Virginia, Cecilia, Luciana y Lucía, como tantos miles de argentinos, fueron despedidas sin justificación por parte del gobierno de programas como Plan PROGRESAR, Consumo Protegido, planes de inserción laboral para jóvenes y el área Derechos Humanos del Hospital Posadas. Mientras luchan, junto a sus compañeros y compañeras, por la reincorporación, nos cuentan cómo atraviesan la situación de despedidas y qué significa el trabajo hoy.
En solo cuatro meses de gestión de la alianza Cambiemos, un viejo y conocido fantasma volvió a ocupar el centro de las preocupaciones de hombres y mujeres: la pérdida del empleo y el consecuente aumento de la desocupación.
Los despidos masivos arrancaron en diciembre pasado con el declarado objetivo de “modernizar” el Estado. Más de 35.000 empleados públicos fueron cesanteados, muchos de ellos acusados sin pruebas de “ñoquis” o perseguidos por su militancia política. Los trabajadores del sector privado fueron, en paralelo, víctimas de la misma práctica. El panorama recesivo de la economía argentina encendió la alarma de empresarios y sindicalistas y motorizó ese ajuste laboral.
Los despidos registrados en el sector privado durante este primer trimestre superan los 80.000 trabajadores, según sostienen los informes realizados por distintos gremios y consultoras privadas, consultadas por ANCCOM ante la falta de información oficial.
Desde su asunción, Mauricio Macri prometió “normalizar” el funcionamiento del cuestionado Instituto de Estadística y Censos (INDEC), pero su gestión todavía no brindó registros sobre la desocupación que se generó a partir de los despidos realizados de diciembre a esta parte.
Abrazo al Ministerio de Trabajo.
El último relevamiento realizado por el INDEC durante el tercer trimestre del 2015, evidencia que las sucesivas administraciones de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2011 y 2011-2015) habían logrado que el desempleo llegara a uno de los niveles más bajos de las últimas décadas, un 5,9 %.
Ante la paralización del INDEC, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) liderada por el sindicalista Pablo Michelli realizó un relevamiento a través de su Observatorio Social. El estudio registró un total de 68.563 despidos, entre el 1 de diciembre y el 4 de marzo, de los cuales unos 30.936 se produjeron en el sector privado.
“Las tensiones que el mercado de trabajo venía presentando en los últimos años se exacerbaron en pocas semanas, y desde entonces hemos asistido a un shock de despidos liderado por el sector público, sin que por ello las empresas del sector privado se hayan quedado detrás”, sostiene el último documento publicado por el Observatorio Social.
El informe aclara que se trata de un “relevamiento de mínima”, ya que no incluye “aquellas denuncias que fueron realizadas por dirigentes sindicales en términos generales”.
La industria de la construcción figura entre los rubros más perjudicados por los despidos. Los representantes sindicales de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) denunciaron la pérdida de entre 25.000 y 30.000 puestos de trabajo desde la llegada de Cambiemos al poder.
Además, desde la UOCRA advirtieron que en el sector privado las grandes empresas utilizaron la actual coyuntura “para impulsar suspensiones colectivas”, una medida que “posee efectos disciplinadores sobre el conjunto de los trabajadores”. Las suspensiones “se han concentrado en la industria petrolera, la automotriz, la autopartista y la siderurgia”, agregaron fuentes del sector.
Informes realizados por la consultora privada Tendencias Económicas y por el Centro de Economía Política (CEPA) a los que tuvo acceso ANCCOM completan el cuadro del empleo argentino con un duro diagnóstico. Según Tendencias Económicas, los despidos en el primer bimestre de este año llegaron a unos 107.000, relevados a partir de las denuncias realizadas por los gremios a nivel nacional.
El informe indica que en enero se registraron alrededor de 41.921 despidos, cuya mitad se sucedieron el ámbito privado, siendo los sectores de la construcción, gastronómicos, textiles e indumentarios, los más perjudicados.
Con respecto al mes de febrero, se registraron 65.799 personas despedidas, un 72% de aumento con respecto al mismo mes de 2015, según la consultora.
Del total, alrededor de 55.800 pertenecieron al sector privado, sobre todo en la construcción y en otras actividades, como autopartes, petróleo, comercio y minería.
En tanto, el informe publicado por CEPA, indica que el empleo, público y privado, expone “una tendencia a la contracción”. El relevamiento arrojó un total de 141.542 despidos entre enero y marzo de este año. Alrededor de 80.446 cesantías correspondieron al sector privado y el mayor perjudicado resultó ser el sector de la construcción, un 71,88%, siguiéndole el sector industrial con un 23,40% y por último, el sector servicios, con un 4,72%. Según el estudio, la mayor cantidad de despidos se dio “en los empleos de menor calificación o que más precarización sufren”.
Ante este panorama, el reclamo de las centrales obreras ante diputados y senadores, se plasmó en un proyecto de ley que declara la “Emergencia Pública en Materia Ocupacional” que aún no se discutió en el Congreso, pero que ya ha generado críticas del oficialismo y de representantes empresariales de la Pequeña y Mediana Empresa (PyMEs).
En un comunicado, representantes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reconocieron que “más 120.000 despidos han provocado una fundamentada preocupación de senadores y diputados de la Nación que obliga a buscar alternativas para detener ese flagelo en el sector público y privado”.
Pero que “hay que dimensionar” ya que en el sector privado, y especialmente en PyMEs, esa situación ocurre “por la caída en los niveles de producción provocada por la retracción en la demanda de consumo, por la casi nula demanda de inversión, por las aceleración de la inflación y por las altísimas tasas de interés del mercado”, sostiene el documento.
El proyecto de ley tiene por objetivo evitar que se continúe despidiendo, por lo que propone que se “congelen” hasta el 2017 los empleos del sector público y privado y se apela nuevamente, como lo fue en el 2002, a la figura de la “doble indemnización”, el punto más criticado por el gobierno como por los empresarios.
Desde CAME sostienen que ante la difícil coyuntura económica que atraviesa el país, implementar “la doble indemnización crearía niveles de conflictividad alarmantes para las PYMES, especialmente en las más pequeñas, que llevarían al cierre definitivo de muchas de ellas”.
El oficialismo ya expresó su rotundo rechazo al proyecto de ley. El presidente Mauricio Macri, en varias declaraciones públicas, indicó que esta iniciativa, en caso de aprobarse, no generará “más empleo” sino que “destruirá fuentes de trabajo”. Y prometió vetarla en caso que, finalmente, el Congreso avance con su debate y aprobación.
Con la unificación de la Confederación General del Trabajo en proceso y el llamado a una movilización para el próximo 29 de abril, en donde participarán todos los sectores gremiales, el gobierno de Macri afronta un contexto socio económico conflictivo, al cual deberá dar respuestas inmediatas si su deseo es retomar las sendas del crecimiento económico y la gobernabilidad.
Festival No Al Vaciamiento del Grupo 23. Parque Centenario. 31 de enero de 2016.
En los medios
La ola de despidos masivos afectó a numerosos sectores y los trabajadores de los medios de comunicación no quedaron exentos. Desde diciembre, se ha registrado el despido de más de 200 periodistas de numerosos medios, siendo el caso más grave y emblemático el caso del grupo Veintitres perteneciente a los empresarios Sergio Spolzky y Matías Gardfunkel, con la cesantía de 136 trabajadores del canal televisivo CN23 y el vaciamiento económico del Diario Tiempo Argentino -hoy autogestionado por sus trabajadores en una cooperativa- y Radio América.
También fueron despedidos doce periodistas del grupo Crónica, cuyos dueños son los hermanos Olmos, treinta trabajadores del centenario diario La Nación, doce del diario platense Diagonales, cinco del grupo Octubre, Cinco en Radio Continental y ocho en Radio San Martín, según lo relevado por observatorio de la CTA Autónoma.
A lo que se le suma, la complicada y delicada situación del canal 360TV, cuyos trabajadores llevan adelante una huelga por salarios adeudados.
Actualizada 27/04/2016
Entre el mito del arma sobre la mesa de la gestión de Guillermo Moreno y la confianza en la buena voluntad de los empresarios que proclama el gobierno de Cambiemos, la Secretaría de Comercio desarrolló desde 2013 hasta finales de 2015 diferentes programas para el control de precios y la protección de los consumidores que, en las últimas semanas, fueron desmantelados con despidos masivos en el área.
Por estos días circulan por las redes sociales videos que retratan la reducción de personal que ya afectó a 400 trabajadores. El modelo se repitió en dos oportunidades, en diciembre y marzo: un supuesto gerente de elegante sport sale de su oficina a encontrarse con la multitud de trabajadores, a punto de ser despedidos algunos, con la noticia confirmada otros. Al principio silencio y brazos cruzados, hasta que los primeros se animan con voces entrecortadas que desafían al poder. Una de las chicas sale del grupo y la cámara gira hacia ella:
– Desde el 10 de diciembre en esta Secretaría no se homologó un sólo acuerdo, no se pagó una sola…
– No se pagó ni una sola multa –la interrumpe otra, completando la idea- porque vienen las empresas y dicen ‘informen un CBU, quiero pagar la multa, ¿dónde deposito la plata?’ ¿Y qué se le contesta? Que en el proceso de cambio de cambio de Ministerio responsable, de Economía a Producción, no tuvieron en cuenta las cajas. No hay una caja donde depositar la plata, por eso no se cobran las multas…
https://www.youtube.com/watch?v=nnAAKGEujkQ&feature=youtu.be&t=3m28s
Las multas del diálogo son los cargos que las empresas deben -o debían- pagar cuando la Justicia falla en contra de una compañía en una mediación por incumplimiento en acuerdos de precios. Esas multas se enmarcan en el programa de consumo protegido, uno de los planes cuyo equipo de trabajo fue desarticulado por la gestión macrista. Y tienen historia.
“El gran avance en materia de defensa de los derechos de los consumidores fue la sanción de la Ley que crea el Sistema de Resolución de Conflictos en las Relaciones de Consumo, que dio lugar al programa Consumo Protegido”, explica el ex secretario de Comercio Interior Augusto Costa, en diálogo con ANCCOM.
El programa creó un mecanismo rápido y eficaz de conciliaciones obligatorias ante conflictos relacionados con actos de compra-venta de bienes y servicios.
“El principal objetivo de nuestra gestión fue dotar de mayores herramientas a los consumidores para que puedan ejercer plenamente sus derechos. Hay que tener en cuenta que durante la década del ´90 millones de argentinos fueron marginados de los circuitos de producción y consumo y vieron disminuida su capacidad de hacer valer sus derechos ante los abusos empresarios”, completa el ex funcionario.
Las denuncias en la Secretaría del Comercio por incumplimiento de los empresas habían pasado de 1000 a 50 mil en menos de un año.
A cargo del área desde noviembre de 2013 hasta el final de la gestión kirchnerista, Costa asegura que “en menos de un año, las denuncias en la Secretaría de Comercio respecto a incumplimientos por parte de las empresas pasaron de 1000 a más de 50 mil, lo que muestra el gran éxito que tuvo el sistema.” Y subraya: “Los consumidores comenzaron a discutir cara a cara con las empresas”.
El programa “Precios Cuidados” fue una de las grandes víctimas de la nueva política de vaciamiento en el área. El plan contemplaba un acuerdo tripartito entre proveedores, cadenas de supermercados y Secretaría de Comercio para garantizar el abastecimiento de ciertos productos a un precio determinado y con una renovación trimestral. “Con los diferentes programas de Precios Cuidados (supermercados, almacenes y comercios de barrios, motos, construcción, telefonía celular) los consumidores recuperaron referencias de precios para poder tomar sus decisiones de consumo”, resume Costa a esta agencia.
En su inicio, el 6 de enero de 2014, el programa contaba con 194 productos pertenecientes a 60 empresas. Para diciembre de 2015, la canasta llegaba a 512 productos de 112 compañías proveedoras. Hoy, el convenio bajó a 300 productos, pero no tiene relevadores ni inspectores que controlen que el acuerdo se cumpla.
También se reemplazaron algunas primeras marcas por segundas. Es el caso de la leche: hasta diciembre la marca que participaba del convenio era ‘La Serenísima’, con un precio de $10,50 el sachet. Una segunda marca (‘Santa Brígida’), fuera del programa, tenía un precio de $8,50.
En la última actualización y primera de la gestión de Miguel Braun, tras reemplazar la primera marca por la segunda que ingresó con un precio de $11,20 (+32%), se liberó el camino para que la primera marca (ahora fuera del programa) defina libremente su precio, hoy en $15,50, 55% por encima de su precio en diciembre.
Falsas promesas, empresas ganadoras
“En la transición entre una gestión y la otra se habló de la necesidad de mantener y extender estas herramientas, que ya se habían incorporado a la vida cotidiana de los consumidores”, recuerda Costa.
Sin embargo, la realidad posterior desmintió los acuerdos y promesas políticas. “Lamentablemente, las nuevas autoridades vinieron con otra idea y desarticularon o le restaron impacto a la mayoría de los programas, respondiendo más a la agenda empresaria y de las grandes corporaciones que a las necesidades y derechos de los consumidores”, subraya.
En los primeros 60 días del gobierno de PRO-Cambiemos, la Secretaría autorizó subas, sacó productos y marcas de convenio y despidió en dos etapas al personal, desde aquellos que se sentaban a negociar un precio con las empresas, hasta los que iban supermercado por supermercado a controlar la presencia de los productos en las góndolas y de los carteles que indican el “precio cuidado”.
El desmembramiento de la Secretaría de Comercio, incluido el programa de Precios Cuidados, se hizo en tres etapas. La primera fue, tras la renuncia de Augusto Costa y los directores nacionales, con el pedido de renuncia a subdirectores y directores de áreas.
Luego hubo dos etapas de despidos masivos. La primera fue el 15 de diciembre con la desvinculación de 150 empleados. La segunda se produjo el el miércoles 2 de marzo. Ese día -cuando fue grabado el video que rescata esta crónica- fueron despedidos otros 250 trabajadores. Algunos no estaban en el listado original, pero fueron despedidos días después por haber filmado o discutido con directores nacionales por el ajuste en la planta.
Uno de los despedidos de la segunda etapa es Guillermo Rabinovich. Es economista, tiene 32 años y trabajaba en la Secretaría de Comercio desde hacía cinco. A partir del nombramiento de Costa, tuvo a su cargo la negociación con algunas de las empresas que trimestralmente firmaban el acuerdo de un listado de precios. “En enero de 2014 se creó toda una estructura para gestionar y administrar el programa. Yo participaba de la negociación con empresas pero al mismo tiempo tenía otras tareas”, reflexiona.
Las funciones del equipo que trabajaba en Precios Cuidados eran múltiples: la negociación con las empresas, actualización del listado de productos y precios, la relación con las cadenas de supermercados y de un sistema llamado “Alerta temprana” que permitía a los supermercados poner un sustituto cuidando el precio de convenio, ante una falta de abastecimiento. El equipo de relevadores e inspectores era otra pieza fundamental: tenía poder de policía para multar fallas en la señalética, desabastecimientos no informados o cualquier incumplimiento del convenio.
En los primeros 60 días del gobierno de PRO-Cambiemos, la Secretaría autorizó subas, sacó productos y marcas de convenio y despidió en dos etapas al personal.
“Hoy casi no existe ‘Precios Cuidados’ en todas sus variantes y el cumplimiento del limitado esquema vigente es muy pobre”, reflexiona Costa.
Y completa: “No existen inspectores ni relevadores de precios en las calles que puedan garantizar el cumplimiento de los acuerdos, eliminaron las normativas que obligaban a las empresas a informar los cambios en los precios; y se frenó el programa Consumo Protegido, que pasó de atender 300 casos diarios a menos de 20”.
Más allá del programa por el control de precios, las nuevas autoridades también discontinuaron otros planes clave como el de “Fiscalización de rótulos” que apuntaba a evitar que los consumidores sean engañados por pequeños cambios en las etiquetas y que obligaba a que un producto tenga por lo menos un 20 por ciento de la superficie de la etiqueta distinto al anterior.
También quedó sin aplicación el conocido como “SUBEneficio”, un convenio entre la Secretaría de Comercio y algunas empresas (comida rápida, cines, heladerías, indumentaria) para que ofrecieran descuento a los usuarios de la tarjeta SUBE (sistema único de boleto electrónico). Y tampoco sobrevivió el “Sistema Informático del Régimen Informativo de Precios” (SIRIP), un esquema de monitoreo de la cadena de valor de los productos de consumo masivo que permitía saber de forma aproximada cuál era el costo de producción de algunos productos y, en la comparación entre ese costo y el precio de venta al consumidor, evitar los márgenes abusivos. La Dirección Nacional de Precios, a cargo de este programa, también fue desintegrada.
El nuevo gobierno también desmanteló el denominado “Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo” (COPREC) que buscaba articular un sistema de resolución de conflictos entre consumidores y empresas por compra de productos defectuosos o con fallas. El equipo fue desarticulado y los 12 mil reclamos acumulados y pendientes de mediación quedaron archivados.
Actualizado 05/04/2015
Volvió la carpa blanca de los docentes. A 19 años de aquella que se erigiera frente al Congreso, emblemática durante los ’90 en defensa de la educación estatal, el sitio elegido esta vez para montar el reclamo es el Palacio Pizzurno. Después de más de diez años las federaciones de los docentes universitarios, CONADU y la CONADU histórica, confluyeron en un paro nacional en defensa de la universidad pública y para exigir, entre otros reclamos, un aumento salarial cercano al 40 por ciento frente a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores docentes producto de la progresiva inflación, de la devaluación y el costo de la quita de los subsidios a los servicios.
La movilización frente al Ministerio de Educación contó con la presencia de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), la Asociación Docentes Universidad Nacional de Salta (ADIUNSA), la Federación Docente de la Universidad de Buenos Aires (FEDUBA), la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA), la Federación Universitaria de La Plata (FULP), la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNCuyo (FADIUNC), ADU San Luis (ADUNLu), la Asociación de Docentes Artistas e Investigadores de la UNA (ADAI), la Agremiación Docente Universitaria marplatense (a.d.u.m. Mar del Plata) y la Unión de los Trabajadores de la Educación (UTE).
Los gremios de la CONADU concentraron a las 14 en la esquina de Callao y Paraguay y marcharon desde allí hasta el Ministerio de Educación donde coincidieron con los sindicatos de la CONADU histórica que acababa de finalizar el plenario de secretarios generales.
“Estamos reclamando el inicio de la paritaria desde hace tres meses y todavía no tenemos ninguna oferta salarial del gobierno nacional”, manifestó a ANCCOM el secretario general de la CONADU Pedro Sanllorenti, y explicitó, además de éste, otros reclamos de la Federación, como la recomposición salarial del 40 por ciento con retroactividad y una cláusula de revisión y reajuste en julio dada la incertidumbre de los valores que alcanzará la inflación. Sanllorenti comentó que la reunión de negociación con las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) “fue un fiasco, sólo se limitaron a escuchar nuestras demandas”, y que por lo tanto se determinó este paro nacional y la instalación de la carpa junto con la CONADU histórica. “Hace diez años que no hacíamos una acción gremial en conjunto, esta vez creemos que era necesario –explicó-. La demanda por abajo se siente cuando hacemos asambleas en cada universidad, en las que los docentes reclaman que necesitan un aumento de salario urgente. Esa demanda hay que atenderla y por eso estamos acá».
Sanllorenti dijo que el gobierno nacional tiene una visión de la universidad pública bastante particular, ya que posee una impronta muy marcada de la universidad privada. “Hay un trabajo del centro CIFRA (Centro de Investigación y Formación e la República Argentina) que analiza todo el currículum de quienes hoy están ocupando los puestos principales del actual gobierno y se ve que no sólo provienen de la universidad privada sino también de universidades extranjeras –indicó-. Y eso tiene que ver con esta presencia de los CEOs de distintas empresas que hoy son funcionarios públicos y provienen de dos grandes sectores económicos: la banca extranjera y las empresas energéticas. Por lo tanto creo que no les simpatiza mucho la idea general de la universidad pública”.
“En su propio discurso el Presidente dijo que le preocupaba la politización de las universidades, cuando la política es algo inherente a la universidad pública –continuó Sanllorenti-. La universidad pública no podría dar su contribución al desarrollo nacional sin discutir políticamente lo que significa ese aporte: en qué hay que investigar, en promover desarrollo de transferencias, en programas de extensión, para contribuir a mejorar las condiciones de vida de toda la población. Eso es parte de la universidad pública y nosotros rechazamos que no sea un ámbito de discusión política porque es parte de la formación que queremos impartir a los estudiantes. Y nos trae recuerdos muy feos a quienes tenemos edad para hacerlo: las propagandas durante la dictadura militar, por ejemplo, en las que se veía a un estudiante rechazando panfletos que le entregaban en la entrada de la facultad diciendo ‘yo vengo a estudiar’. Esa idea de despolitización de la universidad es la misma que están utilizando ahora. Pero sin política no se podría haber hecho la reforma universitaria. Sin política, la contribución de la universidad pública, no sólo en Argentina sino también a nivel continental, habría sido otra».
Con respecto al plan de acción en adelante, Sanllorenti informó a ANCCOM que el lunes 4 de abril habrá un plenario de secretarios generales que resolverá cómo continuar. “En principio, lo que estamos discutiendo es que si no tenemos una oferta razonable en la segunda semana de abril deberíamos continuar con medidas de fuerza –analizó-. Esto lo vamos a discutir internamente y además se supone que en la primera semana de abril podría haber una reunión oficial con el gobierno en la que presente su primera oferta. Veremos si es así”.
Federico Montero, secretario gremial de FEDUBA y secretario de prensa de CONADU, también expresó a ANCCOM la necesidad de conseguir una recomposición salarial, calificó a la reunión con CIN-SPU como “muy poco seria, sin ninguna propuesta”, y analizó que el paro nacional fue contundente, con un acatamiento del orden del 80% en todo el país. “Esta movilización tiene que ver con la universidad y con cuestiones más generales que están sucediendo en nuestro país –dijo-. Se está votando una ley para pagarle a los buitres más de 12 mil millones de dólares, y a la vez se está despidiendo gente en todo el Estado nacional, está tomado el Ministerio de Trabajo por los compañeros de ATE, no hay dinero para la salud y educación pública”.
“Nosotros entendemos que además de nuestro problema salarial está la necesidad de defender la universidad pública, tenemos que defender a la educación pública como un derecho -sostuvo Montero-. El secretario gremial de FEDUBA agregó que “para este gobierno la universidad está después de las mineras, de los sojeros, de los Fondos Buitres, y de los grandes grupos económicos. Si no hay respuesta vamos a profundizar las medidas de lucha, con nuevas jornadas de paro nacional y con otro tipo de movilizaciones. Para nosotros no es ninguna gracia tener que hacer esto, somos docentes y sostenemos día a día la universidad pública desde un gran compromiso y la verdad que es muy triste que el gobierno no escuche nuestro reclamo”.
Por su parte, el secretario general de la Conadu histórica Luis Tiscornia explicó a ANCCOM que era la segunda jornada de un paro nacional de 48 horas que tuvo su primera fecha el 16 y 17 de marzo y puntualizó que los reclamos de la federación son “45% de aumento salarial, aplicación plena del convenio colectivo de trabajo en todas las universidades nacionales, eliminación del impuesto a las ganancias y aumento de presupuesto para las universidades públicas”. Sobre la reunión de negociación, Tiscornia manifestó que “el gobierno no hizo ninguna propuesta salarial ni dio precisiones que permitan decir que estamos negociando en serio”. Ante esta falta de respuesta, anunció que el plenario de secretarios generales había resuelto un paro nacional el 4 de abril en coincidencia con el paro nacional de Ctera, y un paro de 72 horas el 13, 14, y 15 de abril para profundizar el reclamo de la docencia universitaria.
Ileana Celotto, secretaria general de AGD-UBA, señaló como reclamo fundamental la apertura de las paritarias. “Nosotros tenemos las paritarias congeladas hasta junio, el último aumento lo recibimos en noviembre, en un cuadro inflacionario que todos los trabajadores argentinos lo sentimos –expresó a ANCCOM-. Se acaba de anunciar un nuevo tarifazo en agua, gas, colectivos, trenes, teléfono para todos los del área metropolitana: es un golpe que no podemos soportar con los bolsillos así, como los tenemos”, Celotto dijo que es necesario que el aumento salarial sea inmediato y que se vaya revalorizando de acuerdo a la inflación. “La respuesta negativa del gobierno tiene que ver con un ajuste que se está implementando a nivel nacional y en todas las provincias, que consiste en intentar que la crisis económica la paguemos los trabajadores, y en reprimirnos para que no podamos luchar, como está pasando en Santiago del Estero y en Tierra del Fuego”, sostuvo Celotto, que apuesta a que el paro nacional en las universidades, la movilización y la difusión van a ayudar a conseguir los objetivos.
Por su parte la secretaria adjunta de Conadu Verónica Bethencourt explicó a ANCCOM que si bien no es la primera vez que se demora una paritaria, el problema está en el contexto en el cual eso acontece, un contexto no sólo inflacionario o devaluatorio. “Esto se embarca en una política de Estado que está desguazando áreas sensibles que tienen que ver con el control, vinculadas a los DDHH –especificó-. Hay un vaciamiento de espacios en los que el Estado había crecido, a través del despido de muchísimos compañeros. Entonces sabemos que lo que pasa con la universidad no es una cuestión esporádica ni de caja, sino una definición política. Por eso nuestra movilización y la necesidad de visibilizar este conflicto que es salarial y sectorial pero que quiere decir mucho más. Entendemos que la universidad es una herramienta de transformación de lo social, por eso cuando vemos que hay problemas presupuestarios para cortar programas, achicar salarios, investigaciones, sabemos de qué se trata”.
“Esto es parte de una concepción política neoliberal, con un Estado chico, que esté presente para facilitar el negocio de unos pocos y para generar una transferencia de recursos para los sectores de capital más concentrados –agregó Bethencourt-. En ese modelo de Estado, la universidad pública no tiene lugar. Cuando se deteriora el poder adquisitivo de los trabajadores, se deteriora la calidad de trabajo. Se van relajando las condiciones, porque no se pueden sostener; eso va a generar un desprestigio de la universidad, que es lo que este gobierno quiere para después cuestionar por qué es gratuita la universidad, para decir que es necesario modernizarla y poner nuevos controles. La universidad pública que nosotros queremos ha sido, y sigue siendo, el resultado de luchas populares. Queremos seguir construyendo a la universidad como un actor en la transformación social y en la mejora de calidad de vida de nuestro pueblo”.
Actualizado 31/03/2016
Al conmemorarse los 40 años del último golpe militar y ante una multitud, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo junto a hijos, nietos, hermanos y otros familiares de desaparecidos leyeron de manera coral un documento muy crítico con la política de derechos humanos que desarrolló el macrismo en sus primeros cien días de gobierno. Subrayaron que la militante social Milagro Sala es una presa política, repudiaron el Protocolo de Seguridad que busca limitar la protesta social, señalaron que los despidos masivos atentan contra el derecho humano al trabajo, denunciaron la represión con balas a trabajadores y a una murga integrada por niños, recordaron que tras sendos fallos judiciales ahora hay que salir a la calle con documentos y que las fuerzas de seguridad pueden utilizar pistolas Tasser, condenadas internacionalmente por ser considerados elementos de tortura. El pronunciamiento cuestionó también el retorno de la Teoría de los Dos Demonios y exigió, además, la renuncia inmediata del ministro de Cultura de la Ciudad, Darío Lopérfido, quien intentó restarle magnitud al terrorismo de Estado con sus declaraciones públicas. Como cada 24 de marzo, la lectura finalizó con el grito colectivo que retumbó en todo el Centro porteño: “30.000 detenidos desaparecidos, presentes”.
Desde el mediodía, distintas agrupaciones y organizaciones fueron llenando las calles y avenidas que rodean la Plaza de Mayo. Organizaciones de derechos humanos, agrupaciones sindicales, partidarias, sociales, barriales, estudiantiles y culturales, llegaban con banderas, remeras y bombos a sus lugares de encuentro, pautados entre la Avenida de Mayo, la Avenida Belgrano y la 9 de julio. Por la mañana, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de visita en nuestro país, asistió al Parque de la Memoria, en Belgrano, a un acto organizado por el presidente Mauricio Macri. Obama aseguró que “existen polémicas sobre el rol de EE.UU, y es algo que se está trabajando”. Ante la ausencia de los referentes de derechos humanos, y la vaguedad del enunciado, la movilización de esta tarde también se transformó como una respuesta a ese mensaje.
Además de los militantes, y de los que iban con su agrupación o partido, estaban aquellos que decidieron estar presentes por su cuenta, con sus familias o amigos. Los que llevaban en sus remeras las fotos de sus familiares desaparecidos, los que llevaban a sus hijos para transmitirles la importancia de “no olvidar”, y los que, acostumbrados a vivir con miedo, se emocionaban al ver a la juventud militante.
Sebastian Garcia, con su esposa e hija.
Las Abuelas y las Madres de Plaza de mayo estaban presentes, como hace 40 años, en las calles. Junto a una larga bandera con las fotos de todos los jóvenes desaparecidos, estuvieron hasta las tres de la tarde sobre la Avenida de Mayo, y al comenzar la marcha subieron a una camioneta que las llevó hasta el escenario en el centro de la Plaza, porque sus piernas, ya no les permiten caminar. Durante la espera, una mujer observaba desde la vereda con su beba en brazos: “Estamos en un momento difícil del país, y siento como que todo esto se olvida. Entonces no queremos eso, no queremos que se olviden que hubo 30.000 desaparecidos, y que existieron”, dijo Mariana Bouzada. Luego se acercó su marido con su otro hijo de unos 5 años y Bouzada recordó: “Cuando yo era chica, mis padres en mi casa comentaban algunas cosas, pero en general se hablaba poco. En el colegio ahora se involucran más, los docentes están más involucrados, la familia se involucra más”.
Ya iniciada la movilización, un hombre canoso, de la mano de su mujer y junto a su hija adolescente, caminaba llevando en su remera la foto de un hombre en tono sepia: “Silvano José García era mi papá, era delegado en la Granja San Sebastián de Pilar”, dijo orgulloso, Sebastián Andrés García. Cuando su padre desapareció, Sebastián tenía 4 años, y no le quedó ningún recuerdo. Durante muchos años no se interesó por saber lo que había pasado. “Fue duro, recién cuando nació mi hija y quiso saber del abuelo, fue cuando realmente empecé a tomar conciencia y a involucrarme con los temas de derechos humanos”, aseguró, y admitió estar “arrepentido por haber perdido esos años”. A diferencia de García, Mónica Aguilera tenía 15 años cuando su hermano desapareció en 1978, durante el Mundial: “Salió de casa a juntarse con unos amigos para estudiar, porque tenía al otro día un examen, un domingo a las 3 de la tarde, y nunca más apareció”, dijo la mujer que llevaba una foto en sus manos. Desde ese momento toda la familia lo buscó incansablemente. Su madre falleció hace 12 años sin saber lo que pasó.
Entre cánticos y bombos, las calles y veredas se fueron apretando. Para las cinco de la tarde la Plaza estaba colmada, y aún faltaban las columnas de La Cámpora, Nuevo Encuentro, Miles y otras agrupaciones que esperaban desde la 9 de Julio. Frente a la multitud que continuaba llegando, las calles paralelas internas se volvieron más accesibles. En una de esas veredas, un hombre de 39 años jugaba con su hijo con una bandera argentina. Los dos llevaban la misma remera con un dibujo “anti-derecha”: “Mi hijo es la primera vez que viene a una marcha del 24, pero nosotros, con mi mujer, generalmente venimos. Nosotros nacimos en plena dictadura, y el recuerdo que tenemos es el que nos transmitían nuestros padres, momentos de horror que nadie desearía que volvieran a pasar”, contó Martín Casabelos.
Más adelante, tres amigos que iban conversando, llevaban colgadas varias fotos de chicas y chicos en blanco y negro. “Nosotros nos acordamos de todo, lo que pasó antes y lo que pasó después de la dictadura”, dijo la mujer del grupo, Susana Seremis. Los tres habían sido militantes del Partido Socialista de los Trabajadores en Mar del Plata, y las fotos eran de sus compañeros desaparecidos y asesinados. Seremis militó hasta 1984, luego lo abandonó por una fuerte depresión: “Cuando empecé a ver que no aparecía ningún desaparecido. En el inconsciente, yo esperaba que alguno apareciera. No le dábamos el carácter en ese momento, sí de desaparecido, pero que realmente nadie iba a aparecer, no lo esperábamos”. “Lo recordamos como un día que ya se veía venir, que cada vez la cosa estaba más difícil, pero un día concreto se produjo el golpe, y a partir de ahí la represión fue cada vez mayor”, dijo otro de los amigos, Gabriel De Lavalle, y después aclaró: “Igual creo que nunca nos hubiéramos imaginado que la represión iba a llegar a donde llegó”. De Lavalle estuvo un tiempo secuestrado, mientras que Seremis y Guillermo, el tercero del grupo, pudieron exiliarse. Todos los 24 de marzo tratan de asistir a la marcha, ya sea en Mar del Plata o en Buenos Aires.
Elena Atienza.
Junto al recuerdo de los 30.000 desaparecidos, y contra la visita del presidente Obama, hubo también pancartas, remeras y banderas con críticas hacia las medidas tomadas durante estos primeros meses por el gobierno de Macri: “No puedo dormir con las cosas que están pasando en el país, no por mí si no por mis hijos y por los que vienen. Porque cómo van a tener un lugar en esta sociedad con lo que estamos viviendo”, dijo Ruben Atienza indignado. Luego, junto a su mujer Elena, recordaron con tristeza, los años vividos durante la dictadura. Cuando él vendía estanterías metálicas y ella estudiaba abogacía y trabajaba como administrativa: “Nos habíamos casado hacía poco, pero yo tuve que dejar de estudiar porque la Facultad de Derecho era de terror. Se apagaba la luz y todos teníamos miedo. Nos hacían dejar los documentos y la libreta estudiantil en la entrada y pasabas a buscarlos a la salida. Cerraban la puerta principal de la escalinata y abrían una al costado. A veces no se podía retirar, y si te ibas sin documento también era peligroso”, contó Elena y agregó: “Así que era todo muy difícil, nada que ver con el día de hoy. Es triste y me emociona, venimos a la marcha para recordarlo y que nunca más suceda”.
Cada tanto, en alguna cuadra alguien empezaba a cantar “Vamos a volver”, a lo que se sumaban los que pasaban, y los aplausos. Muchos llevaban en la mano ejemplares de La Poderosa, o de Tiempo Argentino, que hoy retomaba su publicación, después de más de un mes de no ser impreso, por iniciativa y autogestión de los propios trabajadores. Lo vendían canillitas de lujo, como los periodistas Víctor Hugo Morales y Roberto Caballero.
Mónica Aguilera.
Para cerrar el acto, las principales organizaciones de derechos humanos leyeron su documento consensuado. Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo remarcó también las críticas a las que la gente refería en la calle: “A 40 años del golpe genocida, nos sentimos nuevamente convocados y convocadas a defender la democracia, porque el cambio de gobierno está significando a diario la vulneración de derechos: miles de personas despedidas en el Estado y el sector privado, la criminalización de la protesta, la profundización de prácticas de violencia institucional y la persecución ideológica”, dijo. Y con respecto a la promesa de Obama sobre la desclasificación de archivos, Carlotto leyó: Es obligación de todos los Estados y gobiernos aportar a la memoria, la verdad y la justicia. Por eso, esperamos que se cumpla el anuncio y que finalmente podamos acceder a toda la información que tiene ese país, que fue partícipe de los delitos de lesa humanidad que se cometieron en las dictaduras de la región”.
Recién a partir de las 19, la multitud empezó a desconcentrarse. Entre los que iban en retirada, una docente, que había asistido por primera vez con su hija y acompañada de una amiga, re afirmó la idea de la mayoría: “Decidimos venir porque esto hay que pasarlo de generación en generación, yo estuve trabajando con mis alumnos porque hay que enseñarle a los chicos lo que pasó”, dijo Gabriela Vanore. Por otro lado, Alfredo Vázquez, psicólogo y artesano, expresó claramente su conclusión sobre la marcha: “En esto hay una cosa muy notable, y es que creo que todos los que estamos acá, en lo más importante, pensamos igual. O sea, para todos nosotros el otro es importante, y por eso estamos acá, porque estamos tratando de cuidar al otro”.