Un abrazo a la salud

Un abrazo a la salud

Un cartel blanco atraviesa la calle Echeverría: en letras negras y brillantes puede leerse “No a la vulneración del derecho a la salud, no al cierre del IREP”. Cinco pacientes del Instituto lo sostienen con fuerza, rodeados por una multitud de ambos blancos que corea al unísono “el IREP no se vende, se defiende”. En un sentido abrazo al hospital, cientos de médicos, trabajadores de la salud, pacientes, vecinos y legisladores de la oposición rechazaron el avance del Gobierno de la Ciudad en la reforma hospitalaria, a una semana de que se oficializara la puesta en marcha del proyecto Complejo Hospitalario Sur mediante el decreto N° 297/18.

De esta manera, los trabajadores de la salud reafirmaron su rechazo al proyecto, expresaron su preocupación por la falta de criterios sanitarios e insistieron en que el verdadero motor es un negocio inmobiliario. La iniciativa prevé el cierre de cinco hospitales monovalentes especializados para el establecimiento de un único complejo polivalente en el predio del Hospital Muñiz. Serían trasladados y transformados en institutos el Hospital de Oncología Marie Curie, el Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo, el Hospital de Infecciosas Dr. Francisco Javier Muñiz, el Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP).

Desde que la noticia del proyecto de reforma hospitalaria llegó a sus oídos, los trabajadores del IREP se autoconvocaron en asamblea e iniciaron una serie de acciones de visibilización del conflicto y pedido de respuestas al Gobierno.

La única información con la que contaban -explican- era una presentación  que había sido exhibida a los directivos de los hospitales involucrados. Al no haber un proyecto de ley formal presentado en la Legislatura porteña, iniciaron un pedido de informes, respaldados por la Ley 104 de Solicitud de Información Pública. Nos dijeron que no sabían qué es lo que pasaría con los pacientes ni cómo serían trasladados. No sabían cómo era el plan arquitectónico ni cuál sería el destino de los terrenos. Todo porque el proyecto estaba en la etapa de análisis de factibilidad”, denuncia Liliana Bidegain, psicopedagoga del Instituto, en la lectura de un documento redactado en conjunto por la Asamblea de Trabajadores del IREP. Y agrega: “De repente, la semana pasada, nos encontramos con el decretazo del Gobierno de la Ciudad en el cual comunican que se crea la Unidad de Proyectos Especiales UPE Complejo Hospitalario Sur, cuyo objetivo es coordinar y ejecutar las acciones referidas a la planificación, organización, financiación y puesta en marcha del proyecto”.

En paralelo, el Gobierno de la Ciudad presentó en la Legislatura el anteproyecto de Reforma de la Carrera Profesional de la Salud de CABA, ley que regula las condiciones laborales de los profesionales de la salud. Los trabajadores del IREP señalan que esto tendría implicancias en la puesta en acción del proyecto, ya que destrabaría el obstáculo de la convivencia de los cargos de conducción en un único complejo. “La reforma de la ley de profesionales plantea que los trabajadores pueden ser transferidos de sus lugares de trabajo y que los puestos de conducción pierden su estabilidad –señala a ANCCOM Ricardo Gómez, empleado administrativo del IREP-. Actualmente la ley establece que ningún trabajador puede ser trasladado con un cargo menor: con esta reforma se modifica este artículo para que pueda bajarse de categoría. Con eso sortearían el obstáculo de tener cinco jefes, cinco supervisores, etc. Nosotros creemos que está todo articulado para llevar adelante este proyecto de 5×1”.

También expresaron su rechazo legisladores y asesores de la oposición que forman parte de la Comisión de Salud en la Legislatura porteña, pertenecientes a los partidos Autodeterminación y Libertad, Frente de Izquierda, y Unidad Ciudadana. “El Complejo Hospitalario Sur se presenta por decreto aunque Larreta tiene 34 votos sobre 60 en la Legislatura. Podrían haber presentado el proyecto y aprobarlo con mayoría automática, pero no quisieron hacerlo porque no tienen ni siquiera la capacidad de discutir públicamente un proyecto tan reaccionario”, denuncia Gabriel Solano, legislador del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, y amplía: “Como esta gente no da puntada sin hilo, acaban de aprobar un Código Urbanístico, porque donde hoy está un hospital mañana va a haber una torre”.

Una profunda tristeza pesa sobre los pacientes que son atendidos en el IREP, un sitio al que sienten como un segundo hogar, ya que pasan meses e incluso años rehabilitándose en este Instituto. “Aquí nos juntan de a pedazos, nos recuperamos y nos transformamos en personas nuevas, construimos una nueva identidad”, expresa Gustavo, uno de los pacientes del centro de salud, que llegó al IREP después de un accidente en moto. “Cuando uno atraviesa una situación así no se reconoce, en algunos casos se llega hasta el suicidio porque no somos quienes éramos. Por eso es tan valioso que exista esta atención, el IREP es un derecho, y con los derechos no se negocia”, dice conmovido este hombre de González Catán.

Familiares de pacientes internados en el IREP.

Una de las principales preocupaciones de la comunidad del IREP es la convivencia de las especialidades de cada hospital, en especial por la exposición de pacientes inmunodeprimidos a enfermedades infecto contagiosas. Romina Rivero es mamá de Juan Manuel García, internado en terapia intensiva en la sala de pediatría. Juan tiene tres años y padece de Encefalopatía Crónica no Evolutiva (ECNE), y en su corta vida pasó por más de 20 internaciones. “Juan está estable y con cuidados paliativos, no puede estar en contacto con enfermedades agudas o infectocontagiosas. Él acá tiene todos los cuidados: pediatría, kinesiología y enfermería disponibles las 24 horas. Eso no le puede faltar a mi hijo, él no se puede acercar al Muñiz ni con el pensamiento”, explica a ANCCOM Romina.

“Mi hija estuvo un año y medio internada en el Hospital Gutiérrez, un hospital de niños para enfermedades agudas. Ahí se agarró un virus que la llevó a terapia intensiva y estuvo entre la vida y la muerte”, cuenta a ANCCOM Melody Chiang sobre Brianna, su hija de dos años que padece un síndrome genético, y agrega: “Apenas logró salir de la terapia pudimos traerla acá. Brianna no sabía sentarse, pararse, ni gatear. Gracias a la rehabilitación que pudo hacer en el Instituto, hoy puede hacer todo eso, está aprendiendo a caminar y va a empezar a comer por sus propios medios”.

El abrazo finalizó con la Asamblea de Trabajadores del Instituto invitando a participar de la “Marcha federal por el derecho a la salud” convocada por organizaciones sanitarias, políticas, sociales y académicas para el próximo 4 de octubre a las 13, con un recorrido que irá desde el Ministerio de Salud hacia Plaza de Mayo. Las puertas fueron de a poco vaciándose de médicos y pacientes que volvieron a poblar los pasillos, salas y consultorios del hospital. En el frente quedó colgado el cartel: “No al cierre del IREP”.

Manos de tijera

Manos de tijera

Médicos, trabajadores y padres de chicos internados denunciaron reducciones escalonadas en las partidas destinadas al Hospital Nacional de Pediatría Juan P. Garrahan por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las cuales ponen en riesgo la actividad diaria, la adquisición de insumos y tecnología, y el avance de obras edilicias cuya finalización estaba prevista para mediados de octubre. En los últimos 18 meses se ha registrado una baja de 453 millones de pesos en los aportes de la Ciudad, aseguran las fuentes consultadas. ANCCOM investigó el estado actual del conflicto a través del testimonio de sus principales protagonistas.

Horacio García Cairone, miembro de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), resumió el accionar de la gestión de Mauricio Macri en el último tiempo: “A partir de 2014 se hizo un recorte para el funcionamiento operativo en 113 millones de pesos. Ya para este 2015 volvió a recortar 226 millones más, y a esto se agrega lo destinado para el aumento salarial que era de 158 millones, cuando se elevó el 27 de agosto para ser votado en Legislatura porteña, y se lo borró aprobando solamente 44 millones”.

El jefe de área de Terapia Intensiva del Garrahan, Aldo Haimovich.

El jefe de área de Terapia Intensiva del Garrahan, Aldo Haimovich.

Este último monto que no fue aprobado corresponde a la paritaria salarial homologada ante el Ministerio de Trabajo de la Nación. Para Liliana Ongaro, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos, el conflicto actual es inédito y tiene su génesis tiempo atrás: “Ya desde 2009 había recortes sistemáticamente de parte del Gobierno de Macri. Y nunca se llegó a completar los 450 millones de pesos que adeuda”.

Agotadas las instancias de reclamo frente a los funcionarios metropolitanos correspondientes (que incluyen a los responsables del Ministerio de Salud, de la Comisión y Presupuesto de Hacienda de la Legislatura y de la Jefatura de Gabinete porteña) se decidió visibilizar el conflicto. Fue así que el lunes 14 la comunidad hospitalaria informó sobre la delicada circunstancia en la explanada de Combate de los Pozos 1881. Días después, el jueves 17, se produjo una medida de fuerza “a la japonesa”, como la definió Cairone, sin paro de actividades, “porque tomar medidas de fuerza es lo peor que se le puede hacer a los pacientes. Pero no vamos a dejar de luchar por lo que creemos justo”.

Que se ocupe el otro

El Garrahan constituye un ente autárquico y de administración bipartita que depende financieramente de los recursos de Nación y Ciudad, a partes iguales, según dictamina el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 815 de 1989. La presidenta de la Asociación Civil de Profesionales del Hospital Garrahan, Esther Cáceres, indicó que el Gobierno Nacional se hizo cargo en distintos momentos del faltante para compensar el déficit. Pero en esta ocasión manifestó cierta incertidumbre: “No sé si esto va a volver a ocurrir este año”.

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De acuerdo a datos revelados por Adriano Jaichenco, auditor general de la Ciudad de Buenos Aires, en 2009, mientras el Gobierno nacional contribuyó con 241 millones, el de Macri giró 215 millones, lo que implica un 12% de diferencia, tendencia que se incrementó año tras año. En 2014 el Ministerio de Salud nacional aportó 903 millones contra los 776 millones del Ejecutivo porteño, lo que supuso un 16% menos de aportes por parte de la gestión del PRO. Y en caso de que en esta oportunidad Nación vuelva a hacerse cargo del restante para que funcione un hospital como el Garrahan, de alta complejidad y costo, en 2015 desembolsaría un aporte de 1.165 millones (24% más) que contrastaría con los 939 millones que destinará el Gobierno de Macri.

Por su parte, autoridades porteñas negaron públicamente el posible estado crítico del Hospital. Graciela Reybaud, ministra de Salud, declaró que la partida asignada al Garrahan es igual que la de los hospitales Gutiérrez y Elizalde. Cáceres contestó afirmando que no se puede poner en un plano de paridad a los tres hospitales por las diferencias funcionales que existen: “En primer lugar, el salario del Garrahan sale del presupuesto; en cambio, los hospitales municipales tienen una gestión centralizada que cubre los salarios. Por otro lado, el Garrahan realiza procedimientos de altísima complejidad, como son los trasplantes cardíaco y pulmonar”, señaló. En tanto, Cairone agregó: “Negar la realidad de algo que es absolutamente contrastable con la documentación de los fondos enviados habla de una negación total de la decisión política que ellos mismos tomaron”.

Abrazo al Hospital Garraham  en reclamo contra el recorte presupuestario. 23 de septiembre de 2015. Fotos Florencia Ferioli / ANCCOM

El dinero faltante impacta no sólo en las obligaciones con los niños sino también en las previsiones del Garrahan. Según palabras de Cairone, en octubre los directivos deseaban inaugurar una nueva sala del Hospital de Día Clínico-Oncológico, construcción que fue posible gracias al aporte de donaciones privadas y la cual implica una ampliación de 750 a 7200 metros cuadrados. El nuevo edificio incluye 47 camas, de las cuales 14 están destinadas a pacientes que requieran trasplante de médula ósea, costoso tratamiento que sólo se hace en el exterior, principalmente en China. Pero esta área permanecerá cerrada porque implica agregar a la estructura los recursos humanos, la tecnología y los insumos necesarios para su funcionamiento. La remodelación de quirófanos, la incorporación de angiógrafos y la expansión de la farmacia hospitalaria, además de la imposibilidad de pago salarial, son otras de las tantas expectativas que quedarán truncas ante el recorte presupuestario.

En 2014, el Hospital recibió 533.902 consultas externas, que representan un 9,55% de incremento respecto del año 2012. En contraste con los 18 mil egresos de los hospitales Gutiérrez y Elizalde, el Garrahan promueve más de 25 mil. Apenas el 2% de las camas no están ocupadas. Realiza 16 mil terapias de radiación para pacientes con cáncer y 4.000 estudios de biología molecular. Además, capacita profesionales y promueve el desarrollo científico. Para completar, Ongaro, que trabaja en la preparación psicológica de niños que van a ser intervenidos, señaló que allí se realizaron el año pasado unas 1.200 anestesias, 1.000 cirugías y 170 trasplantes por mes a chicos de toda la Argentina y de países limítrofes.    

Abrazo hospitalario

La reunión de los consejeros del Hospital con la Ministra de Salud y funcionarios de Hacienda dejó más dudas que resoluciones de fondo. Jaichenco dijo: “Reybaud se comprometió a pagar los salarios, pero no mucho más que eso. Tampoco se sabe de dónde van a provenir los fondos. Además, esto no resuelve la deuda de los 453 millones ni da garantía para el normal funcionamiento del Hospital”. Y resaltó que  “no defender este modelo es no saber cuál debe ser el verdadero rol del Estado y de los derechos públicos”. En la mañana del miércoles los trabajadores realizaron en la explanada del Hospital un abrazo «en defensa del Garrahan», con el objetivo de continuar con la visualización del conflicto. 

Denuncias y castigos

Aunque todo el Garrahan acuerda en mancomunar fuerzas a fin de resolver la deuda de la Ciudad, el conflicto es contemporáneo con otro de persecución sindical. La enfermera Elizabeth Ríos, quien cumplía funciones en la Guardia hace 23 años, fue despedida el 13 de julio pasado. Tras los descargos correspondientes y, sobre todo, las muestras de apoyo de la Asociación de Profesionales y la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital del 7 de agosto, Ríos fue reincorporada el jueves 17 de setiembre pero sólo temporariamente hasta fin de año.      

Ríos había denunciado maltratos y falta de humanismo por parte de los superiores y las autoridades: “Me afectaba ver a los pacientes internados en el pasillo de la Guardia, verlos a todos hacinados, cada vez que tenía que reanimarlos. Elevábamos notas a los jefes inmediatos de Emergencia y a los consejeros, que son cuatro directores del Hospital, y después hacíamos denuncias a organismos por fuera del hospital”, remarcó.

Abrazo al Hospital Garraham  en reclamo contra el recorte presupuestario. 23 de septiembre de 2015. Fotos Florencia Ferioli / ANCCOM

Ongaro, por su parte, manifestó malestar por el accionar del Consejo Directivo del Hospital, integrado por Marcelo Scopinaro, Cristina Giménez, Rubén Nieto y Oscar Trotta: “La compañera lo que ha hecho fue denunciar las condiciones de los pacientes que no son las adecuadas. Elizabeth se ha negado a que esta situación sea así. Y esto ha generado que le pusieran ausentes que no eran ausentes, no le hayan reconocido certificados médicos ni días en los que ella ha estado en concursos como veedora de nuestra Asociación. Esta persecución proviene de las autoridades del Hospital”, afirmó. Y agregó que a Ríos no se le hizo sumario previo, ni tampoco se le avisó de sus supuestas inasistencias.

Finalmente la enfermera fue reasignada en una nueva área sin previa capacitación, tal como marca el reglamento del Hospital: “Me cambiaron de sector, a la sala de Internación, y estoy bajo control permanente. Para estar con un paciente se requiere conocer su patología y ya he informado a mi superior de la capacitación que necesito para esta nueva área, porque no conozco y no quisiera perjudicar, como nunca lo he hecho, a ningún paciente. Por eso me ayuda y guía una compañera”, indicó Ríos.

Según declaró ella, quien integró la Subcomisión de Maltrato Laboral, la persecución continúa: “El pasaje de una sector a otro es capricho de la supervisora Alejandra Martínez y la jefa de Enfermería Graciela Reinoso”.

Su suerte se decidirá a fin de año, cuando el Consejo mueva el pulgar señalando su destino. Y pese al obvio interés por no perder de nuevo su fuente de trabajo, dijo que no dejará de denunciar toda vez que vea injusticias de trabajo y maltrato para los niños del Garrahan.         

Actualización 23/09/2015