Feb 22, 2017 | Trabajo
Pese al compromiso firmado el 22 de noviembre pasado entre el gobierno, empresarios y sindicalistas nucleados en la CGT, para evitar el despido de personal hasta el 1 de marzo de este año, el último informe del Centro de Economía Política Argentina -CEPA- revela que hay un promedio de 190 trabajadores por día que son despedidos.
En total ya suman 245.466 los despedidos y suspendidos desde que asumió Mauricio Macri, entre los 74.655 del sector público y los 170.811 del sector privado. Las principales ramas afectadas son la de construcción, metalúrgica y textil, aunque no son las únicas. En tanto, desde la firma del pacto, hace 3 meses, se destruyeron más de 13 mil puestos.
Las cifras del CEPA contabilizan los despidos a partir de la asunción del macrismo en diciembre de 2015 y detallan que el sector más afectado por esta problemática es el de la construcción, con 60.626 pérdidas de fuentes de trabajo. Le sigue la rama de la metalúrgica con 17.567 entre despidos y suspensiones. ANCCOM intentó dialogar con los referentes de la UOCRA y la UOM pero no hubo respuesta desde esos gremios.
Cooperativa Subpga. Foto: Archivo ANCCOM
Ola de despidos
Hace una semana, la empresa alemana Mefro Wheels cerró su planta en Rosario y dejó sin trabajo a 170 empleados. A fines de enero, la ensambladora de computadoras Banghó había hecho lo mismo con más de 200 trabajadores, de su fábrica ubicada en Vicente López. Luego de la protesta de la UOM, esos despidos se convirtieron en suspensiones. Por otra parte, también durante enero cerraron dos plantas de la empresa textil Alpargatas, empujando al desempleo a unas 200 personas.
Hernán Letcher, economista y director del CEPA, explica que la situación en la construcción se debe a la paralización de la obra pública a inicios de 2016. En cuanto al sector metalúrgico agrega: “En general es una actividad vinculada a la mayoría de los sectores productivos, como todo se retrajo, esto la afectó por distintos lugares”.
Otra de las ramas más desfavorecidas es la textil, que sufrió, según los registros del CEPA, 3.752 pérdidas de empleo y 11.820 suspensiones. Hugo Benítez secretario general de la Asociación Obrera Textil-AOT- se refiere a las dificultades que atraviesa su sector: “Es todo una cadena, aumentan los insumos porque hay una inflación del 41%, hay recesión en la producción, no hay consumo y eso hace que la industria nacional esté prácticamente paralizada”.
Como la mayoría de la actividad económica, la industria textil fue perjudicada por la apertura de las importaciones y la caída del poder de compra. Al respecto, Letcher señala: “El área textil está íntimamente ligada al mercado interno, al caer el salario real un 6%, se vio afectada y más si incluso parte de los que se compra viene de afuera”. Benítez, de la AOT, alerta sobre la situación: “Si la política económica no habilita la posibilidad de que se reactive el consumo, chau. Todas las empresas que suspendieron y despidieron, si cuando reincorporen a la gente no tienen la posibilidad de sacar el stock, los trabajadores vuelven otra vez a las casas o a la calle”.
En el estudio realizado por el CEPA también se registra la expulsión de trabajadores en otras áreas de la producción que no llegan a ser tan impactantes aún. Es lo que ocurre por ejemplo con el sector de frigoríficos donde se registraron 3.071 despidos. Lo mismo que en plásticos y curtiembres donde hay 406 entre cesantías y suspensiones para el primero y 374 para el segundo.
Claudio Blanch, secretario general adjunto de la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados, señala que en su sector donde el 20% de la producción se exporta, los conflictos se dieron en el área comercial debido al impacto en las ventas de la caída del consumo de carne vacuna. El sindicalista destaca que su gremio no sufrió grandes despidos aunque reconoce que hay mermas en la cantidad de horas de trabajo, lo que en definitiva influye en los sueldos: “Tenemos una herramienta fundamental que es la garantía horaria, son 140 horas mensuales garantizadas que si no se llega a cumplir esa cantidad las tienen que pagar igual. Es una instrumento que están utilizando mucho los empresarios y por eso no hay tantos despidos”, puntualiza.
En curtidores, las características de la industria, que exporta el 93% de la producción, también minimiza el impacto de los conflictos. Sin embargo, Walter Correa, Secretario General de la Federación del Cuero admite dificultades para la pequeña empresa: “Las pymes están muy expuestas al cierre debido a que la industria consume mucha agua, energía y gas. Estos factores indispensables son los que están sufriendo los tarifazos y es lo que termina afectando los puestos de trabajo.” Además, Correa advierte que la combinación de “las importaciones, el tarifazo y que se haya detenido el consumo local, son las tres causas que detonan la pérdida del empleo”.
Letcher, en la misma línea que Correa, agrega: “De las tres razones, la más importante es la caída del salario real, es la que más ha afectado la producción interna”. Y aunque analiza que no se prevé que en el 2017 vayan a mantenerse los mismos niveles de destrucción del empleo que los del año 2016, alerta sobre las importaciones: “Todavía no han llegado a su techo, lamentablemente van a hacer estragos incluso todavía más adelante.”
Cooperativa Subpga. Foto: Archivo ANCCOM
Desde las bases
Actualmente, dentro del gremio liderado por Correa, trabajadores de la curtiembre Espósito en Avellaneda, mantienen un conflicto con la fábrica, que estuvo cerrada durante un mes en octubre del año pasado. Al reabrir en noviembre, de 108 trabajadores que había, despidieron a 58. Aún hoy esos empleados aguardan una audiencia en el Ministerio de Trabajo para llegar a un acuerdo con los dueños de la empresa que ni siquiera presentaron una propuesta de pago por las indemnizaciones correspondientes. Daniel Flores, delegado en Espósito, advierte que: “Ya veníamos con una baja de trabajo pero no como para que despidan así a 58 compañeros”.
Correa se muestra escéptico respecto al rol del Estado: “El Gobierno echa gente desconociendo los propios acuerdos que firma. Y el viceministro de Trabajo (nota de la r: Miguel Ángel Ponte) les responde a los compañeros gráficos que no puede hacer nada porque la situación está superada”. Recordemos que a fines de enero el Grupo Clarín despidió a 300 trabajadores de su planta de impresión del barrio porteño de Pompeya.
Otra empresa en donde hubo conflicto durante el último mes fue Mascardi, perteneciente al sector del plástico. En enero hubo 42 cesantías, que fueron reincorporadas por la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. En febrero al vencer la medida se volvió a despedir a los mismos empleados y a otros ocho, originando la toma de las instalaciones de la fábrica. “La toma se decidió levantar porque dieron marcha atrás con los despedidos, los nuevos y los viejos, y se comprometieron a pagar el 100% las indemnizaciones”, comenta Emmanuel Kommers, delegado en Mascardi y agrega: “Están siguiendo una línea general. ¿Quién les va a decir algo?. Es un ajuste a todos, no solamente acá, hay miles de lugares que están iguales o peor”.
Marcha Federal a Plaza de Mayo, septiembre 2016. Foto: Archivo ANCCOM
Perspectivas
“En lo que tiene ver con la industria los despidos crecen todos los meses a una tasa relativamente uniforme”, señala Letcher y en base al acuerdo antidespidos firmado por el gobierno y empresarios el 22 de noviembre pasado señala: “No tuvo efecto básicamente, las grandes empresas que lo firmaron también despidieron.” Efectivamente, el cálculo realizado por el CEPA marca que desde la firma del compromiso se produjeron 13.291 nuevos despidos, lo que se traduce en un promedio de 190 por día.
Sobre esta cuestión, Benítez, de la AOT, opina: “Las empresas que habían firmado el compromiso de no despedir, son las mismas que salieron de la Casa de Gobierno y lo que hicieron al llegar a sus empresas fue hacer todo los contrario.” En cuanto a la recuperación de los puestos de trabajo Letcher concluye: “En el sector industrial, claramente los despidos no se han repuesto. Pero en términos generales, a cualquiera que echen de cualquier actividad, está en problemas porque no tiene dónde conseguir trabajo”.
Actualizado 22/02/2017
Feb 8, 2017 | Trabajo
“Se va a acabar, se va a abolir, la dictadura de Clarín”. La consigna volvió a sonar con fuerza en el centro porteño. Con el respaldo de gremios y organizaciones políticas y sociales, los trabajadores de Artes Gráficas Rioplatense (AGR), la planta de impresión del multimedios, se movilizaron el viernes desde la histórica Plaza de Mayo hasta las puertas del Ministerio de Trabajo para reclamar la intervención de Jorge Triaca y exigirle que se dicte la conciliación obligatoria y la reincorporación de los 380 obreros despedidos sin justificación.
La marcha contó con la participación de diversas asociaciones gremiales, como el Sindicato de Aceiteros, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA Conadu histórica), el Sindicato Único de Trabajadores del Peaje y Afines (SUTPA), entre otros.
También tuvieron una fuerte presencia organizaciones políticas como el Frente de Izquierda (FIT), el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y la organización La Alameda. También marcharon referentes políticos como la ex diputada nacional por el FIT Myriam Bregman, la referente del MST Vilma Ripoll y el legislador porteño Cristian Castillo.
La policía intenta frenar la marcha de los trabajadores de AGR-Clarín al Ministerio de Trabajo.
El persistente y sofocante calor no detuvo los continuos cánticos acompañados al ritmo de bombos y trompetas. “Clarín sigue mintiendo” era de uno de los lemas que se repetían en banderas y pancartas. “A no comprar el diario Clarín del domingo”, fue otra de las consignas.
“Si bien hay mucho apoyo, evidentemente hay que discutir, profundizar mucho más el reclamo, porque no hay respuestas ni del gobierno ni de la patronal, entonces están empujando hacia situaciones más fuertes, y evidentemente muestran la insensibilidad de (Héctor) Magnetto, de toda la vida, no le importa nada ni la gente ni el trabajo, y del gobierno”, afirmó a ANCCOM el periodista y ex trabajador de Clarín Pablo Llonto.
Desde el inicio del conflicto, el pasado 16 de enero, la planta de la gráfica del grupo Clarín ubicada en el barrio porteño de Pompeya se encuentra tomada por un grupo de trabajadores. Entre otras medidas de fuerza, también se realizó un abrazo simbólico a la planta el pasado 2 de enero y un piquete en las puertas de Canal 13 para denunciar el ocultamiento del conflicto.
Tras más de dos horas de marcha, los trabajadores fueron recibidos en la puerta del Ministerio por la Infantería. No obstante, dos extensas banderas de apoyo tendidas por trabajadores agremiados en ATE cubrían lo largo del edifico.
Cuando el delegado de AGR, Pablo Viñas, se acercó a consultar si iba a ser recibido, el jefe del operativo policial le respondió que no había “nadie” ya que, según la explicación de la custodia, el Ministro no había sido notificado de la reunión.
Más de una decena de policías cubrían la entrada y no dudaron en evitar el ingreso durante un forcejeo con los trabajadores. Fue el momento de mayor tensión de la manifestación.
“Venimos los trabajadores al Ministerio y nos recibe la Infantería. Es una vergüenza. Triaca no queremos la Infantería, queremos una mesa de diálogo, queremos que el Grupo Clarín se adecue a la ley, que reincorpore a todos los trabajadores de AGR-Clarín, que se nos pague la quincena, y que inmediatamente reabra la fábrica, no con trabajadores flexibilizados”, exclamó Viñas en su discurso final.
Y denunció: “Artes Gráficas Rioplatense no está cerrada, su gerencia está operando desde las sombras, haciendo un enorme gasto económico, para tercerizar todos los trabajos, dejarnos en la calle y flexibilizar”,
Viñas criticó la ausencia de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) de Hugo Yasky quien, según aseguró, en una reunión le había “prometido” estar presente en esta manifestación.
Viñas criticó la ausencia de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) de Hugo Yasky quien, según aseguró, en una reunión le había “prometido” estar presente en esta manifestación.
Tampoco tuvo reservas frente a la decisión del triunvirato que conduce a la Confederación General del Trabajo (CGT) que anunció un paro general y movilización recién en marzo próximo.
“Los tiempos de los trabajadores no son los tiempos de la CGT, no se puede habilitar a las patronales a que sigan despidiendo hasta marzo ¿Acaso no había un acuerdo de que no iba a ver despidos hasta marzo, firmado por la CGT, la Unión Industrial y el gobierno?”, cuestionó el delegado gremial.
“Les reclamamos a nuestra central obrera, a la Confederación General del Trabajo, que necesitamos un paro con movilización ahora, por el triunfo de la luchas, ahora, contra los despidos, ahora, por el convenio colectivo, ahora”, concluyó Viñas.
Actualizada 08/02/2017
Ene 25, 2017 | Comunidad
Los días de calor, en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) de José León Suárez (partido de San Martín), la basura fermenta y emana un vapor espeso. Quienes transitan por el Camino del Buen Ayre pueden observar una montaña humeante. Cerca de 17 mil toneladas de residuos desembocan allí diariamente y los habitantes de alrededor, como los del barrio Libertador –justo enfrente–, viven de ellos.
Todos los días de 18 a 19 se abren las compuertas y unas 500 personas entran a “la quema”, como le dicen, en busca de metales, plásticos y comida. Nora (52) y “Chaco” (48) son los coordinadores de la cooperativa Bella Flor, una de las siete que hay en el predio. “No te vayas a tropezar, si no te pasan por arriba”, advierte Chaco.
Bella Flor funciona en el primer galpón ingresando por una calle de tierra angosta, a 200 metros de la esquina del Buen Ayre y Salvador Debenedetti. Chaco cuenta que reciclan y comercializan botellas, bolsas de nylon y electrodomésticos, y que además tienen un comedor en el barrio. En un gran patio descubierto, se ven tres montañas de basura donde trabajan unos 60 operarios. A ellos hay que sumar el personal externo de la cooperativa, que incluye a los camioneros.
“La recolección tiene que pasar por la balanza y ahí se determina a qué planta va. Nosotros arreglamos con el CEAMSE que revisamos diez camiones a la mañana y cinco de countries a la tarde. Quizás a la noche entra alguno de contrabando pero es poco. Tenemos capacidad para veinte. Son doscientos camiones que llegan por día, quince a nuestra cooperativa. Descargan y el equipo sube las bolsas a la cinta que las transporta al primer piso. A los costados se ubican dieciséis personas que separan en dieciséis tubos distintos materiales. Van cayendo en bolsones en la planta baja, divididos en cartón, papel blanco, metal, aluminio. Los bolsones de PET (botellas de plástico) pasan por las prensas que los comprimen en fardos para luego ser vendidos. Lo que se desecha en este proceso va a la montaña”, explica Chaco.
CEAMSE se encarga del transporte, descarga y tratamiento de los residuos sólidos de la Ciudad de Buenos Aires y 34 partidos del conurbano bonaerense. Fue creada en 1977, durante la última dictadura. El barrio Libertador, frente al predio, cruzando el Camino del Buen Ayre, se formó en 1998 sobre tierras ocupadas. Antiguamente, allí había un lago que fue tapado con relleno sanitario y las casas están construidas sobre ese suelo. Una capa de tierra es insuficiente para evitar que los desechos asomen. “Si hacés un pozo, capaz encontrás un auto”, dice Chaco riéndose.
Familias enteras, con niños, cruzan la autopista para buscar entre la basura. Yogur, leche, carne, no se detienen en su estado: es comida. Solo se puede ingresar una hora al día y hay que calcular que se tarda media desde el portón hasta la montaña. La policía controla el lugar con reflectores y si encuentran a alguien fuera del horario, lo reprimen. Nadia (27), vecina del barrio, afirma: “La zona ahora está más tranquila que hace unos años, la mayoría ya no vamos más a la quema, ahora trabajamos en los galpones”.
Los habitantes del Libertador están organizados y sobresale la figura de Lorena Pastoriza, cabeza de la cooperativa Bella Flor. “Lorena pensó cómo hacer para que no se repitiera el caso de Diego Duarte, asesinado en 2004, y que la comida se pudiera comprar”, rememora Nora, y añade: “Ella presentó un proyecto de reciclaje. Empezamos con cortes y piquetes, hasta hubo muertes, nos tirábamos en la laguna para salvarnos pero tampoco dejamos policías enteros. El Estado defendía la basura en vez de proteger al pueblo que tenía hambre. Era propiedad privada pero también el lugar que nos daba de comer. Lorena buscó la forma de que pudiéramos comer sin que nos mataran. El nuestro fue el primer proyecto en ser presentado y el último en ser aprobado por el odio que nos tenían. Consistía en que nos dejaran separar la basura para venderla”. Finalmente, en 2008, se constituyó Bella Flor.
La muerte de Diego Duarte, de 15 años, marca un antes y un después. El 15 de marzo de 2004, él entró a la quema junto a su hermano Federico para hacer unos pesos reciclando basura. Era de noche, la policía detectó sus movimientos, los buscó con reflectores y perros pero ellos se escondieron. Para asustarlos, una topadora se acercó y dejó caer toneladas de basura sobre ellos. Diego desapareció. Hoy, el suyo es un asesinato archivado. “Y no es el único, hay más”, sostiene Lorena.
“En aquella época todo el barrio iba a la quema, cruzábamos de contrabando porque no nos dejaban pasar, cuidaban la basura como si fuera oro. Una vez vimos que venía la policía con perros y linternas, nos escondimos en los huecos que hacíamos buscando metal, nos tapamos dejando solo la cara descubierta y no nos vieron. Pero a Diego Duarte lo tapó la basura. Queremos creer eso porque la justicia nunca hizo nada”, cuenta Nora.
Luego del caso de Diego Duarte, la policía deja acceder en determinados horarios pero sigue reprimiendo porque también tiene su negocio. “Si por ahí caía un camión con electrodomésticos, a nosotros nos sacaban porque se lo querían llevar todo ellos y no lo podíamos tocar. Hicieron mucha plata acá”, asegura Chaco. A lo lejos, dos uniformados permanecen parados sobre la montaña, sacando pecho y panza, con la mano descansando sobre el arma.
En nueve galpones ubicados uno al lado del otro, funcionan las plantas de reciclado. Rosa Cuello (55), encargada de la “3 de Mayo”, explica: “De las siete cooperativas sólo dos están registradas como tales. Las demás trabajamos como ONG. Para no pagar los servicios ni las instalaciones que presta el CEAMSE manejamos un principio de economía social”. Rosa vive en el barrio Libertador y trabaja en la 3 de Mayo hace siete años: “Vienen diez camiones por día, los recibo, descargan y se separa la basura. Hay siete formas distintas para reciclar según el material: plástico, nylon, telas, papel y cartón, dividido entre seco y mojado, latas y vidrios. Luego se vende como insumo para fábricas, papeleras y químicas Tenemos clientes que se llevan lo que se produce. Por ejemplo, del nylon y de la tela se hacen trapos de piso”, ilustra.
El proceso está sistematizado. En términos de productividad, lo que más les rinde son los camiones con residuos sólidos urbanos de la recolección y también los que son “generadores” porque traen volúmenes masivos. “Los que vienen directo de Carrefour o Jumbo, y ahí aparece lo que para nosotros es mercadería”, detalla Rosa.
Chaco dice que “en las cintas encuentran celulares último modelo en funcionamiento, cadenas de oro, relojes antiguos”: “En una oportunidad, una compañera encontró 200 mil dólares envueltos en papel todo encintado, se los llevó y nunca más volvió. También se encuentran desde animales y hasta bebés, en esos casos interviene el cuerpo forense e investigan las causas de la muerte”.
La relación con la basura está naturalizada, los chicos descansan y almuerzan sobre las bolsas. “Se enferman, tienen que ir al médico y no cuentan qué comieron y les hizo mal. Dicen que mucho frito y se rompieron el estómago. Tienen que decir que se intoxicaron comiendo basura porque, ¿para qué trabajan y ganan un sueldo si van a seguir comiendo eso? Nuestra intención es que se compren la comida”, reflexiona Nora, de Bella Flor, con preocupación.
A todos los que trabajan les dan botas, guantes y máscaras y les insisten para que los usen. “Pero usan solamente los guantes y los borcegos –se queja Nora–, antiparras no y casco menos”. Una de las chicas, por no usar guantes, se clavó una jeringa en un dedo y al no tratarlo a tiempo, se le infectó y debieron amputárselo. Nora y el resto de los coordinadores coinciden en que el trabajo de la basura convive con la marginalidad social y el desamparo legal e institucional, y frente a esta situación ellos brindan contención: “Acá tenés muchas actividades. Muchos están estudiando, haciendo primaria y alfabetización con docentes del Ministerio de Educación”, relata.
Norma, otra recicladora, cuenta que “las botellas se venden a tres pesos el kilo a empresas que pagan 450 el fardo”. “De treinta bolsones sacás un solo fardo y con eso pagamos los sueldos”, explica. Con proveedores fijos y compradores diarios, el circuito se sostiene como cualquier empresa. Aquel que recolecta manualmente aluminio puede hacerse unos mangos de diferencia. Chaco recuerda que cuando empezó le pagaban $ 50 por día como ayudante de albañil, de lunes a viernes y a dos horas de su casa: “Acá en una hora hacía $ 150. Entonces pensé: me voy a romper la cintura, viajar encimado con la gente peleando, cuidando que no me roben, si acá en una hora hago lo que gano en una semana allá”.
Al lado de las cooperativas, están las plantas de las grandes empresas como la ex Manliba, del Grupo Macri, que posee maquinaria para hacer el trabajo automáticamente, y Covelia S.A., otro gigante de la recolección. En la intersección de Camino del Buen Ayre y Debenedetti, fuera del CEAMSE, están los galpones de Arcillex S.A., cuyos jefes, según Chaco, “compran los camiones de privados que traen heladeras y aparatos con alguna falla pero que funcionan”, y agrega: “Entonces los venden ahí, los dueños. La gente que trabaja no, van a la montaña a cambio de lo que cirujean para comer, ese es su sueldo”.
Empresas, cooperativas y ONG que nuclea el CEAMSE, todas dan empleo bajo una u otra modalidad informal de contratación. El Estado, por su parte, casi no reconoce la actividad de los trabajadores de la industria del reciclado, un negocio inmenso en manos de unos pocos, hecho a partir de lo que el consumo desecha, incluida su mano de obra, los excluidos del sistema.
A sólo media hora de la Capital Federal, una metáfora retorcida del capitalismo que produce ganancias aun cuando arroja sobre montañas de basura a los chicos que buscan comida.
25/01/2017
Ene 25, 2017 | Trabajo
La medida de fuerza de los empleados de AGR –propiedad del Grupo Clarín– lleva más de una semana. Atrincherados en el taller grafico, ubicado en el barrio porteño de Nueva Pompeya, los trabajadores denuncian el vaciamiento de la empresa. La gerencia de AGR aduce no tener trabajo suficiente para mantenerlos en sus puestos. Lo cierto es que, durante estos días de toma, otros talleres recibieron llamadas del Grupo Clarín para encargarles parte del trabajo que antes realizaban en AGR. Tal es el caso de la Cooperativa Poligráfica del Plata. “Necesitaban imprimir y coser urgentemente”, afirma Rodolfo Pugliese, integrante de Poligráfica, y agrega: “Pero cuando nos enteramos que era trabajo de AGR lo rechazamos inmediatamente”.
Marcelo Quinteros, afónico por los nervios que le provoca esta situación, trata de poner en palabras lo que están viviendo sus compañeros y él. Sobre la represión que sufrieron el martes pasado, considera que fue una acción premeditada entre el Gobierno porteño y las fuerzas de seguridad. “Da la casualidad que ese martes nos convocan a una reunión urgente con la persona que intervenía en este conflicto en el Gobierno de la Ciudad. Cuando salieron los colectivos a manifestarse al Ministerio, instantáneamente la policía se empezó a replegar y quiso vallar a unos 20 ó 30 metros de los portones. Querían aislar a los que habían quedado dentro del taller”. En la vereda, se encuentran acompañando familiares de los empleados que están en el interior de la planta. “A la policía esto no le importó -cuenta Quinteros-: le pegaron a chicos, mujeres, gente adulta. Por suerte, pudimos resistir la embestida y evitar el vallado”, añade.
Momentos antes de la represión, a los trabajadores los sorprendió la presencia del gerente industrial de AGR, Andrés Wertheim, quien se acercó a mirar lo que sucedía de manera desafiante. A esta provocación, le respondieron con cánticos. Hasta ahora, ni la Policía ni Gendarmería intentaron desalojar el edificio, pero los operarios, igualmente, mantienen guardias permanentes por si quisieran hacerlo.
Sobre la reunión del jueves pasado en el Ministerio de Trabajo de la Nación, Quinteros sostiene: “Fue trunca. El Gobierno sigue dándonos la espalda. Nos dijeron que no pueden dictaminar nada, que lo que está haciendo la empresa es legal”. El viceministro Ezequiel Sabor se negó a llamar al jefe de la Cartera, Jorge Triaca, pero tras la presión ejercida por la comitiva de AGR terminó prometiendo un futuro encuentro.
La única comunicación de la empresa ha sido el papel pegado en la puerta el lunes 16 con la información de que la planta cerraba y que todos los empleados tenían su indemnización a disposición. Ningún directivo se puso en contacto para buscar una solución al conflicto. Los trabajadores, mientras tanto, se mantienen unidos y ninguno aceptó la propuesta de la compañía. Debido a esto, un estudio jurídico comenzó a llamar a los despedidos recomendándoles aceptarla porque, según les dicen, a fin de mes vence. La oferta es de 120% de lo que le corresponde a cada trabajador, más prepaga por un tiempo determinado. “Lo peor es que piensan que somos ignorantes, porque te dicen que si no aceptás solo van a pagar el 50% de la indemnización. Y eso no corresponde de ninguna forma”, relata Quinteros indignado. Cada vez que una familia recibe el llamado, le avisa a la comisión interna para decidir, entre todos, qué hacer en cada caso. Hasta hoy, la actitud es no responder ni ir a la cita. Como si el despido no hubiera sido suficiente, hasta la mañana del viernes los trabajadores tampoco habían cobrado la primera quincena de enero.
En medio de todo esto, Quinteros valora el apoyo recibido: “Que te des vuelta y veas la columna que te sigue, tan numerosa, que día a día venga gente diferente preguntando `¿con qué podemos ayudar, qué necesitan?`… No tenemos conciencia de la magnitud que está abarcando esto, Clarín tampoco. No tienen noción de hasta dónde estamos llegando”. Ocho días de toma se sostienen con solidaridad: las familias que acompañan, las agrupaciones sindicales, políticas y estudiantiles que acampan en la puerta del taller. “Nos han traído cajas de pollos, ropa, ahí están entrando colchones nuevos, agua mineral, de todo nos traen”, enumera.
El sábado último se realizó un plenario en la calle en el que la asamblea resolvió realizar este martes una jornada de lucha por la reapertura de AGR en diferentes edificios de Clarín. Un pedido de reunión con la CGT, acompañados por la Federación Gráfica Bonaerense, es otro de los pasos previstos, a la vez que impulsan un fondo de huelga para sostener el reclamo y la extensión del acampe en la puerta del taller de Corrales 1393.
“Somos 380 familias que estamos en la calle, estamos dispuestos a pedir reuniones con el Presidente, el Papa, con quien sea. Estamos dispuestos a todo para defender nuestro trabajo”, concluye Quinteros.
24/01/2017
Ene 17, 2017 | Trabajo
La Policía Federal lanzó balas de goma y gases lacrimógenos contra los manifestantes que se solidarizaban, este martes, con los 380 trabajadores despedidos de la empresa Artes Gráficas Rioplatenses (AGR), perteneciente al Grupo Clarín. El delegado Ezequiel Gatti recibió dos perdigonazos en la cabeza y otro en la espalda.
El lunes por la mañana, los operarios llegaron a su lugar de trabajo y lo encontraron cerrado, con un cartel en la puerta que informaba un teléfono para negociar indemnizaciones. Por esa razón, decidieron tomar los talleres ubicados en la calle Corrales 1393 del barrio de Pompeya, en la Ciudad de Buenos Aires.
La gráfica funcionó con normalidad hasta la semana pasada, pero los empleados denuncian una maniobra de vaciamiento premeditada. Un operario del sector de Rotativa, con 15 años en la compañía, denunció que “se llevaron 16.000 bobinas”. Y agregó: “Ni para lavarnos las manos dejaron”. Ante estos hechos, los trabajadores montan guardia para evitar que retiren las máquinas más grandes.
La maniobra del Grupo Clarín viene de antes. “Hace un mes fuimos a hablar con los directivos porque nos dimos cuenta que estaban imprimiendo las revistas Viva, Genios, Miradas -la de Cablevisión- y folletería de Garbarino y Frávega, en otros talleres, pero diciendo que eran de AGR”, cuenta un obrero del sector de Encuadernación con más de 30 años de antigüedad en la empresa. Los directivos argumentaron que había más trabajo del que podían absorber. Tal es el grado de planificación, sostiene, que ya se encuentra impresa toda la tirada de Viva hasta fin de febrero. “Están cubiertos por un tiempo”, dice el operario, junto a un compañero, sentado a la sombra, en la vereda de la fábrica.
El lunes, el grueso de los trabajadores quiso ingresar a sus puestos y se encontró con un operativo policial. Frente a esta situación, ochenta operarios ingresaron y tomaron la planta en defensa de sus puestos de trabajo, mientras el resto quedó del lado de afuera.
Los trabajadores piden la reincorporación de los despedidos, rechazan la indemnización y desconocen el “retiro voluntario” que propone el Grupo Clarín. Daniel Pellegrino, empleado del sector de Control de Calidad, afirma: “Nos dimos cuenta que algo se iba a venir, porque es demasiado el vaciamiento, demasiado el trabajo que se está adelantando acá y el que están mandando a otras gráficas del Gran Buenos Aires”. Otro operario cuenta que en noviembre de 2016 los directivos ofrecieron la desvinculación de 65 trabajadores como parte de un plan de reestructuración, pero ellos se negaron.
La empresa emitió un comunicado en el cual habla de la “reconfiguración que atraviesa el sector de impresión comercial” y la necesidad de una “reestructuración”. De paso, hace responsable al gremio de la situación: “Existen varios sectores industriales que han logrado atenuar dificultades económicas o cambios en la tecnología con acuerdos gremiales-empresarios que posibiliten un horizonte de futuro para la empresa. Incluso ha habido ejemplos en el sector gráfico. Pero en la planta Pompeya desgraciadamente ello no ha sido posible”.
Otro de los motivos que aduce la empresa es el “el rechazo a la realización de trabajos de impresión –por solidaridad gremial–, al provenir de talleres que habían cerrado sus puertas”. Según los trabajadores de AGR, se trataba de trabajos provenientes de la ex Donnelley y la negativa a hacerlos fue en defensa de los compañeros echados de esa imprenta.
Uno de los operarios recuerda que ya en 2004 vivieron una situación similar. En esa ocasión, quisieron despedir a 140 empleados y que gracias a la lucha de la comisión interna redujeron ese número a 80.
Desde que se inició el conflicto, se acercaron referentes políticos y gremiales a la puerta del taller, custodiado por unos cuarenta agentes de la Policía Federal. Entre ellos, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. A partir de las 18 del lunes, la Gendarmería desplegó un cordón de sesenta efectivos con escudos y palos. El dispositivo de seguridad ocupa todas las entradas.
Ese mismo día se había montado un escenario donde se destacó la presencia de Silvia Martínez Cassina, periodista de Canal 13 y delegada gremial de la Comisión Interna de esa emisora, quien hizo una firme denuncia a la precarización laboral a la que se quiere empujar los trabajadores de AGR y a los de todo el Grupo. También estuvieron los dirigentes del Frente de Izquierda Néstor Pitrola, Marcelo Ramal y Nicolás Del Caño. Uno de los discursos más aplaudidos fue el del representante de la Federación Gráfica Bonaerense, Mario Abraham, que convocó a un paro general del gremio gráfico para este jueves y llamó a todos los trabajadores del sector a no realizar trabajos provenientes de AGR. Todos los oradores coincidieron en que la tercerización de las impresiones y las “negativas” que plantea la empresa son parte del plan de flexibilización laboral avalado e incentivado por el Gobierno nacional de Cambiemos.
Pablo Viña, delegado de los trabajadores de AGR-Clarín, cerró el acto desde adentro de la fábrica. Agradeció el apoyo de los trabajadores, denunció que la redacción del diario Clarín y el taller de Zepita-Clarín trabajan bajo custodia policial. Viña se dirigió con tono desafiante al CEO del Grupo Clarín: “Si querés combate lo vas a tener, Magnetto”. También denunció que el Ministerio de Trabajo, tanto de este Gobierno como del anterior, no hizo nada frente a sus reclamos. Y desmintió que la empresa no tuviera trabajo: “Por el contrario, hay mucho; son excusas para querer quebrar la empresa”.
Mientras los telegramas de despido iban llegando a cada familia y la toma continuaba, los delegados de AGR fueron convocados el martes a una reunión en el Ministerio de Trabajo. En el encuentro, los representantes de la empresa ratificaron su decisión de despedir a todos los operarios y los delegados gremiales solicitaron que el Ministerio de Trabajo dicte la conciliación obligatoria, una medida habitual en este tipo de conflictos. Insólitamente, los funcionarios de la Cartera Laboral que estaban presentes manifestaron que no estaban habilitados para intervenir.
18/01/2017
