Estatales y docentes con la misma bandera

Estatales y docentes con la misma bandera

“Necesitamos empleo para los desocupados, que se reabran las paritarias y se terminen los despidos”. Claudio Arévalo, vocal de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), resume los reclamos de la jornada de paro y movilización de los gremios estatales y docentes. Su columna avanza hacia el Congreso de la Nación.  Es martes al mediodía y los trabajadores nucleados en ATE, CTERA y la Federación Nacional Docente inundan el centro de la Ciudad. La protesta se replica en actos y movilizaciones en las provincias de Córdoba, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Misiones y Entre Ríos, todos con el mismo objetivo que enunció Arévalo.

“Por un presupuesto sin ajustes”, señala una de las banderas centrales de la movilización. El secretario general de ATE, Hugo “Chachorro” Godoy, defiende la medida de fuerza y subraya que “el atraso de los salarios frente a la inflación es gravísimo”. Y advierte: “En el caso de los estatales, el paro es tanto contra el gobierno nacional como contra las gobernaciones y los municipios que deben reabrir la negociación salarial y reincorporar a los despedidos”.

Los docentes cierran la marcha frente al Ministerio de Educación, con el respaldo de la CTA Autónoma de Pablo Micheli, y la CTA de los Trabajadores que lidera Hugo Yasky. Si bien comparten una misma lucha en la calle, las diferencias entre las centrales salen a la luz. Así lo afirma Nora Velázquez, de la Organización Sindical Gastronómica de la CTA Autónoma, mientras avanza en la cabecera de la marcha que, luego del habitual recorrido por la histórica Avenida de Mayo, está por llegar al Congreso, brillante ante el sol del mediodía y el reflejo de los edificios espejados. “Ellos responden a Hugo Yasky que por doce años nunca se acordó de nosotros, los trabajadores, mientras estábamos en la calle”, se queja Velázquez. La otra marcha sale desde el Congreso Nacional hasta el Palacio Pizzurno.

Sin embargo, la diferencia central es con la nueva conducción de la CGT que todavía no definió la fecha del prometido paro general y en las próximas horas mantendrá una reunión clave con el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay.

“Seguiremos formando hombres y mujeres libres, críticos, y socialmente responsables que construyan una sociedad más justa e igualitaria en contra de lo que quiere (Esteban) Bullrich y el gobierno de (Mauricio) Macri”, denuncia Eduardo López, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) de la Ciudad de Buenos Aires, en el acto central frente al Ministerio. A su vez, Sonia Alesso, secretaria general de CTERA, advierte que “no se puede incumplir las leyes que este mismo Congreso votó” y agrega que seguirán marchando hasta ver las escuelas públicas en condiciones y tener cargos docentes y salarios dignos.

Los trabajadores de la salud bonaerenses, agrupados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), se unen a la marcha en el contexto de la negociación paritaria tras el rechazo de la última oferta salarial oficial. “Nosotros estamos luchando por un aumento salarial, pero además por la incorporación de los trabajadores precarizados, que ya son cerca de mil compañeros”, explica Emanuel Álvarez, secretario general gremial del Hospital Narciso López. Además de reclamar el aumento salarial, los trabajadores de la salud advierten por las pésimas condiciones de los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, y subrayan la necesidad de un aumento urgente del presupuesto para el sector, en especial en el segundo y el tercer cordón del Conurbano bonaerense.

“Los hospitales están devastados, hay una crisis sanitaria que se nota en las guardias desbordadas, en la falta de insumos y medicamentos, además de profesionales, técnicos, enfermeros y personal de mantenimiento, que son todos los que sostienen un hospital para garantizar la salud de la población”, concluye Álvarez.

La marcha de estatales llega al Congreso alrededor de las 13:30 y se mezcla con algunas banderas de CTERA que habían pasado por el Ministerio. “Si no hay respuesta -sentencia Arévalo- nos van a encontrar en la calle”.

Mirá la fotogalería de ANCCOM:

 

Actualizado 28/09/2016

Abierto las 24 horas

La Asociación Espacios Escénicos Autónomos (ESCENA), conformada por veinte salas teatrales autogestivas de la Ciudad de Buenos Aires, realizó el pasado sábado el festival homónimo que desplegó espectáculos de teatro, danza, ópera, clown, poesía e intervenciones artísticas varias durante 24 horas ininterrumpidas. El objetivo común de esta auténtica maratón artística fue demostrar la resistencia de la agrupación ante las dificultades políticas y económicas que deben enfrentar sus espacios. Desde su creación, en 2006, el colectivo defiende a sus salas de las constantes amenazas de clausura y este año, además,   afronta los tarifazos de los servicios de luz y agua que ponen en serio riesgo la continuidad de sus actividades.

El Festival constó de tres momentos: “Dar sala”, “Trasnochada” y “Calle”. En el primero, las funciones se desarrollaron en un circuito formado por cinco sedes: Machado, Habitar Gómez, Silencio de Negras, Casa Temenos y Oeste Usina Cultural. Cada una de estas salas exhibió obras propias y de los demás espacios que integran el colectivo ESCENA. De esta forma, se sucedieron sin parar hasta la medianoche, con precios accesibles y a sala llena, piezas de teatro, performance, danza y ópera. Luego, el festival continuó en la “Trasnochada”, que tuvo lugar en El Piso Teatro, donde hasta el amanecer un “escenario caliente” de varieté fue protagonizado por espectáculos de clown, poesía, improvisación, danza, performances e intervenciones. Finalmente, el domingo hubo murga, música en vivo y otras actividades artísticas diversas en el corte de las calles Hidalgo y Díaz Vélez, en el barrio de Caballito.

dos músicos tocando en la calle

El momento «Calle», con la banda Vértigo López.

 

Los espacios que sostienen el Festival Escena ofrecen la oportunidad de inmiscuirse en un mundo artístico no convencional: el del arte independiente. Ante todo, aquí se desarrolla una lógica autogestiva, horizontal y sin fines de lucro, que favorece la emergencia de obras distintas a las que responden a intereses comerciales e institucionales. “Es un honor para nosotros trabajar acá porque se ponen en juego valores compartidos desde el punto de vista poético e ideológico”, señala Sandy Gutkowski, representante del espacio Ventanas y directora de la obra Cupido.net, una de las que se presentó en el Festival.

Los escenarios del colectivo pueden encontrarse en casonas antiguas, terrazas o galpones adaptados a tal fin. Se trata de espacios pequeños -con capacidades que varían entre 30 y 60 localidades- que permiten generar un clima íntimo entre la obra y el público. Eduardo Pérez Winter, director del espacio Silencio de Negras, afirma: “Lo que hacemos está cerca: se puede ver, tocar y transitar”. En tanto Lailén Álvarez, que participó del Festival como asistente de dirección y actriz de Cupido.net, sostiene: “En el teatro independiente, a diferencia del comercial, se entabla un espacio de comunicación con el público”. A esta interpelación, se suma la calidez que describe Analía Slonimsky, integrante de la comisión organizativa del Festival: «Las salas son espacios a los que nosotros asistimos diariamente a trabajar. En cualquiera de ellas te vas a sentir como en casa, porque es lo que son: casas teatrales». Allí no sólo se presentan obras, muchos artistas también se forman. “Constituyen espacios de investigación y de lo emergente. Funcionan como la cocina de grandes artistas”, agrega.

Los espacios que sostienen el Festival Escena ofrecen la oportunidad de inmiscuirse en un mundo artístico no convencional: el del arte independiente, donde según sus protagonistas, se trabaja a pulmón».

 Esta posibilidad de la experimentación es valorada también por Germán Ivancic, director escénico de la ópera Cendrillon, otra de las obras que participó en el festival: “En estos espacios se les da lugar a proyectos de distinta índole, que arriesgan en sus búsquedas”. A su vez, Juan Pablo Llobet Vallejos, pianista y coordinador musical de la misma obra, afirma que esto hace que el Festival Escena sea muy distinto a otros en su oferta: “Aquí pueden verse abordajes que en otros lugares no encontrarías, maneras de hacer que toman una postura frente a los textos y la música, y que consideran lo que siente el espectador”.

Los responsables de estos espacios intentan dar a conocer su trabajo y mostrar que lo que ofrecen es un bien cultural; un servicio a la comunidad que no puede ser abandonado a las leyes del mercado. No obstante, frente a los problemas que los aquejan, no suelen recibir apoyos estatales. Diego Rodríguez, Director Artístico de Machado Teatro, expresa su preocupación: “Tuvimos un incremento de 300% en la tarifa de luz y la cifra superó un 500% en el caso del agua, cuyo consumo en una sala teatral es mínimo: se emplea sólo para la limpieza y el uso de los baños. No podemos pagar según el tamaño de la superficie. Necesitamos una tarifa diferenciada para la cultura”.

“En el teatro independiente, a diferencia del comercial, se entabla un espacio de comunicación con el público”.

Las subas excesivas de los servicios no son el único problema que afronta ESCENA: “Todos nuestros espacios -subraya Pérez Winter- están en regla y son seguros. Aun habiendo legislaciones específicas que nos protegen, recibimos inspecciones que desconocen la ley o la interpretan de forma arbitraria y nos clausuran injustamente”. Antes de empezar cada función del Festival, Rodríguez le cuenta al público la situación de Machado Teatro: “Hace años inicié el trámite de habilitación y al día de hoy sigo sin obtenerla de manera definitiva”. Slonimsky sintetiza el reclamo: “Nosotros no somos improvisados, tenemos mucha trayectoria y responsabilidad. Queremos trabajar tranquilos. Necesitamos que nos den la habilitación definitiva de nuestros espacios y que el Estado entienda que nuestro trabajo es genuino y que es parte del quehacer cultural de la Ciudad de Buenos Aires”.

  Una nueva edición del Festival se ha ido, pero el colectivo artístico que lo organizó continúa en plena resistencia de la estrangulación de sus salas, llevando a cabo lo más vital que tienen: su arte. “El Festival es una invitación a contactarse con lo que sucede todo el año en los veinte espacios que lo integran: nuestras obras, nuestros cursos y muchas otras actividades que siguen esta forma autogestiva de producción”, invita Pérez Winter. Respecto a los peligros que acechan su supervivencia, Gutkowski afirma: “Aquí estaremos presentes de pie y con la luz encendida en todas las salas. Ninguna amenaza nos va a apagar”.

 

Actualizado 28/09/2016

 

“Si los gobiernos progresistas no negocian, no hay protección mediática”

“Si los gobiernos progresistas no negocian, no hay protección mediática”

El Colectivo Passarinho, un grupo de estudiantes, profesores y trabajadores brasileños residentes en Argentina, realizó la semana pasada su propio festejo del Día de la Independencia frente a la embajada de su país en Buenos Aires para protestar por la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Planean realizar otra acción en octubre, cuando Michel Temer, devenido en nuevo mandatario, llegue de visita a la Argentina.

Al haberse delegado las funciones presidenciales en el representante del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, que ostentaba el cargo de vicepresidente en el gobierno de Dilma -referente del Partido de los Trabajadores- el programa gubernamental de política económica que se impone en el país vira hacia el neoliberalismo. Para los integrantes del Colectivo Passarinho, el avance de las políticas neoliberales parece un diseño que amenaza con extenderse en toda la región latinoamericana.

El comienzo de este proceso -detallan- se desata con el Golpe de Estado en Honduras de 2009 y el de Paraguay de 2012. En el primer caso, el presidente hondureño Manuel Zelaya fue removido por orden de la Corte Suprema, con la excusa de haber convocado a una votación popular consultiva para saber si debía modificarse la Constitución que permitiera la reelección. En el segundo, el presidente paraguayo Fernando Lugo fue destituido a partir de un juicio político que se inició por pedido de la Cámara de Diputados, lo acusaba de mal desempeño de sus funciones.

En el caso de Brasil, según Marina Rosa, integrante del Colectivo Passarinho, el golpe ya había empezado a gestarse en 2013 con la instalación pública por parte de los medios de comunicación del discurso sobre «la corrupción política», a partir del descubrimiento de la policía brasileña de una red de lavado en relación a Petrobras, conocida como «Operación Lava Jato».

Para Pavel Tabares, integrante del Colectivo, la "los discursos de ´limpieza política´ y ´la corrupción´ siempre se utilizan por los partidos de derecha para deslegitimar a los gobiernos progresistas, ante el manejo que tienen de los fondos públicos destinados a políticas económicas de distribución y presencia estatal”.

Para Pavel Tavares, integrante del Colectivo, «los discursos de ´limpieza política´ y ´la corrupción´ siempre se utilizan por los partidos de derecha para deslegitimar a los gobiernos progresistas, ante el manejo que tienen de los fondos públicos destinados a políticas económicas de distribución y presencia estatal”.

 

Dilma Rousseff fue recientemente destituída, acusada de incumplir normas fiscales por usar fondos de bancos públicos para cubrir programas de  gobierno. La estudiante explica: «La operación Lava Jato involucraba a políticos de distintos bloques. Se instaló el discurso de que primero se la sacaba a Dilma del cargo y luego se enjuiciaría a los demás, incluido Temer, pero luego sólo se lo hizo con la presidenta. Además, el incumplimiento fiscal del que se la acusó, ahora con el nuevo gobierno se dispuso como legal».

Para Pavel Tavares, integrante del Colectivo, «los discursos de ´limpieza política´ y ´la corrupción´ siempre se utilizan por los partidos de derecha para deslegitimar a los gobiernos progresistas, ante el manejo que tienen de los fondos públicos destinados a políticas económicas de distribución y presencia estatal”. Pero, en realidad, la corrupción ya está forjada en las relaciones de un sistema político viciado en el cual primó, a lo largo de la historia, el paradigma conservador: «Un gobierno progresista cuando llega al poder se encuentra con una máquina que ya existe. La cuestión es si el gobierno progresista negocia; en caso de que no, no hay protección mediática», dice Pavel Tavares. El estudiante analiza esto en relación a Argentina: «Cuando actualmente en el gobierno de (Mauricio) Macri se toman medidas que perjudican a la población, como la suba de tarifas, al mismo tiempo se busca reforzar continuamente desde el poder hegemónico mediático la imagen de corrupción del gobierno anterior, para establecer la oposición de lo correcto-incorrecto, y legitimar otro tipo de medidas como las neoliberales. La resistencia a estas políticas se construye diferente, porque el gobierno asumió de manera democrática. La derecha en Argentina logró construir un representante, la de Brasil  no tenía una imagen fuerte para las próximas elecciones».

En la región, Venezuela, Ecuador y Bolivia repudiaron al denominado “golpe blando” en Brasil y retiraron sus embajadores”. Uruguay, a su vez, respondió con una nota en repudio. El gobierno argentino, en cambio, describió como constitucional al gobierno de Temer y espera su visita el 8 de octubre. El Colectivo Passarinho dice que el apoyo del gobierno de Mauricio Macri al brasileño aparece por el fuerte vínculo comercial y porque defienden políticas muy parecidas. Para continuar la lucha, los residentes brasileños planean manifestarse el día de la visita y hacen un llamado a la unidad de los opositores: «Como personas de izquierda, estos últimos años estuvimos más tranquilos en el contexto latinoamericano. Nos olvidamos que esa tranquilidad podía ser una nube pasajera».

El Colectivo Passarinho dice que el apoyo del gobierno de Mauricio Macri al brasileño aparece por el fuerte vínculo comercial y porque defienden políticas muy parecidas.

El Colectivo Passarinho dice que el apoyo del gobierno de Mauricio Macri al brasileño aparece por el fuerte vínculo comercial y porque defienden políticas muy parecidas.

Actualizada 13/09/2016

“La traición es uno de los motores de la Historia”

“La traición es uno de los motores de la Historia”

“Los militares, pese a ignorar la fecha y el lugar de la acción guerrillera, sabían desde mediados de septiembre de 1975 que había algo muy grande en marcha. Pero no impidieron el plan. ¿Acaso tenían un interés especial en que ese algo se produjera?”  Sobre la respuesta a esa pregunta indaga el periodista Ricardo Rogendorfer en su último libro, Los doblados, que Editorial Sudamericana acaba de publicar. “Los doblados” eran personas que se habían convertido en soplones para salvar su pellejo, espías infiltrados en las organizaciones revolucionarias que reportaban al Ejército. “Hay ciertos autores -explica Ragendorfer- que con liviandad afirman que el ataque montonero al Regimiento de Formosa, ocurrido el 5 de octubre de 1975, fue el hecho que motivó que los militares dieran el Golpe de Estado del ‘76, y esa es una hipótesis digna de la revista Billiken, porque los decretos de aniquilamiento que otorgaban a las Fuerzas Armadas las facultades represivas en todo el territorio nacional fueron redactados con anterioridad en base a un plan golpista que ya existía”.

Para la producción de Los doblados, que llevó diez años, Ragendorfer trabajó tanto con documentos de origen militar, como con documentos de Montoneros y del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Realizó más de cincuenta entrevistas a antiguos militantes y jefes de organizaciones armadas, y también entrevistó a los represores Carlos Españadero, Albano Harguindeguy, Carlos Dalla Tea y al agente chileno Enrique Arancibia Clavel, enlace entre el Batallón 601 de la Argentina y la DINA pinochetista, entre otros.

Se trata de una exhaustiva investigación periodística narrada como novela policial, o, más bien, como película de acción. Una de las hipótesis de fondo que sostiene el autor a medida que avanza en la historia es que cuando las Fuerzas Armadas obtienen facultades represivas, toman el control operacional del país. “De algún modo, en ese preciso momento –el 6 de octubre de 1975-, el poder pasó de la Casa Rosada al Edificio Libertador –dice Ragendorfer-. Yo pienso que en ese momento empezó la dictadura y que lo del 24 de marzo fue como una mudanza”.

¿Cuáles son los documentos inéditos que utiliza para el libro?

Uno de ellos fue la llamada directiva 404/16, que es una orden de combate que el Ejército redacta y distribuye a través de 24 copias únicamente, que planteaba cómo iba a ser la metodología del terrorismo de Estado. Ese documento se realiza inmediatamente después de haberse firmado los famosos decretos de aniquilamiento que extendían a nivel nacional los atributos represivos que el Ejército tenía en Tucumán, que fue una especie de laboratorio del terrorismo de Estado.

¿Dónde fue hallado ese documento?

Lo encontré en una caja del Archivo Nacional de la Memoria. Es decir, sobre ese documento se hablaba mucho, pero no existía ninguna de esas 24 copias, hasta que de casualidad descubro una. También, otro de los documentos importantísimos a los cuales tuve acceso fue el archivo del espía chileno Arancibia Clavel, una especie de agente de enlace entre la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) del Chile pinochetista y el Batallón 601, fundamentalmente en lo referido al Plan Cóndor. En ese sentido Arancibia Clavel, que además estaba involucrado en el secuestro del general chileno Carlos Prats -razón por la cual estuvo condenado-, había hecho un archivo en base a todos los partes informativos que él enviaba semanalmente desde Buenos Aires al servicio exterior de la DINA. Era una especie de espía oficial de Chile en Argentina, y lógicamente eso fue de algún modo su pasaporte a la desgracia. El archivo que le encuentran es una especie de bitácora del Plan Cóndor, que muchos años después, ya en democracia, lo encontró en un sótano de Tribunales la periodista chilena Mónica González, que estaba investigando el asesinato de Prats en Argentina.

¿Cómo empezó a trabajar el tema?

Empecé a trabajar con Los doblados cuando aún ni imaginaba que terminaría escribiendo un libro. El puntapié inicial de este libro fue una serie de entrevistas que le hice al mayor Carlos Españadero en 2005, que termina siendo un actor fundamental de esta historia. Es un tipo del Batallón 601, que por un lado tenía a su cargo una pequeña y auspiciosa red de infiltrados que él mismo había reclutado y entrenado y, por otro lado, pese a su baja jerarquía, era una especie de estratega en las sombras del Batallón 601.

¿Cómo llegó a Españadero?

Lo llamé por teléfono. Yo había leído una entrevista que le hicieron, porque en su momento Osvaldo Bayer lo había acusado de haberle cobrado a un teólogo alemán -cuya hija Elisabeth Käsemann estaba acá desaparecida- veinticinco mil dólares para recuperar su cuerpo sin vida. Lo busqué en la guía y lo encontré. En esa misma nota, él señalaba su relación con el Oso Ranier, uno de los infiltrados en el ERP (uno de los protagonistas del libro). En ese momento le dije a Españadero que a mí me interesaba fundamentalmente –y lo dije con estas palabras- “la lucha contra la subversión”, un término que sabía que le caería simpático, y que me interesaba sobremanera  que me hable sobre el Oso Ranier. Y él me contestó: “Un héroe de guerra”. Nos encontramos en Los 36 Billares. Fueron entrevistas que le hice para la revista Caras y Caretas.

¿Qué fue lo que más le impactó de lo que le contaron en la serie de entrevistas que realizó a represores?

Hay muchas cosas. Una de las historias más alucinantes es la historia del Coronel José Osvaldo Riveiro, el segundo jefe del Batallón 601, que tiene que ver con el secuestro del militante chileno del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), Jean Claudet Fernández. Entrevisté a muchos represores para este libro, y normalmente de los represores únicamente se conoce el nombre, el lugar donde prestaron servicios, las aberraciones que cometieron y algunas otras cosas por el testimonio de algunas víctimas. Y a mí me interesaba otro corte de esos personajes, un corte que tiene que ver con lo personal de ellos. Cada uno de ellos es una muestra cabal de lo que Hannah Arendt llamaba la “banalidad del mal”. O sea, no son bestias con garras, no son monstruos. Lo terrible y lo monstruoso justamente es que son personas normales que después de torturar vuelven a sus casas como de cualquier otro trabajo, acarician la cabeza de sus hijos, cenan y se van a dormir. Fundamentalmente mi idea era no presionarlos demasiado, no ser incisivo, porque las cosas que hicieron ya se saben y a mí me interesaba que hablen de otras cosas porque, digan lo que digan, aunque hablen del clima, de algún modo demuestra lo que son. Discutir con ellos es como discutir de astronomía con alguien que cree que la luna es un pedazo de queso gruyere.

¿Por qué eligió para el libro el período entre 1975 y 1976?

A priori tomé ese lapso porque era el período en que las infiltraciones estaban a la orden del día, ya que con posterioridad, a través de secuestros y torturas, los militares obtenían la información que necesitaban en las mesas de tomento. El tema de los infiltrados me sirvió para desentrañar dos cosas: por un lado, la estructura, las modalidades operativas y los personajes del Batallón 601; y por otro, uno de los temas que está en discusión, porque hay ciertos autores que con liviandad afirman que el ataque montonero al Regimiento de Formosa, ocurrido el 5 de octubre de 1975, fue el hecho que motivó que los militares dieran el Golpe  de Estado, y esa es una hipótesis digna casi de la revista Billiken, puesto que los decretos de aniquilamiento que otorgaban a las Fuerzas Armadas las facultades represivas en todo el territorio nacional fueron redactados con anterioridad en base a un plan golpista que ya existía.

¿Fueron determinantes “los doblados” para la derrota de la guerrilla?

Fácticamente el caso del Oso Ranier, que es el que precipita Monte Chingolo, desde luego que fue un golpe muy duro a nivel operativo para el ERP, y más en la época en la cual eso sucede. Pero yo pienso que, pese a ello, habría también que aclarar que las infiltraciones abarcan un período inmediatamente previo a la desaparición masiva de personas. En ese sentido, para entonces, las dos organizaciones armadas más grandes que había en el país, o sea ERP y Montoneros, estaban envueltas en una crisis muy grande. Tal vez debido a una serie de errores políticos que derivaron en excesiva militarización. Si bien creo que el efecto de los infiltrados fue bastante nocivo para esas organizaciones, la debacle de éstas fue fruto de situaciones, hechos y de circunstancias mucho más complejas que la presencia de determinados infiltrados.

¿Por qué cree –tal como menciona en el libro- que la figura de la traición, en los ’70, no ha sido muy estudiada?

Realmente no lo sé. La figura de la traición es una figura universal de la condición humana. En ese sentido yo diría, como decía Marx de la economía, la traición es uno de los motores de la Historia. Dentro del contexto del terrorismo de Estado, ha sido un tema recurrente como fenómeno, pero pienso que hasta ahora no ha sido debidamente estudiado. La temática del terrorismo de Estado es de por sí maldita, sobre la cual aún prevalecen teorías irreconciliables como la Teoría de los Dos Demonios, o la existencia lisa y llana del Estado terrorista. Y, el tema de la traición es una cuestión maldita dentro de una temática que de por sí es maldita.

¿Tuvo alguna devolución sobre el libro de algún protagonista de esta historia?

Algunas personas vinculadas a las organizaciones armadas se comunicaron conmigo. Por ejemplo una sobrina de Patricio Biedma, el segundo jefe del MIR, uno de los protagonistas de esta novela, diciendo que le había podido mostrar a su padre –el hermano mayor de Patricio, secuestrado acá en Buenos Aires- algunos aspectos que no conocía de él. Por ahora no recibí ninguna puteada, pero no creo que la familia del coronel Riveiro esté muy contenta con este libro.

En el libro cuenta que el Batallón 601 tenía a su cargo la dirección táctica y estratégica de la “guerra sucia”. Recientemente el presidente Mauricio Macri se refirió a la última dictadura con los mismos términos militares. ¿Qué piensa sobre esto?

Por empezar, el término “guerra sucia” lo comenzaron a utilizar por los militares, cuando era inocultable el hecho de que acá había una práctica indiscriminada del terrorismo de Estado. Entonces, tenían que dar algún tipo de argumentación para atenuar la criminalidad de sus actos y recién entonces, por el ‘77 o el ’78, se empieza a hablar de “guerra sucia”, o “dirty war”: son términos sacados de los manuales norteamericanos. De todos modos, al igual que la Teoría de los Dos Demonios, que es una teoría un tanto falaz… Acá no hubo guerra, fue una cacería contra la sociedad argentina. Antes de la utilización del término “guerra sucia”, los militares no hablaban de guerra, hablaban de “lucha contra la subversión”, no hablaban de “enemigos”, hablaban de gente “subversiva”. En ese sentido no hubo una guerra, además porque ni ERP ni Montoneros fueron reconocidos como fuerzas beligerantes. Pero el hecho de que se caracterizara a esto como una guerra  tiene, por parte de los militares, un sustento teórico, que es el siguiente: según la Doctrina de Seguridad Nacional a la cual ellos adscribían, y según las enseñanzas de los franceses y norteamericanos, quienes entrenaron a los militares argentinos en lo que se llamó la guerra revolucionaria o la guerra contrainsurreccional, los tipos estaban convencidos que esto era una guerra pero también de que no enfrentaban a un ejército regular sino un ejército cuyos combatientes se mimetizaban en la población. En consecuencia, ellos sostenían que la fortaleza de la guerrilla estaba en la retaguardia, es decir, en la sociedad civil, entonces la atacaban. Mientras determinadas voces y más precisamente la del Gobierno actual, empiezan a levantar el estandarte de la Teoría de los Dos Demonios y de la guerra sucia, en paralelo se hace lo imposible para detener el juzgamiento de la sociedad civil y de los empresarios que tuvieron que ver con la dictadura. En ese sentido, que Macri no se refiera al terrorismo de Estado como tal, tiene que ver con una concepción ideológica –tanto de Macri como de un vasto sector de la sociedad- que tiene ese discurso. Los radicales tienen ese discurso, si vamos al caso.

Ricardo Rafendorfer, periodista, escritor e investigador especializado en policiales, es autor de La Bonaerense (1977) junto a Carlos Dutil y de La secta del gatillo (2003), entre otros libros. Trabaja en diferentes medios y soportes desde hace ya casi 40 años. Su trayectoria y experiencia es ineludible a la hora de hablar de la estructura de las fuerzas policiales, servicios de inteligencia y políticas de Seguridad, los ribetes del periodismo y los intereses que se ponen en juego.

¿Cuál es su visión acerca del rol de los servicios de inteligencia en la actualidad?

Pienso que en todos los lugares del mundo, y fundamentalmente desde el siglo XIX en adelante, los servicios de inteligencia fueron y serán la cloaca del Estado, se dedican a los negocios sucios del Estado. Y no son organismos infalibles: la CIA se comió lo de las Torres Gemelas…Si los principales servicios de inteligencia del mundo tienen sus fallas garrafales, puesto que uno de sus objetivos es prever y anticipar determinados cataclismos, imaginémonos lo que puede ser un servicio de inteligencia en un país periférico como este, que además toma los dictados o la letra que le pasan los servicios de inteligencia de Occidente. Los servicios son una fuente inagotable de conflictos, más que una fuente para solucionarlos.

En cuanto a las gestiones de Patricia Bullrich y Cristian Ritondo en los ministerios de Seguridad de Nación y Provincia, respectivamente, ¿cuál es su lectura de lo que han mostrado de su gestión?

El sueño de la seguridad macrista tiene dos vertientes: una, disciplinar a la sociedad, y otra, controlar el espacio público; es decir, los narcos son tan amenazantes como los manteros para este gobierno. Pero, por otra parte, se ve bien en provincia de Buenos Aires que la apuesta del macrismo está en lograr una congruencia con las corporaciones policiales, hechas en base al autogobierno policial, lo cual es un camino algo suicida. En ese sentido, ¿qué le pasa a Vidal? Su llegada a la gobernación fue tan sorpresiva que no había preparado debidamente su política hacia la policía y dejó intacta la estructura que había heredado del anterior gobierno, nombrando a (Pablo) Bressi en lugar de (Hugo) Matzkin: Bressi es un hijo putativo de Matzkin. Eso causó una especie de conflicto interno dentro de la policía, ya que muchos integrantes del comisariato tenían ilusiones depositadas en que a través del cambio de gobierno pudieran escalar posiciones de poder. Y no, todo quedó igual. Es evidente que esa situación conflictiva salpica al gobierno de Vidal y prueba de ello es la ola de secuestros, la cantidad de zonas liberadas. ¿Por qué creés que se va a vivir a un ex centro clandestino de detención como es la  VII Brigada Aérea? ¿Porque es cómodo? ¿Porque es lindo? No. Porque está -creé ella- a resguardo de la Bonaerense.

Y desde el libro La Bonaerense hasta la fecha, ¿cambió en algo la estructura de esa fuerza?

No, de ningún modo. En el único momento que comenzó a cambiar este asunto fue en la época de (Carlos) Arslanián, que fue una experiencia inconclusa porque el nombramiento de Carlos Stornelli como reemplazante de Arslanián, cuando asume Scioli, convirtió a la reforma de Arslanián en una contrarreforma. De todos modos, la reforma también tenía sus puntos flojos: basándose acertadamente en que se debía cortar la ruta del dinero que iba de abajo hacia arriba a través de una estructura piramidal, con muy buen criterio Arslanián decidió descuartizar esa estructura y hacer siete u ocho departamentales autónomas, volar la figura del jefe y romper ese triángulo. Pero, lógicamente, la Bonaerense es como el agua, toma la forma del envase que la contiene y lo que en otras épocas era una empresa perfectamente aceitada, en esas épocas devino en una cantidad de hordas policiales autónomas que se disputaban entre sí el delito en la provincia de Buenos Aires. La contrarreforma que vino después consistió en restaurarle a la Bonaerense los atributos que había tenido en sus peores épocas.

¿Cambió en algo el género policial en el tiempo que lleva trabajándolo?

De algún modo cambia todo el tiempo la temática policial, porque cambian no sólo las modalidades del delito sino el modo en que la sociedad asimila este tipo de cosas. Es muy distinto el modo en que impactaba el delito en la década del ’50 que en estas épocas, donde hay un subgénero, para mí nefasto, que es la “inseguridad”, tal como llaman a la sección policial en el diario La Nación. Por otra parte, la profusión y la hegemonía que tienen los medios audiovisuales sobre la noticia con la repetición. Yo empecé a trabajar en periodismo de casualidad, con posterioridad me empecé a dedicar más a este género o sección, también de casualidad. Desde luego hubo causas profundas que tal vez yo haya descubierto después pero fue algo del orden del azar. Actualmente, si tuviese que escribir una receta de cocina le daría la estructura de un policial.

¿De qué herramientas de su personalidad se sirve fundamentalmente para investigar?

De la curiosidad, que es el atributo más importante que te debe tener un periodista.

 

Actualizada 30/08/2016

“Sin luz, agua y gas, no se puede vivir dignamente”

“Sin luz, agua y gas, no se puede vivir dignamente”

El frío no los congeló. O sí, pero no los paralizó. Miles de argentinos hicieron de la calle nuevamente su escenario de lucha, porque a la falta de trabajo y a los sueldos disociados de la inflación, se sumaron los tarifazos de agua, gas y luz. El 14 de julio y el 4 de agosto de este año, en distintas ciudades del país, se hicieron “ruidazos” para reclamar por el aumento en los servicios públicos. Pero no solo la calle fue un espacio de disputa: también lo fue la justicia. El Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) presentó un amparo que fue ratificado por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, quien anuló las resoluciones 28 y 31 de 2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación que establecían la suba de precios en el gas. Pese al recurso extraordinario presentado por el gobierno para apelar esa decisión, la Corte Suprema de Justicia finalmente dictaminó el pasado jueves 18 de agosto la suspensión definitiva del tarifazo para usuarios residenciales y la obligatoriedad de la audiencia pública como requisito previo para programar el nuevo cuadro tarifario que -advirtió en el fallo- deberá tener en cuenta los criterios de razonabilidad y gradualidad. La fecha de la audiencia, según anunció esta semana el gobierno, será el 16 de septiembre. Cooperativas, fábricas recuperadas, pymes, clubes de barrio y otras entidades que pueden cerrar sus puertas por la imposibilidad de pagar los valores actuales de los servicios, quedaron afuera. Por eso, muchas de ellas ahora piensan en comenzar el camino judicial.

El amparo

Los amparos a los tarifazos de luz y gas fueron presentados por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS). Según explicó Mariano Lovelli, abogado y presidente de CEPIS, al presentarlos desde una ONG –y no como particulares que representan el interés individual– pudieron iniciar el litigio como un proceso colectivo de alcance nacional. “Nos reunimos con distintos sectores que estaban preocupados por la suba de tarifas. Vimos que se podía presentar un amparo y con un grupo de abogados lo armamos. Después se sumó otra asociación que se llama Consumidores Argentinos”, dijo Pedro Sisti, abogado y secretario de CEPIS.

El amparo al tarifazo del gas fue presentado la primera semana de abril. El fundamento en el que se basaron los abogados de CEPIS fue la falta del requisito de audiencia pública previa que establece la Constitución Nacional para efectuar cualquier tipo de modificación en la tarifa de servicios. “Es decir, las resoluciones del Ministerio de Energía que impusieron el tarifazo se hicieron de manera intempestiva, sin haber realizado antes este mecanismo de participación ciudadana”, consideró Lovelli.

Riudazo contra el tarifazo en Obelisco y Plaza de Mayo

Riudazo contra el tarifazo en Plaza de Mayo.

La acción de amparo se inició y tramitó ante un juez de primera instancia, y recayó en el Juzgado Federal N°4 de la ciudad de La Plata. Según detalló Lovelli, el juez rechazó el amparo en su sentencia, pero ordenó al Estado a que realice en un plazo de 20 días una audiencia pública para cumplir con ese requisito “bajo apercibimiento de retrotraer el valor de las tarifas previo al dictado de estas normas que generaron el tarifazo”, aclaró el presidente de CEPIS. Frente a esa decisión, las dos partes en litigio apelaron: “Nosotros  porque consideramos que son nulas las resoluciones que se dictan sin haber dado cumplimiento al requisito de la audiencia y el Estado porque la sentencia lo obligó a llamar a audiencia en un lapso que consideró muy breve”, explicó Lovelli. Y continuó: “En la apelación intervino la Sala II de la Cámara Federal de La Plata, que el día 7 de julio dictó sentencia haciendo lugar a nuestro planteo. Declaró la nulidad de las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía y ordenó retrotraer los valores al 31 de marzo de este año”. El Estado apeló esta sentencia a través de un Recurso Extraordinario Federal y la Cámara aceptó esa apelación para que la Corte intervenga, pero manteniendo la plena vigencia del fallo que anuló el tarifazo.

“El fundamento del Gobierno para apelar fue que consideró que no era necesaria la audiencia pública porque son aumentos transitorios. Nosotros sostuvimos todo lo contrario: para hacer cualquier tipo de modificación tarifaria, sea transitoria o permanente, tiene que necesariamente llevarse a cabo este procedimiento que está establecido en la Constitución”, advirtió Lovelli.

Pedro Sisti también desestimó el argumento que había presentado el oficialismo: “En la energía eléctrica, la producción, el transporte y la distribución son servicios públicos. En cambio, en el gas la producción no se considera servicio público y sí lo es el transporte y la distribución. Como acá lo que más subió es la generación, el precio del gas en boca de pozo, el Gobierno sostiene que no tiene que haber audiencia pública. ¿Cuál es el problema? El precio del gas en boca de pozo es en la tarifa que paga el usuario entre el 65 y el 80 por ciento. Con lo cual, si sube el gas en boca de pozo, necesariamente sube la tarifa. Entonces, aun cuando no sea servicio público el gas en boca de pozo, como impacta en el costo del servicio público de transporte y distribución, tiene que hacerse audiencia pública antes”, argumentó y agregó: “La ley de Regulación del transporte y distribución de gas natural es la 24.076, que encima es una norma de cuando se privatizaron los servicios públicos, de antes de que se reformara la Constitución incluso, o sea, antes que se incorporara el artículo que habla de usuarios y consumidores, con lo cual tampoco se la puede tomar tan al pie de la letra, hay que entender que la Constitución amplió derechos”.

Otro ruidazo en Medrano y Corrientes.

Otro ruidazo en Medrano y Corrientes.Flore

Finalmente, el jueves 18 de agosto la Corte Suprema confirmó la anulación del tarifazo, pero solo para los usuarios residenciales. El día anterior al fallo, la procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó recomendó a la Corte mantener la decisión de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que declaró la nulidad de las resoluciones 28 y 31 y estableció retrotraer el valor de las tarifas a los precios existentes hasta el 31 de marzo. Consideró que la falta de audiencia pública previa no respetó los derechos de información, consulta y participación ciudadana previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Además, desestimó el argumento del Gobierno que sostiene que esa instancia no es necesaria para aumentos transitorios ya que, según explicó la Procuradora, impacta de manera inmediata en el acceso a un servicio público.

“Por un lado es muy positivo -señaló Lovelli-, porque la Corte aceptó el nudo argumental de nuestro razonamiento, en el cual sin audiencias públicas previas no puede haber ningún tipo de modificación tarifaria. También estamos conformes con que se manden a discutir todos los componentes de la tarifa. Es decir, no solo el transporte y la distribución, sino también el de la generación”. Y agregó: “No sabemos cuánto cuesta producir gas en la Argentina, por eso vamos a ir a discutir a la audiencia pública, para que nos muestren los costos y nos expliquen  por qué si –según las estimaciones que hacen consultoras especializadas en energía– el valor promedio es de 1,90 dólar, el gobierno le asignó un valor de 5,50. ¿Qué pasa con ese porcentaje de dinero que, en definitiva, es  una inmensa transferencia de recursos de la población a un pequeño grupo de empresas?”

Héctor Polino, ex diputado nacional del Partido Socialista, es el fundador y representante legal de Consumidores Libres, una asociación con más de veintidós años de existencia que se dedica a defender los derechos de usuarios y consumidores. Este año inició una medida judicial contra la empresa Metrogas, contra el Ministro de Energía de la Nación, y contra el interventor del Enargas. Luego de meses de asesorar legalmente a usuarios que acercaban sus inquietudes y problemas frente a la suba desmedida de tarifas, recibió con alegría el fallo de la Corte. Al igual que los representantes de CEPIS, aplaudió la decisión del Poder Judicial de incluir en la discusión el precio del gas en boca de pozo. “Es lo que corresponde. Porque si el Ejecutivo está regulando ese precio, tiene que ser discutido y tratado en una audiencia pública. Estamos pagando más del doble de lo que se está pagando en el resto del mundo, favoreciendo a las empresas petroleras”, dijo Polino. Además, festejó que la Corte haya reconocido la tarifa social, reclamado al Congreso de la Nación la designación del Defensor del Pueblo y fijado el criterio que tiene que tener el Poder Ejecutivo en la evaluación de las audiencias públicas.

Fuera de juego

Pese a lo positivo del fallo que puso el peso de la balanza  a favor de los usuarios, varios sectores no fueron contemplados. Al restringir el alcance a los consumidores residenciales, el aumento en las tarifas sigue vigente para cooperativas, fábricas recuperadas, Pymes, clubes de barrio, teatros, y otras asociaciones que se han visto afectadas por el tarifazo. “No sé cuál ha sido la motivación. Entiendo judicialmente la diferencia que hace la Corte, la comprendo desde lo estrictamente jurídico, pero me parece que lo lógico en este caso hubiera sido que se extienda a todos”, consideró Lovelli. A pesar de esa restricción, alentó a los usuarios excluidos a que presenten demandas para acceder a la suspensión del tarifazo. “Lo cierto es que al declarar la nulidad de las resoluciones  28 y 31, se habilita expresamente para que cualquier damnificado no comprendido en la sentencia vaya mañana mismo a cualquier estrado judicial a pedir que le extiendan la anulación del tarifazo. Y se lo van a dar automáticamente, por los propios fundamentos de la Corte”, aclaró el presidente de CEPIS.

La explicación que dio la Corte para segmentar el alcance del fallo se basó en el argumento de la homogeneidad de los intereses: una asociación civil solo puede representar a los usuarios residenciales que se ven afectados por el gas de su vivienda. Si bien Lovelli consideró que la resolución aportó un gran mejoramiento de la calidad democrática al ratificar la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones, cuestionó la segmentación realizada. “Lo cierto es que no era un tema que se había planteado en esos términos como defensa por parte del Gobierno, sino que fue una cuestión que trajo la Corte per se para hacer esta división, cosa que no lo habían hecho ni el juez de primera instancia, ni la Cámara Federal, ni la Procuradora, lo cual genera que cada actor no comprendido en el fallo tenga que ir individualmente a peticionar. En el caso de las grandes empresas es entendible, pero en muchos otros casos condenan a un club de barrio, por ejemplo, a tener que litigar individualmente cuando son entidades que hacen al sostenimiento de las actividades recreativas, deportivas y culturales de la sociedad”, denunció el abogado.

Para poder acceder a la suspensión del aumento en las tarifas de gas, Polino explicó que los sectores excluidos del fallo pueden iniciar una acción judicial de manera individual o grupal, si están agrupados en alguna entidad de segundo grado que las represente con personería jurídica. En el contexto actual de desempleo creciente e inflación, el alto valor en las tarifas representa una importante traba al sostenimiento económico de esos sectores. “Esto afecta al empleo”, consideró el fundador de Consumidores Libres. Y agregó: “Con la suba de tarifas, aumentan los gastos fijos de las cooperativas y pequeñas empresas y tienen que trasladarlos a los precios. Eso puede llevar a una reducción de la demanda de trabajo. Y, en consecuencia, puede provocar desocupación, o disminución de la calidad de vida de los integrantes de estas entidades”.

Participación ciudadana

Pedro Sisti, secretario de CEPIS, explicó cómo debe darse la audiencia pública para ser constitucional y cumplir con el artículo 42: “Lo primero que deberían hacer es brindar toda la información: el Estado de situación de las empresas; quiénes las conforman –o sea, quiénes se van a ver beneficiados–; a qué se ha destinado la plata que se ha recibido de los subsidios y los costos de las tarifas todo el tiempo previo; dónde se va a dar la suba; qué destino se le va a dar a esta suba; cuáles son las razones, si es un aumento de costos internacional, si es para extender el servicio, etc.”, explicó. Luego de esa etapa informativa, debe darse lugar a la participación ciudadana: “Se debe garantizar la oportunidad de que los usuarios y consumidores presenten objeciones antes y durante la audiencia pública, oralmente o por escrito. Después debe existir un momento en el cual se contesten fundadamente todas las objeciones. Es decir, la audiencia debe dar información, escuchar  y contestar. Porque si bien no es vinculante, tampoco es que pueden escuchar y no hacer nada. Que no sea vinculante significa que no estás obligado a resolver de la manera que plantee la gente en la audiencia pública. El que decide es el organismo de control, conjuntamente con el Estado. Pero sí están obligados a contestarle al ciudadano, que no es un tema menor”, concluyó.

Derechos humanos

La luz, el gas y el agua son servicios básicos que deben ser garantizados por el Estado. De allí la importancia de la discusión y el alcance desastroso que tuvo el tarifazo. “Un usuario puede prescindir de comprar una botella de gaseosa, de ir al teatro, pero no puede prescindir del gas natural, como no puede prescindir de utilizar energía eléctrica o agua potable, o utilizar el servicio público de transporte ferroviario, subterráneo o de colectivos”, enfatizó Polino. “Se trata de servicios públicos esenciales. Y una de sus características es la universalidad: tiene que llegar a la totalidad de los usuarios, con independencia de la capacidad de pago”, agregó.

 

“La Corte hace el planteo acerca de la razonabilidad y la justeza de las tarifas porque hay que comprenderlas como un todo. Tanto el agua, como la energía eléctrica y el gas, forman parte de bienes esenciales para la vida de los argentinos y no pueden ser tomados de manera aislada o individualmente, sino que tienen que pensarse de manera conjunta para que no termine siendo confiscatorio, y que la gente termine evaluando si calefaccionar e iluminar su casa o comer”, explicó el presidente de CEPIS.  Pedro Sisti, opinó en el mismo sentido: “Sin luz no se puede  vivir dignamente, como tampoco sin agua. Para nosotros el gas también se ve incluido en eso. No se puede negar que tener esos tres servicios hace a una mejor calidad de vida. Sobre todo por todo lo que se garantiza a través de ellos: la vivienda digna”. Y Lovelli completó: “No podemos entender vivienda digna solo cuatro paredes, un techo y un piso, sino los elementos que hacen que esa vivienda sea habitable, sea confortable, es decir, que tengas energía para poder iluminarte y que tengas gas para poder calefaccionarte”.

El proceso para presentar el amparo al tarifazo de luz se realizó de manera similar al de gas, porque el nudo argumental fue el mismo, es decir, la ilegalidad del dictado de normas que modifiquen las tarifas de los servicios sin haber realizado la audiencia pública. “En este caso –explicó Lovelli–  la jueza de primera instancia nos otorgó una medida cautelar en la cual planteó la suspensión del tarifazo hasta tanto no se lleve a cabo la audiencia pública que establece la normativa”. La Cámara Federal de San Martín, frente al intento del Gobierno de cuestionar la decisión, ratificó el fallo de la jueza.

Respecto a la suba en las tarifas del agua, tanto Consumidores Libres como CEPIS están investigando para poder presentar un amparo que también frene ese aumento.

Actualizado 25/08/2016