Mar 23, 2017 | Vidas políticas
A fines de 2015, luego de un largo trámite y de dilataciones impuestas por la Unión Tranviaria Automotor (UTA), la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP) obtuvo la personería gremial. En marzo de este año, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió retirarle la personería y darle lugar a una apelación presentada por la UTA hace más de un año.
Roberto “Beto” Pianelli, Secretario General de AGTSyP, denunció la falta de argumentos de la UTA -y por ello también del fallo de la Cámara- quién impidió en tres oportunidades la realización de la prueba necesaria para determinar cuál es el sindicato con mayor representación. El martes, la AGTSyP presentó una apelación al juzgado para que este caso sea tratado por la Corte Suprema de Justicia.
Luego de considerar el fallo como parte de una decisión política del gobierno de atacar a los sindicatos opositores, Pianelli reflexionó sobre el rol de los sindicatos en la actualidad y acusó de colaboracionistas a algunos gremios de la CGT que se vieron forzados a actuar.
¿Qué estableció la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo?
Dio lugar a una apelación presentada por la UTA, que sostiene que en el trámite administrativo no se le dieron los suficientes elementos para poder defender su personería gremial. Eso es mentira. La UTA estuvo tres años impidiendo que se haga la comparación entre los gremios, para ver cuál era más representativo. Hubo tres fechas para la compulsa, y en las tres interfirió. En la última, directamente no se presentó. Sin embargo, el fallo dice que no hubo suficientes garantías, y manda el trámite de vuelta al Ministerio de Trabajo para que convoque a una nueva fecha. Obviamente, es un fallo de características políticas. Este Ministerio no va a llamar jamás a una compulsa, porque la UTA es aliada del gobierno actual. Es un fallo hecho a medida, ya que se resolvió en siete días. La UTA presentó hace un año la apelación, pero el Ministerio de Trabajo la tuvo frenada. Cuando decide mandar el expediente, se resuelve en siete días. Es escandaloso, porque claramente no hubo tiempo de haber leído un expediente que lleva años de trabajo, con idas y vueltas, con documentos cruzados y apelaciones, en siete días. Estuvo un año parado, y casualmente lo resuelven en un momento donde hay una ofensiva sindical contra el gobierno. Creemos que es un fallo a medida, un fallo de época.
¿Cómo es el trámite para acceder a la personería gremial y cómo fue en este caso?
Primero es necesario inscribir al sindicato y que te den esa inscripción, en un proceso que no puede durar más de tres meses. En nuestro caso, producto de la presión de la corporación sindical, en vez de tres meses duró casi tres años. Después de la inscripción, debés tomar la decisión, en el momento que consideres adecuado, de pedir una compulsa para tratar de demostrar que tenés mayor representación que el otro, porque le dan la personería gremial al que tiene más representación. Se mide seis meses para atrás, desde el día que decidís compulsar: en esos seis meses tenés que tener 20 por ciento más de afiliados que el sindicato que tiene la personería. El día que nos presentamos para hacer la compulsa, teníamos 40 por ciento más de afiliados. Si bien el cómputo se considera desde el día solicitado hacia atrás, la compulsa se realizará cuando el trámite administrativo lo considere. Cuando nosotros pedimos la compulsa y el Ministerio de Trabajo lo comunica, la UTA apela y empieza a hacer todo tipo de maniobras jurídicas, logrando demorar más de un año el trámite. Llega un momento que el Ministerio decide poner otra fecha, pero la UTA judicializa el trámite. Era improcedente, pero el Ministerio no tiene otra alternativa que mandarlo a la Justicia que, luego de un año, termina diciendo que era improcedente. Entonces el trámite vuelve al Ministerio, que fija una nueva fecha y debe levantarla porque la UTA vuelve a apelar. Finalmente, pone otra fecha y nosotros nos presentamos. No hay tiempos establecidos para este tipo de trámites, aunque en general suelen demorar un año. Nosotros tardamos tres, pero hay gremios a los que no convocan nunca, por decisiones políticas.
¿Cómo se mide la representación de afiliados?
Tenemos que presentar los libros con la cantidad de afiliados que cotizan en el sindicato. Y ellos tienen que traer sus libros, demostrando también la cantidad de afiliados cotizando. En su caso es más fácil, porque los descuentos de cotización se hacen en el recibo de sueldo. Nuestro caso es más difícil, porque la empresa se niega a descontar del recibo de sueldo. Entonces nosotros descontamos vía CBU. Tuvimos que llevar los libros y un montón de papeles que demostraban que durante seis meses, registrado por escribano público y el banco, ingresaba ese dinero de cotización por la cantidad de compañeros. Nosotros llevamos eso, pero la UTA no vino. Como no se presentó, el Ministerio nos dio la personería gremial a nosotros. Cuando termina el trámite administrativo y ya nosotros tenemos la personería gremial, la UTA va a la justicia y dice que no se garantizaron sus derechos durante el trámite. Esto lo hizo la UTA no bien asumió Jorge Triaca como ministro, y sobre esto es que falló a favor la Sala II.
¿Cómo decidieron abrirse de la UTA y formar AGTSyP?
Todos nosotros éramos delegados de UTA. Y la crisis que duró 10 años tuvo que ver con que nos oponíamos a aceptar firmas de convenios que empeoraran las condiciones laborales o implicaran despidos. Siempre dijimos que íbamos a hacer lo que digan nuestros compañeros y eso fue lo que hicimos. Eso generó una contradicción muy fuerte con la conducción. Hubo huelgas organizadas por nosotros, a las que la UTA se oponía y venía a romper con patotas a punta de pistola. Y bueno, llegó un momento en que nos quisieron echar a todos los delegados, y decidimos formar otro sindicato.
¿Cuáles son los próximos pasos a seguir?
El martes presentamos la apelación al juzgado pidiendo ir a la Corte Suprema. El juzgado puede darnos lugar o puede decir que no. Lo más probable es que diga que no. Entonces podemos ir a la Corte, en queja con el juzgado. Ese es el trámite administrativo, ir a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva sobre este tema. Pero puede durar años. Eso desde el punto de vista jurídico. Pero vamos a ir a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a presentar una queja por falta de libertad sindical. A los únicos que nos están cuestionando los derechos es a nosotros, porque habíamos ganado la personería gremial y nos la sacaron de una manera trucha. Mientras tanto, vamos a seguir haciendo lo que hicimos siempre. En caso de que quieran llevar esta resolución arbitraria a los hechos y nos quieran impedir que participemos de las paritarias o defender a nuestros compañeros, obviamente vamos a actuar.
¿Cree que esta decisión forma parte del contexto político?
Sí, de un gobierno que está intentando hacer retroceder las conquistas de los trabajadores y de los sectores populares, conseguidas durante los últimos años. Hay una política de flexibilización laboral que intenta bajar las condiciones salariales de los trabajadores, y está recibiendo la reacción de un sector importante del sindicalismo. Pasó con los bancarios a principio de año, y está pasando en este momento con los docentes. Nosotros creemos que este fallo tiene que ver con una política que busca disciplinar a las organizaciones opositoras, y beneficiar a las colaboracionistas, como es el caso de la UTA. Consideramos que es una decisión simbólica-política, en contra de los sindicatos que se enfrentan al gobierno y a favor de los sindicatos que colaboran con la reacción de los grupos económicos concentrados de ir en contra de los laburantes y los sectores populares.
¿Cuál debe ser el rol de los sindicatos?
En este contexto en particular, los sindicatos tienen que salir a defender las condiciones conquistadas por los trabajadores. Y obviamente, como siempre, un sindicato lo que tiene que hacer es defender los intereses colectivos e individuales de sus trabajadores e intentar mejorar las condiciones, no evitar que las empeoren. Por suerte hay un montón de sindicatos que hacen eso, aunque otros desgraciadamente no.
¿Cuáles son los sindicatos que efectivamente están actuando para defender a sus trabajadores?
Podemos decir que hay sectores como las dos CTA, sectores como la Corriente Federal de la CGT y otros gremios que tienen una política de defensa de los compañeros y han salido a a la calle. Pero también vemos gremios de la CGT –sobre todo la conducción de la CGT– que durante el año hicieron todo lo posible para no enfrentar las medidas del gobierno. Es más, colaboraron. El caso más escandaloso fue cuando se discutió el impuesto a las ganancias. Había una ley que había salido por mayoría de Diputados y, cuando iba a ir al Senado, la CGT arregló una ley que era peor. Fueron a salvarle las papas al gobierno, que había perdido por mayoría en Diputados. En vez de exigir a los senadores que aprueben esa ley, fueron y arreglaron empeorando la ley que ya estaba. Por eso hoy el impuesto a las ganancias es una de las promesas incumplidas de este gobierno, que sacó todos los impuestos para los grupos económicos concentrados y dejó los impuestos que pagan los trabajadores. Hoy los únicos que siguen pagando son los laburantes. Eso se dio gracias a la colaboración de un sector del sindicalismo, cuya mejor expresión quizás es el triunvirato de la CGT, que tiene una política peor que la que tuvo el massismo.
¿Cómo interpreta el conflicto ocasionado durante la última movilización de trabajadores para fijar la fecha del paro nacional?
Nunca en la historia pasó que en una movilización convocada por la CGT o convocada por una conducción que mueve 500.000 personas, esa multitud te corra del escenario y te grite: “Poné la fecha, la puta que te parió”. Es una situación política de descontrol, producto de que los tipos se estaban haciendo los boludos. Yo creo que ese fue el límite. Si hay algo que no querían hacer, era parar. Pero la gente está cansada, está viendo cómo pierde su poder adquisitivo cotidianamente. Va al supermercado y ve que no alcanza. Hay mucha gente que perdió y pierde su trabajo, y muchos que están suspendidos. Veníamos de discutir paritarias que mejoraban nuestras condiciones de vida, y pasamos a quedarnos sin trabajo y con paritarias que te bajan esas condiciones. El año pasado, los que mejores firmamos obtuvimos más del 30 por ciento y la inflación fue de 40. Y este año quieren hacer una maniobra, que es lo que están intentando con los docentes, discutir la inflación futura y no la que perdimos. Hay gremios que aceptan esas condiciones. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires UPCN acepta lo que hoy están rechazando los docentes. Aceptó firmar el 18 o 19por ciento, también aceptando la pérdida de lo obtenido el año pasado, que había firmado por el 20 por ciento. Por suerte, los docentes decidieron que no van a permitir eso.
¿Qué opina del protocolo antipiquetes anunciado por Patricia Bullrich?
Si querés empeorarles las condiciones laborales a los trabajadores y a los sectores populares en general, obviamente lo que vas a intentar es acallar la protesta social. Como no quieren acallar la protesta social cediendo a los reclamos de los trabajadores, recurren a los palos. Es la otra pata de la misma política, esa es la tarea que hoy está llevando adelante la tristemente célebre Patricia Bullrich. Como no pueden persuadir a la gente de que vivan cada vez peor, lo van a intentar hacer con garrotes.
Actualizada 23/03/2017
Feb 23, 2017 | Entrevistas
El sindicato de los bancarios logró obtener el aumento salarial de 24, 3% la semana pasada luego de programar un paro de 72 horas que se levantó una vez obtenido el arreglo. La medida sindical surgió porque el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, había decidido no homologar el acuerdo entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresarias realizado en noviembre pasado, porque el Gobierno planteaba un máximo del 18% de aumento para las paritarias. El acuerdo inicial había sido entre las cámaras que nuclean el 80% del sector financiero, pero no habían participado de este las bancas internacionales, nucleadas en la Asociación de Bancos de la Argentina.
La Asociación Bancaria, previo a tomar la medida de paro, accedió a la Justicia, que en enero pasado había resuelto por medio de una medida cautelar que se realizara el pago y estableció que el poder ejecutivo nacional no debía interferir en el acuerdo. El martes se difundió que el Gobierno busca realizar juicio político a los dos jueces que falllaron a favor de los bancarios.
Sergio Palazzo es el titular de la Asociación Bancaria, la preside desde 2013 y lideró la solución del conflicto. En entrevista con ANCCOM analiza la escena actual.
El gobierno decidió hacer juicio político a los dos jueces que tomaron la cautelar para que no se pusiera límite a la negociación las paritarias. ¿Cómo se posiciona el sindicato frente esto?
En realidad la decisión del Gobierno es una insensatez jurídica. La cautelar fue una medida preventiva, no era la cuestión de fondo. Más aún cuando luego el arreglo termina siendo superior a la cautelar. Pero si esto se realizara, vamos a acompañar junto a otros sindicatos a los jueces cuando declaren. También si fuese necesario haremos una denuncia internacional. La medida del gobierno es temeraria. Implica un desconocimiento de la división de poderes, y obliga a pensar que es un gobierno autoritario.
¿Cómo considera que esto puede influir en negociaciones de otros sectores?
El gobierno busca amedrentar este tipo de medidas. Es un mensaje cuasi mafioso. Yo creo que luego de la lucha de bancarias ya no hay techo de 18% en cuatro cuotas como estableció la gobernadora Vidal en el caso de los estatales en Buenos Aires. Habrán acuerdos variables, pero por lo menos se logró sortear lo que se pretendía que fuera una pauta uniforme y que obviaba el sistema de paritarias argentino. El gran mérito de bancarias fue haber sostenido el sistema de paritarias como un sistema de negociación, y no como la imposición de una de ellas.
Se conoció que Cristina Kirchner le realizó una llamada telefónica luego del acuerdo para felicitar al sindicato. ¿Tiene alguna lectura política?
En los medios sólo trascendió la llamada de la expresidenta, pero también llamó el Socialismo, Sergio Massa, el triunvirato, Pablo Moyano y Carlos Melconian. Hay una intencionalidad en ciertos sectores de poder, entre ellos cierta parte del periodismo, de querer instalarnos en esa discusión política. Quienes ahora intentan ubicarme como un «radical cristinista» porque me llama Cristina, son los mismos que antes de decían que era un «radical cobista» cuando hacía paro en su gobierno, por ejemplo con los despidos en la Caja Popular de Tucumán por problemas de paritarias, o por el tema del impuesto a las ganancias, entre otros. Uno siempre está en el mismo lugar. Los políticos se arriman más o se separan de acuerdo a la posición que tengan en relación con las funciones del estado.
¿Cómo hace en su rol de dirigente de los trabajadores para salir las interpretaciones partidarias?
Tengo claro que mientras más cerca de mis compañeros estoy, más lejos del error. Eso ayuda a posicionarme y que los afiliados entiendan cuando hay una operación política. Podrán ponerme en un lugar o en otro, pero mis compañeros saben que fui por lo que me pidieron y que logré lo máximo que podía lograr.
¿Cómo es hoy la relación de la expresidenta con el sindicato?
Tengo un profundo respeto por ella como lo tengo por otros líderes de Estado. Sin duda es una referente política en la Argentina para un vasto sector de la sociedad. La he conocido más después de que dejó de ser presidenta. Antes criticaba más nuestra postura, una vez nos dirigió una cadena nacional para hablar de los bancarios y el impuesto a las ganancias. Bienvenido sea que hoy nos comprenda, al igual que otros dirigentes políticos que llamaron. Yo sigo estando donde siempre estuve, con el anterior gobierno y con el actual.
A lo largo de la historia se analizaron factores que han cumplido la función de columna vertebral para el ejercicio del poder de cada gobierno. Por ejemplo, en el caso de los gobiernos peronistas, el sindicalismo. En el caso de un gobierno como el de Mauricio Macri, ¿cuál es la columna vertebral?
Sin duda es el establishment. El Estado argentino parece ser una gran empresa manejada por CEOs que administran lo público. Por eso tantos intereses encontrados entre lo público y lo privado, como el caso del correo que se conoció recientemente y muchas otras medidas. Un gobierno que le pone techo a las paritarias, pero no a la suba de los precios de los supermercados es un modelo que tiende a favorecer a los sectores concentrados. Es un gobierno de ricos que gobierna y legisla para ricos.
¿Cómo afecta entonces en el gobierno el desacuerdo con los sindicatos?
Yo creo que son todos efectos negativos. La sociedad va interpretando cada vez más su forma de gobernar. Habían generado cierta esperanza en algún momento, en algún sector de la sociedad como la clase media, y por eso llegó a ser presidente. Hoy en día es la clase más afectada.
Hay un desacuerdo latente todavía, el proyecto de que las farmacias y supermercados tengan funciones bancarias, como abrir cuentas, entre otras cosas. ¿Cómo los afecta? ¿En qué situación se encuentra el proyecto?
El proyecto no se termina de cerrar porque hay una fuerte resistencia nuestra. No sólo por la flexibilización laboral que implica para el sector, sino también porque se pierden determinados controles que sirven para evitar el lavado de dinero. Un trabajador que está en la farmacia o el supermercado no está especializado en controles, y además no puede estar abriendo una caja de ahorro mientras está cobrando un carrito de supermercado, porque algo se le va a pasar de su atención. Es un riesgo muy alto.
¿Cuál es la postura del sindicato frente a la plataforma digital que permite la venta y compra de billetes de un banco a otro, sin la intervención del Banco Central (BCRA)?
Es una operación entre privados que genera pérdida de puestos de trabajo y mayores costos a los clientes. La plataforma funciona de la siguiente manera: si alguien tiene dinero ahorrado en billetes de 10 pesos y los quiere cambiar, otro banco se los cambia, pero considerando cada billete a 9,95 pesos, por ejemplo. Están comprando y vendiendo plata entre privados. Antes si había excedentes o faltantes se recurría al BCRA. La nueva operación genera pérdida de valor en la moneda.
¿Cómo es que el sindicato bancario se convirtió en uno de los más combativos, considerando que se compone en su mayoría de la clase media?
La resistencia sindical en la historia del sindicalismo siempre vino por los sindicatos que estuvieran en mejores condiciones. Por un lado, es una responsabilidad social. Por el otro, hay más probabilidades de éxito en la lucha. A un trabajador de un sindicato pequeño se le hace más difícil. No porque las convicciones sean distintas, sino porque al ser chico el sindicato no tiene el poder de fuerza. Además, un día de descuento por paro hace que quizás no pueda llevar un plato de comida a su casa. Para dar un ejemplo, el Cordobazo en 1969 surgió del sindicato de Luz y Fuerza. Julio Anguita, el presidente del Partido Comunista español ha dicho una vez que la revolución siempre se hace con la panza llena, porque el que no la tiene piensa en otras necesidades. Por eso generalmente los sindicatos con mayor poder adquisitivo y mayor poder tienen una responsabilidad mayor.
¿Cómo se genera consenso dentro de un sindicato donde muchos votaron al gobierno de Mauricio Macri?
Con un discurso transparente y mucho debate. Este sindicato es la más acabada expresión de la clase media argentina, por la variedad y crisol ideológica de cada uno de sus afiliados. La clase media argentina suele ser bastante espasmódica, reacciona cuando ve afectados sus intereses, y muchas veces no lo hace cuando le sucede al resto de la gente en el país. El bancario está cambiando mucho. Mira lo que le pasa a los demás trabajadores. Eso tiene que ver mucho con el discurso del sindicato, que es muy amplio, que busca no sólo cuidar los puestos dentro del sistema financiero, sino también afuera. Porque cuando caen afuera hay consecuencias adentro. Si hay menos trabajadores, hay menos cuentas sueldos, se entregan menos préstamos, va a haber problemas en las tarifas de créditos, etc. La caída tarde o temprano termina afectando. Por eso hemos logrado que el trabajador bancario se haga solidario de las luchas.
Desde su postura radical, ¿cómo ve el accionar de su partido dentro del gobierno actual?
No comparto que estén formando parte de una propuesta de derecha que no respeta las instituciones, cómo es el claro ejemplo de la decisión de hacer juicio político hacia los jueces. El Gobierno está avanzando en una flexibilización laboral que es muy parecida a los años noventa. En esos años las pasantías, programas de primeros empleos, las quitas de cargas sociales a las empresas crearon la tasa de desocupación más alta de la Argentina y la precarización laboral de quienes ya tenían empleo. Ni yo, ni el sindicato compartimos el proceso de flexibilización laboral que pretende llevar el Gobierno actual.
¿Cómo vislumbra el escenario político para las elecciones de octubre?
La tarea del sector político argentino tiene que ser construir un espacio político donde converja, independientemente del origen partidario, una propuesta que contravenga con la actual, a través de un referente que genere esperanza. Porque sino, el descontento a Macri termina en el «que se vayan todos» del año 2001. Se debe volcar esto a la política misma, para generar cambios a través de esta.
Actualizada 23/02/2017
Oct 26, 2016 | inicio
La Ley 25.674 establece la representación femenina en cargos electivos y representativos de las asociaciones sindicales en un mínimo del 30% cuando el número de mujeres alcance o supere ese porcentual sobre el total de los trabajadores. En la nueva estructura de la Confederación General del Trabajo (CGT) hay 37 Secretarías, de las cuales solo dos están a cargo de mujeres: Sandra Maiorana (de la Asociación de Médicos de la República Argentina), en la Secretaría de Salud y Noemí Ruíz (del sindicato de Modelos Argentinos), en la de Igualdad y Oportunidad de Género.
Las cuentas son claras: en la única central obrera que el Gobierno Nacional reconoce a la hora discutir, por ejemplo, cuestiones salariales, la ley es incumplida. “Lo que sucede en la CGT, lamentablemente, es la regla de lo que pasa en el resto de los sindicatos”, asegura Magalí Brosio, integrante de Ecofemini(s)ta, espacio que discute asuntos sobre economía con perspectiva de género.
Laura Sotelo ATE Capital en la sede de Carlos Calvo.
CONDICIONANTES Y CRÍTICAS
Aunque la ley fue sancionada en 2002, el Instituto de la Mujer de la CGT realizó un informe en 2008 donde mostraba que sobre 1.448 cargos directivos a nivel sindical, solo 80 (un 5%) eran ocupados por mujeres. Un relevamiento del Ministerio de Trabajo de este año refuerza estos datos: sobre 25 sindicatos analizados, en 20 hay mujeres que ocupan cargos, pero en ninguno lo hacen en los puestos jerárquicos, como Secretarías Generales o Secretarías Adjuntas. “Los lugares que ocupamos tienden a ser de formación, acción social o cuestiones de género, labores que el sistema vincula a lo femenino”, subraya Laura Sotelo, responsable de Géneros por el Consejo Directivo en la Asociación Trabajadores del Estado de Capital (ATE Capital). Y agrega: “Es fundamental lograr estar en la mesa de negociación salarial, algo que no podemos hacer desde las secretarías que nos toca ocupar”.
Sotelo reflexiona sobre la letra fría de la ley: “En algún punto, el 30% funciona como un techo. Porque si el porcentaje de trabajadoras en el gremio es menor, el número de los cargos a ocupar baja. Pero si sucede al revés, ese número de roles directivos no sube. Y, en realidad, en muchísimos sindicatos las trabajadoras superan ampliamente el 30% y de todos modos la ley no se cumple”. Sin embargo, no deja de destacar que la ley es un gran avance y que “ante una gran desigualdad, se legisló en torno a eso y ahí hay un logro”. También resalta: “En los doce años anteriores se ampliaron derechos en término de representación y participación, lo cual impacta en los sindicatos”. No obstante, por el tipo de estructuras de los gremios, los cambios tarden mucho más que en otros sectores.
Carolina Brandariz, secretaria de Igualdad de Oportunidades y Género en Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), gremio que cumple con la ley 25.674, aporta sobre el tema: “Nuestro sindicato representa a un 80% de trabajadoras. De la totalidad, el 60% somos jefas de hogar. Eso quiere decir que los estereotipos que se reproducen en la sociedad no son verídicos. Las mujeres que trabajamos, que somos responsables del hogar y además militamos, tenemos una triple tarea. Eso muchas compañeras lo ven como una carga, se ponen una barrera a sí mismas, reproducen un discurso machista como si fuera propio”.
En esa línea de pensamiento, Magalí Brosio afirma que “las tareas de cuidado en el hogar siguen siendo vistas socialmente como una obligación de la mujer. Y eso es una carga, porque quita tiempo para dedicarse a la actividad gremial”.
Otro límite que se reproduce históricamente es el de entender a los gremios como un ambiente únicamente masculino. “Cuesta mucho que los compañeros pierdan privilegios, porque estar en paridad de representación sindical implica eso. Algunos sindicatos quieren regirse por pautas culturales de hace cincuenta años. Pero tendrán que tomar nota que los tiempos avanzaron”, explica la representante de UTE. Brosio, a su vez, marca una contradicción que genera una imposibilidad material para cumplir con la ley: “Cuando una compañera quiere denunciar el incumplimiento, tiene que hacerlo frente a una junta electoral sindical elegida por el mismo consejo directivo del sindicato. O sea que se estaría topando con la misma estructura que le niega el lugar”.
Carolina Brandáriz, Secretaria de Género de UTE.
LO QUE NO SE DISCUTE
Si la mujer no es parte de las discusiones más importantes al interior de los sindicatos, quedan excluidos muchos temas. “Principalmente queda afuera la familia. Hay que entender que nosotras no somos las únicas responsables del hogar, tiene que ser una responsabilidad compartida. Y también que no es un tema únicamente del ámbito privado, que la organización sindical tiene que contemplar eso”, describe Brandariz. Por su parte, la integrante del espacio Ecofemini(s)ta brinda más ejemplos: “Incluir a las madres en el mercado laboral es algo primordial a discutir. También temas relacionados al acoso laboral, que muchas veces son tratados livianamente y que para las mujeres son una carga tremenda, porque pasan la mayor parte del día en esos ambientes”.
Como un ejemplo de esta temática, Sotelo comenta que desde ATE impulsan un proyecto sobre “licencias parentales”. La idea apunta a poder adaptar los nombres al nuevo código civil, sin distinguir entre padre y madre, si no haciendo referencia al nacimiento (o adopción) y consiguiendo la paridad en los tiempos de licencia, lo que implicaría igualdad de responsabilidades respecto a los temas del cuidado del hogar. Otro punto que queda fuera de las negociaciones colectivas en la mesa chica de los sindicatos, son los jardines infantiles o lactarios, que al no haber, limitan la participación activa de la mujer en la actividad gremial. “La igualdad real de oportunidades y el acceso a los cargos jerárquicos también se pasan por alto en las discusiones salariales si no aparece nuestra voz”, aporta Sotelo.
«Las cuentas son claras: en la única central obrera que el Gobierno Nacional reconoce a la hora discutir, por ejemplo, cuestiones salariales, la ley es incumplida».
RIESGOS y DESAFÍOS
Desde los distintos espacios sindicales coinciden en remarcar la importancia de la creación de las múltiples Secretarías de Género o Igualdad. Entienden que son un avance, pero destacan que no es suficiente. Brosio describe: “La gente que participa en estos espacios ya tiene un interés preexistente sobre el tema. Y lo rico es ir a dar la disputa con los sectores que falta convencer”. En la misma línea, Brandariz plantea que la creación de este tipo de espacios muchas veces logra sectorizar los debates y reclamos: “Las Secretarías de Género son vistas como un lugar para la mujer, pero las Secretarías Generales no”, dice.
“Hay una alianza entre el patriarcado y el capitalismo que genera una división sexual del trabajo. Y ahí el sindicalismo debe dar pelea, porque los géneros y el trabajo organizan a la sociedad”, afirma Sotelo. Según señala, la mujer no solo debe ocupar cargos, sino que, desde esos lugares, no debe reproducir la segregación que hay en el mercado laboral. “El gran desafío es visualizar la falta de representación femenina en los sindicatos, que haya políticas transversales al respecto, hacia el interior de los gremios y no permitir que queden encajonados en el espacio de una secretaría en particular”, acentúa Sotelo.
REPRODUCCIÓN DE LAS VIEJAS ESTRUCTURAS
A mediados del mes de septiembre, el Gobierno Nacional otorgó un reconocimiento parcial a la nueva estructura de la CGT que había surgido en el Congreso de Unidad, celebrado en agosto en el estadio de Obras Sanitarias. Una de las demandas del Ministerio de Trabajo (aunque no la principal) hacia la conducción de la central obrera era el incumplimiento de la Ley de cupo sindical femenino.
No obstante, el miércoles 12 de octubre hubo una reunión en la sede de la obra social del gremio de la Sanidad entre el Ministro de Trabajo Jorge Triaca y el vicejefe de Gabinete Mario Quintana, con los líderes del Triunvirato cegetista Juan Carlos Schmidt, Héctor Daer y Carlos Acuña. Una semana después, se repitió el cónclave al que se le sumó esta vez un grupo de empresarios. En ese encuentro, con la promesa de un bono de fin de año de dos mil pesos, el Poder Ejecutivo logró desactivar, el paro general con el que los gremialistas amenazan debido al deterioro del salario real, los más de 100.000 despidos entre el sector público y privado o la necesidad de reapertura de paritarias, entre otras cuestiones. En esa mesa donde se tomaron decisiones que afectan directamente la vida de muchos trabajadores y trabajadoras, no había ninguna mujer.
Actualizado 25/10/2016
Jun 15, 2016 | inicio
Sentarse a esperar la llamada telefónica que los convoque a trabajar. Viajar hasta Zepita 3220 para llegar a la hora indicada. Firmar un contrato a ciegas que morirá a las 24 horas, y esperar tener suerte al día siguiente para que todo se repita. Así transcurre la jornada laboral de los trabajadores de una de las plantas impresoras del grupo Clarín. A pesar de que su estatuto determina que a partir de los 30 días de trabajo corrido los operarios deben ser efectivizados, en algunos casos llegan a trabajar como jornaleros trece años sin pasar nunca a integrar la planta permanente. Sin organización gremial consolidada debido a las constantes amenazas por parte de la empresa, en marzo de este año fueron elegidos delegados Alejandro Ontivero y Diego Bruschini, para defender sus derechos laborales. Durante los últimos dos meses Ontivero, que era contratado por día, espera, en vano, que el teléfono suene.
Zepita es la planta encargada de la impresión de los diarios Clarín, La Razón, Olé y Revista Genios, entre otros productos de Arte Gráfico Editorial Argentino (AGEA SA – Grupo Clarín). Si bien los empleados del otro edificio de la empresa –ubicado en la calle Tacuarí, sede de las redacciones y de administración– llevan adelante un reclamo por mejores condiciones laborales y un salario digno, los trabajadores de Zepita se encuentran varios pasos más atrás. No solo exigen un sueldo más justo, sino que buscan salir de un sistema de trabajo decimonónico y que no está contemplado por la ley. Según Diego Bruschini, delegado de Zepita por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa), entre 30 y 40 personas se encuentran realizando tareas en calidad de “jornaleros”. Deben permanecer junto a los teléfonos expectantes a la llamada del patrón, llegar a tiempo al establecimiento –sin importar las distancias ni el horario en que les llegó el aviso– y firmar un contrato que no se les permite leer y que solo tiene validez por un día. “Yo lo firmo y ellos me lo sacan. No nos dejan verlo. Así como me pasa a mí le pasa a todos los compañeros que son contratados, es una manera en la que ellos se cubren”, explicó Ontivero, que hace 11 años trabaja bajo las reglas de este sistema con la promesa que de algún día ser efectivizado. Mientras que un empleado permanente cobra alrededor de 30.000 pesos, por los mismos días y horarios un contratado percibe menos de la mitad. “Un promedio de 800 pesos por cada jornada”, estimó Bruschini.
Alejandro Ontivero
“Este sistema es ilegal. Nuestro estatuto establece que a los 30 días la empresa está obligada a efectivizarte. De los 30 días a los 14 años está todo fuera de la ley. Pasa que es muy difícil meterle una denuncia al diario”, explica Francisco Rabini, delegado de la comisión interna de Clarín por SiPreBa. El diario tiene un programa de disciplinamiento: “Ellos son personas que a veces hace 11 o 12 años que no se toman vacaciones, porque si lo hacen no los contactan para trabajar durante dos semanas como represalia”, explicó. Y agregó: “Tenés que estar siempre pendiente, porque si suena el teléfono, no atendiste y ese día no fuiste a trabajar y pasas al último eslabón. Tenés que volver a pagar derecho de piso. Ni hablar si te quejás o intentás mejorar las condiciones de trabajo”.
El número de contratados por día va variando de acuerdo a la tirada de ejemplares de cada jornada. Este sistema, según expresó Rabini, es una manera de hacerle pagar al trabajador un costo de fluctuación del que debería hacerse cargo la empresa: “Si el diario tiene problemas por imprimir más los fines de semana y menos en la semana es un tema suyo. No puede hacerle pagar eso a un tipo que no tiene laburo. Es una empresa que cotiza en la bolsa de Londres, no es una pyme. Nosotros después hacemos notas en el diario sobre talleres clandestinos bolivianos en Flores y nos horrorizamos cómo los someten a esas condiciones. Bueno, nosotros tenemos algo muy parecido”, opinó.
Persecusión sindical
Ante la negativa de la empresa a convocarlo a trabajar desde que asumió como delegado -el pasado 31 de marzo-, Ontivero intentó acercarse para dialogar con Clarín y lograr un acuerdo, pero sólo se encontró con negativas. Por este motivo presentó un recurso de amparo en la justicia: “El que inició el amparo fue mi abogado Guillermo Gianibelli. El 3 de mayo salió una resolución donde le ordenan a la empresa mi reincorporación. La empresa aduce que no le llegó nada, desconoce el fallo, no hace caso a la justicia. Nos presentamos 10 días más tarde con mi abogado y con el escribano a la puerta y no nos dejaron entrar. Esto es claramente una persecución sindical. Porque desde que salí electo no puedo ingresar a la planta”, denunció Ontivero.
El jueves pasado la Justicia impuso una multa a AGEA, que comenzó a tener vigencia a partir de este lunes. Por cada día que la empresa no llame a trabajar a Ontivero, le deberá pagar 5000 pesos. Sin embargo, el trabajador considera que esta no será sanción suficiente para revertir la situación. “El problema es que la empresa lo va a pagar, porque no quiere la organización gremial. No quiere representantes genuinos. Nosotros fuimos elegidos por nuestros compañeros. Ellos no quieren eso, quieren delegados de la patronal, para poderlos manejar. Como ni a Diego ni a mí pueden controlarnos, eligieron este camino, la persecución”, explicó.
Desde la empresa no solo se le negó el trabajo a Ontivero luego de ser elegido delegado, sino que también Bruschini denunció persecución gremial. Aun conservando el puesto, ya que es efectivo, la empresa comenzó a exigirle una metodología de trabajo diferente: “A partir de la nota con Víctor Hugo Morales, el pasado miércoles a la noche, me quisieron cambiar los francos, el horario de entrada, y la jornada en general… ahora me la empezaron a complicar a mí”, reconoció. Asesorado por los abogados de SiPreBa hizo llegar a la empresa un telegrama alertando sobre esta situación ilegal. Hasta el cierre de esta nota no recibió respuesta.
Diego Bruschini
Sin actividad gremial consolidada durante los años previos, recién en 2014 los trabajadores de la planta Zepita convocaron su primera elección: “Siempre nos decían que la empresa echó mucha gente en el año 2000, entonces los compañeros tenían miedo. Es más, ahora tienen mucho miedo de hacer algo”, se lamentó Ontivero. Y agregó: “Lo que me está pasando a mí es una manera de asustar a la gente. Es dar un ejemplo. Ellos nos decían: ‘Al que se postule como delegado, la empresa lo va a echar. Al que quiera organizar una asamblea, la empresa lo va a echar’. Siempre recibimos amenazas. Los capataces se hacían llamar delegados”.
Ese año, los representantes gremiales de Tacuarí, que renovaron su comisión interna, decidieron llamar a elecciones en Zepita, que carecía de organización sindical. Sin embargo, unos días después apareció en la planta un papel que convocaba a otra votación: “Esto lo manejaban los capataces de recursos humanos, que son los que aprietan y amenazan a la gente. Entonces al día siguiente fui a Zepita y empecé a juntar firmas en contra de ese llamado, que era muy trucho, sin los plazos y requisitos que son necesarios”, explicó Rabini. Luego de haber juntado 50 firmas en contra, frente a 15 que habían votado amenazados por la empresa, según contó este delegado, el gerente de Recursos Humanos dio por inválida la elección, permitiendo convocar una nueva. Sin embargo, tres días después llegó un telegrama de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) dando por válida esa elección, gracias a lo cual los capataces pasaron a ser los delegados. “La UTPBA es un sindicato totalmente vaciado, burocrático, que ha cometido todas las traiciones que se puedan cometer, razón por la cual nosotros participamos de la creación del nuevo sindicato, que es SiPreBa”, explicó Rabini. Y continuó: “Más bajo no podes caer como sindicato. La empresa defiende sus intereses, quiere pagar los sueldos más bajos posibles, lo entiendo. Ahora, la lógica del sindicato es defendernos a nosotros. Acá le dieron un aval a la esclavitud, al sometimiento de los tipos que ellos mismos tienen que defender”.
La lucha llegó a Zepita
Clarín no sólo desconoce la representación gremial de sus empleados sino que, según denuncian los delegados electos por SiPreBa, se encuentra en proceso de reducción de personal. El método utilizado es la tercerización de tareas realizadas en la Planta Zepita hacia otras empresas pertenecientes al mismo Grupo. Un ejemplo es el caso del sector Depósito: en octubre de 2015, la empresa presionó a los empleados para que firmaran un contrato bajo la denominación “Cesión de contrato de trabajo”, aceptando pasar a formar parte de Unir S.A y, a cambio, se comprometían a pagarles un resarcimiento como parte de indemnización, respetarles los años de antigüedad e, incluso, volver a su lugar de trabajo original si cambiaban de opinión: “Con ese movimiento bajaron línea: ‘Ojo con el que se organiza porque volás’. Lo dicen desembozadamente. Acá el que saca los pies del plato, el que arma quilombo, se va”, denunció Francisco Rabini.
Según la página web de la Asociación de Empresas de Correo de la República Argentina “Unir S.A. es una empresa del Grupo Clarín orientada al desarrollo de soluciones integrales en las tareas de Distribución Postal, Logística en general”. Tal como argumentan los delegados consultados por ANCCOM, Clarín no sólo cede a sus empleados en Zepita para realizar trabajos bajo la razón social de UNIR S.A, –empresa que también pertenece a ese Grupo mediático–, sino que aún habiendo sido trasladado a otra rama los empleados deben continuar realizando, en parte, tareas que corresponden al trabajo de la planta impresora. Cuando los empleados comenzaron a entender la situación pidieron a Clarín hacer uso de la cláusula que les permitía volver a sus antiguas funciones pero fueron desoídos por la Gerencia: “Como respuesta les decían que si ahora eran empleados de Unir S.A tenían que arreglar con esa empresa. Y les ofrecían como indemnización sólo la mitad de lo que les habían ofrecido antes de firmar”, explicó Bruschini.
Alejandro Ontivero lleva más de 70 días sin su llamado telefónico, más de 70 días sin trabajar, más de 70 días sin cobrar. “Yo tengo 9 hijos y me siento en una situación bastante complicada, bastante jodida. Hoy me cuesta mucho traer un plato de comida a mi casa, porque estoy sin trabajo”, contó a ANCCOM. Durante estos dos meses recibió ayuda de la comisión interna de Clarín, que hace colectas para aliviar su situación económica. “Ellos están peleando por un sueldo digno y sacan plata de su bolsillo para darme una mano a mí. Eso me enorgullece de mis compañeros. Además quiero agradecer mucho al gremio de prensa SiPreBa, porque está apoyando en todo momento, no solamente a mí, sino a todos los trabajadores”, dijo. Y concluyó: “Es tremendo lo que está pasando. Con mi familia no sabemos qué hacer para pasar el día a día. Pero lo que hicimos nosotros en la empresa con mis compañeros era lo que teníamos que hacer. Nosotros teníamos que elegir una comisión interna y pelear por nuestros derechos, que hace mucho tiempo que la empresa los pisa. Yo hoy estoy en mi casa, no tengo trabajo, pero tengo dignidad. No sabes el orgullo que me da haber peleado por mis compañeros, seguir peleando por sus derechos y los míos”.
Diego Bruschini y Alejandro Ontivero fueron elegidos delegados sindicales de la planta impresora «Zepita» del Grupo Clarin
Actualización 15/06/2016
