamos cansados de que al Ministerio de Educación y al Gobierno de la Ciudad no les importe lo que los estudiantes vivimos, porque si alguien sabe qué es lo que pasa en los colegios, somos nosotros”. 

Por su parte, Agustina, representante de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg de Palermo, conocido como “Lengüitas”, recordó un hecho de violencia sufrido el jueves, cuando una mujer se presentó en la escuela con un cuchillo para amenazar a una madre. También reiteró los reclamos por el estado de las viandas y la implementación de las pasantías que no se aplicaron tal como se les había prometido, y repudió “toda la presión que se le está metiendo a las familias y por los casos de las denuncias y notificaciones con amenazas a compañeros”. 

Uno de estos casos fue relatado por Elsa Lombardo, abuela y tutora de una alumna de cuarto año de la Escuela Nº1 “Federico García Lorca”. Lombardo relató que un patrullero fue a su casa a las 21, con una citación y la cédula de contravención por la toma de la escuela. Lo consignado era presentarse en la fiscalía dentro de los tres días, o en caso contrario sería llevada por la fuerza. “Intentaron de cierta forma, sembrar terror. Mi nieta me dijo que prefería ir a la escuela a dormir, porque sabía que ahí la policía no iba a entrar”, comentó, y agregó: “Todo esto por las demandas de los estudiantes, que es justa, y la actitud de la ministra Acuña de negar los reclamos”.

En cuanto a esos reclamos, Martina, alumna en representación del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, del barrio de Retiro, repasó las diferentes medidas de fuerzas adoptadas antes de llegar a la toma de la institución: “La semana pasada llevamos a cabo un pernocte, luego tuvimos clases públicas con ayuda de nuestros docentes, participamos de semaforazos, y no obtuvimos respuestas, aunque quieran criminalizar y minimizar nuestra lucha”.

En representación de los gremios docentes tomó la palabra Angélica Graciano, Secretaria General de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera). Recalcó el rol de la escuela como ámbito principal de la democracia, y resaltó que los reclamos del movimiento estudiantil datan de hace más de 10 años. A su vez convocó para mañana a las 16 a una marcha desde la Escuela Mariano Acosta hacia la Jefatura de Gobierno de la Ciudad junto a la Asociación de Enseñanza Media y Superior (ADEMyS), para acompañar el reclamo estudiantil y “para decirle a Larreta y Acuña que inviertan en las escuelas, porque los 15 años en baja del presupuesto educativo tienen sus consecuencias”. 

Sobre el cierre, Guillermo Pérez Roisinblit leyó un comunicado en representación de Abuelas, donde expresaron su preocupación por la escalada de violencia en los reclamos que se están llevando adelante en las escuelas, e instaron para que “el Jefe de Gobierno arbitre las medidas necesarias para encausar esta situación a través de canales de diálogo real, que conlleven a una solución de esta situación, que velen por la seguridad de las familias y el respeto por el derecho de los jóvenes”.

Esa costumbre de matar

Esa costumbre de matar

Ago 18, 2020 | DDHH, Novedades

El jueves 19 de marzo a la noche, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció que se pondría en marcha a partir del día siguiente el aislamiento social, preventivo y obligatorio, con el fin de evitar un colapso del sistema de salud a causa de la pandemia que el Covid-19 había provocado. A partir de entonces, los ciudadanos de todo el país solo podrían salir de sus casas para comprar alimentos, medicinas o alguna urgencia sanitaria. Las fuerzas policiales quedaban a cargo de asegurar que la cuarentena se cumpliera.

Lo que siguió a esa decisión fueron cuatro meses de abuso de autoridad por parte de las fuerzas de seguridad de diferentes distritos, dejando como resultado un estimado de 92 casos de muertes a casua de la violencia estatal, según el último conteo realizado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).

“Sabemos, por la experiencia acumulada en casi tres décadas de militancia antirrepresiva, que estos datos son parciales y probablemente sean apenas una pequeña muestra de las cifras reales, que tardaremos mucho en conocer. Aún así, impacta el número, que no es simple estadística, sino que refleja en qué medida la decisión de ampliar las facultades de las fuerzas de seguridad en esta etapa de excepción resulta en más muertes de hijos e hijas del pueblo a manos del aparato estatal”, reza uno de los últimos informes de esa organización.

Tres policías están detenidos por el asesinato del adolescente Valentino Blas Correas, en Córdoba.

Uno de los primeros casos en ganar notoriedad fue el de Florencia Magalí Morales, la mujer de 39 años que apareció colgada el 5 de abril en una de las celdas de la comisaría de la localidad de Santa Rosa del Conlara, en la provincia de San Luis. Morales se encontraba detenida por haber violado la cuarentena. La hipótesis inmediata que se manejó fue que había sido un suicidio pero esa conclusión no convenció a la familia de Morales ni a varias agrupaciones feministas. Tres meses después, la causa aún no ha podido avanzar.

Si bien el abuso de poder por parte de la policía en nuestro país tiene una larga tradición, el contexto del aislamiento social parece ser un elemento que potenció el problema. “Las fuerzas de seguridad salieron a hacer cumplir el aislamiento, en muchos casos lo hicieron correctamente, en otros abusaron de sus facultades. Algunos integrantes de las fuerzas de seguridad se consideraron empoderados para actuar violentamente. Y las víctimas, en general, fueron los sectores más vulnerables de la sociedad”, declara Guillermo Torremare, co-presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

Otro caso que tuvo un impacto mediático aun mayor fue el de Luis Espinoza, un tucumano de 31 años que vivía en Rodeo Grande y que el viernes 15 de mayo salió de su casa y no se lo volvió a ver, hasta que su cuerpo fue encontrado una semana después en un barranco en la provincia de Catamarca, envuelto en una bolsa y con un tiro en el omóplato izquierdo. El disparo, según se determinó, provenía de un arma reglamentaria de la policía provincial. Diez fueron los uniformados encarcelados con prisión preventiva, de distintos rango: el subcomisario de la zona, dos sargentos, tres cabos, dos agentes, un auxiliar y el vigía de la comuna. El 6 de agosto, en tanto, policías cordobeses mataron al adolescente Valentino Blas Correas, cuando este se dirigía a un bar junto a un grupo de amigos. Tres efectivos están detenidos por el asesinato.

“En la provincia de Buenos Aires se registraron 40 casos, en Santa Fe 10, en San Luis 6, en Córdoba 5, en Tucumán 4, en Mendoza 3, además de algunas provincias con un promedio de un caso cada una. Las fuerzas federales estuvieron involucradas en ocho casos, las fuerzas provinciales en 68, la ciudad de Buenos Aires en 7”, comenta Ismael Jalil, integrante de la CORREPI, y agrega: “Este aumento de casos durante la cuarentena tiene que ver innegablemente con que, de algún modo, lo que se ha hecho es resolver una situación de crisis con un mayor poder para la policía, un mayor poder represivo por parte del Estado, y esto se ve graficado en los números”.

Cristina Castro, la madre de Facundo, espera los resultados de la autopsia del cuerpo hallado en la localidad de Villarino.

En estos días emergió el caso de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años de Pedro Luro que salió de su casa el 30 de abril a hacer dedo en la Ruta 3, rompiendo la cuarentena y que, hasta el momento, más de 100 días después, continúa desaparecido. En el medio, testimonios que declaran haberlo visto siendo detenido por la policía bonaerense en la localidad de Mayor Buratovich, irregularidades y contradicciones de esa fuerza, la aparición de un objeto que podría ser de Facundo en una comisaria y denuncias de aprietes hacia familiares y la ex novia del joven. El sábado pasado por la noche se encontró un cuerpo en la localidad de Villarino y se aguardan los resultados de la autopsia para saber si efectivamente es el de Astudillo Castro y cómo se produjo su muerte.

“Las actividades de las fuerzas de seguridad, en gran medida, están fundadas en un ideario de control social autoritario y suponen la práctica de muchas acciones que implican violencia institucional. Una gran cantidad de policías tortura. Y la mayoría de los y las policías que no lo hacen, no censuran ni denuncian su realización. En Argentina rige un modelo policial militarizado, punitivista, arbitrariamente discriminador, que exalta la mano dura y los procedimientos violentos, que naturaliza los abusos de poder y encubre los delitos propios. Urge reorientar ese modelo policial”, advierte Torremare.

El regreso de la autonomía militar

El regreso de la autonomía militar

Jun 15, 2016 | inicio

“Lo que está haciendo Macri es recurrir a las personas a las que le va a ir a golpear la puerta cuando estas medidas económicas, más temprano que tarde, exploten y salga la gente a la calle y la Policía y la Gendarmería no alcancen” subraya Norma Ríos, co-presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), cuando intenta buscarle una explicación al decreto 721, que devuelve a las fuerzas armadas la facultad de intervenir en los nombramientos y ascensos de sus integrantes y la posibilidad de reincorporar a miembros que habían sido expulsados de sus filas.

En 1984, poco tiempo después de haber asumido la Presidencia, luego de la última dictadura militar, Raúl Alfonsín firmó el Decreto N° 436, modificado un año después a través del Decreto N° 101. A partir de ese momento, las FFAA debían responder al poder civil sobre su accionar, en el caso de nombramientos, altas y bajas del personal, entre otras cuestiones. Esta acción representó un punto de inflexión en cuanto a las facultades que detentaban las FFAA en la historia argentina. “Era un proyecto que nos dio resultado hasta el presente, implicó un alejamiento de los militares y la aparición de los juicios de lesa humanidad”, recordó Ríos.

Lo que más alarma a Ríos no es tanto el contenido del decreto, sino su espíritu: “Si se va a generar un nuevo genocidio de miseria, de hambre, de explotación, tienen que asegurarme que las FFAA puedan estar ahí para cuando las necesiten”, continúa la co-presidenta de la APDH.

Para Ríos, uno de los puntos más críticos es el Artículo 1° que habilita el otorgamiento del alta efectiva de los oficiales en comisión de las Fuerzas Armadas y la reincorporación de los oficiales que habían sido retirados de la institución, sin explicitar qué razones habían motivado la medida.

Otro de los puntos polémicos, que señala Ríos, es el Artículo 4°, que permite la “designación del personal militar retirado para funciones docentes en el marco del Estatuto para el Personal Docente Civil de las Fuerzas Armadas, en los institutos y cursos de formación conjuntos”.

Si esta línea de pensamiento se efectiviza y si el personal retirado se reincorpora, la educación militar retomará viejos lineamientos que tirarán por la borda lo construido y visibilizado en los últimos años en materia de Derechos Humanos (DDHH). “Se hacen ajustes para que cada uno pueda dejar a su asesino amigo y para que pueda enseñar a los nuevos jóvenes militares”, explica Ríos, al respecto.

“Si se va a generar un nuevo genocidio de miseria, de hambre, de explotación, tienen que asegurarme que las FFAA puedan estar ahí para cuando las necesiten”, dice la co-presidenta de la APDH.

Natalia Federman, ex directora de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad, habla sobre el decreto desde una perspectiva vinculada a la oposición “corporaciones/ democracia”. En un artículo publicado en la Agencia Paco Urondo, escrito junto a Ileana Arduino, afirma que este decreto es una acción más, entre tantas políticas implementadas por un gobierno a favor de las corporaciones, en detrimento del pueblo para el que gobierna. “Lo importante, como siempre, es el poder, si en el Ministerio de Energía dicen que manda Shell, si la prensa estadounidense informa que las finanzas argentinas están en manos de J.P. Morgan y la política agraria de la Provincia de Buenos Aires la maneja un ex CEO de Monsanto, ¿no estamos ya rodeados de autogobierno?”, se pregunta y agrega: “Sabemos que en distintos momentos la amalgama de esos mismos actores han resistido, condicionado, e incluso derrocado, gobiernos populares o que osaran con oponerse a sus intereses.”

Abuelas de Plaza de Mayo emitió el pasado 2 de junio, a través de su página, un comunicado en repudio al decreto: “Esta disposición se da en el marco de un retroceso en las políticas de Derechos Humanos que se fueron construyendo durante los últimos años. En todos estos años de lucha y reclamo por los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas durante la última dictadura cívico-militar, hemos aprendido que la única manera de garantizar la democracia es a través de la Memoria, la Verdad, la Justicia y el control civil de las Fuerzas Armadas.”

Un acto en repudio al decreto

El 9 de junio pasado, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, realizó un acto de protesta y denuncia, en la Plaza de Mayo, en repudio al decreto. Diversas organizaciones  defensoras de los derechos humanos y militantes sociales se hicieron presentes, luego de culminar la tradicional ronda de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo.

Desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, dijeron: “Creemos que (el decreto) va de la mano de una reconciliación y búsqueda de mayor impunidad por parte del gobierno hacia las FFAA. Desde los organismos planteamos una alerta muy fuerte. Desde el primer minuto repudiamos ese decreto y vamos a estar peleando contra cualquier intento que vaya en búsqueda de la impunidad, tanto de los militares genocidas y represores, como de sus cómplices co-responsables: empresarios y eclesiásticos”.

Asimismo, desde el Movimiento Socialista de los Trabajadores, afirmaron: “El gobierno muestra, una vez más, cierta voluntad de reconciliación, de perdón. Es una medida, si se quiere menor, aunque vuelve para atrás algo que fue una conquista de la democracia”.

ANCCOM habló sobre el nuevo decreto con Mirta de Baravalle, Madre y Abuela de Plaza de Mayo, quien estuvo presente en el acto y dijo: “Nunca jamás pensé que iba a llegar un momento en el que otra vez estuviera en una situación así, latente, de inseguridad. No en lo que a mí respecta porque yo estoy por encima de todo eso, sino por lo que representa para el futuro. Esto no se va a implementar de un día para el otro. Todo lo que quieran hacer contra el país, no va a ser ahora, pero va siendo propicio para más adelante. Esto es una cosa que es evidente, pareciera que las FFAA hicieron todo para estar por sobre lo que el país elige”.

Diversas organizaciones de defensoras de los derechos humanos y militantes sociales se hicieron presentes, luego de culminar la tradicional ronda de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo.

Diversas organizaciones de defensoras de los derechos humanos y militantes sociales se hicieron presentes, luego de culminar la tradicional ronda de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo.

La comunidad académica analiza la medida

El Instituto Gino Germani organizó el 10 de junio pasado un foro de debate titulado: “¿Del gobierno civil al autogobierno de las Fuerzas Armadas?”, en el que participaron Nilda Garré, (ex Ministra de Seguridad y actual Diputada Nacional por el Frente para la Victoria) y los investigadores Victoria Rangugni, Sabina Frederic y Ernesto López. Durante el debate, se hizo un recorrido histórico vinculado a las relaciones del Gobierno y las FFAA y a las nociones de seguridad y de defensa.

En ese punto, Garré contó su experiencia al comenzar sus funciones como ministra de Defensa en 2005: “Del 2003 al 2005 no había políticos con capacidad de trabajo en temas de defensa. Cuando llegamos nosotros, era difícil encontrar cuadros preparados, generar una gestión administrativa eficiente. Porque el ‘gobierno político’ está referido a conducir y administrar y eso requiere tomar permanentemente decisiones, desarrollar iniciativas, generar actividades y, además, supervisar el cumplimiento de todo eso. Entre todas las cosas que había que hacer en ese año era reglamentar la Ley de Defensa, que en 18 años no se había hecho. La primera cosa que hicimos fue redactar el Decreto N° 727 para fortalecer el Estado Mayor Conjunto y realizar muchas modificaciones en el terreno de la formación, educación y cambio de planes”.

Al referirse a los efectos del Decreto N° 721, Rangugni dijo: “Esto no solo implica una especie de restauración, también tenemos que pensar que el macrismo apuesta a la construcción de un futuro en otros términos, a producir formas de subjetividad diversa, la forma en que entendemos la defensa y la seguridad, que es de una índole que tenemos que poder descifrar, para poder resistir”.

 

Actualización 15/06/2016