Abr 28, 2021 | Comunidad, Novedades
Un estudio realizado por la Universidad de Cambridge en 2020 determinó que la energía anual que se necesita para gestionar la principal criptomoneda, el bitcoin, es más que la que consumen cerca de 50 millones de argentinos para moverse, producir, calentarse, iluminar sus calles y todo lo demás. Pero ¿a qué se debe este elevado consumo?
Una de las características fundamentales de esta criptomoneda, como ya explicó ANCCOM, es la descentralización del control, emisión y regulación por parte del Estado y otros actores económicos. Sin embargo, esta no es la única condición: estas transacciones necesitan de una base de datos distribuida, segura e inviolable generada por la tecnología blockchain o cadenas de bloques, que plantean problemas matemáticos cuya resolución requiere crecientes cantidades de energía.
Pero, ¿de qué se tratan estas cadenas? Las transacciones de criptomonedas se integran en bloques virtuales que generan una marca temporal y un código propio vinculado al bloque anterior pero también al siguiente, provocando una cadena: si un eslabón es modificado, se pierde la coherencia matemática de la cadena y se hace evidente que algo no está bien. Como explica Andres Rabosto, sociólogo y becario doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, este proceso lo realiza el software de la criptomoneda automáticamente, el cual requiere ser verificado: “Esta validación la realizan las computadoras conectadas a la red de la criptomoneda y consiste en encontrar la respuesta a un problema criptográfico contenido en el propio bloque; aquella computadora que llegue primero a la solución cobra un premio en nuevas criptomonedas”. Esto genera que a mayor cantidad de máquinas minando (buscando la solución al problema criptográfico), menor es la probabilidad de resolver un bloque y por lo tanto, de obtener recompensas.
A medida que el precio del bitcoin sube, más tentadora resulta la competencia y por lo tanto el incentivo para utilizar máquinas más potentes y que consumen más energía eléctrica. Si no se hace de esa manera, la resolución lleva más tiempo y el premio es solo para el ganador. Todo el resto de la energía se pierde irreparablemente. Como detalla Rabosto, “la necesidad de más potencia implicó mayor inversión en infraestructura produciendo una industria concentrada e integrada verticalmente por productores de hardware”.
El bitcoin consume una cantidad de energía comparable a la que utilizan países como Holanda o Bélgica.
Actualmente, las principales estimaciones consideran que Bitcoin tiene consumos comparables a los de países como Holanda, Bélgica, incluso Argentina. Uno de los principales objetivos a largo plazo es que para 2025 todas las cadenas de bloques del mundo utilicen energía 100% renovable por el gran impacto ambiental que genera las huellas de carbono y desechos electrónicos. En la encuesta a grandes mineros realizada por la Universidad de Cambridge en 2020, los entrevistados indicaron que solo el 39% de su consumo total de energía provenía de energías renovables. Si bien el objetivo de reducir las emisiones entusiasma a los defensores de bitcoin, cabe preguntarse si no sería mejor dedicar esa energía a fines con impacto en la economía real y el bienestar de la población.
Para Rabosto hay otra cuestión clave: “La minería de criptomonedas se realiza con hardware especializado que se vuelve obsoleto muy rápidamente, aproximadamente cada un año y medio. Cuando termina su vida útil, ese hardware se transforma en una gigantesca masa de cables, fierros y placas electrónicas que van al basural”. Por esto la utilización aún si se utilizara energía renovable, bitcoin seguiría teniendo un impacto ambiental significativo.
Por otro lado, en los últimos meses empezó a difundirse por redes sociales y por las calles de Buenos Aires publicidades de criptomonedas. Respecto a este tema el investigador afirma que podría deberse al aumento de su valor: “Según creo, se debe a movimientos especulativos de corto plazo ya que, de hecho, muchos analistas esperan un movimiento correctivo a la brevedad”.
El uso y el funcionamiento de las criptomonedas no solo encendió el debate económico y tecnológico sino también trajo como problemática el impacto ambiental. Según Digiconomist, si estas monedas virtuales fueran países ocuparía el puesto número 41 en el ránking de naciones que más electricidad consumen de manera anual. En términos ecológicos, hasta el momento solo entidades reales podrían ocasionar CO2; esto nos lleva a preguntarnos si todo consumo energético implica necesariamente un impacto ambiental.
Lo primero que hay que tener en cuenta es que bitcoin no puede contaminar por sí mismos, sí lo hace el consumo de energía y recursos que conlleva su gestión. No obstante, la problemática de esta tecnología no está únicamente en el consumo de energía y el aumento de su valor en el mercado financiero, sino también en lo que implica dañar el medio ambiente para no producir algo concreto.
Ene 28, 2021 | Novedades, Trabajo
La pandemia demostró, una vez más, el rol esencial de los medios de comunicación a la hora de informar. Sin embargo, el trabajo de los periodistas se precarizó a medida que avanzó el desarrollo de las tecnologías de la comunicación. Los periodistas de medios digitales se multiplican para cubrir tareas como redacción en distintos formatos, correcciones, fotografía, edición de audios, videos, textos, subida de material, manejo de redes y demás funciones que antes se distribuían en equipos completos.
El trabajo periodístico está enmarcado en la Ley 12.908, llamada Estatuto del Periodista Profesional. Debido a la precarización en aumento, la Unión de Trabajadores de los Medios Digitales solicitó la creación de una normativa que contemple las nuevas realidades y derechos ya que este tipo de tareas no se encuentra incluido ni representado en los contratos vigentes como Ley de Plataformas Digitales, la Ley de Medios o la Ley de Teletrabajo. En la actualidad, el gremio está conformado por más de 250 mil trabajadoras y trabajadores que hacen una gran cantidad de tareas en simultáneo.
En representación del sindicato y para ampliar los detalles del reclamo, Pablo Ceccarelli, periodista y primer Secretario General del sindicato, explicó: “El exponencial crecimiento de los medios digitales conlleva también la precarización laboral de los trabajadores bajo formas encubiertas de relación laboral: colaboradores, independientes, monotributistas, becarios, pasantes, etc. que trabajan en medios de comunicación digitales de los cuales, algunos de ellos, ni siquiera tienen un editor responsable”.
Uno de los derechos que exigen se trata del derecho a la desconexión digital fuera de los horarios de trabajo que contempla la Ley de teletrabajo. “Los trabajadores de medios digitales –agrega el representante gremial- tienen el derecho a igual remuneración por igual tarea y no podemos ser el comodín de un medio de prensa digital”.
En un contexto en el que los medios tradicionales no saben cómo competir contra plataformas que utilizan contenidos de terceros para ubicar publicidad, los periodistas se vuelven un eslabón débil de la cadena, sobre el que presiona el sistema para sobrevivir. Por este motivo, son pocos los profesionales asalariados en los medios, mientras que la mayoría deber recurrir a otros emprendimientos comunicacionales, docencia, entre otras ocupaciones. A esto se le suma los desafíos laborales de cubrir eventos o noticias vinculadas al coronavirus con pésimas condiciones sanitarias.
Ene 25, 2021 | Comunidad, Novedades
El 21 de octubre pasado la Cámara Federal de La Pampa recurrió al Ministerio Público por el matrimonio forzado de una joven de quince años integrante de la comunidad gitana. La causa se inició el 12 de mayo cuando una asistente social de Santa Rosa realizó una denuncia ante la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia a partir de la confesión de la joven. La profesional narró que se acercó al domicilio para continuar con su asistencia pero su madre le informó que ya no vivía allí porque se había casado con un miembro de la comunidad. El equipo conversó con la adolescente y remitió un informe que concluyó con indicios de maltrato familiar, estado de vulnerabilidad subjetiva y sociocultural en la entrevistada, factores de silenciamiento y condicionamiento en su relato y riesgo psicofísico, entre otras cuestiones.
Por ello, los camaristas Silvia Fariña y Roberto Amabile insistieron en investigar ciertos indicadores del testimonio de la niña, aunque por razones legales no pudieron conversar con ANCCOM. En su declaración, Amabile sostuvo que “cualquier forma de unión forzada, aun bajo rituales o costumbres culturales, importa el supuesto de la ley que implica obligar a una persona a contraer matrimonio o cualquier tipo de unión de hecho que presente análogas características al matrimonio y que tenga como finalidad cualquier forma de explotación; en especial, en el caso del matrimonio infantil dado que no se cuenta con el consentimiento pleno, libre e informado de una de las partes o de ninguna de ellas”.
Juan Carlos Domínguez Lostaló, representante argentino del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente afirmó, en diálogo con Infojus, que “hay fenómenos culturales que se pueden transformar en delito”. La llegada de los derechos humanos como eje transversal en toda práctica social y cultural, obliga a especialistas jurídicos a revisar las normas culturales. Domínguez Lostaló resalta la complejidad de rever las costumbres de las diversas comunidades y agrega que «esto no es un problema de género ni de cultura, son cosas que hay que hablarlas y en profundidad, porque estás contra siglos de costumbres. Las transformaciones son lentas, pero tenemos que por lo menos aumentar las condiciones de dignidad de las personas, de no discriminación de grupos o sectores vulnerables”.
Frente a esta situación, ¿cuál es el límite entre el derecho a la identidad cultural que tiene una comunidad y los derechos humanos? ¿En qué momento se deberían invocar los derechos humanos universales frente al respeto por la diversidad de tradiciones? Para analizar la situación, ANCCOM dialogó con Jorge Emilio Nedich, escritor, referente de la comunidad gitana en Argentina, quien también fue citado por las fiscalías de La Pampa: “Acá hay una realidad: si la chica no quiere casarse no la pueden obligar y la comunidad tiene que entender que no hay discusión, los derechos humanos están por encima de las personas, y por encima de las leyes argentinas están los derechos humanos”. En este sentido, en la actualidad, muchos países siguen permitiendo los matrimonios forzados con menores de edad. Según el informe Estado de la población mundial 2020 de la ONU: “De los 107 millones de niñas que viven en América Latina y el Caribe, 60 millones están casadas antes de cumplir los 18 años”.
El arreglo de los matrimonios y la compra de la novia en la comunidad gitana siguen existiendo, sobre todo en las familias más tradicionales. Con el consentimiento de sus padres y cumpliendo con el arreglo, el novio paga la dote. Nedich detalla que gradualmente la comunidad va entendiendo la ilegalidad de los matrimonios celebrados con menores de edad: “El gitano fue tomando ciertas normas culturales que han hecho revisar la edad de estos casamientos, pero es verdad que aún quedan familias conservadoras”. A su vez, el escritor manifiesta que en la comunidad hay una fuerte violencia patriarcal vinculada a la falta de educación: “Hay 40 % de personas indocumentadas que no reciben ningún tipo de educación formal, el Estado los excluye del sistema educativo y es por eso que no tienen conocimiento de sus derechos ni los del otro”. Al no estar capacitados, no cuentan con un trabajo formal por lo cual tampoco tienen acceso a un sistema de salud, aportes, ni acceso a créditos.
Por su parte, la Voria Stefanovsky, gitana e integrante del Observatorio de Mujeres Gitanas y pareja de Nedich, organizó a finales de septiembre de este año, el Congreso Internacional “Educación, Derechos e Igualdad para el Pueblo Gitano”. Allí, explicó no solo la realidad de la comunidad sino también las desventajas de ser mujer en ella. Las mujeres, pero sobre todo las niñas, se ven mucho más perjudicadas y discriminadas en la educación formal, ya que suelen salir antes de la escuela por cuestiones vinculadas al género. Para la referente, las mujeres gitanas sufren una triple marginación: por etnia, por género y por cultura. Y agrega, “Hay una manera conservadora de ver, muy tradicionalista, porque no quieren que la mujer se aculture o se enamore de un joven que no pertenece a la comunidad. Por fuera de la comunidad, antes de ver una mujer la gente ve a una gitana. Por eso estas cuestiones son una lucha a atender”.
Sin embargo, ambos entrevistados manifiestan que el problema no está solo en la falta de educación y exclusión, sino también por los estereotipos que circulan: “Se nos ve como un pueblo que viene de lejos con tradiciones paganas, entregadas al vicio, descalificando a la mujer como esposa, mujer, amiga, donde el varón gitano es ladrón o estafador. La gente tiene que entender que no todos somos así”, dice Stefanovsky. Luego agrega que entre las mujeres “hay un fuerte contenido de antigitanismo de género como la bruja, hechicera, seductora, roba niños”. Para Nedich resulta fundamental considerar al gitano y la gitana como sujetos de derecho empezando por el reconocimiento de su cultura: “La mayoría de las cosas de las que se los acusa se solucionan con educación, pero parece que invertir en educación para el pueblo gitano políticamente no garpa”.
La falta de políticas públicas y de reconocimiento cultural acompañado de estereotipos muestra la importancia de realizar cambios tanto a nivel institucional como en el imaginario de la comunidad; no solo para reconocer sujetos de derechos sino también para la promoción de los derechos de la niñez y adolescencia y la equidad de género.
Ene 19, 2021 | Comunidad, Novedades
Cuando en 2014 Facebook compró Whatsapp por 16.000 millones de dólares, la empresa prometió no compartir los datos acumulados con otras plataformas que también le pertenecen. No parecía verosímil que se hiciera tamaña inversión para una aplicación utilizada actualmente por más de dos mil millones de usuarios en el mundo, que es “gratuita” y que no muestra publicidad: la única forma de recuperar el dinero era monetizar los datos de los usuarios en otras plataformas. El tiempo demostró, una vez más, que las promesas de esta corporación no tienen mucho valor.
En 2021 Facebook parece decidido a blanquear la realidad de su negocio cambiando las condiciones de uso que todos los usuarios deben aceptar. La fecha límite inicial para aceptar las condiciones de uso o abandonar la aplicación era el 8 de febrero, pero frente a la resistencia y la migración a otras plataformas se potergó un par de meses.
Las nuevas condiciones especifican, entre otras cosas, que los datos obtenidos a través de WhatsApp se podrán utilizar en otras plataformas para, por ejemplo, decidir qué publicidad mostrar en Facebook. El único territorio donde no se aplicarán estas nuevas condiciones es la Unión Europea, donde la Regulación General de Protección de Datos (GDPR por su sigla en inglés) no lo permite.
Para el resto del mundo, la actualización de WhatsApp permitirá a Facebook compartir información los datos acumulados con otras aplicaciones como la misma red social del pulgar azul, Instagram y Messenger que incluyen número y modelo de teléfono, información proporcionada en el registro, la empresa telefónica móvil, la dirección IP que indica la ubicación de la conexión a Internet, compras o transacciones financieras. Pero ¿qué usos le dan a estos datos? ¿Es legal que una empresa imponga sus propias condiciones sin respeto por las legislaciones locales?
Carolina Martínez Elebi, Licenciada en Ciencias de la Comunicación, docente de la carrera y especialista en Tecnologías de la Comunicación, dialogó con ANCCOM para entender el cambio en la política: “En principio la lógica de estas empresas se basa en prever los comportamientos de los usuarios para entender cómo funciona la plataforma y como es apropiada por la sociedad. Una cosa es cuando lanzás un producto o servicio y otra como se pone en juego en la sociedad”.
Según la especialista esta nueva política busca generar espacios cerrados que permitan unificar la información y los perfiles de los usuarios para monetizarlos a través de la publicidad en todo el ecosistema digital de una sola empresa: “Cuando digo espacios cerrados me refiero a que se busca que dentro de la plataforma hagas todo lo que quieras hacer. Es equiparar internet con la experiencia de Facebook como una experiencia unificadora: comprás y vendés productos, te comunicas con tu entorno, ofrecés servicios, subís fotos, todo en la misma plataforma y para una misma empresa”.
La nueva medida no solo generó desconfianza respecto a la privacidad de los usuarios sino que también provocó que muchos dejaran de usar el servicio para pasarse a Signal o Telegram, que ya superó los 500 millones de usuarios. Como explica Martínez Elebi: “Suele haber en una primera instancia una reacción individual, como si cada uno pudiera tomar esa decisión para hacerle frente a estas políticas. El tema de la privacidad no puede depender de un grupo de personas porque formamos parte de una red que está conectada con otros. Yo puedo eliminar WhatsApp, pero la red de contactos que suelo usar sigue ahí, por lo que termino siendo excluida de la información que circula en estos espacios”.
No obstante, a pesar de existir formas de comunicación alternativas y seguras, el problema es mucho más profundo ya que el Estado es el que debe proteger los datos de los usuarios que son utilizados para los negocios de estas empresas. Por esto, Martínez Elebi considera que estas situaciones “deberían servir como alerta a los Estados, sobre todo en Argentina. Esto tiene que ser una decisión conjunta y no puede caer en una acción personal porque no tiene efecto”. Es lo que ocurrió en Europa, donde se impulsaron condiciones de uso del servicio y privacidad que, por ejemplo, impone reglas de protección a las empresas que quieran trabajar en esa jurisdicción y con los datos de estos ciudadanos. No alcanza con que modifiquen las condiciones de uso y los usuarios las firmen, casi siempre sin leerlas.
Respecto a la legalidad de los términos y condiciones de los usuarios, la entrevistada explica que en realidad deberían depender de las leyes y regulaciones en protección de datos que haya en cada Estado: “En Argentina, los datos vinculados a la privacidad son un tema de debate constante y en distintos niveles. Quizás fue evidente con Uber o con la App cuidAR, pero según mi criterio, WhatsApp debería cumplir con la Ley de Protección de datos personales vigente en nuestro país”. En Argentina, la Dirección de Datos Personales depende de la Agencia de Acceso a la Información Pública.
Respecto a la ley vigente en materia de datos en el país, la especialista sostiene que, para que haya intercambio de datos, tiene que haber una ley homologada en un estándar mínimo de protección. También aclara: “Habría que ver qué pasa con los datos de operatividad que necesita whatsApp para funcionar como acceso a la ubicación, número de teléfono, información, número de imei, que son datos técnicos; es importante revisar qué datos son necesarios y cuales forman parte de su modelo de negocio”.
Igualmente, para la especialista es fundamental la instancia de concientización masiva acerca del uso responsable de la tecnología para entender la importancia de la privacidad: “Se tiene que entender por parte del Estado y la población que la privacidad es un valor a proteger. Es un derecho fundamental para que las personas puedan desarrollarse con mayor autonomía y pareciera que estas empresas lo transforman en una moneda de cambio; se da des-privacidad a cambio de las experiencias de usuarios y de confort, perdiendo la comprensión de que es un derecho elemental para las personas”.
Por lo tanto, si bien como usuarios se puede hacer un uso más consciente para disminuir su exposición, es imprescindible la responsabilidad y capacidad del Estado para regular y hacer cumplir la ley. Martínez Elebi concluye: “El Estado tiene que garantizar la protección de nuestro derechos de privacidad y generar una concientización colectiva para realizar reclamos concretos que hagan respetar nuestros derechos de privacidad”.
Oct 13, 2020 | Comunidad, Novedades
Desde las últimas décadas del siglo XX los satélites artificiales son nuestros ojos en el espacio. Pueden servir para enviar y recibir comunicaciones de uso masivo, para análisis científicos, pero también para fines militares. En los últimos años se sumó una nueva mirada sobre el espacio que pone el énfasis en los negocios. ANCCOM diálogó con los actores que intervienen en el campo satelital argentino para entender la magnitud de los proyectos y sus efectos.
La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) es la responsable de diseñar y ejecutar el Plan Espacial Nacional que incluye acciones y proyectos como misiones satelitales de observación de la Tierra enfocados en el territorio continental y marítimo. Para eso, desarrolla satélites de observación útiles para la agricultura, hidrología, medioambiente y gestión de emergencias naturales, entre otras. El Plan Espacial Nacional también incluye el desarrollo y lanzamiento de pequeños satélites, para colocarlos en órbita, desde territorio, argentino mediante el lanzador Tronador II/III.
Raúl Kulichevsky, Director Ejecutivo y Técnico de la CONAE, explicó cómo se sitúan los satélites argentinos en la órbita terrestre: “Por un lado, participamos de distintas organizaciones internacionales asociadas al uso pacífico de la información satelital, como Naciones Unidas y organizaciones espaciales. A su vez, tenemos convenios bilaterales con distintas empresas y en ellas hay regulaciones, donde todos los países miembro se comprometen a cumplir y respetar las regulaciones estatales en el espacio”.
Uno de los últimos lanzamientos exitosos es el SAOCOM 1B que partió al espacio en una cohete de la empresa SpaceX de Elon Musk desde los EE.UU. El lanzamiento completó la misión Saocom, cuyo primer satélite, el 1A, había despegado en octubre de 2018. Los satélites argentinos de observación están ganando terreno en el espacio y cada vez hay más compañías que trabajan en crear elementos necesarios para cada misión. El ingeniero Kulichevsky destacó la importancia de los SAOCOM: “En particular, la misión significó un salto cualitativo y de complejidad de desarrollo tecnológico importantísimo. Estamos convencidos que esta misión es el desarrollo tecnológico con el área espacial más complejo que se haya encarado alguna vez en Argentina. Haber completado la misión y dentro de poco tenerlo en operación es para los argentinos, una enorme satisfacción y orgullo”.
“La misión SAOCOM significó un salto cualitativo y de desarrollo tecnológico importantísimo», aseguró Kulichevsky.
A estos objetivos, deben sumarse los satélites geoestacionarios de telecomunicaciones como el Arsat I y II ya lanzados, y el Arsat III en desarrollo. Este último, brindará un servicio de internet de gran capacidad en territorio argentino, principalmente en el norte de la Cordillera de los Andes y zonas remotas.
Iniciativa privada
También existen empresas privadas argentinas que desarrollan satélites con énfasis en la eficiencia económica. La firma nacional líder en el sector es Satellogic, con una larga trayectoria en analítica geoespacial. Fundada en 2010 por Emiliano Kargieman, se dedica a la fabricación de nanosatélites de costos más bajos que los tradicionales, posibilitando lanzamientos satelitales con mayor frecuencia.
Luciano Giesso, Director Comercial de Satellogic, explicó por qué estos satélites resultan más eficientes y económicos: “La primera razón es que estamos verticalmente integrados y diseñamos todos los componentes. Cubrimos la cadena de valor del mercado de observación de la Tierra, de punta a punta, proveyendo soluciones de analítica geoespacial a clientes finales desde la obtención del dato como imágenes desde el espacio hasta la provisión de servicios y soluciones que permitan tomar mejores decisiones de negocio”.
La segunda razón, según el especialista, tendría que ver con los ciclos de vida relativamente cortos de los satélites: “Un satélite tradicional cuesta entre 500 y 800 millones de dólares, toma 10 años de desarrollo y orbita otros 20 para amortizar estos costos. Nosotros fabricamos satélites por una fracción ínfima respecto de esos valores. El ciclo de fabricación completo de cada uno es de tres meses y su tiempo de vida de 3 o 4 años”.
Si bien la empresa es Argentina, cuenta con oficinas en ocho ciudades del mundo y un equipo distribuido en más de quince locaciones. La oficina central se encuentran en Buenos Aires. También hay un equipo de desarrollo en Córdoba y las actividades de ensamblaje, integración y testeo de los satélites se desarrollan en Uruguay. Además hay un centro especializado en el ámbito de la inteligencia artificial y tecnología de datos en España. Esta localización sirve, según el ingeniero, para facilitar las operaciones de fabricación y por el régimen de importación/exportación.
La recolección de datos por parte de estos satélites permite entender, por ejemplo, el impacto del cambio climático en la Tierra, en los cultivos, las sequías o la evolución de un cultivo en un campo. También sirven para monitorear las reservas de carbono, la salud de los cultivos, plagas y malezas o prevenir el robo y la recolección ilegal. Hasta el momento, la CONAE no ha trabajado directamente con la empresa Satellogic pero afirman que mantienen contacto frecuente. Desde el punto de vista de la institución pública aseguran: “Intentamos mantener una relación con todas las empresas del sector y tratar de apoyar y fomentar el crecimiento de las empresas públicas y privadas en Argentina”.
Tanto la CONAE como Satellogic gestionan proyectos con la empresa aeroespacial pública Argentina VENG (Vehículo Espacial Nueva Generación). En conjunto con ellos, desarrollan los medios de acceso al espacio y servicios de lanzamiento, particularmente para la producción, operación y mercadotecnia del programa de Tronador de la CONAE.
El equipo argentino que lanzó el SAOCOM 1B, en Cabo Cañaveral.
Luz mala
Muchos astrónomos y especialistas físicos advierten que los satélites artificiales afectan las observaciones astronómicas. Asimismo, los satélites de telecomunicaciones pensados para el acceso móvil a Internet, integran una fuente de ondas de radio que perjudican la radioastronomía.
Carlos Di Nallo, reconocido astrofotógrafo argentino, aclaró la importancia de la posición en la que se colocan los satélites artificiales: “En realidad depende de la posición en órbita que ocupan. No vas a tener un montón de satélites juntos pero si en las fotografías que se toman aparecen muchos, arruinan la foto”. Para Di Nallo es alarmante la cantidad de satélites artificiales que se están pensando a nivel mundial; esto no solo afectaría las observaciones nocturnas sino además los radiotelescopios. El especialista sostiene que el problema central es que en el cielo no hay dueños: “En algún momento se va a tener que plantear algún tipo de regulación porque ahora todos quieren lanzar satélites”.
Uno de los proyecto más controvertidos es el de Space X. Su plan es lanzar Starlink, una constelación de satélites capaces de proporcionar conexión a Internet en cualquier parte del mundo, y que requerirá al menos 12.000 satélites para el 2025. El desarrollo de estos instrumentos comenzó en 2015 con la autorización legal del gobierno de Estados Unidos. Los primeros planes hablaban de lanzar 4.000 satélites en una órbita baja cercana a la superficie de la Tierra. Sin embargo, al poco tiempo, la compañía pidió ampliar el número de satélites, superando los 20.000 permisos. Hay que recordar que esta empresa nació con el propósito de contar con naves espaciales propias y llegar a Marte en las próximas décadas. Asimismo trabajan en proyectos de financiamiento de gastos de investigación y desarrollo de vehículos espaciales.
¿Quién financia estos gastos? ¿Cómo se llevan a cabo estos proyectos? Space X realiza contratos multimillonarios con el gobierno de Estados Unidos y de Europa para poner en órbita satélites de otros países.
Lanzamiento del Arsat-2, en la Guyana Francesa, en 2015.
Hace unos meses, la American Astronomical Society emitió un comunicado: “Cuando Space X lanzó su primera tanda de 60 satélites de comunicación Starlink, en mayo de 2019, y personas de todo el mundo los vieron surcando el cielo, los astrónomos lanzaron la voz de alarma. Los satélites Starlink no solo eran más brillantes de lo que nadie se había llegado a imaginar, sino que podría haber decenas de miles como ellos». El ruido lumínico hará imposible el estudio de las estrellas más lejanas.
Además, este tipo de satélites artificiales tendrá un efecto gravitacional sobre los objetos que se acercan a la Tierra, como cometas y asteroides. Por lo tanto, se deberá tener en cuenta la posición y alteración de los satélites de Musk para lanzamientos espaciales.
Respecto a este tipo de proyecto, la empresa Satellogic declaró que “es claro que el aumento de satélites de distinta índole, tamaño y características, puede obstaculizar la observación desde la Tierra. Nuestros proyectos por ser microsatélites, tienen poca superficie para reflejar y por su tiempo de vida (relativamente corto) no duran mucho tiempo más en órbita”.
La CONAE acentúa la importancia de la información de la observación astronómica pero aclara que “hay que entender que gran parte de esa información, ha sido obtenida por satélites. La posibilidad de observar el universo sin interferencia de la atmósfera, genera capacidades para el mundo de la astronomía que son únicas; lo que sucede es que el desarrollo espacial complementa significativamente las posibilidades de observación astronómica”.
Tras las críticas, Starlink empezó a utilizar una pintura opaca para evitar el brillo de los rayos solares. Existen aplicaciones para seguir y localizar el trayecto de estos satélites; aparece el horario, la altura, y hasta a quien pertenecen. Paralelamente, la Unión Astronómica Internacional pidió actualizar las efemérides para enviar información acerca del lugar en el que pasan estos satélites. Esto, permite organizar las observaciones nocturnas y los trabajos fotográficos, para que no sean perjudicados.
«Las misiones SAOCOM son distintas -explica Di Nallo-, porque son de observación y tiene una utilidad como medir la humedad de suelo y situaciones de emergencia. Hablamos de cuatro satélites de toda Argentina frente a 22.000 para dar Internet gratis». Por último, el astrofotógrafo subraya: “A todos los que trabajamos en este campo nos mueve el cielo pero no todos nos manejamos con los mismos valores”.
Mientras el debate continúa, la cantidad de satélites lanzados sigue aumentando. La misión SAOCOM y los ARSAT posicionaron a Argentina en un lugar clave para la construcción satelital de observación terrestre. Estos aparatos significaron un antes y después en la producción agrícola y en los pronósticos meteorológicos para prevenir, monitorear y evaluar catástrofes naturales. A su vez, empresas como Satellogic permitieron mejorar, facilitar y economizar gastos en tecnología espacial. A pesar de ello, resulta curioso y hasta preocupante para muchos especialistas, el interés de muchos países y empresas en proyectos telecomunicaciones de Internet mundial que carecen de una regulación clara.
Actualmente, la conexión en la ciudad depende de cables, antenas y otros instrumentos instalados pero en zonas apartadas, la cobertura de este servicio es escasa, incluso nula. Entonces ¿Cómo podríamos solucionar este problema, sin perjudicar a otros actores que intervienen en los avances y descubrimientos espaciales? ¿De qué manera se podría regular los permisos para no hacer del cielo un negocio? La red de Starlink es tan solo una de las muchas empresas interesadas en estos proyectos como Amazon y la empresa china, Geely.
Ofrecer internet a todos y todas sería un gran paso pero no todo lo que brilla es oro. Las constelaciones satelitales presentan serios inconvenientes para la observación espacial y aumentan los riesgo de colisión. Pese a que muchas empresas están trabajando con la comunidad científica para reducir el impacto de sus satélites, algunos especialistas temen que no se encuentre una solución adecuada.
