Sobrevivir al ajuste

Sobrevivir al ajuste

Compras al por mayor, endeudamiento financiero y solidaridad barrial son algunas herramientas de las clases populares para enfrentar la realidad que impone el gobierno de Milei.

Durante las cada vez más habituales crisis económicas que afectan a la Argentina, la población ha desarrollado recursos de supervivencia que se capitalizan como parte de la memoria colectiva. Sin embargo, luego de la estampida de precios ocasionada tras la última devaluación y el freno a la distribución de alimentos a comedores populares, el escenario se modificó a una velocidad que hace difícil la adaptación. Según el informe de enero del Observatorio Social de la Universidad Católica, 27 millones de personas de argentinos son pobres, el 57% de la población y un 8% más que el mes anterior. Frente a esta realidad, los sectores medios y populares necesitan actualizar sus estrategias de supervivencia.

En la actualidad, quienes pueden, se abastecen con compras mayoristas para resguardarse de aumentos futures y obtener mejores precios. Según diferentes analistas económicos, estos comportamientos traen consigo un contrapeso abrumador para la clase media y baja de la Argentina: la deuda.

En un artículo publicado recientemente en El Dipló, la politóloga e investigadora, Verónica Gago, explica cómo el “ejercicio permanente de endeudamiento y compra en cuotas se dedica a alimentos, gestionado a través de una panoplia de tarjetas de crédito, préstamos de billeteras virtuales y lugares de crédito barrial”. En su análisis de la situación social actual, Gago afirma que “la ecuación escasez-saqueo logró evitarse gracias a dos factores: las redes financieras y las redes de la economía popular organizada”.

“Yo puedo solo”

 Sin limitarse al efecto material de la crisis, Verónica Gago describe la manera en la que la deuda transforma discursivamente a los trabajadores empobrecidos en consumidores libres. Las interpelaciones individualizantes activan una «nueva racionalidad y afectividad colectiva», una de las claves para reflexionar sobre lo que la investigadora denomina «neoliberalismo desde abajo». Gago resalta la manera en que este sistema se arraiga en las subjetividades que, para avanzar, se ven forzadas a enfrentar condiciones críticas de desposesión de capital e infraestructura pública.

Esta propuesta de una salida individualizada tiene como faro al oficialismo actual, quien mejor representa a este tipo de discursividades. Actualmente, dado a la búsqueda por “transparentar la política alimentaria”, el Ministerio de Capital Humano mantiene en cero los fondos atribuidos a una parte importante de comedores y espacios comunitarios. Esta medida impacta drásticamente a un estimado de 1,2 millones de familias que viven en barrios populares.

Tras preguntarle por la situación actual, Sofía Servián, coautora del libro Cómo hacen los pobres para sobrevivir, explica cómo “la ayuda comunitaria, redes de contención o reciprocidad es lo único que explicaba en ese momento [durante el gobierno de Alberto Fernández], y más aún ahora, cómo hacía la gente para sobrevivir”. En cuanto al “sálvese quien pueda”, Servián aclara que en los barrios populares “no se pueden dar el lujo de no necesitar de nadie” y que “se ha acrecentado aún más la ayuda mutua o cooperación como, por ejemplo, ir a comer a la casa de los familiares”. 

La investigadora detalla la importancia de estos vínculos: “La red de parientes, desde lo más lejanos hasta los más cercanos, es la que sostiene en momentos difíciles. Aquellos que están en una ‘mejor’ situación económica ofrecen a los otros changas, alimentos, se prestan plata”.

Al comparar el contexto en el que fue escrito el libro (2019) y la actualidad, la investigadora destaca que en ese momento “era una preocupación no poder comer milanesas o carne más seguido, pero ahora directamente se está jugando la posibilidad de comer o no comer”.

“En la Argentina es un privilegio comer”

Según cifras del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci) se registró un aumento del 69,72% en el Índice Barrial de Precios (IBP) durante los primeros meses de la gestión de Javier Milei. Esto, traducido a los gastos de una familia tipo de cuatro personas, implica un aumento de un 66,57% en la canasta básica total y, por consiguiente, una caída rotunda de las expectativas de consumo de las clases populares.

En una charla abierta del medio Tiempo Argentino, el Padre “Toto”, de la parroquia de Caacupé del barrio de Barracas, y Dina Sánchez, secretaria adjunta de la UTEP, describieron cómo se vive en carne propia la crisis en los barrios populares.

Ambos califican a la situación como “angustiante” e “indignante” y señalaron con preocupación la falta de interés por parte de la dirigencia política actual ante «comedores desbordados”. “No tuvimos respuestas. Cerramos un 2023 sin alimentos, sin diálogo”, señaló Sánchez. “La ministra [Sandra Pettovello] no nos quiso recibir, nunca vimos a una dirigente burlarse así de la gente”, contaba la dirigente. Según Sánchez, la ministra de Capital Humano, “que de humano no tiene nada” en palabras de la entrevistada, interpeló burlonamente a quienes solicitaban alimentos con frases cómo “¿Quién tiene hambre?”, para posteriormente cerrarles las puertas. “Volvimos a una Argentina donde se discute el alimento”, concluyó.

El Padre “Toto” hizo hincapié en la situación de las mujeres en los barrios populares. “La pobreza tiene cara de mujer”, afirmó. En su intervención hizo referencia a la problemática de quienes, al tener que incrementar sus horas de trabajo, debían dejar solos a sus hijos. “Es una libertad asquerosa, es individualismo”, afirmó indignado el párroco. “Algunos pueden elegir si viajar o no, nosotros tenemos que elegir si no almorzar o no cenar”, concluyeron los entrevistados.

Los colaboradores de comedores comunitarios en el barrio Padre Mugica cuentan que “desde la llegada del nuevo gobierno aumentó la cantidad de vecinos que viene a los comedores. Muchos de ellos son jóvenes de 20/30, varones que vienen a poder comer algo, sumados a las familias numerosas que siempre hubo, al igual que madres solteras”. Este último grupo de personas, según las fuentes consultadas, “al final son las que más sufren, porque hay madres solteras que al no tener ayuda de un padre ausente no pueden darle una buena alimentación a sus hijos”. Debido a que son el único sostén económico de su grupo familiar “necesitan alimentar a su familia porque no llegan con los gastos como para gastar en carne o pollo”, afirman.

La bendición de comer

Por su parte, vecinos de la Villa 21-24 destacan la presencia de la Iglesia como factor decisivo a la hora de afrontar la crisis: “En estos mismos momentos hay un comedor de emergencia y tiene mucha demanda. Hay muchas familias en condiciones limitadas a las que les sirve mucho”, cuentan. Según algunos comentarios del barrio, la iglesia siempre ayuda a quien lo necesita, forjando una relación recíproca con la gente. “La Iglesia suele recibir ayuda, pero muchas veces no alcanza, cuando eso pasa les pide a los que puedan colaborar un paquete de fideos o lo que sea… así se sustenta día a día” relatan.

Desde las altas cúpulas eclesiásticas se ha advertido sobre la falta de apoyo a las instituciones religiosas para afrontar la crisis. Recientemente el presidente del Episcopado, Monseñor Ojea, ha hecho declaraciones sobre el deterioro en las condiciones de vida de los más pobres y de la clase media. El representante de la Conferencia Episcopal se pronunció en contra de las medidas que descontinúan la asistencia del gobierno a centros de ayuda comunitaria: “Para hacer llegar el pan a los barrios es necesario no discontinuar a los grupos ya existentes que están trabajando. Todo lo que atente a que los bienes primarios, como son los alimentos, no lleguen a nuestra gente, no es bueno”.

En este escenario marcado por la incertidumbre económica y social, la supervivencia ante el ajuste se vuelve cada vez más precaria para las clases trabajadoras. La falta de apoyo estatal a redes comunitarias agrava la crisis en los sectores más vulnerables. En este contexto, a pesar de todo, la solidaridad y la resistencia colectiva emergen como elementos fundamentales para enfrentar los desafíos venideros, aunque queda la duda de hasta cuándo se puede sostener la situación bajo estos términos.

La crisis en los comedores populares

La crisis en los comedores populares

Aumentó exponencialmente la cantidad de comensales que acuden a ellos. Sus referentes denuncian que esa tendencia no se ve acompañada de un incremento de los alimentos que reciben del gobierno. Tampoco colaboran los privados y se ven obligados a bajar la calidad nutricional.

La situación en los comedores comunitarios de todo el país se agrava día a día. Miles de familias del conurbano bonaerense y de la ciudad de Buenos Aires que ya no pueden comprar alimentos para almorzar, merendar o cenar en sus casas se suman a ellos. Ante esta situación, diversas organizaciones sociales y líderes políticos han expresado su preocupación y han exigido al Gobierno tomar medidas urgentes para resolver la crisis alimentaria.

Una fuente del Ministerio de Capital Humano, en diálogo con ANCCOM, expresa su preocupación por el impacto de los recortes: “Quienes trabajamos en estos programas por una cuestión de conciencia social, generalmente terminamos abogando por los comedores. Si se les recorta el financiamiento, no nos resulta para nada indiferente”.

Al mismo tiempo, señala que cuando visita los comedores y conversa con sus encargados, la principal preocupación es la incertidumbre. “Actualmente, el presupuesto apenas alcanza para mantener su funcionamiento”, afirma, por lo cual se le puede dar de comer a menos gente justamente cuando más personas necesitan asistencia alimentaria.

“Cuando los comedores cuentan con mayor financiamiento –agrega–, proporcionan alimentos de mejor calidad y dan mayor cantidad”. Hoy se restringen las compras de frutas y carnes y prevalecen platos como el guiso de fideos. “Anteriormente, era posible ofrecer una mayor variedad, incluyendo frutas como postres. En la actualidad, los comedores se ven limitados en su oferta, centrándose en alimentos menos nutritivos”.

La falta de alimentos en los comedores comunitarios está profundizando el hambre en áreas urbanas del gran Buenos Aires como la propia ciudad porteña. La responsable de un comedor y merendero en el barrio Barracas cuenta que ante la falta de respuestas del Gobierno también han pedido la colaboración del sector privado. “Pero lamentablemente ni las empresas nos están ayudando –dice–. Por ejemplo, para el Día de Reyes, le pedimos a Coca Cola si nos podían dar algunas gaseosas para los chicos: nos contestaron que vayamos al Banco de Alimentos, pero este te cobra”. La mujer cuenta además que cada vez se ven obligados a rechazar a más personas que se acercan al comedor.

En medio de una creciente preocupación, el dirigente social Juan Grabois presentó una denuncia penal contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por incumplimiento de sus deberes como funcionaria pública en lo que respecta garantizar la asistencia alimentaria a quienes más la necesitan, pese a contar con los recursos presupuestarios destinados para ello.

Grabois, en su cuenta de la red social X, compartió las palabras de Pettovello en las cuales afirmaba que atendería «uno por uno» a las personas que tuvieran hambre, pero luego rechazó hacerlo. “Lo que Pettovello no entiende es que garantizar los derechos alimentarios de las familias humildes, en particular de los niños, no es algo sobre lo que puedan decidir, es una obligación constitucional, una norma internacional y una ley nacional”, remarcó Grabois.

La Iglesia católica, a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina, emitió un duro comunicado en el que advirtió que “la comida no puede ser una variable de ajuste”. Incluso la CGT salió a manifestarse: “El riesgo de una crisis alimentaria con imprevisibles consecuencias está a la vuelta de la esquina”, dijeron desde la central obrera.

Los derechos de las personas con discapacidad se metieron en la agenda de campaña

Los derechos de las personas con discapacidad se metieron en la agenda de campaña

Mientras que Javier Milei anuncia ajuste a las pensiones, Sergio Massa aseguró que las personas con discapacidad «no son un número» y aseguró que forman parte de su proyecto. ¿Qué opina el director de la Agencia Nacional del sector?

En su discurso al interior del complejo Artmedia tras conocer los resultados del escrutinio de la primera vuelta electoral y nuevamente para la militancia que estaba celebrando en la calle, el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, repitió que las personas con discapacidad forman parte de su proyecto de gobierno. “No son un número”, subrayó para diferenciarse de su contrincante, Javier Milei, que habló de ajustar las pensiones. Pero, ¿cuáles son los ejes centrales de la agenda en materia de discapacidad? En diálogo con ANCCOM, el director del Observatorio de la Agencia Nacional de Discapacidad, Germán Ejarque, contó sobre el nuevo proyecto de ley.

“Se postergaron por décadas las necesidades de un colectivo invisibilizado”, según afirmó Ejarque. Con un proyecto de ley que espera ser presentado en el Congreso de la Nación, problematizó sobre la falta de políticas públicas para esta parte de la población, entre las que destaca la necesidad de más apoyo para una vida independiente, el acceso a viviendas y mayor cupo laboral.

Sólo el 32,2% de este sector tiene empleo, según el último estudio nacional sobre el perfil de las personas con discapacidad elaborado por el INDEC. El cupo laboral se aplica únicamente en el ámbito público, con una reserva al menos a un 4%. Sin embargo, el también contador público insistió que “históricamente no se ha cumplido”. 

Ejarque explicó que hay un proyecto de ley que fue impulsado por el gobierno nacional, elaborado tras una consulta pública, que contempla el cupo laboral para discapacidad también en el sector privado. Desde el sector, buscan la sanción de una nueva normativa sibre discapacidad que reemplace la Ley 22431, ya que esta fue aprobada en 1981 por la última dictadura militar y, según el sitio oficial del Gobierno, entiende a la persona como un “sujeto de cuidado y no como sujeto de derecho”.

El candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, luego de quedar primero en la primera vuelta de las elecciones y entrar en el balotaje, aseguró que buscará conformar un gobierno de unidad nacional que promueva más inclusión. Entre los diversos grupos aludidos  en su discurso mencionó a las personas con discapacidad «porque no son un número». Previo a las elecciones ya había advertido que «hay que eliminar la incompatibilidad entre la pensión por discapacidad y el mundo del trabajo». Se espera que cuando Alberto Fernández vuelva de su gira por China emita un decreto sobre esta cuestión.

“Este colectivo fue postergado porque no salió, se quedó en casa y no por decisión propia, sino porque la sociedad no lo estaba incluyendo”, advirtió el director del Observatorio. También cuestionó el uso de términos relacionados a la discapacidad como insultos por el partido La Libertad Avanza y las políticas de recortes en las pensiones que buscan aplicar en su afán por el ajuste. En su plataforma electoral, Javier Milei proyecta realizar una «reforma previsional para recortar el gasto del estado en jubilaciones y pensiones», agregó Ejarque.

“Las pensiones son totalmente insignificantes en cuanto al monto”, sostuvo Ejarque. Esta asignación siempre es el 70% de una jubilación mínima y en octubre de 2023, tuvo un valor de 61.221 pesos, al que se le agregó un bono de 37.000. También reclamó que es en este indicador y en el programa de salud donde los gobiernos de derecha deciden hacer ajustes, mientras recordó cuando en 2017 el expresidente Mauricio Macri eliminó 160.000 pensiones por invalidez “con medidas totalmente arbitrarias”. 

Ejarque también resaltó que la verdadera traba que se presenta para las personas que desean involucrarse en el mundo laboral es la incompatibilidad expresada por la Resolución 36/2021, la cual afirma que los titulares de pensiones que accedan a un empleo formal verán suspendido temporalmente el beneficio, y no caducado. “Hay empresas que quieren contratar a una persona con discapacidad y se encuentran con que están cobrando una pensión no contributiva. La persona, ante la incertidumbre propia del mercado laboral y el miedo de perder esta asignación, decide no ingresar en un trabajo”, concluyó.

Sobre las condiciones de vida, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 26.378) dispone el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. El  funcionario aseguró que desde el colectivo luchan hace años para mejorar políticas públicas que garanticen la aplicación de la legislación y contó que la autonomía es una preocupación a largo plazo que tienen las familias y los padres de hijos pertenecientes a este sector.

Ejarque enfatizó que las políticas públicas de apoyo a la vida independiente y el acceso a la vivienda colaboran con la creación de puestos de trabajos y evitan la situación en que una persona con discapacidad quede institucionalizada en hogares o geriátricos tras quedar sin amparo familiar.

El 10,2% de la población argentina tiene algún tipo de discapacidad, según el último estudio de INDEC. Por eso, se impulsa la promoción de asistentes personales que puedan colaborar con las actividades de la vida diaria de este colectivo, donde el eje sean las actividades de interés de la propia persona y no únicamente el cuidado de la salud, diferenciando la figura de un asistente terapéutico. 

Si bien aún hay dificultades, el responsable del Observatorio aseguró que en la cuestión laboral hay muchas empresas que están dando un efecto contagio al incluir a personas con discapacidad. Además, herramientas como el teletrabajo y la virtualidad facilitaron el acceso al ámbito laboral, a la vez que cada vez hay más oportunidades disponibles para el colectivo.

Ahora resta esperar a la segunda vuelta para que las personas discapacitadas encuentren en la promesa de Massa la sanción de un proyecto de ley que mejore su calidad de vida 

De la agricultura al agronegocio | Estuve ahí

De la agricultura al agronegocio | Estuve ahí

Durante los 40 años de democracia, Gustavo Grobocopatel se convirtió en el mayor sembrador de soja de la Argentina. Su modelo de negocios cambió para siempre la forma de trabajar el campo en el país. ¿Cómo fue la relación de los distintos gobiernos con el sector agrario?

40 AÑOS – COMUNICACIÓN Y DEMOCRACIA (1983 – 2023)

ANCCOM –junto a la Carrera de Ciencias de la Comunicación y a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA- lanza Estuve ahí, un ciclo de entrevistas audiovisuales a los protagonistas de estos 40 años de democracia que celebra la Argentina.

 

La serie recorre los temas más trascendentes que tejieron la trama social desde 1983: los derechos humanos, la vida política, el mundo del trabajo, la economía, la deuda externa, la vivienda, los pueblos originarios, el campesinado, las luchas de género y diversidades, el ambientalismo, la cultura y el mundo de la comunicación, entre muchos otros.

Cada conversación constituye un verdadero diálogo intergeneracional entre los jóvenes periodistas de la agencia y aquellos que escribieron la historia.

Estrenamos todos los lunes! La primera, que estará disponible el próximo 28 de agosto, será a Estela Barnes de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Entre los entrevistados se pueden mencionar a Adolfo Pérez Esquivel, Estela Carlotto, León Arslanián, Héctor Recalde, Federico Pinedo, Gustavo Grobocopatel, Mercedes Marcó del Pont, Daniel Arroyo, Dora Barrancos, Myriam Bregman, Juliana Di Tullio, Ana Castellani, Noemí Brenta, Luis Felipe Noé, Daniel Divinsky, Eduardo Longoni, Moira Millán, el padre Pepe Di Paola, Flavio Rapisardi, Emilce Moler, Manuel Goncalvez, Gervasio Muñoz, Enrique Viale y Damián Loreti, por mencionar solo algunos.

Créditos

ANCCOM
Equipo Audiovisual: Eduardo Morales ? – Jairo García – Noelia Pirsic
Producción Periodística: Diego Rosemberg, Sebastián Comellini, Clarisa Veiga, Ángel Berlanga, Cecilia Chervabaz, Esteban Magnani, Guillermo Wulff, Alejandro Cánepa, Horacio Cecchi, Adriana Meyer, Federico Corbiere.
Producción Fotográfica: Victoria Gesualdi y Leandro Teysseire.
Redes y Contenidos Digitales: Julio Alonso, Estefanía Hernández e Ian Werbin.
CEPIA
Florencia Mendes, Javier Ildarraz, Gustavo Intrieri, Nadia Rebrij, Florencia Canosa, Juan Lescano, Jorge Pinola.
Autoridades CCOM
Larisa Kevjal – Directora
Dolores Guichandut – Secretaria Académica | Sebastián Ackerman – Coordinador Técnico | Yamila Campo – Coordinadora Centro de Prácticas
Equipo de trabajo
Lucía Thierbach, Grisel Schang, Paula Morel, Emilia Silva y Sebastián Comellini