La Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia también es víctima del ajuste

La Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia también es víctima del ajuste

ATE, CTA y la Junta Interna de la exSecretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia denunciaron la degradación del organismo, el despido de decenas de trabajadores y el caos administrativo por la falta de designación de autoridades. Convocan a una radio abierta para mañana, jueves 15, frente a la actual Subsecretaría.

Los trabajadores de la ex Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) denuncian la degradación del organismo a subsecretaría, el despido de decenas de trabajadores y un “caos administrativo” relacionado con la no designación de autoridades.

En el texto del comunicado en el que difundieron la denuncia, firmado por ATE, la CTA y la junta interna de la SENAF, se advierte que fueron despedidas 61 personas contratadas durante el 2023 “para cubrir bajas en áreas críticas”. Además, se señala que aún podría haber más rescisiones de contratos.

En diálogo con ANCCOM, Adolfo Dardik, secretario general de la junta interna de la Subsecretaría, explicó que “los despidos llevaron a que sobrecarguen a las cuidadoras y a los enfermeros de los hogares para adultos mayores”. En este sentido, lamentó: “si le sumás la quita de horas extras, se hace casi imposible mantener los estándares de calidad de asistencia que veníamos presentando. Todo esto implica un latente achicamiento de todas las plantas, un desfinanciamiento por parte del Estado nacional y una caída de toda la intervención territorial desde las políticas públicas. Los afectados son sectores de la sociedad muy golpeados y marginados, lo que perjudica la relación sociedad y Estado.”

Los dirigentes sostienen que los trabajadores deben hacer frente a una explotación laboral extrema con la incertidumbre de quedarse en la calle, en un contexto donde la inflación y la pobreza crecen a niveles estratosféricos.

A esto se le añade el hecho de que muchas veces son ellos mismos quienes tienen que comprar los recursos que debería brindar el Estado. “Esta semana nos avisaron que en uno de los hogares de adultos mayores ya se quedaron sin pañales y el proveedor no lo repone por falta de pago; en un centro de desarrollo infantil tienen comida por tres días más. Es alarmante. Lo solucionamos con aportes solidarios que venimos haciendo, con donaciones y cooperadoras. Son parches que no deberían existir”, declaró Dardik.

Por otro lado, desde ATE también indicaron que el gobierno nunca asignó funcionarios para el área, por lo que hay un “caos administrativo” que tiene como resultado “la falta de aplicación de políticas para el trabajo cotidiano”. 

En este sentido, el secretario de la junta interna aclaró que no hay ningún canal de comunicación con las autoridades de la Subsecretaría dependiente del Ministerio de Capital Humano: “Lo único que tenemos son algunas cosas que ha dicho la ministra, con quien tenemos abismales diferencias desde lo ideológico, desde lo metodológico y también desde la disputa del sentido. Ella habla de beneficencia y caridad, nosotros hablamos de justicia social”. 

Se trata de una situación que tiene de rehenes a miles de personas: “Estamos hablando de más de 1.200 pibas que son víctimas de violencia de género; de más de 11 mil capacitadores que se fueron formando a lo largo de los años como cuidadores de adultos mayores; contamos con más de 10 centros recreativos a lo largo de todo el país, en los cuales el año pasado pasaron más de 150 mil chicos con diversas actividades culturales, artísticas, recreativas; tenemos la línea 102 enfocada en los derechos de niños, niñas y adolescentes que el año pasado recibió más de 35 mil llamadas. Tenemos un peso descomunal en todo el territorio, con apenas 2.436 trabajadores y trabajadores”, precisó Dardik. 

Desde ATE solicitaron una reunión con las autoridades del Ministerio de Capital Humano para plantear las diversas problemáticas que están atravesando, pero no tuvieron respuesta. Por ese motivo, convocaron a una radio abierta para el jueves 15 en la Subsecretaría, ubicada en Perón 524. Allí se elaborará un documento que será enviado a la Comisión de Familia, Juventud y Adolescencia de la Cámara de Diputados. 

“Queremos que los legisladores expresen qué piensan con respecto a las políticas de desfinanciamiento, porque lo que quiere el gobierno es desguazar el Estado para regalarle negocios a sus amigos”, concluyó el gremialista. 

El Gobierno avanza contra los medios públicos

El Gobierno avanza contra los medios públicos

Especialistas, académicos e investigadores critican y rechazan el decreto presidencial que dispuso la intervención de Telam, Radio Nacional, TV Pública, entre otros medios. ¿Qué significa la amenaza de la privatización?

La soberanía del país está en jaque. Este lunes se publicó el decreto 117/2024 en el Boletín Oficial de la Nación, donde el Gobierno nacional oficializó la intervención de los medios públicos. La misma ya se encuentra activa en la agenda y se enmarca en un pretendido “reordenamiento” de empresas públicas. Aquí se ven afectadas la agencia de noticias Télam, Radio Nacional y Televisión (RTA) y Contenidos Públicos y la plataforma Educ.ar. El presidente Javier Milei puso a cargo de las empresas estatales al jefe de Gabinete Nicolás Posse, dándole plena facultad para reestructurar estas instituciones, desde el personal y directorio hasta en las estrategias de comunicación y contenidos.

Frente a este escenario surgen algunas interrogantes que algunos especialistas y protagonistas del tema comentaron a ANCCOM. “Los medios públicos son un símbolo de soberanía comunicacional y cultural, que han llevado la voz a cada rincón de nuestro país”, sostiene Daniela Rodríguez, trabajadora de Radio Nacional y delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Rodríguez plantea que los medios públicos están presentes allí donde los medios privados no llegan, defendiendo la cultura incluso en las fronteras y teniendo un papel vital para las provincias argentinas. Son eslabones clave de la democracia que garantizan la pluralidad de ideas y voces. En este sentido Ezequiel Rivero, especialista en medios públicos y becario posdoctoral del CONICET, destaca la labor de canales temáticos como Encuentro, PakaPaka, y DeporTV y admite que la TV Pública enfrenta críticas que la acusan de parcialidad política, falta de independencia editorial, y gestión ineficaz de recursos públicos. Él mismo valida algunas de estas críticas e insiste en la urgencia de abordarlas para mejorar el desempeño de los medios estatales. No obstante, cree evidente que el actual gobierno utiliza estas debilidades como excusa para justificar la violencia institucional que ejerce mediante su intervención. Y señala que no existe un plan para el crecimiento o mejora de los medios estatales, sino más bien un interés en reestructurarlos, con vistas a una privatización o la entrega de ese patrimonio a otro tipo de negocios.

Por otro lado Larisa Kejval, directora de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires, explica que en 2015 la facultad hizo una medición de la calidad de la TV Pública a través de un conjunto de indicadores propuestos por la UNESCO pensados para analizar a de este tipo de emisoras. Allí se evaluaban gestión y programación entre otras cosas. El resultado de la misma fue muy bueno para el caso de Argentina. Sin embargo, hoy, nadie tiene en cuenta esta evaluación, señala Kejval. “Aquí lo que está puesto en cuestión es la propia existencia de los medios públicos, es decir, si el Estado argentino, sea el gobierno que sea, debe tenerlos”. Y sostiene que no se puede prescindir de medios que tienen la capacidad de llegar a todo el país son sus propias programaciones sin estar pendientes del mercado, con calidad educativa, y donde se expresan diversas voces, intereses y preocupaciones que quizás no son rentables necesariamente.

“Todos los Estados que el presidente dice emular tienen sus robustos medios públicos –afirma Kejval–. En todo caso, las medidas tendrían que enfocarse en robustecer estos medios y no desarmarlos o privatizarlos”.

Rodríguez destaca que la información no puede ni debe ser una mercancía que dependa de los intereses económicos de las diferentes empresas privadas. Para Rivero la privatización conduce a la conversión de los medios estatales en activos del sector privado de servicios audiovisuales, o peor aún del sector inmobiliario. “Están especulando con el valor de nuestros inmuebles donde están emplazadas la TV Pública, cada una de las emisoras de Radio Nacional y la planta transmisora de la radio”, expresa la delegada de ATE.

Kejval sigue la misma línea: “Esto es un plan económico de saqueo en el menor tiempo posible, saquear a nuestro pueblo de sus recursos”. E insiste en que la medida del Gobierno gestiona una apropiación privada de los grupos concentrados de ciertos recursos y un vaciamiento cultural de las herramientas que la sociedad tiene para ejercer sus derechos, ejercer la soberanía nacional y desarrollar pensamiento crítico y todo lo que hace mejor a un pueblo y nación.

“Los desafíos legales asociados a una privatización no representan un gran impedimento para un oficialismo que parece distanciarse de los principios republicanos”, expresa Rivero, que también se desempeña en el Centro de Investigación de Industrias Culturales, Políticas de Comunicación y Espacio Público (ICEP) de la Universidad de Quilmes (UNQ).

El oficialismo también señaló al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) como un obstáculo para que los argentinos tengan más conectividad y mejor acceso a servicios básicos como Internet en todo el país. Según Rivero, la intervención a esta institución no está relacionada con estas cuestiones: “El obstáculo desde la óptica oficialista no es el Enacom sino la presencia de representantes de otras fuerzas políticas en su directorio”, asevera.

En contraposición a lo que afirma el gobierno, el Enacom financió la mejora en la cobertura y calidad del servicio de internet a una variedad de proveedores de esta red en todo el país, sostuvo el programa de internet en barrios vulnerables y financió la conectividad de centros de salud primario y escuelas de todo el territorio, comenta Rodríguez, y agrega que esas acciones fueron fundamentales para las poblaciones más vulnerables. También advierte que siguiendo las medidas que desea el oficialismo no se podrá acceder a contenidos de calidad de forma gratuita.

Pospandemia se desarrollaron muchos programas relacionados al acceso y la conectividad. “En el libro Conectividad Popular damos cuenta acerca de cómo las políticas públicas permitieron el fortalecimiento y acompañamiento de redes comunitarias de internet y cooperativas de tal modo de que se pueda llegar a muchos lugares del país donde el mercado no llega, porque no le es rentable prestar el servicio”, cuenta Kejval y agrega que para ello fue y es fundamental el sostenimiento de la Red Federal de Fibra Óptica con activa participación del Estado que en este caso sería la Empresa Estatal Argentina de Telecomunicaciones (ARSAT).

Rivero cree que la intervención es innecesaria, ya que vuelve al organismo aún más dependiente del Poder Ejecutivo, que ahora puede vincularse con sectores económicos estratégicos como las telecomunicaciones, la conectividad y el audiovisual, de forma directa, discrecional y sin rendir cuentas.

Esta visión es compartida con el ámbito académico. La Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de la Argentina (Redcom) y la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (Fadeccos) presentaron ante los legisladores una carta en contra del avance de las medidas del oficialismo. La misiva se encuentra firmada por César Arrueta, presidente de Fadeccos y decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy, y de Aixa Boeykens, presidenta de Redcom y decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Además obtuvo el apoyo de más de 50 carreras de instituciones públicas y privadas.

 El escrito advierte el daño que supone llevar a cabo las medidas que plantea el gobierno en materias de derecho a la comunicación, democracia y soberanía. También destaca que la historia de los medios públicos en nuestro país es inmensa y rica, siendo el sistema de medios públicos más grande y federal de América Latina. “Se quiere convencer a la sociedad argentina de que las privatizaciones y cierres significan un ahorro que beneficiará al país cuando ya se ha demostrado en diferentes oportunidades que los fondos en cuestión resultan nimios para el déficit fiscal”, se asevera en la carta, donde también se plantea que la intervención no es más que un capricho ideológico que busca dañar aquello que represente o pueda representar visiones antagónicas a la del capital concentrado.

Uno de los puntos del texto menciona la importancia de la Defensoría del Público. Kejval destaca tareas fundamentales que realiza esta institución: “Su papel es profundamente formativo y ha desarrollado una sensibilización con respecto al derecho a la comunicación”, explica, y cuenta que han hecho foco en las infancias, juventudes, migrantes, mujeres, salud mental, en definitiva, en las diversidades. Uno de sus trabajos fue el de elaborar materiales para la formación periodística con el fin de ejercer la profesión de una manera más respetuosa. Observación que Kejval considera clave, ya que uno de los lugares que históricamente ha estereotipado a muchos actores han sido los medios de comunicación. Su disolución, asevera, sería una enorme pérdida.

El objetivo final del Gobierno no está muy claro, pero sí es evidente que en la intervención de los medios estatales hay un interés económico y la posibilidad de anular la representación y eventual contrapeso de otras fuerzas políticas dentro del directorio, especialmente en el caso de Radio y Televisión Argentina S.E. “Si el gobierno de Macri se ocupó de bajarle el volumen a unos medios estatales que habían sonado fuerte durante el kirchnerismo, el de Milei tiene todos los condimentos para terminar de apagarlos”, expresa Rivero.

Mientras tanto, la realidad de los trabajadores de los medios es delicada. El escenario de los mismos oscila entre amenazas de cierre, despidos multitudinarios, difamaciones, sueldos congelados por decreto y todo esto con sólo dos meses de gobierno de Milei. “Nuestra realidad como trabajadores de medios públicos empeora día a día y mucho más rápido que durante cualquier otro gobierno neoliberal”, cierra Daniela Rodríguez.

Desde que asumió Javier Milei hubo 37 detenidos por protestar

Desde que asumió Javier Milei hubo 37 detenidos por protestar

La mayoría de los casos son al voleo, cuando finalizan las manifestaciones. Los casos de mayor resonancia ocurrieron en CABA, durante el debate de la Ley Ómnibus. Pero también los hubo en Mendoza y Jujuy.

En el marco de las protestas sociales que se realizan desde la semana pasada en todo el país en contra de la Ley Ómnibus, los casos de detenciones confeccionaron una lista tan larga como arbitraria. La administración Mlei-Bullrich reflota una modalidad que ésta última ya había puesto en práctica en 2017, cuando integraba el gabinete de Mauricio Macri: los arrestos son al voleo, mucho después de terminadas las marchas, y luego de una cacería por parte de las fuerzas conjuntas que intervienen: Gendarmería, Prefectura, Policía de la Ciudad (o provincial) y Policía Federal. Desde la asunción de Javier Milei como presidente la Coordinación contra la represión policial e institucional (Correpi) ha registrado 37 personas privadas de su libertad.

Uno de ellos es Martín Rodríguez, reconocido dirigente sindical y miembro del Polo Obrero, detenido en la provincia de Mendoza luego de participar de la marcha del 24 de enero convocada por la CGT. Luego de casi una semana se lo condenó a dos años y ocho meses de prisión condicional que se hará efectiva si no cumple con lo pedido: no volver a protestar.

Según el fiscal Fernando Giunta la detención no fue arbitraria si no que se debe a una reiteración en sus delitos: “Tiene ocho causas por el delito de entorpecimiento del transporte. Como esos delitos son in fraganti y la reiterancia está clara, se procedió a la detención.” El Código Procesal Penal de Mendoza, modificado por Alfredo Cornejo, establece la reiteración como causal de detención y mantenimiento en prisión hasta que se produzca una sentencia. “Es una figura inventada” declaraba hace un año Víctor Da Vila, otro miembro del Polo Obrero quien también se vio afectado por las detenciones de la marcha de la semana pasada, pero fue liberado bajo fianza. “Cualquier persona puede denunciar a un vecino reiteradas veces y esa persona ya es detenida”.

Martín Rodriguez. Foto de Archivo / PRENSA OBRERA

El martes 6 de febrero por la mañana se realizó la audiencia de Martín Rodríguez en el Primer Juzgado Penal Colegiado de la provincia. La misma respondía a casos anteriores de cortes de calle, por las cuales se encontraba en libertad con caución y condiciones, a las que se le sumaron los hechos de la semana pasada. La abogada de Rodríguez, Liliana Alaniz, planteó a ANCCOM que no consideran que “movilizarse por sus derechos sea un delito. Seguimos proclamando que el Artículo 194 que reprime con prisión al que impide o estorbe el funcionamiento del transporte es inconstitucional y está siendo aplicado para extorsionar”. Alaniz considera que están frente a una persecución encabezada por Cornejo y la justicia, pero que es acorde a una política de Estado. “La justicia se convirtió en un pelotón de fusilamiento, nos impusieron un juicio que no tuvo una pena de prisión efectiva, pero que sí tiene unos ribetes incómodos para lo que es la actividad de Martín. Seguimos luchando y reivindicando nuestro derecho a manifestarnos”.

El día anterior a su liberación, en las cercanías de la Casa de Gobierno de Mendoza se realizó una conferencia de prensa para pedir por este “rehén, quien no creemos que haya cometido ningún delito”. También se manifestaron contra el protocolo de Bullrich y la política represiva de Cornejo y Juntos por el Cambio. Y reclamaron que Mendoza no sea la avanzada represiva. Entre los presentes se destacaban Romina del Pla y Christian Castillo, diputados nacionales por el Frente de Izquierda, junto a Alejandrina Barry quién es legisladora de CABA por el FITUnidad/PTS y militante de Derechos Humanos; Vilma Ripoll, representantes del Serpaj, de la Secretaría Gremial de la CGT Mendoza y de la AGD-UBA, entre otras organizaciones.

También en la Ciudad de Buenos Aires

Siguiendo con la lista pero ahora en CABA, otros dos detenidos fueron Aníbal Maidana y Facundo Caamaño quienes, además, recibieron una orden de restricción perimetral por parte del fiscal Martín Pellocori, que los obliga a mantener una distancia de mil metros con el Congreso de la Nación. Una medida inaudita, pero que tiene su antecedente en el caso de Marina Schiffrin, docente de Río Negro quien fue detenida en 1997 por interrumpir el tránsito en un puente ubicado en la entrada de Bariloche en una manifestación en defensa de la escuela pública. El resultado fueron tres meses de prisión y la prohibición de concurrir a manifestaciones públicas por dos años.

En diálogo con ANCCOM, el abogado de ambos detenidos, Juan Manuel Combi contó que sus defendidos no pertenecen a ninguna organización y que se encontraban manifestando de forma pacífica contra la Ley Ómnibus cuando recibieron la represión de un grupo de policías motorizados lo que resultó en el impacto de siete balas de goma en el cuerpo de Facundo. Estuvieron detenidos 12 horas en una centro de detención con reclusos de hechos comunes, “luego fueron puestos en libertad ―una libertad entre comillas, vigilada― ya que tienen que concurrir una vez por mes a un juzgado, no pueden salir del país y no pueden ejercer su derecho de protesta”.

Párrafo aparte merecen las detenciones de cuatro mujeres el miércoles 31 por la noche en las inmediaciones del Congreso de la Nación mientras se manifestaban en contra de la Ley Ómnibus. Minutos después de ser apresadas, se viralizó un video de una de las detenidas, la militante radical Ivana Bunge, en donde contaba que fueron arrestadas por cantar el Himno Nacional mientras estaban sentadas de forma pacífica en la vereda y que las hicieron dar “dar vueltas” con el patrullero en la madrugada.

 

Un caso más escandaloso aún es el de los jujeños Marcelo Nahuel Morandini y Humberto Roque Villegas quienes sufrieron una detención el pasado 4 de enero por tuitear y compartir flyers y memes sobre el exgobernador Gerardo Morales.

También lo fue el de Maximiliano Sosa, un hombre en situación de calle y con problemas de salud mental que fue apresado junto a once personas durante las protestas bajo la carátula de presunto atentado y resistencia a la autoridad. Gracias a la ayuda de un grupo formado por abogadas, asambleas barriales, organizaciones y autoconvocados, se presentó un Habeas Corpus que lo puso en libertad el pasado domingo. Sosa fue recibido por Proyecto 7, una organización de personas en situación de calle en el Hogar Monteagudo. Como señala el abogado Combi en relación a sus defendidos: “Conjuntamente tenemos que trabajar para que de alguna manera vivamos en un país un poquito más justo. Yo apunto a la racionalidad y a que el pueblo argentino pueda darse cuenta que estas detenciones pueden pasarnos a cualquiera”.

 

Fuego en los bosques del Nahuel Huapi

Fuego en los bosques del Nahuel Huapi

Un incendio forestal arrasó ya 400 hectáreas a orillas del Brazo Tristeza del lago Nahuel Huapi. “No había mucho equipo disponible, ya que parte está destinado a combatir el fuego en el Parque Nacional Los Alerces”, dicen los bomberos.

A pocos kilómetros de la ciudad de San Carlos de Bariloche hay un incendio forestal que continúa activo y avanzando sobre más de 400 hectáreas, destruyendo gran parte del hábitat natural del Parque Nacional Nahuel Huapi.

Se trata de la costa sur del Brazo Tristeza del lago Nahuel Huapi, sobre la ladera del cerro Capitán, en donde un fogón mal apagado, en un lugar donde está prohibido hacer fuego, habría ocasionado que el domingo pasado se encendieran las alarmas y que el lunes la ciudad amaneciera tapada por el humo. El fiscal Rafael Vehils Ruiz, al frente de la Fiscalía Federal de Bariloche, solicitó a quienes puedan aportar datos para esclarecer el origen del siniestro que se acerquen a la repartición (San Martín 425 de esa ciudad o se comuniquen por teléfono (0294 442 1474) o vía correo electrónico fisfed-bch@mpf.gov.ar .

Ya van dos semanas de incendio ininterrumpido en el Parque Nacional Los Alerces y ya son más de 6.000 hectáreas afectadas sobre la provincia de Chubut. Este otro siniestro, en las cercanías de Bariloche, implica la división de los equipos para combatir el fuego y enfrentar ambos frentes al mismo tiempo. “No había mucho equipo en disponibilidad, y parte de lo que estaba trabajando en Alerces lo destinaron para acá”, cuenta Marcelo Miocevich, que trabaja en el Departamento de Incendios Forestales del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios y es el coordinador provincial y regional.

“El Estado Nacional está trabajando desde Parques Nacionales, se sumó al equipo de trabajo el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), que es de la provincia de Río Negro, más los bomberos voluntarios de las ciudades cercanas; son más de 60 personas trabajando para apagar el fuego”, agrega Miocevich.

La zona del Brazo Tristeza es muy boscosa, con mucha pendiente, de difícil acceso, lo que hace que el operativo de los brigadistas sea todavía más complicado, porque solo se puede llegar con embarcaciones, resultando indispensable el trabajo aéreo. Un comunicado oficial del Parque Nacional Nahuel Huapi anunció que el miércoles se sumaron a los dos helicópteros con helibalde de mil litros cada uno, y dos aviones; uno de ellos es un anfibio que carga agua directamente desde el lago, con una capacidad de tres mil litros.

“Uno de los problemas con los que se está enfrentando es que no se estaba permitiendo el uso de los helicópteros, ya que no pueden acercarse completamente a la zona del incendio porque entre las altas temperaturas más el fuego generado en la zona, se queman”, comenta Eugenio Lettieri, bombero voluntario con rango de sargento primero, del cuartel Ruca Cura.

Los helicópteros cargan combustible en el helipuerto del hotel Llao Llao, y a su vez los aviones tienen que acercarse hasta el aeropuerto que queda a varios kilómetros del foco de incendio. Mientras tanto los brigadistas embarcan en Bahía Lopez, donde ayer se instaló un puesto sanitario de emergencias para atender a heridos. El trabajo terrestre también termina siendo clave. “Los incendios forestales por lo general se apagan con herramientas de zapa, es decir, pala, hacha, motosierra, rastrillo, todo lo que sirva para evitar que el incendio se propague por cada raíz y ramita seca del suelo”, dice Lettieri.

Para no depender solo de la vía aérea en la utilización del agua, los bomberos armaron una cadena de motobombas. “Con la mangueras se extrae agua del lago, se deja en una especie de pelopincho a 150 metros, que se conecta con otra pileta y así se va ascendiendo a través de la montaña”, cuentan en el equipo de bomberos de Ruca Cura.

Los incendios generados con o sin intención por los humanos se repiten todos los años en el sur de Argentina. “Siempre tuvimos incendios –dice Miocevich–. El tema es que con las condiciones más extremas del clima que estamos teniendo, cómo la falta de humedad, la sequía, las temperaturas altas, nos enfrentamos a incendios cada vez más extremos, ya que el suelo se convierte en una especie de combustible”.

 

Con el proyecto, por ahora rechazado, de la Ley Ómnibus, se hubieran modificado dos leyes importantes que protegen el medio ambiente y territorios de patrimonio nacional como lo son los parques nacionales. Se trata de la Ley de Quema y la Ley de Manejo del Fuego, las cuales, en caso de modificarse como el gobierno quiere, permitirían la venta de tierras con fines productivos, luego de haber sufrido incendios.

El martes 6 las lluvias fueron muy fuertes y ayudaron a bajar la intensidad con la que el fuego avanzaba; así mismo, tal como afirma el comunicado oficial de Parques Nacionales, “no sobrepasó las líneas de defensa construidas en las jornadas previas”.

“El mayor problema es que el viento no cesa, y no solo te mueve el fuego, sino que también te seca el combustible, es decir quita mucha humedad”, dice Miocevich. El pronóstico para los próximos días indica que tanto jueves y viernes puede haber algunas lluvias pero con viento. Por lo cual habrá que esperar hasta el fin de semana para ver si con menos viento se pueden desactivar los focos de incendio.

Lo cierto es que aquel lugar paradisíaco del Brazo Tristeza ya no volverá a ser el mismo, por ese motivo desde Parques Nacionales, como el equipo de bomberos, y mismo la gente que vive por la Patagonia, pide que se tome conciencia de no prender fuego en lugares que no está permitido. Que un simple fogón o colilla de cigarrillo mal apagada puede ocasionar un desastre natural irreversible.

El ómnibus de Milei chocó contra el Congreso

El ómnibus de Milei chocó contra el Congreso

La Cámara de Diputados levantó la sesión y luego de cinco horas de debate envió la “Ley ómnibus” nuevamente a comisiones. Si bien ya se había aprobado en general y se habían votado los primeros seis artículos del proyecto elaborado por el oficialismo, ahora volverá todo a fojas cero.

Después de que se otorgara media sanción en general por parte de Diputados el viernes último, este martes se inició la votación de artículo por artículo de la denominada “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, más conocida por Ley Ómnibus. Se esperaba que sea una jornada extensa dado que el proyecto cuenta con más de 300 artículos, pero momento antes de comenzar a tratar el capítulo referido a privatizaciones el diputado y titular del bloque de la Libertad Avanza Oscar Zago pidió una moción para que “el asunto vuelva a comisión”.

El diputado de Unión por la Patria, Daniel Arroyo, opinó en diálogo con ANCCOM que “haber insistido en sacar la ley a como diera lugar era absurdo” y que “la vuelta a comisión es razonable”.

La sesión inició con las cuestiones de privilegio luego de las 14. El primero en tomar la palabra fue Nicolas del Caño diputado del bloque de la izquierda seguido por Romina del Plá, quienes apuntaron a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la represión durante las manifestaciones en contra de la ley que se realizaron la semana pasada frente al Parlamento. Con rumores de que el oficialismo no había conseguido los votos para obtener las facultades delegas continuaron los cuestionamientos de los primeros artículos.

El diputado Pablo Carro, de Unión por la Patria por Córdoba, rechazó en su cuestión de privilegio la intervención de los medios públicos por parte del Gobierno nacional: “Los medios públicos cumplen un papel central alrededor del derecho a la información, cumplen con pactos internacionales garantizando la pluralidad y no podemos dejar en manos privadas las relaciones entre el Estado y ciudadanía”.

Pasadas las 15, Gabriel Bornoroni diputado de la Libertad Avanza fue el encargado de llamar a la votación del Artículo 1 de la Ley Ómnibus que establece la emergencia en materia administrativa, económica, financiera, tarifaria, energética y de seguridad, que fue aprobado con 134 votos afirmativos y 121 negativos, los votos en contra, como era de esperar fueron de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, los socialistas y los radicales Pablo Juliano y Facundo Manes. A su vez, también fue aprobado el artículo que establece los principios y objetivos de dicha emergencia pública.

Sin embargo, faltaban las bases de la delegación, es decir el detalle de para qué serían utilizadas esas facultades delegadas. Entonces fue votado el Artículo 3, que refería a la delegación de facultades al presidente Javier Milei y también fue aprobado con 134 votos a favor y 119 en contra, pero el oficialismo comenzó a tener problemas a la hora de sancionar algunos incisos referidos a los alcances de dicha delegación de facultades y también a la mayoría de los artículos referidos a la reforma administrativa del Estado.

El mayor conflicto se encontraba en el inciso que habilitaba al presidente a transformar o eliminar los fondos fiduciarios que existen en el país, algo que generaba rechazo entre los gobernadores. Fue así que cuando fue el turno de ese inciso, también llegó la primera derrota para el oficialismo: 112 votos a favor, 142 en contra. Lógicamente entre los votos en contra estaban lo de los Diputados de UxP y la izquierda, pero también los del bloque de Innovación Federal (misioneros, salteños, rionegrinos), la Coalición Cívica, y los cordobeses que responden a Llaryora.

Luego llegó la derrota en las delegaciones en materia de seguridad y energía. El capítulo de Reorganización Administrativa, también fue rechazado casi en su totalidad con excepción del inciso que profesionalizaba la carrera administrativa. La privatización de empresas públicas y la intervención de organismos públicos habían quedado afuera.

Frente al desguace que venía recibiendo el proyecto de ley oficialista, cerca de las 18.30 el titular del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Angel Pichetto, solicitó un cuarto intermedio de quince minutos con los jefes de cada bloque y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que se extendió por más de 30 minutos para que finalmente Oscar Zago, el titular del bloque de LLA solicite una moción para enviar el proyecto a comisiones. “Al oficialismo le encanta seguir perdiendo. Traten de receptar algunas propuestas y de ganar, siempre hay que ganar”, les había aconsejado a viva voz Pichetto unos minutos antes.

El cuarto intermedio fue pedido momento antes de la lectura del Artículo 7 que establece la privatización de empresas públicas, el diputado de UxP, Daniel Arroyo opinó al respecto: “Es evidente que para el gobierno el tema de privatizaciones era lo determinante. Eran las facultades delegadas, las privatizaciones y, en mi opinión, la posibilidad de tomar deuda, los temas centrales para el gobierno”. Además, afirmó que “está claro que iba camino a ser cualquier cosa la ley para el gobierno” debido a que se “cayó el Artículo 5 que era muy significativo y parte de la delegación de facultades”.

Uno de los temas  centrales de la discusión por parte de la oposición fue que no contaban con el dictamen final, incluso a la hora de realizar la votación en general: “Primero eran 664 artículos, después eran 525 que se aprobaron en la comisión, luego se quitaron 166. Nunca estuvo ese dictamen, algunos de esos artículos después se incorporaron cuando empezamos la votación artículo por artículo, fue muy desprolijo todo el sistema, y eso tiene que ver con que no lograban los acuerdos con los distintos bloques”, señaló Arroyo.

“Es muy difícil entenderle la racionalidad al gobierno. Primero mandó una ley absurda de 664 artículos donde incluía el tema de salud mental, la posibilidad de que los laboratorios vendieran medicamentos directamente, que los jueces tenían que usar toga y martillo, más las retenciones, más las fórmulas jubilatorias, más cómo se elegían los diputados y puedo seguir; eso es absurdo”, ratifico Arroyo. Como cuando llegó al recinto la Ley Bases, al cierre de la sesión el desconcierto era total y se desconoce cuándo se volverá con su tratamiento.