«Si entra el bicho, muchos están condenados a pena de muerte»

«Si entra el bicho, muchos están condenados a pena de muerte»

Las voces como las de Martín Bustamante quedaron silenciadas por el promedio de los medios comerciales durante las manifestaciones en el penal de Devoto y los cacerolazos del 30 de abril. Martín tiene 56 años, es escritor, poeta y publicó dos libros: Agua quemada (2016) y El personaje de mi barrio y otros cuentos (2014), editados por Lamás Médula. También es profesor, estudia Sociología y la semana pasada terminó de cumplir su condena a prisión. Pasó sus últimos años de detención en la Unidad 48 del Complejo Penitenciario de San Martín porque un anhelo irresistible lo hizo buscar la libertad en la educación. Aceptando que no iba a poder saltar el paredón -como había acostumbrado de joven- pensó que continuar el secundario lo ayudaría a volver más pronto a su casa. Lo terminó con un promedio de 9,1 y desde ese momento no dejó de estudiar.

A poco más un mes de las protestas que llevaron el debate sobre la situación penitenciaria en Argentina a la mesa y a muchas personas a acercarse con una cacerola y un cucharón a su balcón, Bustamante cuenta cómo se vive la pandemia encerrado en la cárcel y cuál es su perspectiva sobre los hechos.

Cómo viven los presos

El 25 de marzo de 2019, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos declaró la emergencia en materia penitenciaria por el plazo de tres años debido al incremento significativo de la población penitenciaria durante los últimos años, pasando de 10.274 personas en 2015 a 13.773 en 2019 en el Servicio Penitenciario Federal. Con una capacidad operativa de 12.235 plazas hasta el momento, este número habla de una sobrepoblación superior al 12 por ciento.

“Por el hacinamiento hicieron camas para arriba, una cosa de locos. En una sola celda para seis personas están viviendo trece, doce. Duermen la mitad de día y la mitad de noche”, comenta Bustamante.

Entre 2008 y 2018, la tasa de encarcelamiento aumentó en un 55% por lo que la población privada de libertad total se multiplicó 2,5 veces, es decir, un incremento de 57 mil personas, según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El último registro sobre la población carcelaria es de diciembre de 2018 y muestra un número de 94.883 personas privadas de la libertad en total en Argentina.

“Si entra el bicho, acá nos morimos todos”, dice Bustamante, y agrega: “Hay un montón de muchachos de 30, 40, 50 años que por su estado se pueden morir tranquilamente. Porque un respirador, ¿para quién va a ir? ¿Para alguien de afuera o para alguien de adentro?”

Luego de que varios países tomaran medidas para descomprimir la población penitenciaria y que organismos internacionales y nacionales (la CIDH, la ONU, la OMS, el Comité Nacional para la Prevención contra la Tortura y la Procuración Penitenciaria de la Nación) se posicionaran a favor de medidas que eviten el hacinamiento en las cárceles ante un peligro de contagio masivo por Covid-19, la Cámara Federal de Casación Penal firmó la Acordada 9/20 donde recomendó una serie de disposiciones para proteger los derechos de las personas privadas de libertad en el contexto de la actual pandemia.

El eje de la recomendación es que los tribunales de cada jurisdicción adopten medidas  alternativas al encierro, tales como la prisión domiciliaria con mecanismos de control y monitoreo en casos particulares como personas con prisión preventiva por delitos no violentos o cuando su detención cautelar haya excedido los plazos fijados por ley; personas condenadas por delitos no violentos que estén próximas a cumplir su condena; personas condenadas con penas de hasta tres años; personas en condiciones de acceder al régimen de libertad asistida, salidas transitorias o libertad condicional; mujeres embarazadas o encarceladas con sus hijos e hijas; y personas con mayor riesgo para la salud ante el contagio por Covid-19.

Cada caso, de todas formas, debe ser evaluado por el juez competente jurisdiccionalmente ateniéndose a las características del mismo y cumpliendo, principalmente, con la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos (Ley 27.372).

#Cacerolazo30A

A las 20 del 30 de abril comenzó el cacerolazo con el lema de “No a la liberación de los presos”, al que se sumaron bocinazos de autos civiles y sirenas de patrulleros. El reclamo tuvo un fuerte apoyo en las ciudades del país y los medios de comunicación lo anunciaron y lo siguieron en vivo, minuto a minuto. También tuvo una amplia repercusión en redes sociales, particularmente en Twitter, con el hashtag #Cacerolazo30A y #CacerolazoContraLaImpunidad y en Change.org se juntaron casi 700 mil firmas contra las prisiones domiciliarias y excarcelaciones de presos.

“Se tergiversó mucho la demanda. Acá lo único que se estaba pidiendo en sí era que los jueces se ajusten al derecho y empiecen a largar a la gente que tienen que largar: los condenaron con un Código, que los larguen con el mismo Código”, dice Bustamante.

El hecho que llamó la atención y al que se dirigió el debate de la sociedad fue que el juez de la Cámara de Casación Bonaerense Víctor Violini firmó un hábeas corpus colectivo dando lugar a la excarcelación o prisión domiciliaria de alrededor de dos mil presos dentro de los grupos de riesgo ante el Covid-19, entre ellos represores del terrorismo de Estado y presos que tenían su domicilio cerca de sus víctimas. Sin embargo, la Suprema Corte revocó el hábeas corpus considerando que cada caso debe ser tratado de forma particular por el juez a cargo, ateniéndose a sus características, por lo que cada uno de esos beneficios debe ser re-analizado caso por caso siguiendo los lineamientos detallados en el fallo.

“El delito te categoriza”

Bustamante nació en Landeta, Santa Fe, y se crió en José León Suárez. En el primer año del secundario lo convocaron para jugar en las inferiores de un club de primera división, pero una noche escuchó una conversación entre sus padres que lo hizo cambiar de rumbo: “Si le compramos botines al negro, los otros [sus cinco hermanos] no comen por una semana”, dijo en su charla TEDx “Saltar los muros”. Ahí comenzó a hacer sus primeros robos, a ser detenido, a escaparse y a entrar en lo que él llama “una rueda que gira con una velocidad cada vez más intensa donde el delito te categoriza”.

Sobre el sistema penitenciario, Bustamante asegura que “no está hecho para que salgas y te puedas reinsertar a ese lugar donde nunca te dieron cabida. Le dicen reinserción pero nunca estuviste insertado en la sociedad”. La solución él la encuentra en la educación. “Hay que revisar mucho los dispositivos pedagógicos dentro del encierro para poder brindarle una posibilidad a la gente que no la tuvo. Yo creo que la única manera de poder cambiar un poco la mirada de los pibes es seguir estudiando”, dice.

Sin embargo, Bustamante no habla de una aventura solitaria: “Acá nadie se salva solo. Hay que tratar de extender los brazos y darle una mano a los pibes”. Y agrega: “Cuando yo empecé a estudiar vi que estaba en el lugar equivocado, que lamentablemente la vida y el sistema te llevan puesto. Cuando uno entiende eso querés abrir la puerta para que otro también pase”.

Bustamante brinda un taller de poesía y narración oral en la sede del Centro Universitario San Martín (CUSAM) todos los martes de 14 a 17, que se encuentra temporalmente suspendido por la cuarentena. Además, los viernes a la tarde da un taller de narración oral en el campus de la UNSAM y los sábados, uno de poesía en la Villa 31, junto a Cristina Domenech -quien fuera otrora su profesora- en el marco del proyecto Scholas, que le da seguimiento actualmente vía WhatsApp.

El pasado martes 2 cumplió su condena y volvió a su casa en José León Suárez. Tiene varios proyectos editoriales, que se suman a sus dos publicaciones anteriores: Agua quemada, su primer libro, estuvo agotado y tiene poemas de lectura obligada, como el siguiente:

“Empiezo a escribir en sombras

donde calles y pasillos son torturados

con olvido.

Veo un horizonte entrecortado

que el tiempo encierra

con perversidad y tormentos.

Escribo

Me abrigo en ese rayo de sol

que atraviesa en mi nicho

Intento respirar

Intento engañar a la muerte

que oculta espera

Mientras un sueño viaja en mis venas.”

Luego de un mes en el que la situación penitenciaria durante la pandemia no volvió a ser noticia, otra frase de Bustamante queda resonando: «Si entra el bicho, acá a mucha gente la están condenando a pena de muerte».

El coronavirus también ataca a las cooperativas

El coronavirus también ataca a las cooperativas

La cuarentena preventiva y obligatoria, necesaria para proteger la salud de la población, tiene consecuencias directas difíciles para los trabajadores y la economía del país. Por esta razón, varias fueron las medidas que desde el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo se llevaron a cabo para asistir a personas con trabajo informal, desocupadas/os y empleados en situación de dependencia. En particular, el primero de los organismos anunció este lunes 10 el lanzamiento del programa Recuperar, consistente en créditos y subsidios para el sector cooperativo. No obstante, mientras se aguarda la instrumentación de esas medidas, los referentes de ese ámbito expresan su preocupación por una realidad que ya desde antes el aislamiento venía con fuertes complicaciones.

Si bien el dato de que las personas asociadas a cooperativas superan las 115 mil, según el censo realizado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) en junio del año pasado, poco habla de la relevancia social y material que tiene una cooperativa no solo para sus asociados y sus familias, sino también para el barrio y las entidades con las que se relaciona. Por esto, sus crisis afectan a un número mucho más elevado de individuos.

Ramiro Martínez, presidente de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop), que nuclea a once federaciones en dieciséis provincias y reúne a 12.500 trabajadores autogestionados, dijo que “entre el ochenta y cinco y el noventa por ciento de las afiliadas a la Confederación está sin actividad económica y el quince por ciento restante que tiene alguna actividad está por debajo de la facturación habitual”.

Además, desde La Base, una fundación que acompaña con financiamiento y asistencia técnica a grupos asociativos de trabajadores autogestionados, agregaron: “Aquellas empresas que están en actividad laboral, la realizan con equipos reducidos, con grandes esfuerzos para generar, entre pocas personas, ingreso para todo el colectivo”. Desde que inició la cuarentena, La Base otorgó veinte préstamos, sumando un total de cuatro millones de pesos prestados como ayuda al sector.

Uno de los rubros más golpeados, dijo Martínez, es el gráfico. Martín Cossarini es maquinista y tesorero de Artes Gráficas Chilavert, una cooperativa de Nueva Pompeya que a mediados del año pasado estuvo en peligro debido a la amenaza de Edesur de cortar sus servicios por una deuda de 900 mil pesos, imposible de pagar, producto de las subas en las tarifas durante el gobierno de Cambiemos. Hoy, el taller sigue en funcionamiento dado que son proveedores de la industria farmacéutica y alimenticia. Sin embargo, sólo asisten aquellos trabajadores que viven cerca del taller y concurren entre dos y tres veces por semana, según la demanda de trabajo. En cuanto a la situación actual, Cossarini dijo a ANCCOM: “A nosotros nos golpea fuerte porque dependemos del día a día, como un montón de gente. Ninguna empresa recuperada tiene espalda como para aguantar una situación así. Es muy miserable lo que pudimos juntar para repartirnos”. La gráfica, además, está alineada con diversos espacios políticos de cooperativas y el tema que resuena en el diálogo entre ellos es la falta de medidas de asistencia dirigidas específicamente al sector.

En Séptimo Varón, las ventas se redujeron un 40 por ciento.

Luego de intercambios con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, el colectivo logró la reactivación del Programa de Trabajo Autogestionado y, con él, la asistencia por medio de la Línea de Emergencia COVID-Línea 1. A través de esta herramienta, los trabajadores de unidades productivas autogestionadas en situaciones críticas recibirán 6.500 pesos de manera mensual durante un máximo de doce meses. Sin embargo, este monto será accesible a partir de junio y el monto continúa siendo menor al de otros tipos de asistencia como el Ingreso Familiar de Emergencia y el Salario Complementario. Otra de las últimas políticas para el sector fue la resolución 144/2020 que autoriza a las cooperativas a utilizar, en el año en curso, todo o parte del Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa. Sobre este punto, Ramiro Martínez dijo que “la cifra de este fondo es insignificante”. El problema pareciera ser de carácter representativo, esgrimen desde distintos ámbitos cooperativos: los decretos 332 y 376 poseen medidas de asistencia económica que alcanzan únicamente a trabajadores en relación de dependencia, excluyendo así a los asociados a cooperativas de trabajo. A este paquete hay que sumar el anuncio de la instrumentación del ya mencionado programa Recuperar, aunque queda por ver cómo se aplica y cuánto demora.

Las trabajadoras de la cooperativa textil Nadia Echazú, ubicada en Avellaneda,  no perciben ninguno de los programas de asistencia anunciados hasta el momento. Creada en 2008 por la activista Lohana Berkins, es la primera empresa social gestionada y administrada por mujeres trans y travestis. Su presidenta, Brisa Charlotte Escobar, dijo que desde el inicio de la cuarentena, la cooperativa se encuentra cerrada ya que no hay trabajo. “Las que están más complicadas -dijo- son las que salen a la calle a trabajar de noche. Ellas no tienen un ingreso. Lo único que les queda es recurrir a un comedor comunitario”. Sin embargo, la difícil situación de la cooperativa no se explica únicamente por la cuarentena: “Los cuatro años anteriores fueron terribles”, subrayó Escobar.

El gobierno anterior no tuvo políticas que favorecieran al sector: los tarifazos, un mercado interno retraído, la apertura a las importaciones y la falta de medidas para proteger a las cooperativas devino en años muy difíciles para, si no todas, la mayoría de ellas. En el caso de la cooperativa metalúrgica Cooperar 7 de Mayo, de la ciudad santafecina de Villa Constitución, el contraste fue notorio. “Tuvimos un crecimiento exponencial entre el 2003 y el 2015. Pudimos salir de las deudas que habíamos quedado y llegamos a ser casi 300 trabajadores. Como no dábamos abasto con la demanda de trabajos los hacíamos de a cinco cooperativas juntas. A partir del 2016 empezamos a resistir y a retroceder en condiciones: llegamos con lo justo a fines de 2019, con 170 compañeros en el plantel, pero con trabajo casi para 100”, dijo el presidente de la cooperativa, Cristian Horton, también presidente de FECOOTRA y tesorero de Conarcoop. Desde el 29 de marzo hasta el 24 de abril pasados, la cooperativa estuvo totalmente parada y desde hace pocos días comenzó a tener una escasa actividad.

“Nuestro fuerte es la venta de muzzarella al por mayor y ahí sí se resintió dado que los clientes eran restaurantes», dice Federico Chab de Séptimo Varón.

El rubro que no sufrió un parate total pero sí la baja considerable del consumo fue el de la alimentación. Con los salones de bares y restaurantes cerrados, estas cooperativas perdieron su mayor entrada de ingresos y los mayoristas que les vendían a estos comercios, también. Séptimo Varón es una cooperativa que se especializa en la producción de quesos y lácteos y actualmente posee siete almacenes de venta al público minoristas que permanecen abiertos, cinco en la ciudad de Buenos Aires y dos en el conurbano. Sin embargo, para sus trabajadores el problema es otro. Federico Chab, encargado de administración y logística, dijo: “Nuestro fuerte es la venta de muzzarella al por mayor y ahí sí se resintió dado que los clientes eran restaurantes que hoy están cerrados. El consumo se redujo al 40%”. Don Battaglia es uno de los restaurantes cooperativos que dan cuenta de esta situación. La primera semana permaneció abierto, pero ante la falta de flujo de gente cerró sus puertas. “La venta bajó un 80%. El fuerte nuestro siempre fue el salón. El delivery sumaba un poco, era un servicio más que nada para el barrio, pero ahora es lo único que tenemos y no es suficiente”, dijo Rosendo Saucedo, socio fundador y mozo de la cooperativa, ubicaba en Villa Crespo.

“Los medios tradicionales quieren hacer pagar la crisis a los laburantes, los autogestivos entendemos que no debe ser así», dice Federico Amigo, presidente de Por Más Tiempo.

La baja en el consumo afecta también al rubro mediático. Pilar Ferrari, presidenta de la cooperativa Fábrica de Ideas, que emite Radio Tortuga 92.9 desde la ciudad de Alta Gracia en Córdoba y posee un portal web de noticias, dijo que “un problema importante es la baja de varias publicidades y las dificultades para conseguir pauta municipal o nacional”. En la cooperativa son ocho trabajadores y, si bien durante la cuarentena están trabajando mucho, sus retiros individuales no llegan a 5 mil pesos.

Por otro lado está el caso de Tiempo Argentino, el diario administrado por los trabajadores de la cooperativa Por más Tiempo desde 2016. Para Tiempo, la venta del periódico es la fuente de ingresos más grande. Ante esta situación y alejándose de la lógica de los medios tradicionales (despidos y pagos desdoblados), desde el diario apuestan a la creatividad y a una mayor organización. Su presidente, Federico Amigo dijo que “mientras los medios tradicionales quieren hacer pagar la crisis a los laburantes, los medios autogestivos entendemos que eso no tiene que ser así y seguimos con nuestro compromiso de seguir informando de la mejor manera posible”.

Desde la fundación La Base sostuvieron que “la salida ante esta situación es colectiva y solidaria” y propusieron hacer consumo cooperativo y difundirlo. Por otro lado, con respecto a las medidas necesarias para el sector, Ramiro Martínez dijo que “la solución más fácil es poder igualar el Salario Complementario a la instancia del Programa de Trabajo Autogestionado. La gran mayoría de nuestras cooperativas son PyMES, la razón jurídica nuestra en la cual somos trabajadores asociados organizados nos deja por fuera de cualquier asistencia de las que fueron anunciadas”.

Este año la Ciudad tampoco resolvió el problema de la falta de vacantes

Este año la Ciudad tampoco resolvió el problema de la falta de vacantes

A los chicos sin vacantes hay que sumarles otros 12 mil que asisten a Centros de Infancia y de Desarrollo Infantil.

El problema de la falta de vacantes en el sistema público educativo de la Ciudad de Buenos Aires presenta larga data y se profundizó en los últimos años, en paralelo a la crisis económica y a la decisión de muchas familias de llevar a sus hijos e hijas a escuelas públicas por no poder sostener los costos de una educación privada. Aunque la Ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, ha declarado a lo largo de los años que “no hay faltante de vacantes en la Ciudad porque el Gobierno está obligado a brindar vacantes a partir de los 4 años”, la Constitución de la Ciudad lo desmiente. En su artículo 24 reconoce que “la Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior”.

Hoy 16.364 chicos, chicas y adolescentes están en lista de espera para obtener una vacante, según datos que relevó Tiempo Argentino. La gran mayoría corresponde al Nivel Inicial (12.370), luego al Nivel Primario (3.355) y, por último, al Nivel Secundario, con 639. A esta cifra se suma la cantidad de chicos y chicas que están en los Centros de Primera Infancia (CPI) y Centros de Desarrollo Infantil (CeDI), unos 12 mil. En suma, el número de chicos sin vacante en el sistema educativo público alcanza los 28.364.

Los CPI de la Ciudad de Buenos Aires dependen del área de Desarrollo Social y no tienen un abordaje educativo en el cuidado de los niños y las niñas. Según el informe “Derechos vacantes” del Observatorio Universitario de Buenos Aires (OUBA), “estas instituciones están en un escenario de desigualdad de recursos con respecto a las escuelas públicas, denegando de esta manera el ejercicio efectivo de un derecho universal”.

“Tengo un amparo judicial contra la Ciudad por negar la educación pública para mi hija», dice la mamá de Jazmín.

Patricia Pines, docente y voluntaria en Vacantes Para Todxs, una organización que ayuda dando herramientas y acompañamiento a familias perjudicadas por la falta de lugar en las escuelas dijo a ANCCOM que “los Centros de Primera Infancia surgieron en la provincia de Buenos Aires para suplir la ausencia estatal”. Sin embargo, en la Ciudad de Buenos Aires estas instituciones proliferaron en los últimos años. “Pasaron de ser alrededor de 20 en el primer gobierno de Mauricio Macri a más de 150 en el segundo gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Con lo cual no es que el Estado está ausente, el Estado tiene una política pública que es de precarización, de vaciamiento y de privatización de la primera infancia en las escuelas públicas y la derivación de esa matrícula a escuelas privadas”, sentenció Pines.

La zona sur de la Ciudad de Buenos Aires históricamente es la más afectada. El informe de OUBA informa que “el mapa de la distribución de los CPI marca la abrumadora presencia de estas instancias paliativas en la zona sur, donde se encuentra la mayor cantidad de familias que están atravesando una fuerte crisis económica. Esta imposibilidad de acceso del sistema educativo formal profundiza aún más su situación de exclusión social”. Sin embargo, Pines aclara que este año recibió quejas de muchos otros lugares de la ciudad. “Eso antes era algo casi exclusivo de zona sur, no pasaba en otros barrios. Pero ahora esta problemática se extendió”, dijo.

Otros problemas se suman al de la falta de vacantes. “Paralelamente no se construyen escuelas infantiles, se intenta el cierre de los institutos de formación docente y se cierran escuelas infantiles como la del Hospital Ramos Mejía. Es un combo que en realidad apunta a tercerizar la escuela pública”, afirmó Pines a este medio. Desde 2018, el Gobierno de la Ciudad buscó trasladar la Escuela Infantil Nº 6 del Hospital Ramos Mejía al establecimiento de la Manzana 66, creado para que funcione un nuevo jardín gracias a la lucha de los vecinos y las vecinas. De esta manera, las nuevas vacantes que se pensaban abrir quedaban en gran parte ocupadas por los chicos y chicas que iban a ser trasladados: se abría una escuela para cerrar otra y el problema de las vacantes queda sin solución aparente. Ayer, a partir del incansable esfuerzo de madres y padres y el amparo colectivo que presentaron contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Poder Judicial dictaminó finalmente la nulidad absoluta del cierre, fusión y/o traslado de la escuela.

“Si se van a construir nuevas escuelas que no sean nuevos edificios para escuelas existentes sino para nuevas escuelas donde se construya y se habilite más matrícula”, dijo en diálogo con ANCCOM Micaela López Rodríguez, una de las fundadora de La Vacante es un Derecho, otra organización que acompaña y asesora a familias víctimas que no pueden inscribir a sus hijos en los establecimientos estatales. Además, sostiene que es necesario “hacer un seguimiento sobre lo que pasa con aquellos edificios donde funcionaban escuelas que se mudan a establecimientos nuevos, que deliberadamente el Gobierno de la Ciudad deja caer en pésimas condiciones para después derribar las construcciones y rematarlas a amigos del poder de turno”.

Los Centros de Primera Infancia pasaron de ser 20 en el primer gobierno de Mauricio Macri a más de 150 en el segundo gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Dentro del problema de la falta de vacante surge uno particular vinculado a la cuestión de género. Según Mónica Tarducci, directora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras, “en su enorme mayoría son las mujeres las que están a cargo (del cuidado de la infancia)”, y son ellas quienes se ocupan de lo relativo a los traslados y del “acompañamiento en los pedidos de las escuelas o la comunicación con las y los docentes”. Micaela López Rodríguez señala que “el problema de la falta de vacante lo terminamos resolviendo en la mayor parte de los casos las feminidades: el problema afecta directamente en el trabajo o las ocupaciones de la mujer”. A su vez agrega: “Poder conseguir vacantes a nuestros hijos no es solamente algo que viene a hacer respetar los derechos de los niños, sino también a dignificar las tareas de cuidado y a entender que todas las personas que ejercen estas tareas tienen la misma necesidad de trabajar, de desarrollarse profesionalmente o de descansar y tener tiempo de ocio”.

Este es el caso de Jazmín, madre que se encuentra en la lista de espera para conseguir vacante para su hija de un año en el jardín maternal del Hospital Tornú: “En este momento me encuentro con un amparo judicial contra el Gobierno de la Ciudad porque niega la educación pública para mi hija y me obliga a tener que caer en la educación privada, lamentablemente”. Un proceso similar vive Carolina, madre de una hija de dos años y medio, que quiso buscar este año vacante para ella pero por segundo año consecutivo le fue negada. Su situación, como la de muchas madres y familias es complicada. “Actualmente soy madre soltera, y desempleada –cuenta-, lo que me dificulta horrores conseguir un trabajo. No tengo familiares disponibles que la puedan cuidar, todos trabajan, y pagar una niñera o un jardín privado menos, porque no cuento con los recursos económicos para hacerlo y poder salir a conseguir trabajo”.

La solución, sostiene Micaela López Rodríguez, no tiene que ver únicamente con construir nuevas escuelas. “También es necesario frenar la política de construcción de Centros de Primera Infancia en detrimento de la de escuelas públicas, no construir edificios para escuelas existentes sino para nuevas escuelas que habiliten más matrícula y poner el ojo sobre el presupuesto educativo y la cantidad enorme de partida presupuestaria que sustenta a la educación de gestión privada a través de subsidios”, dijo a este medio.

Denuncian a Telefónica por la deficiencia en el acceso a internet en las villas

Denuncian a Telefónica por la deficiencia en el acceso a internet en las villas

Los usuarios de las villas se quejan de que deben acudir a servicios más caros ante las deficiencias de Telefónica.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) demandó a Telefónica por no brindar información sobre el servicio de telefonía e internet que brinda en villas y asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires. El pedido de la organización está motivado en la queja constante de los usuarios que no tienen un servicio de calidad en sus hogares.

“A partir de los reiterados reclamos de los habitantes que pudimos conocer por nuestro trabajo territorial en villas, en febrero de 2019 decidimos solicitar a la empresa Telefónica que brinde información sobre la forma en que presta servicios de telefonía y de internet en las villas”, dijo el abogado Marcelo Giullitti Oliva. Al no recibir una respuesta por parte de la empresa, ACIJ formuló un reclamo ante la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública (ANAIP). La institución avaló el reclamo y el 16 de septiembre se pronunció, exigiendo a Telefónica que en el plazo de diez días presente la información completa solicitada. Para este pedido, la Agencia se apoyó en la Ley de Acceso a la Información Pública y en la Ley Argentina Digital N° 27078.

Giullitti Oliva argumentó que si bien existe actualmente un debate sobre si la prestación del servicio de internet es de carácter público o no, lo cierto es que la información que presenta la empresa es de interés público. El abogado dijo a ANCCOM que “el carácter público de la información se sostiene en dos cuestiones distintas. Por un lado, la Ley de Acceso a la Información Pública (27275) reconoce en su artículo 7°, inciso “i” como sujetos obligados a brindar información pública por un lado a los concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos y también a los concesionarios y permisionarios de uso del dominio público”. El letrado agregó: “Telefónica, por lo tanto, es sujeto obligado porque por un lado es concesionaria de servicios públicos -que es el servicio de telefonía básica- y por otro, es licenciataria de tecnología de la información. Por otro lado, la propia información del servicio reviste carácter público en tanto la Ley Argentina Digital declara de interés público el desarrollo de estas tecnologías de la información”.

La empresa respondió con información incompleta e imprecisa ante la exigencia de la ANAIP, según informaron desde ACIJ. Consecuentemente, la organización presentó el 3 de febrero una demanda a Telefónica S.A., que recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 12, a cargo de la jueza Macarena Marra.

ACIJ sostiene que Telefónica incumple con las leyes de Acceso a la Información Pública y Argentina Digital.

Mariela Baladrón, docente y graduada de la carrera de Ciencias de la Comunicación Social de la UBA y Magister en Industrias Culturales, Políticas y Gestión por la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), expresó su interés por el caso: “Es un hecho que no tiene precedentes en la Argentina. Lo interesante son los motivos legales que permitieron a ACIJ hacer una demanda a Telefónica para que brinde información de relevancia social”. Baladrón realizó varios trabajos sobre el acceso a internet en Argentina. Sobre este punto, dijo que la desigualdad en acceder a la Red se encuentra vinculada también a otras inequidades preexistentes: sociales, etarias, de género. En un trabajo previo, la investigadora estudió el acceso a internet en Villa 20 y observó, al igual que ACIJ, que las quejas sobre el servicio eran una constante. La razón, según los usuarios, era que las empresas no poseían infraestructura en las zonas de sus hogares. Por esta razón, explica Baladrón, muchos terminan contratando planes a empresas independientes o microemprendimientos que son notoriamente más caros que los provistos por las firmas más grandes, aumentando de esta manera la desigualdad social.

La falta de acceso a telefonía e internet de calidad por parte de los habitantes de las villas habla de una discriminación social, aseguran tanto Baladrón como Giullitti Oliva. “Hay una negativa de las empresas a prestar el servicio en las mismas condiciones de igualdad que en el resto de la ciudad”, formuló la investigadora. A su vez añadió: “Considerando que existen más de 4 mil barrios populares en Argentina -según el Relevamiento Nacional de Barrios Populares (RENABAP)- esto es de gran relevancia social y es necesario un tratamiento adecuado sobre la problemática”.

«La prensa es el nuevo opio de los pueblos»

«La prensa es el nuevo opio de los pueblos»

“Han convencido a la sociedad de que hay un estado natural de las cosas, donde el que intente romperlo es el divisionista.»

Ayer el expresidente de Ecuador, Rafael Vicente Correa Delgado -más conocido como Rafael Correa- brindó una clase magistral en la Facultad de Ciencias Sociales sobre la situación actual latinoamericana y su comprensión histórica. Se dirigió siempre a los “queridos jóvenes”, dijo pertenecer a la academia y narró la importancia de reflexionar sobre el contexto que nos convoca.

Con algunas dificultades debido a la falla eléctrica que dejó sin luz a buena parte de Constitución y otros barrios -y puso en duda la realización del evento-, finalmente inició el acto alrededor de las 18.30 en el auditorio de la Facultad. Correa entró por uno de los pasillos caminando a pasos largos y veloces con sus acompañantes y el público dio uno de los aplausos más fuertes de toda la jornada.

El panel lo conformaban el exmandatario, la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Carolina Mera, y el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien ingresó al auditorio con una careta de Lula cubriéndole el rostro. Pronto todo el salón lo ovacionó y comenzó a gritar: “Lula libre”. El evento se desarrolló en el marco de la cátedra que preside Pérez Esquivel, Cultura para la Paz y Derechos Humanos.

“Según el ingreso por habitante, Latinoamérica es la clase media mundial pero es la región más desigual del planeta.»

Correa se encuentra actualmente exiliado en Bélgica y no vuelve a su país debido a que tiene una orden de captura preventiva y cerca de 30 procesos judiciales iniciados en su contra por acusaciones de corrupción, asociación ilícita y tráfico de influencias. “Más que los de el Chapo Guzmán y Al Capone juntos”, dijo el ex mandatario entre risas, con la complicidad del público. Cuando se había instalado en Europa, en un primer momento por propia voluntad, como un retiro de la política, su idea era volver a la academia y escribir sobre los problemas de desarrollo en Latinoamérica. En este tema se basó su intervención principal y remarcó la importancia del enfoque histórico. “¿Por qué en un mismo continente la América del Norte se desarrolló y la del Sur no? ¿Por qué en una misma isla o península observamos fuertes contrastes de desarrollo? ¿Por qué países que fueron relativamente ricos en el pasado hoy son pobres y viceversa? la mayor maestra para entenderlo es la Historia”, así inició su charla el expresidente.

“Desde la colonización se impusieron en América Latina tremendas jerarquías sociales basadas no en méritos o capacidad sino en el abolengo”, explicó al público expectante. Y enseguida se trasladó a la situación actual del subcontinente: “En función del ingreso por habitante, Latinoamérica puede ser considerada la clase media mundial pero también es la región más desigual del planeta. La pobreza no es fruto de la escasez de recursos sino de la exclusión producida por sistemas económicos y estructuras de poder donde históricamente unos pocos dominan a muchos”. Y continuó: “Las élites siempre han dominado los factores reales como el económico, mediático, político y hasta religioso. Esto es lo que René Zavaleta, político, sociólogo y filósofo boliviano denominó ‘Estados aparentes’: representan no el bien común sino los intereses de quienes lo controlan”.

También habló sobre el rol crucial de los grandes medios de comunicación. “Para controlar gobiernos, el mejor instrumento de las élites es la prensa -dice Correa-. Esta es la encargada de imponer lo que Gramsci llamó la cultura hegemónica, es decir, la trasmisión de valores y creencias que sostienen el pacto de dominación. Esa prensa cumplirá también el rol de demonizar cualquier intento de romper este pacto, con falaces argumentos como ‘evitar el odio de clases’, ‘mantener la unidad del país’ o ‘buscar la paz’. Sin duda la prensa se ha convertido en la mayor protectora del status quo y es el nuevo opio de los pueblos».

«En 2015 comenzó esa restauración conservadora pero en 2019 inició su sepultura con el triunfo de Alberto y Cristina.»

En cuanto a la cuestión mediática y judicial, profundizó el caso de Evo Morales, forzado a renunciar como presidente de Bolivia  por un golpe de Estado, y exiliado en Argentina, luego de haber pasado temporalmente por Cuba y de haber estado un mes con asilo en México: “Han convencido a la sociedad de que hay una suerte de estado natural de las cosas, donde el que intente romperlo es el divisionista y confrontador. A Evo no lo persiguen por indio, en eso no coincido con él. Por supuesto que existe el racismo, pero si se hubiera sometido a las élites bolivianas sería el indio bueno. La élite boliviana jamás lo dejaría entrar en su casa, por supuesto, pero lo apoyaría si hubiese sido funcional al sistema. A Evo lo persiguen por querer romper el pacto de dominación que por siglos ha mantenido en la exclusión a las grandes mayorías bolivianas».

Con respecto a la asunción de Alberto Fernández como presidente y Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta, el ex mandatario dijo: «Ojalá ustedes hagan extensivo esta felicitación al pueblo argentino por la alegría que nos ha dado con este cambio de rumbo, por retomar las sendas del progreso. En 2015 comenzó esa restauración conservadora pero en 2019 inició la sepultura de esa restauración conservadora con el maravilloso triunfo en una vuelta de Alberto y Cristina.» Al término de esta frase, algunos se pusieron de pie y el público al unísono comenzó a cantar: «Alberto presidenta (sic)».

Debido a la creación reciente de Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad por parte del nuevo gobierno argentino, y a razón de algunos comentarios controversiales de Correa sobre el feminismo, ANCCOM le preguntó sobre su posición frente al movimiento de mujeres en Latinoamérica. «Hay que definir qué es ser feminista. Si es estar a favor del aborto tendré que decir que no soy feminista. Si es buscar la igualdad de derechos, acabar con la opresión de las mujeres, cambiar esta cultura machista, los femicidios, entonces soy feminista. De hecho, tenemos una de las constituciones más progresistas en términos de equidad de género. Sin embargo creo que nos equivocamos estratégicamente: hay tantas cosas para pensar -pobreza generalizada, exclusión, etcétera- que empezar con lo conflictivo es erróneo».

Hacia el cierre de la jornada, el expresidente de Ecuador dio un última reflexión a su audiencia: «La democracia se vuelve crucial para el desarrollo, pero no las democracias de papel que ha tenido nuestra América, sino esa democracia que Álvaro García Linera denominó la democracia plebeya: la que le dio el poder a aquellos sin abolengo, a las mujeres de pollera en Bolivia, a las grandes mayorías. Eso es lo que formó de forma temporal Lula en Brasil, Chávez en Venezuela, Evo en Bolivia, el kirchnerismo en Argentina y la Revolución Ciudadana en Ecuador».