Alberto y Lula imaginaron el futuro

Alberto y Lula imaginaron el futuro

“A veces pienso que venimos al mundo para transformarlo en un lugar mejor. Para muchos de nosotros que venimos de los sectores populares, es una necesidad”, reflexiona Lula Da Silva, desde Brasil, durante la videoconferencia titulada “Pensar América Latina después de la pandemia”, organizada por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y auspiciada por Clacso. De origen nordestino y sindicalista metalúrgico, Lula asumió la presidencia de su país en 2003 y, luego de dos mandatos, entregó el bastón a Dilma Rousseff. “El mundo precisa de líderes y sueños. No hace mucho tiempo comenzamos a llevar a cabo el sueño de Bolívar de una Patria Grande”, evoca.

“No sé cómo va a venir el mundo después de la pandemia. Ni las guerras ni otras enfermedades causaron tanta devastación en un momento tan corto en Brasil. Cuando veo todas las vidas salvadas en Argentina, me duele mucho ver mi propio país desgobernado, con ministros incapaces de proteger a nuestro pueblo y un Presidente de la República que hace chistes con esta tragedia”, se lamenta.

La situación frente al coronavirus de ambas naciones es radicalmente diferente. Argentina, con 55.343 infectados y 1.184 fallecidos al cierre de esta nota, acaba de anunciar la extensión de la cuarentena en el AMBA hasta el 17 de julio. Mientras tanto, en Brasil, donde no se estableció un confinamiento general, los enfermos superan los 1,2 millones y son más de 55 mil los muertos. “No sé si hay un ser humano en este continente que sepa qué va a pasar después, pero lo que va a salvar a América Latina es una palabra llamada ‘democracia’”, sostiene Lula.

“No sé si hay un ser humano en este continente que sepa qué va a pasar después», dijo Lula.

Desde el golpe contra Dilma Rousseff, en 2016, las instituciones democráticas brasileñas atraviesan una situación de extrema debilidad. Vaciamiento del Estado, recortes en salud y educación, crecimiento del desempleo, violencia –incluido el asesinato de opositores como Marielle Franco–, persecución política y lawfare. A partir de la asunción de Michel Temer y después con Bolsonaro, que ganó las elecciones presidenciales con Lula, el principal rival y líder en las encuestas, proscripto y encarcelado, la democracia pende de un hilo en el gigante sudamericano.

“Cuando asumí, en 2003, tomamos la decisión de priorizar y privilegiar nuestra relación con América Latina. Logramos construir el mayor período de unión y desarrollo de nuestra región. Reforzamos el Mercosur, le dijimos a Bush que no queríamos el ALCA, creamos Unasur, luego la Celac. Probamos que era posible crecer y crear instituciones multilaterales, un bloque para pensar economía, desarrollo, educación, cultura: pensar la política como un todo”, destaca Lula y agrega: “Tengo profunda saudade de (Néstor) Kirchner y Chávez, y les hago un profundo homenaje junto a los otros líderes que soñaron construir la Patria Grande que soñó Simón Bolívar”.

Varios de los mandatarios progresistas de inicios de los 2000 padecieron la persecución política bajo la forma del lawfare. “Estos movimientos sufrieron golpes de nuevo tipo, ya no militares, sino que utilizaron las instituciones democráticas y el poder de los medios para desinformar y mentir. Tengo certeza que el objetivo de destruir la imagen de Lula (sic) para que no ganase las elecciones, fue planeado desde la Secretaría de Inteligencia de Estados Unidos, con el interés de tomar nuestra Petrobras”, asegura.

«El dios mercado es un mito; una vez más se muestra incapaz de resolver los problemas que vivimos”, dijo Lula.

Hoy el Estado neoliberal se muestra incompetente para preservar la salud: “La vida no tiene precio y la economía existe en función de las personas y no de los números. El Estado es quien puede dar los recursos y orientar a la sociedad para pasar este momento tan difícil de la humanidad. El mito del dios mercado es apenas un mito, porque una vez más se muestra incapaz de resolver los problemas que vivimos”. Según Lula, “la única razón por la cual una persona decente quiere ser gobernante es cuidar al pueblo. Lamentablemente, tenemos en Brasil un gobierno que no se preocupa por la pandemia”.

“Esta crisis es mucho más profunda que otras anteriores y quiera Dios que los líderes de los Estados aprendan que la economía tiene que estar al servicio de los seres humanos y no lo contrario. Lo que vaya a ser de Argentina, de Brasil, después de la pandemia, es lo que nosotros tenemos que decidir. Yo sueño con solidaridad, pasión, sentimiento. No quiero ser un número, un algoritmo. Sueño que la economía sea discutida en función del pueblo”.

Para que sea posible, hay que recuperar la palabra política. “Es el instrumento con el cual podemos transformar nuestros sueños en realidad y creo que nunca fue tan necesario soñar con un mundo mejor que en este momento”, concluye Lula.

 

La peste como oportunidad

A su turno, el presidente Alberto Fernández opina que la pandemia ha dado vuelta el mundo y puesto todo en crisis: “Como decía Albert Camus en La Peste, la enfermedad nos muestra cómo se lleva la vida de la gente y cómo asoma la miseria humana en determinados momentos. Pero como bien decía Lula, hay algo que no está en discusión: nada hay más importante que la vida, que la salud del pueblo”. ¿Vida o economía? “Un falso dilema”, insiste, “porque la política, que es en esencia una acción ética, no permite poner en tela de juicio la importancia de la vida”. Y subraya: “Hacer política es la construcción de una mejor humanidad y cómo se hace si no es preservando la vida de quienes nos toca gobernar”.

“La pandemia pone en jaque el sistema capitalista. Ese capitalismo financiero, del que tanto nos hablaron, había construido un castillo de naipes y un virus invisible lo ha destruido con facilidad. Ninguna acción, ni bono, ni empresa, vale hoy lo que valía antes del coronavirus. El capitalismo tal como lo conocimos no tiene viabilidad: un capitalismo sin consumidores ni trabajadores, que no existe donde todo vale nada”.

Hacerle frente al coronavirus en América Latina, manifiesta, es un triste desafío. “Enfrentamos la pandemia en el continente con mayor desigualdad. Esta injusticia dejó en evidencia que el capitalismo tal cual lo conocemos no tiene sentido, deja al margen de la sociedad a millones de compatriotas. Y como creemos que la política es acción ética, no podemos hacernos los distraídos”.

La desigualdad se refleja en la cantidad de personas, en el país y en el continente, que viven en situaciones de vulnerabilidad. “Cuando nos propusimos auxiliar a quienes estaban marginados del Estado, hicimos un primer cálculo que nos daba 2 millones de personas. Al final, terminamos asistiendo a 9 millones, alrededor del 20 por ciento de la población argentina que estaba abandonada a su suerte”, detalla.

«La política es una acción ética, no permite poner en tela de juicio la importancia de la vida”, señaló Fernández.

“Es tan profunda la crisis que se ha generado, que tenemos la oportunidad de revisar el mundo”, afirma el mandatario. “Volver a ser un capitalismo distinto que integre mucho más a la sociedad, que distribuya en vez de concentrar. Esto lo podemos hacer porque todo vale nada si aparece un virus y pone en jaque todo”.

El panorama regional no es alentador. “Este es un continente muy distinto al que viviste vos (por Lula) y los otros compañeros (por Evo, Correa, Mujica, Chávez, Kirchner, Bachelet). Los Estados Unidos rompieron Unasur y crearon el Prosur. En el medio, hubo una misión cuidadosa para desprestigiar a los líderes latinoamericanos con procesos judiciales e imágenes delictivas que luego transcurrían por los medios. La república está para respetar los derechos de todos y no para perseguir opositores. Esta es una tarea pendiente que esperemos nunca más ocurra”, asevera.

Según el presidente, este es un escenario para plantear discusiones como medioambiente, igualdad de género y construcción de democracias fuertes: “Tenemos una gran oportunidad como civilización de hacer un mundo distinto –dice–. Es una gran oportunidad que depende de nosotros”.

¿Qué medidas tomó cada país latinoamericano frente a la pandemia?

¿Qué medidas tomó cada país latinoamericano frente a la pandemia?

Sudamérica fue fuertemente impactada por el COVID-19. La llegada tardía del virus le dio la posibilidad a la región para analizar lo que sucedía en el exterior y tomar medidas a tiempo. Sobre todo, considerando los estragos que podía causar por los evidentes problemas estructurales. Cada gobierno actuó con autonomía y por eso los resultados son tan distintos. El virus expone los costos que se ya se sienten en los países de la región. ¿Cuál es la situación de los principales países de la parte sur del continente?

En Uruguay, el nuevo presidente, Luis Lacalle Pou, asumió apenas días antes de que comenzara la pandemia: el 1° de Marzo. Desde el 13, cuando se confirmó el primer caso en su país, el gobierno soltó paquetes de medidas contundentes para controlar la situación, como el cierre parcial de frontera y prohibición del desembarco de cruceros, la suspensión de espectáculos públicos, eventos masivos, el cierre de shoppings, órganos estatales y de instituciones educativas sin fecha de reapertura. Al momento, cuentan con 456 casos confirmados, 7 fallecidos y 192 personas recuperadas. A diferencia de Argentina, Lacalle Pou prefirió exhortar a la gente a que se aísle. “¿Alguien en serio con responsabilidad está dispuesto a llevar detenido a un uruguayo en cualquier lugar del país que está tratando de hacer el peso, no para la semana, sino para el día?”, manifestó.

En cuanto a medidas económicas, se ha creado un “fondo de coronavirus” de aproximadamente 400 millones de dólares para asistir a los más vulnerables. Está formado por una reasignación de fondos públicos, incluido un recorte de sueldos y jubilaciones de funcionarios por un mínimo de dos meses, que va progresivamente del 5% al 20% a los que reciban desde 80.000 pesos uruguayos (1850 dólares).  Además, se les otorgó subsidios por enfermedad a la población de riesgo mayor a 65 años y se construyeron refugios para facilitarles el aislamiento. Paralelamente, se flexibilizaron los requisitos para el acceso al subsidio por desempleo.

En Brasil, Jair Bolsonaro en principio minimizó la situación. En sus declaraciones, aseveró que el verdadero problema era la “histeria” que se había generado alrededor de la enfermedad. Dijo que los brasileños son inmunes a ella porque saben “bucear”, se “meten en alcantarillas” y que, a lo sumo, tendrían solo una “gripecita”.

Bolsonaro no impuso ninguna medida para facilitar la cuarentena, sino que priorizó la continuidad de la actividad económica. “¿Algunos van a morir? Van a morir, lo siento. Así es la vida. No se puede detener una fábrica de automóviles porque hay 60.000 muertes en accidentes de tráfico al año, ¿verdad?”.

El tiempo pasó, los contagiados aumentaron, así como las divisiones sociales en Brasil. Hoy los casos confirmados ascienden a 16.238, con 173 personas recuperadas y 823 fallecimientos. Lo que decayó fue la popularidad del presidente, quien se fue aislando progresivamente. Fueron los gobernadores los que tomaron conciencia y lo desafiaron primero. Wilson Witzel de Río de Janeiro declaró cuarentena hasta esta Semana Santa y João Doria de San Pablo ya comunicó la extensión de la cuarentena hasta el 22 de abril.  Cerraron comercios, servicios y actividades no esenciales, así como también las instituciones educativas. Pese a que Bolsonaro los calificó como “lunáticos”, la Legislatura aprobó un subsidio a trabajadores informales y autónomos, en principio por tres meses, de 600 reales (115 dólares), más del doble del monto propuesto desde presidencia, y se le inició un proceso de juicio político.

Paraguay es el país donde se registra el más bajo porcentaje de afectados en comparación del resto del continente sudamericano, con 124 casos confirmados, 5 fallecimientos y ya 18 recuperados. Se pueden vincular estos números con el accionar inmediato del Presidente Mario Abdo Benítez, que decretó el 16 de marzo la restricción de circulación de vehículos y personas en la vía pública entre las 20:00 y las 04:00 AM (hora local), medidas que se endurecieron y extendieron hasta el 12 de abril debiendo respetar el aislamiento total obligatorio. El ministro del Interior, Euclides Acevedo, había expresado que «No es un toque de queda, pero es lo más parecido. ¿Qué quiere decir eso? Que el derecho a la circulación se va a restringir con el objetivo de ser drásticos con respecto a la cuarentena, que no es otra cosa que el aislamiento».

Las esperanzas de Colombia se mantuvieron a flote durante las primeras instancias de contagio. En 2014 y 2018 habían confrontado otros virus: el chikunguña y el zika. Esto fortaleció el sistema sanitario con recursos como un laboratorio de detección en 24 horas y un Centro de Operaciones de Emergencia (COE) del Instituto Nacional de Salud (INS). Aun así, una semana después de la confirmación del primer caso de coronavirus, el 6 de marzo, el gobierno de Iván Duque declaró la emergencia sanitaria. Su primera medida fue decretar un aislamiento preventivo obligatorio a mayores de 70 años hasta el 30 de mayo y facilitarles el acceso a subsidios, pensiones y a la “canasta básica”. Además, suspendió las actividades educativas y cerró las fronteras terrestres, marítimas y fluviales. Luego de una semana, el mandatario ordenó a la totalidad de los ciudadanos, independientemente de su edad, respetar la cuarentena hasta el 13 de abril.

La cantidad de infectados se quintuplicó desde la primera medida implementada hasta la fecha, por lo que Duque ordenó prolongar el aislamiento por dos semanas más. “Esta pandemia está en el mundo y mientras no se desarrolle una vacuna va a estar presente. Nuestro reto es ser capaces de adaptarnos, lo que significa seguir protegiendo la vida, la salud y tomar todas las medidas que se requieran”, manifestó en cadena nacional. A la fecha, entre los colombianos hay 2.054 casos confirmados, de los cuales ya han fallecido 55 personas y otras 123 se encuentran recuperadas.

En Bolivia, frente a una escasez de recursos, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, expresó: «No tenemos las condiciones en salud para enfrentar esta pandemia, pero sí podemos quedarnos en casa», razón por la cual ordenó acatar la cuarentena nacional desde el 22 de marzo hasta el 15 de abril, para reducir la cantidad de afectados, que suman a la fecha 264 casos confirmados, con 18 fallecimientos y 2 recuperaciones.

Desde entonces, los mercados y centros de abastecimiento cierran al mediodía y solo una persona por grupo familiar tiene permitido el acceso a ellos para hacer las compras. El transporte público y privado fue suspendido, aunque se habilitaron permisos especiales para transportar trabajadores del área de la salud, la comunicación y otros empleados de servicios indispensables como el agua, la electricidad y el gas. La implementación de esta medida permitió un ascenso gradual y controlado de la pandemia, ya que se registraron 160 casos de contagio en dos semanas, una cifra menor en comparación a otros países.

En Venezuela el presidente Nicolás Maduro impuso la cuarentena total obligatoria el 17 de marzo, después de expresar en cadena nacional que «es la situación más grave a la que se haya enfrentado Venezuela nunca antes». En principio, la medida se aplicó solo en siete estados del país (Caracas, Miranda, Vargas, Zulia, Táchira, Apure y Cojedes), obligándolos a suspender todas las actividades que no estén involucradas con los servicios de salud, transporte, alimentos y seguridad. Días después, la obligatoriedad del aislamiento se expandió por toda Venezuela porque, según manifestó el presidente, “la única forma de detener los canales de propagación es entrando en una fase drástica de cuarentena colectiva en todo el país».

Hasta el momento, tanto el gobierno venezolano como la OMS confirmaron 167 casos, entre los cuales anunciaron 9 fallecidos y 65 recuperados. Pese a estas cifras oficiales, el diputado opositor de la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, aseguró que es mayor la cantidad de casos positivos de COVID-19 en comparación a lo revelado por el oficialismo. «Nicolás Maduro miente y las mentiras le van a costar la vida a los venezolanos por no tener información real de lo que ocurre. Miente en el número de pruebas hechas y pone en riesgo la vida de los venezolanos», dijo en una conferencia de prensa.

Mientras tanto en Chile, con los militares en la calle, recorte de sueldos, la gente en las casas, el plebiscito por la reforma constitucional pospuesto y la derecha en el poder, el presidente Sebastián Piñera logra tener al pueblo recluido en cuarentena. Piñera debió esperar al momento justo para legitimar las medidas que lo habían enfrentado constantemente con el pueblo en el pasado. Decretó el Estado de excepción constitucional de catástrofe por 90 días, lo que le permite, entre otras cosas, limitar ciertos derechos o garantías constitucionales, como el libre tránsito y la posibilidad de establecer toques de queda. En ese contexto, estableció un toque de queda de 22:00 a 5:00 AM (hora local), suspendió las clases hasta el 12 de abril, cerró los shoppings y canceló todo evento masivo. Además, se declaró la cuarentena total, pero solo en determinadas comunas-distritos de algunas ciudades, en donde había grandes focos infecciosos.

La particularidad de Chile es que es el país que más tests hace para diagnosticar el virus en la región. Se realizan más de 4.500 por día, y esa es la estrategia clave del país trasandino para localizar y combatir la enfermedad. También es el que maneja la tasa más baja de mortalidad en relación a la cantidad de contagiados: con 5.546 casos confirmados, 48 de esos casos fueron fatales y ya hay 1115 personas recuperadas.

Por ahora, el pueblo está encerrado, pero toma nota de cada error del gobierno. El ministro Jaime Mañalich indicó que “el coronavirus puede mutar” y ponerse en “buena persona”, cuando en realidad la OMS expresa que el virus no ha mutado. Además, el gobierno habilitó suspensiones en empresas, lo cual implica que la gente cobre un seguro de cesantía que significa una suma significativamente menor de los ingresos mensuales.

En Perú, el coronavirus llegó en medio de una crisis política que acarrea desde hace tiempo. Recién el 16 de marzo se restableció el Congreso, suspendido desde el año pasado. Los nuevos legisladores tuvieron que jurar, en una ceremonia privada, respetar lo más posible la cuarentena obligatoria.

El presidente Martín Vizcarra declaró el estado de emergencia el 15 de marzo. Desde ese día, el país quedó militarizado para controlar que la población cumpla con las restricciones impuestas, lo que generó una serie de abusos de poder. Además, sancionó una Ley de Protección del Personal de Seguridad que exime a los oficiales de responsabilidad penal al herir o matar «en ejercicio regular de su función constitucional”. Esto se ganó el repudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros organismos.

Perú está sometido a uno de los confinamientos más duros de la región. Cuenta con un toque de queda nocturno de 11 horas (de 18:00 a 5:00 AM). Además, se segmentan las salidas masculinas y femeninas. Los hombres pueden salir los lunes, miércoles y viernes y las mujeres, el resto de los días de la semana. El domingo, el acceso está prohibido para la totalidad de la población. Las cifras de infectados hasta el momento asciende a 4.342 casos, entre  los cuales se cuentan 121 fallecidos y 1333 recuperados.

La mayoría de los trabajadores se siente indefensos ante la crisis, porque aproximadamente el 70% de su economía es informal. Para ayudar a estos sectores, desde el gobierno lanzaron un plan de bonos de emergencia de 380 soles (108 dólares) por familia.

Ecuador tiene la mayor tasa de mortalidad por COVID-19 en Sudamérica. El sistema de salud dejó de responder y, en consecuencia, un gran número de personas falleció en sus casas, sin atención médica y en presencia de los familiares. El sistema funerario colapsó dejando postales de familias que creman a sus familiares en las calles. Desde el gobierno, llegaron a considerar la creación de una fosa común para “los caídos”. A la fecha se registran 4.450 casos confirmados, con sólo 140 recuperados y 242 casos fatales.

El presidente Lenin Moreno tardó en reconocer la inoperancia de su gobierno para combatir la pandemia del coronavirus. En un principio, decidió ocultar a sus muertos. Según un protocolo para la “disposición final de cadáveres”, no se especificaba la causa de muerte y con esto se manipulaban los números. Solo después de una gran presión mediática, el presidente admitió que “los registros oficiales se quedan cortos”.

A pesar del sufrimiento económico de su pueblo, Moreno anunció otro ajuste en plena crisis con recortes presupuestarios y salariales para los empleados públicos. También desembolsó 320 millones de dólares en pagos a bonistas. Ecuador no puede imprimir dinero, por lo que todo indica que continuará endeudándose con fondos internacionales.

El oficialismo envió al congreso una “ley para proteger el empleo” y está ofreciendo un bono único por dos meses de 60 dólares para familias que trabajan “por cuenta propia”.

Ecuador también está militarizada, en estado de excepción desde el 16 de marzo. Actualmente tienen un toque de queda de 15 horas: el más largo de la región.

«La desigualdad afecta principalmente a la legitimidad de la democracia»

«La desigualdad afecta principalmente a la legitimidad de la democracia»

A comienzos del siglo XXI comienza a vivirse un proceso de transformación de los grandes indicadores sociales de los años noventa generando nuevas preocupaciones. En el marco de estas inquietudes comenzó a trabajar el equipo de investigadores consagrados, docentes y profesionales multidisciplinarios que hoy forman parte del  equipo organizador del Seminario Internacional de Desigualdad y Movilidad Social en América Latina. Entre ellos Eduardo Chávez, Doctor en Ciencias Sociales e investigador del Instituto Gino Germani (IIGG) forma parte del corazón de este evento.

Con el objetivo de estudiar nuevas problemáticas que pudieran convertirse en tema de agenda académica y política comenzaron a reactualizar los debates y a involucrar a instituciones de toda Latinoamérica.

-¿Cuál es el principal desafío respecto a la desigualdad social que se vive en los países de América latina?

-El principal desafío tiene que ver con la distribución material de recursos que está asociado al fortalecimiento institucional, debido a que se encuentran mayores niveles de desigualdad en aquellos lugares donde hay determinados actores sociales que son más débiles en términos institucionales.  Es decir, que no cuentan con un respaldo que les permita establecer pautas de confrontación que les den beneficios.

-¿Cómo se aplicaría esto al caso argentino?

-En el caso argentino, por ejemplo, hoy vivimos un período de paritarias. Las paritarias están instaladas y hasta se ha formado un sentido común sobre su existencia. Hace diez años atrás esto no existía. Se negocia con sindicatos fuertes que ponen sobre la mesa elementos que le permiten sacar mayor o menor tajada del proceso distributivo. Es decir, que le arrancan ya sea al Estado o al mundo empresarial porcentajes que no licuen los ingresos de acuerdo al proceso inflacionario. Por ende, queda claro que, en este proceso también se involucra la capacidad de negociación institucional de los sindicatos que defienden al más débil de esa demanda que es el trabajador.

-¿Qué mecanismos influyen en las condiciones de desigualdad?

-No son fáciles de observar. No solo la diferencia en el salario genera desigualdad sino también las condiciones institucionales que permiten que esa desigualdad persista, los niveles de tolerancia social de la desigualdad, los elementos que inciden en las valoraciones sociales como el prejuicio y la discriminación por ejemplo sobre los migrantes,  determinado  color de piel, género o discapacidad física. En muchos casos, en términos valorativos, aparecen como un elemento que jerarquiza roles e incide en los procesos distributivos.

Entrevista a Eduardo Chávez Molina, Constitución, Bs As. 22 de mayo de 2015. Foto Romina Morua. ANCCOM UBA

Eduardo Chávez Molina en plena entrevista.

-¿Qué efecto generan las paritarias sobre a la desigualdad?

-Las paritarias estratifican determinados ingresos y achatan la desigualdad dentro del mundo de asalariados agremiados debido a que se dan en un marco de negociación. En el mundo de los asalariados los que negocian sus paritarias, son los trabajadores protegidos: es decir, el Estado regula la relación capital-trabajo. Por otra parte, en el mundo de los asalariados desprotegidos, informales o cuenta propias informales, su salario va a depender del propietario que le quiera aumentar el salario o de su capacidad productiva. Sin embargo, los salarios en Argentina  no aumentan por productividad sino por inflación y por ende, hay sectores que le ganan a la inflación, que la empatan o que pierden frente a ella.

-¿Cuál es el factor principal que explica el grado de institucionalidad de las reglas económicas en los países de América Latina en el siglo XXI: el Estado o el mercado?

-Es el Estado, que orienta las intervenciones. No solo en Argentina sino también en Brasil el Estado ha generado fuertes políticas de regulación. En Chile en mayor o menor medida ha avanzado hacia un proceso similar. Por otra parte, también en países como Uruguay, Bolivia, Venezuela, Ecuador en donde, la fuerte impronta del Estado ha llevado a modificaciones sustantivas.

-¿Cuáles son esas modificaciones?

La protección. Hace ocho años atrás un gran porcentaje de la población no tenía forma de generar ingresos y hoy está asegurada vía transferencias. Además, la protección sobre nuestros ancianos que hoy saben que al llegar a los 65 años van a poder jubilarse. Puede considerarse un ingreso mayor, menor o al borde de la línea de pobreza pero antes no lo tenían y es un cambio.  Otro gran cambio es la capacidad que tiene el Estado para regular la relación capital-trabajo y las paritarias son una expresión de esto.

-¿Qué efectos han tenido estos cambios en la estructura de clases?

Es paradójico porque la estructura de clases no se ha modificado sustantivamente, es decir que los sectores medios que refieren a empleos de servicios no manual se han mantenido relativamente estables, ha mejorado algunos puntos la clase trabajadora industrial y existe un fuerte componente de clase trabajadora industrial no protegida y cuenta propias informales.

-¿Cómo es la situación de otros países como Venezuela, por ejemplo, en términos redistributivos?

-Es muy similar al caso argentino y en términos de contención de la disparidad de desigualdad, pero lo que tiene de trasfondo es un gran proceso de tensión socio-política producto de los procesos redistributivos.

«Hace ocho años atrás un gran porcentaje de la población no tenía forma de generar ingresos y hoy está asegurada vía transferencias. Además, la protección sobre nuestros ancianos que hoy saben que al llegar a los 65 años van a poder jubilarse», dice Eduardo Chávez Molina.

-Pero, el ciudadano venezolano común en el día a día, no puede ir al supermercado a comprar productos de la canasta básica. Se ve afectado por el desabastecimiento y por la regulación que se está aplicando sobre la compra de alimentos. ¿Esto genera que no pueda ver satisfechas sus necesidades básicas y por ende, mayor desigualdad?

-Me recuerda mucho al modelo Chileno de la Unidad Popular que produjo posteriormente el golpe de Estado. La particularidad del caso venezolano es que no tiene una producción de alimentos propia. Venezuela históricamente nunca produjo alimentos lo cual genera la necesidad de la divisa para comprarlos por decisiones políticas no solo del gobierno actual si no de gobiernos anteriores que apostaron a la reventa petrolera lo que lleva a que todos los alimentos se importen. Y las experiencias de producción de alimentos propios han fracasado o son débiles. Un país que no produce alimentos sumado a la tensión social que genera la distribución obviamente provoca dificultades. Todo proceso distributivo genera tensión social.

-¿Actualmente cuál es la principal tensión en Argentina respecto a procesos distributivos?

-En el mundo sindical el principal conflicto es el impuesto a las ganancias porque corroe los ingresos más altos alcanzados en las paritarias. En el mundo empresarial, por un lado, son las restricciones de la localización de ganancias en el exterior con el control del dólar que evita que una empresa nacional o internacional localice sus ganancias en el exterior. Por otro lado, la gran tensión de los grupos empresarios son los grandes salarios que le arrancan los trabajadores con las paritarias.

-¿Cuál es la principal relación entre desigualdad y movilidad social?

-La desigualdad no siempre va acompañada de la movilidad. Si se achican ciertos elementos de desigualdad que no solo tengan que ver con ingresos sino también con oportunidades e igualdad de condiciones se puede seguir avanzando en los procesos de desigualdad. Por ejemplo, si no se dan becas para que un pibe vaya a la universidad, se pueda comprar apuntes, vaya al bar y se compre un café con leche y medialunas para que pueda estar alimentado cuando tenga hambre y llegue a su casa y tenga una cama para dormir, no me va a servir de nada solo tener la universidad abierta. Por ende hay que abogar por igualdad de condiciones y de esta forma se produce un proceso de movilidad. Cambiar de posición social no siempre implica una mejora en la vida, lo que uno tiene que procurar es que todo proceso de movilidad ya sea si me quedo, heredo o mejoro conlleve mejores condiciones de vida.

-¿En qué medida las problemáticas de desigualdad y movilidad social afectan a las democracias de Latinoamérica?

-Las afectan profundamente. La desigualdad afecta principalmente a la legitimidad de la democracia. Cuando el mundo empresarial y político conjuga sus espacios de poder en detrimento de amplios sectores de la población deslegitima la democracia. En Chile se dio una de las experiencias menos conocidas en el continente que fue el gobierno de los empresarios. Por primera vez en el continente los empresarios gobernaron. Todos. Las empresas más importantes de América latina como LAN, empresas médicas privadas, Retail, el principal dueño de supermercados, ocuparon cargos ministeriales. Una desigualdad que ya existente encarnada en ese proceso genera mayor deslegitimidad. Ojo: Argentina tal vez no esté ausente en el futuro de esos procesos porque obviamente la desigualdad deslegitima. Mientras más políticas de desigualdad se generen la tensión se incrementa porque los que no tienen quieren y los que tienen no quieren ceder.

La movilidad al contrario está muy emparentada con la democracia porque todos nos consideramos capaces y expertos en nuestros temas específicos y queremos que la sociedad nos retribuya en torno a eso. Con retribución me refiero no solamente a dinero sino también a reconocimiento y prestigio.

-¿Cuál es el principal desafío a futuro?

-Que la desigualdad sea parte de la agenda política. De esta forma puede ser mediatizado a través de la intervención. Además, ver cuáles son las condiciones estructurantes de la desigualdad en Latinoamérica,  utilizar los instrumentos adecuados para medir la desigualdad y trabajar sobre la legitimidad de las instituciones que captan datos.