Dic 26, 2018 | Noticias en imágenes
Este miércoles, el Gobierno de la Ciudad desalojó a la Asamblea de Vecinos de Villa Urquiza con un operativo en el que participaron la Policía de la Ciudad, la Federal y la Gendarmería. Ubicada en terrenos estatales de la esquina de Triunvirato y Roosvelt, el Ejecutivo porteño decidió dejar a la intemperie a la asociación comunitaria para subastar el espacio que será destinado a emprendimientos inmobiliarios privados.
Los vecinos se reunían en ese local –donde antiguamente estaba la pizzería La Ideal- desde la crisis de 2001, cuando se organizaron para brindar asistencia a distintos sectores vulnerados. Actualmente funcionaban allí una biblioteca popular, una videoteca y una docena talleres gratuitos, entre otros servicios.
Desde muy temprano, decenas de policías y gendarmes acordonaron el lugar e impidieron los vecinos acercarse. A pesar de intentar sostener un diálogo, fueron ignorados por las fuerzas estatales. Incluso, dos asambleístas resultaron detenidos. Los vecinos denunciaron que el operativo fue ilegal, dado que no lo presenció ningún oficial de justicia.
El pasado 2 de octubre, los “viyurqueros” ya habían resistido un desalojo y comenzaron negociaciones para reubicar la asamblea. Sin embargo, esta mañana y por sorpresa, las autoridades gubernamentales arremetieron con 16 años de historia barrial.
Nov 15, 2018 | Comunidad, Novedades
La aprobación del Presupuesto para el año 2019 en la Cámara de Senadores, en consonancia con los lineamientos impuestos por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), representa un nuevo golpe a las necesidades prioritarias de la sociedad. Uno de los ítems más afectados será, sin dudas, el sistema educativo.
Un informe elaborado por la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE) indica que la participación de la educación en el presupuesto se reducirá de un 7,1 a un 5,5 por ciento en 2019 respecto a este año. En la misma línea, se puede observar que, si bien en términos nominales la partida presupuestaria duplica a la de 2016, teniendo en cuenta que en los tres años transcurridos los precios aumentaron un 125 por ciento, la disminución real es del 17 por ciento. Si se toma como parámetro el aumento de la comunidad educativa en el período 2016-2019, estipulada en 500 mil alumnos, el ajuste presupuestario representa un 20 por ciento de disminución en la inversión por cada estudiante.
“La sanción del Presupuesto para el año que viene es de alguna forma ponerle la firma a la dependencia respecto al FMI, mientras que el ajuste es parte de un proyecto político que tiene como objetivo el desmantelamiento de la educación pública”, asegura la Doctora en Educación Graciela Morgade. La decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA agrega que la reducción presupuestaria no solo afecta al crecimiento y la renovación de las instituciones educativas, sino también al cuidado de los edificios. ”En la localidad de Moreno, la mayoría de las escuelas no tienen clases hace tres meses. Esto demuestra que la desinversión afecta tanto el desarrollo de nuevos institutos como el mantenimiento de los que ya existen”, explica.
En la distribución, el 61 por ciento de la partida presupuestaria está destinado a las facultades, mientras que el 39 restante se divide en Cultura, Becas, Ciencia y Tecnología, Fondo de Incentivo Docente y programas afines. El ámbito académico es el más “beneficiado” por el presupuesto, aunque teniendo en cuenta el notorio ajuste, el porcentaje lejos está de satisfacer las necesidades. “Las universidades se ven en algún punto favorecidas por la buena relación entre algunos rectores y el Gobierno, aunque la distribución no es homogénea y no todas gozan de los mismos beneficios”, subraya Morgade, quien entiende que las instituciones “jóvenes” sufren más los problemas estructurales en comparación con las casas de estudio tradicionales.
En diálogo con ANCCOM, Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), sostiene que “el presupuesto solo sirve para los sueldos de los docentes y el mínimo funcionamiento de la universidad. Nosotros tenemos edificios nuevos, los servicios tienen un incremento cada vez mayor y no están subvencionados”. La situación de la UNDAV muestra la incidencia del ajuste en instituciones de estudio superior creadas durante la última década. “Si a esto le sumamos las necesidades eventuales que puedan surgir y los sueldos de los no docentes, llegaríamos a fin del año que viene con lo justo, sin contemplar gastos en construcción, desarrollo ni crecimiento” asegura Calzoni.
Respecto a la infraestructura y el equipamiento, el documento de la UNIPE muestra una reducción presupuestaria del 75 por ciento en 2019 en comparación con el 2018. El importe estipulado para el año próximo es de $ 2.600 millones, mientras que este año fue de $9.200. El crecimiento en el presupuesto para este sector entre 2017 y 2018 está fundamentado en la implementación de varios proyectos de arquitectura y construcción financiados por organismos internacionales. No obstante, hasta octubre solo se había ejecutado un 27 por ciento del importe total.
Uno de los sectores más afectados dentro del sistema educativo es la rama de Ciencia y Tecnología. El informe estipula que, teniendo en cuenta la creciente inflación desde el año 2016, la partida presupuestaria destinada al sector supondría una disminución del 14 por ciento en valores reales. “La desinversión en organismos como el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) o el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), entre otros, supone una pérdida de autonomía científica que también impacta directamente en el sector universitario”, afirma Morgade.
Desde la década del ’90, el presupuesto de la educación no universitaria es diagramado y ejecutado por cada provincia de forma autónoma. No obstante, hay instituciones de estudio superior que tienen bajo su órbita a colegios secundarios, tal es el caso de la UNDAV. “Hay gastos que el Estado no contempla, nosotros tenemos una escuela técnica a jornada completa con comedor, también hay que pagar servicios y trabajo no docente. Esto nos obliga a eliminar proyectos para abrir nuevas carreras y nos impide incorporar nuevos docentes especializados, además de estancarnos en investigaciones y construcciones edilicias”, explica el rector de la institución.
Ante el desfasaje entre la inversión y el aumento desmesurado de los precios desde que la gestión actual gobierna el país, es trascendental un crecimiento exponencial en el presupuesto para equilibrar la balanza. Como especifica el informe, sería necesario un aumento presupuestario del 23 por ciento anual a nivel general, con partidas adicionales para sectores especialmente afectados como la franja etaria comprendida entre los 18 y los 29 años, y provincias particularmente carenciadas en este aspecto como Buenos Aires (Conurbano), Neuquén, Tucumán y Mendoza. Aunque el panorama para los próximos meses no parece ser auspicioso.
“El proyecto de Cambiemos tiene como fin el desfinanciamiento de todo lo público, de esa forma cada vez habrá más paros, por ende más excusas para la criminalización y la posterior privatización en pos de la “eficiencia”, concluye Morgade. La frase deja en evidencia que la educación está cada vez más lejos de ser un derecho y más cerca de ser un privilegio.
Nov 14, 2018 | DDHH, Novedades
Festejos y denuncias en la presentación del periódico El Afroargentino.
El pasado 8 de noviembre se conmemoró el fallecimiento de María Remedios del Valle, afroargentina a quien el General Manuel Belgrano le otorgó el grado de capitana por su osadía y valor en el campo de batalla. La fecha fue celebrada, por sexta vez, por parte de diversas organizaciones de la sociedad civil que buscan difundir y asistir a la comunidad afro pero, al mismo tiempo, denunciar la discriminación, el racismo y la xenofobia que sufre en la actualidad. ANCCOM conversó con algunos referentes de la comunidad y ayer, participó de la presentación de la octava edición del periódico El Afroargentino, órgano difusor de la organización Diáspora Africana Argentina (DIAFAR), en el Centro Cultural de la Cooperación (CCC).
“Los funcionarios del gobierno que hoy promueven este tipo de fechas conmemorativas son los mismos que después fomentan la persecución policial contra los senegaleses. Entonces, como diría la reconocida activista Mireille Fanon, hay que terminar con el antirracismo moral y compasivo al que puede adherirse cualquiera y, en cambio, hay que avanzar hacia un antirracismo político, lo que es molestar a las estructuras mismas del poder”, reflexionó Federico Pita, durante la presentación del periódico, el primero de la Comunidad Afroargentina del siglo XXI. Licenciado en Ciencia Política de la UBA e hijo de padre afro y madre judía, fundó la Diáspora Africana Argentina (DIAFAR) en 2010 con el objetivo rescatar y mantener activa la memoria del legado africano o afrodescendiente en Argentina.
Federico Pita, presidente de la Diáspora Africana de la Argentina (DIAFAR).
“No es por nada que cuando uno habla con los argentinos ellos acuden a sus ancestros provenientes de Italia, España o Alemania. Como si Argentina proviniera de Europa. Cuando se dice que los argentinos son descendientes de los barcos europeos, a propósito se deja de lado los barcos que venían de África en la época colonial”, afirma Nengumbi Sukama, fundador y director ejecutivo del Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración (IARPIDI). Oriundo de la República Democrática del Congo, Sukama llegó al país en agosto de 1995 y, si bien es licenciado en Administración de Empresas, nunca pudo ejercer su profesión en relación de dependencia debido a su color de piel. Desde octubre de 2007, su organización se dedica a asistir legalmente a la comunidad afro y también a concientizar sobre las violaciones de derechos humanos que sufre este colectivo.
El hostigamiento policial hacia los afros que se dedican a la venta ambulante comenzó a aumentar particularmente a partir del DNU 70/2017 que modificó la Ley Nº 25.871 de migraciones. Aquella norma, que fue declarada inconstitucional por la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, tuvo como objetivo agilizar la deportación de ciudadanos extranjeros acusados de haber cometido delitos y también fortalecer los controles para la entrada de personas al país. “Se trata de una violencia que tiene un doble mensaje: los que están acá no los queremos, así que váyanse. Los que están afuera, vean cómo tratamos a sus hermanos, así que no vengan. El gobierno está tratando de establecer un vínculo entre inmigración y delincuencia con la colaboración y acompañamiento de los medios hegemónicos de comunicación. La parte de la sociedad, que en el fondo odia la inmigración de países no desarrollados, también compra eso”, piensa Sukama.
El 8 de noviembre no fue solo un día de conmemoración, sino de denuncia contra la discriminación, el racismo y la xenofobia que sufre en la actualidad la comunidad afro.
Irene Teixeira es presidenta y fundadora de la Casa de África en Argentina, una asociación civil que desde 1995 trabaja en la difusión de la cultura del continente africano y, asimismo, en la asistencia y orientación a los ciudadanos africanos que llegan al país. Su abuela y su madre arribaron desde Cabo Verde, África, pero ella nació y creció en la Argentina. En homenaje a sus ancestros decidió fundar esta institución que fue visitada por artistas, referentes de la cultura y embajadores de aquel continente, entre ellos Zenani Mandela-Dlamini, la hija de Nelson Mandela. “Los africanos son gente pacífica, trabajadora y que, debido a su cultura y religión, no les gusta que les regalen nada. Pero, ahora, muchos se están yendo del país porque están sintiendo una xenofobia similar a la que vivieron en Europa. Los que no pueden irse tienen pánico y viven escondidos, tratando de no salir de sus casas”, cuenta Irene preocupada.
Existen muy pocos datos precisos sobre la comunidad afro en el país, ya sea desde el Estado como desde organizaciones privadas. El último Censo Nacional de Población, que fue realizado 8 años atrás, arrojó un total de 149.493 afrodescendientes. Significó el primer Censo Nacional que incorporó a este sector de la población. Sin embargo, Nengumbi Sukama afirma que actualmente habría 4.000 senegaleses aproximadamente en Argentina que llegaron con posterioridad. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) indica, en su último informe de 2017, que en el país existen 7.515 refugiados y solicitantes de refugio, de los cuales 1.610 provienen de África. A su vez, demuestra que hay 71.439.506 personas desplazadas a la fuerza en todo el mundo, de las cuales 24.783.440 son africanas.
Ante estas problemáticas Federico Pita denuncia que hay un vacío de propuestas de políticas públicas: “La clase política en su totalidad es ciega o miope a la variable del color. Si uno va al Congreso de la Nación y ve toda gente blanca, pero cuando sale a la calle ve gente de todos los colores hay algo que está pasando”.
Pita en la presentación de la octava edición del periódico El Afroargentino, órgano difusor de su organización.
Hay 71.439.506 personas desplazadas a la fuerza en todo el mundo, de las cuales 24.783.440 son africanas.
Nov 6, 2018 | Noticias en imágenes
El sábado pasado se llevó a cabo la 10º Llamada de Candombe Lindo Quilombo organizado
por las propias comparsas participantes de forma colectiva, independiente y autogestiva.
Comenzaron templando los tambores durante la tarde, en la esquina de las calles México y
Tacuarí, y por el desfile, se desarrolló hasta cerca de la medianoche, cuando las comparsas
llegaron al Bajo. Las comparsas, un año más, se hicieron presentes en este suelo histórico
de los barrios del Tambor Montserrat y de Los Candomberos de San Telmo.
En esta oportunidad, además, la llamada se vio marcada por el intento de reforma del
Código Contravencional de la Ciudad, la cual tiene como objetivo ampliar las facultades de
las fuerzas de seguridad para intervenir en los espacios públicos. Si esta reforma sigue
adelante, ni siquiera va a tener que haber una queja para que la policía intervenga, sino que va a contar con la facultad de hacerlo automáticamente cuando considere que cierta
expresión cultural es un ruido molesto.
Mediante el Decreto N° 658/2017 la Argentina ratificó la implementación del decenio Internacional de los Afrodescendientes (proclamado por las Naciones Unidas para el período 2015/2024). Ya en 2009 el candombe ha sido declarado Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, y reconocido en la Ciudad de Buenos Aires
por la Ley N° 4.773, sancionada en el 2013.
Esta Llamada tuvo como consigna el homenaje a “las almas de nuestros ancestros
Afrodescendientes, embajadores del Candombe en Argentina”: la Pocha, Santa Hilda
Techera Da Costa, una “Mama Vieja” del candombe afrouruguayo y el Gramillero, profesor
José Delfín Acosta Martínez, un “Mártir Negro” del Río de la Plata.
“El Ka Ndombe –dice el activista afrodescendiente Ángel Acosta Martínez- nace y se nutre
de influencias de pueblos de varias culturas africanas ancestrales, y surge a consecuencia
del sometimiento y la necesidad de lucha de libertad y resistencia, y del intento de
preservarse como personas, identidad, sentido de pertenencia y formas de vida, a otras
culturas ajenas a este continente colonizado y devastado sistemáticamente por la doctrina de la Iglesia y la ambición de países europeos, que los trajeron en condición de
esclavizados/as al Virreinato del Río de la Plata y Brasil, que luego se convirtieron en países
y se fusionaron con otros elementos.”
Jun 21, 2018 | Comunidad, Novedades, Te puede interesar
CONADU convoca a un paro nacional universitario, el lunes 25 de junio, en confluencia con la CTA y la CGT.
En un panorama socioeconómico que acrecienta su oscuridad desde que comenzó 2018, las universidades reciben golpes en todos sus frentes. En el salarial, el Gobierno Nacional defiende como bandera el 15% en cuotas para cerrar las paritarias, cuando los trabajadores piden un 25% con cláusula de revisión automática. En el frente presupuestario se recortaron 3.000 millones de pesos; y como si fuera poco, la gobernadora María Eugenia Vidal plantea que la creación de universidades públicas en la Provincia de Buenos Aires ha sido inequitativa, porque “nadie que nace en la pobreza”, dice, llega a ellas.
Para el lunes 25 de junio CONADU convocó a un paro nacional universitario, en confluencia con la CTA y la CGT. Y también se anunció un plebiscito nacional, con la propuesta de no iniciar el segundo cuatrimestre. ANCCOM dialogó con Federico Montero, Secretario General de FEDUBA y Octavio “Tato” Miloni, Secretario General de la Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata, para entender cómo se llegó a este presente, su contexto y el futuro inmediato.
Las universidades enfrentan un fuerte ajuste salarial y recorte presupuestario.
La paritaria comenzó a discutirse en marzo, por lo que quedaba pendiente de 2017 la cláusula gatillo. ”Pero para marzo nosotros lo que queríamos discutir era la paritaria de este año, porque previo a lo que fue la crisis que se vio este último mes, ya había una previsión de inflación muy grande para 2018 con lo que fueron los tarifazos”, explica Montero. Es así que el año comenzó con una agenda cambiada, porque el gobierno quería terminar de discutir lo del año pasado, y los gremios, con urgencia, lo de este año. Los docentes reclaman un aumento del 25% con revisión automática, adaptado proporcionalmente a la inflación, y el gobierno solo propone el 15% en cuotas, a terminar de pagar en enero. “Es importante, la revisión automática, porque hay otra cláusula de revisión que es ‘nos juntamos a discutir qué pasó’ –dice Montero-. Eso lo habíamos tenido en 2016 y no sirvió”. “Nuestro objetivo es no perder con la inflación, que se estima de 30% -expresa Miloni-. Nuestro salario no baja de manera absoluta, pero sí relativa con nuestro poder de compra”. Agrega Montero: “La oferta del gobierno ya era insatisfactoria cuando comenzamos la negociación, pero con los tarifazos, la devaluación, la crisis financiera y el acuerdo con el FMI, ahora esa oferta es más que inaceptable, ya que es imposible prever la inflación”.
En 2017, como dato comparativo, las paritarias se terminaron cerrando el 11 de julio, con una negociación que resultó satisfactoria, por lo que en cuestión de fechas se podría deducir que la situación no es tan crítica. “Lo que no son buenas ahora son las perspectivas, porque nosotros notábamos una actitud de negociación, pero era un momento totalmente distinto ya que había elecciones y económicamente era menos crítico”, explica Miloni. Aunque la propuesta sea del 25%, los sindicatos saben que no lo pueden considerar un porcentaje inamovible, ya que hay que compararlo con otras paritarias. “Tenemos que pensarnos en el marco del Movimiento Obrero, no se puede pensar de que yo voy a sacar lo que pido y la bancaria cierra en el 15 % más adicionales –dice Miloni-. Esto se enmarca en una situación general de negociaciones activas de las diferentes ramas, y vamos a ver cómo se va a dar la pelea”. Otro factor clave para llevar a cabo la negociación es lo que vaya sucediendo con el conflicto docente en la provincia de Buenos Aires, que desde que derogaron la paritaria nacional funciona como una especie de regulador de la paritaria docente, según explica Montero.
Desde que se derogó la paritaria nacional , la provincia de Buenos Aires funciona como una especie de regulador del conflicto salarial docente.
Si abarcamos la problemática en términos más generales, lo salarial es emergente de una situación mucho más estructural de la universidad, que tiene que ver con que el sistema universitario público venía desarrollándose de una forma importante con la creación de universidades entre otras cosas, y en marzo se anunció un recorte presupuestario de tres mil millones de pesos. Este recorte representa un 20% de los gastos de funcionamiento de las universidades, aunque sea solo 3% del presupuesto nacional universitario, ya que no se aplica a salarios, sino a gastos de funcionamiento. Miloni explica que este recorte afecta más directamente a las universidades nuevas, ya que sus creaciones no son decretos que se firman y listo, sino que hay que llevar a cabo el desarrollo de la propia dinámica, y eso requiere nuevos gastos. “Hay algunas que su primera cohorte tendrá tres años, es decir que hay una planta docente acorde a ese tiempo, pero hay que seguir cubriendo los puestos de todos los años de la carrera, que es el contrato académico que el Estado asume con los estudiantes –agrega Miloni-. Por el contrario es muy difícil la proyección de la carrera, es un peligro latente”.
En este marco, aquellas declaraciones de Vidal cuando expresó que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad se pueden anclar como justificación directa de las medidas gubernamentales. Explica Montero: “Es una matriz de pensamiento que es típica de las recomendaciones de los organismos de financiamiento internacional, básicamente del Banco Mundial en los 90, pero también ahora en este gobierno, con la idea de que como los pobres no entran a la universidad, lo mejor que pudiera pasar es que las instituciones públicas dejen de serlo y que haya aunque sea un arancelamiento parcial, con el argumento de que esos fondos serían mejor destinados para la educación inicial, que realmente ahí van los pobres”. Este argumento desplaza la idea de concebir a la universidad como derecho. Los medios masivos apoyan ese argumento oficial y apuntalan a las universidades privadas. “Aunque hagan mucha campaña a favor de la universidad privada, el prestigio de ir a una universidad pública va a ir más allá de lo que digan los medios y el gobierno nacional, que está compuesto por una mayoría de egresados en la educación privada”, concluye Miloni.
Se cumplieron 100 años de la Reforma Universitaria, en el marco de una semana de reclamos.
Con un contexto muy complejo, en consonancia con lo que promueve este gobierno desde el principio pero de un modo mucho más crítico que durante los dos años anteriores, las protestas crecen desde principio de año. La semana pasada se cumplieron 100 años de la Reforma Universitaria que se transformó en una semana de reclamos inaugurada con un paro nacional de 48 horas y tomas de rectorados, y culminó, en La Plata, con una marcha de antorchas hacia el edificio de Gobernación repudiando los dichos de Vidal y sosteniendo el reclamo salarial.
También las protestas se hicieron escuchar en la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES), una reunión que se produce cada diez años en el marco de la UNESCO, con rectores, docentes, académicos, ministros y secretarios decisores en materia de políticas de educación superior en América Latina. Su objetivo consiste en que los Estados se comprometan en ciertas directrices generales sobre cómo va a evolucionar la política universitaria en los próximos diez años. Esta vez se realizó en Córdoba y en una universidad totalmente alineada al gobierno. ”La inauguración de la CRES fue el domingo 10 de junio y desde los frentes universitarios organizamos un encuentro latinoamericano previo donde articulamos con un conjunto de actores, rectores, el equivalente de CONADU pero en otros países, movimientos estudiantiles, con el objetivo de realizar una declaración e idear puntos de acción para intervenir todos juntos en el marco de la CRES, para sostener la idea del derecho a la educación”, explica Montero.
Allí participaron más de 1.500 personas y al día siguiente se realizó una marcha por las calles de Córdoba, con cerca de siete mil personas, número muy importante para lo que suele movilizar esta provincia. “La marcha terminó en el rectorado histórico de la Universidad de Córdoba, y resultó en que ese día a la tarde, en la inauguración de la CRES el discurso del Ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro fuera abucheado por todos los presentes, incluidos los rectores de Argentina y toda América Latina, ya que entienden cuál es el contexto”, explica Montero. Las medidas de protesta tienen el apoyo activo de los movimientos estudiantiles y tanto Miloni como Montero consideran esencial.
El 6 de julio, los gremios convocarán a un congreso extraordinario para analizar el resultado del plebiscito que harán para conocer la opinión sobre el posible no inicio del segundo cuatrimestre. Además de la adhesión al paro del próximo 25 de junio, los gremios resolvieron llamar a movilizar el 9 de julio con la consigna “No al FMI, en defensa de la universidad pública”.
Los gremios convocarán a un congreso extraordinario para analizar el resultado del plebiscito que incidirá sobre el posible no inicio del segundo cuatrimestre.
