Hubo 181 femicidios en lo que va del año

Hubo 181 femicidios en lo que va del año

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A 30 años del caso de María Soledad Morales, asesinada en San Salvador del Valle de Catamarca, a pocos días del femicidio de la niña de 14 años Ludmila Pretti en Moreno, provincia de Buenos Aires, y a una semana de la liberación de Néstor Pavón en Entre Ríos, condenado por el encubrimiento del asesinato de Micaela García, -crimen que impulsó al Congreso de la Nación a sancionar la Ley de Capactación Obligatoria en Género y violencia contra las mujeres-, el Observatorio de “Mujeres, Disidencias, Derechos” de MuMaLa presentó el resultado de su Registro Nacional de Femicidios.

Un total de 181 son los femicidios que se relevaron en nuestro país entre el 1 de enero y el 30 de agosto de 2020. Según este registro, 118 casos fueron en contexto de pandemia. El informe revela un femicidio cada 32 horas. Además, hubo 167 ataques denunciados; y, 193 niñas, niños y adolescentes que quedaron sin madre. 

“Nosotras iniciamos el Observatorio como resultado de la demanda del 3 de junio de 2015, con la marcha histórica de Ni una Menos. Uno de los reclamos que se hacía en aquel momento tenía que ver con que no existían datos que dieran cuenta de la cantidad de femicidios por año”, cuenta Silvia Ferreyra. 

Las provincias con mayor número de casos son Tucumán, Misiones, Catamarca, Chaco, Salta y Santa Fe. 

Las estadísticas son elaboradas a partir de la información proporcionada por publicaciones gráficas y digitales de medios nacionales, provinciales y locales. 

“Tenemos un desarrollo territorial en todas las provincias del país. Hacemos el relevamiento en todas las provincias, 23 distritos, más la Ciudad de Buenos Aires”, explica Silvia para mostrar que se trata de un problema que no discrimina localidades. 

Desde el colectivo feminista se realizan acciones para concientizar, prevenir y actuar sobre la violencia de género. Sus integrantes explican cómo abordar los casos de femicidios, y cuáles son los mecanismos para proteger a las víctimas y dar a conocer herramientas del Estado en favor de ellas. 

“En el caso Ludmila se habla mucho sobre qué hacía una piba de esa edad en una fiesta, pero de lo que no terminamos hablando es respecto a la agresión en sí. En el caso de María Soledad Morales han pasado 30 años y, sin embargo, se repiten los mismos errores sistemáticos en los periodistas, revictimizando a las víctimas”, analiza Ferreyra haciendo foco en que son los propios medios de comunicación los que terminan naturalizando los hechos de violencia bajo una cultura machista.

El 41 por ciento de los femicidios lo comete la pareja de la víctima, un 22 por ciento lo ejecutan exparejas.

El informe del Observatorio detalla que de ese  total de 181 casos registrados, 161 fueron femicidios directos, 7 femicidios vinculados de niñas y mujeres, 9 femicidios fueron vinculados de niños y varones, y 4 trans/travesticidios. 

El agravamiento por el vínculo está incluido en los incisos 11 y 12 del artículo 80 del Código Penal recién desde 2012, con la modificación realizada por la Ley 26.791. Allí la norma es clara al tipificar la acción, cuando caracteriza  la agresión hacia “una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género” (…) “Con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación”.

La mayor tasa de femicidios la tiene el Norte de nuestro país. Las provincias con mayor número de casos son: Tucumán, Misiones, Catamarca, Chaco y Salta, con  Santa Fe que se mete desde el litoral dentro de este grupo. 

Otro dato de importancia son las referencias al lugar en donde ocurren los hechos. El 36 por ciento lo ocupa la vivienda de la víctima, le sigue con el 32 por ciento la vivienda compartida con el agresor; mientras la vía pública baja a un 12. Lo cual demuestra que la violencia machista es mayor dentro de espacios privados y propios a un contexto de intimidad. Esto advierte que la problemática se agudiza en un escenario de aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Un 6 por ciento ocurre en la vivienda de un familiar, un 4 por ciento en la del femicida, otro 4 en propiedad privada de un tercero, y un 4 en descampados. El lugar de trabajo de la víctima se corresponde con el 2 por ciento de los casos.

El relevamiento incluye el tipo de vínculo entre la víctima y victimario. El 41 por ciento de los casos corresponde a la pareja, un 22 por ciento a exparejas y un 13 a familiares de la víctima. Un 12 por ciento corresponde a personas conocidas y un 6 a desconocidas. Queda otro 6 por ciento sin datos clasificables.

El informe también incorpora el mecanismo utilizado por los femicidas: los primeros lugares los ocupan las armas blancas (28 por ciento) y armas de fuego (24 por ciento). En casi una cuarta parte del total de los casos ha habido disparos y, en su mayoría, se realizaron con armas reglamentarias. 

“Siempre hay un porcentaje de agresores que son integrantes de las Fuerzas de Seguridad. A nuestro entender, esto tiene que derivar en alguna política pública como retirar el arma a aquellos agentes con denuncias de violencia de género. Estamos hablando que el 8 por ciento del total de los femicidas han sido miembros o pertenecen a las fuerzas”, afirma Ferreyra.

Las estadísticas destacan que el 45 por ciento de las víctimas tenía entre 19 y 40 años, el 56 por ciento de ellas ternía hijos o hijas y el 20 por ciento había denunciado a su agresor. En otras palabras, casi la mitad de los crímenes podrían haberse evitado por denuncias preexistentes.

Antes de marzo, se cometía un femicidio cada 29 horas y,  en la actualidad es uno cada 32, lo que implicaría una levísima mejora. 

En casi una cuarta parte del total de los casos ha habido disparos y, en su mayoría, se realizaron con armas reglamentarias. 

“Más del 60 por ciento de las víctimas han sido asesinadas en su hogar o en un hogar compartido por su agresor. Por esto, nos parece claro que las medidas de aislamiento lógicamente no favorecen las políticas de prevención de estos crímenes. El hogar no es un lugar seguro para las víctimas”, sostiene la Coordinadora de MuMaLa.

Durante la pandemia, desde el nuevo  Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, a cargo de Elizabeth Gómez Alcorta, se incorporó la resolución 15/2020 donde el Estado  tiene la obligación de garantizar a las mujeres y a las personas LGTBIQ el derecho a una vida libre de violencias. La misma posibilita el traslado de la víctima sin ningún permiso especial previo en caso de violencia de género. 

“Si bien existe la resolución 15/2020 que posibilita el traslado de la víctima, muchas veces es difícil su instrumentación porque depende de las medidas de aislamiento de cada jurisdicción. Tienen que existir organismos o espacios del ámbito del Estado con capacidad real, concreta, material para poder hacer un proceso de acompañamiento en situaciones críticas”, continúa Ferreyra.

Según cifras del Observatorio, más del 80 por ciento de las víctimas de femicidio no habían acudido al Estado en busca de asistencia. “La Justicia es una de las instituciones que más nos debe como sociedad y una de las instituciones que menos credibilidad genera. Las víctimas no ven a la Justicia como una herramienta que actúe a su favor. A 30 años del caso de María Soledad vemos todavía cómo la impunidad opera en altas esferas del poder. El caso de María Soledad es un caso testigo de todo esto”, agrega Ferreyra con atención a la matriz política que caracterizó ese caso conocido como el de “los hijos del poder”, y por el cual a los 14 años de ese asesinato no quedaba ninguno de los condenados presos. 

Del informe surge un reclamo abierto a los tres poderes del Estado para priorizar aún más la asignación de recursos destinados al abordaje integral de políticas para mujeres e integrantes del colectivo LGTBIQ, junto con la urgencia de avanzar con la implementación de la Ley Micaela, como principal herramienta en todas las instituciones del Estado. 

A Buenos Aires le falta verde

A Buenos Aires le falta verde

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una de las urbes con menos espacios verdes por habitante del país: el 12,4% de los residentes vive lejos de un parque o de una plaza. El dato se desprende del Atlas que desarrolló la Fundación Bunge y Born con la finalidad de analizar  la disponibilidad de este tipo de lugares para la población en las 155 localidades más grandes de la Argentina.

La ausencia de parques y paseos verdes no sólo conlleva consecuencias ecológica sino que también afecta la salud física y mental de los ciudadanos. Según el informe de la Fundación Bunge y Born, es necesario garantizar su presencia y accesibilidad para evitar la degradación ambiental ya que disminuyen riesgos, como por ejemplo la formación de islas de calor, inundaciones y la contaminación del oxígeno.

En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Fundación detectó un total de casi 15 millones de m² de espacios verdes públicos, entendidos como superficies verdes de libre acceso de más de media hectárea. En relación a otras urbes es muy poco. Por ejemplo, en Nueva York, un análisis reciente encontró 13,6 m² por habitante y cantidades mayores en el resto de las cincuenta ciudades principales de Estados Unidos.

Hay muchas formas de medir los espacios verdes, pero en este caso dicho informe tomó en cuenta la posibilidad de acceder, que tan fácil le resulta a la gente llegar: “Esto reemplazando el método típico histórico que era contar los metros cuadrados de espacios verdes por habitantes. Si simplemente hiciera la división entre los metros cuadrado de espacios verdes y la cantidad habitantes de la ciudad, pareciera que todo el mundo está bien servido, pero no es así. En la actualidad a más de 350.000 porteños les falta un parque o una plaza más cerca de su vivienda”, expresa Antonio Vazquez Brust, quien estuvo al frente de la investigación.

«A más de 350.000 porteños les falta una plaza más cerca de su vivienda”, expresa Antonio Vazquez Brust.

El Atlas realizado por la Fundación se encargó de catalogar los espacios verdes y geo referenciarlos. Mediante esta metodología se midió la distancia a través de la grilla de calles de la ciudad y cuánto tiempo toma desde cada punto caminar hacia una plaza o un parque: “Así es como encontramos que un 12% de la población vive más lejos que la distancia recomendada a los parques, que es de 10 minutos de caminata. Si se está un poco más lejos del parque, ahí es cuando la gente tiende a no asistir, de cierto modo no acceden al espacio público y gratuito que es el parque como espacio cotidiano”, sostiene Vázquez Brunt.

Además de profundizar las inequidades existentes, esta tendencia presenta serios riesgos para la sostenibilidad urbana y para la salud pública en especial. Numerosas investigaciones señalan una fuerte relación entre espacios verdes urbanos y la salud física y mental. “En un estudio que se hizo en Israel –comenta Antonio Vazquez Brust- se comparó el nivel de acceso y uso de espacios públicos de embarazadas y luego tras el parto midieron el peso de los bebés y el diámetro craneal, y se sugiere que hay un efecto benéfico en la salud de los bebés con el acceso de las madres a espacios verdes. También se lo ha unido a reducción de enfermedades mentales como depresión y reducción en tasas de diabetes”.

El individuo necesita un lugar de esparcimiento al aire libre pero el contacto con la naturaleza se pierde en Buenos Aires a medida del crecimiento de los emprendimientos inmobiliarios: “Las plazas de la ciudad son unos recortes verdes en dónde hay más caminos que otra cosa. Muchos parques y plazas han sido muy afectados; por ejemplo al Parque Chacabuco le pasa la autopista por el medio, cuando se decidió la construcción la decisión fue porque ahí no había que expropiar a nadie, pero en realidad era un parque de todos. Es prestigioso vivir frente a un espacio verde pero la mayoría de estos espacios están rodeados de edificación de hasta 12 pisos de altura y en consecuencia la plaza pierde su función de pulmón verde”, dice Beatriz Arias, arquitecta, planificadora urbana-regional y profesora de Sistemas Urbanos de la carrera de Gestión Ambiental en la Universidad Nacional de Moreno.

La Ciudad de Buenos Aires tiene 15 millones de metros cuadrados de espacios verdes.

Por otro lado, Carolina Somoza, perteneciente a la organización ecológica Somos Ambiente, afirma: “Los beneficios de los espacios verdes públicos van de la mano con el servicio ambiental que brindan los árboles (segundo pulmón verde del mundo después del fitoplancton en los océanos). En Buenos Aires, donde cada vez hay más autos y va haber cada vez más población, son indispensables. Nuestra ciudad tiene niveles altísimos de contaminación sonora y ni siquiera cuenta con todos los instrumentos necesarios para medir de una manera exhaustiva la contaminación del aire”.

La dirigente ambientalista agrega: “El Hospital de Clínicas, frente a la Plaza Houssay, está todo cementado, los árboles alrededor tienen una simulación de pasto, pero en realidad son granitos de cemento. Se viene priorizando las calles y cementos antes que las plazas y parques”.

No contar con espacios verdes de proximidad repercute negativamente en el hábitat y en las cualidades paisajístico-ambientales urbanas, además de atentar contra el uso recreativo de aquellos. Gabriela Campari, licenciada en Planificación y Diseño del paisaje asegura: “Estas consecuencias también pueden darse aun contando con estas áreas si ellas presentan un alto grado de deterioro, dado que su existencia física no garantiza de por sí los beneficios aludidos, sino que además deben reunir determinadas cualidades compositivas en lo material y lo vegetal que hagan posible su uso pleno, evitando así que la falta de mantenimiento genere una idea vinculada a la de espacios vacantes o carentes de función que impacte en su apropiación social”.

La investigadora, autora el ensayo Paisajes sensibles. Subjetividad, salud y patrimonio verde en el espacio intrahospitalario, publicado por Prometeo, dice: “Vale resaltar que las consecuencias desfavorables enunciadas también impactan de manera disímil de acuerdo a la edad, posibilidades de accesibilidad y pertenencia de los habitantes a grupos vulnerables desde el punto de vista económico y social”.

El Plan Urbano Ambiental de la Ciudad plantea la necesidad de asegurar el derecho al uso de los espacios verdes públicos urbanos (parques, plazas y paseos) y propone su incremento, recuperación y mejora a fin de dar lugar a funciones vitales para la sociedad como son, entre otras, el encuentro, el relax, el ocio, el confort y la socialización. Pero lamentablemente, se han perdido muchas oportunidades en las últimas décadas de promocionar la conversión de terrenos disponibles en parques porque se ha priorizado el desarrollo inmobiliario. Es decir: se ha preferido edificar antes que parquizar.

El Encuentro en tensión

El Encuentro en tensión

Marcha contra los travesticidios en el último Encuentro en la ciudad de La Plata.

La situación coyuntural que vive el país con respecto a la pandemia no sólo perjudicó la normal administración y organización de los hasta ahora denominados Encuentros Nacionales de Mujeres sino que, además, evidenció la división que ya se venía gestando en el movimiento. Por primera vez en 35 años, además de la comisión organizadora tradicional, surgió una comisión paralela. Si bien los comités difieren en muchos aspectos (entre los cuales se destaca el nombre del Encuentro), hasta ahora la idea de hacer dos Encuentros en diferentes fechas no era una opción. Sin embargo, la situación con respecto a la crisis del Covid 19 podría modificar la situación.

Por un lado, hace unas semanas, en la página del Partido Comunista Revolucionario (PCR), agrupación a la cual pertenecen mujeres de la Comisión Organizadora, se anunció que el Encuentro se postergaría hasta nuevo aviso debido a la pandemia que acecha al país. Cecilia Betervide, encargada de la subcomisión de Comunicación de la ciudad de San Luis, terminó de explayar esta noticia: “Como comisión organizadora decidimos postergarlo unos meses hasta que estén dadas las condiciones de salud para que todas podamos participar. Aún no sabemos hasta cuándo se va a postergar, pero lo más probable es que sea hasta el primer semestre del año 2021”.

Dentro de las opciones de lo que podría suceder con el Encuentro este año, asegura que surgió la idea de hacerlo de manera virtual, pero finalmente fue descartado: “Si hiciéramos un Encuentro online habría un montón de mujeres que objetivamente quedarían fuera de la participación porque no tienen acceso a un dispositivo para conectarse o porque no tienen Internet”, aseguró.

Por otro lado, la Comisión Organizadora del autodenominado Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Intersexuales, Bisexuales y No Binaries sostiene que continúa organizandose: “Pese a las dificultades que este contexto nos presenta hemos decidido sostener la organización del 35 Encuentro Plurinacional. Consideramos que es complejo que en esta coyuntura pueda realizarse el Encuentro, pero iremos analizando cómo se desarrolla el estatus sanitario regional acorde a lo que el Estado provincial y nacional permitan. Venimos pensando en la virtualidad como una alternativa que no suplantará al Encuentro acuerpado, pero que sí puede ser una opción para no dejar pasar la fecha de manera desapercibida”, afirmó Noelia Aguilar Moriena, representante del Encuentro Plurinacional.

Asamblea de Abya Yala en el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales y No binaries.

Estas dos posturas, evidencian la división que ya se venía generando en el movimiento hace tres años, pero que ahora parece hacerse concreta y definitiva. Entre los motivos por los cuales se establece esta disyunción, se puede mencionar el reclamo hecho por aquellas personas que no son parte del partido fundador ni de la Comisión Organizadora tradicional, pero que desean tener más incidencia en las decisiones que respectan a la temática. Si bien desde la Comisión Organizadora se afirma que sus plenarios son abiertos para quien desee acercarse, Aguilar Moriena expresa lo contrario: “Hay un grupo de personas que desde hace muchos años han intentado apropiarse de un Encuentro. La Comisión Organizadora somos quienes integramos el Encuentro Plurinacional. El otro es un grupo minúsculo que tiene nombre y apellido y que busca y ha buscado usar el Encuentro para sus plataformas políticas partidarias. De una vez por todas en San Luis dijimos basta. Nos organizamos y resignificamos el Encuentro, que por primera vez en la historia, nombra a todas las identidades que somos parte; nombra también de una manera cabal y completa la plurinacionalidad que nos habita y, además erradica la mirada biologicista y transodiante”.

Betervide, sin embargo, disiente con esta postura: “Las divisiones siempre favorecen a alguien. Si nos dividamos entre nosotras favorecemos al sistema que nos está oprimiendo. Creemos que el Encuentro es lo más inclusivo que puede haber: las mujeres de los pueblos originarios están contenidas desde el primer Encuentro y son parte incluso de la Comisión Organizadora. En esta comisión, estamos todas las que queremos estar. Cada una de las reuniones se hace pública, no se cierra la participación. Mientras más diversas sea la Comisión Organizadora del Encuentro, mejor va a reflejar la diversidad que hay en la sociedad respecto al movimiento de mujeres”, afirmó.

El dilema cartonero: el virus o el hambre

El dilema cartonero: el virus o el hambre

Una de las preocupaciones más grandes que se desató a partir de la cuarentena obligatoria y del freno a las actividades laborales, además de las cuestiones de salud, es sin duda el fuerte impacto negativo que recibe el sector de la economía informal. Los cartoneros, recuperadores urbanos y cooperativas de recicladores luchan día a día intentando subsistir a esta situación crítica que atraviesa el país.

El hambre, la caída de la recaudación, la falta de circulación en las calles y el cierre de comercios, son unos de los tantos problemas que giran en torno a este ámbito. Desde el primer momento que se decretó la cuarentena los cartoneros de la provincia sabían que no iban a poder cumplirla por mucho tiempo. “Yo estoy de acuerdo con la cuarentena, pero lamentablemente si no salgo a las calles en busca de cartón, mis hijos no comen. Me quedaría encantado en mi casa con mi familia pero antes del virus tengo otro problema: llevar un plato de comida a mi casa todos los días”, cuenta Ariel Fernando Maitini, un cartonero de 43 años de la localidad de Moreno.

Los cartoneros de la Provincia de Buenos Aires se encuentran en una situación aún más precaria que los de la Ciudad.

En el comienzo del aislamiento obligatorio se pararon por completo, tanto las actividades de los cartoneros que trabajan de forma independiente como aquellos que lo hacen en las cooperativas. A mediados del mes de abril, el Gobierno nacional y de la Ciudad llegaron a un acuerdo para que algunas cooperativas tengan permiso de circular para llevar a cabo su trabajo. Pero claro, esto no fue suficiente para que la situación se alivianara. “El permiso que nos da el gobierno para circular es para dos veces a la semana, ir a retirar el camión que nos brinda el Gobierno de la Ciudad, pero igualmente esto es terrible. Se ha perdido prácticamente el 75% de los grandes generadores porque hoteles de cuatro y cinco estrellas están cerrados, universidades, colegios y también oficinas, esto es un desastre”, expresa María Ramíz, tesorera y encargada de las relaciones humanas de la Cooperativa del Oeste de Mataderos.

Los cartoneros exigen que su actividad sea considerada esencial. Muchos de ellos se integraron a cooperativas de trabajo. La actividad está semiparalizada porque el gobierno prohibió la recolección diferenciada de residuos generados por comercios y vecinos. Lo único que tienen habilitado es el retiro a supermercados, dos veces por semanas y el tratamiento de ese material en una planta.

“Si hubiéramos cumplido con esa prohibición, el trabajo de 20 años se hubiera ido a la basura. En el Conurbano están muertos de hambre, están ingresando a la ciudad sin más protección que un barbijo, con carros que pesan horrores”, expresa Alicia Montoya, responsable de la coordinación técnica de la Cooperativa El Álamo, ubicada en el barrio de Villa Urquiza.

La situación en la Ciudad es sumamente complicada, pero los recuperadores que están en las cooperativas cobran, en algunos casos, un incentivo por un acuerdo con el Gobierno. Es así que, en realidad, lo más perjudicados son los cartoneros del Conurbano bonaerense y de las grandes ciudades del interior ya que no reciben ningún tipo de ayuda económica.

Los cartoneros reciben siete pesos por un kilo de papel y ocho por el de plásticos.

Juan Facundo Quiroz, de 70 años, un cartonero de la localidad de Merlo, a pesar de ser un paciente de riesgo por el COVID19, sale todos los días a transitar las calles en busca de material: “Nos ponemos barbijo, nos lavamos las manos todo el tiempo y salimos a ponerle el pecho al virus. Cada mañana es un camino más largo, los comercios están cerrados por lo que el día de trabajo se alargó, caminamos muchas más cuadras de las que hacíamos antes para buscar un poco de cartón. Acá no importa si no tenemos permiso para circular, si no salís te morís de hambre”.

La entrada de dinero a los hogares de los cartoneros se vuelve una lucha constante, pero ahora también existe el conflicto para adquirir los elementos de protección personal, que obviamente tienen que salir de sus bolsillos. “Por día recaudo, con suerte, 600 pesos y lo tengo que repartir entre la comida y dejar plata para el barbijo y alcohol en gel. Los precios no ayudan, me pagan 7 pesos por kilogramo de cartón y 8 pesos el de plástico. Es tan poco que ni siquiera ayuda el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia). Es fácil decir quédate en casa cuando no te hace falta nada”, cuenta Lucas Andrés Asem de la localidad de San Martín.

Las ollas populares son una de las salidas por las que han optado en varios lugares para combatir el hambre que afecta a los recuperadores y sus familias. Lucas es uno de los muchos cartoneros que participa de esta iniciativa: “Los jueves cocinamos junto con mis compañeros en la cancha para nosotros y la gente que lo necesita y lo que sobra lo administramos y cada uno se lo lleva para su familia. Han llegado a ir entre 100 y 200 personas en busca de un plato de comida, realmente necesitamos una ayuda porque la situación nos cortó al medio, estamos paleando el hambre con polenta, arroz y fideos. No hay leche, no hay carne”.

SADAIC quiere cobrar un arancel al streaming y generó polémica

SADAIC quiere cobrar un arancel al streaming y generó polémica

Esteban Agatiello, presidente de la Federación Argentina de Músicos Independientes.

La Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) emitió un comunicado en el mes pasado en cual expresaba que se comenzaría a cobrar un arancel del 12% de lo recaudado en transmisiones de streaming (que no fueran contenidos disponibles para descarga), más cargos adicionales, de entre 250 y 400 pesos, si empresas o instituciones patrocinantes estuvieran involucradas y se utilizara otros medios de emisión además de internet. La noticia tomó por sorpresa al mundo musical argentino y las quejas no tardaron en surgir, ya que el anuncio era poco claro y las cifras mencionadas resultaban preocupantes, tanto para artistas independientes como para quienes recién comienzan en la industria.

“Son muy pocos lxs artistxs que tienen mucha ganancia -expresó la baterista Andrea Álvarez en su cuenta de Twitter-. Hay que tener canciones en alta rotación para recaudar bastante dinero y la mayoría no la tenemos”. Si bien días después el organismo emitió un nuevo comunicado aclarando que solo se le aplicaría el arancel a las empresas que organicen conciertos que cobren una entrada o reciban sponsoreo y que “no se trata de impedir, obstaculizar ni perjudicar la actividad musical de la que somos parte, sino de dar una solución armoniosa de los diversos intereses en juego”, el debate quedó instalado.

El constante avance tecnológico y las posibilidades que crea para los artistas, tanto los establecidos como los emergentes, además de la particular situación que la sociedad está experimentado a causa de la pandemia y la cuarentena hacen que el alcance legal de SADAIC pueda quedar desactualizado o que se formen zonas grises. El músico salteño Guillermo Alavila, cuyo proyecto solista lleva el nombre de Le Cúspide, le comenta a ANCCOM: Esta situación deja en total evidencia que había una parte de la música, de los derechos de autor, que estaba muy desatendida y esta podría ser una oportunidad para que mejoren la manera en que los manejan y que nos beneficien a todes”. Sobre la sorpresiva decisión del organismo, Alavila opinó: “Es algo que no puede decidirse tan de golpe porque es ridículo. Creo que hay que sentarse a hablar entre SADAIC, managers, productores (grandes, medianos y chiquitos) y artistas, tanto independientes como comerciales”.

Guillermo Alavila, músico salteño.

Los gremios no reniegan en la existencia de SADAIC y defienden su labor como organismo que defiende los derechos de los autores, ya que constituyen el salario del compositor. Sin embargo, coinciden en que el anuncio estuvo mal comunicado, generando pánico a un momento ya de por sí estresante. Además, deja muchos aspectos sin aclarar. Los músicos insisten en que se abran instancias de discusión para llegar a un acuerdo, especialmente en el porcentaje, a quiénes se les aplicará y de qué manera. Lo que se intenta evitar, principalmente, es que esta decisión del organismo termine siendo contraproducente y perjudique a aquellos que, en un principio, se busca proteger.

En este momento estamos en negociación con SADAIC, expresándole que los montos que ellos están pidiendo para el pago de los derechos de autor a las marcas son no aplicables a lo que pasa en el mundo físico. Nosotros respetamos el derecho, representamos autores, pero no nos quieras cobrar por sobre el sponsoreo porque lo que estás haciendo es desincentivar la inversión de empresas en nuestro sector y esa es una de las pocas posibilidades de ingresos” detalló a ANCCOM Ana Poluyan, vicepresidenta de la Asociación Civil de Managers Musicales Argentinos (ACMMA).

Reclamo de los independientes

Por su parte, la Unión de Músicos Independientes (UMI) también expresó sus reclamos hacia el organismo pero sin éxito. Juan Ignacio Vázquez, presidente de UMI, expresa: Le solicitamos por medio de un comunicado a las entidades de gestión colectiva que hagan un adelanto de 5.000 pesos en el pago de derechos pero no tuvimos ningún tipo de respuesta por parte de SADAIC, ni de AADI (Asociación Argentina de Interpretes), ni  de CAPIF (Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas). Creemos que sería importante que se dé una respuesta dado que a muchísimas personas esto les ayudaría en el día a día”.  

Juan Ignacio Vazquez, presidente de la Unión de Músicos Independientes (UMI)

En esta época tan particular que estamos atravesando como sociedad, los músicos independientes son uno de los sectores más afectados. “Nuestra fuente de ingreso mas fuerte son los shows en vivo, pero sabiendo que vamos a ser la última actividad que vuelva, por el conglomerado de gente, no vemos un buen futuro cercano”, señala Esteban Agatiello, presidente de la Federación Argentina de Músicos Independientes (FA-MI), y agrega:: “La subsistencia esta complicada. Muchos músicos se han anotado en la IFE (Ingreso Familiar de Emergencia). También hay muchos músicos que se anotaron en las ayudas sociales que da el Instituto Nacional de la Música. Celebramos la existencia de SADAIC pero necesitamos que se manejen con responsabilidad frente la situación que estamos enfrentando”.