Encuentro de cooperadoras escolares

Encuentro de cooperadoras escolares

Ronda de personas en el 3° Congreso Metropolitano de Cooperadoras Escolares en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se llevó a cabo el Sábado 21 de octubre de 2018Con la caída del presupuesto de la educación pública como eje y la fuerte preocupación que eso despierta, el 3º Congreso Metropolitano de Cooperadoras Escolares tuvo lugar en la sede de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Delegados, delegadas y representantes de distintas cooperadoras escolares de CABA se reunieron, el sábado 20, con la intención de debatir acerca del horizonte negro que ya no es que se avecine sino que oscurece el día a día en los niveles inicial, primario y secundario.

La Defensoría es el organismo estatal que mejor acogió a las cooperadoras. Junto a la mesa de entrada, un banner que abarca casi todo el ancho de la sala, promete con letras claras y blancas: “Defendemos Derechos”. En la gigantografía también se pueden leer las palabras “inclusión”, “accesibilidad”, “dignidad”, y “espacio público”, entre otras. Al fondo del salón, los 15 delegados y delegadas que conforman el Cuerpo de Cooperadoras de escuelas públicas de la Ciudad se sientan en ronda, intentan encontrarle la vuelta al primer eje propuesto: la participación.

Miembros de la Cooperadoras de escuelas en el marco del 3º Congreso Metropolitano de Cooperadoras Escolares

Delegados, delegadas y representantes de distintas cooperadoras escolares de CABA se reunieron el sábado 20 en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Salvando las particularidades, el nexo compartido es el desafío que implica para las cooperadoras lograr que las familias se involucren con ellas. Además, es frecuente la falta de apoyo de las respectivas Direcciones. La preocupación se profundiza teniendo en cuenta la escasez de recursos que reciben por parte del Gobierno: “Del año pasado a este, el presupuesto destinado a la educación pública estatal ha sido mucho más bajo. Para nosotros, cada vez es más difícil afrontar los gastos. Eso conduce a que las escuelas dependan más de las familias para el sostenimiento de las actividades escolares”, explica Ana Flores, delegada de Cooperadoras Escolares y madre de egresadas de Comuna 15.   

Al llegar el mediodía, se suman al encuentro más invitados e invitadas, representantes de cooperadoras e instituciones educativas estatales del Área Metropolitana. Sin embargo, algunos se ausentan. A pesar de haber sido invitada, los integrantes del Ministerio de Educación no asisten al Congreso.  “No vienen porque saben que se les está reclamando que están cerrando escuelas, que el FUDE (Fondo Único Descentralizado de Educación) no alcanza, y que se está sub-ejecutando el presupuesto de Educación de la Ciudad”, sostiene Camilo Fernández, miembro de la cooperadora de la Escuela Nº 3 – DE 7 “Primera Junta”, y padre de uno de sus alumnos.

Camilo Fernández, , Delegado de Cooperadora Escuela Nro3 D7 Primera Junta.

«No vienen porque saben que se les está reclamando que están cerrando escuelas, que el FUDE no alcanza, y que se está sub-ejecutando el presupuesto de Educación de la Ciudad”, dijo Camilo Fernández.

Las Cooperadoras de las escuelas estatales de la Ciudad recaudan fondos mediante los fondos propios, es decir, los aportes que realizan las familias de alumnos a través de las cuotas sociales junto con los que ellas mismas generan a través de distintas actividades, como fiestas y eventos para la comunidad; y el FUDE. Este subsidio se aprobó en el 2009 para los establecimientos de gestión estatal de todos los niveles de CABA mediante la Ley 3372. El FUDE del 2018 para escuelas primarias fue de 80 pesos por alumno anual. Para el año que viene será aún menor.

El monto para cada año se determina teniendo en cuenta distintos factores, entre los cuales se encuentran: la cantidad de alumnos y alumnas matriculados, las características edilicias, y los materiales destinados a las actividades didácticas. “El FUDE es cada vez menor a nivel inflacionario. El de este año fue igual al anterior. A misma plata, distinta realidad económica, distinto poder adquisitivo. Obviamente podemos cubrir mucho menos” explica Gustavo Alonso, presidente de la Cooperadora de la escuela Julio Cortázar desde hace siete años, ahora casi en retirada.  “Dentro del cálculo del año que viene se consideró el estado de los edificios. Como desde el Ministerio consideran que el problema fue arreglado y ya no hay emergencia edilicia, dicen que se necesita menos plata.” agrega Camilo.

Los requisitos principales para integrar una cooperadora son dos: tener un hijo o hija en una escuela pública y pagar la cuota social correspondiente. Estos colectivos se encargan de conseguir “a pulmón” los recursos que no les brinda el Estado “buscando precios, intentando cubrir las necesidades básicas con el menor precio posible. Hay muchas cooperadoras que se juntan y hacen compras comunitarias para buscar el mango y cuidarlo”, explica Gustavo.

Gustavo Alonso, Presidente de la Cooperadora de la Escuela de Educación Media N° 1 Julio Cortázar,

“El FUDE es cada vez menor a nivel inflacionario. El de este año fue igual al anterior. A misma plata, distinta realidad económica, distinto poder adquisitivo. Obviamente podemos cubrir mucho menos”, dijo Gustavo Alonso.

Las escuelas que no tienen conformada una asociación cooperadora, no están habilitadas a recibir el FUDE. “Eso hace que entren en desigualdad de oportunidades. Es una de las cosas por las que estamos trabajando, que haya un movimiento de cooperadores”, dice Ana. Las cooperadoras se presentan a sí mismas como mediadoras entre el Ministerio, los equipos directivos, y las familias. “Como comunidad podemos decir y hacer cosas que la dirección no puede por una cuestión jerárquica o porque pone en riesgo su trabajo. Nosotros sí podemos reclamar, podemos llevar acciones directas. Tenemos la fuerza de hacer visible un conflicto”.

De este modo, uno de los principales objetivos para el Cuerpo de Delegados de Cooperadoras Escolares de CABA para el 2019 es sumar participantes a esta red, para continuar debatiendo sobre las principales necesidades en los niveles inicial, primario y secundario. Como cooperadores o simplemente a través de un mayor involucramiento por parte de padres y madres, lo importante es aumentar la participación.  “Lo que nos interesa es que los padres se empoderen y realmente valoricen que es un derecho de todos el poder participar. No tenemos que pedirlo. Es nuestro, está, y está bueno ocuparlo”, dice Ana.

Ana Flores, Delegada de Cooperadoras Escolares de la Comuna 15

“Del año pasado a este, el presupuesto destinado a la educación pública estatal ha sido mucho más bajo. Para nosotros, cada vez es más difícil afrontar los gastos”, dijo Ana Flores.

Juntas a la par

Juntas a la par

El Club Cultural Matienzo está lleno de mujeres: artistas, compositoras, estudiantes que organizan festivales en sus colegios, periodistas, fotógrafas, músicas. Son muchas las pibas que vinieron a entender de qué se trata la ley de cupo musical femenino que proponen la cantante Celsa Mel Gowland, la productora Paula Rivera y la guitarrista Paula Maffiacomo. La presentan como un postulado laboral que va en contra de la discriminación .

La primera en comentar acerca del proyecto es Celsa Mel Gowland, quien a raíz de que ciertos festivales nacionales no convocaran músicas mujeres empezó, el año pasado, a gestar la idea de una ley de cupo femenino. En ese momento vicepresidía el Instituto Nacional de la Música (INAMU) y desde allí también impulsó una encuesta sobre el proyecto y convocó a una mesa de debate entre artistas.

Los datos de la plataforma chilena ‘Ruidosa’ señalan que la Argentina es el peor país de América Latina en representación de mujeres en los escenarios: mientras que la media está en torno a un 30%, aquí apenas llega al 13. Y de los 46 principales festivales de todos los estilos en el país, el 94% tiene una representación femenina de menos del 20%, siendo rock el peor género musical con una participación de mujeres de solo el 5%.

Muchas chicas, entre ellas, artistas, compositoras, estudiantes, periodistas, fotógrafas, músicas. Se acercaron para conocer y apoyar este proyecto de ley.

Tenemos que ir por nuestro derecho de expresarnos, por nuestro derecho a la multiplicidad de voces comenta Mel Gowland y subraya: “No tenemos que olvidarnos que proponemos una ley laboral que va en contra de la discriminación.

¿Qué propone el proyecto de ley? Nada menos que un 30% de mujeres en los escenarios argentinos en todos los eventos, con o sin fines de lucro, que reúnan a más de tres agrupaciones sobre un escenario. Ese porcentaje debería estar conformado por solistas mujeres, agrupaciones musicales que en su totalidad sean mujeres o en su defecto mixtas, a la que también se le reclama un 30% femenino en su composición.

Pero, ¿por qué el 30% y no el 50%? Mel Gowland aclara: “El INAMU hoy  tiene 42 mil músicos a cargo de proyectos y entre esos hay sólo 7 mil que están liderados por mujeres. Eso representa el 20%. Se trata también de promover la actividad, con el tiempo buscaremos que cada vez más músicas se profesionalicen.

Las artistas proponen en el proyecto, un 30% de mujeres en los escenarios argentinos en todos los eventos, con o sin fines de lucro, que reúnan a más de tres agrupaciones sobre un escenario.

Con esta idea en mente, Mel Gowland terminó su mandato el año pasado. No obstante, ahora presenta el proyecto de ley de cupo en el marco de Sonora, el festival que surgió en Brasil en el 2016 para dar visibilidad y legitimar la presencia de la mujer compositora en el ambiente musical, que en solo dos años logró un alcance de 74 presentaciones de 16 países de todo el mundo.

A su lado Paula Rivera, quien la sucedió en la vicepresidencia del INAMU, comenta que retomó cuestiones de la agenda de género en la institución -como el uso del lenguaje inclusivo- y reimpulsó el proyecto que ahora se encuentra en estado de debate en la Cámara de Senadores.

Rivera explicó que el INAMU está llevando a cabo una encuesta nacional. “Es una necesidad, no existen datos reales. Queremos saber dónde  está parada la mujer hoy en la música, qué lugares está ocupando. Hoy no los podemos numerizar.” Anticipó que el sondeo que están realizando en la página web de la institución dio como resultado que el 70% de las mujeres sufrió discriminación en el ambiente artístico o que 40% de las mujeres músicas no está registrado en el INAMU.

Por su parte, Paula Maffia expresó que para ella la ley es un puntapié pero depende de nosotras representar eso arriba de los escenarios, compartiendo con otras mujeres, proponiendo bandas mixtas, ejerciendo la sororidad, contratando técnicas. Confiemos en nosotras. Hagamos ese cupo femenino hacia adentro.”Y a la hora de pensar cuán viable es de verdad el proyecto, la cantante sentenció: “Los únicos que pueden oponerse a esto son los productores, que tienen un prejuicio muy arraigado de que la mujer no vende en la Argentina. Eso no es cierto. Demostrémos que es sólo un prejuicio.

El INAMU está llevando a cabo una encuesta nacional, con el objetivo de conocer qué lugar está ocupando hoy, la mujer en la música.

 

Gleyzer, presente

Gleyzer, presente

Que el lanzamiento de la biografía del cineasta Raymundo Gleyzer que escribieron Juana Sapire y Cynthia Sabat se haya hecho en el edificio de Télam, simboliza mucho más que el homenaje al director secuestrado durante la última dictadura militar. Y es que a lo largo de su vida, Gleyzer filmó una obra que es espejo de mucho de lo que significa el conflicto actual de la Agencia Nacional de Noticias: la lucha de la clase trabajadora. En junio pasado las autoridades gubernamentales despidieron a 357 trabajadores que desde entonces resisten con diversos actos y manifestaciones: la presentación de Compañero Raymundo (Ed. Sudestada, 2018) fue una de ellas.

El libro es el resultado de un trabajo de investigación de cinco años llevado a cabo por la periodista Cynthia Sabat junto a la esposa de Gleyzer, Juana Sapire. En el libro no sólo se rearma en detalle la vida del cineasta y periodista desaparecido, sino que además recompilan fotos, guiones, cartas y documentos que le pertenecieron. “Tuvimos en cuenta la revalorización de muchos documentos inéditos encontrados en la casa de Juana, con el fin de rearmar la vida de Raymundo de la forma más clara posible, ya que hay documentos que no se pudieron rescatar”, sostuvo Sabat en diálogo con ANCCOM.

La labor de Sapire ha sido fundamental para continuar con la reconstrucción del legado de su marido. Además de ser coautora del reciente libro fue la responsable del rescate y difusión de los materiales fílmicos de Gleyzer que se encontraban en su departamento de Nueva York. Ha de ser el testimonio más valioso, si se tiene en cuenta que conoció a Raymundo cuando él tenía catorce años y ella doce. Con él creció, formó una familia, fue sonidista de su filmografía y juntos viajaron para difundirla alrededor del mundo. “Raymundo más de lo que dijo, no pudo. Él tenía 34 años cuando se lo llevaron, y creo que en Los Traidores sintetizó todo”, declaró en rueda de prensa. “Nuestro trabajo era siempre hablar con la gente, sin vueltas intelectuales. Lo que para muchos era algo complejo, a nosotros en el rodaje nos parecía normal, pero de mucha dedicación. Para nada la filmación y el material de esa época difieren de los de hoy”, agregó Sapire acerca de la vorágine del trabajo junto a Raymundo.

El lanzamiento de la biografía del cineasta Raymundo Gleyzer, que escribieron Juana Sapire y Cynthia Sabat tuvo lugar en el edificio de Télam.

Además de la presentación del libro, a modo de homenaje, se proyectó el documental Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan (1974). Con una duración de veinte minutos, el film muestra detalladamente la lucha de los trabajadores de la fábrica INSUD frente a las condiciones insalubres y mortales a las que se los sometía: las tareas derivaban en que tuvieran plomo en la sangre. La imposición de “la patronal” frente a la fuerza trabajadora es foco de Gleyzer, con el fin  de registrar la capacidad movilizadora obrera y la reivindicación del movimiento como actor político. “Cada vez que uno ve una película de Raymundo, puede darse cuenta de las problemáticas que aún siguen vigentes –afirmó Sabat-. Las similitudes con la Argentina actual son escalofriantes, pero lo que caracterizaba la obra de Raymundo, es que combinaba la belleza con la solidez política. He ahí el logro de que su trabajo haya durado tanto”.

Finalmente, las autoras resaltaron el hecho de que la presentación se haya realizado en el edificio de Télam, como un paralelismo no sólo desde la obra de Raymundo, sino también dándole importancia al conflicto que actualmente se lleva a cabo. En palabras de Sabat: “Estoy completamente solidarizada con los trabajadores de Télam muchos amigos hacían un trabajo excepcional y quedaron sin empleo como parte de un ajuste. Hablar de Raymundo Gleyzer en este lugar es muy significativo”. Por su parte, Sapire afirmó: “Me parece muy importante la lucha de Télam. Sé que Raymundo estaría muy contento, y a mí se me cae el alma, aunque espero que esta revalorización de la obra de él sirva para seguir reflexionando.”   

El libro es el resultado de un trabajo de investigación de cinco años llevado a cabo por la periodista Cynthia Sabat junto a la esposa de Gleyzer, Juana Sapire.

El cine como herramienta política

La obra de Gleyzer -nacido el 25 de septiembre de 1941- se caracteriza por haber registrado en diversos documentales y largometrajes problemáticas sociales a lo largo de Latinoamérica, con enfoques en quienes son oprimidos y sometidos a fuerzas dominantes: su primer trabajo fue en el nordeste de Brasil y se llamó La tierra quema (1964). Esas fuerzas opresivas toman la forma del Estado o del terrorismo estatal, la patronal de una empresa, o incluso un suceso revolucionario, tal como en México, la revolución congelada (1971), su primer largometraje, prohibido en Argentina y estrenado dos años más tarde. Gleyzer trabajó, además, como camarógrafo de Canal 13 en 1965, y registró en 1966 una serie documental para el noticiero Telenoche sobre la vida cotidiana que se llevaba a cabo en las Islas Malvinas. De formación marxista y con una militancia permanente, se casó con Juana Sapire, quien trabajó junto a él como sonidista y arregladora a lo largo de toda su filmografía, y con quien además tuvieron un hijo llamado Diego. En 1973, junto a su esposa, Gleyzer formó parte del grupo Cine de la Base, y  rodaron Los traidores, una película disruptiva para su época, que narra la historia ficcional de un líder obrero devenido en corrupto, a modo de retrato de la burocracia sindical dentro de una fábrica.  Tras el golpe militar, Gleyzer fue secuestrado el 27 de mayo de 1976, y hoy es uno más de los desaparecidos durante la dictadura.

  “La trayectoria de Raymundo después de cuarenta años, de destrozos en pedazos de documentos que hicieron desaparecer para que nadie los viera, es algo que hoy todavía está –dijo Juana Sapire en el cierre de la presentación-. Es lo importante, lo que tiene su corazón y el alma del Cine de la Base. Hoy me voy llena de amor y con un sentimiento hacia los jóvenes, para que revean la importancia del arte y el cine, principalmente como la fuerte herramienta que puede ser”

(La filmografía de Gleyzer podrá verse en internet a partir de octubre en la plataforma de internet Octubre.tv. La biografía Compañero Raymundo puede conseguirse en Librería Sudestada, Tucumán 1533.)

La obra de Gleyzer, se caracteriza por haber registrado en diversos documentales y largometrajes problemáticas sociales a lo largo de Latinoamérica.

Juana Sapire y Cynthia Sabat.

 

Los despidos son bien federales

Los despidos son bien federales

Interior de una fábrica con máquinas.

Parque Industrial Villa Flandria, Jaureguí, Provincia de Buenos Aires.

La creciente cantidad de despidos en lo que va del año es un eslabón en la profunda recesión económica que trajo aparejada la gestión del gobierno de Mauricio Macri. Un informe emitido por el ex Ministerio de Trabajo, tras un relevamiento llevado a cabo por el Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA), muestra la pérdida de 106 mil puestos laborales en los primeros seis meses de 2018. Dentro de este grupo, el sector privado se vio particularmente afectado, a tal punto que solo en el mes de mayo se perdieron más de 13 mil empleos registrados. La situación se agrava en las provincias, donde las desvinculaciones arbitrarias se suman a la evasión de leyes y la implementación de artimañas por parte de las empresas para maximizar ganancias y reducir la mano de obra.

Benito Aramayo, licenciado en Economía (UBA) y ex titular de Economía Política en la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), sostiene que “las causas principales de la crisis y el ajuste tienen como base la estructura dependiente y latifundista de la economía, cimentada en el avance de la concentración y monopolización de la producción en la industria y en el campo. En Jujuy, por ejemplo, tan sólo seis empresas monopolizan el 82 % de la producción manufacturera industrial y cinco grandes terratenientes poseen el 45 % de los terrenos con valuación fiscal”.

Aramayo, ex vicedecano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (UNJu) y Profesor Emérito de la institución, entiende que hay sectores particularmente afectados por la crisis económica y el aumento del desempleo.En el NOA y el NEA ya hay despidos masivos en empresas azucareras y pymes. De todas formas, comparado con el centro del país, en proporción podrían haber menos despidos dado que la estructura económica está más monopolizada en la producción: azúcar, tabaco y minería” aclara el economista.

La situación del tradicional Ingenio Ledesma en Jujuy es ilustrativa de la problemática que plantea Aramayo en relación al sector azucarero. “En este último tiempo despidieron a 32 personas, y están rotando gente para, supuestamente, no seguir despidiendo, aunque nadie nos garantiza que esto no suceda”, explica Rafael Vargas, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio Ledesma (SOEAIL).

Interior de una fábrica vacía, con los tanques amontonados.

«Las causas principales de la crisis y el ajuste tienen como base la estructura dependiente y latifundista de la economía», dijo Benito Aramayo, licenciado en Economía de la UBA.

En la misma línea, Vargas afirma que “desde que está Gerardo Morales como gobernador en Jujuy, se han perdido 400 puestos laborales, han intervenido sindicatos y asambleas. El Ingenio San Isidro en Güemes (Salta) dejó 700 trabajadores en la calle, ahora nos enteramos que reabrió pero con el mínimo de personal posible”. Por su parte Antonio Apaza, delegado de la sección Biocombustibles de la SOEAIL, aclaró que “a los 32 despedidos hay que sumarles 50 que estaban fuera de convenio, y 150 que se jubilaron. Las jubilaciones son una forma de despido encubierto, ya que los puestos no se renuevan”.

“Estuve ocho años trabajando en la empresa y este año por primera vez me adherí a un paro de 24 días. De ser uno de los empleados más calificados pasé a ser perseguido, sancionado, impedido de ascender y finalmente despedido con una liquidación final inferior a lo establecido por la ley”, afirma Daniel Campbell (30), quien era el único trabajador dentro del convenio en la sección de Fermentación de Alcohol y está en litigio con Ledesma.

En la región centro del país la situación es similar. Los últimos informes muestran desvinculaciones y suspensiones en Georgalos (Córdoba), Mercedes Benz (Mar del Plata), y General Motors (Alvear, Santa Fe). Consultado por este medio, Mauricio Brizuela, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (SOEPU) de San Lorenzo (Santa Fe), aclara que “en la provincia, DOW-Dupont tiene 22 despedidos disfrazados de ‘retiros voluntarios’, petroquímica Pampa otros 7 y 22 cesanteados sin renovación de contrato. También la aceitera Buyatti cerró sus puertas en enero y les paga la mitad del sueldo a 150 empleados con una proyección de cierre hacia fin de año, mientras que Bunge despidió a 3 empleados en su planta de San Jerónimo”.

Interior de una fábrica, con máquinas y materiales.

La fábrica Extreme Gear S.A. (ADIDAS) de Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires, cierra sus puertas por la apertura de las importaciones.

Brizuela también se refirió a otros casos a nivel provincial, como el de Motos Guerrero, empresa que en julio cerró sus puertas para luego reabrirlas con turnos y sueldos reducidos; y el de General Motors, que suspendió 1.500 empleados hasta febrero del año próximo. “A principio de mes paralizamos el cordón industrial de Rosario para visibilizar la gran cantidad de despidos y suspensiones en el sector. También hay persecución sindical, hace doce días que estamos de paro en la química IDM porque suspendieron a todos los delegados y la policía se mete adentro de la fábrica e interviene de forma violenta. Este modelo de país para los trabajadores no va más”, asegura el gremialista.

Si el viaje continúa hacia el sur, el paisaje no se modifica. Según el Sindicato de Empleados de Comercio de Chubut, en lo que va del año se perdieron 500 empleos en la región, mientras que un informe de la misma institución afirma que en Puerto Madryn se realizan dos consultas diarias por despidos. En la localidad chubutense de Gaiman, 24 empleados quedaron en la calle tras el cierre de la procesadora de algas Soriano. La ciudad de Catriel (Río Negro) también se vio afectada por los 83 trabajadores despedidos de la petrolera San Antonio, empresa que en mayo del año pasado despidió 334 empleados en su planta de Santa Cruz.

También hay conflictos como el de la distribuidora de frutas, peces y mariscos Agropez en Rawson (Chubut), que en julio había desvinculado a 23 marineros de su personal luego de una huelga. “Hubo una protesta de varios empleados por un descuento de dos mil cajones de langostinos con presunta melanosis (NdeR: formación de manchas oscuras en mariscos), pero nosotros sabíamos que los certificados presentados por la empresa eran truchos. Después de una semana de lucha logramos que reincorporen a los compañeros y les restituyan el dinero descontado injustamente” asegura Ramón Vera, delegado del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU). Entretanto Sergio Balcaza, secretario administrativo de la UOM en Madryn, declaró que “hay una disputa interna con Antonio Caló (NdeR: secretario general de la UOM y la CGT) y la cúpula dirigencial porque más allá de la situación crítica ponen trabas y están en contra de los que luchamos día a día para cambiar esta realidad”. Lejos de la atención mediática concentrada en Buenos Aires, sea en Jujuy, Santa Fe o Chubut, la destrucción de puestos laborales en el sector privado no se detiene.

Interior de una fábrica, con mesas de trabajo vacías y trapos tirados en el piso.

Cierre de la Cooperativa textil Mac Body, ubicada en Villa Urquiza, Capital Federal.

Interior de una fábrica vacía.

Un relevamiento del Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA) muestra que en los primeros seis meses de 2018 se perdieron 106 mil puestos de trabajo.

Iglesia y Estado asuntos separados

Iglesia y Estado asuntos separados

Luego de que el Senado no sancionara la Ley por la Interrupción Voluntaria del Embarazo, el pasado 8 de agosto se desató la polémica por el peso que tuvo en esta decisión la Iglesia católica. Bautizados realizaron apostasías colectivas y se comenzó con una fuerte campaña para pedir por un Estado laico y que ningún culto intervenga en políticas estatales.

La Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL)  vehiculizó casi 4.000 apostasías en todo el país: “El Estado tiene que ser neutral en materia religiosa en dos aspectos: no debe privilegiar a un culto por sobre otro, y no tiene que adoptar los valores religiosos por sobre otro valores sociales. Después del debate del Senado por la legalización del aborto, hubo un despertar en la conciencia social de que la Iglesia es la principal fuerza que se opone a la ampliación de derechos, y que tiene opinión en políticas públicas”, resume César Rosenstein miembro de la coalición.

Falta de datos oficiales

Para la Iglesia, el 90 por ciento de las personas que viven en Argentina son católicas. Según estos datos, casi todos los argentinos estarían de acuerdo con sus doctrinas, lo que le da peso a la hora de involucrarse en la toma de decisiones políticas. Pero lo cierto es que no hay datos oficiales sobre religión en el país desde 1960. “La pregunta sobre la religión fue irregular en los censos. Se preguntó en 1947 y 1960. En el 47 dio alrededor de 94 por ciento y en el 60 el 91 por ciento de católicos. Desde ese momento no se volvió a inquirir acerca de la religión, por distintas razones: a la Iglesia no le interesaba que se pregunte porque siempre se pensó como la totalidad. Y por otro lado, los que hacían el censo en ese momento, consideraron que preguntar por la religión por un lado podría ser vulnerar derechos personales de cada individuo, y por otro lado, había una cuestión teórica para los sociólogos de 1960, la religión era producto de una formación social anterior, y se suponía que iba a desaparecer. La consecuencia concreta de eso es que no tenemos contabilidad de la cantidad cierta de católicos, evangélicos o personas que no tienen religión”, explica Verónica Giménez  investigadora del CONICET, y coordinadora el Programa Sociedad, Cultura y Religión en el CEIL.

Los datos más próximos que se tienen pertenecen a un estudio llevado a cabo por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)  realizado en el 2008, a 2.403 argentinos de todas las regiones, que arrojaron las siguientes estimaciones: Un 76,5 por ciento se define católico. La primera minoría, a su vez, correspondía sorprendentemente a las personas sin religión: el 11 por ciento de la población. Y a eso le siguen los evangélicos con el 9 por ciento. Dentro de estos tenés un grupo que es el 1.1 por ciento que son las iglesias históricas, que suelen ser más progresistas, el grupo de esas iglesias apoyó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en ciertos comunicados. Después el 7.9 por ciento son iglesias pentecostales o bautistas, ahí se encuentra el grueso de los grupos que luego movilizaron al Obelisco en contra de la Ley. Fortunato Mallimaci tiene una frase interesante: en esa ley los católicos pusieron el lobby y los evangélicos pusieron la calle”, comenta Giménez.

Creer sin pertenecer

Cuando se le preguntó a los entrevistados cómo se relacionaban con Dios, el 61,1 por ciento respondió por cuenta propia, contra el 23,1 por ciento de personas que dijo que lo hacen a través de la Iglesia. Estamos frente a procesos de desinstitucionalización religiosa y de individuación de las creencias. “La religión ya no organiza la vida de las personas. Las decisiones son personales. Cuándo casarme, cuándo tener hijos, cuándo y con quién mantener relaciones sexuales. Son decisiones que las personas se reservan para sí. No se dejan influenciar por las líneas de la institución. La autonomía del individuo trabaja cada vez más la cuestión de la des-adhesión a las instituciones. Esta idea de yo hago lo que quiero con mi fe”.

“En nuestros estudios -aseguran los especialistas-, lo que nos damos cuenta es que de esos católicos hay un porcentaje muy chico que tiene además del bautismo otro sacramento. Un porcentaje aun más chico que va a misa, o a ceremonias de su culto todas las semanas. Un porcentaje aun menor, que participa como activista o militante en algún grupo relacionado con la religión”. Esto concuerda con el 66.9 por ciento de los entrevistados, que indican que se puede ser buen religioso sin ir a la Iglesia o Templo.

Vínculo económico

En el segundo artículo de la Constitución Nacional, se establece que el Gobierno debe sostener el culto católico. La Iglesia no paga exenciones de ingresos brutos, ABL y patentes, recibe subsidios en servicios públicos, y se le han otorgado 17 predios por 5,2 millones de dólares, según documenta un proyecto de ley que impulsa la separación de la Iglesia del Estado en la Ciudad, que presentó el legislador del Frente de Izquierda, Gabriel Solano.

El proyecto plantea anular la cesión de tierras e inmuebles, quitar los subsidios a los servicios de las entidades religiosas y poner fin a las excepciones impositivas: “Los establecimientos religiosos que tiene el Episcopado en Buenos Aires. Sin contar los colegios, y otros establecimientos de exclusividad comercial, son 308. Entre ellos la sede central del Episcopado de la Ciudad cuenta con dos mil metros cuadrados. Si le sumamos las 304 escuelas de la ciudad de Buenos Aires que pertenecen a la Iglesia católica,  ahí son 612 propiedades. Además de los establecimientos religiosos tenemos otro tipo de inmuebles que son difícil de precisar, como por ejemplo el Luna Park, cedido al Episcopado por Tito Lectoure”, explica Solano.

Por una ordenanza de 1978 del intendente de la dictadura, Osvaldo Andrés Cacciatore, y que fue mantenida por todos los gobiernos que le sucedieron en democracia, se le paga a la Catedral Metropolitana el servicio eléctrico. “La justificación es que ahí están los restos del general San Martin, a mi juicio deberían estar en la Casa Rosada como padre de la patria, no en una institución confesional”, sostiene.

En esta misma línea, la Iglesia católica no paga Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) de sus propiedades ni Ingresos Brutos en sus empresas, advierte el legislador: “La sede central del Episcopado debería pagar de ABL 98.279 por mes está exenta desde el año 98, es decir, a valor actual no pagó 35 millones de pesos en ese concepto. Otro caso es  la Universidad Católica Argentina, con sede Puerto Madero, 702 mil pesos por mes de ABL está exenta desde el 94, al valor actual se ahorró de pagar 102 millones de pesos y estamos hablando de una sola sede. La iglesia tiene su grupo capitalista que es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) y la integran Clarín, Telecom, Banco Galicia, Arcor, entre otros.  ¿Qué decían en los pronunciamientos de su página? Tiene dos declaraciones últimas, una en contra del derecho al aborto, y otra a favor del tarifazo”.

“El Estado y la Iglesia tienen una relación económica estrecha. Hablamos de centenares de millones de pesos. La Iglesia utiliza ese beneficio para presionar, para que no salga el derecho al aborto, para que la educación sexual integral no se lleve adelante en establecimientos educativos. El Estado está dispuesto a resignar económicamente una fuente de ingresos, como compensación de un gran apoyo político. Este se convierte en un Estado confesionario que aplica políticas oscurantistas”, concluye Solano.

Según los estudios del CONICET, la mitad de los argentinos considera que hay que financiar a todas las confesiones religiosas o en su defecto a ninguna. Pero la contribución financiera del Estado al trabajo social de la Iglesia y sus templos tiene amplio grado de aceptación: “Hoy las iglesias cumplen roles sociales, donde el Estado no llega, por ejemplo, el espacio de las tóxico dependencias, las personas con problemas de drogas se internan en instituciones religiosas. Ahí no hay Estado. Si se quiere separar Iglesia de Estado hay que pensar en estas cosas”, reflexiona Verónica Giménez.

Relación política

El Estado argentino no es ni católico, ni laico. Pero sí le da un estatuto particular a la Iglesia católica. Para Verónica el problema es político: “La Iglesia y el Estado tiene una ligazón muy fuerte que es más política que de arquitectura jurídica. Es más un poder de influencia históricamente asentado. Hay relación de cúpula a cúpula. Me parece muy acertada la opinión de legisladores que aun reconociendo su fe, o su encuadramiento dentro de la Iglesia católica, pensaron cuando votaron por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en temáticas que tenían que ver con salud pública, ese sería el nudo de la separación, en términos de acción política concreta. Los legisladores, por más católicos que sean, deberían legislar según otro tipo de recursos, influencias, pensamientos, o fuentes”, concluye.