La poli arriba del bondi

La poli arriba del bondi

 

Durante las últimas semanas se realizaron requisas policiales dentro de los colectivos en las zonas de La Plata, Berisso y Ensenada, luego de que la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) se manifestara por la muerte del colectivero Carlos Sánchez de la línea 514 en Claypole, quien recibió un disparo proveniente de un tiroteo que sucedía en la calle. El Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) y los Abogados por la Justicia Social (AJUS) presentaron un Hábeas Corpus, en el que se expresa que estas requisas constituyen una conducta amenazante para la libertad ambulatoria por lo que se requiere un informe para saber si la medida partió desde la Municipalidad o desde el Ministerio de Seguridad. Además solicita al juez interviniente que ordene a las autoridades policiales, municipales y del Ministerio el cese de estas conductas.

El abogado Emanuel Lovelli, integrante de Abogados por la Justicia Social, en diálogo con ANCCOM, explicó que el Hábeas Corpus se presentó porque los operativos policiales dentro de los colectivos remiten a una persecución social, ya que en muchos casos no hay una ocasión que los amerite, sino que se producen de manera selectiva y estigmatizada a varones de entre 15 y 50 años pertenecientes a sector sociales de bajos recursos económicos. «Se baja a las personas de los colectivos, se les revisa sus pertenencias, no se respeta el derecho a la privacidad e intimidad. Estos operativos están fuera de lugar porque surgieron como única medida, a partir de un pedido de un sindicato, la UTA. El Ministerio tiene que tomar medidas con los delitos de inseguridad ciudadana pero no de esta manera, ya que esto únicamente recae en quienes menos  recursos tienen. Hay otras medidas que se pueden llevar a cabo. Pareciera ser un mero control social», explicó Lovelli. El Hábeas Corpus se enmarca en el artículo 20, inciso 1º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que establece: «Toda persona que de modo actual o inminente, sufra en forma ilegal o arbitraria, cualquier tipo de restricción o amenaza en su libertad personal, podrá ejercer la garantía de Hábeas Corpus recurriendo ante cualquier juez». También en el artículo 405 del Código Procesal Penal de la Provincia indica: «La petición de Hábeas Corpus procederá contra toda acción u omisión que, directa o indirectamente, de modo actual o inminente, en forma ilegal o arbitraria, causare cualquier tipo de restricción o amenaza a la libertad personal».

Dentro de los pedidos de seguridad a partir de la muerte de Carlos Sánchez, el gremio de los colectiveros le marcó al Ministerio los lugares que considera más peligrosos de las zonas por las que transitan. ANCCOM dialogó con Marcelo Pereyra, autor del libro La irrupción del delito en la vida cotidiana junto a Stella Martini, sobre cómo se construyen los territorios inseguros. El académico explicó que en las estadísticas aparece que los delitos a la propiedad son producidos en mayor medida en determinadas zonas, lo que hace que se produzcan estereotipos. «Se hace creer que personas de determinadas zonas de clase social son los únicos que delinquen. Se culpabiliza a la clase baja de los problemas de delito, entonces cuando hay delitos dentro de la clase alta se produce escozor, porque son lugares que se suponen seguros», reflexionó el licenciado. Además explicó que actualmente en la sociedad se cree que el origen del delito es por falta de prevención y por castigos leves. A partir de esa concepción se piden penas más duras, y más cárceles, y esto lleva a que se naturalice este tipo de discurso. «Los controles son necesarios, hoy en día los conflictos son cada vez peores, hay miedo. Además, la sociedad lo pide. Pero hay casos que son para las cámaras, para mostrar que se está haciendo algo y dejar a la gente contenta. Ni los medios, ni los políticos ven el problema engarzado en la estructura económica. No ven al delito como conflicto social, no lo quieren reconocer porque sería admitir que ellos forman parte de un sistema que produce desigualdades económicas», sentenció Pereyra.

Mercedes Calzado, autora del libro Inseguros, explicó a ANCCOM que las noticias policiales habilitan la mano dura ya que muestran una espectacularización de la pobreza, y construyen como único futuro cierto para un joven de clase social baja el ‘salir a matar’. Ante esto aparece un Estado que tiene que salir a atacar de manera represiva. La autora, además, explicó que es difícil plantear ‘lo que busca la gente’, porque hay sectores muy diversos: quienes acuerdan con la intervención policial, quienes no, y quienes piden políticas educativas, el sector más interesante de análisis según Calzado. «Hace unos años, las noticias policiales en los medios parecían planteadas como un discurso opositor. Intentaban criticar al Gobierno como inoperante frente a estos casos. Distinto a lo que se pensó, hoy el Gobierno es de otro color político, y no desapareció en los medios el tema de la inseguridad. Esto da cuenta de una manera de los medios de posicionarse frente a estos hechos», concluyó la autora.

 

Actualizada 02/08/2017

Minería a lucro abierto

Minería a lucro abierto

El Acuerdo Federal Minero que se firmará el martes próximo entre el gobierno y las provincias tiene como finalidad fomentar el desarrollo de esa actividad e incentivar el aumento de inversiones en el área, según el oficialismo. En sus puntos principales propone el uso compartido de recursos naturales entre el sector minero y el agroindustrial, promueve la incorporación de la temática minera en las currículas escolares y fija tope de regalías a las provincias. El pacto es fuertemente cuestionado por todo tipo de organizaciones sociales, que denuncian que, de implementarse, refuerza un modelo extractivista, sin participación social ni claridad en el respeto a cuestiones medioambientales. Además, el documento propone que se adapten los planes de estudio para que se dé una visión más “amigable” de la actividad.

Las entidades que rechazan el acuerdo elaboraron un comunicado en conjunto que hicieron circular en páginas web y redes sociales en busca de concientización y apoyo popular. Entre los firmantes se encuentran ONG ambientalistas como Greenpeace y Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y asambleas comunitarias de diferentes provincias.

“El acuerdo propone la consolidación de un modelo minero de enclave y netamente extractivista. Un modelo ideado y gestado en la década de los noventa, sostenido en la primera década del siglo XXI y profundizado en esta gestión a costa de la naturaleza, los territorios y los derechos de las comunidades locales”, dice en una de sus partes el comunicado.

El nuevo Acuerdo Federal Minero, que fue redactado durante una serie de reuniones realizadas entre autoridades del Ministerio de Energía y Minería, representantes de las provincias mineras, cámaras empresariales y sindicatos, deberá ser firmado por los gobernadores provinciales para luego ser remitido al Congreso nacional y a las legislaturas provinciales. Con su firma, el gobierno busca potenciar el desarrollo de la actividad minera y atraer nuevas inversiones, fijando lineamientos –según dice- que rijan la actividad de forma homogénea en todas la provincias.

Pía Marchegiani, directora de participación de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), afirmó: “El Acuerdo toma los temas que están en la agenda del sector minero, incluye los temas centrales, pero los toma al revés de la demanda social”.

En tanto, Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalitas (AAdeAA), destacó: “Es un acuerdo redactado por las propias transnacionales mineras”. Y agregó: “Nos oponemos porque consolida un modelo minero obsoleto instalado en la década del noventa, un modelo colonial y retrógrado.”

Las asambleas comunitarias de distintas provincias que se oponen al acuerdo expresaron su disconformidad ante un modelo de minería que –consideran- prioriza la cuestión económica por sobre la ambiental y la social. Domingo Jofre, integrante de la Asamblea Jachal No se Toca, de la provincia de San Juan, sostuvo: “El nuevo Acuerdo Federal Minero de Macri y los gobernadores es una aberración, es una burla institucional, es la entrega de los recursos estratégicos no renovables al poder de las multinacionales.”

Las entidades resaltan que el acuerdo ignora la ley de prohibición de la minería que rige en diversas provincias y que no tiene en consideración el derecho a participar y decidir de las poblaciones locales que se verían afectadas por la implementación de futuros proyectos mineros. “Provincias que tienen leyes locales que prohíben la actividad minera a cielo abierto se ven ante la firma de este acuerdo como obligadas a recibir inversiones mineras para explotar en sus territorios. Esto implica un retroceso ambiental grave en cuanto a legislación”. señaló Gonzalo Strano, coordinador de Campañas de Glaciares de Greenpeace. “El Acuerdo –añadió da muy poca relevancia a la consulta popular, a las audiencias públicas, a los plebiscitos, cuestión que para Greenpeace es fundamental. Creemos que cada pueblo tiene derecho a elegir que tipo de ambiente quiere y que tipo de actividades productivas quiere desarrollar en ese ambiente”.

Los organismos coinciden en destacar el carácter  regresivo del acuerdo y los daños que produce la minería sobre las poblaciones locales. Enrique Viale recordó: “Nosotros venimos hace mucho tiempo hablando de cómo la gran minería no solo es sinónimo de degradación ambiental sino también de una gran degradación institucional y de un gran trastrocamiento económico, se desplazan economías regionales, se compite con los recursos,- Donde hay gran minería, hay pobreza y esa es un poco la historia de Argentina.”

 Por su parte, Strano, de Greenpeace, subrayó: “Se viene a consolidar un modelo claramente extraccionista donde importa muy poco la opinión de los pueblos, donde se beneficia a la empresas mineras permitiendo que avancen sin ningún tipo de control principalmente en relación al cuidado del medio ambiente.”

Otro de los puntos más preocupantes y objetados por las organizaciones es la incorporación, promovida por el Acuerdo, de contenidos en la currícula escolar que fomenten los beneficios del desarrollo de actividades mineras. En el comunicado, las organizaciones remarcaron que “la intervención en la currícula escolar en las provincias con potencial minero, que pretende promocionar ‘las virtudes’ de este tipo de actividad, va en contra de los paradigmas educativos actuales que buscan fomentar en los niños y jóvenes visiones críticas e integrales de los problemas ambientales. Lo importante no es solamente conocer los recursos minerales existentes sino comprender los riesgos asociados a la forma de extraerlos, y discutir si son riesgos que se quiere asumir como sociedad”.

Sobre este tema, Pía Marchegiani de FARN, explicó: “El Acuerdo incita a que todos los programas de educación incorporen elementos geológicos, que se expliquen cuales son los recursos, cuál es su valor económico. El paradigma ambiental habla, en realidad, de desarrollar un pensamiento crítico. La gente tiene que saber el valor de la minería y tiene que saber también los impactos que genera”.

Las organizaciones expresaron su rechazo al Acuerdo y piden apoyo a la ciudadanía. “Acompañamos las luchas que hay y acompañamos a las distintas provincias. Creemos que no puede firmarse este acuerdo, que nosotros resistiremos”, afirmó Enrique Viale. “Desde Asamblea Jáchal No Se Toca pedimos que la sociedad toda rechace tajante e inapelablemente esta muestra de complicidad ante el saqueo, la contaminación y la corrupción que genera la megaminería”, concluyó Jofre.

Actualizada 07/06/2017

Un blanquito racista ante el Inadi

Un blanquito racista ante el Inadi

 “Soy blanquito, gracias a Dios no tengo sangre mapuche ni tehuelche”. La definición es de Ricardo Parisi, concejal por Cambiemos en la ciudad de Esquel, quien insultó y discriminó a la presidenta del Consejo Municipal de la Mujer, Graciela Avilés, y a manifestantes del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel (SOEME), a quienes les dijo “negros de mierda”. El martes a la mañana, en una entrevista con una radio local, el concejal ratificó sus dichos y aseguró que no se arrepiente de nada. “Qué sé yo si es discriminatorio: yo nací y me crié en este pueblo, me crié con la mayoría de la raza de ella”, dijo Parisi en referencia a Avilés.

 El conflicto comenzó el miércoles pasado, mientras en el Concejo Deliberante local se trataba una ordenanza municipal con la que el SOEME no estaba de acuerdo. En diálogo con ANCCOM, el concejal por el Frente para la Victoria Oscar Cheuque, presente en ese momento en el recinto, explicó que esa ordenanza “pretendía dar un plus a un sector de los empleados municipales por fuera del ámbito paritario. La gente del sindicato consideró que esta actitud trataba de desprestigiar y desconocer al gremio, por eso se encontraban manifestando fuera del recinto”, agregó.

 “Nosotros habíamos presentado una propuesta de modificación de la ordenanza –dijo en conversación con este medio Avilés, que también estaba en el recinto-. En un momento el concejal Parisi, que estaba sentado al lado mío en la última fila, se dio vuelta y a través del vidrio les gritó ‘negros de mierda’ a la gente que se estaba manifestando”. Cuenta Avilés que cuando le pidió silencio a Parisi, para poder escuchar a los demás concejales, éste reaccionó: “Se enojó y me dijo: ‘Cállese usted, que también es una negra. Yo soy blanquito, gracias a Dios no tengo sangre mapuche ni tehuelche’”.

 En virtud de estos insultos, la presidenta del Consejo Municipal de la Mujer denunció al concejal de Cambiemos ante la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Derechos Humanos de Chubut y el Instituto Nacional contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo (INADI), por «discriminación, racismo y xenofobia». Cuando ayer, en la entrevista radial citada, le preguntaron por la denuncia, dijo: “No he escuchado nada. Lo único, como te dije, que me sacó una foto con el celular, porque son tan pobres que tienen celulares de mucha plata». Cuando le preguntaron por qué había insultado a los manifestantes, Parisi expresó: «De afuera uno gritaba que (Jorge) Junyent -presidente del Concejo Deliberante- era un coimero, un chorro. Entonces yo golpeé el vidrio y le dije: ‘Mirá, pará, que vos sos un negro de mierda’. Me salió de adentro». Durante la misma entrevista el conductor del programa le preguntó si iba a disculparse: “Yo disculpas le pido a una persona que es educada», respondió

 “Me pone muy triste lo que ocurrió, no puedo creer que todavía existan personas que tengan esta mentalidad –dijo a ANCCOM el concejal Cheuque-. Yo tengo sangre Mapuche y estoy orgulloso de la sangre que corre por mis venas, como así también lo deben estar seguramente otras personas, vecinos de Esquel, habitantes de nuestro país o Latinoamérica, de tener la sangre que tienen».

 Los dichos polémicos de dirigentes de Cambiemos de Esquel no son novedad. El el último acto por la Memoria, la Verdad y la Justicia, Jorge Junyent, el presidente del Concejo Deliberante de Esquel y del Bloque Cambiemos, durante su discurso expresó que «la madurez debería permitirnos rendir homenaje también a las víctimas del proceder de las organizaciones subversivas, que asolaron el país en aquellos años». En cuanto a este discurso, opinó Graciela Avilés: “Avala la Teoría de los Dos Demonios y en ningún momento se retractó, por lo tanto sabemos que es el pensamiento de ellos».  Cheuque, por su parte, también se manifestó en contra de las declaraciones del presidente del Concejo: “En nombre del gobierno municipal, Junyent dio un discurso, el 24 de marzo pasado, en el que no reconoce que en el país hubo un terrorismo de Estado –dijo-. A eso se suman ahora los dichos racistas del concejal Parisi. El ejecutivo local, por otra parte, desconoce totalmente la representación de los trabajadores municipales. Lo único que generan es preocupación entre nosotros y división entre los ciudadanos”.

Actualizado 19/04/2017

La libertad de expresión no es chiste

La libertad de expresión no es chiste

La Justicia falló por segunda vez contra la revista Barcelona, instándola a pagarle 70 mil pesos a Cecilia Pando, la activista que defiende a los genocidas de la última dictadura. La mujer, esposa del Mayor (re) Pedro Rafael Mercado, acusó a la publicación de haber afectado su honor. El fallo, tildado de arbitrario por diversas instituciones, abogados y especialistas en comunicación, pone un límite peligroso a la libertad de expresión.

La causa se origina cuando en agosto de 2010 la revista publicó en una contratapa una foto trucada de Pando que la mostraba desnuda y atada, en obvia y satírica referencia a las mujeres que, lideradas por ella, se encadenaron al Edificio Libertador para pedir la libertad de los militares condenados por delitos de lesa humanidad.

Mariano Lucano, diseñador gráfico, ilustrador y director de la revista, muestra su preocupación: “Estoy realmente anonadado. A lo mejor este fallo no es otra cosa que un ejemplo de humor absurdo. Tantas veces he dicho que la revista hace periodismo lisérgico, y quizás ahora estemos bebiendo un poco de nuestras propias drogas.” Y agrega, ya más serio: “Se debe llevar este caso hasta las últimas consecuencias, ya que lo que está en juego es, además de la continuidad de la publicación, la libertad de prensa.”

 De hecho, la sentencia en segunda instancia dictada por la Sala D de la Cámara Civil de Apelaciones, aumenta en 30 mil pesos el monto indemnizatorio fijado en el fallo anterior. “70Setenta lucas para un medio grande no es nada, pero para un medio autogestionado es la quiebra”, comenta  Pablo Marchetti, ex director de Barcelona y editor responsable en el momento en que se publicó la contratapa en cuestión. Y defiende el estilo de la revista: “Una cosa del fallo que me llama muchísimo la atención es lo del exceso de ironía. ¿Cómo se mide eso? Siempre me preguntan si hay un límite para el humor y ahora, con este fallo, parece que sí. Es un precedente de mierda, muy muy jodido”.

Andrés López Cabello, abogado miembro del equipo de litigio y defensa legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), pone el foco en la autocensura que puede suceder a este tipo de decisiones judiciales: “Es un precedente preocupante y un retroceso en materia de libertad de expresión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Suprema han dictaminado que las sanciones civiles tienen un efecto inhibitorio igual o más fuerte que las sanciones penales”. Y continúa con su explicación: “Puede llevar a que los periodistas como personas naturales y las revistas como personas jurídicas se autolimiten y autocensuren al momento de tocar determinado tema o hacer una sátira”.  Sobre este punto, Fernando Sánchez, periodista y co-fundador de Barcelona aclara: “No podemos autocensurarnos, este es el laburo nuestro. Si vamos a pensar dos veces antes de hacer una parodia, no hacemos más la revista y listo”. 

López Cabello, además, critica el fallo de la Cámara: “Carece de una fundamentación sólida, por un lado, de la razonabilidad de la condena, y por otro, de la existencia del daño.”

Sobre esta arbitrariedad del fallo también opina Martín Becerra , Doctor en Ciencias de la Información e investigador del CONICET, quien afirma que los jueces de cámara Patricia Barbieri, Osvaldo Onofre Álvarez y Ana María Brilla de Serrat no comprenden la importancia decisiva que tiene la regulación en materia de libertad de expresión. “Esta cámara es muy ignorante, y no lo digo peyorativamente sino en términos descriptivos. Han sido muy poco atentos a esta tradición que citan, y comentan fallos que van en contra de lo que resuelven”.

A su vez, Analía Eliades, abogada, periodista y especialista en Derecho a la Comunicación, sostiene que por sus múltiples contradicciones el fallo contra Barcelona tiene vicios de sentencia arbitraria, y que la revista puede buscar allí un fundamento para que sea revertido en el Tribunal Superior. Muchos de los fallos citados en la sentencia, por otra parte, son de la década de 1990, cuando existía una Corte Suprema de Justicia muy cercana al presidente Menem. Y, según comenta López Cabello, “son fallos que luego terminaron en la CIDH por violaciones a la libertad de expresión. Un ejemplo es el caso de  Fontevecchia que aparece allí, y terminó con una condena durísima contra la Argentina”.

 El CELS, según López Cabello, mira el caso muy de cerca y eventualmente participará como amicus curiae. “Si bien la Corte tiene mucha jurisprudencia sobre libertad de expresión, sobre los límites de la parodia política tiene muy poco, y eso puede ser muy importante”, advierte el abogado.

 Otro organismo que expresó su preocupación respecto del tema es la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que emitió un comunicado luego de conocida la sentencia. Andrés D’Alessandro, su Director Ejecutivo, opina que es un fallo de características preocupantes, ya que deja jurisprudencia y afecta la continuidad de un medio de comunicación. “Analizamos el fallo y vimos que se contradice. Barcelona tiene otro tipo de vinculación con la realidad, que es a partir de la parodia, pero es periodismo”.   

Autoridades de la revista informaron a ANCCOM que el martes último se presentó una nueva apelación a la Cámara Civil, y de no ser aceptada, se presentará un recurso de queja para poder elevar el caso a la Corte Suprema de Justicia.  

Actualizado 12/04/2017