Dic 16, 2015 | inicio
La casa de la calle Franklin 943, ubicada en el centro geográfico de la Ciudad de Buenos Aires, es una construcción antigua y en los últimos treinta años cambió varias veces de propietario. Cuenta con un garaje y una puerta en el frente. La puerta tiene un vidrio espejado que no permite ver hacia adentro. Según el padrón electoral, hay dos personas que tienen radicado allí el domicilio. ANCCOM se trasladó hasta la vivienda con una sola pregunta: ¿Cómo es vivir en un ex centro clandestino de desaparición de personas? La persona que vive ahí no quiso hablar ni dar declaraciones. Enojado, preguntó si lo buscaban «por lo de los desaparecidos». Respondió que él no sabía nada y que en los tiempos de la dictadura la casa pertenecía a otros dueños.
La historia del Centro Clandestino Casa Franklin, ubicado en el corazón del barrio de Caballito, no es muy conocida, quizá porque existe uno solo sobreviviente: el periodista y escritor Sergio Bufano.
Bufano militó en su adolescencia, allá por los años sesenta, en la Juventud Comunista y luego se incorporó al Movimiento de Liberación Nacional. Ya en los años de la dictadura de Juan Carlos Onganía se sumó a las Fuerzas Argentinas de Liberación y hacia mediados de la década de 1970 se integró a la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO).
En 1976, Guillermina Elsa Carlota Santamaría Woods también militaba en OCPO. La vida de ambos iba a cambiar en la mañana del 8 de julio de ese año.
«Quedamos en encontrarnos en Aguirre y Estado de Israel, Villa Crespo, para discutir cosas de la organización, sobre las próximas actividades y demás cosas. Le pedí que nos tomáramos un taxi y fuéramos a Puente Pacífico porque después tenía otras reuniones. El taxi dobló por Aguirre, alcanzó a hacer dos cuadras… y yo miré para atrás. Era una costumbre. No sé si eso aceleró lo que iba a ocurrir».
En ese preciso momento, se les cruzó un auto y otro se les pegó de costado. El taxista frenó y los apuntaron con una Itaca. Desconocidos comenzaron a golpear el techo del taxi con pistolas. «Nos sacaron a cada uno por una puerta distinta», recuerda Bufano. Los golpearon, y se escuchó un disparo. «Estaban muy nerviosos, a uno se le escapó un tiro», relata Sergio, que alcanzó a distinguir un acento alemán entre sus secuestradores.
Los encapucharon, los subieron a un auto, uno encima del otro en el asiento de atrás, y los llevaron a Casa Franklin. Entraron por el garaje y subieron una escalera.
«Apenas entramos, nos golpearon mucho. Se me ocurrió, a pesar de que nunca lo había pensado, imitar a un cardíaco. Me dejé caer y dije que sufría del corazón». Sergio dijo necesitar «Coramina», un remedio para cardíacos y –quién sabe por qué- le creyeron. «Ahí empezó la sesión de tortura de Guillermina».
La llevaron a la habitación contigua y la torturaron con una picana. Según el relato de Bufano en el expediente del Archivo Nacional de la Memoria, pudo verificar las torturas «al interrumpirse el sonido de la radio por la baja de tensión coincidentes con los gritos».
Como los alaridos se escuchaban, los represores volvieron a la habitación donde se encontraba Sergio y encendieron un tocadiscos. Pusieron uno de los primeros discos de Mercedes Sosa a todo volumen. «Durante muchos años no pude escuchar más a Mercedes Sosa, que a mí me encantaba», se lamenta el sobreviviente.
A Sergio lo golpearon hasta que vomitó dentro de la capucha. Sus secuestradores le dijeron que habían salido a comprar pastillas de Coramina. Le sacaron la capucha, le pusieron una venda y le dieron las pastillas. «Me sentaron en una silla y, como no podía respirar, me sacaron las esposas».
En un momento, paró la tortura a Guillermina. «Algo dijo. Un dato falso, porque nunca cayó nada por parte de ella. Escuché que salían y ruidos de armas largas. Se quedaron dos, creo, conversando con Guillermina».
Uno de los dos represores iba y venía entre las habitaciones. Pasaron más horas. En un momento, cuando sintió que estaba solo, Sergio se levantó la venda y vio aquella casa de la calle Franklin por dentro. Parecía abandonada. Había un colchón en el suelo de madera, diarios viejos, una radio y el tocadiscos. Se puso la venda de vuelta, y nuevamente entró su secuestrador. Cuando salió de vuelta, Sergio se levantó y caminó hasta el pasillo donde habían entrado. «Buscaba una pistola. Mi idea era suicidarme. No se me cruzaba por la cabeza la idea de la fuga», recuerda. Llegó a las escaleras. Se encontró con un patio con paredes muy altas, imposible de saltar. Bajó las escaleras. Vio una puerta cerrada con llave. Llegó al garaje. Había un Fiat 600, que inspeccionó para buscar algún arma. Fue en ese instante que notó que la puerta del garaje estaba cerrada con un destornillador cruzado entre las manijas. Lo sacó y logró escapar. Llegó hasta el Cid Campeador lleno de sangre y se tomó un colectivo por Gaona. Al chofer le dijo que había sufrido un accidente.
Esa noche, Sergio volvió a Casa Franklin con sus compañeros. Armados. Su idea era rescatar a Guillermina. Pero ya no había nada ni nadie. La puerta seguía semiabierta. Una vecina, que vivía justo enfrente de la casa, declarará años después que esa noche escuchó movimientos y ruidos de sirenas. Esa misma vecina aportó que «los ocupantes de la finca habían practicado una abertura que posibilitaba el acceso directo al interior del inmueble desde el garaje. Hasta entonces, la abertura no existía y cuando dejaban el vehículo en el garaje debían salir a la calle para entrar a la casa por la puerta principal». Según otros vecinos, también habían elevado la medianera del fondo de la casa, como consta en el expediente del Archivo Nacional de la Memoria. Los compañeros de Guillermina siguieron pasando por la casa de la calle Franklin durante los siguientes días, pero ya no había nada.
Según Sergio, la misma vecina que vio movimientos extraños le había comentado a su marido que «en esa casa pasaban cosas raras». Su esposo, entonces, consultó con un amigo de la Comisaría 11, que estaba a pocas cuadras de Casa Franklin. ´Ni te acerques, no te metas, olvidate de ese asunto’, le contestó el policía. Pero ella no resistió la tentación, se acercó días después del escape de Sergio y pudo constatar que la propiedad ya estaba abandonada.
Bufano se exilió en México, donde realizó la denuncia en la Organización de las Naciones Unidas. Volvió recién en 1983, tras la asunción de Raúl Alfonsín como presidente electo democráticamente.
El Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado dice que Guillermina fue llevada a Campo de Mayo, al «Campito», donde hizo tareas de limpieza. En 1977, pasó a la ESMA. Según la declaración de un sobreviviente de ese centro clandestino de detención y exterminio, Guillermina estaba embarazada de tres meses cuando la secuestraron. No se sabe qué pasó con su hijo. Estos relatos hacen presuponer que la casa de la calle Franklin era un centro clandestino de detención de tránsito.
Los antiguos propietarios
Una de las particularidades de la casa de la calle Franklin es que, según consta en los expedientes judiciales, pertenecía a una familia de apellido Río, la misma que era propietaria del inmueble donde funcionaba el ex centro clandestino Virrey Cevallos, hoy recuperado y convertido en sitio de memoria.
“La casa de Virrey Cevallos era propiedad de los hermanos Río que oficiaban de testaferros de las Fuerzas Aéreas», informó a ANCCOM Osvaldo López, sobreviviente y coordinador de ese sitio de memoria.
Del Archivo Nacional de la Memoria surgen varias coincidencias entre Casa Franklin y la de Virrey Cevallos. El modus operandi sería el mismo, ya que el aparato represivo de la Fuerza Aérea necesitaba centros clandestinos de detención (CCD) «satélites de corta duración (…) que se hallasen en la zona de Capital para extraer rápidamente información a los secuestrados, y luego derivarlos a otros CCD por tiempo prolongado».
El documento «Huellas de una casa. Informe sobre el ex CCDTYE Virrey Cevallos» señala que el trabajo de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA), que en un momento funcionó en la Séptima Brigada Aérea, consistía en enviar allí grupos de personas y torturarlas, apenas eran detenidas. «El objetivo era obtener así ‘información fresca’ (lograr que ‘canten’) acerca del paradero de sus compañeros de militancia u otras cuestiones. Aplicando rápidamente picana eléctrica, submarino seco u otros tormentos, habían dicho los jefes en el curso del Edificio Cóndor, se evitaba que los militantes todavía libres notasen la desaparición de un compañero y escaparan de los lugares que frecuentaban habitualmente. Luego de ello, los militantes eran secuestrados y mantenidos ilegalmente en cautiverio en los CCDTyE por el lapso de días, meses o incluso años», detalla el informe.
Caso Franklin. Testimonio de Sergio Bufano. Secuestrado y torturado en casa Franklin. Buenos Aires.
¿Por qué no está señalizada?
Desde afuera, hoy la casa de la calle Franklin parece una casa cualquiera. Nadie vinculado a la reconstrucción de la memoria o la justicia volvió a ingresar luego de que se cerrara, sin muchos avances, la causa que investigaba el caso de Sergio Bufano. Ni siquiera a él se le permitió entrar: reconoció la vivienda por fotos.
«La Dirección de Sitios de Memoria es un organismo que tiene a su cargo las políticas relacionadas a los sitios de memoria en el marco de la Ley 26.691, de 2011, que declara sitios de memoria del terrorismo de Estado a todos los lugares que fueron centros clandestinos de detención o tuvieron algún tipo de vinculación con hechos de terrorismo de Estado», explica Gonzalo Vásquez, coordinador de la Red Federal de Sitios de Memoria en diálogo con ANCCOM. La Ley 26.691, según Vásquez, garantiza la preservación de todos los sitios para facilitar las investigaciones judiciales, así como también la señalización y difusión de esos lugares.
Sin embargo, la casa de la calle Franklin no está señalizada. «No podemos hacerlo porque es una propiedad privada. En otros casos lo hemos hecho, pero generando instancias de negociación con los propietarios o en vía pública. Como en los casos de Ledesma o la planta de Ford», señala Vásquez.
Actualmente, hay 129 lugares señalizados y para fin de 2015 serán 135. El mapeo total de centros clandestinos de detención y otros lugares de reclusión ilegal del terrorismo de Estado en Argentina entre 1974 y 1983 suma actualmente un total de 762. El proceso de señalización incluye un trabajo territorial con las organizaciones y las autoridades. «Es muy riguroso el procedimiento. Tiene que haber aunque sea un testimonio que dé cuenta de ese lugar, que ese lugar pueda ser identificado», señala.
«Señalizar no es ir a poner un cartel. Es generar un hecho político con un trabajo donde el Estado se acerca al territorio, participan todos los actores en un ida y vuelta muy fluido. Lo que hacemos es comprometer a los estados locales», subraya Vásquez. El trabajo de la Dirección tiene como base esos vínculos con las organizaciones sociales y secretarías de Derechos Humanos de cada provincia.
El mapeo es exhaustivo. Aparece cada lugar donde se produjo una reclusión o detención ilegal, o donde hubo torturas o maternidades clandestinas. «Lo que importa es qué función cumplió cada uno en el entramado general. Queremos que se entienda el sistema represivo». En ese sentido, Vásquez aclara que en los relatos no hacen hincapié en el morbo o en el horror. «No es el eje del relato. Tampoco es que se oculta, se habla todo el tiempo de la aplicación de torturas, pero no nos detenemos en los detalles de lo que implicaba la tortura, sino en el sentido político de obtención de información para perseguir a nuevos militantes, generar terror, la deshumanización de las víctimas que generaban los campos de concentración».
«Ojalá se pudiera recuperar», desea Sergio y confiesa: «Esto por ahí me impulsa a ir algún día y tocar timbre».
Caso Franklin. Testimonio de Sergio Bufano. Secuestrado y torturado en casa Franklin. Expediente, fotografías de la casa donde fue secuestrado.
Gonzalo Vásquez (Coordinador de la Red Federal de Sitios de Memoria) en la Ex Esma en Buenos Aires.
Dic 7, 2015 | inicio
El mapa interactivo de la ciudad dejó de tener un sector gris en el lugar donde deberían estar las calles de las villas y asentamientos. En conjunto con referentes de juntas vecinales, organizaciones políticas y habitantes de diferentes barrios, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y Wingu Tecnologías Sin Fines de Lucro desarrollaron un mapa digital y de código abierto en el que figuran calles y pasillos que habían quedado excluidos de la cartografía oficial porteña. La idea del proyecto es que a partir de ahora los habitantes de los lugares mapeados puedan consultar el estado de obras de urbanización o reparaciones y, si estas están frenadas, usar la plataforma «Caminos de la Villa» para hacer los reclamos correspondientes.
Rosario Fassina se desempeña en el Área de Derecho a la Ciudad de ACIJ. La organización trabaja desde hace más de diez años en distintos casos ligados a problemas habitacionales como el acceso al suelo, desalojos, inquilinatos, déficit habitacional y otros proyectos el de Caminos de la Villa. “Se trata de una herramienta digital. Surgió a finales de 2013 con la idea de geolocalizar las problemáticas de la villa y mantener un control y monitoreo de las obras públicas. La idea es hacer pública información que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no da a conecer respecto de la falta de urbanización y el estado de obras”, explicó Fassina a ANCCOM.
Para realizar la plataforma, la organización necesitaba cargar los mapas de las villas al de la ciudad. Sin embargo, según relataron a ANCCOM los integrantes de ACIJ, no pudieron acceder a ninguna información digitalizada. Luego de visitar la Secretaria de Hábitat y Ciudad sólo encontraron que había mapas en el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) que estaban hechos en papel e incompletos. “Ahí dijimos: antes de la plataforma hace falta mapear los barrios”, contó Fassina.
Villa 20 en la ciudad de Buenos Aires.
El proyecto contempló el mapeo de cinco villas: Los Piletones, Villa 20, Fátima, la 21-24 y Zavaleta. La representante de Acij explicó que el primer paso fue comunicarles “a los vecinos, las juntas vecinales y la gente que se iba sumando la idea general. Con referentes barriales que ya conocíamos realizamos grupos de trabajo e hicimos recorridos con GPS de cada lugar de los barrios. Caminamos todos los pasajes”, agregó la representante del Área de Derecho a la Ciudad de ACIJ.
“Hubo mucho impacto, sorpresa de que alguien quisiera que figuráramos en el mapa”, manifestó Cristian Heredia, referente de la Junta Vecinal de la 21-24 en diálogo con ANCCOM. En la cartografía porteña, las villas “eran baldíos gigantes. Es importante el reconocimiento. Pasamos de ser una zona gris a formar parte de la trama de la ciudad, lo cual es ser reconocido como existente. Lo más importante es que no somos un espacio gris, somos parte de la Ciudad. Es sólo un paso en el largo camino para cumplir los derechos de quienes vivimos en las villas”, explicó Heredia.
A medida que se hacía el trazado, la información obtenida se cargaba a la página. «El trabajo se hizo con referentes del barrio, se llevaba a los vecinos y ellos corregían los errores o lo que quizás les parecía que no tenía que figurar, como puertas de la casa”, explicó Fassina y agregó: “Una vez generados los mapas los cargamos a la plataforma y empezamos a pedir información de obras a todas las áreas del Gobierno de la Ciudad, las subimos y empezamos a capacitar a los vecinos para que puedan hacer uso de este servicio. Fueron ellos mismos quienes eligieron el nombre de la plataforma Caminos de la Villa.
Villa 20 de la Ciudad de Buenos Aires
«Los mapas que generamos son en código abierto, están en Open Street Map donde todos pueden colaborar o exportar recorridos y tomarlos para su mapa, a veces incluso poniéndolos en código cerrado como hizo la Ciudad con el mapa interactivo», contó Rosario. Actualmente, «el mapa de la ciudad cuenta con los trabajos que hicimos y la Ciudad está completa. Hace un mes y medio ya se puede ver en el mapa interactivo las 36 villas y asentamientos de la ciudad. Aun nos falta un sistema oficial para sistematizar los reclamos de obras con el 147 pero estamos en diálogo con el Gobierno de la Ciudad para ello», remarcó Fassina.
Hasta la existencia de Caminos de la Villa, los barrios y asentamientos figuraban exclusivamente como bloques gigantes rodeados por las calles principales. La mayoría de los mapas o GPS los califican como zonas peligrosas e indican varias cuadras antes maniobras para evitarlos. «Si bien en los GPS que son de empresas privadas no está bueno que las villas aparezcan como zonas peligrosas, hasta que el Estado no reconozca a los barrios como tales, no podemos exigir a un privado que lo haga. El objetivo es que todos los reclamos que se suban a Caminos los pueda canalizar el Gobierno de la Ciudad, pero además es un primer avance en el todo general que es la necesidad de garantizar la igualdad de derechos para los habitantes de las villas y asentamientos», concluyó la representante de ACIJ.
Villa 20 en la ciudad de Buenos Aires.
Dic 7, 2015 | destacadas
Hace un año y tres meses, la unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal del Chaco inició una investigación sobre la Masacre de Napalpí, crimen donde murieron al menos 400 personas de las comunidades Qom y Mocoví, con el objetivo de llegar a juicio para que se la juzgue como crimen de lesa humanidad.
El hecho
En 1924, la Reducción Napalpí (a 120 kilómetros de la ciudad de Resistencia) albergaba a las comunidades Qom y Mocoví, quienes eran obligadas a trabajar en las plantaciones de algodón en condiciones de semiesclavitud. Les pagaban con alimentos vencidos y ropas usadas, además de los maltratos que sufrían todos los días. Como si esto fuese poco, el gobierno de entonces quiso instalar un impuesto del 15% de lo percibido, lo cual llevaría la situación de pobreza a una extrema hambruna. Ante esto, las comunidades decidieron partir hacia las provincias de Salta y Jujuy para trabajar en los ingenios azucareros. El entonces gobernador Fernando Centeno les prohibió abandonar el territorio y, ante la persistencia indígena, ordenó la represión. El 19 de julio de 1924, alrededor de 130 policías llegaron a la Reducción Napalpí y dispararon con rifles. Alrededor de 400 personas murieron, entre ellos mujeres, niños y ancianos. Los que habían sobrevivido a las balas, luego fueron degollados.
A la ferocidad del ataque se le sumó la conspiración de los diferentes poderes del Estado para encubrir el hecho a través de una versión oficial asentada en el expediente. Se dejó establecido que el suceso se había tratado de un enfrentamiento entre Tobas y Mocovíes con un saldo de cuatro muertos. Al mismo tiempo, los medios de la época se hicieron eco de la versión oficial, con la excepción de El Heraldo, único diario que llevó adelante una investigación y denunció la matanza. Hubo también un fiscal que planteó que en el expediente faltaba la versión de los sobrevivientes y solicitó formalmente la exhumación de los cadáveres para profundizar la investigación. Su compromiso le valió un traslado a la provincia de Entre Ríos, con lo cual fue separado de la causa. Desde entonces, la masacre de Napalpí permanece impune.
En diálogo con ANCCOM, Diego Vigay, actual fiscal de la causa, explica que el hecho se enmarca en un “contexto de genocidio de los pueblos originarios en todo el país” y que existió un “trasfondo económico, étnico, ideológico y cultural” que avaló la masacre. Sin embargo, el hecho no tuvo la trascendencia ni la cobertura mediática de otras matanzas. Para Vigay, esto se debe a los prejuicios que circulan socialmente en torno a las comunidades de los pueblos originarios: “Tiene que ver con una cuestión cultural, con una mirada blanca de lo que han sido los genocidios”.
La masacre de Napalpí se inserta en un contexto histórico donde ese tipo de acciones contra los pueblos originarios eran moneda corriente. No era una práctica aislada sino sistemática llevada a cabo en conjunto por el poder político y los terratenientes. Al respecto, Vigay explica que la Reducción Napalpí “había sido creada con el objetivo de concentrar a las comunidades de los pueblos originarios del Chaco para adueñarse de esas tierras” y que esto se relaciona con que “el territorio del Chaco pasó a ser proclive a la plantación de algodón”, lo cual “se vincula a nivel mundial con la necesidad de la vestimenta de buena parte de los obreros que se iban incorporando a las fábricas en la época de la revolución industrial”.
Napalpí (a 120 kilómetros de la ciudad de Resistencia) albergaba a las comunidades Qom y Mocoví, quienes eran obligadas a trabajar en las plantaciones de algodón en condiciones de semiesclavitud.
El silencio
Una de las consecuencias que dejó la matanza de Napalpí es un profundo silencio en la comunidad alrededor del hecho. Silencio que responde tanto a una necesidad de olvidar para poder seguir adelante como a una fuerte presión social. Juan Chico es miembro de la comunidad Qom y, llevado por la necesidad de entender aquel hecho atroz, inició una investigación y escribió el libro “Napalpí. La voz de la sangre”. Para él, las matanzas de Napalpí y de El Zapallar, ocurrida en 1933, “marcaron profundamente la identidad, la historia y la memoria de la vida” de la comunidad. Por eso, resulta difícil hablar. A esto se le suman los estereotipos y prejuicios que circulan socialmente acerca de los pueblos originarios: “En la sociedad hay instalada una mirada y un estigma sobre los pueblos indígenas que identifica al indígena con el vago, el haragán, el que no quiere trabajar”, explica Chico y continúa: “La gente piensa que los indios están buscando venganza y no pasa por ahí, no hay rencor, los viejos quieren contar lo que pasó con cierta esperanza de que se haga justicia”.
Una de las cosas que más le impactó a Chico al comenzar su investigación fue el silencio que había alrededor del tema. Los viejos “nos decían que había que tener cuidado con lo que se habla. Fue tan fuerte ese miedo que quedó instalado. Lo que me impactó era el temor de hablar de Napalpí. Estaba prohibido, era un tema tabú. La comunidad, para sobrevivir, no hablaba”. Sin embargo, Juan Chico pudo más que ese silencio y logró llevar a cabo su investigación. Cuenta que había muchas otras investigaciones pero que se caracterizaban por tener una “mirada foránea y lastimera sobre el indígena”. Por su parte, Chico quería reivindicar la lucha de los pueblos y remarcar la importancia de los testimonios de los viejos.
La investigación
Diego Vigay es el fiscal a cargo de la investigación y cuenta con el apoyo de los fiscales federales Carlos Amad, Federico Carniel y Patricio Sabadini. Vigay cuenta que han recabado mucho material durante el proceso de investigación: “Una serie de investigaciones y de publicaciones alrededor de Napalpí que se complementan unas a otras, documentos históricos, expediente judicial y administrativo, diarios de la época, sesión de la Cámara de Diputados donde hubo una interpelación al ministro de esa época y, a la vez, existe una serie de investigaciones científicas que tienen que ver con una prueba de contexto. Hay mucho trabajo de investigación hecho alrededor de Napalpí, lo cual a nosotros nos facilitó mucho la tarea”.
El único sobreviviente es Pedro Balquinta, quien tiene 107 años y ya ha prestado declaración ante la fiscalía. Además, han incorporado los testimonios de Melitona Enrique y Rosa Chará, “a través de la voz de sus hijos”. Debido a la cultura del relato oral, esos testimonios “eran la voz de su madre contando lo que había padecido en la masacre”, explica Vigay.
En este momento, Vigay y sus colaboradores han incorporado los testimonios y la documentación relevada en la investigación y sólo les falta alguna prueba más: “Una cuestión es la posibilidad de exhumar las fosas comunes, eso se puede realizar”. Después queda presentar la causa ante un juzgado federal “solicitando que se lleve adelante un juicio por la verdad”, enfatiza Vigay.
Un juicio simbólico
La matanza de Napalpí no tuvo el tratamiento judicial necesario pero ya no quedan culpables vivos. Por eso es que la fiscalía plantea llevar adelante un juicio por la verdad, que “es la herramienta válida para juzgar un crimen de lesa humanidad donde no tenemos imputados vivos”, sostiene Vigay y explica: “El juicio por la verdad es un juicio sui generis. La idea es que el juicio pueda ser oral y público y que se puedan traducir los testimonios, que puedan hablar los investigadores, que se pueda leer la documentación, que exista una sentencia de la justicia federal que pueda reconstruir los hechos y el contexto económico y cultural, que la comunidad pueda conocer la verdad de lo sucedido”. En definitiva, “trasuntar en una reparación simbólica a los pueblos originarios”.
Sin embargo, no todos los miembros del Poder Judicial ven con buenos ojos la realización de este tipo de juicios, ya que argumentan que ha pasado mucho tiempo y que implica volver a abrir una herida. “Pero a la par uno encuentra funcionarios con sensibilidad, que entienden que estamos ante crímenes de lesa humanidad y que hay una obligación del Estado de juzgarlos”, cuenta Vigay. Además, plantea que si existe un proceso de juzgamiento de los crímenes de la última dictadura, debería también haber uno de los crímenes contra los pueblos originarios. “Tenemos mucha expectativa en que funcionarios con una sensibilidad especial puedan llevar adelante este juicio por la verdad”, dice.
Para Juan Chico, esa posibilidad “es un anhelo” porque “tiene que ver con un cambio cultural”. Agrega que existe una gran resistencia a que se juzgue como crimen de lesa humanidad porque hay “sectores que todavía no ven a los indígenas como personas sujetas de derechos”. Para Chico se trata de “una justicia muy conservadora, que siempre estuvo al servicio de determinados intereses y que fue cómplice de lo que pasó en la dictadura”. Por lo tanto, el juicio por la verdad “va a marcar un antecedente para seguir pensando el futuro y que las nuevas generaciones realmente nos vean como personas con nuestra diversidad cultural”. Para los miembros de la comunidad es esperanzador. “El tiempo histórico y político que vive el país hace que podamos hablar de estas cosas”, concluye Chico.
“La gente piensa que los indios están buscando venganza y no pasa por ahí, no hay rencor, los viejos quieren contar lo que pasó con cierta esperanza de que se haga justicia”, dice el fiscal Diego Vigay.
El cambio cultural
Para Juan Chico, “el exterminio de los pueblos indígenas fue una cuestión de Estado”. Así, “la única forma de reparar el daño también tiene que ser una política de Estado”. Esto va a llevar tiempo pero lo fundamental es el cambio cultural, es decir, “ver al indígena como sujeto de derechos, porque durante mucho tiempo fue objeto de estudio. A lo que apostamos es a un cambio cultural, que todos tengamos igualdad de oportunidades y de derechos”. En tanto, para Diego Vigay, las dos palabras que resumen la masacre de Napalpí son “sangre y dinero”.
Textuales
En el marco de la investigación, prestaron declaración los hijos de Rosa Chará y Melitona Enrique, sobrevivientes de la masacre. Como parte de la tradición oral que forma parte importante de la cultura de los pueblos originarios, la fiscalía entendió que ellos pueden dar testimonio en función de lo que han escuchado de sus padres.
Sabino Irigoyen, hijo de Melitona Enrique, contó: “Una mañana muy temprano era sábado, casi al salir el sol, vinieron los policías (…) y empezaron a tirar y a matar. Tiraban todos juntos. No le dieron tiempo a salir. Muchos murieron con la primera descarga. Tiraban sin ninguna contemplación. Había ancianos, niños, jóvenes, mujeres embarazadas. Los heridos trataban de correr. La policía avanzaba y seguía tirando, para aniquilar, para fundirle a todos los que estaban haciendo el reclamo…”
Mario Irigoyen, hermano de Sabino, narró: “Los que se escaparon se iban al monte. Mataron como 400 o 500 según lo que contaban mis padres. (…) Mi madre y sus padres estuvieron escondidos en el monte y no podían salir por los policías que los estaban siguiendo, no se podían acercar a la toldería. Le jugaron a mi pueblo, no les dejaron enterrar cristianamente a mis seres queridos, bajaban los pájaros que comen los cadáveres. Es algo muy triste esta historia por eso no quiero casi hablar. A los caciques les sacaron los testículos, las orejas, le hicieron trofeos. Todo esto me contaron mis padres…”
Carmen Delgado, hija de Rosa Chará, relató: “ Los hombres de la familia (…) fueron tomados como rehenes y le hicieron hacer los pozos para enterrar los cadáveres. En las fosas enterraban a niños, mujeres, hombres asesinados de las etnias toba, mocovíes y también algunos los criollos. (…). Asesinaron como a 450 aborígenes y algunos criollos pedían compasión pero que los mataban igual…”.
Dic 2, 2015 | inicio
“Informamos la restitución de otro nieto, el caso número 119 que logramos resolver”, anunció Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo. Minutos después del inicio de la conferencia de prensa, destacó que esta es la quinta vez que una madre puede recuperar a su hijo apropiado durante la dictadura. En este caso, Sara había sido secuestrada en julio de 1975 en Tucumán: fue de una comisaría a la Jefatura de la Policía Provincial y luego a la Cárcel de Villa Urquiza, donde la mantuvieron secuestrada en calidad de detenida-desaparecida. En ese mismo lugar dio a luz entre mayo y junio de 1976. Apenas alcanzó a escuchar el llanto de su bebé cuando un enfermero se lo llevó. En noviembre de ese mismo año fue liberada.
Décadas más tarde, en 2004, Sara se puso en contacto con la Secretaría de Derechos Humanos de su provincia. Dos años después, llegó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) comenzó una investigación sobre el caso. En 2007, su sangre fue ingresada al Banco Nacional de Datos Genéticos. Claudia Carlotto, titular de la CONADI, explicó a ANCCOM: “Es un caso especial porque no es de los históricos de Abuelas, que toda la vida estuvieron en el Banco de Datos. Tenemos bastantes casos de desaparecidos que no estaban denunciados por diferentes razones. Ella está un poco amedrentada, porque no la mataron pero la dañaron mucho, pero más que eso pudieron las ganas de estar con su hijo. Ahora van a empezar a tener la relación que tienen que tener”. Mario, por su parte, contó: “Siempre ves que encuentran a otro y otro. Pero hoy me toca a mí, no puedo no creer esto. Yo me encontraba a la noche revisando la página de Abuelas, mirando fotos de desaparecidos y pensando de quién sería. Y claro, nunca me iba a encontrar si mi mamá estaba viva”.
El nieto recuperado 119, Mario Bravo.
Mario vive en Las Rosas, Santa Fe, pero viajó a Buenos Aires y aquí se reencontró con su madre biológica. Respecto del abrazo guardado durante casi cuarenta años, Carlotto expresó: “Este encuentro fue de dos adultos, pero era la mamá abrazando al bebé. Yo los visualicé como que no se podían separar. Casi estaba naciendo él de esa madre, nuevamente. Mientras ella le susurraba a este hijo cosas que él sabrá, y yo alcancé a escuchar que nunca más se iban a separar”. El hombre, al mismo tiempo, estaba acompañado por su esposa y su hijo, el mayor de tres: “Mi mamá me hablaba mucho en su panza, todos esos meses. Es una madre que me vio después de 38 años y escuchó mi voz después del llanto. El click se hizo cuando decidí acercarme a Abuelas. Recibís un apoyo increíble, acá hay gente que trabaja en serio, que trabaja con amor”. La decisión fue tomada en febrero de este año, cuando se acercó a la sede de Abuelas en Rosario y se derivó su caso a la CONADI. Meses más tarde, se llevó a cabo la extracción de sangre que, en noviembre, confirmó que es hijo de Sara.
De todas maneras, el hombre manifestó que desde chico tenía sospechas sobre su verdadero origen. Había sido inscripto como nacido en 1977 con el apellido Bravo, en la localidad santafecina en la que se crió, que cuenta con 15 mil habitantes. Es uno de los cinco casos en los que un hijo apropiado durante el terrorismo de Estado logra reencontrarse con sus padres biológicos. Destacó la contención y el acompañamiento que le brindaron las personas de los organismos estatales que intervinieron en su investigación y búsqueda, sobretodo el apoyo de otros nietos restituidos que colaboran con estas instituciones y juegan un papel central en el proceso de recuperación de la identidad. Al plantearse la posibilidad de que alguien con dudas lo estuviera escuchando, relató: “Cuando empecé todo esto, mi madre de crianza estaba viva y yo no quería dañarla de ninguna manera. Pero hay gente que te va a contener muchísimo y además somos iguales, porque venimos del mismo lugar. Ellos también son hijos de desaparecidos. Entonces, hablan desde adentro”.
“Cuando empecé todo esto, mi madre de crianza estaba viva y yo no quería dañarla de ninguna manera», dijo el nieto 119, Mario Bravo.
Mariana Zaffaroni, una mujer que recuperó su identidad en 1992, manifestó a ANCCOM: “Cada edad tiene lo suyo. Me parece que cuanto más grande sos, es más fácil aceptar algunas cosas y a la vez todo se vuelve más complicado por los hijos”. Por su parte, Mario dijo en relación a esto, que buscaba saber quién era, más por sus hijos que por él mismo. Y agregó: “Estamos siendo padres y necesitamos dar respuestas, porque los hijos van preguntando y quieren saber. Hay que ser consciente también de que te están buscando. Pensá en tu hijo, que lo podés perder y lo vas a buscar. Es duro. Pensás que te buscaban, y pensás que faltaste, que le faltaste a esa familia durante todos estos años, en tantos momentos”. En relación al logro de la restitución de la identidad de un nuevo nieto, Carlotto manifestó: “Esto nos da fuerzas para seguir. Es lo que nos anima a saber que no estamos haciendo mal las cosas”.
“Cada edad tiene lo suyo. Me parece que cuanto más grande sos, es más fácil aceptar algunas cosas y a la vez todo se vuelve más complicado por los hijos”, dijo Mario Bravo.
Leonardo Fossati, otro nieto restituido presente en la conferencia de prensa, habló con ANCCOM y se refirió a los hechos vandálicos que tuvieron lugar en el predio del Centro Clandestino de Detención Mansión Seré, ubicado en Morón, semanas atrás: “Esta es una reivindicación más, y de las más fuertes. Haber encontrado un nieto más demuestra que el trabajo está intacto, que seguimos para adelante y que la sociedad entera festeja estos hechos. Ante semejantes actos de cobardía, la mejor respuesta que puede haber es encontrar un nuevo nieto, llenar estos espacios de alegría, de contenido, de historia, de memoria, de verdad, de justicia. Hay personas que verdaderamente quieren volver atrás, que sienten sed de venganza. Es gente que no cree en la justicia, porque justamente en su momento no pidió justicia, sino que pidió asesinatos, desapariciones, torturas”. Minutos antes, Estela de Carlotto había hecho referencia a esos aires de revancha en el comunicado institucional: “Hoy, que desde algunos sectores políticos, mediáticos y judiciales se intenta dar voz a la idea de reconciliación, se evidencia una vez más la necesidad de profundizar las investigaciones. Aún hay desaparecidos con vida y graves delitos por juzgar” y aseguró que “por todos los nietos y nietas que desconocen su verdadero origen, por todas las víctimas que aún no alcanzaron justicia y para que estos crímenes nunca más se repitan” no permitirán “dar ni un paso atrás”.
A días del inicio de un nuevo gobierno que comenzará el 10 de diciembre con Mauricio Macri como presidente de los argentinos, Fossati reflexionó: “La nueva etapa va a ser todo un desafío. Ellos (por el gobierno electo) tienen en sus manos la posibilidad de acompañar a los organismos de Derechos Humanos en su gestión, de continuar políticas de Estado que surgieron en estos doce años. Sabemos que son la derecha, sabemos a quiénes representan, pero también sabemos (y ellos saben) que tiene un costo grande ir para atrás con ciertos derechos ganados del pueblo”.
Nov 23, 2015 | destacadas
