Jun 7, 2016 | inicio
“De todas las vocaciones del hombre, el periodismo es aquella en la que hay menos lugar para las verdades absolutas. La llama sagrada del periodismo es la duda, la verificación de los datos, la interrogación constante. Allí donde los documentos parecen instalar una certeza el periodismo instala siempre una pregunta. Preguntar, indagar, conocer, dudar, confirmar cien veces antes de informar: esos son los verbos capitales de una profesión en la que toda palabra es un riesgo”. (Tomás Eloy Martínez, diario La Nación, 2001).
¿Cuál es el estado actual del periodismo? ¿Cómo afecta la concentración mediática a la actividad periodística? ¿Qué límites encuentra la libertad de expresión, la transparencia informativa y el acceso a la información pública en el país? En el día del periodista, ANCCOM entrevista a Sebastián Lacunza, director del diario Buenos Aires Herald; a Cynthia Ottaviano, titular de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual; y a Fernando “Tato” Dondero, secretario general del nuevo Sindicato de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).
“Creo que es un oficio de un alto nivel de responsabilidad –dice Ottaviano- pero también de una oportunidad extraordinaria cuando se tiene pensamiento social en lo que desarrolla, y trabas va a haber siempre. Encontré trabas tanto en la investigación de Papel Prensa, como investigando redes de trata y a funcionarios públicos que después llegaron a ser presidentes. Las tensiones en el periodismo van a estar siempre, también, porque de lo que estamos hablando es de un campo de disputa muy profundo. Hay una batalla cultural que tiene que ver con la disputa de las distintas representaciones que se pueden construir y es apasionante poder trabajar en ese ámbito más allá de las trabas y de las tensiones.”
“El periodismo tendría que cumplir el papel de desacomodar piezas –dice Lacunza-, de cuestionar lo que se supone establecido, prestar atención a los sectores postergados, a las voces que no se escuchan. Si bien el periodista no es vocero de nadie, porque nadie lo elige, sí tiene que tener la inquietud de dar voz a los que no la tienen”.
Sebastian Lacunza, director del Buenos Aires Herald.
¿Por qué el periodismo no puede cumplir con ese papel?
“Es complejo, el periodismo es un campo con muchos matices –plantea Lacunza-. Las limitaciones de la democracia argentina se perciben en el periodismo y hay una serie de factores que conspiran contra esta misión de dar voz: nuestra cultura democrática deficiente, la falta o escasez de proyectos periodísticos serios llevados a cabo por empresarios dispuestos a asumir riesgos, la falta de políticas estatales de comunicación de largo plazo y de una gestión de los medios públicos entendidos como servicios públicos, y la alta concentración sobre la propiedad de los medios”.
Al respecto Ottaviano, primera Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, explica: “La concentración comunicacional genera la homogeneización de las líneas editoriales porque son muy pocos los que manejan los medios de comunicación y esto hace entonces que los intereses tanto ideológicos, políticos como económicos sean sólo los de esas pocas personas. A raíz de esto –concluye- se producen silenciamientos de otros intereses y por eso se dice que la comunicación concentrada conspira contra las democracias”.
También es inherente al estado de comunicación concentrada la multifunción que se les demanda a los periodistas y los trabajadores de prensa, agravada por la pérdida generalizada de puestos de trabajo y la profundización de la precarización laboral. Fernando “Tato” Dondero, primer Secretario General del nuevo SiPreBA, lo grafica así: “Hay alrededor de 800 puestos de trabajo perdidos o en el aire, con dudoso futuro. Lo cual es mucho, porque no son muchos los trabajadores de prensa de la ciudad de Buenos Aires. Los compañeros de otros sindicatos del país cuentan que a nivel nacional hay una pérdida de trabajo de 2000 trabajadores de prensa. La situación en las provincias es también difícil y mala como la nuestra”.
¿Cuándo comenzaron estos conflictos?
“Los problemas vienen de antes –explica Dondero- y se acentuaron a partir del cambio de pauta oficial, a partir del cambio de gobierno. Se cambia la política en cuanto a la pauta y la actitud de gente como estos delincuentes, (Sergio) Szpolski y (Matías) Garfunkel, ha sido desaparecer y eso fue el vaciamiento del Grupo Veintitrés, lo que pasó con Radio América, Tiempo Argentino y también otros medios que desaparecieron. Se llevaron la pauta y después nunca se hicieron cargo de sus responsabilidades patronales”.
En la misma línea, Ottaviano plantea concretamente que es fundamental una Ley de Publicidad Oficial, y también una Ley de Acceso a la Información Pública y recuperar los 166 artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual -que le ponían límite a la comunicación concentrada- derogados por el decreto 267/2015 de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo Nacional. “En la derogación de esos artículos –dice la periodista- hubo vulneraciones al derecho humano de la comunicación en cuanto a que las últimas autoridades que fueron construidas en el último tiempo tienen dependencia directa del Ejecutivo Nacional”.
A su vez, Lacunza afirma que existe un problema de financiamiento del periodismo y sobre todo del de investigación, que es quizás el que más recursos demanda: “Hay muchas preguntas -plantea Lacunza, co-autor junto a Martín Becerra del libro Wiki Media Leaks-, nuevas formas, nuevos recursos tecnológicos, nuevas investigaciones colectivas: Panamá Papers y Wiki Leaks ofrecen una punta interesante. La importancia del periodismo de investigación es primordial, para que no sea un periodismo del día a día solamente, en el que los poderes públicos y privados tienen mucha fortaleza para fijar temas. El periodismo de investigación desbarata ese día a día”.
¿Tenés críticas sobre la jerarquización de la información de los Panamá Papers o Wiki Leaks que hicieron los grandes multimedios en Argentina y América Latina?
“En los medios latinoamericanos, que fue los que más seguimos para el libro con Martín –cuenta Lacunza- lo más notorio fue cómo los medios se excluían como objeto informativo, como sujeto de la noticia, cómo se excluía a los empresarios, a los propios medios, a las estrellas del periodismo, y que eso era una especie de alianza que todos los medios respetaban. En algunos casos –Ecuador, Perú– hicieron un sesgo obsceno. Pasó también en Argentina con algunas particularidades, que por la forma en que llegó fue un poco más difícil hacer eso pero se hizo, claramente, se hizo. Cinco o seis años después de la experiencia de Wiki Leaks, ahora la experiencia de Panamá Papers refleja algunas lecciones aprendidas. Yo creo que La Nación –que tuvo los cables- dejó bastante por descubrir con Wiki Leaks e hizo un sesgo del tipo de Ecuador o Perú, que se vio compensando por otro sesgo que fue el de Página/12, que eligió dar otra agenda informativa; el sesgo del diario El País implicó una cobertura muy pobre de América Latina. Ahora La Nación dejó poco por descubrir. La prueba está en que los Panamá Papers los tienen otros medios que hasta ahora no han producido nada que no se haya publicado ya. La Nación puso casi toda la información más importante, aunque sea en los avisos fúnebres, no se puede decir que no la publicó. Ese diario cayó en una torpeza periodística que fue que en las primeras 24 horas trató de proteger a (Mauricio) Macri en la web y en la edición impresa ocultando el nombre o mandándolo al último cajón. Finalmente quedó mejor vestido Clarín que eligió no ocultar la información referida a Macri”.
Tato Dondero, secretario general de SIPREBA.
¿Cuál es el rol fundamental del periodismo en la sociedad?
“Quienes trabajamos en los medios de comunicación formamos parte de una transformación social –destaca Ottaviano-. Lo creía hace mucho tiempo, cuando recién empezaba a trabajar en el periodismo, lo seguí creyendo mientras trabajé en distintos medios de comunicación y como defensora lo he profundizado. En los medios tenemos oportunidades extraordinarias de incluir, de no espectacularizar sino trabajar en la difusión de la información que es socialmente relevante. El desafío es concebir a los medios como servicios. Dentro de la comunicación audiovisual hay una comunicación de gestión privada con fines de lucro pero también hay una comunicación sin fines de lucro, hay una comunicación de pueblos originarios, hay una comunicación estatal, una comunicación comunitaria, alternativa, popular, universitaria. Y todos esos sectores tienen intereses que son diversos, pero que son fundamentales para construir una verdadera democracia. Es decir, no se los puede relegar del debate público, ni de las representaciones y construcciones comunicacionales a ninguno de estos sectores”.
Realizaste numerosas investigaciones periodísticas: entre ellas, una sobre la apropiación de Papel Prensa. ¿Con qué trabas te encontraste en esa investigación?
“Te encontrás con trabas de distintos ámbitos –manifiesta Ottaviano-. Las trabas en principio tuvieron que ver con que la información no estaba sistematizada, no había sido recopilada y estaba desperdigada en muchísimos expedientes judiciales. El acceso a esos expedientes para los periodistas es muy complejo y por eso creo que también es absolutamente necesario poder legislar en ese sentido. Porque es fundamental que, mientras no se entorpezca la labor del Poder Judicial, obviamente se pueda acceder, porque mucha de la información que hay allí es pública. Unas de las primeras trabas tuvieron que ver con poder acceder a esa información que era absolutamente relevante. Por supuesto, estábamos investigando sobre una realidad que si bien pasó hace muchas décadas, tenía todavía a los protagonistas de ese evento hoy en el marco de los medios de comunicación audiovisual. Tuvimos amenazas, distintos perjuicios a la hora de imprimir el diario (Tiempo Argentino). Fueron muchos meses de investigación y cada vez que llevábamos una nota a la tapa del diario se cortaba la bovina de papel, se cortaba la luz, los diarios quedaban abajo del camión y no terminaban de circular. De manera que las dificultades fueron muchísimas, ni hablar de lo que costó que dieran su testimonio por primera vez quienes estuvieron en situaciones de violencia y fueron víctimas de esa apropiación. Nos llevó mucho tiempo. A mí me acompaña una frase de Rodolfo Walsh que tiene que ver con dejar que sean los hechos los que nos terminan sorprendiendo, porque siempre superan las expectativas. Y así fue, comenzamos con una hipótesis sencilla de lo que finalmente fue esa alianza entre las tres armas y los tres diarios para terminar con una apropiación que signó la vida de la comunicación en la Argentina. Es absolutamente necesario que el Poder Judicial pueda avanzar en esa causa y no la tenga parada como ocurre en la actualidad. Allí empiezan a operar esas mismas trabas que intentaron operar sobre nosotros silenciándonos, queriendo impedir el avance de la investigación, pero que por lo menos periodísticamente no lograron.
¿Qué pensás del ataque que sufrió la periodista y conductora Silvia Martínez Cassina en una publicación de Clarín, en la que se le advertía que tuviera “cuidado con la lucha”, porque eso había llevado a la hoguera a Juana de Arco?
“Lamento profundamente lo que pasó, pero sobre todo lo que lamento es que se hable de lo que se publicó sin hablar luego de lo que ella denunció –distingue Ottaviano-. Dijo con mucha claridad que repudiaba que en el espacio donde ella trabajaba no se presentara a paritarias, que tuviera una serie de descalificaciones con algunas personas que se comprometían… El pedido de disculpas que se ha hecho no es comparable con el daño que se hace cuando a través de un medio de comunicación se expresa una amenaza de ese porte. La verdad es que reconozco el compromiso de ella. Yo he trabajado en Canal 13, no trabajé con ella en particular pero me consta su compromiso, su valentía. Porque muchas de las personas que trabajamos allí ya no estamos trabajando porque renunciamos para poder profundizar las mismas luchas que teníamos internamente, por fuera. Porque llegó un punto en que no se podía avanzar más. Y ella sigue adelante, con un compromiso que realmente es muy valorable y creo que es muy importante poder conversar en los servicios de comunicación audiovisual, en los medios en general, sobre todo lo que ella ha expresado, además de repudiar lo que fue escrito en el diario Clarín”.
Cynthia Ottaviano, Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.
El periodismo, ¿es el mejor oficio del mundo, tal como dijo Gabriel García Márquez?
“A mí me encanta –dice entusiasta Ottaviano-, vivo en sintonía con el oficio en sí mismo y soy una apasionada de lo que he hecho en mi vida periodística y lo seguiré siendo. Creo que uno no deja de ser periodista nunca. Esta es una profesión maravillosa que un día te lleva a caminar los pasillos de la villa 31, al otro día te lleva a caminar por la alfombra roja para que los reyes de España te den una nota, pero el premio de esta profesión es el compromiso con la sociedad en la que estás, no tengo ninguna duda”.
“Yo creo que sí –contesta Lacunza-. Lo que me gusta mucho es que es uno de los pocos oficios que te permite vencer barreras y te permite llegar a muchas personas veneradas por la gente, protegidos por las corazas que imponen los sistemas de seguridad o los ejecutivos de un mega banco que lava dinero y que también tiene toda una estructura para ampararse y pauta publicitaria para repartir. Muchos de esos filtros los podés vencer y lo tenés al tipo ahí y le preguntás, mirándolo a los ojos, con datos, y te tienen que responder muchas veces, otras no, otras veces no lográs pasar esas barreras, pero a veces sí, y eso es algo que a mí me produce una enorme satisfacción. Concebido el periodismo como yo lo concibo, que es crítico -el resto me parece sumamente aburrido-. Para mí la única aproximación posible es crítica. En ese sentido me parece que es el mejor oficio del mundo”.
En el contexto de un taller de periodismo dictado en Buenos Aires en 2002, el periodista polaco Ryszard Kapuściński dijo: “Sin la ayuda, la participación, la opinión y el pensamiento de otros, no existimos. La condición fundamental de este oficio es el entendimiento con el otro: hacemos, y somos, aquello que los otros nos permiten. Ninguna sociedad moderna puede existir sin periodistas, pero los periodistas no podemos existir sin la sociedad”. De igual modo Tomás Eloy Martínez publicó en 2005 en La Nación un Decálogo del Periodista que en el décimo y último punto reza: “Recordar siempre que el periodismo es, ante todo, un acto de servicio. Es ponerse en el lugar del otro, comprender lo otro. Y, a veces, ser otro”.
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SiPreBA se movilizará junto a trabajadores de prensa agremiados de diferentes provincias del país, el 8 de Junio a las 14, desde el Obelisco hacia el Ministerio de Trabajo. Allí realizarán un acto y le entregarán al Ministerio un documento en el que incluirán los reclamos a nivel nacional.
May 31, 2016 | inicio
Es martes a la tarde y en el Liceo N°4 Remedios de Escalada de San Martín alumnos y docentes se preparan para el acto patrio en conmemoración por el 25 de mayo. Un hombre de expresión severa en un sobretodo azul oscuro está dando indicaciones precisas al personal de limpieza. Su nombre es Diego Laplacette y es el rector de la escuela, en la que hace un mes desembarcó un proyecto de co-docentes en las aulas, conocido con el nombre Pexa, un programa impulsado desde el Ministro de Educación porteño en asociación con Enseñá por Argentina, una ONG en cuyo consejo asesor participan el ex ministro de Educación del gobierno de Fernando de la Rúa, el economista Juan Llach, y Gustavo Iaies, ex viceministro de esa cartera durante el gobierno de la Alianza y actual asesor de Sergio Massa.
«Para averiguar sobre el programa deberías hablar con Paula Nese, la asesora pedagógica de la escuela, decile que vas de parte mía, la encontrás en el segundo piso», indica Laplacette y prosigue con su tarea.
«No a las drogas», se lee en más de uno de los afiches confeccionados por alumnos que cuelgan en las paredes de los pasillos. «Sí al boleto estudiantil», reza uno de los graffiti en el patio a cielo abierto. En la oficina del segundo piso no está Paula Nese sino una compañera suya que aguarda la llegada del SAME para que atienda a un adolescente que se golpeó durante esa jornada. «El programa de las parejas pedagógicas está funcionando en la escuela actualmente, pero hubo problemas con eso, hay docentes que no los quieren y también hubo problemas con el gremio», comenta.
En total son cuatro las personas adentro de la oficina, en la que apenas caben el escritorio con tres sillas, y un gran armario de metal. Los otros dos son promotores del Gobierno de la Ciudad que acaban de llegar de la calle: su trabajo consiste en averiguar por qué algunos alumnos dejaron de asistir a clases y hacer que vuelvan a las aulas. «La idea es articular nuestro trabajo con el de los Pexa (miembros de la ONG Profesionales de Enseña por Argentina) para que los chicos no queden tan colgados cuando vuelven a las clases después de varias semanas sin asistir y puedan retomar el ritmo», aporta uno de ellos, entusiasmado. Minutos después llega Nese a pasos apurados, lleva consigo una notebook de Conectar Igualdad y varios papeles, está trabajando a contrarreloj para un proyecto de la escuela y le está resultando difícil encontrar un lugar donde poder concentrarse.
Formando líderes
«Postulá a nuestro programa de formación en liderazgo dando clases en las comunidades educativas que más lo necesitan y sé parte del cambio», invita el sitio de Enseñá por Argentina. «En nuestro país, los estudiantes de niveles socioeconómicos bajos están casi dos grados escolares por detrás de niveles socio-económicos altos», aseguran desde la web. Al pie de la página figuran los socios de la organización, casi todos ellos empresas privadas extranjeras: Microsoft, Nestlé, Ogilvy, Roche, DHL, Direct TV, HSB, Galicia, Supervielle, Deutsche Bank, Western Union, LAN, entre otros.
«Para postularte solo necesitás un título de grado», aseguran desde la ONG en conversación telefónica, «no hace falta que seas docente ni que hayas hecho las materias pedagógicas de la carrera. Durante el voluntariado necesitamos que trabajes full time, 30 horas por semana, y nosotros te becamos el profesorado en un instituto privado. Ahora, si vos preferís hacer las materias del profesorado en una universidad pública es válido también, lo podés hacer por tu cuenta».
En este momento, Pexa toma solicitudes para el ciclo lectivo 2017. La postulación se realiza por medio de un escueto formulario web, y luego comienza el proceso de “Reclutamiento y Selección”: entrevistas grupales, entrevistas individuales, un curso de ingreso y más tarde las prácticas dentro del aula.
¿Trabajo precario?
«El proyecto llegó a la escuela, el rector lo aceptó, y yo trabajo en la articulación. La realidad es que este año el Gobierno de la Ciudad quitó bastantes recursos, y nos ofreció este programa», explica Nese. «Los co-docentes trabajan en las aulas junto con los docentes, nunca están a solas frente a la clase. La responsabilidad civil la tiene el profesor, y en caso de que éste haya faltado, de ninguna manera el co-docente queda a cargo de la división». Durante la conversación con la asesora pedagógica, salen y entran de la oficina chicos de la escuela preguntando por las fechas de los exámenes de materias adeudadas. «De matemáticas no va a haber, no hay fondos para pagarles horas extra a los profesores que tienen que tomar», repite una y otra vez. «Como ves, hacen falta muchas cosas en la escuela, y para mí la ayuda siempre es bienvenida, venga de lo público o de lo privado», justifica.
Los Pexa dedican veinte horas de su carga horaria como pareja pedagógica y diez a la planificación de proyectos institucionales. Se estima que ganan entre cuatro y cinco mil pesos por mes, que se les paga con fondos del Ministerio de Educación porteño a través de la ONG. Juan Martinena, delegado gremial de Ademys en el Liceo Nº 4, considera que se trata de trabajo precarizado que va contra el estatuto docente. «Los co-docentes entraron al colegio por la ventana. Se comunicó como un hecho consumado que iban a empezar a venir en una reunión de profesores por cargo, no se decidió conjuntamente. Tengo entendido que ni siquiera se comunicó a los padres de los chicos esta decisión», comenta preocupado.
Para dar clase en escuelas públicas hay que pasar por un proceso que incluye la suma de puntajes, títulos, cursos, consulta de antecedentes, apto médico y psicológico. Los cargos disponibles se publicitan mediante acto público para asegurar un acceso democrático y transparente a las funciones. «Con el programa Enseña por Argentina se está precarizando la formación del que está dentro del aula, no se sabe con qué mecanismos se los selecciona, porque eso depende de los coordinadores de la ONG», sostiene Martirena. Resalta el hecho de que en Enseña por Argentina se fomenta la formación en institutos de enseñanza privada por medio de becas, en detrimento de los profesorados públicos.
Por el momento, muchos de los docentes del Liceo Nº 4 optaron por no dejar que los co-docentes ingresen a las aulas, ya que el programa es optativo. La objeción no es contra los individuos que se desempeñan en la ONG, sino contra la forma en que fue implementado, que implica una intromisión de lo privado en la educación pública.
La decisión que el programa se implemente en el establecimiento la tomó Eduardo Toscano, supervisor de la región. A pedido de los docentes, acudió a la escuela para dar detalles sobre el proyecto. «El supervisor no conocía el convenio por el cual la fundación entra a las escuelas públicas. Lo que yo entiendo es que se está aprovechando la necesidad de la escuela, se le quitan los recursos, y en lugar de crear cargos genuinos ingresan por medio de una ONG profesionales sin estatuto, sin convenio, sin reglas», afirma Martirena.
«Se está aprovechando la necesidad de la escuela, se le quitan los recursos, y en lugar de crear cargos genuinos ingresan por medio de una ONG profesionales sin estatuto, sin convenio, sin reglas», afirmó Martirena.
Profesionales que quedan afuera
En 2007, bajo el gobierno de Jorge Telerman, en la ciudad de Buenos Aires se creó la Tecnicatura en Pedagogía y Educación Social, dictada en el Instituto de Tiempo Libre y Recreación (ISTLyR), una institución educativa pública y gratuita. La carrera propone una formación integral de los educadores, teniendo en cuenta ámbitos educativos diversos, con eje en la visión de la educación como un derecho. Propone una actitud crítica y reflexiva ante la educación y la concepción del sujeto. Los egresados de esa carrera llevan años intentando lograr modificaciones o excepciones en el estatuto para poder acceder a cargos en escuelas públicas ya que cuentan con formación idónea para desempeñarse como asesores pedagógicos dentro del Estado, pero no han recibido respuestas del gobierno en todos estos años.
“En Enseña por Argentina trabajan con el (PISA) Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos. Se trata de exámenes estandarizados elaborados con los parámetros de países centrales, que desconocen los procesos de profunda desigualdad que dan lugar a la realidad educativa de nuestro país”, comenta una egresada de la institución que prefiere mantener su nombre bajo reserva, ya que trabaja en el Gobierno de la Ciudad. “La mejora de la educación –agrega- se tiene que realizar por medio de políticas públicas que atiendan las contradicciones de un Estado que legitima la desigualdad. Esta ONG, en su web, dice que está orientada a formar en el liderazgo; es decir, propone un horizonte educativo que tiene que ver con el mundo empresarial”.
Gabriela Pignataro, una estudiante de la carrera del ISTLyR, considera que la implementación de la ONG es una “pantalla de voluntariado que esconde un negocio”. Y agrega: “He visto avisos para trabajar en esta organización publicados en Zona Jobs como trabajo pago. Los cargos técnicos en las escuelas deben otorgarse a personas que estén formadas con una mirada en procesos educativos. Un título universitario no te garantiza una mirada pedagógica. ¿Cualquiera puede estar dentro de un aula?”.
Toma de posiciones
La implementación del programa de co-docentes en Capital Federal trascendió gracias a una denuncia de Ademys, pero lleva años siendo implementado en las provincias de Córdoba y Salta. No es la primera irregularidad en la injerencia de ONGs en la escuela pública: diez días atrás, la Justicia Porteña ordenó suspender el programa de evaluaciones de hábitos de niños, niñas y adolescentes que la Jefatura de Gabinete y la ONG ILSI (International Life Sciences Institute) realizaba en establecimientos porteños a través del programa Mi Escuela Saludable. La organización estaba sustentada por multinacionales como Monsanto y Coca-Cola.
El motor que impulsó la visibilización del caso de Mi Escuela Saludable fue la acción de los padres de la Cooperadora de la escuela República de Colombia Nº 26, de Boedo, en donde se intentó implementar el programa. “Cuando vino Cecilia Antún, la coordinadora del programa, a hablar con los padres para que firmáramos la autorización para realizar los estudios, no nos pudo dar explicaciones acerca de si esos análisis estaban aprobados para ser realizados en niños, ni tampoco podía explicar por qué se había elegido a ILSI, una institución cuestionada a nivel mundial, y ni siquiera nos pudo decir para qué serían utilizados los datos que ellos deseaban relevar. Cuando le preguntamos si los resultados del estudio serían aplicados al menú del comedor escolar nos dijo que el programa no tiene articulación con los comedores escolares”, comentó Diana Reingart, tesorera de la Cooperadora y madre de dos alumnos de la escuela.
Desde Ademys están trabajando estrategias para revertir esta tendencia de las ONG: “La escuela se debe organizar y dar el debate. Hay que transmitir a los docentes que el directivo no es el dueño de la escuela. Por otro lado, es preciso analizar cuáles son los recursos genuinos que le hacen falta a cada institución y de esta forma evitar las decisiones tomadas por medio de votaciones ideológicas”.
Actualizada 31/05/06
May 19, 2016 | inicio
Cientos de manifestantes desafiaron ayer al frío y marcharon al caer la tarde hacia el barrio de La Boca para repudiar el ataque a militantes barriales por parte de una patota vinculada al PRO. El ataque ocurrió en la última sesión del Consejo Consultivo de la Comuna 4, cuando dos personas resultaron heridas de gravedad con armas blancas el pasado 4 de mayo. La convocatoria, organizada por el colectivo La Boca Resiste y Propone, reunió a múltiples agrupaciones políticas, legisladores de la oposición y asociaciones vecinales que rechazan la entrega de tierras linderas a Casa Amarilla al club Boca Juniors, oficializada el 25 de febrero pasado.
Los planes de la dirigencia xeneize, encabezada por el empresario Daniel Angelici, hombre cercano al Presidente de la Nación, Mauricio Macri, consisten en construir en esos lotes un estadio-shopping que reemplace a La Bombonera, mientras que los vecinos reclaman que sean destinados a viviendas sociales, escuelas y centros de salud. “El último recurso que encuentran los sectores dominantes para resolver un conflicto a su favor, siempre que se encuentran con una fuerte resistencia popular, es la violencia política”, aseguró Pablo Ferreyra, diputado porteño del Frente para la Victoria (FpV), y agregó: “Lo que ocurrió hace dos semanas es el resultado del desencuentro entre un sector de vecinos que reivindica la función social de la tierra pública y el poder político, aliado con sectores empresariales, que creen que el único uso que se le puede dar a esos recursos es lucrativo”.
La concentración comenzó a las 17, en las puertas de la subsede comunal, en Barracas, con una conferencia de prensa en la que se leyó un comunicado público: “Al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no le pedimos un gesto de humanidad, como llamar o recibir a las víctimas de la agresión por parte de su patota, sino simplemente que garantice el derecho a la participación ciudadana democrática”, fueron las primeras palabras que se oyeron en el acto, en el que se pidió reiterada y enfáticamente la renuncia de Jorge Apreda, presidente de la Comuna que abarca los barrios de Barracas, La Boca, Nueva Pompeya y Parque Patricios. Una hora más tarde comenzó la marcha hacia la simbólica esquina de Almirante Brown y Blanes, en donde se sitúan los terrenos que dieron origen al conflicto.
La noche del 4 de mayo resultaron gravemente heridos Matías Scinica, de la agrupación vecinal Boca Es Pueblo, y Fernando Abal Medina, de Descamisados, hermano del senador nacional del FpV y ex jefe de Gabinete, Juan Manuel. Entre los responsables del ataque figuran Rodolfo Corzo, apodado “el Cordobés”, empleado de la Comuna 4, y también su hijo, del mismo nombre. “Si bien el episodio que tuvo lugar durante la reunión del Consejo Comunal fue absolutamente repudiable, el objetivo de esta convocatoria es relanzar la discusión de fondo, que es la entrega del patrimonio público”, comentó Maluca Cirianni, titular del centro cultural Casa Torquato Tasso, y una de las integrantes fundadoras de Boca Resiste y Propone.
Otra integrante del colectivo, Natalia Quinto, advirtió que el Gobierno de la Ciudad, los directivos de Boca y los empresarios inmobiliarios apetecidos por invertir “están dispuestos a todo para defender sus negocios millonarios. Hablamos de un compañero apuñalado en el cuello (Scinicia) y otro que fue pateado en el piso hasta casi morir (Abal Medina) –especificó-. Esto prueba que ni siquiera respetan la vida humana y buscan desalentar la participación popular”. Por su parte, otro de los presentes en la jornada, Claudio Morresi, ex futbolista y otrora secretario de Deportes durante el kircherismo (hermano de Norberto, militante peronista secuestrado y asesinado durante la última dictadura militar), comentó: “Repudiamos totalmente lo que ocurrió y estamos sorprendidos de que a pesar de los avances que han habido en estos años en materia de derechos humanos ocurran todavía cosas como éstas. No entendemos por qué las personas que perpetraron estos intentos de homicidio no hayan rendido aún cuentas ante la Justicia”.
“Yo nací en un conventillo que es de chapa y de cartón. No queremo’ estadio–shopping, la puta que los parió”. A pesar de que los años de Macri como presidente de Boca (1995-2007) coincidieron con la etapa más próspera de la institución en términos de logros deportivos, tanto el actual jefe de Estado como sus aliados Angelici y Rodríguez Larreta fueron los principales destinatarios de los cánticos de los integrantes de Boca Es Pueblo y adornaron la caravana hacia Casa Amarilla. “Macri, Macri botón, Macri, Macri botón, vos sos la dictadura, la puta madre que te parió”, repetían a coro, advirtiéndole al ahora primer mandatario que el recuerdo de los días de gloria no sería suficiente.
La controversia por los terrenos de Casa Amarilla comenzó, como contó ANCCOM en una nota publicada el 5 de mayo, en los años ’90, cuando el entonces intendente porteño Carlos Grosso cedió a Boca Juniors parte de las tierras situadas a pocas cuadras de La Bombonera, que una década antes habían sido transferidas a la Ciudad para aliviar el déficit habitacional. Durante las gestiones en la Capital de Fernando de la Rúa y Aníbal Ibarra se determinó por ley que el resto del terreno sería destinado a un total de 4.000 viviendas, pero para el final de la administración de Macri –electo jefe de Gobierno en 2007 y reelecto en 2011- apenas se contaban unas 400, es decir, el 10% de las estipuladas inicialmente.
Lo que ocurre en La Boca es, en realidad, un caso dentro de una tendencia que se repite en otros puntos de la Ciudad. Según un relevamiento del colectivo Buenos Aires No Se Vende, serían en total más de 2.500 los inmuebles de dominio público que el gobierno porteño pretende pasar a manos privadas a través de diferentes instrumentos legales. El conflicto de las tierras de Casa Amarilla sobresale por no haber sido tratado en la Legislatura, a pesar de que así lo exige la Constitución porteña.
May 18, 2016 | inicio
Con la finalidad de nutrir la discusión sobre una nueva ley de comunicaciones que contemple la convergencia mediática para reformar las leyes 26522 y 27078 se realizó un debate abierto el 17 de mayo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Fue un primer encuentro que pretende multiplicarse en diferentes universidades del país durante el resto del año y tuvo como oradores a Damián Loreti, Martín Becerra, Alejandro Fargosi y Diego Petrecolla. Quien presidió el encuentro de la Comisión Redactora de una nueva ley de comunicaciones fue uno de sus miembros, Andrés Gil Domínguez, y profesor de es esa casa de estudios, mientras que Silvana Giúdici, coordinadora de la Comisión y directora del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), se encargó de dar inicio a la jornada.
La propuesta consistió en plantear lineamientos generales frente a un posible proyecto de ley de convergencia en la comunicación. Becerra, profesor de la UBA e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), centró su discurso en cuatro ejes: cuáles son los objetivos y definiciones; qué sucede con el interés público; qué desafíos plantean la concentración de mercados convergentes y la competencia; quién aplica la regulación y quién controla el ítem anterior. Respecto del primer eje, mencionó la necesidad primigenia de definiciones conceptuales: “Diferentes definiciones de convergencia operan como percutoras de distintos posicionamientos legales y regulatorios, además de comerciales y productivos. Es necesario acordar qué tipo o tipos de convergencia se quieren regular con la política pública”.
Para el investigador, es fundamental conocer qué se regula y para qué, dado que una futura ley debería reconocer las consecuencias de una comprensión amplia y social de la libertad de expresión: “Comprende tanto a la libertad para emitir por distintos medios y soportes como para buscar y acceder a una diversa gama de contenidos y perspectivas. La libertad de expresión en su doble faceta, la diversidad cultural y el acceso a contenidos, medios y tecnologías diversas y sin discriminación, conforman el trípode de objetivos estratégicos para una normativa para la convergencia. Estos objetivos concretos aparecen tensionados por un proceso que incorpora dimensiones políticas, sociales, económicas y tecnológicas”. De todos modos, no dejó de aclarar que lo anterior impacta en la movilidad continua de intereses de actores que no son necesariamente conciliables.
Petrecolla, economista y ex presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, llevó la discusión a su área de especialidad: “Hay mercados, en los cuales pensábamos que la competencia no era posible, donde la convergencia ha mostrado que sí es posible”. Si bien sus argumentos reconocían la presencia de actores de posición dominante, la prioridad siempre debía ser la defensa de la competencia.
A pocos días del inicio de su mandato presidencial, Mauricio Macri firmó el DNU N° 267 que dio paso a la creación del ENACOM, y modificó de hecho a las leyes 26.522 y 27.078. En marzo de 2016, la Resolución N° 9 del Ministerio de Comunicaciones asentaba los principios y los objetivos de la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de las Leyes N° 26522 y n° 27078, creada por el decreto mencionado. Becerra sostuvo: “La tecnología es un vínculo social y no sólo el artificio técnico. Cuando hablamos de interés público, hablamos de cómo la ciudadanía es sujeto de derechos por los que el Estado debe velar. El interés público reclama al Estado la promoción de políticas que estimulen la diversidad de actores, de perspectivas, de puntos de vista, cultura, geográfica, de servicios y aplicaciones”.
Loreti, abogado y especialista en política y derecho de la comunicación, aprovechó para realizar una observación al respecto: “En la Resolución 9 no aparecen los temas culturales. Sí aparece la libertad de expresión, pero no hay un énfasis en los derechos culturales, como tampoco está presente la palabra ‘trabajo’. Dentro de la Convención de la Diversidad Cultural, aparecen obligaciones del Estado, tales como medidas destinadas a promover la diversidad en los medios de comunicación”.
El artículo 3 de la Resolución, señala: “La Comisión tendrá a su cargo el estudio de las reformas necesarias a las Leyes N° 26.522 y N° 27.078 a fin de producir un texto homogéneo de esos cuerpos normativos y que estén en condiciones de garantizar la más amplia libertad de prensa, el pluralismo y el acceso a la información, fomentar el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones, avanzar hacia la convergencia entre las distintas tecnologías disponibles, garantizar la seguridad jurídica para fomentar las inversiones en las infraestructuras, evitar la arbitrariedad de los funcionarios públicos y garantizar los derechos de los usuarios y consumidores”. Dada la complejidad que implica todo lo anterior, Loreti propuso encontrar un espíritu fundacional que funcione como base para la futura regulación, de manera tal que los diversos intereses, potencialidades y derechos sean contemplados.
De todas maneras, por el momento, el gobierno de la alianza Cambiemos no cuenta con un proyecto de ley convergente. Becerra expresó el deseo de que se vuelva a convocar una mesa consultiva, una vez que se haya avanzado en materia concreta.
Actualizado 19/05/2016
May 4, 2016 | inicio
A 26 kilómetros de Capital Federal por la autopista Buenos Aires-La Plata, luego de cruzar avenidas, calles, semáforos, curvas y contracurvas de Berazategui, al final de un camino de tierra -y por las lluvias ahora también de barro- se levanta el frigorífico Subproductos Ganaderos Argentinos (SUBPGA), una cooperativa que, como tantas otras Pequeñas y Medianas Empresas, en las últimas semanas acusó el impacto del tarifazo en los servicios -en especial el eléctrico- definido por el gobierno de Cambiemos. En la Ciudad de Buenos Aires, una marca local de zapatillas, bolsos y carteras de diseño acusa la misma crisis. “Fue un aumento muy de golpe para las PyMEs y para las casas de familia. La gente no está comprando y también nosotros tenemos que aumentar a los empleados para que cubran la suba en sus hogares”, afirma Itatí Montechiani, creadora de Puro junto a Gabriel Pozner.
Luis Maidana, presidente de SUBPGA, recibe a ANCCOM en su oficina. Afuera golpea el primer frío del año. Después de los saludos comparte un video que retrata la preocupación del sector por los drásticos aumentos. Se trata de un video filmado con su celular que lo muestra junto a Eduardo “Vasco” Murua, referente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) y otras tres personas en una cornisa de un piso alto del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, en una medida de protesta por la suba de tarifas.
¿Si fueran una emrpesa privada ya hubiesen despedido gente?
Sí, acá (la zona de Berazategui) todos hicieron lo mismo. No te queda otra que achicar. No podés achicar el costo en otro lado. No podés decir ´no compro este tornillo´. Nosotros no, nosotros seguimos los mismos. Aunque se nos bajó el nivel de faena.
La protesta del 20 de abril en el Ministerio que encabeza Juan José Aranguren se convirtió en saga. Los cooperativistas y pequeños empresarios amenazaron con el llamado a una “rebelión fiscal” en caso que el poder central no acepte revisar la decisión del tarifazo. El subsecretario de Coordinación Administrativa, Sebastián Scheimberg, debió firmar un documento que compromete a la cartera a la apertura de un registro para poder “evaluar caso por caso la incidencia de las tarifas eléctricas sobre los niveles de facturación”. Las cooperativas deberán presentar balances de facturación y facturas de luz que muestren los aumentos.
Historia, números y porcentajes
El Ministerio de Energía y Minería que encabeza el ex presidente de Shell Argentina declaró en diciembre pasado la emergencia energética y resolvió un aumento en las tarifas de luz y gas cuyos porcentajes y precios varían según los niveles de consumo y el tipo de usuario, si es industrial u hogareño. En el segundo caso subdividido, a su vez, en beneficiario o no de tarifa social.
Con siete nuevas categorías para los usuarios residenciales de Edenor y Edesur -muchos de los cuales perdieron subsidio estatal- las tarifas eléctricas sufrieron un aumento de hasta el 500 por ciento. En las últimas semanas, ese impacto comenzó a sentirse con fuerza en el sector PyMEs donde algunas facturas dibujaron un aumento del 600 por ciento. “Los aumentos cambiaron la estructura de costos. En algunas empresas la factura de energía eléctrica igualó o superó a la nómina salarial”, grafica Eduardo Fernández, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APyME).
En diálogo con ANCCOM, Fernández no duda en utilizar la metáfora -gastada pero justa- del “cóctel peligroso”. Y enumera: “Los aumentos vienen con disminución de la producción, encarecimiento del crédito, disminución de venta, ingreso de artículos importados y con apriete de los organismos de recaudación que batieron récords de intimaciones y embargos en estos últimos dos meses”.
Aunque el aumento de gas aún no se reflejó de lleno en las facturas, las empresas pequeñas ya sacan cuentas negativas también en ese rubro. “Recién va a impactar a partir del 15 de mayo. Pero puede llegar a multiplicarse por diez, doce y, nos han dicho algunos especialistas, hasta quince veces”, advierte Fernández.
La búsqueda de la racionalización del consumo es uno de los argumentos con que se publicitan los aumentos tarifarios. Se incentiva con descuentos a aquellos consumidores que logren reducir el consumo respecto a igual período del año anterior. Sin embargo, esta política que tiene sentido para el consumo hogareño es perjudicial para las PyMEs. “La nueva estructura de facturación contempla, irrisoriamente, que quien más consume en relación al año anterior o a períodos anteriores, paga más, tanto en gas como en energía eléctrica. Hay muchas de nuestras PyMEs que han invertido y establecido nuevas líneas de producción y eso deriva en un aumento lógico del consumo energético”, concluye Fernandez.
Datos de CAME
A principios de abril, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) advirtió que “las PyMEs reciben las nuevas boletas de luz con subas promedio de 152 por ciento. Sin embargo, la organización sentenció: “La variabilidad es muy alta y hay casos, especialmente en la industria, donde el alza supera el 600 por ciento”.
Los datos derivan del “Monitoreo de impacto tarifario” realizado por CAME en base a 240 PyMEs de diferentes provincias y de la Ciudad de Buenos Aires al que tuvo acceso ANCCOM. De estas empresas, casi tres de cada diez tuvieron incrementos superiores al 200 por ciento, las otras siete, subas mayores al 100 por ciento.
Vicente Lourenzo, secretario de Prensa de CAME y vicepresidente de la Federación de Comercio de Buenos Aires (FeCoBA), advirte que el impacto de la suba de tarifas es doble. “Un vector es aquel que impacta directamente sobre los costos porque son aumentos que no estaban previstos”, explicó.
Para Lourenzo, el aumento hogareño “quita la posibilidad de consumo de la población en general”. Y concluye: “Esto también nos afecta a nosotros porque se traduce en caída de ventas”. En ese sentido, CAME argumenta que el reacomodamiento de “las tarifas generará un alto costo para las PyMEs porque las encuentra con caídas en las ventas, bajas en la producción y serios problemas de liquidez”. El informe detalla un caso similar al de SUBPGA. Se trata de un frigorífico de la provincia de Santa Fe cuya boleta de luz subió a cerca de 850 mil pesos, pasando a representar el 15 por ciento de sus costos de producción.
Los ejemplos se multiplican. Una pequeña imprenta que pagaba cinco mil pesos pasó a pagar 25 mil. Un parque industrial en Córdoba con cuatro empresas que pagaba 1.100.000 pesos, deberá afrontar una factura de 4.200.0000, grafica ApyME.
Rubén Sosa, trabajador de la cooperativa Cooperativa Subpga.
¿Fin de la inversión?
La situación en el frigorífico SUBPGA es aún peor. el porcentaje de aumento de la tarifa eléctrica es superior al 450 por ciento de diciembre a la actualidad. A esto se suma la caída en las ventas y en la producción. “En 2013 y 2014, la faena llegó a un nivel de 4.500 animales por semana. Hoy ese número desciende a 2.400. La faena está bajando porque la venta está bajando, porque la carne está muy cara y la gente come menos”, explicó Maidana.
Para SUBPGA eso significa una baja en los salarios. Los trabajadores cobran un “retiro” por semana y dos veces al año un retiro mayor en que se reparten los excedentes de la cooperativa, excepto lo que han decidido invertir. “Nosotros cobramos según trabajamos. Y bajaron un poco los retiros. Un veinte por ciento. Los retiros de julio y diciembre sabemos que no los vamos a tener. La plata la estamos invirtiendo acá. Porque no llegamos con los costos”, explica.
Por cada cien pesos que factura la cooperativa, 32,5 van destinados a pagar los salarios, 27,5 se utilizan en el mantenimiento de la planta, y 20 constituyen esa suerte de aguinaldo que dos veces al año retiran los trabajadores. Los 20 pesos restantes van destinados a una serie de beneficios que la cooperativa ofrece a sus trabajadores: sala de atención médica y odontológica en planta, vacaciones, camping para los trabajadores. La última factura de luz se llevará 8,5 pesos por cada cien que factura el frigorífico, que se le deben restar a cualquiera de los gastos antes mencionados.
Juan Martin Carpenco asiste a la cooperativa en cuestiones administrativas. Aunque reconoce que “había una sensación de que iban a aumentar” los servicios, el cuadro adquirió una gravedad inimaginable. “Si a vos te dicen `te va a subir la luz´, ¿cuánto? se irá al doble… pero seis veces más, es algo que no te podés esperar”, grafica. Y suma: “Incluso desde un punto de vista financiero, aunque tengas el dinero, vos lo tenés colocado en otro lado. La plata en una empresa está en función de la empresa. Ningún tipo que esté analizando una medida como esa puede pensar que alguien puede subsistir”.
Desde Puro, una pequeña empresa con doce empleados y tres sucursales, explican que en su local de San Telmo la factura de luz pasó de 800 a 2.800 pesos en los últimos dos meses, y de representar un 8% del gasto del local, a más de un 25%. “Esto nos influye a la hora de tomar decisiones”, señala la dueña de la marca en diálogo con ANCCOM. Y completa: “Estamos por abrir un local más y esto nos influye para decidir, porque los gastos de luz son proporcionales al tamaño del local”.
Detrás de los aumentos de tarifas y de los procesos de inversión productiva que las PyMEs deben modificar o en muchos casos detener, hay, según ApyME, una “traslación de recursos, de capital de trabajo, de la pequeña y mediana empresa hacia el sector concentrado de energía”. Para los planes de inversión -cuenta Fernández- el nuevo cuadro tarifario “coloca al costo de la energía argentina, en el caso del gas, como el más caro de la región y uno de los más caros del mundo”.
Convertida en cooperativa desde 2011, después del abandono empresario a 500 trabajadores, el frigorífico de Berazategui enfrenta esos desafíos. “SUBPGA había logrado hacerse de una espalda como para empezar a respetar los niveles normales de producción, estamos tirando el caño de gas desde la avenida para acá”, explica Carpenco. El fuerte aumento en la tarifa de luz obliga a un cambio de planes. “Toda esa guita que estaba en movimiento para mejorar la calidad, para trabajar mejor, va para esa factura”, concluye.
Otros planes de ampliación, como la apertura de carnicerías, también entraron en un cono de dudas. “La idea era abrir diez bocas de expendio. Nosotros podemos dejar los precios diez o veinte pesos más barato por kilo que otra carnicería. Estábamos en eso hasta que llegó esto (señala la factura de luz). Estábamos en tres carnicerías, y nos tuvimos que frenar”, advirte Maidana.
Desde la CAME, el argumento de reclamo hace eje en un pseudo slogan de campaña de Cambiemos. “Lo que pedimos es gradualismo. Fundamentalmente porque estos aumentos nosotros no tenemos posibilidad de trasladarlo a precios, porque ya los precios no resisten mayores aumentos”, subraya Lourenzo y argumenta: “Algo de esto se veía venir. Todos los candidatos presidenciales lo habían dicho, pero la verdad es que no creíamos que iba a ser de esta magnitud, con mucha pérdida de ventas, con un fuerte impacto en la estructura de costos”.
Actualizado 04/05/2016
