Un reclamo que toma vuelo

Un reclamo que toma vuelo

 

“Todo es un asco”, sintetiza Ayelén Córdoba, una de las trabajadoras de la empresa de seguridad aeroportuaria Group of Private Security (GPS) que denuncia malas condiciones de higiene, infraestructura y seguridad dentro de los aeropuertos Jorge Newbery (Aeroparque metropolitano) y Ricardo Pistarini (Aeropuerto de Ezeiza). Señala que el hacinamiento en los compartimentos de descanso y los pocos elementos de limpieza que disponen dificultan el cumplimiento de los protocolos. Acusa a la compañía de persecución y maltrato a los empleados que buscan, a  través de sus reclamos, mejorar sus condiciones de trabajo.

Entre otros problemas, cuenta, el vestuario no brinda suficiente protección contra los cambios de temperatura y las esquirlas que vuelan en las pistas. En el caso de “M”, una trabajadora de Aeroparque que prefirió mantener su nombre en secreto, comentó que algunos compañeros tienen problemas físicos a causa de la falta de indumentaria y elementos de seguridad.

Desde 2020, el plan de lucha incluye también a las condiciones de contratación y reclaman a Aerolíneas Argentinas que reconozca los años de servicio de los trabajadores de seguridad y que sean incluidos como personal permanente de la compañía.

 

 

Pasan los años pero el problema es el mismo

 

Los trabajadores de GPS señalan que a pesar de que diferentes empresas han prestado servicio tanto en Ezeiza como en Aeroparque, las problemáticas siguen siendo similares y el motivo de lucha es el mismo.

La situación de tercerización laboral de los trabajadores de GPS, los expone a la hora de hacer planteos ante la empresa. Cuentan que fueron víctimas de abusos laborales y salariales como modificaciones arbitrarias de horarios, traslados de los espacios de trabajo, quien se desempeñaba en Ezeiza era enviado al Aeroparque y viceversa, escasa protección en los espacios aéreos o la reducción del salario e incluso retraso en su pago y también del aguinaldo. “Nos mandaron a trabajar a Pistarini, sin tener en consideración lo difícil y a trasmano que es llegar y nos sancionaron igual si llegábamos tarde o si no teníamos transporte público”, declaró “O” una trabajadora del aeropuerto de Ezeiza que prefirió no dar su nombre para resguardar su trabajo.

Durante el 2020 y 2021, los trabajadores de GPS realizaron diferentes medidas de reclamo como asambleas, cortes de calles, manifestaciones sobre la autopista Riccheri y Avenida 9 de Julio. A pesar de que algunos problemas fueron resueltos, los trabajadores siguen luchando por el acceso a planta permanente. “Hemos tenido varias reuniones pero el problema es el mismo”, declaró Luciano Corradi, delegado de los trabajadores de GPS. “Nos reunimos con las empresas implicadas y con el Ministerio de Trabajo, pero no hemos llegado a ningún lado. Ni GPS ni aerolíneas tienen disposición para negociar”, señaló Corradi.

Despedidos, recontratados y sancionados

 

En febrero de 2020, cuando todavía el gobierno nacional no había anunciado medidas de restricción, los trabajadores de GPS reclamaron a la compañía de seguridad que distribuyera los materiales de seguridad e higiene necesarios ante una eventual llegada del coronavirus al país. La empresa solo ofreció unos guantes de protección. Frente a esta postura, los trabajadores que se desempeñaban tanto en el Aeroparque metropolitano como en el de Ezeiza se unieron y formaron una comisión de seguridad e higiene, en donde redactaron un protocolo y adquirieron materiales de sanitización y de protección contra el coronavirus

El 25 de marzo de 2020, tras el anuncio de las restricciones por parte del Gobierno nacional y después de realizar una medida de fuerza, los trabajadores Ayelén Córdoba y Carlos Roa fueron despedidos de la compañía. ”Luego de regresar de mis vacaciones a mitad de marzo, mis compañeros y yo decidimos no tomar posiciones para pedir elementos de seguridad e higiene. Una autoridad de la empresa nos dijo que esto era una psicosis y que no había tal pandemia. Un par de días después de la medida, pudimos obtener algunos elementos, pero a mi compañero (Roa) y a mí nos despidieron”, explica Córdoba.

A causa de este hecho, sus compañeros del aeropuerto de Ezeiza realizaron una campaña para la reincorporación de los trabajadores despedidos. La movida contó con el apoyo de referentes de los derechos humanos como Nora Cortiñas y sectores sindicales como los metrodelegados del subte y premetro. Tres semanas después, tanto Córdoba como Roa fueron reincorporados a la compañía, que también entregó materiales de protección e higiene.

Corradi considera que este tipo de acciones es un ataque al derecho a huelga de los trabajadores, amparado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. En 2021, luego de no recibir un aumento salarial durante el año anterior, acordaron un incrementol del 38% correspondiente al 2020. Después de este hecho, 200 empleados de GPS, distribuidos en Ezeiza y Aeroparque, fueron sancionados con apercibimientos de tres a cinco días por la huelga. Corradi señala que el castigo se debió a que las medidas de fuerza no contaron con el aval del sindicato oficial, Unión del Personal de Aeronavegación de Entes Privados (UPADEP). “Nosotros peleamos para que se respete el derecho a huelga de los trabajadores y que retrocedan con las suspensiones”, señaló Corradi.

 

Las falencias del protocolo

 

Los trabajadores de GPS, tanto del Aeropuerto de Ezeiza como del Aeroparque metropolitano, explican que los protocolos dictados por la compañía son de difícil cumplimiento. En primer lugar, consideran que los materiales de protección e higiene son insuficientes para la cantidad de trabajadores que poseen ambos espacios. En este caso, ante el déficit de material de limpieza e higiene, tuvieron que organizar torneos y rifas para poder financiar los productos de limpieza y seguridad faltante. En segundo lugar, consideran que la compañía demoró en armar un protocolo para evitar los contagios dentro de los espacios de trabajo. “Nosotros a finales de febrero sabíamos que iba a entrar el virus. Porque, seamos sinceros, ahora está instalado acá, pero el virus entró por los aeropuertos”, resume “M”, una trabajadora de Aeroparque que prefirió la confidencialidad. “Antes de trabajar con la llegada de los vuelos de repatriación, nosotros estudiamos de qué se trataba el virus por los pocos datos que había en internet y por otros contactos”.

”Desde el primer momento en que hubo un caso en Ezeiza, a la empresa le costó entender que no solo debe aislar al que dio positivo, sino también al contacto estrecho”, explicó una trabajadora de GPS. “Hasta que el Gobierno nacional dictaminó sobre cómo actuar en el caso de los contactos estrechos, nosotros debimos pelear mucho para que la compañía actuara”, señaló la empleada. Mientras que Corradi acusó a la empresa de restringir las medidas de aislamiento de los trabajadores debido a que no avisan cuando sus empleados resultan ser Covid positivo o contacto estrecho con un contagiado. Desde la empresa de seguridad GPS niegan que hubiera contagios de empleados originados dentro de la base: “Los contagios, en cualquier caso, ocurrieron por contacto estrecho por fuera del ámbito laboral”.

Los trabajadores de ambos aeropuertos coinciden en que las áreas de descanso y bases operativas no tienen las medidas necesarias para el cumplimiento del protocolo. Consideran que los espacios en cuestión son estrechos y de poca amplitud para agrupar a los trabajadores en sus momentos de descanso y que son un potencial foco de contagios en las bases aéreas. “Nosotros desde hace años reclamamos que nos den una nueva base operativa, somos muchos empleados y en el espacio actual, a pesar de que no entramos todos a la vez, estamos en condiciones de hacinamiento”, declaró Corradi. “El hacinamiento se siente dentro de la base, por eso debemos usar el aire acondicionado todo el día, a pesar de los charcos de agua que deja”, consideró “M”.

Luego de múltiples pedidos al Organismo Regulador del Sistema Nacional Aeropuertos, la empresa que está a cargo de la infraestructura de Aeropuertos Argentinos 2000 cedió un área del Aeroparque para extender la base operativa: “El aeropuerto nos cedió un espacio, pero nosotros necesitamos que inicien las refacciones y que inauguren ese espacio, porque no podemos estar así”, consideró Corradi.

”El lugar es un nido de cucarachas, además es muy cerrado”, detalla “M”.

Desde el otro lado

 ANCCOM estableció comunicación con Aeropuertos Argentina 2000, empresa encargada de la administración de las centrales aéreas. En consulta sobre la provisión de elementos higiénicos, señalan que durante 2020 se incrementó la distribución de materiales sanitizantes en los baños tanto para empleados como para clientes. En relación a las obras de refacción de las bases consideran que todos los espacios fueron adecuados para mantener la seguridad de los trabajadores como de los clientes.

La agencia también se comunicó con Aerolíneas Argentinas, empresa a la que los trabajadores de GPS reclaman acceso a planta permanente. Desde la compañía aérea alegan que a causa de la caída de la capacidad operativa, no fue contratado, ni pasado a planta permanente ningún personal. Consideran que la disminución en la venta de pesajes y la reducción de su capacidad de vuelo a un 30% fue un condicionante para eventuales incorporaciones.

Por último, ANCCOM también diálogo con representantes de la empresa de seguridad GPS. En relación a la consulta sobre la creación del protocolo, desde la firma señalan que el reglamento fue desarrollado a partir de la consulta con un ingeniero en seguridad, contratado por la compañía, quien diagramó los lineamientos de acuerdo a los espacios, la distancia y los elementos necesarios. Estas normativas fueron las mismas tanto para Aeroparque como para Ezeiza debido a que los vuelos de repatriación tuvieron como destino las dos bases aéreas respectivamente. “Hemos decidido la formación de cuadrillas o grupos de pocas personas para que no se amontonen en las bases”, señaló el representante. También destacó que desde marzo del 2020 la empresa entrega de forma continua barbijos, alcohol y guantes y que son controlados por Aerolíneas Argentina, la Aseguradora de Riesgo Trabajo (ART) y por Aeropuertos Argentina 2000. En alusión al caso de las bases operativas, desde GPS alegan que se encuentran condicionados tanto para la extensión de los espacios como de la realización de obras por parte de Aeropuertos Argentinas 2000. “La base es un espacio que te otorga el aeropuerto. La empresa no puede extenderlo a gusto propio. De acuerdo a lo que te da Aeropuertos te tenés que manejar como podés”, señalan desde GPS.

Un pedido desesperado

 A pesar de que la empresa de seguridad afirma que los contagios de los empleados de GPS se produjeron por fuera del espacio laboral, los empleados consideran lo contrario. Tanto los obreros de seguridad de Ezeiza y Aeroparque indican que durante las últimas semanas se incrementaron los contagios producto de las condiciones de hacinamiento en las bases operativas y piden a la empresa que condicionen los espacios y que se vacunen al personal esencial del aeropuerto. A pesar de que al aeropuerto llegan vacunas, “el personal no recibió una dosis”, destaco Corradi.

Aire a discriminación

Aire a discriminación

Las deportistas paralímpicas Mariana Gallo y Ana Bernasconi fueron obligadas a bajar del avión que las llevaba a Río de Janeiro, el 18 de julio pasado, bajo el argumento de que no podían viajar sin un familiar que las acompañe. A pesar de que los pasajeros del mismo vuelo se ofrecieron a asistirlas como acompañantes, la negativa de la empresa fue tajante y las dos mujeres tuvieron que esperar hasta el día siguiente para concretar su vuelo. A partir de ese caso, la ONG Acceso Ya trabaja en un proyecto de ley que regule el transporte aéreo de personas con discapacidad motriz.

Tanto Mariana, que es remera,  como Ana, nadadora,  habían comprado el pasaje en abril y habían llenado un formulario donde informaban su dificultad y solicitaban asistencia para subir a la aeronave.  El embarque transcurrió de manera normal en el aeropuerto de Ezeiza: “A la puerta te llevan en una silla que es muy angostita, que es la que pasa por el pasillo del avión, te suben con eso y vos te sentás en el asiento”, explicó Mariana. Sin embargo, una vez en sus lugares, el personal de la compañía les comunicó que debían descender del vehículo.

La principal razón a la que recurrían los empleados de Aerolíneas Argentinas era que las mujeres se encontraban solas, sin compañía de un familiar que pudiera asistirlas. “Muchos de los pasajeros que estaban cerca nuestro dijeron: ‘Nos hacemos cargo nosotros’”.  No obstante, la decisión parecía ya estar tomada por la jefa de cabina, quien se acercó e insistió en que las muchachas se bajaran del avión. “Fue una conversación muy áspera, muy tensa”, recordó Mariana y agregó: “”No hubo lugar para la conversación y como consecuencia, tuvimos que bajarnos del avión”.

Mariana Gallo en silla de ruedas mirando a cámara.

Mariana Gallo, remera paralímpica que fue bajada de un avión de Aerolíneas Argentinas por no poder viajar con un familiar a cargo.

El vuelo fue reprogramado para el día siguiente en Aeroparque pero no sin menos inconvenientes.”Necesitan un acompañante”,  insistieron desde la empresa, a lo que las dos amigas respondieron: “Nos vamos de vacaciones, no tenemos a nadie que nos acompañe ni queremos ir con nadie”. Después de varias idas y vueltas, la compañía puso a disposición de las chicas un médico que constatase su adaptabilidad para viajar a través de una hoja de información médica. Esta última, conocida como MEDIF,  es exigida a aquellas personas consideradas por la empresa como “casos médicos”, es decir, aquellos pasajeros que al momento de realizar el vuelo padecen o han padecido algunas enfermedades agudas, que han sufrido internaciones o han atravesado cirugías recientes, maniobras invasivas, que presentan descompensaciones o reagudizaciones de afecciones crónicas, según informa el sitio web de la compañía.

La abogada Mariela Tesler, miembro de Acceso Ya, ONG a la que recurrieron las damnificadas, explicó: “Si las personas con discapacidad son autónomas, entonces califican como “casos no médicos”, y tienen derecho a viajar por sí mismas sin necesidad de hacerlo con un acompañante”.

Ambas pasajeras ya iniciaron medidas legales contra la compañía a fin de defender sus derechos. La denuncia se realizó ante el INADI, el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). También tramitan un reclamo judicial. Tesler planteó: “La decisión de la empresa de hacerlas descender del avión y no haberles permitido viajar por la sola condición de tener una discapacidad motriz, resulta a todas luces arbitraria y constituye un trato discriminatorio en los términos del art. 1º de la Ley 23.592 de Penalización de Actos Discriminatorios”.

Lo que puede resultar curioso es que tanto Ana como Mariana ya habían viajado por Aerolíneas Argentinas en otras oportunidades y nunca se les había exigido hacerlo en compañía. “Hice un vuelo a EEUU, que son varias horas, y la jefa de cabina me preguntó si podía movilizarme por mi cuenta y que en todo caso había una silla angosta para que lo pudiera hacer”, afirmó Mariana. El viaje de estas deportistas paralímpicas no finalizó sin menos contradicciones: “A la vuelta viajamos bien pero nos cambiaron de compañía sin avisarnos”, detalló.

Actualmente, el equipo de legales de Acceso Ya, junto al Área de Discapacidad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, trabaja en un proyecto de ley que regule el transporte aéreo de personas con discapacidad motriz. En una primera instancia será evaluado ante la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados: “La idea es presentarlo entre el mes de noviembre y diciembre, después de las elecciones”,  aseguró Tesler.  Entre otras cosas, la iniciativa  se encargará de definir ciertos conceptos que hoy se presentan ambiguos,  basándose en los tratados internacionales de derecho, y  tendrá como propósito aclarar “cuáles son los casos en los que es necesario viajar con un acompañante y cuáles no”, se explayó la abogada.

Si bien el caso de Mariana Gallo y Ana Bernasconi fue un disparador de esta iniciativa, no es el único  de negación al acceso de transporte aéreo en la Argentina. Acceso Ya nació en 2001 a raíz de que la aerolínea Southern Winds había impedido que pasajeros usuarios de silla de ruedas tomaran un vuelo por considerarlos incapacitados para viajar sin acompañante. Como no existe una ley que regule el transporte aéreo de personas con discapacidad, “las empresas se rigen discrecionalmente por normas internas como son los Manuales Comerciales de Pasajeros viajando con asistencia especial y protocolos internos de actuación para estos casos”, explicó Tesler. Por eso, además de exigir el correcto funcionamiento de estas regulaciones, Acceso Ya se encarga de la “defensa del derecho a la accesibilidad, investigando y denunciando barreras arquitectónicas, promoviendo la total integración de las personas con discapacidad motriz o movilidad reducida”. La presentación del proyecto de ley sobre el tema será un paso más en ese sentido.

Actualizado 5/9/2017

La política del apriete

La política del apriete

  Aunque el derecho a huelga está amparado por la Constitución Nacional, en ministerios y empresas del Estado los trabajadores se toparon con un abanico de diversas “advertencias” de parte de la administración de Cambiemos. El 6 de abril es ya una fecha histórica: con altísima adhesión, se llevó a cabo en todo el país el primer paro general en contra de las políticas del gobierno de Mauricio Macri. Si bien la convocatoria fue impulsada por la CGT, también contó con el apoyo de las dos CTA, de casi la totalidad de los gremios y de los movimientos sociales. La jornada de ayer fue tensa en distintas reparticiones, porque muchos empleados públicos se vieron en la disyuntiva de querer participar del paro, aunque con miedo de hacerlo por las amenazas de represalias más o menos explícitas.

  «Lo que se comenta y causa más miedo es que va  a haber una lista, como hubo en otros paros, de la gente que no trabaje el jueves», explicó ayer en diálogo con ANCCOM un trabajador de Aerolíneas Argentinas que prefirió no dar su nombre. Luego subrayó que «la empresa sacó un comunicado diciendo que a los que vengan a trabajar se les va a pagar $200 pesos en nafta o taxi. El comunicado decía además que no se va a generar salario para los que no asistan».

  El artículo 14 bis de la Constitución establece que «queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje y el derecho de huelga». Este último derecho, según Daniel Catalano, secretario general de ATE capital, parece no importarle al gobierno de Cambiemos. «Nosotros seguimos generando las condiciones para resistir y para que nuestros compañeros puedan tener el derecho de protesta garantizado –señaló el dirigente sindical-. Estamos hablando de un derecho constitucional. Hoy no lo quieren respetar y ni siquiera están escatimando recursos, porque los aprietes que están haciendo son realmente groseros».

  Esta situación se repitió en distintos ministerios. Una trabajadora de la Cartera de Producción, que tampoco quiso identificarse por cuestiones de seguridad, comentó: «El lunes recién van a determinar si el día va o no a descuento. Nos dejan con la incertidumbre. A la gente que asiste al trabajo le ofrecen la plata del remís y un franco compensatorio. O sea, tomarse un franco cualquier día de la semana en cualquier momento del año. Los directores están haciendo circular que los que adhieren al paro tienen que dejarlo explícito en la carga de novedades -agregó-, cosa que nunca había pasado, y si no te dan la opción de pedir fuerza mayor pero sin adhesión, que también hay que explicitarlo en la carga de novedades. Es decir, quieren dejar registro sí o sí de los que adhieren».

Catalano, Yasky y Micheli en la pasada marcha del 7 de marzo.

  Catalano contó que similares prácticas se llevaron a cabo en el Ministerio del Interior. “Estuvieron haciendo una encuesta a los trabajadores y preguntándoles a cuántas cuadras vivían del laburo –indicó en torno a la cartera a cargo de Rogelio Frigerio-. Los que vivían a más de 30 cuadras tenían que justificar la adhesión al paro y además les aclaraban que esa adhesión iba a traer descuentos”.

  En la Agencia Nacional de Noticias Télam también hubo irregularidades. “La empresa ofreció pagarle el remís a todo el que quiera venir a trabajar, fuera de donde fuere”, aseguró un trabajador de esa repartición pública. Ante esta situación, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) emitió un comunicado: «La empresa que todos los días rechaza taxis para las notas periodísticas; que no acepta que, cuando esos taxis están, esperen a periodistas y reporteros gráficos en las notas, cualquiera sea la zona o el horario; que no contrata choferes ni renueva los móviles; esa misma empresa ahora nos ofrece taxis, choferes, viáticos y pagos de estacionamiento si estamos dispuestos a violar la voluntad colectiva». El empleado de Télam que dialogó con ANCCOM agregó: «Fuimos viendo cómo la empresa durante la semana estuvo sondeando a factureros, personal externo y colaboradores para contratar gente ese día y sostener ciertos servicios mínimos, lo cual es sumamente ilegal. No se puede contratar trabajadores para reemplazar a los que se encuentren haciendo paro». Por último dijo que «ya sabemos lo que va a pasar con el descuento del día; la empresa está haciendo un mega operativo, llamó a todo el mundo para ver si trabajaba o no».

  En cuanto al Ministerio de Educación, una trabajadora también dio su testimonio de forma anónima: «En nuestro caso, como venimos en conflicto desde enero, la presión es una continuidad –subrayó-. No hay algo específico y puntual por este paro, pero ya está creado el miedo y por lo tanto muchos trabajadores no se animan a cargar en el sistema ‘adhesión al paro’ aunque adhieran. Lo que buscan es crear las condiciones para poder agarrarnos en algo».

  Esta situación no es nueva desde la llegada al gobierno de Cambiemos. Luego de la marcha del 24 de marzo, Yamil Minakowski, director de la Dirección General de Reciclado (DGREC) del Ministerio de Ambiente y Espacio Público (MAyEP) del Gobierno de la Ciudad, despidió a cinco trabajadores por asistir a la marcha por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. En cuanto a este caso particular, Catalano explicó que tras arduas negociaciones, ayer lograron la reincorporación de los empleados. El secretario general de ATE Capital indicó que «se acaba de resolver la reincorporación de los trabajadores del Ministerio de Ambiente. No pudimos resolver todavía que vuelvan al mismo lugar que trabajaban pero ya está garantizada la fuente de trabajo, que no es un dato menor. Eso sí, hay que remarcar que es un hecho de persecución, porque esos compañeros fueron despedidos por haber participado de la marcha del 24 de marzo».

  “El gobierno se equivoca en boicotear el paro –opinó, por último, Catalano-. Ellos aprietan el acelerador pensando que nosotros vamos a disminuir y pasa todo lo contrario. Los laburantes se empoderan más y salen con más fuerza porque todos estamos entendiendo que renunciar al derecho a la  protesta es directamente agacharte y esperar que te toque a vos».

 

Actualizado 06/04/2017