Ago 26, 2020 | Novedades, Trabajo
Según un estudio de la Asociación Civil Tejiendo el Barrio, en conjunto con la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, “siete de cada diez personas que teletrabajan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encargan en simultáneo del cuidado de sus hijas e hijos desde que comenzó la cuarentena”.
El teletrabajo –o home office– ya era una modalidad habitual en un buen número de empresas y organizaciones en la Argentina, pero con la pandemia se generalizó. Por ello, el Gobierno nacional promulgó, el último 14 de agosto, la Ley 27.555 que establece un régimen para los contratos de teletrabajo. Si bien entrará en vigor 90 días después de finalizada la cuarentena, políticos de la oposición y sectores empresariales señalaron la dificultad de llevar a la práctica la regulación.
La nueva normativa fue impulsada por la necesidad de una ley específica que regule y garantice los mismos derechos y obligaciones a los teletrabajadores que a quienes desempeñan sus tareas de forma presencial. Además, tiene por objeto promover y regular esta modalidad como un instrumento de generación de empleo, mediante la utilización de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), y como una herramienta para conciliar la vida familiar y laboral en un solo ámbito.
En diálogo con ANCCOM, el abogado laboralista Julián Hofele, asesor de la diputada del Frente de Todos Vanesa Siley, detalla: “La legislación establece numerosas especificaciones, basada primero en la igualdad de derecho con las personas que trabajan en forma presencial”. Y agrega: “Garantiza el cumplimiento en materia salarial, de extensión de la jornada, derechos colectivos, sindicales, riesgos de trabajo, higiene, accidentes, contiene la igualación en todos estos aspectos”.
Con respecto al derecho a la desconexión digital, Hofele afirma que “se garantiza el derecho al descanso y la limitación horaria de la jornada. Además, el trabajador tiene derecho a no recibir comunicaciones por parte del empleador, fuera de la jornada laboral”.
La senadora nacional de Juntos por el Cambio, Gladys González, opina que la ley está pensada desde una lógica laboral caduca que desincentiva la modalidad de trabajo. Y acerca del derecho a la desconexión, si bien afirma que es fundamental garantizarlo fuera del horario laboral o durante licencias, aclara: “Creemos que el empleador puede cursar comunicaciones al trabajador y que éste no está obligado a responder si está fuera de su jornada. Las empresas operan con grupos en turnos y eso hace que tengan diferentes momentos para enviar comunicaciones”.
Desde el sector de las PyMEs, Salvador Femenía, asesor de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y presidente de la Cámara de Comercio de Moreno, considera que tal derecho “limita al empleado, porque él puede pactar cuestiones de metas y podría hacerse acreedor de más dinero”. Según Femenía, “el empleado tiene una comodidad trabajando bajo esta modalidad, ya que puede manejar los tiempos como quiera. Debería haber más libertad con los horarios y se podría pactar entre las partes en qué momento llamarse”.
Otro de los artículos discutidos de la ley es el que menciona “el principio de reversibilidad”, que determina que el traslado de quien trabaja de manera presencial a su casa debe ser voluntario y tiene la posibilidad de volver. Hofele destaca que, ante una situación inesperada, pueden cambiar las condiciones del lugar en donde vive y cómo se compone la familia, por ende, se contempla esta medida. Puntualiza que estos son los casos en los que se cambia de modalidad de empleo, no de los contratados por el sistema de teletrabajo, que dependen de sus propios convenios colectivos. Y sostiene que el principio de reversibilidad no se aplica automáticamente: “Esto se debe hablar y resolver con la voluntad entre ambas partes”.
Para la senadora González, sería “prudente dar un tiempo al empleador para que se adapte a la reversión propuesta por el trabajador. Para el empleador, dar la posibilidad de que un trabajador pase de una modalidad presencial a una virtual implica una inversión que tenemos que tener en consideración, para no desincentivar al teletrabajo”.
Al igual que González, para quien la reversibilidad lo único que va a generar es “el desaliento de los empleadores a la hora de adoptar esta modalidad de trabajo”, Femenía critica tal posibilidad: “Si tenés a toda la empresa, por ejemplo, o un área en particular, con teletrabajo y quiere la reversibilidad, si yo no puedo dárselo, se considera despedido y con doble indemnización”. Y reclama “que se puedan establecer ciertas pautas para que se sienten a negociar y entre las dos partes encontrar una solución satisfactoria para el trabajador”.
Acerca del derecho a la sindicalización, la ley dispone que las personas que están teletrabajando puedan elegir y/o ser elegidas para ser representantes gremiales. “Esto va a requerir que los sindicatos encaren las negociaciones colectivas en cada sector contemplando las especificaciones mismas del teletrabajo para su actividad y, por supuesto, del cumplimiento”, expresa Hofele.
El secretario gremial de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA), Claudio Marín, alerta sobre el peligro de que el teletrabajo aumente el trabajo precario. “El punto central es la registración. Tiene que haber participación de los sindicatos en ella y de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, además del Ministerio de Trabajo, si no corremos un riesgo cierto de que el trabajo no registrado se multiplique”.
“Los sindicatos deberían ser más cercanos a las empresas, negociando –se queja Femenía–. Hablan todos de derechos como si fuéramos explotadores, no somos grandes empresas. Las PyMEs tenemos una relación muy cercana, cuidamos al empleado”.
Ante las observaciones de la empresarios y oposición, el Poder Ejecutivo aceptó revisar el artículo 8 de reversibilidad cuya aplicación, se anuncia, podría tener un tiempo de concreción de hasta seis meses, lapso en el cual la empresa debería acondicionar sus instalaciones para el regreso de los empleados a la oficina.
Jun 7, 2020 | Novedades, Trabajo
A 210 años de la fundación de La Gaceta de Buenos Aires –en cuyo recuerdo se conmemora cada 7 de junio el Día del Periodista–, no parece haber muchos motivos para celebrar: el coronavirus, la cuarentena y la consecuente profundización de la crisis económica, determinan el estado actual de la profesión.
Las empresas mediáticas se escudan en la pandemia para seguir precarizando aún más a sus empleados. Al atraso salarial de años, se suman despidos, recortes y demoras en pagos de sueldos que han motivado diversas acciones como respuesta. Desde el cese de media jornada en Página/12 hasta la publicación sin firmas en Clarín. Según una encuesta del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA), dos de cada tres trabajadores de prensa en la Ciudad cobran salarios por debajo de la Canasta Básica Total (de acuerdo a estimaciones de la Dirección General de Estadísticas y Censos del GCBA).
En diálogo con ANCCOM, Silvina Molina, editora de Género y Diversidades de la agencia Télam, asegura: “Tenemos que pensar quién se hace cargo de los medios para que se deje de precarizar, de echar y de pagar miserias o en cuotas. No se puede ejercer el derecho a la comunicación desde el periodismo sin las condiciones adecuadas de trabajo, que incluyen un salario digno”.
El citado informe de SIPREBA subraya la inequidad en materia de género al interior de los medios. El último mes, la mitad de las mujeres y disidencias encuestadas (49,3%) recibió una remuneración por debajo de la línea de pobreza. Por otra parte, entre los salarios más altos la mayoría de los trabajadores son hombres.
Para Molina, estamos ante una feminización de la precariedad que tiene su raíz en la ausencia de mujeres y disidencias en los puestos de mayor jerarquía: “El periodismo es una profesión feminizada porque en la mayor parte de las escuelas de comunicación y las redacciones hay mayoría de mujeres. El problema es cuántas son las que ocupan cargos de decisión, quiénes firman las notas, quiénes tienen programas en horario central de la radio y la televisión, o quiénes dirigen medios autogestivos”. Molina señala que “salvo excepciones, tanto en medios cooperativos, estatales, privados y públicos, la mayoría de esos cargos son ocupados por hombres”.
La reciente conformación del Directorio de Télam, íntegramente a cargo de mujeres, permite advertir el signo de los tiempos. Según Molina, este fenómeno es parte de un proceso que está en marcha, pero al que aún le falta camino por recorrer para una paridad real: “Estamos transitando los cambios. Con la existencia de movimientos a nivel mundial como Ni una menos, el #MeToo, o el Paro Internacional de Mujeres, estamos demostrando que la sociedad debe respetar los derechos de la mitad del mundo, que somos nosotras. Y eso aplica también dentro del periodismo. Es una transformación que está en marcha sin necesidad de una mayor explicación”.
La desproporción en las secciones de los medios refleja construcciones arraigadas en la sociedad. “Todavía llama la atención que haya una periodista haciendo la cobertura desde el campo en un partido de fútbol, a pesar del enorme esfuerzo que han hecho muchas colegas y deportistas por visibilizar esta problemática. En general, somos muchas más las comunicadoras en aéreas que tienen que ver con Salud, Sociedad, en fin, con temas relacionados con los cuidados. Y es mucho más complicado encontrarlas en Política, Economía, Deportes, en áreas que se han considerado un terreno exclusivamente masculino. Como periodistas, tenemos que reflejar la realidad, y eso implica, por ejemplo, contemplar paridad de fuentes masculinas y femeninas al momento de elaborar una nota. Cuando hablamos de un periodismo inclusivo, nos referimos simplemente a hacer buen periodismo”.
Sobre el proyecto presentado en el Senado de la Nación, que propone un cupo equitativo en los medios públicos, Molina considera “que es muy positivo como impulso inicial, para ayudar a cambiar las estructuras que todavía persisten y las resistencias que hay en los medios”. Pero agrega: “También me parece que los medios tienen que tomar la responsabilidad de revisar sus prácticas internas, es una conjunción de factores”.
Las trabajadoras de prensa organizadas en la última marcha del Paro internacional Feminista.
Periodismo en cuarentena
En la semana en que se cumplen cinco años de la primera marcha de Ni una menos, es importante evaluar el rol del periodismo en el tratamiento de problemáticas como violencia contra las mujeres, reconocimiento de las disidencias o derecho al aborto. Un cambio visible en los últimos años fue la incorporación, en algunas redacciones, de una editora de género. Incluso ciertos medios tradicionales han comenzado a construir sus noticias con un enfoque que cruza transversalmente a todas las secciones.
“El periodismo de género ha sido esencial en este contexto de cuarentena para mostrar algunos ejes de la agenda del feminismo. Ahora queda muy claro que las mujeres hacemos doble o triple tarea. Trabajamos fuera y dentro de la casa. Y la mayoría de los cuidados de los niños, niñas, niñes, adolescentes y de las personas adultas mayores, recae fundamentalmente en las mujeres. Eso es un tema de agenda feminista del que veníamos hablando y que queda totalmente patente en la pandemia”, afirma Molina.
El aislamiento preventivo ha incidido notoriamente en el aumento de casos de violencia de género. La editora de Télam sostiene que, cuando se anunció la medida, “la preocupación del periodismo feminista por la convivencia de las mujeres con sus maltratadores fue inmediata. Esto hizo que se tomaran distintas decisiones a nivel de políticas públicas para adecuar la medida y acompañar ese proceso especial de mujeres que están en situación de violencia”, precisa.
Molina, quien además es la coordinadora argentina de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. considera que el rol del periodismo es fundamental en este momento, pero advierte sobre la falta de lugar para profesionales especializados en los medios: “Hay periodistas que hacen una excelente cobertura, y creo que hay una reivindicación del periodismo científico, con muy buenos profesionales en el país. Pero también hay un sector que no toma dimensión de la gravedad de la situación, porque para hablar de salud en general y sobre todo de coronavirus y una enfermedad como la Covid-19, es necesario informarse, prepararse, capacitarse”.
En efecto, existe un periodismo especializado en ciencia que es demandado en el escenario de pandemia. La exclusión de periodistas idóneos para tratar temas específicos es otra forma de precarización del oficio. En menos de seis meses, los grandes medios han reestructurado y abocado toda su agenda en función del coronavirus. Y este continuo provoca que la pantalla, el éter, la red y las páginas de los diarios sean ocupados por comunicadores que no siempre están capacitados.
Ricardo Goldberger, miembro de la Red Argentina de Periodismo Científico, opina que el tratamiento actual no es el adecuado, ya que la comunicación especializada “ocupa un rol bastante secundario y lateral, porque la mayor parte de los medios están dejándole la cobertura de la pandemia a periodistas generales, o de Economía o Política”. Y destaca: “Los fundamentos por los cuales se están tomando decisiones políticas y económicas son predominantemente científicos, por lo tanto, el periodista científico es el que está en mejores condiciones de explicarle al público el sentido que tienen estas decisiones”.
Según Goldberger, quien también dirige el medio online Tecnozona, “el aporte que realiza el periodista científico es a partir del conocimiento y el entendimiento de lo que sucede en el ámbito, que es más amplio y concreto. Sabe cómo funciona la ciencia en la Argentina, la ciencia en general, los recursos que utiliza, qué significa trabajar en un laboratorio, en un consultorio, en una industria tecnológica, conoce cuáles son las tendencias, quiénes son los principales protagonistas, conoce quiénes son las fuentes más confiables y creíbles, o cómo funciona el método científico”.
La exclusión de los periodistas especializados en ciencia tiene sus inicios, de acuerdo a Goldberger, en la década del 90: “Todos los grandes diarios y los canales tenían programas dedicados a la ciencia y la tecnología. No solo desde el punto de vista educativo, sino desde la divulgación. En 1992, Clarín rediseñó el suplemento Ciencia y Nación, y progresivamente lo convirtió en un suplemento de tecnología y finalmente de informática. En última instancia, se convirtió en un catalogo de productos”. Las secciones de Tecnología, junto a las de Salud, fueron las únicas que subsistieron, mientras que el resto pasó a formar parte del cuerpo central del diario sólo de las versiones online. La posibilidad de conseguir anunciantes fue determinante para la continuidad de estas secciones, ya que “la industria de la tecnología y la farmacéutica son dos que todavía están en condiciones de poner publicidad”. Y los especialistas en ciencia fueron desplazados hacia aéreas tan disímiles como Sociedad o Policiales.
La agenda de los medios parece tener un correlato con la voluntad política de cada época. Al respecto, Goldberger subraya: “Durante el último gobierno (de Macri), no solo el Ministerio de Ciencia y Tecnología disminuyó abruptamente su importancia, sino que se hicieron campañas específicamente para denostar a la ciencia. Y eso tiene un componente ideológico importante. La ciencia y la tecnología obligan a la gente a pensar, a averiguar, a investigar, a generar pensamiento crítico. En la medida en que el pensamiento crítico se vuelve peligroso para una ideología, más se va a rebajar la importancia de la CyT. Hay una incidencia bastante clara en el sistema público imperante en el momento”.
Ante la advertencia de la OMS acerca de la “infodemia” –la epidemia informativa que da lugar a la propagación de noticias falsas–, Goldberger expresa: “En la medida en que la población no tenga desarrollado el pensamiento crítico, no va a ser capaz de dudar si lo que está leyendo es verificable o no. En la medida en que no haya comunicadores que lo estimulen, el campo va a estar disponible para la presencia de fake news, campañas de desinformación que obedecen a intereses económicos, corporativos, de la industria farmacéutica, que ven en los límites a la circulación de personas, a la capacidad de compra y consumo, a la capacidad de trabajo, una situación adversa”. Estos intereses, agrega, son los que promueven las movilizaciones anticuarentena.
Mirada federal
Desde Tucumán, Claudia Nicolini, periodista especializada en ciencia del diario La Gaceta, comparte su impresión sobre la cobertura de estos acontecimientos: “Negar la realidad no es una posibilidad. Debemos contar nuestra versión de lo que pasa y entender que no hay un abordaje objetivo. Aunque se junten cinco personas en la plaza, no podemos no decir qué está pasando. Ya sabemos lo que pasa cuando los medios silencian cosas. Ahora, es claro que hay quienes los están conduciendo, el 85 por ciento de la gente reconoce que la cuarentena está bien, pero este grupo pequeño se lleva la atención mediática”.
Nicolini manifiesta que, “si bien hay maneras de contar, hay una diferencia entre cubrir el acontecimiento y hacer una transmisión de seis horas”, por lo que los periodistas científicos son claves para preguntarse qué es lo que no está llegando del mensaje que pueda compensar la mala intención de los grupos beneficiados. “Quizás tendríamos que preguntarnos si no deberíamos bajar los niveles de alarma y elevar los de conciencia”, reflexiona.
La periodista, quien también es miembro de la RADPC, enfatiza la importancia de la capacitación a través de compañeros pertenecientes a la Red. Psicóloga de formación, ingresó al medio como correctora, para luego tomar el puesto vacante de periodista de ciencia. “El camino no fue fácil, porque hay que traducir cuestiones que son muy complejas. En la primera nota que hice tuve que entrevistar a especialistas en física cuántica. En esos casos, la tarea es procesar definiciones muy abstractas para que el público pueda saber qué hace un científico y por qué”, cuenta. Y asegura que en los medios hay personas que “no están preparadas para preguntar, entender la respuesta recibida, ni repreguntar en caso de ser necesario”.
Para ella, la creciente necesidad de comunicadores especializados puede generar espacios de reflexión en la sociedad: “Recién ahora, a partir de la difusión de que encontramos soluciones biotecnológicas en tiempo récord en un país de la periferia, la gente se está enterando de qué es lo que está haciendo un científico. Si no, el lugar que tienen estas noticias es en un pedazo del diario que leen pocas personas. A lo mejor, a partir de esto sí podamos contarles a los chicos de la escuela lo que hacen los científicos, a lo mejor los medios podamos acercar la ciencia a todos y así dejen de decir que son ñoquis que se llevan nuestros impuestos. Espero que sirva para modificar esa creencia de que la ciencia es para unos pocos”. Nicolini sugiere que “las redacciones de todos los medios deberían tener un especialista en ciencia”.
En el clima de incertidumbre que la pandemia produce en los trabajadores, el periodismo se ve interpelado particularmente. La reivindicación del trabajo especializado y la lucha por la equidad al interior de los medios son solo algunos de los desafíos de la profesión, pero que reflejan el estado de situación de la sociedad en su conjunto. Como dice Molina, “el periodismo tiene que ser de las audiencias y de quien lo ejerce, ya que estamos trabajando en base al derecho a la comunicación”.
Ene 22, 2019 | Comunidad, Novedades
El Partido de Moreno forma parte de la provincia de Buenos Aires, ubicado en la zona oeste del conurbano, con una superficie de 184,17 km cuadrados. Con la llegada del ferrocarril en el año 1.800, se inaugura la la última estación del Ferrocarril Sarmiento, y fue allí cuando nació este pueblo. Hoy, como en los años noventa, las estadísticas y testimonios indican cómo los problemas sociales impactan más en los estratos más vulnerables de la sociedad. Un caso testigo del daño social causado por el ajuste.
Salud para pocos
Moreno cuenta con seis localidades y un total de 144 barrios que albergan a los más de 500.000 habitantes. Para toda esta población existe solo un hospital Municipal y las salitas barriales no llegan a cubrir la demanda por falta de insumos y equipamiento. Gonzalo Fernández, trabajador social y voluntario en Cáritas, cuenta cómo se convive con las problemáticas básicas de salud en la región. “Se intenta articular la llegada de más de 200 familias a las salas más cercanas para que inicien un tratamiento básico (principalmente campañas de vacunación) y tengan acceso a un médico de cabecera que siga cada caso”, asegura Gonzalo.
“Las problemáticas sociales más comunes que se aprecian están ligadas a los jóvenes con adicciones, abuso sexual infantil y violencia de género. Tres problemáticas atravesadas por una situación de pobreza casi extrema, que implica precariedad en la vivienda y pésimas condiciones de salud”, dice, y agrega: “Existen, aunque no se nos crea, situaciones críticas que no se llegan a conocer como el caso del Barrio Atalaya, un territorio muy alejado del centro de Moreno al cual no llegan los colectivo. Ahí se tuvo que crear un consultorio pediátrico móvil, ya que las familias más carenciadas no tenían forma de acceder con rapidez al hospital y los niños no habían recibido atención por periodos muy largos”.
La educación prohibida
En el caso de la educación en el distrito, la tragedia ocurrida en la Escuela Nicolás Avellaneda N° 49 de la localidad de Trujui el pasado 2 de agosto, que se llevó la vida del auxiliar Rubén Rodríguez y de la vicedirectora Sandra Calamano, evidenció un estado de decadencia pronunciado y de largo arrastre.
Por este hecho, más los cientos de denuncias sobre la negligencia oficial y falta de inversión de los Estados nacional y provincial, se suspendieron las clases durante varios meses. En paralelo, en las escuelas de la localidad de Moreno se comenzó a generar un plan de lucha intentando visibilizar los reclamos, sin dejar de brindar un espacio de tareas y consultas a los alumnos para que no pierdan el año lectivo. Además, la contención se basó en realizar ollas populares para así solventar la demanda de las familias en los barrios más carentes.
“Uno de los principales problemas es que nos acostumbramos durante años a trabajar sin gas ni luz, en situaciones de riesgo, y ahora que decimos ‘basta’ muchos no entienden por qué no entramos a los edificios si antes lo hacíamos igual. A los docentes nos tildan de vagos cuando estamos trabajando más y en peores condiciones que nunca”, dijo Marisa Di Quattro, orientadora de la escuela N° 32 del barrio Villanueva de Trujui. Y sobre la deserción que el reclamo produjo agrega: “El problema de los alumnos es que sin la obligación de no quedar libre o reprobar no se acercan ni hacen las tareas”.
“En otras escuelas sólo se habilitaron algunos sectores, como el patio interno, el SUM y los comedores. Asimismo, los alumnos y alumnas estuvieron yendo en horarios rotativos y reducidos, en ambientes compartidos y en varios casos, con un solo baño para alumnos de 3 a 24 años. Otras escuelas optaron por iniciar las clases en iglesias o clubes”, sostiene Di Quattro.
Cooperativas en los barrios
¿Cómo se trabaja a nivel territorial por parte del municipio para generar estrategias a partir de una micro economía autosustentable? El Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL), que depende de la municipalidad de Moreno, nuclea el trabajo de cooperativistas solventando sus necesidades básicas e impulsando talleres de huertas, carpintería, herrería y de construcción en los llamados polos productivos, destinados a micro emprendimientos. “En Moreno existen ocho polos productivos donde concurren 35 a 40 personas por turnos, son 500 cooperativas con un total de 7.000 cooperativistas. Además, se promueve el autoconsumo y la salida laboral mediante intercambios de producción”, cuenta Isabel Rivadeneira, coordinadora de polos productivos en el sector de cooperativas de IMDEL.
El objetivo de este órgano es la formulación, ejecución y supervisión de políticas, planes y proyectos que favorezcan el desarrollo económico y productivo del partido, aunque desde la llegada del actual gobierno, el Ministerio de Economía dejó de solventar los cursos y capacitaciones. “Es ahí donde ocupamos ese rol más humano, donde amortiguamos las necesidades de las familias, facilitando algunos recursos que, si bien son escasos, pueden solventarlas mediante el trabajo comunitario”, dice Rivadeneira.
“La demanda constante la sentimos, por ejemplo, con las huertas orgánicas. El recorte llegó también al INTA, o sea que nos afecta también en estos proyectos. Antes entregábamos semillas a una institución por semana, hoy en día son casi diez instituciones por semana, y no es por una cuestión de hobbie, existe la necesidad neta y pura de generar su propia mercadería”, sostiene Carola Hernández, coordinadora de IMDEL.
Subdesarrollo social
¿Qué carencias se profundizaron en este sector del Conurbano bonaerense? “El accionar del gobierno es ajeno a las necesidades del pueblo, no genera políticas sociales de contención y, además, elimina las ya conquistadas años anteriores. En el marco de la peor crisis de los últimos años, son los más vulnerables los que se ven perjudicados”, dice Paula Sánchez, trabajadora social, que desempeña en el área de Primera Escucha de Desarrollo Social de la Municipalidad local. En cuanto a las problemáticas concretas en los periféricos barrios de Moreno sostiene que “la población se duplicó y triplicó en los últimos años. La infraestructura es cada vez más deplorable, se puede observar más asentamientos y ocupaciones territoriales. Las situaciones de inundaciones y los hechos de violencia aumentaron”. Además, señala que “en esta localidad acuden cada vez más a las trabajadoras sociales por hechos de vulnerabilidad social, como la falta de trabajo, que a causa de la crisis del país, se multiplica”. Así, esta parte del oeste se agita entre la pobreza creciente y las promesas oficiales de que “lo peor ya pasó”.
Un modelo excluyente
El economista Alejandro Robba, vicedecano del Departamento de Economía en la Universidad Nacional de Moreno, cuenta cómo impactan las políticas neoliberales en los sectores populares: “Las políticas de este gobierno vinieron a cambiar el modelo de distribución del ingreso con la intención de restarle poder al sector popular. Se basó en vulnerar derechos, amedrentar sindicatos, bajar el empleo, todas características de un modelo que prioriza la renta empresarial como motor de crecimiento”, explica.
¿Por qué analizar Moreno y no otro lugar de la periferia? Robba expone: “Moreno, al igual que muchos distritos de la periferia, es una ciudad dormitorio. Esto quiere decir que la mayoría de los habitantes viaja hacia el Centro para trabajar. Significa además que su capacidad de empleo es menor y no se dan las condiciones para desarrollar un modelo de consumo-inversión. Entonces cuando los modelos neoliberales empiezan a crujir, se descubre fácilmente la verdadera cara del modelo económico. El ajuste de shock tiene ganadores y perdedores, las pymes y las clases populares se ven afectadas directamente, dejando como ganador al sistema financiero”.
Bajo el argumento de culpar al gobierno anterior de crear una “fiesta del consumo” donde se gasta más de lo que se genera, se crea la atmósfera perfecta para justificar el ajuste que desde 2015 se siente cada vez más y no parece detenerse en 2019. “Ese argumento valida un ajuste, para achicar el consumo y así generar un ahorro, que generará inversiones y finalmente hacer crecer la economía. La famosa “lluvia de inversiones” que nos prometieron viene de la mano de esta lógica que tienen los gobiernos neoliberales con los que no estamos para nada de acuerdo”, expone el economista y prosigue: “Nosotros pensamos que el crecimiento económico viene de la demanda efectiva. Esto quiere decir que la única forma de crecer, de generar la economía, es cuando mejora la distribución del ingreso, traducido en aumento del empleo, mejora en los salarios que empujan el consumo”.
Jun 21, 2018 | Comunidad, Novedades, Te puede interesar
CONADU convoca a un paro nacional universitario, el lunes 25 de junio, en confluencia con la CTA y la CGT.
En un panorama socioeconómico que acrecienta su oscuridad desde que comenzó 2018, las universidades reciben golpes en todos sus frentes. En el salarial, el Gobierno Nacional defiende como bandera el 15% en cuotas para cerrar las paritarias, cuando los trabajadores piden un 25% con cláusula de revisión automática. En el frente presupuestario se recortaron 3.000 millones de pesos; y como si fuera poco, la gobernadora María Eugenia Vidal plantea que la creación de universidades públicas en la Provincia de Buenos Aires ha sido inequitativa, porque “nadie que nace en la pobreza”, dice, llega a ellas.
Para el lunes 25 de junio CONADU convocó a un paro nacional universitario, en confluencia con la CTA y la CGT. Y también se anunció un plebiscito nacional, con la propuesta de no iniciar el segundo cuatrimestre. ANCCOM dialogó con Federico Montero, Secretario General de FEDUBA y Octavio “Tato” Miloni, Secretario General de la Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata, para entender cómo se llegó a este presente, su contexto y el futuro inmediato.
Las universidades enfrentan un fuerte ajuste salarial y recorte presupuestario.
La paritaria comenzó a discutirse en marzo, por lo que quedaba pendiente de 2017 la cláusula gatillo. ”Pero para marzo nosotros lo que queríamos discutir era la paritaria de este año, porque previo a lo que fue la crisis que se vio este último mes, ya había una previsión de inflación muy grande para 2018 con lo que fueron los tarifazos”, explica Montero. Es así que el año comenzó con una agenda cambiada, porque el gobierno quería terminar de discutir lo del año pasado, y los gremios, con urgencia, lo de este año. Los docentes reclaman un aumento del 25% con revisión automática, adaptado proporcionalmente a la inflación, y el gobierno solo propone el 15% en cuotas, a terminar de pagar en enero. “Es importante, la revisión automática, porque hay otra cláusula de revisión que es ‘nos juntamos a discutir qué pasó’ –dice Montero-. Eso lo habíamos tenido en 2016 y no sirvió”. “Nuestro objetivo es no perder con la inflación, que se estima de 30% -expresa Miloni-. Nuestro salario no baja de manera absoluta, pero sí relativa con nuestro poder de compra”. Agrega Montero: “La oferta del gobierno ya era insatisfactoria cuando comenzamos la negociación, pero con los tarifazos, la devaluación, la crisis financiera y el acuerdo con el FMI, ahora esa oferta es más que inaceptable, ya que es imposible prever la inflación”.
En 2017, como dato comparativo, las paritarias se terminaron cerrando el 11 de julio, con una negociación que resultó satisfactoria, por lo que en cuestión de fechas se podría deducir que la situación no es tan crítica. “Lo que no son buenas ahora son las perspectivas, porque nosotros notábamos una actitud de negociación, pero era un momento totalmente distinto ya que había elecciones y económicamente era menos crítico”, explica Miloni. Aunque la propuesta sea del 25%, los sindicatos saben que no lo pueden considerar un porcentaje inamovible, ya que hay que compararlo con otras paritarias. “Tenemos que pensarnos en el marco del Movimiento Obrero, no se puede pensar de que yo voy a sacar lo que pido y la bancaria cierra en el 15 % más adicionales –dice Miloni-. Esto se enmarca en una situación general de negociaciones activas de las diferentes ramas, y vamos a ver cómo se va a dar la pelea”. Otro factor clave para llevar a cabo la negociación es lo que vaya sucediendo con el conflicto docente en la provincia de Buenos Aires, que desde que derogaron la paritaria nacional funciona como una especie de regulador de la paritaria docente, según explica Montero.
Desde que se derogó la paritaria nacional , la provincia de Buenos Aires funciona como una especie de regulador del conflicto salarial docente.
Si abarcamos la problemática en términos más generales, lo salarial es emergente de una situación mucho más estructural de la universidad, que tiene que ver con que el sistema universitario público venía desarrollándose de una forma importante con la creación de universidades entre otras cosas, y en marzo se anunció un recorte presupuestario de tres mil millones de pesos. Este recorte representa un 20% de los gastos de funcionamiento de las universidades, aunque sea solo 3% del presupuesto nacional universitario, ya que no se aplica a salarios, sino a gastos de funcionamiento. Miloni explica que este recorte afecta más directamente a las universidades nuevas, ya que sus creaciones no son decretos que se firman y listo, sino que hay que llevar a cabo el desarrollo de la propia dinámica, y eso requiere nuevos gastos. “Hay algunas que su primera cohorte tendrá tres años, es decir que hay una planta docente acorde a ese tiempo, pero hay que seguir cubriendo los puestos de todos los años de la carrera, que es el contrato académico que el Estado asume con los estudiantes –agrega Miloni-. Por el contrario es muy difícil la proyección de la carrera, es un peligro latente”.
En este marco, aquellas declaraciones de Vidal cuando expresó que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad se pueden anclar como justificación directa de las medidas gubernamentales. Explica Montero: “Es una matriz de pensamiento que es típica de las recomendaciones de los organismos de financiamiento internacional, básicamente del Banco Mundial en los 90, pero también ahora en este gobierno, con la idea de que como los pobres no entran a la universidad, lo mejor que pudiera pasar es que las instituciones públicas dejen de serlo y que haya aunque sea un arancelamiento parcial, con el argumento de que esos fondos serían mejor destinados para la educación inicial, que realmente ahí van los pobres”. Este argumento desplaza la idea de concebir a la universidad como derecho. Los medios masivos apoyan ese argumento oficial y apuntalan a las universidades privadas. “Aunque hagan mucha campaña a favor de la universidad privada, el prestigio de ir a una universidad pública va a ir más allá de lo que digan los medios y el gobierno nacional, que está compuesto por una mayoría de egresados en la educación privada”, concluye Miloni.
Se cumplieron 100 años de la Reforma Universitaria, en el marco de una semana de reclamos.
Con un contexto muy complejo, en consonancia con lo que promueve este gobierno desde el principio pero de un modo mucho más crítico que durante los dos años anteriores, las protestas crecen desde principio de año. La semana pasada se cumplieron 100 años de la Reforma Universitaria que se transformó en una semana de reclamos inaugurada con un paro nacional de 48 horas y tomas de rectorados, y culminó, en La Plata, con una marcha de antorchas hacia el edificio de Gobernación repudiando los dichos de Vidal y sosteniendo el reclamo salarial.
También las protestas se hicieron escuchar en la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES), una reunión que se produce cada diez años en el marco de la UNESCO, con rectores, docentes, académicos, ministros y secretarios decisores en materia de políticas de educación superior en América Latina. Su objetivo consiste en que los Estados se comprometan en ciertas directrices generales sobre cómo va a evolucionar la política universitaria en los próximos diez años. Esta vez se realizó en Córdoba y en una universidad totalmente alineada al gobierno. ”La inauguración de la CRES fue el domingo 10 de junio y desde los frentes universitarios organizamos un encuentro latinoamericano previo donde articulamos con un conjunto de actores, rectores, el equivalente de CONADU pero en otros países, movimientos estudiantiles, con el objetivo de realizar una declaración e idear puntos de acción para intervenir todos juntos en el marco de la CRES, para sostener la idea del derecho a la educación”, explica Montero.
Allí participaron más de 1.500 personas y al día siguiente se realizó una marcha por las calles de Córdoba, con cerca de siete mil personas, número muy importante para lo que suele movilizar esta provincia. “La marcha terminó en el rectorado histórico de la Universidad de Córdoba, y resultó en que ese día a la tarde, en la inauguración de la CRES el discurso del Ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro fuera abucheado por todos los presentes, incluidos los rectores de Argentina y toda América Latina, ya que entienden cuál es el contexto”, explica Montero. Las medidas de protesta tienen el apoyo activo de los movimientos estudiantiles y tanto Miloni como Montero consideran esencial.
El 6 de julio, los gremios convocarán a un congreso extraordinario para analizar el resultado del plebiscito que harán para conocer la opinión sobre el posible no inicio del segundo cuatrimestre. Además de la adhesión al paro del próximo 25 de junio, los gremios resolvieron llamar a movilizar el 9 de julio con la consigna “No al FMI, en defensa de la universidad pública”.
Los gremios convocarán a un congreso extraordinario para analizar el resultado del plebiscito que incidirá sobre el posible no inicio del segundo cuatrimestre.
Ene 9, 2018 | Entrevistas, Novedades
No lo conozco a Santiago Maldonado, y eso es lo más triste, porque él llegó a apoyar nuestra lucha y la mayoría no lo conocíamos. Creo que con la desaparición de Maldonado se les fue la mano, pensaron que era uno de nosotros
Facundo Jones Huala habla desde la Unidad 14 de Esquel, donde está preso ilegalmente desde el 27 de junio pasado. El pretexto que utilizó la Justicia Federal para detenerlo fue la necesidad de realizarle un segundo juicio en el marco de una causa por la que ya había sido juzgado y absuelto en septiembre de 2016. Por este motivo, un grupo de personas de distintas comunidades mapuches se concentraron el 31 de julio frente al Juzgado Federal de Bariloche; aunque se trató de un acto pacífico, la Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía de Río Negro los reprimió y nueve personas terminaron detenidas. Al día siguiente, integrantes de la comunidad mapuche realizaron una nueva manifestación que involucró el corte de la Ruta 40 a la altura del Pu Lof Cushamen, también en reclamo por la libertad de Jones Huala. La Gendarmería llegó a la zona, irrumpió en el territorio con un operativo a cargo del jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad Pablo Noceti, acompañado de cien efectivos que actuaron de forma irregular y violenta. En el contexto de la represión a hombres, niños y mujeres fue desaparecido Santiago Maldonado, un joven de 28 años nacido en la provincia de Buenos Aires que se encontraba en el Pu Lof Cushamen para apoyar el reclamo de los mapuches. Nueve días más tarde, Maldonado sigue desaparecido y en ese mismo momento Facundo Jones Huala decidió comenzar una huelga de hambre.
Hay un clima represivo en toda la zona –dice Jones Huala-. El gobierno decidió reprimir al pueblo mapuche y lo plantea abiertamente en los medios de comunicación. Acá, en los medios zonales, dijeron que iban a reprimir cualquier manifestación mapuche y es lo que están haciendo. En enero casi matan a dos personas: a mi hermano y a mi primo. Ahora, además de eso, desaparecieron a un chico que ni siquiera era de los nuestros. Le podría haber pasado a un periodista o un turista; a veces los mochileros o turistas pasan a quedarse. ¿Qué pasaba si mataban a una persona de otro país? Esto es muy terrible y creo que hay que denunciarlo porque si lo dejamos pasar ahora, más adelante va a ser mucho peor. Creo que esta situación es peor que lo sucedido con Julio López, porque con Julio López se las ingeniaron para hacerlo de una manera ilegal, que no haya pruebas; manejaron la impunidad desde otro lado, más allá de que se vio un papel que mostró Etchecolaz con su nombre. El problema acá es que la gente vio cuando se llevaban a Santiago y lo hicieron en frente de todos. No puede ser que pase como en la dictadura que nadie decía nada. Es muy grave lo que está pasando. Lo desaparecieron a la vista de todos.
En la ciudad de Esquel se llevó adelante el juicio que dejó en libertad y sentenció la no extradición al lider mapuche Facundo Jones Huala.
¿Cómo cree que se está desarrollando la investigación?
Es evidente que el juez está mintiendo. Está mintiendo la ministra, están diciendo que la gente no los dejó hacer las pericias y es mentira. Las pericias se hicieron y las irregularidades fueron de Gendarmería, ya que las camionetas que tenían secuestradas cuando fueron a hacer las pericias tenían rotos los precintos y estaban lavadas. Eso es totalmente ilegal y el juez está mintiendo, porque está cediendo ante las presiones de los latifundistas, del gobierno, de Patricia Bullrich, de Macri y de Pablo Noceti. Están todos metidos. Noceti pedía un debido proceso para los militares en los Juicios a las Juntas, pero eso conmigo no sucede y mucho menos sucedió con Maldonado. Él pedía un debido proceso para los genocidas y no contempla que a este muchacho lo desaparecieron ellos; saben bien que son los responsables.
¿Cree que existe una persecución política hacia los pueblos originarios en el país? ¿Qué opina de la detención de Milagro Sala?
Considero que Milagro Sala es una prisionera política, creo que nadie debería estar preso por sus ideas o por su actividad política, más allá de cuál sea su causa, y más allá de que se esté o no de acuerdo con lo que cada uno piensa. Lo que es claro es que ella está detenida por cuestiones políticas. El mismo gobernador Gerardo Morales lo reconoció. Entonces ese es un tema a tener en cuenta. Otro prisionero político es Agustín Santillán, un Wichi que su caso no ha tenido mucha prensa. Y el tercer preso político soy yo.
¿Por qué cree que al gobierno le molesta tanto el reclamo de su comunidad?
Molestamos porque tenemos una propuesta política claramente anticapitalista, antiimperialista, antioligárquica y anticolonial, que plantea la reconstrucción del mundo mapuche y un proceso revolucionario de liberación nacional. Eso es lo que genera tanta confrontación y tanta beligerancia por parte del Estado, porque el Estado defiende los intereses de las empresas. Nosotros además de ser una fuerza social que plantea la reconstrucción de la comunidad y la desarrolla, también nos planteamos una propuesta de lucha contra el capitalismo. A partir de ahí es donde el sistema y el Estado vienen con su mano más dura a reprimir. El gobierno anterior permitió que los terratenientes nos torturaran, nos balearan, todo. Pero este gobierno es mucho más brutal. En el gobierno anterior por lo menos había un margen de independencia de los poderes, cosa que ahora, en este momento, no hay. En este momento hay una dictadura clara. Ellos hablan del Estado de derecho y de todas esas cosas, pero cuando se les ocurre violan el Estado de derecho y son totalmente ilegales. Esa es la gran contradicción: ¿cómo pretenden que nosotros respetemos la legalidad cuando ellos no la respetan? Nosotros lo único que pedimos, en mi caso, es que se respete el mismo Estado de derecho que ellos dicen sostener y defender. Es muy brutal la represión de este gobierno, es un fascismo institucional y legalizado. Es una ilegalidad legalizada porque el Estado de derecho no existe pero ellos dicen serlo.
Manifestación en el Centro Cívico de Bariloche. Desde la Unidad 14 de Esquiel Jones Huala declaró: «Nosotros estamos peleando por la tierra. Es verdad que no creemos y que somos críticos de la construcción del Estado, pero eso no quiere decir que pidamos su destrucción, ni que queramos la toma del poder del Estado, ni siquiera eso.
Y en cuanto a su situación, ¿qué puede decir?
Yo debería estar libre, en todo caso esperando que avance la investigación del Poder Judicial. Ahora seguramente van a hacer un nuevo juicio, pero todo esto sucede porque hay una presión política de dos países: el Estado argentino y el Estado chileno, junto a las empresas. Es algo muy grave lo que está pasando. No sé si vale la comparación, pero yo creo que hay una diferencia con el caso de Milagro porque ella de última queda acá en Argentina, pero a mí me quieren echar del país y tampoco sé si me quieren en Chile. La verdad es que a mí me quieren preso, muerto o bien lejos. Ojala nunca hubiese nacido para ellos. Ni siquiera tengo una causa real acá, es todo virtual. En los juicios de extradición no se decide si el acusado es culpable o no, se define si el delito es extraditable o no. Y el juicio de septiembre resolvió que mi causa no era extraditable. Tiene que entenderse eso. Es un tema político, no tiene nada que ver con el terrorismo.
¿Cuál es la reivindicación que busca la comunidad mapuche con sus reclamos?
Nosotros estamos peleando por la tierra. Es verdad que no creemos y que somos críticos de la construcción del Estado, pero eso no quiere decir que pidamos su destrucción, ni que queramos la toma del poder del Estado, ni siquiera eso. Cuando hablamos de un proceso revolucionario planteamos la disputa por la propiedad de la tierra. Queremos reconstruir nuestro mundo en las porciones de tierra que nos corresponden. Pedimos solamente que nos dejen ser mapuches. Nosotros somos críticos de la construcción del Estado, por eso es mentira cuando dicen que queremos un Estado mapuche. Ellos no entienden el concepto de Nación. Nosotros nos consideramos una Nación sin Estado. Nunca tuvimos un Estado de corte occidental, consideramos que los estados argentino y chileno no son Naciones. Básicamente reclamamos por la recuperación de nuestras tierras productivas y sagradas para reconstruir el mundo mapuche. Trabajamos por la reconstrucción de nuestro pueblo. Consideramos que la autonomía no se mendiga, se ejerce. No le pedimos autonomía al Estado, nosotros pensamos que la autonomía debe construirse dentro de las comunidades, creemos en el autosustento. El problema es que las tierras productivas las tienen los capitalistas, por eso la confrontación constante. Entramos a las tierras y nos reprimen, es obvio que estamos disputando la base del poder capitalista. Por este motivo para nosotros es importante no solo la recuperación de Cushamen, sino además la de muchos otros lugares que también están en disputa, principalmente en la comarca andina.
«Cuando hablamos de un proceso revolucionario planteamos la disputa por la propiedad de la tierra», dice Jones Huala.
A principio de año hubo muchas movilizaciones en la cordillera por la reforma de la Ley de Tierras, ¿que implica esa reforma para ustedes?
Lo que plantea esa reforma es que las tierras fiscales pasen a ser unidades productivas y esas tierras productivas son las que luego se van a dar en licitación. Entonces en las comunidades nuestras en donde haya unidades productivas vamos a tener que competir con empresas y es obvio que no vamos a ganar. El mejor postor va a ser el que se quede con la tierras. Son unidades productivas, no van a ser tierras para los mapuches. Se van a quedar todo las empresas, porque nosotros no producimos lo que el capital necesita, nunca vamos a ganar. Ahí se generaron movilizaciones que han puesto en el centro de la escena la zona de Cushamen, por eso está militarizado este territorio, pero esta lucha está en todo el país, sólo que no en todos lados es tan visible como acá.
¿Qué lugar tienen los que no son mapuches en sus reclamos?
Nosotros en ese sentido somos bien claros; lamentablemente no tenemos una propuesta para los que no son mapuches. Invitamos a no mezclar las cosas, pero queremos que todos tengamos derecho a ser diferentes. A los no mapuches los invitamos a nuestra lucha y pretendemos que todos tengamos la oportunidad de llevar adelante nuestros procesos, los invitamos a llevar adelante el proceso revolucionario, pero no queremos “ahuincarnos”, no queremos integrarnos en la sociedad occidental. Eso no significa que la queramos destruir, ni tampoco queremos destruir a otros pueblos o hacer que se vuelvan mapuches, sino simplemente pretendemos que cada uno pueda ser lo que es. Pero pedimos que el territorio mapuche sea respetado con nuestra forma y con la Ley Mapu, la forma mapuche de vida. Esa normativa es la normativa que siempre tuvo nuestro pueblo.
¿Cómo creés que debe continuar la lucha?
Creo que hay que luchar desde la conciencia y desde las bases. Hay que discutir desde lo micro y trabajar desde abajo. A nosotros nos pueden detener, a mí por ejemplo, a un par más también, pero hay un movimiento de base, de pueblo, que no pueden atacar realmente. Por eso nos reprimen por todos lados, porque no saben qué hacer. Es como en Los condenados de la tierra, de Franz Fannon; acá pasó algo similar con los artistas, dejaron de cantarle al opresor “dejá de pegarme” y pasaron a cantarle al oprimido para que se defienda. Nosotros nos hablamos entre nosotros, no nos interesa qué dicen los jueces o los gobernantes. Siempre nos van a reprimir, siempre nos van a golpear. Nosotros le hablamos a nuestra gente para que reconozca lo que es suyo y para que sepa cuáles son sus derechos. Nosotros ejercemos nuestro derecho, por eso molestamos tanto a los gobernantes. Nosotros estamos haciendo lo que queremos en nuestra tierra porque siempre fue nuestra tierra, no vamos a la Casa Rosada a reclamar ni a ningún otro lado. No estamos disputando el poder político formal, estamos recreando el poder como creemos que debe ser en las comunidades mapuches.
En Bariloche, exigen la aparación con vida de Santiago Maldonado.
Actualizada 09/08/2017
