La pandemia se ensañó con las prostitutas

La pandemia se ensañó con las prostitutas

Un estudio del CONICET junto con la Asociación de Mujeres Meretrices Argentina señaló que, tras el aislamiento, el 74% de las entrevistadas acumuló deudas por alquiler, el 55% sufrió amenazas de desalojo y el 24% se vio obligada a dormir, al menos una vez, en la calle.

La pandemia por covid-19 aumentó los niveles de precarización en muchos sectores de la sociedad y puso sobre la mesa una serie de desigualdades estructurales que hoy están siendo visibilizadas. Ese es el caso de las personas que se dedican al trabajo sexual, cuya situación de vulnerabilidad se profundizó en este contexto. De modo que, desde la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) se acercaron al CONICET con el objetivo de relevar el estado actual del sector, en pos de esbozar alguna propuesta de política pública que vele por una mejor calidad de vida. Así nació el Estudio diagnóstico sobre la situación habitacional de las trabajadoras sexuales en el contexto de la pandemia de COVID-19.

En palabras de Georgina Orellano, Secretaria General de AMMAR, este informe busca: “Poder dar cuenta de la forma de vida comunitaria de las trabajadoras sexuales, de la incapacidad de acceder a una vivienda y de las dificultades que aún hoy se nos presenta día a día para alquilar una habitación en un hotel. Y para dar cuenta, también, de la ausencia del Estado y, sobre todo, del rol que tuvo la policía en todo este contexto de crisis sanitaria”.

El relevamiento tuvo como base a una muestra de 99 trabajadoras sexuales, mayores de 18 años, que habitan el barrio porteño de Constitución. El informe se centra, principalmente, en dos aspectos: el acceso a la vivienda y la violencia policial. En tal sentido, Orellano señala: “Las trabajadoras sexuales vivimos la pandemia como uno de los momentos más difíciles que debimos atravesar como colectivo. Fue un contexto de mucha angustia e incertidumbre, donde atravesamos muchas dificultades que tienen que ver con lo alimentario, con lo habitacional y, sobre todo, con el recrudecimiento de la violencia institucional”.

«Se generaron muchos intentos de desalojo y se reveló una situación de precariedad de todo el colectivo”, afirmó Cecilia Varela.  

Emergencia alimentaria y habitacional

Según los datos que arroja el informe, el 88% de las entrevistadas alquila y 8 de cada 10 lo hacen en casas de pensión o alquiler. Inclusive, hubo una pequeña porción de las entrevistadas que, al momento del relevamiento, se encontraba en situación de indigencia: el 8% de la población vivía en un refugio o en situación de calle. No obstante, un 24% había tenido que dormir al menos una vez en la calle y un 9% en un parador o refugio desde el inicio de la pandemia.

La investigación fue liderada por la antropóloga Cecilia Varela, quien estuvo acompañada por su equipo de trabajo. La investigadora afirma que “en los primeros meses de la pandemia se multiplicaron las amenazas de desalojo por toda la Ciudad y, por supuesto, los trabajadores en la informalidad fueron aquellos que más difícil la tuvieron para producir ingresos que permitieran costear los alquileres. Al volverse eso imposible, se generaron muchos intentos de desalojo y se reveló una situación mucho más profunda y estructural de precariedad de todo el colectivo”. El 55% sufrió amenazas de desalojo y, alrededor del 50%, se mudo más de tres veces durante la pandemia.

 Además, “el 74% acumuló deudas por el alquiler de la vivienda; y esa es una población que sale endeudada por la imposibilidad de haber costeado sus alquileres durante los meses en que estas trabajadoras, que están en mercados informales, no pudieron generar ingresos. Por otro lado, el 61% sufrió aumentos de alquiler, eso quiere decir que el congelamiento de alquileres que se había establecido el decreto 320 no se cumplió”.

En el marco de este contexto crítico, desde AMMAR pusieron en marcha distintas estrategias de “construcción organizativa” para subsistir. “No hubo cuarentena para las delegadas de los hoteles, de los barrios, ni para las referentes de AMMAR”, asegura Orellano. La dirigente cuenta que en todas las sedes del sindicato, a la entrega de preservativos y elementos de higiene, se le sumó la asistencia alimentaria. El gremio también tuvio un rol central en el acompañamiento legal de las denuncias de violencia policial. Así como, por otro lado, puso en marcha la creatividad para asistir a aquellas compañeras que no tenían permiso para circular y vivían lejos de la zona, de manera que se veían imposibilitadas de trabajar.

Respecto al rol del Estado, Orellano hace hincapié en que las instituciones estatales con las que articulan, en una primera instancia desconocían las problemáticas y las demandas del colectivo, pero fueron aprendiendo en el camino. Durante la pandemia, la Casa Roja se transformó en una sede de acompañamiento y de asesoramiento: desde AMMAR se pusieron al hombro la tarea de averiguar, caso por caso, si sus afiliadas podrían aplicar a algún plan social, tarjetas alimentarias o subsidios habitacionales.

La digitalización obligada implicó una gran dificultad “ya que, no solamente en nuestro colectivo muchas no cuentan con herramientas como un celular o conexión a wifi, sino que en algunos casos tampoco cuentan con el conocimiento de cómo hacer un trámite online, por ejemplo, o como bajarte el DNI al celular, que en otras generaciones está super claro”, explica Orellano. En tal sentido, señala la importancia de que el gobierno contemple estas limitaciones a la hora de diagramar políticas públicas.

Al momento del relevamiento, el 71% de las trabajadoras sexuales tenía acceso al menos a un programa social estatal. Los datos estadísticos evidencian que el acceso a programas habitacionales, programas alimentarios (la Tarjeta Alimentaria, el Ticket Social o el programa Ciudadanía Porteña) y al Potenciar Trabajo aumentó entre un 22% y el 26%.

Nunca con la yuta

Otra de las preocupaciones que aborda el informe es “el aumento de las denuncias contravencionales por oferta y demanda de sexo en el barrio de Constitución, a contrapelo de la tendencia general en la Ciudad hacia la disminución entre los años 2019 y 2020. Se redujo a la mitad en un barrio típico de trabajo sexual, mientras que en Constitución aumentó a más del doble”, afirma Varela. En tal sentido, explica que la particularidad de Constitución es que se trata de un barrio en el que las trabajadoras sexuales, además de desarrollar su oficio, viven.

“Este aumento no se dio solo por la actitud proactiva de las fuerzas de seguridad, sino también por las denuncias de los vecinos. Entonces, ahí creemos que las alertas por los cuidados sanitarios se sobreimprimieron sobre poblaciones que ya son consideradas indeseables y peligrosas por los vecinos del barrio, quienes sistemáticamente las denunciaron en los canales que dispone el Ministerio Público Fiscal”, continúa.

Según el relevamiento, el 73,3% de las encuestadas experimentó alguna situación conflictiva con la policía: a más del 50% les pidieron documentos en la vía pública o las requisaron; a más del 30% las hostigaron, les labraron actas por ofrecer servicios sexuales, no respetaron su identidad de género o las insultaron. El resto de las situaciones refieren a ser detenidas en la comisaría; que no actuaran frente a un pedido de ayuda, auxilio o denuncia que hayan realizado; o haber sufrido violencia física u hostigamiento.

Inclusive, en muchos casos, la policía utilizó el artículo 205 del Código Penal (que establece la detención del que violare las medidas adoptadas para impedir la propagación de una epidemia), para controlar los movimientos de quienes ejercen el trabajo sexual incluso, en algunos casos, cuando iban a adquirir los elementos básicos para la subsistencia.

Varela señala que una de las recomendaciones que proponen desde el equipo de investigación es la “derogación del Artículo 86 del Código Contravencional, que penaliza la oferta y demanda de sexo porque, como ya viene demostrándose, esas actas no se traducen en condenas judiciales. La última condena judicial es del año 2016, pero la persistencia de ese artículo, habilita el hostigamiento permanente de las trabajadoras sexuales”.

Orellano señala que también se pensaron políticas que aporten a la desestigmatización de las trabajadoras sexuales, ya que existe una construcción social de criminalidad sobre ellas. Eso se traduce en que “el 70% de las intervenciones que realiza la policía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con respecto al artículo contravencional 86, surgen a partir de denuncias de los vecinos”. Por ende, “es importante poder realizar campañas que logren desestigmatizar a las trabajadoras sexuales, que las ponga nuevamente como un sujeto porque también son vecinas que pueden generar canales de diálogo para resolver los conflictos de otra manera, y no bajo la intervención punitiva”, asegura.

Otras de las recomendaciones son “poder pensar políticas públicas que contengan la realidad y los modos de vida de manera comunitaria que tenemos las personas que ejercemos trabajo sexual. Cuando se piensan políticas estatales para el acceso a la vivienda, se piensan políticas que no contemplan que hay personas migrantes que no tienen documentación, que los subsidios habitacionales no abarcan la totalidad real de lo que las compañeras abonan. Estamos hablando de subsidios habitacionales con un piso ocho mil pesos, cuando las compañeras pagan a partir de dieciséis mil pesos una habitación. Se pensó en programas de acceso a la vivienda que contemplan digamos esta realidad”, concluye la Secretaria General de AMMAR.

La Casa Roja es marrón

La Casa Roja es marrón

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Por: Diana Mull Barrios

Fotos: Andrea Bravo

 

El reloj marcó las 14 horas del sábado pasado: las puertas y las latas de pintura se abrieron, las brochas se alistaron y la música empezó a sonar en La Casa Roja, que es la sede de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) y está ubicada en el barrio de Constitución. Se hicieron presentes asistentes e invitados especiales, quienes fueron protagonistas del conversatorio Trabajo Sexual e Identidad Marrón, organizado por trabajadoras sexuales, integrantes del Bloque Migrante e Identidad Marrón. En esta actividad de encuentro y reflexión, mientras dejaban registro pintando un mural, las trabajadoras sexuales contaron algunas anécdotas que reflejan la dificultad de ser marrón y migrante en la Argentina.

Abre el juego Yokhar, migrante de Perú que vino a la Argentina hace 13 años, con el primer testimonio: “Llegué porque otras compañeras migrantes me contaban que aquí no era tan difícil ser una persona trans. Me encontré con otra cultura y algunas costumbres y racismos que llegué a normalizar, pero más adelante me di cuenta que eso estaba mal. Soy trabajadora sexual por voluntad propia y vivo con el temor de la persecución policial, porque nosotras somos doblemente estigmatizadas, primero por nuestro trabajo y segundo por ser migrantes de color marrón. De la misma manera son discriminadas las compañeras que vienen de otras provincias, pues son también tratadas como migrantes. Al llegar a AMMAR adquirí herramientas y conocimientos para poder enfrentar a la policía de manera pacífica. Aprendimos a defendernos, en La Casa Roja hicimos la unión puta”, concluyó.

Laura, quien se desempeña como trabajadora sexual por internet y en privado, suma su testimonio: “Soy marroncita del conurbano y hace cuatro años soy trabajadora sexual de múltiples modalidades, pero arranqué por internet. Hice calle y ahora empecé con un privado. Quise ir más allá y fue así que se me ocurrió hacer publicidad y fue entonces que detecté el racismo en el que vivimos. Varios clientes me rechazan diciendo que en las fotos me veo más blanquita. Quienes se encargan de hacerme publicidad me suelen pedir fotos con más iluminación o filtros para verme más blanca. Pero la realidad es que yo soy marrón, mi piel es oscura y esto es para mí y para mis compañeras una dificultad que padecemos a diario”.

 

El mural va tiñendo la pared de un rostro, en una paleta de marrones, negro y rojo y continúa recogiendo testimonios en cada pincelada.

“Los pueblos originarios, las putas y los migrantes tenemos los mismos problemas que nos unen: la persecución policial, la falta de acceso a la vivienda y a la salud por nuestro color de piel. Mi experiencia fue que con una compañera fuimos a un hotel de prestigio ubicado en Recoleta, en el que suelen ir compañeras putas a trabajar. Compañeras putas sí, pero de belleza hegemónica. Mi compañera y yo intentamos ingresar al bar y no nos dejaron, poniendo como pretexto que era una fiesta privada. Sentimos mucha impotencia porque no nos dejan trabajar por ser marronas y no podemos llamar a la policía para que nos defienda porque ¿qué les decimos? ¿Que somos putas y queremos trabajar? ¿Que somos trabajadoras sexuales y no nos dejan prostituirnos? También hago calle en Microcentro y me pasa lo mismo, en medio de los cuerpos blancos hegemónicos, yo, la color marrón, soy la extraña. Las compañeras blancas trabajan tranquilas y a mí la policía me decía que no puedo trabajar, entonces me sacaba. Otro problema es que nos bajan el precio, por lo mismo, por no encajar en el estereotipo. Con AMMAR aprendí cuáles son mis derechos. Ahora me siento más protegida, pero hay un largo camino por recorrer”, cerró Rebe, quien fue la anfitriona del conversatorio y es una de las militantes más activas.

Fue el turno de Meli, quien es parte del Bloque Migrante, el cual surge al calor de la lucha contra el racismo y la discriminación hacia los migrantes, sobre todo latinoamericanos. “El Bloque Migrante está compuesto por compañeros que confluyen a partir del DNU 70/2017 de Mauricio Macri, el cual modificó algunos puntos clave en la Ley Nacional de Migraciones de la Argentina. En este nuevo decreto, la gestión de Cambiemos hizo que muchos expedientes de radicación migratoria fueran revisados con la posibilidad de ser revocados para luego expulsar a los migrantes, incluso en casos en los que no tuvieran una condena en el fuero penal. Por suerte en la actual gestión mejoraron algunas cosas y se derogó este DNU. Nosotros creemos que la migración no es un problema, sino que el verdadero problema es el racismo hacia aquellos cuerpos marrones que, por el contrario a los cuerpos blancos, no tienen realmente permitido ocupar ciertos territorios. La articulación entre el Bloque Migrante y las trabajadoras sexuales es una lucha interseccional, pues es un problema de racismo que viven las personas que no cumplen con esa corporalidad y esa racialidad que el país espera. En el caso de las compañeras que ejercen el trabajo sexual están doblemente atravesadas por esa discriminación no solo por su racialidad, sino por el oficio que desempeñan”, dijo la activista colombiana.

El conversatorio cerró con las palabras de Georgina Orellano, quien es la Secretaria General del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de la Argentina. “Lo que nos une es la exclusión social y política. Vivimos la violencia institucional. ¿Cuáles son los cuerpos que son castigados por la represión policial, por la mirada de los vecinos? Siempre llegamos a la conclusión que son los de pieles oscuras. Queremos poner en evidencia cómo se construyen las políticas punitivas que le entregan mayor poder a la policía para que nos persiga, en este caso, a las trabajadoras sexuales callejeras, a las migrantes, a las compañeras racializadas, a las marrones. Las personas que escriben las leyes que nos competen, quienes hablan de la pobreza y de exclusión son personas blancas que no están atravesadas por las situaciones que nosotras vivimos”. Para ejemplificar, agregó: “Muchas veces allanan sin motivo casas de compañeras. En una ocasión encontraron un cuaderno en el que habían anotados nombres de otras trabajadoras y al lado de cada nombre un número. Lo primero que pensaron es que ellas son parte de la venta de estupefacientes, vinieron varios medios de comunicación y publicaron que se había desarticulado una red de narcotráfico, cuando en realidad lo que está escrito en este cuaderno son nombres de putas que tienen pensado acceder a un plan de crédito y ahorros. Otras vendían comida como una fuente de ingreso extra y ese número era la cantidad de dinero que ganaron por eso. Para la policía, si nosotras vendemos papas a la huancaína, tamales o seco de cordero, es decir, comidas típicas de nuestros países, significa que vendemos droga. Nosotras no podemos ir a pedir un crédito a un banco porque no existimos. Por eso nos organizamos y pensamos estrategias para sortear estas dificultades”. Reivindicando sus identidades y visibilizando su problemática, concluyó: “Queremos ser nosotras, las feministas marrones, las escuchadas, las referentes de los feminismos populares, comunitarios y antirracistas. En la agenda aparecen siempre los problemas que atraviesan las clases medias, a nosotras nunca nos preguntaron de qué manera enfrentamos los problemas económicos durante la cuarentena. Quedamos fuera nosotras, que estamos endeudadas, que no podemos acceder a la vivienda porque no tenemos recibos de sueldo: alquilamos por contratos de palabra y pagamos el doble. No hay políticas públicas para nosotras”.

Pasadas las 19 horas y de la mano de la artista Mirela Vega, el mural pintado en las puertas de La Casa Roja estaba terminado. En esta jornada, las trabajadoras sexuales lograron su objetivo: alzar la voz fortalecida y empoderada que las caracteriza. Sin embargo, para ellas el camino es largo y por eso las actividades continúan: el próximo sábado 30 de octubre a las 12 horas se llevará a cabo el Encuentro Feminista Popular, en el Estadio Malvinas Argentinas. Para asistir se debe llenar el siguiente formulario

“Somos sujetos de derechos”

“Somos sujetos de derechos”

Las autodenominadas trabajadoras sexuales realizaron un Congreso Nacional, el primero en Argentina, para debatir sobre el proyecto de ley que busca el reconocimiento de derechos laborales. El encuentro, realizado en el Hotel Bauen, reunió a más de cien mujeres de doce provincias durante cuatro días y finalizó con un abrazo al Palacio Legislativo el 2 de junio, Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales. En medio de la acción, alzaron sus paraguas rojos, símbolo internacional de su actividad.

«Siempre tratamos que nuestro día sea de lucha. Tomamos las calles para visibilizar que estamos organizadas. Reclamamos por la violencia institucional y las detenciones arbitrarias que sufrimos, y para pedir reconocimiento de nuestro trabajo», dijo a ANCCOM Georgina Orellano, la secretaria general nacional de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR).

Las trabajadoras nucleadas en la Asociación ya habían presentado en 2013 un proyecto de ley junto al senador Osvaldo López, pero no fue debatido en el Congreso y perdió estado parlamentario. El nuevo proyecto busca que se las reconozca como sujetos de derechos para poder realizar aportes jubilatorios, contar con una obra social; además de impedir o y contrarrestar la violencia institucional que sufren, como  allanamientos en sus casas, detenciones arbitrarias, pedido de coimas o apropiación de sus pertenencias por parte de la policía. También, suponen, ayudaría a quitar el estigma a social que tiene su actividad.

Mujera con la cara pintada levanta un cartel que dice "DERECHOS LABORALES PARA LXS TRABAJADORES SEXUALES"

Las trabajadoras sexuales realizaron un Congreso Nacional, el primero en Argentina, para debatir sobre el proyecto de ley que busca el reconocimiento de derechos laborales.

Las trabajadoras consideraron debatir el proyecto nuevamente, reformular el que habían entregado en 2013, porque se dieron cuenta que el anterior tenía rasgos higienistas, es decir, de un modelo que considera al trabajo sexual como algo que debe ser controlado desde un punto de vista principalmente médico. Exigía a las trabajadoras libretas sanitarias, carnets, o estar registradas. La abogada de AMMAR, Agustina Iglesias Skulj, explicó a ANCCOM: «Si se formaliza la actividad de las trabajadoras sexuales habrá que crear otro sistema que se corresponda con su propia actividad porque, en realidad, si bien el término de libreta sanitaria se puede utilizar en otros trabajos, consiste en dos tratamientos completamente diferentes. El tratamiento que recibe una trabajadora sexual en un régimen reglamentarista de libreta sanitaria no es la misma opresión ni carga con el mismo estigma que el caso de cualquier otro trabajador o trabajadora».

El trabajo sexual no está penalizado por el Código de Penal de la Nación. Está regulado en los Códigos de Faltas y Contravenciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo cual, aparece como una falta a la moral y a las buenas costumbres. Según un trabajo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la mayoría de estos códigos penaliza el trabajo sexual ya que diez provincias le confieren multa y/o arresto, seis provincias sólo arresto y en otros casos se aplica multa y/o trabajo comunitario. Además, las mujeres nucleadas en AMMAR dicen que la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas, que busca erradicar la explotación sexual, tiene aspectos que recaen sobre su trabajo y lo criminalizan.

María Riot es actriz porno y se autodefine como trabajadora sexual, tiene 25 años y está afiliada a AMMAR. En diálogo con ANCCOM, expresó que para la sociedad y el Estado la trata es igual que el trabajo sexual: «La modificación de la Ley de Trata hizo que se le quitara el consentimiento a las trabajadoras sexuales, es decir, todas quedamos como víctimas o proxenetas». La normativa dice que se reprimirá con prisión a quien capte, traslade o acoja […] cuando mediare  engaño, intimidación […] u otro medio para conseguir el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima. Integrantes de AMMAR explicaron que muchas veces detienen a una de ellas por el hecho de ser la mayor que reside en la vivienda, o por ser la que tiene a su nombre los servicios, como la luz: por esos motivos es considerada una proxeneta. La abogada de AMMAR explicó: «Tenemos que mirar cuáles son los efectos materiales que producen las normas. Si bien el trabajo sexual no está criminalizado directamente, sí se criminaliza todo el entorno de las trabajadoras y cualquier tipo de vínculo asociativo o laboral para el desarrollo de su actividad, algo que necesariamente se crea, como en cualquier otro rubro o actividad».

Una mano maquillando a una cara con brillantina y piedritas de colores. De fondo se observa un banner de la CTA

«Vivimos en una sociedad que te obliga a sentir vergüenza por esto», dijo una de las trabajadoras.

El trabajador sexual Brune Gigi, afiliado en AMMAR de Mar del Plata, considera que mezclar la trata con el trabajo sexual es lo que no permite solucionar ninguna de las dos cosas. «Debe haber ayuda estatal para aquellas personas que están sometidas a situaciones de prostitución, y también un marco legal para las personas que sí queremos ejercer. Lo que diferencia la trata del trabajo sexual es la decisión de hacerlo por elección. No queremos ser vistos como víctimas, sino como personas que eligen su trabajo», dijo Brune. Él trabaja hace cinco años, siempre había tenido una fantasía de realizarlo pero no creía que pudiese hacerlo porque pensaba que no tenía la belleza asociada a este tipo de trabajo. A partir de mensajes que recibía por Facebook lo empezó a hacer como una picardía, y luego se dio cuenta que podía elegirlo como trabajo. «Vivimos en una sociedad que te obliga a sentir vergüenza por esto, muchas chicas no asisten a las marchas porque todavía lo viven con culpa. Hasta que un día empieza a ser su orgullo», confesó. Otra trabajadora afiliada en AMMAR es Ángeles Del Nilo, quien comenzó a trabajar porque le llamaba la atención, pero al mismo tiempo tenía muchos prejuicios. «Me fui informando, me pareció una manera viable de tener mi propio tiempo y de decidir. Hay riesgos pero como en cualquier otro trabajo. Opté por trabajar de manera independiente para sentirme cómoda y segura, encontrarme con el cliente en otro lugar que no fuera mi casa». Ángeles explica que desde la visión abolicionista del trabajo sexual, desde el Estado y la policía, se considera que ellas no tienen poder de decisión sobre sus cuerpos. «Una parte del feminismo entra en un error cuando cree que por ofrecer un servicio que está relacionado con el cuerpo es reducirnos a un objeto. El tema es tan tabú porque estamos trabajando con determinadas partes del cuerpo, y con nuestra sexualidad. En todos los trabajos uno pone su fuerza de trabajo, y eso no quiere decir que uno se esté vendiendo. Somos sujetos de derechos».

Dos mujeres, una con un antifaz, la otra con la cara pintada de brillantina, posan para la foto bajo un paraguas rojo. Una tiene en su mano un panfleto de AMMAR, la otra tiene puesta una remera con la frase "TRABAJO SEXUAL ES TRABAJO"

Los paraguas rojos, símbolo internacional de su actividad

 

Una mujer hablando por micrófono en el escenario, lleva la frase "PUTA FEMINISTA" en su remera. De atrás se observan las demás oradoras del acto, y unos paraguas rojos, símbolos del trabajo sexual.

«Tomamos las calles para visibilizar que estamos organizadas. Reclamamos por la violencia institucional y las detenciones arbitrarias que sufrimos».

Actualizada 06/06/2017