¿Cuál es el precio que pagamos por la devastación de nuestra tierra? Existen múltiples ejemplos que pueden responder esta pregunta y que siguen sucediendo a lo largo de nuestro país. Pero sólo a 80 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, hay un grupo de vecinas y vecinos que hace siete años decidieron formar un colectivo para luchar contra el agronegocio transgénico en ese territorio. El colectivo ecologista llamado Exaltación Salud nació en 2012 en el partido de Exaltación de la Cruz por iniciativa de dos mujeres que gracias a su lucha y a la unión que forjaron junto a sus vecinos, lograron visibilizar la problemática del agronegocio que acecha a la zona hace tiempo.
El 11 de marzo de 2019 hubo una fumigación sobre unas escuelas de esta localidad de la provincia de Buenos Aires, que derivó en una ordenanza que prohibió definitivamente las fumigaciones aéreas. Fueron las escuelas de Educación Primaria Nº 4 y de Educación Secundaria Técnica Nº1, situadas en Parada Robles, sobre el km 78 de la Ruta 8, las afectadas por una avioneta que durante varias horas y en horario escolar con estudiantes dentro, las fumigó junto a los campos linderos. Varios docentes y alumnos debieron recurrir a la inmediata asistencia médica por sufrir las consecuencias del veneno esparcido. A raíz de lo ocurrido debieron suspender las clases por dos días.
Dos meses después de este hecho, vecinas integrantes de Exaltación Salud realizaron una encuesta en los barrios de San José y Esperanza, pertenecientes al partido de Exaltación de la Cruz, que arrojó datos de la existencia de problemas de salud relacionados al uso del glifosato. En sólo estos dos barrios de 30 manzanas (280 casas) se encontraron 50 casos de cáncer. De un año a otro, 31 de las personas enfermas fallecieron. También descubrieron que en 94 de esos hogares las personas presentan otras enfermedades relacionadas a las fumigaciones como problemas respiratorios, de la piel, diabetes e hipertiroidismo. Si bien los datos no son oficiales, porque fueron las vecinas quienes los tomaron haciendo el relevamiento de casa en casa, los testimonios de los vecinos coinciden con lo expuesto.
Gabriela, mamá de Ana, una de las adolescentes víctimas de cáncer en Exaltación de la Cruz.
En las últimas dos décadas, el 80% de ese territorio cultivable de Exaltación de la Cruz fue ocupado por las soja transgénica. Si bien no existen estadísticas oficiales del uso de agrotóxicos en el país, según los datos de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), entre 2003 y 2012 el consumo de agrotóxicos aumentó 850%. Según datos de la industria, en Argentina se aplican de 12 a 15 litros de glifosato por hectárea, mientras que por ejemplo en Estados Unidos se emplea la mitad. En nuestro país, se pulveriza en promedio 7,6 litros de herbicida por habitante: Argentina es el país que más glifosato utiliza por persona en todo el mundo.
Anabel Pomar, periodista y vecina de Exaltación, cuenta que en 2012 el Concejo Deliberante de la ciudad aprobó una ordenanza que prohibía fumigar a menos de 150 metros de las casas y a menos de 300 de las escuelas, pero la norma no fue reglamentada por siete años.
En 2015 murieron de cáncer tres chicas de entre 13 y 15 años, dos de ellas asistían a la escuela fumigada y la tercera vivía enfrente. Las fumigaciones nunca pararon, pero mientras las pulverizaciones crecían, también lo hacían las denuncias de los vecinos. Patricia Benitez, farmacéutica y una de las integrantes de Exaltación Salud, consiguió que la Justicia le otorgue un amparo que prohíba las fumigaciones a menos de 1.000 metros de dónde vive. Sin embargo apeló el fallo porque, según explica, su objetivo no era obtener la medida para ella sola sino para el bien común de todas las personas y el medio ambiente. El Poder Judicial aceptó su apelación.
Argentina es el país que más glifosato usa por habitante en el mundo.
Gracias a Benitez y a otras personas que se sumaron a la causa, en 2019 se consiguió un amparo que prohíbe las fumigaciones a menos de 1.000 metros de distancia, incluyendo las zonas urbanas, rurales y las escuelas. Ese mismo año, la entonces gobernadora María Eugenia Vidal estableció, a través del Ministerio de Agroindustria, la resolución 246 que permite el uso irrestricto del glifosato y otros agrotóxicos cerca de zonas habitadas y escuelas. Si bien el nuevo gobernador bonaerense, Axel Kicilof, suspendió la entrada en vigencia de la resolución y en mayo de este año prolongó el veto vigente a dicha norma, es necesaria su derogación definitiva. Mientras tanto, el vacío legal existente es aprovechado por los fumigadores para seguir aplicando agrotóxicos. El 3 de marzo pasado, en la localidad de Pergamino, un avión fumigador sobrevoló la escuela N°37. Pese a que en la actualidad hay varios proyectos en curso, aún no existe ninguna ley nacional que regule el uso de agrotóxicos: cada provincia debe tener su propia normativa y cada municipio su propia regulación local.
Un modelo de exclusión social
Hay algo que a inquieta a las nuevas generaciones: el ambiente está siendo devastado. Y desde múltiples frentes (agentes políticos y sociales, tanto el sector público como el privado) atacan contra el cuidado y la preservación del mismo. Nos preguntamos qué es lo que despierta a algunos a dar a conocer, alzar la voz de lo que está sucediendo con nuestro suelo. Desde nuestra experiencia, decidimos contar una historia, que engloba a una comunidad y está repleta de subjetividades, pero sabemos que esta problemática está presente en gran parte de nuestro país y trasciende fronteras.
Desde la década de los 90, el agronegocio local se convirtió en un modelo de producción dependiente de los pesticidas altamente contaminantes. Progresivamente, Argentina fue cediendo lugar a la utilización de agrotóxicos y a semillas transgénicas resistentes a estos herbicidas y plaguicidas. En nuestro país no existe un marco legal que regule la utilización de estos productos en el país. Tampoco hay estadísticas oficiales que muestren el uso de estos químicos en estas tierras, las únicas cifras provienen del sector privado. Es decir, para el Estado argentino el suelo tiene un precio, y es la consolidación de esta correlación entre contaminación, insalubridad, pérdida de la soberanía alimentaria, desigual distribución de la riqueza y exclusión social, que se ha convertido en política de Estado.
«La locura está en el aire. Mujeres de radio, en lucha y en marcha. Estamos desatadas», entona cualquier parlante de radio que sintonice los programas de “Cheque en Blanco” (FutuRock) o «Las Voces de Aquelarre» (Radio Hache) o la programación de Radio Colmena. Pero esas entonaciones que colman esas señales están desatándose desde el centro del Hospital Moyano en el centro de Barracas, al sur de la Ciudad de Buenos Aires.
El hospital Braulio Moyano es, visto por fuera, un tono sin medios. Altos paredones de un color grisáceo aburrido y abandónico, signado por el tiempo que fue adhiriéndose, en capas, a la cola con la que se pegan afiches. Un bello intersticio edificado con paredes, columnas y molduras color café con leche corta la monotonía de ladrillo tras ladrillo. El hospital Moyano es un movimiento constante. Lo constante, también dentro, es que el Moyano es un gineceo: se trata de un neuropsiquiátrico exclusivo para mujeres.
Una vez dentro, la disrupción está en el centro. Como si de un nudo se tratase, allí está el desate. Usar la voz, lograr palabra, hacer radio allí es digno de alocadas ideas. Más aún: Realizan, hace diez años, lo que hoy -hace pocos años-, se conoce como podcasts.
En el medio de la reclusión, ¡zas!, la voz.
Y contra la monotonía, ¡zas!, la innovación.
“Desate” es una idea de trece años que cumplió, este 2019, diez de realidad. Surgió como ocurrencia de Silvia Maltz, psicóloga del Moyano, como contrafuerza a la lógica hermética del hospital. «Propuse un dispositivo radial, que permite un nexo entre el hospital y la comunidad. Personas como Alfredo Olivera, creador de “La Colifata”, o estudiantes de Comunicación Comunitaria de la UBA aportaron a que esta idea tome vuelo», explica Maltz.
Así se creó un nexo entre mujeres internadas y externadas interesadas en hacer radio, que junto a otros colaboradores debatieron sobre el nombre y la modalidad del proyecto: “Desate” (o “Desatadas”)
Por internet fue en un principio, hasta que paró la oreja el AFSCA (actual ENACOM) y sintonizó también al ISER (Instituto de Enseñanza Radiofónica). Y así, se formó un equipo de colaboración técnica, integrado hoy por Paula Abregú (psicologa), como co-coordinadora y productora, y Romina Romero y Marcos Autcheloine (ambos periodistas de ISER) en operación y edición radiofónica.
Y así, el dial virtual pudo ya ser un dial a perilla. Es decir, que las “Desate” producían para ser escuchadas (y valoradas) por Radio Nacional, Radio Cooperativa, Radio La Tribu, Radio Mega, Madres y Radio Vorterix.
«Además de -y más que- ser un dispositivo terapéutico, es un programa competitivo técnicamente. La modalidad adoptada desde hace tiempo es prueba de ello», agrega Autcheloine. Mientras podcast suena novedoso, las Desate hacían la novedad hace una década con un nombre menos rimbombante.
La osadía de este grupo de mujeres pensantes y críticas hizo abordar, desde el principio, temáticas que tardan mucho en encontrarse en el dial, en una concisión llamativa: tres minutos. Coyunturas política y económica, efemérides, derechos, burocracia, inmigración, o conceptos como encierro, maternidad, feminismo, talento, grieta, cambio, mujer o mate son meritorios de la palabra hablada al servicio de la reflexión. También escriben textos para reírse de las desgracias.
«Trabajamos situaciones, estructuras y problemáticas sociales diarias y profundas a la vez. Opinamos, criticamos y politizamos pero no acusamos a nadie en particular sino a la sociedad y a las instituciones. Somos comunicadoras, no juezas», señalan las “Desate”.
También hay lugar para las expresiones más nobles como radiopoemas, amor, dolor, miedo y esperanza. «La poesía es nuestra forma de conectar sentimientos y fantasías», agregan.
«La cultura es parte de la salud» es su lema y la radio es, para “Desate”, un puente entre el hospital y la comunidad. «De todas formas, tenemos objetivos intrainstitucionales y extrainstitucionales. Los primeros son generar, desde un dispositivo de encierro, lazos sociales y de afectividad. Pero también, hemos logrado, al hacer radio, el recibimiento del Ministerio de Trabajo de la Nación para que las locutoras generen sus ingresos y, así, su autonomía», asevera la coordinadora Maltz.
El plantel de “Desate” ha variado con el tiempo. Hoy está integrado por Claudia Rodríguez, Claudia Sosa Prado, Elena Torres y Silvia Pérez como equipo estable. A ellas se suman otras mujeres internadas y externadas que paraticipan con asiduidad, y también colaboradores técnicos.
«Para nosotras es la realización de un sueño. Siempre, y cada una con su particularidad, quisimos hacer radio en algún momento de nuestras vidas. Pero ´Desate´ nos permite sentirnos escuchadas y valoradas. Nuestras expresiones, ocurrencias, críticas y conocimientos, mediante la radio, llegan a mucha gente», concuerdan, en una ronda.
Sus contenidos, hechos a base de debate y esmero, se trabajan tres veces por semana. La rutina comienza el martes, cuando aportan sus ideas y conversan temas de actualidad que ameritan notoriedad; los miércoles se graban los podcasts que serán editados y difundidos por radios de notorio alcance; y los jueves empiezan a delinearse los contenidos a producir en la semana próxima.
Actualmente, las “Desate” producen podcasts para los programas “Cheque en blanco” en Radio FutuRock (sábados a las 9) y “Las Voces de Aquelarre” en Radio Hache (viernes a las 19), así como también generan contenido que se emite en Radio Colmena cuatro veces a la semana (lunes 20:55, martes y viernes 12:55, y jueves 18:55). Algunos de sus podcasts -y otros contenidos- están disponibles en SoundCloud (soundcloud.com/Desate) y YouTube (Desate Canal). Las “Desate” desamarran voz para trabajar la palabra hacia la comunidad.
Cientos de vecinos del barrio de San Telmo se convocaron en las puertas del Supermercado Coto, ubicado en Brasil y Perú, a través de las redes sociales. El llamamiento buscaba repudiar la violencia ejercida por el personal de seguridad de la sucursal, que terminó con la vida de Vicente Ferrer, un hombre de 68 años que se había llevado un trozo de queso, una botella de aceite y un chocolate sin pagar.
Mientras los vecinos encendían velas sobre la puerta del local, intimidaban los patrulleros estacionados en la ochava con las luces encendidas, las decenas de policías apostados sobre la otra esquina y otros que custodiaban a cada lado de las puertas del local. Entre cánticos y palmas, los autoconvocados llevaban pancartas artesanales con inscripciones que gritaban “Coto asesino”, “Nuestros viejos y niños con hambre por culpa de un Estado ausente”, “Coto, yo te conozco”.
El enojo y la bronca se contagiaba de boca en boca. “Robar para comer no es delito” decía una mujer con la vena hinchada.
Una señora mayor muy enojada, que apenas superaba el metro cincuenta de estatura, vociferaba: “Esto pasa muy seguido, por portación de cara, esto es una política de hambre, quieren que les temas, que una les tenga miedo, era un viejito. Tampoco era un pecado tan grande. Y esa gente que miraba cómo le pegaban, cómo lo mataban, ninguno tuvo ni un poquito de corazón. ¿Qué clase de policías reclutan? Elijen asesinos, malvados. Por favor basta, basta” mientras se iba yendo.
Alejandro Amor, de la Defensoría del Pueblo le dijo a ANCCOM que a partir del día de mañana se presentaran como querellantes contra las personas responsables de este homicidio y toda la cadena de responsabilidades y “quienes sean responsables que paguen, porque esto no es una actitud circunstancial. Las autoridades de la empresa tienen que salir y dar la cara, estamos hablando de un homicidio”.
A un costado, tres vecinas hablaban entre ellas sobre la manera de organizar un boicot al supermercado y otra se mostraba escéptica: “¿Cómo hacés si te pone un 2X1? Con la necesidad que hay, cómo le decís a la gente que no les compre”.
Alberto, el panadero de la Nueva San Telmo, contaba que todo el tiempo pasa gente pidiendo para comer: “Entendemos la situación que estamos pasando todos, nosotros mismos no llegamos a fin de mes. Nunca pensé en llegar a este extremo. Pasó todo muy rápido, cuando salí de mi negocio, ya estaba el tumulto de gente en la esquina”.
Ana Laura, vive a la vuelta y compraba en esta sucursal bastante seguido: “Me parece terrible que hayan matado a una persona por un aceite y un queso, no tenés por qué matarlo, es una locura”, dice indignada y confiesa que es la primera vez que viene a una manifestación.
Dos empleados del supermercado están detenidos y acusados por el homicidio de Ferrer. La justicia confirmó que su muerte se produjo como consecuencia de “un traumatismo craneoencefálico” que le provocó un derrame cerebral. “Basta de naturalizar la violencia” decían los carteles que portaban los manifestantes.
El pasado sábado 22 de junio, un hito histórico podría haber tenido lugar: tras 16 años, el Hotel Bauen tenía previsto reabrir las puertas de su sala de teatro con la presentación de la obra Yo, Feuerbarch, protagonizada por Manuel Callau y Francisco González Gil. Sin embargo, a horas del estreno, volvió a ser acorralado por la amenaza de desalojo. Este viernes vencerá el plazo que el Juzgado Nacional Comercial N° 9 le otorgó para llegar a un acuerdo con la empresa Mercoteles, que reclama la propiedad del inmueble. “Es una situación muy compleja e incierta”, revela Federico Tonarelli, vicepresidente de la cooperativa de trabajadores que gestiona el hotel.
Desde hace 15 años, el Bauen atraviesa una conflictiva situación. Luego de la quiebra declarada en el 2001, el emblemático edificio ubicado en la Avenida Callao fue recuperado por sus trabajadores, pero el litigio con los anteriores dueños nunca logró resolverse. Hasta el día de hoy, el espacio funciona de manera autogestiva como una coordinación de cooperativas: allí se albergan la redacción de las revistas Cítrica y La Garganta Poderosa, el colectivo teatral El Descubridor y un almacén del Movimiento Popular La Dignidad. Junto con la del hotel, estas cinco organizaciones suman 200 personas a cargo de distintas tareas.
Luego de reiterados pasos por la Cámara de Apelaciones y por la Corte Suprema, en el 2016 se logró sancionar la ley 27.344, la cual establecía la expropiación del establecimiento a favor de la cooperativa. La medida podría haber solucionado la situación, pero a fines de ese año el presidente Mauricio Macri decidió vetarla mediante el Decreto 1302/2016. “Eso retrotrajo la causa judicial nuevamente a foja cero, y nos volvió a dejar en situación de desalojo”, recuerda Tonarelli.
Si bien hubo nuevos intentos para revertir este panorama, la Corte rechazó el último recurso extraordinario que se presentó en diciembre del año pasado, por lo cual la propiedad y el empleo de los trabajadores están en peligro. La semana pasada, la jueza María Paula Hualde los convocó a una audiencia para comunicarle que, en el lapso de siete días hábiles, debían intentar llegar a un acuerdo con la vieja patronal. Esto implicaría que la cooperativa abandone el edificio a cambio de un resarcimiento económico. “Ellos tendrían que pagarnos una suma millonaria que no están dispuestos a ofrecer, por lo cual va a ser prácticamente imposible”, aclara el vicepresidente.
Una vez finalizado el plazo, que vence las primeras dos horas de este viernes 5, se podrá proceder al desalojo mediante una notificación previa, pero no está claro cuál será el camino a seguir: “A ciencia cierta, nadie sabe qué haría la jueza una vez que se venza este plazo; si nos daría 48 horas, si esperaría a que pasen las elecciones para ver el panorama general –dice Tonarelli-. Veremos cómo reacciona el juzgado”.
Por lo pronto, desde la gestión actual del Bauen se presentó una petición en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, explicando que el veto de Macri cercena el derecho al trabajo de quienes ponen el cuerpo e invierten en el hotel hace más de una década. Además, presentaron un nuevo proyecto de ley en el Congreso, “un calco de aquél que se aprobó en 2016”, señala Tonarelli, pero al ser este un año electoral, la coyuntura nacional no los favorece.
Frente a la tensión y la incertidumbre, los trabajadores también lanzaron una campaña en sus redes sociales, “Todxs por el BAUEN”, que busca visibilizar la situación actual para masificar el apoyo. En uno de los videos institucionales publicados, la presidenta Eva Lossada arenga a sus compañeros y al resto de la población a seguir defendiendo la propiedad del inmueble: “Es una gran familia esto de las cooperativas. Si nosotros no nos sostenemos, no nos sostiene nada, entonces tenemos que seguir adelante y luchar por esto que es algo digno. Como se dice, ‘lucha, cultura y trabajo’”.
