¿Crecen como hongos?

¿Crecen como hongos?

Muy lentamente, un alimento poco habitual se incorpora a la mesa de los argentinos. No obstante, hay señales de una producción en crecimiento. Investigadores, productores, promotores y nutricionistas explican sus potencialidades.

El interés por el cultivo y comercio de hongos comestibles y medicinales ha crecido a nivel mundial en las últimas décadas. Aunque una investigación del CONICET afirma que “el consumo de hongos per cápita en Argentina es aún muy bajo (50 gramos por año)”, se trata de una tendencia en crecimiento. ¿A qué se debe tan poca atención para un producto de fácil cultivo y propiedades alimenticias valiosas?

Los hongos, pertenecientes a un reino propio, por fuera del animal y el vegetal, tienen una enorme variedad: vienen en todas las formas y tamaños que uno se pueda imaginar y pueden tener infinidad de usos, no todos comestibles. En el Artículo 1249 del Código Alimentario Argentino se denomina a los hongos comestibles como “el cuerpo fructífero de hongos superiores pertenecientes al Reino Fungi (Ascomicetes y Basidiomicetes) silvestres o de cultivo y que frescos, secos o en conserva, se emplean en alimentación humana”.

Tal vez parte de cierto resquemor contra los hongos se deba a que también se los asocia con la suciedad o la enfermedad. Sin embargo, eso mismo que a veces disgusta podría transformarse, gracias a la investigación, la educación y la promoción, en una fuente de alimentos saludables que se pueden producir a bajo costo incluso en los hogares.

¿Cómo pueden ayudar?

A nivel nutricional, el hongo es un alimento bastante completo. Según Josefina Martínez Garbino, licenciada en Nutrición, en los hongos se destaca la presencia de las vitaminas del complejo B (excepto la B12), el potasio, el calcio y antioxidantes como el selenio. “También tienen un tipo de vitamina D, pero que no es biodisponible para el ser humano”, añade y explica que esto se debe a que existen nutrientes que pueden ser absorbidos por otras especies pero no por las personas debido a que no cuentan “con todos los procesos habilitados que se requieren para poder absorberlos”.

Pablo Postemsky, investigador de CONICET especializado en biotecnología de estas especies comestibles y medicinales, explica que los hongos pueden ser irradiados con luz ultravioleta para generar vitamina D: “Con comprar un foquito de cinco mil pesos y ponérselo quince segundos, ya le genera mucha vitamina D” y añade que esto puede ser beneficioso para, por ejemplo, personas que están hospitalizadas y no tienen la posibilidad de exponerse al sol para producirla. Según Postemsky, los hongos tienen un “balance superador” en tanto que poseen el “promedio ideal” de nutrientes a diferencia de alimentos como las verduras que tienen mucha fibra o los cereales que tienen muchos carbohidratos.

Martínez Garbino aclara que lo ideal sería incorporarlos como un recurso alimenticio positivo más, ya que “no existen alimentos que por sí solos sean tan mágicos”. Según la especialista, “no es que sobresalga un alimento sobre otro, sino que es importante todo lo que comemos y lo que forma parte de nuestro patrón alimentario, lo que repetitivamente forma parte de nuestras costumbres, de nuestros hábitos”.

La cuestión cultural

De acuerdo con el Código Alimentario, los hongos comestibles de cultivo son aquellos que “se obtienen mediante prácticas de producción sembrando el micelio [algo similar a las raíces del reino vegetal] en sustratos específicos, debidamente pasteurizados o esterilizados”. Están autorizados trece géneros en nuestro país. Aún así, el cultivo y consumo de hongos no está del todo instaurado en la cultura argentina.

Más allá del desconocimiento que tenemos como sociedad, Martín Diano, técnico extensionista del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) del Delta y productor de hongos comestibles, opina que falta integración entre la investigación, la producción, la difusión y la comercialización de hongos. Diano observa un desfasaje entre el ámbito científico que invesiga sobre los principios activos de los hongos y su producción y el ámbito normativo que requiere de procesos más prolongados y complejos. Muchos productores evitan aquellas variedades de hongos que no están inscriptas en el Código Alimentario porque pueden encontrarse con restricciones comerciales que limitan la posibilidad de venderlos: “Un colega me comentaba que en su época cuando todavía las gírgolas no estaban registradas como hongos comestibles en Argentina, el cultivo se hacía pero se presentaba como ‘champiñón variedad pleurotus’”.

Gracias a la aprobación de esta especie es cada vez más frecuente escuchar sobre gente que cultiva los bolsones de gírgolas en cualquier rincón oscuro o, si tiene espacio, entre troncos cortados y protegidos de la luz. En unos pocos días crecen tanto que se pueden hacer milanesas con ellas. Incluso han surgido emprendimientos que aprovechan el recurso en plena ciudad.

A pesar de los desfasajes actuales, el entusiasmo de Diano por los hongos se canaliza a través de charlas y cursos de producción para las familias productoras del Delta. Como técnico de INTA, trabaja en el colectivo Cambio Rural del que también forma parte como productor y se dedica al cultivo mediante saprobios, hongos que se alimentan de tejidos orgánicos muertos, como sustratos o troncos, que permiten la producción a distintas escalas. Los recursos necesarios para la producción son pocos: “Con una motosierra cortan los troncos: después compran el micelio en un laboratorio y con eso se arreglan porque usan el ambiente natural que tienen” que es “muy propicio para el cultivo de hongos por la humedad relativa, las temperaturas y demás. Uno puede cultivar en ambientes seminaturales sin necesidad de grandes infraestructuras”, explica Diano.

Agrupadas bajo el nombre de La Funga Delta, estas familias también se dedican a la producción y comercialización asociativa de hongos comestibles y medicinales. Lo que observa el investigador Postemsky es que “la gente trata de mantenerse en el emprendimiento familiar o de tiempo libre personal y evita ir hacia la PyME con empleados” debido al carácter perecedero de los hongos junto con el bajo consumo a nivel país. Para que el negocio sea fructífero, Diano cree que “la producción, la cosecha y la comercialización tienen que estar muy aceitadas”.

Según Postemsky, la producción de hongos presenta “una cantidad de oportunidades en aumento para los que se involucran en el tema”, pero como sucede con otros alimentos saludables, “el margen de ganancia en producción primaria es bajo”. También explica que las empresas que más producen hongos en Argentina son las champiñoneras como la de Escobar y Pilar en Buenos Aires pero que las cosechas sueles ser acaparadas por el sector gourmet y no por consumidores finales: si no hay hongos, “el cliente se va hacia otro producto; no es que va a comprar hongos en otro lugar. Se compra otra cosa: compra pechito de cerdo”, resume.

Se posicionan en el mapa

El mayor interés por los hongos que hay actualmente se debe, según Postemsky, a la corriente de la agroecología que “promovió la conciencia en la alimentación”. Por su parte, Diano observa el impacto que tuvo la pandemia en esta situación: “Creo que hubo un cambio en la sociedad vinculado al consumo de productos que fortalezcan el sistema inmunológico, que nos nutran bien y creo que eso fue un avance importante para que aumente el consumo de hongos”.

Si bien se observa una mayor tendencia en la producción y consumo de hongos, aún queda mucho camino por recorrer. Como explica Postemsky, en un inicio se trataba de un tema que se hablaba a puertas cerradas dentro de los grupos de investigación y recién ahora el reino de los hongos está empezando a formar parte de la cartera de proyectos del INTA.

En general, los hongos todavía no tienen la difusión que tienen otros alimentos como la miel. Según Diano, es muchas veces el mismo productor el que se encarga de la difusión y “hasta te dice cómo cocinarlos”. Para Postemsky, lo que falta es integrarlos a la cultura argentina, “que el hongo sea parte de una comida que ya consumimos” como pueden ser las hamburguesas.

Martínez Garbino recomienda el consumo de hongos a sus pacientes y los emplea personalmente. “Incluso tengo un servicio de viandas en el que uso muchos hongos”, comenta y dice que los usa generalmente en ensaladas, rolls de espinaca, con vegetales salteados y hasta en brusquetas. Así, los hongos se pueden incorporar en una infinidad de comidas: desde milanesas de gírgolas hasta champiñones salteados sobre una pizza.

Además de incorporarlos en nuestra alimentación, los kits de cultivo son una buena manera de acercarse al Reino Fungi y entender su proceso productivo. Se trata de sustratos que ya están colonizados y listos para fructificar. Como explica Diano, “uno en la casa le busca un ambiente adecuado y con un pequeño rociador, puede obtener sus propios hongos” y opina que las gírgolas son la variedad más fácil de cultivar por cuenta propia porque es la que menos requerimientos ambientales tiene para su producción.

Postemsky observa que ya no están tan presentes los prejuicios que antes se tenían frente a esta práctica autodidacta: “La gente se compra un kit de autocultivo para no fallar en el cultivo”, cuando antes se pensaba que no iba a funcionar o que iba a contaminar su casa. Para el investigador pueden ser un buen recurso de enseñanza en las escuelas e incluso servir como regalo por el placer que genera cultivar los propios alimentos.

Se trata de un tema con diferentes aristas que todavía está intentando instaurarse en Argentina. Postemsky, junto a su grupo de investigación de la Universidad Nacional del Sur, dice que recién “después de veinte años de investigar hongos, sentimos que tenemos un bagaje de cosas para brindar”.

Es entendible el creciente entusiasmo actual por el Reino Fungi. Según Diano, “los hongos son maravillosos” y resalta el “rol que juegan en la naturaleza transformando residuos de la agroindustria en alimentos con alto poder nutricional y medicinal”. Como señala Postemsky, “los hongos hoy por hoy invitan a una aventura” ya que su autocultivo tiene la posibilidad de acercarnos y ayudarnos a entender el proceso productivo y los principios activos de ese alimento.

Llegaron los octógonos

Llegaron los octógonos

Tras un año de la reglamentación de la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como de etiquetado frontal, ANCCOM consultó a referentes acerca de su cumplimiento.

Durante abril, como siempre, los supermercados se llenaron de golosinas vinculadas a la celebración de Pascuas: huevos de chocolate, roscas festivas y una variedad de dulces afines a la efeméride, aunque la novedad, este año, fue que todos ellos debieron incluir los ya reconocidos octógonos negros que advierten del exceso de grasas, azúcares, sodios y calorías.

Las empresas alimenticias, al momento de la publicación de la Ley de Etiquetado Frontal, tuvieron un plazo de seis meses para comenzar a incorporar los sellos en la mercadería y en algunos casos se dispuso un período de dos años para la adecuación de aquellas que estén en proceso de adaptación de los valores nutricionales de sus productos.

En la actualidad, gran parte de las firmas ya adecuaron sus envoltorios a raíz de la decisión del Gobierno nacional de controlar que todos los bienes que salen de las plantas de producción cuenten con el respectivo octágono a partir de febrero de este año, el momento en que vencía el plazo de adaptación.

“El primer tiempo en que entró en vigencia la ley no fue acatada por todas las industrias alimenticias, sino que se fue insertando en los envases de modo paulatino. Hoy las multinacionales como Arcor, Cañuelas, La Serenísima o Molinos Río de la Plata son las que más se apegan al cumplimiento incorporando los octógonos en todos sus productos. En cambio, empresas más chicas o Pymes, son aquellas en que todavía los sellos no alcanzan a presentarse en gran parte de su mercadería e incluso esto, a menudo, sucede con las marcas propias que son comercializadas por los supermercados”, señala a ANCCOM una fuente de la empresa PDV, encargada de prestar servicios de reposición en todo el país.

Por otro lado, las compañías de comestibles están buscando constantemente implementar nuevas formas de atraer a los consumidores y no provocar el rechazo de sus productos a partir de los excesos detallados en los paquetes. Se está comenzando a idear la incorporación de códigos QR con la finalidad de informar de forma más sutil a los compradores sobre los valores nutricionales.

Los octógonos integrados en los productos comercializados cuentan con las respectivas leyendas de alto en grasas saturadas, alto en azúcares, alto en sodio, contiene grasas trans, contiene edulcorantes y contiene cafeína, los cuales integran una categoría de modelos de etiquetado del tipo semi interpretativos.

La ley se pone del lado de los compradores al reclamar y exigir a las empresas de alimentos por un etiquetado veraz y sin intervención de estrategias de marketing y/o publicidad engañosa. “La aplicación de esta normativa pretende contribuir a una alimentación saludable de la sociedad para impulsar un cambio en sus hábitos alimenticios y generar conciencia. La ley se adaptó considerablemente a los Derechos del Consumidor que conforman la Reforma Constitucional de 1994 que detalla nuestros derechos como ciudadanos a la protección de la salud y la educación relativa a esta como establecen los artículos 41 y 42 de la Constitución Nacional”, afirma el abogado especializado en derechos del consumidor Diego Simonetti.

Aquellas empresas que no cumplan con el respectivo etiquetado se encontrarán bajo infracción y deberán pagar una multa prevista en la Ley 24.240 de Defensa al Consumidor y detallada en la normativa de Lealtad Comercial que hoy ronda los 400 millones de pesos.

La Ley de Etiquetado Frontal o también denominada Ley de Promoción de Alimentación Saludable publicada en marzo de 2022 tiene por objetivo regular la promoción y publicidad de alimentos y bebidas no saludables, muchas veces dirigidas al público infantil y adolescente. El sellado garantiza el derecho del consumidor a estar correctamente informado.

Por una alimentación sana, segura, soberana y saludable

Por una alimentación sana, segura, soberana y saludable

La red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y Colectivos Afines (CALISAS) con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll, presentó el Primer Informe de Soberanía Alimentaria. Denuncia que los gobiernos han apañado al agronegocio y al extractivismo, generando problemas en diversas comunidades.

La red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y Colectivos Afines (CALISAS) presentó el Primer Informe Anual de la situación de la Soberanía Alimentaria en la Argentina, en el Salón del Consejo Directivo de la Facultad de Medicina de la UBA, el jueves último.

Este trabajo fue llevado a cabo por CALISAS y la Fundación alemana Heinrich Böll – Cono Sur, que nuclean docentes, estudiantes y profesionales de distintas ramas de la salud, así como también organizaciones independientes que se dedican a defender los derechos por una alimentación sana, segura, soberana y saludable de distintas regiones del país.

Pedro Cerviño, representante de la red de cooperativas de alimentos, que combina trabajos con la red y comercializa los productos de un conjunto de cooperativas y productores de todas las regiones del país, explicó que actúa como una contraparte de la fundación Heinrich Böll prestando un servicio de administración y acompañamiento a la red. Explicó que para los compañeros de la cooperativa fue importante llevar adelante este informe: “Se sintieron halagados y muy a gusto con encarar el trabajo, ya que la Soberanía Alimentaria está abordada desde distintos lugares”. Desde la red de alimentos trabajan con especialistas de varias regiones para indagar en la temática, con la idea de crear un espacio de producción y promoción de alimentos sanos. Aseveró que el informe debería ser una referencia obligada para quienes están insertos en la soberanía alimentaria.

A continuación, docentes y profesionales de distintas universidades del país pertenecientes a la red CALISAS, entre ellas Soraya Ataire (Salta), Antonella Geronaso (Jujuy), Mara Eliana Manzur (Formosa), y Melina Gai (Santa Fe), explicaron los hallazgos.

El informe

El informe, distribuido en nueve capítulos, celebra la participación de las universidades públicas que evidencian una preocupación por la soberanía alimentaria, también la adopción de políticas públicas que contribuyen a su implementación en algunas cuestiones. Por otra parte, cuestiona que algunas políticas públicas también limiten y amenacen el avance de la soberanía alimentaria en nuestro país. Y por último se exige el cumplimiento de las propuestas del Foro Agrario para un programa Agrario Soberano y Popular del año 2019, así como también las recomendaciones dadas por la Relatora Especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación Adecuada en el mismo año.

El público que asistió a la presentación también aportó su mirada. Docentes e investigadores de distintas universidades, miembros de agrupaciones como Mariano Toranzo, parte de la Campaña Nacional en defensa del Agua para la vida, personas públicas como Leonardo Pérez Esquivel hicieron su devolución: La importancia de cuidar la biodiversidad de nuestro país frente al agronegocio y garantizar el trabajo a pequeños productores brindando alimentos de buena calidad para la población nacional, fue de las principales demandas.

Semillas de libertad

El objetivo del informe busca visibilizar la importancia que tiene la alimentación y la producción agrícola en nuestro país. Denuncia también que los gobiernos han apañado al agronegocio y al extractivismo, generando problemas para gran cantidad de personas. La soberanía alimentaria apunta a abordar cuestiones que tienen como base los derechos humanos. Desde el derecho al agua, como el de los pueblos originarios, hasta el derecho a una vivienda digna y el derecho al trabajo.

La red CALISAS lo que propone es ir más allá de un encuentro netamente académico, para tomar conciencia y problematizar realmente estas cuestiones. Brindar herramientas para que los tomadores de decisiones puedan comenzar a trabajar en ellas. Hacer fuerza para que se escuchen las voces de aquellos a quienes representa este enorme grupo de docentes e investigadores: “Así como los árboles escriben la historia en su panza, en forma de anillos, nosotros conformamos una red para contarles las heridas, las cicatrices, pero también los crecimientos que atraviesa nuestro territorio nacional y lo estamos haciendo juntos y juntas. En forma de memoria escrita para que transforme y nos guíe a todos al buen vivir”, señalaron los organizadores.

En las escuelas porteñas el gato por liebre es sinónimo de arroz por pollo

En las escuelas porteñas el gato por liebre es sinónimo de arroz por pollo

Frente a la Legislatura se realizó una concentración de madres, padres, alumnos y docentes. Reclamaron que la vianda de les pibes tenga alimentos y que sean saludables.

Sobre la calle Perú al 160 se erige el edificio de la Legislatura porteña. En la peatonal, que luego se hace Florida caminando para el lado de Corrientes, dos nenas con joggin color rosa pastel y guardapolvo blanco juegan entre las vallas metálicas negras de seguridad. Al lado, frente a un gacebo con flyers que rezan la consigna “Por un nuevo sistema de alimentación escolar”, sus padres y docentes disertan ante el micrófono abierto convocado por la legisladora Ofelia Fernández. 

Arriba de una mesa blanca, cerca de los oradores, están emplatadas o empaquetadas las comidas que todos los días reciben los chicos y chicas de la Ciudad de Buenos Aires en los comedores escolares. Un pollo descolorido junto a un puré uniforme, pebetes poco apetecibles y paquetes con tres galletitas ultraprocesadas. Alejandro, padre e integrante de la Campaña por una alimentación de calidad y gratuita para todxs, con la participación de la comunidad educativa, agarra con una mano el micrófono y con la otra uno de los medallones rebozados: “Esto que dicen que es de pollo fue analizado por especialistas y confirmaron que era arroz. Les dan a los pibes arroz con arroz. Por este plato el Gobierno de la Ciudad paga 320 pesos», sostiene Alejandro. 

Por este plato, el Gobierno de la Ciudad paga 320 pesos.

Laura Seminara tiene 29 años y es docente hace nueve. Actualmente, es maestra de primer grado en una escuela de Parque Avellaneda. Todos los días ve a sus estudiantes comer los mismos sándwiches de pan blanco con jamón y queso. De postre manzana, mandarina o una barrita de cereal. “A veces piden más y no siempre tenemos para repetir, mucho menos para todes”, cuenta Laura.  

Para los niños y niñas solo existe una alternativa de menú por motivos de salud, certificado médico mediante. Las creencias religiosas o gustos personales no son contemplados. Además, Laura comenta que con el tiempo la calidad, variedad y cantidad de los alimentos empeoraron: “Hace unos años les daban “milanesas”, medallones de “pollo” o “pescado”. Luego empezaron a ser todos los sándwiches de fiambre (jamón o un ultraprocesado que decían que era de pollo pero tenía gusto a sopa)”, cuenta. Todavía recuerda la vez en la que, hace 11 años, ella misma se intoxicó con la comida del comedor. “Cada vez les dan menos frutas y después de la pandemia dejaron de darles yogur. El desayuno es una porción mínima: se les da mate cocido con leche y una  sola magdalena, por demás insuficiente”, agrega. 

Con esta foto, madres, padres y docentes de la comunidad educativa se organizaron por la calidad de vida de sus hijas e hijos. Así nació la Campaña que entre sus principales objetivos busca “terminar con el sistema de comedores escolares concesionado y pensar la transición hacia la recuperación de las cocinas escolares”, expresan en el comunicado. 

Para facilitar el proceso a los organismos responsables elaboraron una lista de propuestas. Algunas de ellas consisten en discutir los pliegos de la licitación pública con la comunidad educativa;  solicitar la inconstitucionalidad del sistema de becas; incorporar a trabajadores de la economía popular; presentar un proyecto de ley donde se priorice la educación alimentaria, y se respete la Ley de Etiquetado Frontal; y realizar un control comunitario con las cooperadoras de la cantidad y calidad de los alimentos brindados por las empresas concesionarias.

La Campaña por una Alimentación de Calidad propone volver a la cocinas escolares y dar de baja a las concesiones. 

Entre la gente que rodea el gacebo donde exponen los oradores, del bolso de una maestra sobresale un papel para forrar enrollado color verde con lunares blancos. Un niño que lleva guardapolvo blanco da vueltas animado en su monopatín, no debe llegar a siete años. Hoy en el colegio debe haber comido una madalena con mate cocido y quizá un sanguchito con fiambre. Y después de eso sus padres lo pasaron a buscar por la escuela y vinieron juntos hasta la Legislatura a pedir que le den algo más nutritivo de comer. Frena su monopatín, se baja, lo da vuelta y encara en otra dirección.

Sabrina Santesteban manda a su hija Indira al Jardín de Infantes Común N° 02 D.E 07 «Prof. Marina Margarita Ravioli» en Caballito. Como Licenciada en Nutrición, especialista en el área infanto-juvenil (MN 5598), observa como todos los días su hija recibe productos ultraprocesados en la escuela mientras que en casa le enseña a comer más sano. 

Así fue como ella junto con otra nutricionista, una médica y con el apoyo de la Comisión de Nutrición del Ravioli, conformada por otras madres, padres y directivos, hicieron un análisis nutricional de las viandas que recibían las niñas y niños del jardín. En función de eso, elaboraron un documento para argumentar la importancia de una alimentación de calidad en las infancias. En el listado de los productos que a diario se ofrecen en el comedor del Ravioli se analiza que “la mayor parte de los ingredientes de cada producto son aditivos”.

Una consigna tan clara como pasar de ultraprocesados a frutas se empezó a alargar. “Nos dijeron que era una cuestión de lugar, que nuestro jardín no contaba con las condiciones edilicias para poder almacenar las 600 raciones de fruta”, cuenta Sabrina. Sin embargo, pudieron llegar a un consenso: este año se redujo a menos de un 50% el azúcar y cacao en infusiones con el objetivo de llegar gradualmente a cero. “Esa pequeña reducción parece insignificante pero a la larga funciona como apaciguador del deseo por lo dulce”, explica la nutricionista.

Tres adolescentes posan para fotos con sus carteles escritos en marcador rojo sobre cartón. En el medio, una chica con el pelo teñido de azul sostiene un cartel que reza: «Este cartel es una mierda como el sistema de alimentación escolar».

Según un artículo publicado en el Observatorio del Derecho a la Ciudad, actualmente el presupuesto para el servicio de comedor es de $318,90, el de desayuno $37,44 y el de refrigerio $110,70. “Es decir que, por cada magdalena con mate cocido que se sirve, el GCBA paga casi 38 pesos, y por ese medallón de pescado sin proteínas, el gobierno paga casi 320 pesos”, exponen Jonatan Baldiviezo, María Eva Koutsovitis, y Alejandro Volkind, autores de la nota.

Son 12 mil millones de pesos los que el GCBA va a pagarle –solo por este año– a las empresas que ganen la licitación. Esto corresponde a “un presupuesto gigantesco que, en vez de garantizar comida nutritiva, abundante y de calidad, redunda en una pésima alimentación para les estudiantes y en gigantescas ganancias para las empresas”, analizan los autores. Además hablan de una falta de seriedad por parte del GCBA con dichas empresas: “En la estructura de costos que aparece en los pliegos de la Licitación, no figura la ganancia estimada de la empresa. En los papeles, las concesionarias brindan el servicio de manera gratuita”.

La legisladora Ofelia Fernández presentó un proyecto de ley para establecer un nuevo programa de alimentación escolar

En el barrio de Agronomía se encuentra la Escuela Primaria Nº 4 D.E. 16 Cnel. Mayor Ignacio Álvarez Thomas, en la que funciona una cooperadora que fue intervenida durante un año por el GCBA pero que -aún así- no pudo quebrar a la comunidad. “La Coope del Alva” es una de las cuatro en Capital Federal que autogestiona su comedor. Eso marca una diferencia sustantiva porque “el objetivo del servicio autogestivo es la calidad, y no la ganancia. Son nuestres hijes quienes comen en la escuela, no un cliente. Nos preocupa y nos ocupa, como familias, que lo que llegue a la mesa cada día sea de la mejor calidad posible”, explica Paula Insaurralde, integrante de la Coope que hoy marcha frente a la Legislatura.

Hay más diferencias sustantivas entre el servicio autogestivo y el concesionado. Por ejemplo, en el Alva los alimentos se reciben a diario y se cuenta con un personal profesional, estable y con experiencia que depende de la cooperadora. En el modelo privado se contemplan otras cosas. “Si a las cooperadoras no las dejan ni controlar los servicios, algo que está previsto en la norma y que las conducciones deberían garantizar, menos les van a permitir autogestionar. Se termina un negocio millonario”, sugiere Paula.

El 11 de abril, la legisladora porteña, Ofelia Fernández, presentó un proyecto de ley para proponer un nuevo plan de alimentación escolar. El mismo tiene como principios rectores la soberanía alimentaria, el derecho a la alimentación adecuada y el incentivo de la Economía Popular, Social y Solidaria, entendida esta última como el “conjunto de recursos, actividades, personas, instituciones y organizaciones que operan según principios de solidaridad, cooperación y autoridad legítima” en toda la cadena productiva.

Entre otras cosas, el proyecto establece la “universalidad de todos los servicios alimentarios que se brindan en los establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades” ya sean públicos o privados con cuota cero dependientes de la Dirección General de Educación Estatal y el Ministerio de Educación de CABA. También contempla la garantía de un menú especial por cuestiones de salud o de decisión propia.

“Hay que discutir que se come en las escuelas, como se brindan los servicios y entender que la alimentación escolar es parte de la educación y por lo tanto no se la puede dejar en manos de privados”, resalta Paula entre el bullicio de la marcha. La Coope del Alva ha venido hoy porque, más allá del contraste notorio que le dio su autogestión en términos de calidad, sabe que en el debate también debe replantearse el sistema de becas: “La educación es gratuita y la alimentación escolar es parte de esa educación, por lo tanto no debe ser arancelada. Es derecho de todes poder acceder a una alimentación adecuada y el Estado tiene que garantizarlo. En este sentido, es fundamental que se fortalezca a las cooperadoras como herramienta de participación activa de la comunidad”, cierra Paula. 

Avanza el proyecto de Ley de Etiquetado Frontal

Avanza el proyecto de Ley de Etiquetado Frontal

El proyecto de Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos obtuvo dictamen favorable en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación y deberá ser tratado en el recinto. Fue trabajado por las comisiones de Legislación General, de Acción Social y Salud Pública, Industria y Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia y de Industria de la Cámara Baja. La iniciativa, que tiene media sanción en Senadores, obtuvo este martes 91 firmas a favor sin modificaciones.

“Estamos hoy ante la posibilidad de dictaminar sobre una ley integral y ejemplar en materia de derechos al acceso a una alimentación saludable y también de defensa de los consumidores y consumidoras. Es nuestro deber regular y exigirles a las empresas que vayan de frente, que dejen de ocultar información o manipular los deseos de la gente diciendo lo que no es con estrategias de marketing o publicidad engañosa”, señaló una de las principales impulsoras de la ley, Florencia Lampreabe, del Frente de Todos, bloque que promovió el proyecto.

La ley que se debate plantea un sistema de advertencias de octógonos negros con la palabra “Exceso” para aquellos alimentos que sobrepasen la cantidad recomendada de nutrientes críticos, y regular tanto la publicidad como la distribución en entornos escolares de estos productos con el objetivo de evitar enfermedades crónicas no transmisibles. El proyecto fue aprobado con 64 votos a favor y tres en contra en la Cámara de Senadores en octubre de 2020. A pesar de tener una gran aceptación entre los representantes, la sociedad y organismos de bienestar de la salud, recién esta semana fue discutido preliminarmente en Diputados, después de cuatro reuniones informativas, con más de 40 expositores.

El proyecto ya fue aprobado con 64 votos a favor y tres en contra en la Cámara de Senadores.

Por esta razón las organizaciones propulsoras, la Fundación InterAmericana del Corazón Argentina, la Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, Consumidores Argentinos y la Fundación Argentina de Graduados en Nutrición lanzaron la iniciativa #EtiquetadoClaroYa. A través de la viralización en redes y de su página web invitan a involucrarse y conocer más sobre el proyecto.

Las organizaciones hacen énfasis en que la nueva norma debe aprobarse sin modificaciones del texto original. “Esta ley es integral, porque está el etiquetado, los entornos escolares y la regulación a la publicidad dirigida a chicos. Es un proyecto muy completo y por eso bregamos para que salga tal cual está porque seríamos pioneros en Latinoamérica y en el mundo. El acceso a la información hace una mejor decisión alimentaria”, comentó Florencia Guma, nutricionista y cofundadora de Sanar.

Las disidencias que se propusieron durante el plenario principalmente fueron por el formato del etiquetado y el perfil que se tomará como parámetro para establecer qué producto llevará cada etiqueta. La diputada Carmen Polledo del PRO no comparte que los parámetros sean establecidos por el Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud y propuso en su proyecto alternativo remplazar los octógonos negros por un “método menos agresivo y más integral” de categorías de alto, medio y bajo y asignar colores correspondientes: verde, amarillo y rojo. Este sistema es el aplicado actualmente por el Reino Unido. Esta alternativa contó con doce acompañamientos, mientras que la del presidente de la Comisión de Salud Pública, Pablo Yedlin, del Frente de Todos, con disidencias similares y sugiriendo extender los plazos de adaptación de las industrias, obtuvo cinco apoyos.

El dictamen a favor habilita al proyecto de ley a ser tratado en el recinto de Diputados.

Según la diputada Polledo “otra cosa central que está en discusión es si nos conformamos con informar, promover y educar o pretendemos avanzar con prohibiciones y censuras. Es decir, con herramientas de control social propias de regímenes autoritarios. Sobre esto raya este proyecto y es uno de los principales aspectos de qué sistema de etiquetado se va a adoptar en nuestro país”.

En este sentido, la diputada Lampreabe comentó: “Autoritario me parece a mí, es imponer a la sociedad consumos alimenticios que afectan su salud sin su consentimiento y sin que estén informados”. Aseguró que no se trata de prohibir ningún alimento, sino de informar cuando tiene algún exceso de nutrientes críticos como grasas, azúcares, sodio, entre otros. “Una cosa es cuando uno decide comprarle una bolsa de caramelos a su hijo, a sabiendas que no es lo mejor para su nutrición. Otra cosa muy diferente es cuando le está dando sin saber que hay en los caramelos, en las galletitas, en los yogures o en los cereales del desayuno”, agregó la diputada.

Ante esta discordancia sobre los parámetros de los límites máximos de consumo de determinados nutrientes que puedan tener un impacto o ser perjudiciales para la salud, el Ministerio de Salud de la Nación ha realizado una investigación. En ella compara todos los tipos de etiquetado y concluye que el perfil de nutrientes de la OPS es el que más se adecua a las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA). Además, aclara que el sistema de advertencia de octógonos negros tiene los índices más altos de modificación de patrón de compra y comprensión de la información incluso en grupos vulnerables, según la evidencia internacional. 

Luego de una jornada de aproximadamente cinco horas, el dictamen a favor habilita al proyecto de ley acerca del etiquetado informativo en alimentos a ser tratado en el recinto de Diputados. Después de varios años desde su comienzo, sabremos si la iniciativa se convertirá en ley y Argentina se unirá a la lista de países con herramientas de salud pública para decidir sobre nuestros consumos alimenticios.