Abr 22, 2023 | Comunidad, Destacado 1
Militantes de ongs ambientalistas sociales y políticas marcharon en el Día de la Tierra en reclamo por la Ley de Humedales, y el cuidado del ambiente. La marcha coincidió con el cierre de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, primer pacto regional ambientalista de América Latina.
El rugido hondo del Subte D va cediendo ante un rugido distinto, el de pasos sincronizados que miran con convicción hacia la 9 de Julio. En el espacio flotan diversos lemas en pancartas y banderas. “#LeydeHumedales ya!”, se lee por acá; “Que todos los días sean días de la Tierra”, se lee por allá; “El agua vale más que el oro”, agita un hombre en su cartel mientras con la otra mano sostiene su bastón. Una comparsa entona “Beso a beso” de la Mona Jiménez con alegría. Así comenzaba la jornada del viernes 21 de abril, cuando organizaciones ambientalistas, sociales y políticas se manifestaron por el Día de la Tierra. La fecha es conmemorada desde el 22 de abril de 1970, año en el cual la preocupación por el medio ambiente fue llevada de forma masiva a las calles por primera vez en Estados Unidos. Las consignas de la movilización son de suma importancia siempre, pero resultan particularmente relevantes durante este fresco viernes de abril, ya que coinciden espacial y temporalmente con el último día de la 2ª Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú.
El Acuerdo de Escazú es el primer pacto regional ambiental de América Latina y el Caribe. “Nos parece un instrumento jurídico muy importante -explicó Stephanie Cabovianco, coordinadora a nivel nacional de Climate Save, a ANCCOM -, especialmente para las comunidades, para los activistas ambientales que están en una situación vulnerable”. Reconoció el lugar privilegiado de la Ciudad de Buenos Aires en lo que refiere a los derechos de los activistas: “No es lo mismo en otras provincias, en otros países, donde realmente es muy difícil protestar sin estar en peligro. Ayer teníamos a una activista en uno de los eventos que organizamos que decía que ella está amenazada de muerte. Estamos acá por ellos”. Efectivamente, uno de los objetivos de Escazú es garantizar la seguridad de los activistas de organizaciones ambientales. Según el último informe de Global Witness, más de tres cuartos de los ataques contra ecologistas registrados en 2021 tuvieron lugar en América Latina.
Bruno también participó de la movilización, al igual que Stephanie. Milita desde 2021 dentro de Jóvenes por el Clima y forma parte del movimiento ambiental desde 2019. Contó que tiene compañeros de asambleas territoriales que se exponen a los horrores de la megaminería y que han sido detenidos. “La sanción del acuerdo no es ningún logro, es un piso -dijo Bruno-. El techo es la implementación y una verdadera implementación es lo que puede ayudar a los activistas. De otra forma, los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales van a seguir desprotegidos”.
Hay una curiosa presencia de alguien que marcha plácidamente en cuatro patas, a la par de los demás. Es un perro negro, barbudo, de baja estatura, que lleva puesta una pecherita de EcoHouse en la que se lee: “Pequeñas acciones por mucha gente”.
Además de la protección de los derechos de quienes se manifiestan, otros dos ejes importantes del Acuerdo de Escazú son el acceso a la información sobre el medio ambiente y la participación pública en el desarrollo de toma de decisiones ambientales. Es el único pacto vinculante que consagra la participación de la ciudadanía en este sentido. “Está muy relacionado al derecho a tener acceso a la información. La información ambiental tiene que estar libre para quien quiera buscarla, poder encontrarla. Falta mucha información, mucha comunicación, mucha concientización sobre el tema”, comentó Juliana de Embajadores Verdes. Rosa Lucía también acudió a la marcha, en este caso autoconvocada, y destacó al igual que Juliana la necesidad de una mayor concientización: “Soy una mujer del pueblo indígena del pueblo Coya, por eso vine. Dejan sin agua a la comunidad, y no afecta a la gente solamente, sino que afecta a la tierra. Como mujer indígena, no solamente yo tengo que estar acá. Tiene que estar toda una sociedad que tenga conciencia, que venga a defender la madre tierra”. Lleva puesto un sombrero color crema, debajo de él su pelo largo y negro trenzado; se erige detrás suyo una flameante Wiphala.
Una consigna siempre presente en el movimiento ambiental es que no hay justicia ambiental sin justicia social. Esto apunta, entre otras cosas, a que siempre que hay algún desastre ambiental, los más golpeados son las clases más bajas. Carteles varios retoman esta consigna, entre ellos uno que dice “Ambientalismo sin compromiso político es jardinería”.
Al fondo de la marcha en movimiento se encuentra la Federación Argentina de Cartoneros Carreros y Recicladores. Allí camina Laura. Comparte las mismas inquietudes de los demás manifestantes, pero además expresa una preocupación personal, un vínculo sumamente cercano con la problemática: “Ttengo ansiedad ambiental y cuando pienso en tener hijos de pronto no sé, es una razón que me ha hecho retardar el querer tener hijos. Porque primero quiero saber qué va a pasar con el mundo”.
May 4, 2021 | Comunidad, Novedades
Tras ocho años de trabajo y negociaciones, el pasado 22 de abril entró en vigencia el Acuerdo de Escazú, instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental en la región. El documento se organiza a partir del reconocimiento de tres derechos básicos: a la información ambiental; a participar en la toma de decisiones que afectan a la vida de una comunidad y su entorno; y el derecho a acceder a la Justicia cuando los derechos ambientales que afecten la salud de esa comunidad son vulnerados.
Pero su dimensión más novedosa, según la diputada nacional por el Frente de Todos Daniela Vilar, es que Escazú “es el primer acuerdo en el mundo en contener disposiciones referidas al reconocimiento y protección de las personas defensoras de derechos humanos ambientales”. Esto lo convierte no sólo en un tratado de derecho ambiental sino también en un instrumento para la defensa de los Derechos Humanos.
“El Acuerdo de Escazú abre una oportunidad para empezar a pensar, con todos los sectores, una agenda ambiental que esté a tono con una coyuntura en la que el cambio climático es una realidad y las consecuencias del deterioro del planeta son evidentes” explica Vilar.
En la Cámara de Diputados se sigue trabajando en línea con el Acuerdo de Escazú, a partir del lanzamiento del Foro Legislativo Ambiental. Constituye un espacio de encuentro entre legisladores y organizaciones ambientales, territoriales, militancias, expertos y diversos actores de todo el país para poner a discusión, bajo el paradigma de Gobierno Abierto, los desafíos que se tienen por delante desde el ambientalismo popular.
“Es un dispositivo de participación inédito en la Cámara de Diputados, que tiene como objetivo la discusión pública orientada a la cocreación de proyectos de ley -declara Vilar-. Se trabajará sobre la base de las propuestas y su objetivo será producir finalmente proyectos en condiciones de ser presentados en comisión.”
La lucha por delante
La problemática ambiental toma cada vez más espacio y relevancia pública y la militancia ambiental transformadora le hace frente a los intereses concentrados que sostienen un modelo de acumulación asimétrico y desigual. El Acuerdo contribuye a la protección y preservación de los derechos básicos de quienes hoy están dando esas disputas, pero es un brazo más y no la cara de la alternativa.
Bruno Rodríguez forma parte de Jóvenes por el Clima – Argentina, una organización ambiental que milita desde 2019 a partir de las movilizaciones juveniles originalmente encolumnadas tras la figura de la activista sueca Greta Thunberg.
“El acuerdo es una herramienta que nos brinda una serie de beneficios importantes en términos legales -afirma Rodríguez- pero de ninguna manera puede representar en la conciencia de los defensores ambientales una solución contundente frente a la crisis que nos azota”.
Desde Jóvenes por el Clima se trabaja la posibilidad de un plan de desarrollo económico integral que se basa en la diversificación productiva contra el avasallamiento de derechos a partir del avance extractivista que se relaciona con la profundización de las desigualdades sociales y el ensanchamiento de las brechas económicas.
“No es congruente afirmar que a mayor niveles de extractivismo, mayor va a ser el progreso o el desarrollo en el territorio -asegura Rodríguez-. Apuntamos a una economía formal que contemple los límites geofísicos de nuestro planeta, de nuestro territorio y que respete los derechos naturales de nuestros ecosistemas”.
“Cuando nos tocan Andalgalá, el pueblo se levanta”
“Mientras estamos conversando en nuestro cerro, en la cuenca alta de nuestro río están perforando los suelos.” Cuenta contundente Ana Chayle, habitante de Andalgalá y miembro activo de la Asamblea El Algarrobo.
Tal como relató ANCCOM, en los últimos días la resistencia de los pobladores en contra del proyecto megaminero sufrió amedrentamientos que tuvo como resultado el detenimiento de once asambleístas, liberados tras 14 días. La resistencia contra la megaminería en este pueblo de Catamarca tiene más de 20 años y durante los últimos 11 años la Asamblea El Algarrobo ha interpuesto numerosas presentaciones judiciales que duermen en los despachos.
“El acuerdo de Escazú, entre otras cosas, reconoce el derecho a participar activamente en la defensa del ambiente -explica Chayle-. Esperamos que se respete pero por la historia de esta lucha, yo tengo serias dudas de que lo haga”.
El yacimiento minero ubicado en este pueblo se denomina Agua Rica, y está ubicado a 17 kilómetros de la población en la cuenca alta del río Andalgalá que abastece de agua a la comunidad. Pero además está ubicado en la zona glaciar y periglaciar. Su exploración y explotación significa directamente la desaparición del pueblo.
“Necesitamos que la Justicia actúe ya, cuando se trata de defender un bien común como es el agua, como es el derecho a un ambiente sano es lenta, eterna -dice Chayle-. En cambio cuando tiene que defender bienes económicos de empresas transnacionales la Justicia actúa con una velocidad inusitada”.
Una encuesta arroja que el 85% de los habitantes de Andalgalá prefiere vivir en un ambiente sano por sobre el bien económico. Los habitantes exigen respeto y ser escuchados, el mandato popular es “No a la megaminería”.
“El día que la justicia abra el expediente para ver qué pedía el pueblo de Andalgalá -concluye Chayle- va a ser muy tarde”.
Sep 24, 2020 | DDHH, Novedades
Este jueves en la sesión de Diputados será tratado el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú por haber sido adoptado en la ciudad de Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018. El Acuerdo ya obtuvo media sanción en el Senado de forma unánime y, en la Cámara de Diputados, un dictamen de comisión también por unanimidad. Resta que el Tratado sea aprobado para que Argentina se convierta en el décimo país en ratificarlo, siendo necesarios once países para que entre en vigencia. Hasta el momento, de los veintidós países firmantes sólo nueve lo aprobaron: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Jamaica, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay.
La diputada nacional por el Frente de Todos Daniela Vilar afirma que si Argentina ratifica el Acuerdo “se convertirá en líder en temas ambientales, resonando con la reconocida referencia en materia de derechos humanos. El Tratado brinda herramientas concretas para transformar la gobernanza ambiental en Latinoamérica y el Caribe, haciéndola más abierta y participativa. Además, es reivindicativo de la militancia ambiental porque impulsa de manera activa la incorporación de la diversidad de voces, demandas históricas y saberes construidos colectivamente en la elaboración de políticas públicas ambientales”.
El Acuerdo de Escazú nació a raíz de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) de 2012. Para Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y uno de los representantes electos ante el comité de negociación, el Acuerdo “brinda herramientas vinculadas con el principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro, que hace referencia al acceso a la información, a la participación ciudadana y a la justicia, habida cuenta de que muchos países de la América Latina y el Caribe no tenían legislación vinculada con esos temas o aquellos que la tenían contaban con problemas de implementación, como es el caso de Argentina”. Por esta razón se elaboró un artículo destinado al fortalecimiento de las capacidades nacionales y a la creación de un Fondo de Contribuciones Voluntarias para apoyar al financiamiento de la implementación en cada país.
Protesta en la ciudad de Rosario por los incendios intencionales en las islas del Delta del Paraná.
El Acuerdo se distingue por ser el primer tratado en el mundo que incluye la protección de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Nápoli explica que “la incorporación de estas disposiciones vino de la mano del pedido del público y de la situación crítica que está viviendo la región. Por ejemplo, uno de los casos más fuertes que nos tocó enfrentar en este tiempo fue el asesinato de Berta Cáceres, una militante de Honduras que murió por defender su territorio en contra de una construcción de represas”. Según el último informe de la ONG Global Witness, en 2019 fueron asesinadas 212 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Más de dos tercios de los asesinatos ocurrieron en América Latina, por lo que es la región más afectada siendo Honduras el país per cápita más peligroso de 2019.
Para Luisa Tang, integrante de Alianza por el Clima, una coalición de jóvenes, movimientos y organizaciones socioambientales que luchan por la crisis climática, el reconocimiento de los derechos ambientales da cuenta de una revisión institucional histórica en el proceso de negociación del Acuerdo de Escazú. “Tenemos una deuda por no haber visto antes la vinculación entre los derechos humanos y ambientales. Hay mucho por construir y en el empoderamiento de la juventud surge la necesidad de dar debate y ganar derechos. Por eso este Acuerdo es tan importante. Ya no hay futuro posible en el que no pongamos en debate los impactos ambientales”, asegura Tang.
A la espera de la ratificación en Diputados, Tang afirma que promover el Acuerdo en nuestro país implica también un gran desafío a nivel regional: “La ratificación en Argentina podría impulsar a que otros países aprueben el Acuerdo para que entre en vigencia”. A la fecha se encuentran a la espera México y Costa Rica, mientras que Chile, a pesar de haber sido el principal impulsor del Acuerdo, comunicó que no lo firmará alegando posibles “controversias internacionales” que pondrían en riesgo la soberanía del país.
Resta por verse qué posición adoptará Argentina en este momento histórico marcado por la pandemia en donde se han expuesto las consecuencias de la crisis social y ecológica.
