Abr 22, 2021 | DDHH, Novedades
Amnistía Internacional publicó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, con su balance de 2020 a marzo de 2021. ANCCOM conversó con referentes de instituciones y organizaciones defensoras de los derechos humanos en Argentina sobre la situación en el país.
Que el covid-19 haya dejado en evidencia problemáticas preexistentes y que las haya profundizado no es ninguna novedad. La llegada de la pandemia agravó de manera considerable la economía de nuestro país, como así también lo hizo con el resto del mundo. Al comenzar 2020, el continente americano era la región más desigual del mundo. Luego de iniciada la pandemia, la situación empeoró significativamente, sumando 22 millones de personas en la pobreza y 8 millones en la pobreza extrema. Según datos publicados por el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina), en diciembre del año pasado el 40% de la población del país vivía bajo la línea de la pobreza y el índice de desempleo trepó al 11%.
Como señala el informe, las medidas tomadas para frenar la propagación de la pandemia impactaron en la vulneración de algunos derechos. En Argentina se advierte un aumento de la violencia contra mujeres y niñas -según datos relevados en 2020 se cometieron al menos 298 femicidios-; proliferación de denuncias por desapariciones forzadas; abusos por parte de los Estados; vulneración de los derechos de las comunidades indígenas, de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo; como así también quebrantamiento de los derechos sexuales y reproductivos.
Noelia Garone, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional Argentina, afirma que desde la organización estuvieron alertas sobre los distintos impactos de la crisis de la pandemia. “Desde Amnistía relevamos más de 30 casos de violencia institucional durante el 2020. La mayoría tuvieron relación con las medidas restrictivas y de control del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO). Si bien sabemos que la violencia institucional no es un problema exclusivo de la pandemia y es algo histórico en nuestro país, el aumento de facultades a las fuerzas policiales, sobre todo en el ASPO, incrementó el problema”, asegura. El informe relata los incidentes ocurridos en la provincia de Formosa, el 5 de marzo de 2021. Allí describe que las fuerzas de seguridad reprimieron de forma violenta a manifestantes que salieron en protesta por las medidas restrictivas que estaba tomando la provincia. Según datos relevados por Amnistía, más de 100 personas resultaron heridas y 80 detenidas. Se difundieron imágenes de heridos de bala de goma en múltiples lugares, impacto en ojos, cara, pecho y brazos. Como así también denuncias de golpes mientras estaban siendo detenidos, estando ya reducidos.
«La violencia institucional se incrementó en el ASPO», dice Garone.
La pandemia además impactó de lleno la situación de los migrantes y refugiados. “En Argentina hicimos una encuesta a principio de la pandemia respecto al acceso de migrantes a asignaciones sociales o al ingreso familiar de emergencia (IFE) y sólo un 20% de pudo acceder al IFE”, afirma Garone y agrega como algo positivo la derogación de un DNU del año 2017, que modificaba la Ley de Migraciones, introduciendo reformas regresivas en términos de derechos de personas migrantes.
Respecto al aumento de la violencia a mujeres y niñas por el aislamiento, la línea 144 de denuncias aumentó un 39% del promedio diario de sus llamadas, correspondiendo el 89% a casos por violencia doméstica. Nora Schulman, directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de los Derechos del Niño, asegura que hay una cifra que no es transparente respecto a los abusos sexuales infantiles. “El encierro, no poder salir, ha provocado que no puedan conectarse con el afuera y no pueden contarle a nadie lo que les pasa. Se ha vuelto tan intradoméstico que no se lo pueden contar a nadie”, asegura. Entre 2018 y 2019, según un informe publicado por UNICEF, 46% de los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes sucedieron dentro del hogar de la víctima, el 5% en la vivienda de un familiar y el 90% de los agresores son de género masculino. “Lo que falta en la Argentina son lugares de atención”, asegura Schulman y agrega que muchas veces las niñas víctimas de abusos sexuales hacen la denuncia, pero se ven movilizadas dentro de un sistema que no logra atenderlas de la manera que correspondería: “No puede ser que una niña que es víctima de un abuso sexual haga una denuncia, vaya al hospital y no la atiendan, después la mandan a un juzgado y del juzgado la mandan a otro lado. Al final, hay casos de niñas que ya no quieren hablar más: ´Ya lo conté un montón de veces´, dicen. Todo esto se ha agudizado muchísimo como problema”.
A las situaciones de abuso también se le suma la distribución desigual en las tareas de cuidado. Según los datos relevados, el 64,1% de las tareas domésticas fueron realizadas por mujeres, como así también las tareas de apoyo escolar y de cuidado de personas, siendo estas el 74,2% y 70,3% respectivamente. Sobre esto, Schulman afirma que aumentó considerablemente el doble trabajo. Sumándole al trabajo formal el doméstico. Según datos del informe, el trabajo no remunerado doméstico y de cuidados representaría el 16% del producto bruto interno si fuera remunerado. “Al estar más tiempo en casa, se las carga más de responsabilidades domésticas: darle de comer al hermanito, ayudarlo con los deberes y los quehaceres de la casa son trabajos que desde hace muchísimos años se les atribuye a mujeres y niñas”, cierra.
Según el INDEC, la pobreza en la Argentina superó el 40%.
Respecto de los derechos de las comunidades indígenas el informe resalta que estos grupos fueron una de los más afectados, profundizando su situación de vulnerabilidad y discriminación. Durante el último año, Amnistía Internacional registró más de 20 casos en los que las comunidades indígenas se vieron afectadas en sus derechos, sumándose a más de 200 casos que vienen registrándose en los últimos años. Claudia Gotta, secretaria Nacional de Pueblos Originarios de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, en la Regional Rosario, asegura que es una deuda histórica la situación territorial de las comunidades. Si bien se puso en juego, desde el año 2006 la Ley 26160 -que declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país- demanda la necesidad de dar solución al registro de todas las comunidades y de los territorios de las comunidades para evitar los desalojos: “La situación territorial varía según el lugar del país en el que analicemos esta situación. De norte a sur se repiten los desalojos, los despojos y los saqueos de la mano del capital y del mercado, el avance del sistema neo extractivista implica para muchos de nuestros hermanos la amenaza constante a sus territorios. Por supuesto que la pandemia trajo consigo una situación mucho más agravante”.
Durante 2020 el gobierno declaró a la minería como sector esencial, esto trae una gran preocupación dentro de las comunidades debido a los proyectos para extracción de litio. “En Salinas Grandes, las comunidades indígenas seguían exigiendo información sobre los posibles impactos de la minería en sus fuentes de agua”, asegura el informe. Noelia Garone advierte que en Jujuy reclaman por la falta de información adecuada para poder dar su consentimiento informado sobre posibles proyectos en sus comunidades. Sobre la situación socio-sanitaria, Gatto agrega que el avance del modelo hegemónico productivo está haciendo estragos en muchas de las territorialidades de las comunidades: “El modelo transgénico sojero no solamente ha garantizado la tala sistemática del monte nativo, sino que al avanzar con este modelo unívoco ha envenenado suelos y aguas”, asegura.
El informe rescata como buenas noticias la sanción de la Ley 27610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Sin embargo, también destaca las dificultades de acceso a derechos sexuales y reproductivos. Melina Ceccato, psicóloga e integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, advierte que desde su organización realizaron un relevamiento y se encontraron con que, en el contexto de pandemia, hubo un aumento de las barreras al acceso de derechos de salud sexual y reproductiva por varios factores. En primer lugar, la pérdida de sentido de la temporalidad. “Al principio de la pandemia parecía que el mismo día se repetía día tras día al estar en el confinamiento en las casas”, asegura. Como así también un retraso al acceso a métodos anticonceptivos por no estar incluidos como una prestación esencial en los efectores de salud. Agrega también una dificultad al acceso a estos métodos en los confinamientos que se hicieron en los hoteles, en donde se hacían seguimientos médicos a cada persona que se encontraba aislada, se proveían medicaciones prescriptas pero los anticonceptivos no estuvieron contemplados. Se produjo una demora en las consultas de salud sexual debido a las restricciones de circulación y al mismo tiempo, la dificultad debido a las brechas tecnológicas. “En muchos efectores de salud se comenzó a brindar información sobre funcionamiento y también atención a través de medios digitales y una gran parte de la población que no tiene acceso quedó por fuera de eso”, asegura Ceccato.
En diciembre del año pasado Argentina renovó su compromiso en el marco del Acuerdo de París, que establece medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y otorga mayores compromisos a los países desarrollados, como mayores responsables de la crisis climática. Garone remarca que es un compromiso exigente, teniendo en cuenta que nuestro plan productivo económico sigue dependiendo de los combustibles fósiles, cuando la crisis climática requiere de un abandono de este tipo de combustibles por energías mucho más limpias y sostenibles. “La salida de la pandemia es una buena oportunidad para avanzar de manera definitiva en una acción coordinada entre todos los países porque la crisis climática es como la pandemia, no puede ser la acción de un solo país. Se necesita de una cooperación internacional entre todos los países, donde todos se comprometan a mejorar sus compromisos, y que lo hagan en la práctica”, cierra.
May 20, 2019 | DDHH, Novedades
A criterio de la policía. Así quedará el uso de las “armas electrónica de uso no letal”, conocidas como Taser, ante “conductas amenazantes” que no se especifican. El ministerio de Seguridad, a través de la resolución 395, habilitó esa utilización por parte de las fuerzas policiales y de seguridad y la normativa fue publicada en el Boletín Oficial el pasado martes 7 de mayo, cinco meses después de que se anunciara la compra de unas 300 unidades de ese armamento.
La medida, que lleva la firma de la ministra Patricia Bullrich, permite el uso de las Taser para “abordar situaciones operacionales en las que resulte necesaria la utilización de la fuerza sin el empleo de armas de fuego”. En la resolución se da cuenta de otros países que tienen reglamentado el uso de estas armas; sin embargo, omitieron los numerosos pronunciamientos en los que el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, luego de analizar distintos casos, recomienda “abandonar el uso de armas eléctricas Taser” ya que “causa un severo dolor que constituye una forma de tortura y, en algunos casos, puede incluso causar la muerte”, según explica un informe de 2008.
Seguir afirmando que se trata de armas de uso no letal es no querer ver las evidencias que se presentan. En el 2013, Israel Hernández murió al ser alcanzado por la descarga de una Taser cuando fue sorprendido pintando un graffiti en Miami. El joven, de nacionalidad colombiana, se encontraba totalmente desarmado. Dos años antes de este caso, en el Estado de California, Allen Kephart murió luego de que tres policías le dispararan con sus pistolas paralizantes por el simple hecho de no haberse detenido ante una presunta infracción de tránsito. Según Amnistía Internacional, al menos 500 personas murieron, sólo en Estados Unidos, a causa de una descarga provocada por un arma Taser entre 2001 y 2012. durante su detención o cuando ya estaban en prisión.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH) ha denunciado al Estado argentino por las armas Taser ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “La CIDH actualmente se encuentra estudiando la admisibilidad del caso. Luego de culminar el análisis preliminar, y una vez que reciba la contestación por parte del Estado argentino, cerrará el informe admitiendo o no el caso, para posteriormente analizar el fondo de la cuestión”, expresa Wilma Martínez abogada de ODH.
“Se debe tener en cuenta que actualmente las fuerzas de seguridad ya se encuentran dotadas con armas no letales, y pueden cumplir sin problemas sus funciones. No podemos naturalizar como sociedad, que ante situaciones que pueden ser resueltas con otras armas no letales, como una cachiporra, se den descargas eléctricas en una persona”, sostiene Martínez y agrega: “Desde el ODH nos interesa dejar en claro que hay una falsa creencia que las armas Taser vienen a reemplazar a las armas de fuego, y no es así, sino que operativamente vienen a reemplazar a las cachiporras. Por lo que además de su uso discrecional por parte de quien la porta en la vía pública, también nos angustia pensar su uso en los ámbitos privados, como comisarías, ya que son verdaderas armas de torturas que no dejan marcas”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) alertó en un comunicado que “la reglamentación publicada en el Boletín Oficial es inconstitucional ya que no respeta los principios de proporcionalidad y razonabilidad que limitan el uso de la fuerza estatal”. Asimismo, se advierte el grado de imprecisión de la normativa la cual en el Artículo 2 Inciso C autoriza el uso de las armas Taser para “impedir la comisión de un delito de acción pública”. “O sea siempre, porque ese es el trabajo de la policía”, explica el CELS y continúa: “Así, con la incorporación de las llamadas armas menos letales se intenta esconder el uso de violencia estatal y las afectaciones serias para la vida y la integridad que estas producen. El gobierno nacional promueve y no controla el uso de armas de fuego; en el mismo sentido, este reglamento implica una nueva habilitación para el uso de la fuerza sin límites ni control”.
En la normativa, tampoco se toma noción de los grupos más vulnerables ante los cuales bajo ningún punto de vista se puede utilizar un arma Taser: embarazadas, ancianos, personas con implantes de cualquier tipo, niños, personas epilépticas, personas con signos de intoxicación por ingesta de alcohol o drogas, como así también personas que hayan estado en contacto con gas lacrimógeno o gas pimienta.
“Es un retroceso en materia de derechos humanos habilitar el uso de las Taser porque desvirtúa la función de la policía y viene a exacerbar prácticas violatorias de los derechos humanos”, analiza Sonia Winer, profesora titular de la cátedra Cultura para la Paz y Derechos Humanos que encabeza Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Y agrega: “La medida implica una habilitación indirecta sobre tratos crueles y de tortura sobre la población, esto va en contra de las recomendaciones de los instrumentos universales de derechos humanos y también porque apuntala la estigmatización de segmentos poblacionales y su publicitación como no sujetos de derecho. Es un retroceso en cuanto al derecho al trato digno de las personas”, explica Winer, quien encabezó la Secretaría de Investigación de la Escuela de Defensa Nacional del Ministerio de Defensa de la República Argentina.
“En un contexto en el que el Gobierno criminaliza la protesta social, antes que armar a la policía, que ya tienen prácticas muy cuestionadas en materia de derechos humanos, y habilitar la utilización de las Taser para generar daño, lo que habría que hacer es formarlas en mecanismos de resolución y gestión alternativa de los conflictos con una perspectiva de derechos humanos, de cuidar la vida y no de agredirla. Eso habilitaría una sociedad menos violenta y podría bajar los niveles de conflictividad”, concluye Winer. Sin embargo, ahora todo quedará en manos del criterio de cada uniformado.
Mar 23, 2015 | destacadas, inicio
ANCCOM dialogó con distintos organismos para conocer cuáles son las agendas actuales en materia de Derechos Humanos. Cuatro líneas de trabajo y perspectivas sobre la temática nos brindan Abuelas de Plaza de Mayo, Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). Las temáticas abordadas por las distintas organizaciones, nos permiten conocer las conquistas y las deudas pendientes de nuestra democracia.
Lorena Battistiol de Abuelas de Plaza de Mayo
-¿Cuál es la agenda actual de las Abuelas de Plaza de Mayo como organización, en materia de Derechos Humanos? ¿Qué temas puntuales se están trabajando hoy?
-Desde Abuelas, se trabaja desde siempre sobre los tres pilares de memoria, verdad y justicia. Las Abuelas incansablemente siguen ofreciendo charlas para escuelas, agrupaciones y visitantes de la Casa. Por otro lado, se difunde la búsqueda, para atraer a personas que puedan aportar datos. Además, se siguen reconstruyendo historias de vida de nuestros padres detenidos y desaparecidos, mediante el Archivo Biográfico Familiar. Seguimos investigando y sumando nuevas estrategias y tecnologías, con el aporte de distintos organismos del Estado que contribuyen con documentación de manera más acelerada que tiempo atrás.
-¿Se modificó en algo la búsqueda de nietos a partir de la aparición del nieto de Estela de Carlotto?
-La búsqueda no se modificó. Lo que sí aumentó, en ese momento, fue la cantidad de presentaciones espontáneas de personas con dudas, y además, la gente que tuviera algún dato, se animó a llamar.
-¿Qué cosas te parece que se modificaron en los últimos 10 años en materia de derechos humanos? ¿Y qué creés que faltan por hacer?
-La búsqueda de los nietos apropiados es un universo pequeño, dentro del campo de los Derechos Humanos. Desde Abuelas, puedo decir que el factor principal es que el Estado se ha hecho cargo de la investigación, sosteniendo a la Institución hace justamente 10 años. En relación a nuestro trabajo, se han acelerado los tiempos de análisis y de judicialización de casos. Hemos conseguido más espacios para difundir la búsqueda, y esto hace que quien comienza a tener una pequeña duda, esté en rango o no, acude a Abuelas como primera instancia. También, hemos podido juzgar a los asesinos de nuestros padres y a los apropiadores de nuestros hermanos. Falta seguir trabajando para encontrar hasta la última persona apropiada.
-¿Cómo llegaste a contactarte con las Abuelas? ¿Qué dudas tenías y cómo llegaste a crear el blog «tus hermanas te buscan”?
-Yo no soy una nieta restituida, sino una hermana que busca. Mis padres desaparecieron el 31 de agosto del ´77 en la localidad de Boulogne, Partido de San Isidro. Mi mamá llevaba un embarazo de 6 meses, y es a ese bebé nacido en cautiverio a quien buscamos. Él o ella, posiblemente haya nacido en Campo de Mayo para fines de 1977. El blog lo creamos como una forma más de búsqueda, difusión y de aporte a la lucha.
-¿Cuál es para vos el medio más efectivo para encontrar a los nietos que faltan?
-Todos los medios son efectivos. Muchos de los nietos cuentan que tal vez, haber visto en televisión a uno restituido, al escuchar a alguna Abuela en la radio o haber leído una nota, les sirvió para acercarse. Creo que lo más importante es el relato. Contar la propia historia, para que muchos otros sepan que no están solos, que acá somos muchos esperándolos, buscándolos y que en su familia biológica van a encontrar todo el amor y la contención necesarios para pasar esa transición de cambio de identidad.
-¿Cuál es el procedimiento que se lleva a cabo cuando una persona que se acerca a Abuelas, tiene dudas sobre su identidad?
En principio, cuando una persona se acerca a Abuelas con dudas se le da un turno previo. Cuando llega ese momento, se le brinda el tiempo necesario para que pueda relatar su historia con lo que sepa de su llegada a su familia, y además, presentar la documentación que haya traído. Una vez que tenemos la charla con esa persona, se deriva su documentación a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, CONADI. Allí se le otorga un turno en el Banco Nacional de Datos Genéticos, donde los especialistas realizan una extracción de sangre, para poder buscar coincidencias genéticas con alguno de las personas buscadas. Si lo desea, puede ser acompañado/a por alguien. Luego, hay que esperar el resultado. Siempre se lo/a llama para darle el mismo, sea negativo o si tenemos la felicidad de celebrar un positivo.
Mariela Belski de Amnistía Internacional
-¿Cómo es la agenda actual a nivel nacional?
-En Argentina trabajamos fuertemente en el acceso a la salud sexual y reproductiva y, en ese sentido, tenemos una campaña muy fuerte respecto de la despenalización del aborto con intenciones a generar un debate profundo e informado. En nuestro país el aborto es la primera causa de mortalidad materna. Es un tema importantísimo que no está instalado en la agenda. Nosotros trabajamos para informar y para que la gente entienda que las mujeres tienen derecho a decidir qué hacen con su cuerpo. Además, hacemos difusión acerca de la implementación del aborto permitido. En Argentina está permitido abortar desde 1991 de acuerdo al código penal, sólo cuando hay peligro de vida para la mujer o para su salud, o cuando hubo violación. En esos tres casos está permitido. Sin embargo, ni siquiera se realizan abortos en esos casos. Por otro lado, la segunda parte de la agenda hace referencia a las comunidades indígenas. Trabajamos particularmente con la comunidad QOM, de Formosa. Además se está elaborando un mapeo del conflicto indígena en el país. La tortura también es otro de los temas de agenda. En estos días presentaremos en una audiencia en el Sistema Interamericano de DDHH, junto a defensores públicos de distintas provincias, un informe por hechos de tortura en tres provincias: Buenos Aires, Santa Fe y Chubut. Si bien hay un protocolo de prevención contra la tortura, no se implementa. Nos preocupan además los casos de violencia de género y, en ese sentido, trabajamos haciendo un relevamiento de todas las sentencias judiciales que hubo en estos últimos años, lo cual no sólo nos muestra patrones sobre la problemática sino cómo son los jueces, si incorporan o no estándares en DDHH, o, por ejemplo, si hay diferencias en las sentencias según el género. Por otro lado, trabajamos temas vinculados a armas, por ejemplo el reciente debate referido al uso de las Taser. AI tiene una posición muy fuerte con respecto a ello, que está incluida dentro del informe que presentó en el Tratado de Comercio de Armas en Naciones Unidas. Allí hay mucha información con respecto al uso de Taser. Se trabaja además en Verdad, Memoria y Justicia con familiares de víctimas de la AMIA y con familiares y víctimas del Franquismo, acompañando a la querella en juicios contra el Estado español.
-¿Qué balance puede hacer de estos diez años en materia de políticas de DDHH?
-Creo que este gobierno hizo mucho por el reconocimiento de derechos a distintos sectores, pero eso no quiere decir que hizo todo. Como directora de una organización de DDHH, aunque al gobierno no le guste, no puedo decir que se hizo todo. Hicieron en un contexto político y social determinado. Hay que reconocer que en estos diez años se realizó una ampliación de derechos muy importante. El tema de los DDHH ha estado en la agenda, eso es indudable. Todo el trabajo que han hecho en relación a la apertura de los juicios a los responsables del proceso. Creo que ha habido gestos sumamente valorables que tuvo este gobierno a la agenda de verdad, memoria y justicia. Eso es indiscutible y deseo que los gobiernos que vengan no abandonen esta agenda. La Asignación Universal por HIjo es un política inclusiva que no se puede dejar de mencionar. Sin duda, la ley de matrimonio de personas con el mismo sexo es una política innovadora en DDHH. Argentina suele marcar tendencia a nivel regional con sus avances. La ley de identidad de género y el reconocimiento a la comunidad LGBT son sumamente valorables. De todos modos, creo que dejaron de lado cuestiones que no dejan de ser DDHH y no dejan de ser importantes, y que uno desearía que sean tenidas en cuenta. Mi temor, como directora de una organización que promueve el acceso a derechos, es que el discurso de los DDHH se ha usado mucho por este gobierno, y eso ha alienado a mucha gente. Aquellos que escuchan hablar sobre DDHH y no están a favor de este gobierno se alienan. Es un riesgo. Es muy probable que los candidatos opositores, con tal de diferenciarse de este gobierno, no trabajen la agenda de los DDHH porque saben que aliena a su electorado. Esto es muy preocupante. Los candidatos opositores deberían elaborar una propuesta de cómo van a abordar el tema y cuál será su agenda en DDHH. Diferenciarse de este gobierno pareciera ser lo mismo que “no hablar” de DDHH.
-Señalaste como una de sus preocupaciones principales la de los pueblos originarios ¿Cuáles son los principales focos de conflictos al respecto?
-A nivel general, el principal reclamo de las comunidades indígenas es el referido al reconocimiento de sus tierras ancestrales y que se los reconozca en términos de que se les dé un título. Es la mayor lucha de estas comunidades, aunque esa situación desencadena también un déficit en el acceso a derechos básicos. Estas comunidades viven en condiciones de extrema pobreza y, por lo tanto, no tienen acceso al agua, a la salud, a la vivienda, a la educación, al trabajo, a la vida digna. Otro problema es el de la protesta y el de su criminalización. Éste, y el anterior, son dos conflictos que están atados. Las protestas por tierras son silenciadas y reprimidas violentamente por gobiernos provinciales, no todos. La problemática está en cómo lucha una comunidad tan pequeña y con poca información frente a grandes negocios de gobiernos y empresas.
-¿Hay alguna política activa de parte del gobierno nacional?
-No. Yo creo que esta es la gran deuda de este gobierno en materia de DDHH. No han hecho nada respecto de las comunidades indígenas. No es un tema que les preocupe. A la vez, me preocupa que tampoco sea un tema que la oposición tenga en agenda. Nos cuesta identificar legisladores con los cuales hablar y compartir preocupaciones con respecto al tema. Estas comunidades necesitan visibilizarse, de lo contrario, no se sabe lo que pasa. Por momentos somos como un nexo entre ellos y el gobierno. Hace poco, durante un conflicto con los QOM en Formosa, estuvimos permanentemente en contacto con el Ministerio de Seguridad para evitar que escale el conflicto.
Marcela Perelman del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
-¿A qué apunta hoy la agenda del CELS?
-Actualmente la agenda apunta a trabajar los núcleos más relegados de violaciones a los DDHH que son los de violencia policial, donde aparecen casos de gatillo fácil, la relación de la gendarmería con los barrios, el hostigamiento policial y en su contracara la seguridad democrática. También consideramos la violencia carcelaria, la sobrepoblación, la tortura, la debilidad de la defensa en la justicia, las irregularidades. Conjuntamente, trabajamos sobre el funcionamiento del sistema de justicia, que está vinculado con las condiciones de acceso a la justicia. También el mercado de tierras es una problemática que toca el acceso a la tierra y la vivienda. En estas situaciones, como por ejemplo los desalojos, se concentran muchas situaciones de violaciones a los DDHH. También estamos dando discusiones a nivel internacional. Siempre se usaron los foros internacionales, pero ahora queremos trabajar más allá de lo interno, repensar como es el trabajo global. Creemos que ha cambiado el peso específico de las voces del sur global en los organismos internacionales y trabajamos en conjunto con otras organizaciones para seguir profundizando ese cambio.
-¿Con qué modalidad trabaja el CELS con los DDHH?
-El CELS trabaja grandes temas siempre en equilibrio entre la denuncia y la incidencia. Así como el Estado puede violar los derechos humanos, también puede protegerlos. El CELS busca abonar a la idea de un Estado complejo, no monolítico, que contiene muchas instituciones con las que se trabaja de distintas formas. No trabaja solo, sino fortaleciendo y fortaleciéndose con otras instituciones, depende el área en el que se esté trabajando. A su vez, marca donde ve problemas y pendientes, donde hay que mejorar.
-¿Cuál es el balance del CELS acerca de las políticas de DDHH desde el regreso a la democracia y en particular desde el 2003?
-Hemos sostenido su agenda histórica pero la democracia la complejiza porque tiene sus propios problemas en el modo de funcionar. No todo en materia de derechos humanos es herencia, hay diversificación constante. Se lograron muchas demandas históricas que venían trabajándose desde un colectivo muy diverso de organizaciones. En particular desde 2003, valoramos positivamente las políticas con impacto en derechos humanos. Sobre todo la reapertura de los procesos de justicia, algo que venía desde antes de 2003 pero se profundizó en esa época. Consideramos que se llevaron adelante políticas muy valiosas que tienen mucho que ver con luchas originarias y demandas históricas. El 2003 recibió todas las demandas propias del 2001 cuando, por ejemplo, estaba muy deslegitimada la justicia y se dio la reforma de designación de jueces. A su vez veníamos de un contexto de represión de la protesta social con Menem y la Alianza y empezaron a modificarse prácticas policiales respecto del proceder de las fuerzas en las protestas sociales. En 2003 y 2004 comienza a notarse el gran cambio que implicó la prohibición a las fuerzas de seguridad de portar armas en las protestas sociales. Se trata de conquistas pero, como otras, no están dadas para siempre.
-¿Qué aspectos consideran que hay que profundizar o mejorar en materia de DDHH?
-Pese al balance positivo, consideramos que a lo largo de estos años han permanecido núcleos de reproducción de violación de DDHH serios, por ejemplo: se prohíbe la portación de armas pero eso no pasa en las fuerzas provinciales, sino sólo en las federales. La ausencia de una reforma profunda en las fuerzas de seguridad debilita algunas conquistas. Sin reformas más profundas lo que pasa es que se concentran y focalizan las violaciones a los DDHH. Aún permanecen las matrices más arcaicas en el Servicio Penitenciario, en los servicios de inteligencia, por decir algunos.
-¿Y en los últimos años?
-Si tenemos en cuenta los últimos 5 años, podemos ver que se dio la continuidad de algunas políticas positivas. Hay otras muy interesantes que no se implementaron acorde a sus propósitos iniciales. Esto se debe a controles débiles, un problema general es la debilidad en la capacidad institucional para llevar adelante estas políticas. Esto permanece condicionado por instituciones críticas como la policía o la misma justicia que reproducen las violaciones sobre determinados sectores de mayor vulnerabilidad.
Lucía Sánchez Vilar de Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI)
-¿En que se basa el trabajo de CORREPI en la actualidad?
-Nosotros trabajamos sobre dos líneas que tienen que ver con la represión que se desarrolla en los barrios: todo lo que tiene que ver con hostigamientos, gatillo fácil, torturas en cárceles, emergencia sanitaria y todo lo que tiene que ver con persecución y represión a sectores organizados y de trabajadores. Hoy por hoy el laburo en los barrios es constante y llevamos algunas causas de algunos compañeros que han sido criminalizados. No nos consideramos una ONG, ni una organización asistencialista, ni de derechos humanos. Somos una organización anti represiva y queremos que todas las personas de este país se enteren que la policía no está para cuidarlos y a partir de ahí se desglosan un montón de cosas, como por ejemplo que no podemos vivir siguiendo en este sistema.
-¿En que se funda su actividad política?
-Nuestro objetivo político es dar una discusión en torno a un concepto relativo a que la policía está para cuidarnos. Nos parece que las fuerzas de seguridad no están para cuidarnos a todos. Están para cuidar a un sector determinado de la población: aquellos que tienen el poder. De ese objetivo principal decantan un montón de actividades, que van desde organizar los barrios en donde hay más casos de gatillo fácil -que es una de las tareas cotidianas que tenemos y por eso tenemos inserción en determinados barrios-, ir a dar charlas en facultades, proyectar documentales y discutir alrededor de eso, entre otras cosas. También nos ponemos en contacto con otras organizaciones anti represivas del país. A través de esto pudimos construir el Encuentro Nacional Anti Represivo. También gracias a algunos compañeros que son abogados, en la medida de nuestras posibilidades, intervenimos en los juicios contra gatillo fácil, donde la mayoría de las veces acusamos a un policía de matar a un pibe.
-¿Están trabajando en algún caso actual de gatillo fácil en el conurbano?
-Si, hay alrededor de cincuenta familias organizadas en CORREPI. Esta semana hemos tenido contacto con cuatro familias nuevas de Zona Oeste. El año pasado tuvimos la primera condena a un policía por el artículo 80.9 que contiene un inciso presente en el Sistema Penal y que nunca había sido utilizado en la Provincia de Buenos Aires. Ese inciso estrictamente dice que cuando un policía mata, le correspondería una pena mayor porque es un sujeto preparado para matar. Nosotros en todos los juicios vamos por ese inciso, porque es donde nosotros creemos que está la diferencia entre el pibe que salió a afanar y un policía que tiene una preparación técnica y profesional para eliminar a un adversario, y tiene un arma que porta y es del Estado. Ese caso en particular fue el de Fernando “Pata” Díaz, un pibe que vivía en Moreno.
-¿En qué consistió su caso?
-Él estaba discutiendo con la esposa, un vecino escuchó los gritos y llamó a la policía. La policía entró a la casa y lo mató. Le encontraron siete orificios de bala en el cuerpo, murió en el acto, por supuesto. Pero como ese caso hay muchísimos, lo que a nosotros nos interesa poner de relieve es la forma sistemática que tiene la policía de eliminar los problemas. En este caso fue matando, así hay 4400 casos, básicamente.
-¿Cómo es su relación con el día de la Memoria?
-Nosotros estamos dentro del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, y somos parte de la organización de la marcha que hacen la Izquierda y los sectores independientes del gobierno. CORREPI no acepta un solo peso, ningún subsidio de ningún órgano estatal de ningún tipo: nos financiamos con la militancia autogestiva de nuestros propios militantes. Lo que nosotros decimos de cara al 24 de Marzo es que no es una fecha conmemorativa ni mucho menos festiva, como en los últimos años lo ha querido convertir el Gobierno, haciendo festivales y hasta metiendo murgas en centros clandestinos de detención. Salimos a denunciar que hoy en día también hay represión. Hay compañeros que han sido asesinados en movilizaciones, también hay desaparecidos, así como también hay pibes que salen de su casa y reciben una bala en la nuca por un policía en la esquina de su barrio.
