Presentan un proyecto para legislar el negacionismo

Presentan un proyecto para legislar el negacionismo

Este martes se hará pública una iniciativa de Ley Integral contra el Negacionismo que busca combatir los discursos de odio y la apología de los crímenes de lesa humanidad. El debate sobre el punitivismo y qué pasa cuando son los funcionarios públicos quienes banalizan un genocidio.

La reciente proliferación del discurso negacionista respecto a lo ocurrido durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina preocupa a parte de la sociedad que creía saldada la discusión acerca de los crímenes cometido en el marco del terrorismo de Estado, delitos de lesa humanidad que vienen siendo juzgados y sancionados por la justicia nacional e internacional, desde hace más de 20 años. 

Los organismos de Derechos Humanos ven con preocupación expresiones negacionistas y apologistas del terrorismo de Estado, como también los discursos y acciones de odio, que proliferaron en los últimos tiempos. En ese contexto, el próximo martes 7 de noviembre presentarán un proyecto de Ley Integral contra el Negacionismo que busca combatirlo “a través de la educación, previniéndolo y erradicando los discursos de odio, poniéndole un límite a quienes respaldan el negacionismo como la etapa final del genocidio y defendiendo la democracia que tanto nos costó conseguir y nos cuesta defender”. Carlos Charly Pisoni., referente de H.I.J.O.S Regional Capital y uno de los impulsores del proyecto, explicó: “A partir de comenzar a estudiar y a entender los negacionismos en el mundo, pudimos redactar un proyecto de ley que tiene una base en la educación con derechos humanos, cuyo objetivo es que todos sepamos lo que se vivió en este mundo y que no vuelva a ocurrir, ese es el principal objetivo referido a los crímenes contra la humanidad”.

ANCCOM conversó con investigadores, historiadores y docentes en genocidios para reflexionar sobre cómo frenar esta ola de expresiones que incitan al odio y la negación de crímenes de Estado.

Una posible respuesta se encuentra en el ámbito legislativo; promulgar una ley contra el negacionismo, como proponen algunas organizaciones de derechos humanos. Este es el camino que han tomado países como Alemania, Francia, Austria y Suiza, que cuentan con leyes que penalizan la negación y/o la apología de crímenes de lesa humanidad perpetrados por el nazismo. Actualmente, en Argentina hay tres proyectos de ley que plantean sanciones similares: lapso mínimo de prisión, multas y, en el caso de funcionarios públicos, inhabilitación para ocupar cargos públicos por cierto tiempo. Algunos hablan de establecer una capacitación sobre genocidio y delitos de lesa humanidad obligatoria para funcionarios públicos que ejerzan como máximas autoridades de los tres poderes o que resulten sancionados por la misma ley.

Héctor Shalom, director ejecutivo del Centro Ana Frank, expresó que, en lo que concierne a funcionarios públicos y comunicadores, “el negacionismo en la voz de personas con incidencia en la opinión pública orientadas a la construcción de violencia, a la incitación a la violencia, al odio, a la apología del odio y de la violencia, debe ser sancionada”. Shalom marcó una distinción entre las personas que generan este tipo de discursos y las personas “que lo replican acríticamente”, por lo que también se diferencian las maneras de contrarrestar el negacionismo. Considerando al negacionismo como discurso de odio, y que como tal está fuera de lo que comprende la libertad de expresión, Shalom dijo que, en el caso de los que expresan estos dichos, “el discurso del odio es un acto fáctico que debe tener una respuesta fáctica de sanción” y que no sancionar estos discursos es dar “un mensaje al sujeto y a todos los demás que observan el accionar de ese sujeto”. También señaló que “paralelamente debe haber una estrategia educativa sobre qué significa el discurso de odio, qué significa el negacionismo, la distorsión, la banalización, qué implicancias tiene, qué consecuencias genera”.

Por otro lado, Marcelo Musante, sociólogo y docente que forma parte de la Red de Investigadores sobre Genocidio y Política Indígena en Argentina, no parece estar tan seguro de que una ley contra el negacionismo sea el camino y opinó que una consecuencia de promulgar una ley de este estilo sería darle a la gente que promueve discursos negacionistas “espacio para que se victimice, y que termine yendo a los programas de televisión, organizando marchas al respecto”, pero que “quizás en lo que tiene que ver con los discursos de los funcionarios, uno podría llegar a pensar algo que vaya en ese sentido”. 

Jonathan Karszenbaum, politólogo, docente y director ejecutivo del Museo del Holocausto de Buenos Aires, en el mismo sentido que Musante, expresó que «evaluaría si después de cinco, diez años, el efecto de la ley fue que se multiplicaran los recursos negacionistas y las sanciones negacionistas» y afirmó: “No creo que sea efectivo, el punitivismo al negacionismo en general. Sí me parece interesante cuando se trata de funcionarios públicos, y con sanciones, como multas o de prohibición o restricción en la función pública, y tal vez no con penas de cárcel. Porque el funcionario público sí debe reconocerse parte de un Estado con una trayectoria, con una historia y con sus propios reconocimientos”. Quien también coincide con la idea de una ley que no sea punitivista es Alex Hadjian, director de comunicación del Centro Armenio de Argentina, quien señaló que él estaría más a favor de que se tomen medidas como que “no se pueda estar en un cargo público y tener discursos negacionistas. Debe formarse a esa persona que expresa públicamente discursos negacionistas en relación al crimen de lesa humanidad sobre los que se manifestó. No simplemente sancionar a esta persona y que siga pensando igual, que entienda el error que está cometiendo. Me parece tocarlo desde ese sentido”.

En general, los consultados coincidieron en la importancia que tiene la educación a la hora de contrarrestar el negacionismo, tanto como complementando las sanciones a las que daría lugar una ley, como herramienta principal que tendría una ley más pedagógica. El doctor en historia e investigador del Conicet Mariano Nagy explicó: “Las personas más jóvenes no vivieron en dictadura, más de la mitad de la población no vivió la dictadura y le queda lejanísimo” y, por eso, subrayó la importancia de las políticas educativas y la necesidad de seguir generando material pedagógico sobre la última dictadura cívico-militar para acercar a las nuevas generaciones a ese período, ya que la escuela suele ser el ámbito en el que hablan sobre la dictadura por primera vez. Musante coincidió en esto último y planteó que “si queremos avanzar contra estos discursos negacionistas y de odio, se construye con la memoria, con más trabajos en las currículas escolares, con más exposición pública”. Y agregó: “Pero no imagino que una ley lo resuelva”. Karszenbaum también coincidió en que “La alternativa siempre es el camino educativo. El museo es una propuesta y se percibe así, entiendo que toda la tarea que hacen en los sitios de memoria en la Argentina también tiene esa impronta”. Aunque agregó: “La amenaza del discurso negacionista está y es verdad que no se soluciona con una visita al museo”. Aunque duda sobre la eficacia de una ley, sostuvo que prefiere que haya una ley a que no la haya.

Otro punto abordado fue qué genocidios debería abarcar una ley contra el negacionismo. Para Héctor Shalom es sumamente importante que la ley “debe involucrar a los procesos de negación, distorsión y banalización de la dictadura cívico militar más aquellos genocidios, crímenes de lesa humanidad o manifestaciones masivas de discriminación que atraviesan diferentes minorías”. Alex Hadjian también expresó que este punto le “parece sumamente importante ampliarlo y generalizarlo hacia todos los crímenes de lesa humanidad”. Por su parte, Mariano Nagy expresó que “el tema de que incluya procesos locales es fundamental”, refiriéndose a que la ley trate también sobre los genocidios sufridos por los pueblos originarios.

En este sentido, el historiador Marcelo Musante destacó la importancia del abordaje comparativo de los genocidios: “Si uno puede trabajar en los distintos genocidios, como el armenio, como la Shoá, me parece que también nos puede servir. Uno cuando analiza las masacres de Napalpí y de la Bomba, por pensar en dos procesos judiciales que tienen sentencia de crimen de lesa humanidad en el marco de genocidio, ambas masacres, por ejemplo, tienen cosas muy distintas, perotambién muy similares. El modo en el que la prensa fue construyendo con anterioridad a la masacre la idea de la peligrosidad del indígena, cómo todos esos discursos mediáticos habilitaron efectivamente la represión, y cómo después esos discursos mediáticos la invisibilizaron y la negaron, y que son discursos que podemos ver en lo ocurrido ahora con Rafael Nahuel o cuando fue la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado en el lof en Resistencia de Cuyá. Entonces, me parece que estudiar los genocidios en claves comparativas nos pueden permitir también empezar a ver cuando hay ciertas cosas que empiezan a repetirse”.

En ese sentido, Carlos “Charly” Pisoni, explicó que el proyecto de ley contra el negacionismo que se presentará mañana busca “tipificar el negacionismo en el Código Penal, que esa tipificación sancione a los funcionarios públicos que nieguen, relativicen, minimicen los crímenes de lesa humanidad reconocidos por el Estado Argentino, y que la pena sea la inhabilitación en el cargo de seis meses a cuatro años”. Y aclaró que el proyecto “busca la educación en derechos humanos dándole al INADI la funcionalidad de poder trabajar el tema en sus misiones y funciones. Que se implemente una ley de capacitación obligatoria para todos los funcionarios del Estado, como la Ley Micaela”, ejemplificó. Y destacó la amplitud del proyecto: “No es una iniciativa solamente de organismos de derechos humanos, sino que al implicar los negacionismos de todos los crímenes de lesa humanidad reconocidos por el Estado es un proyecto muchísimo más amplio”.

Argentina le abre la puerta a los venezolanos pero no les da trabajo

Argentina le abre la puerta a los venezolanos pero no les da trabajo

José Díaz es un venezolano que llegó a Argentina el 11 de marzo de 2018 con su esposa y su hija. José, como todo migrante, tiene la fecha de su partida marcada como la fecha de su nacimiento. Durante la entrevista la va a repetir varias veces porque migrar es como volver a nacer. “La principal razón para salir de Venezuela fue la situación política y económica que vive el país. Con mi familia estábamos buscando nuevos destinos, pero el deterioro nos obligó a adelantar esa salida”, comenta el ingeniero de 37 años.

José, su esposa y su hija son parte de los 60.687 venezolanos que pidieron residencia temporaria en Argentina en 2018. El número duplica a los 27.075 ciudadanos de ese país que se radicaron en 2017. La crisis venezolana ha expulsado a más de cuatro millones de ciudadanos, según estimaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), y 103.767 arribaron a Argentina entre 2015 y diciembre del año pasado. La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) confirmó que en enero de 2019 entraron 9.800 inmigrantes de esa nacionalidad.

“Hace tres, cuatro, cinco años llegaban con mayor poder adquisitivo, no quiere decir que llegaban a montar un negocio, sino para vivir estable un ‘tiempito’ mientras conseguían trabajo”, ilustra Yrina Morgado, una contadora especialista en el reclutamiento de profesionales calificados que arribó al país hace tres años y que ayuda a sus compatriotas (y personas de otras nacionalidades) a encontrar trabajo en Argentina.

Según un informe de la consultora Adecco, publicado el 15 de julio, el 63,17 por ciento de los inmigrantes venezolanos no ha conseguido trabajo estable o trabaja en negro. “Cuando llegue a Argentina, aquel 11 de marzo, empecé a buscar trabajo inmediatamente. Conseguí en la empresa Winland, pero no me contrataron como ingeniero sino como oficial electricista. El trabajo era netamente en negro: pago al día y no me reconocían seguro, obra social, ni indemnización”, cuenta José, ingeniero electricista de la Universidad de Oriente Núcleo Anzoátegui.

Oliver es Comunicador Social, trabajaba en Venezuela haciendo “edición y animación digital para un estudio de diseño” y es parte de la oleada de venezolanos que llegó en 2013. Ese año solamente radicaron su residencia 1.294 ciudadanos de ese país. “Un contacto trabajaba en un restaurante en Retiro. Ahí pude empezar como cadete a píe. Era completamente en negro, era un trabajo precario, pero la verdad no podría a aspirar a algo mejor porque no tenía DNI”, comenta Oliver sobre el primer trabajo que tuvo en Buenos Aires.

Para los venezolanos es relativamente fácil conseguir un primer empleo. De acuerdo con Adecco, el 35 por ciento lo obtiene en los primeros 90 días y un 30 por ciento demora de 3 a 6 meses. “Consiguen trabajo en kioskos, en call center, en servicios de limpieza, como niñeros o como acompañantes terapéuticos”, afirma Yrina. Lo difícil es conseguir un trabajo estable y relacionado con su profesión porque solamente el 4,49 por ciento lo logra a pesar de que 7 de cada 10 venezolanos, en edad de trabajar, son profesionales o técnicos.

“Apenas en septiembre de 2019 empecé a trabajar oficialmente en un área relacionada con mi carrera, luego de casi siete años en Argentina”, completa Oliver que actualmente está empleado en el área de marketing de una bodega mendocina. Por su parte José está trabajando para la firma Drei Servicios Eléctricos: “En este momento me estoy desempeñando como jefe de obra en la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de La Rioja. Empecé en Drei en febrero, casi un año después que llegue a Argentina”.

La situación de los extranjeros no difiere de los locales, porque siguiendo a Adecco solamente el 20 por ciento de los argentinos que tienen trabajo se desempeñan en un empleo relacionado con su profesión mientras que el otro 80 por ciento realiza otras tareas.

A pesar de que ACNUR tiene a Venezuela entre las 12 situaciones de emergencia migratoria, el gobierno macrista no tenía una política pública para insertar a los extranjeros. Existen organizaciones como la Asociación de Médicos Venezolanos en la Argentina (ASOMEVENAR) que agrupan a los extranjeros por profesión y han conseguido mejorar las condiciones laborales de sus compatriotas.

Fabián también es Ingeniero y consiguió su primer empleo en un supermercado. “Inicié trabajando para una franquicia de Supermercado Día, en donde el trato era fuerte y complejo porque estábamos sub-pagados: por las 8 horas de trabajo extenuante como repositor, te pagaban entre 8 y 10 mil pesos dependiendo lo que las dos dueñas de la tienda considerarán”, afirma.

“Ellas te comentaban de ponerte en blanco luego del mes de prueba, pero yo estuve trabajando ahí alrededor de cuatro meses, y en ningún momento hubo intención de hacerlo. Los horarios no eran estables, nunca se respetaron normas como el pago doble en feriado y los aguinaldos que me correspondían en el mes de diciembre (2018) tampoco me los pagaron. No teníamos posibilidades de reclamar, denunciar o tomar alguna acción legal en contra porque nos amenazaban que tenían contactos y sabían cómo era la movida laboral”, completa el entrevistado que prefirió resguardar su nombre por seguridad.

Las fuentes concuerdan en la positiva recepción de los locales y niegan que sean celosos por su llegada al país. “En Argentina hay un muy buen nivel profesional. Acá son poco celosos en ese tema”, comenta Oliver. “El venezolano siente apoyo, se siente valorado, sabe que hay oportunidades”, afirma Yrina. Pero lo cierto es que algunos empleadores se aprovechan de las condiciones de necesidad con la que llegan algunos inmigrantes.

Fabián continua: “Contrataban solo venezolanos porque sabemos las situaciones que estamos viviendo en Latinoamérica. La forma de tratar al resto de los trabajadores era bien fuerte, a mí nunca me agredieron, nunca me dijeron nada, pero a mis otros compañeros sí. Ellas intentaban que los encargados maltrataran al resto de los empleados. Esa es la realidad a la que se enfrentan los venezolanos”.

No existe ningún tipo de registro o estadística relacionada con las denuncias laborales que interponen los inmigrantes, pero ninguno de los entrevistados afirmó haber iniciado acciones en contra de sus empleadores a pesar de los atropellos y las precarias condiciones en las que estuvieron trabajando.

Yrina también ofrece asesoría legal en temas laborales y contextualiza esta realidad: “Al venezolano no le gusta demandar, no está en nuestra cultura, pero vienen y me dicen: ‘Mira, me echaron después de uno o dos años trabajando y no me tocó nada, no me dieron nada’, y resulta que acá hay una ley de trabajo. Al trabajo en negro también se le calcula la liquidación y le deben pagar lo que por ley le corresponde”.

Infraestructura escolar, a marzo

Infraestructura escolar, a marzo

Con techos que se caen en plena clase, irregularidades en las remodelaciones y nuevas aulas que no alcanzan –de tan pequeñas– para albergar a la matrícula, el escenario de las escuelas bonaerenses se presenta igual de accidentado que el año pasado. A casi ocho meses de la explosión en la Escuela N° 49 de Moreno, que causó la muerte de la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez, la desidia y la falta de respuesta de las autoridades siguen siendo las mismas.

Previo a la tragedia, en junio de 2018, había trascendido un escandaloso audio de WhatsApp del –por entonces– director de Infraestructura Escolar de la Provincia de Buenos Aires, Mateo Nicholson, dirigido a una colaboradora, donde el funcionario hablaba de inventar presupuestos y de inflar valores para las obras en las cocinas escolares, justo antes de una reunión con María Eugenia Vidal. Nicholson debió tomarse licencia y, más tarde, el 24 de agosto, renunció, tras ser denunciado por fraude en perjuicio de la administración pública por la senadora de Unidad Ciudadana María Teresa García. En medio de este bochorno, el  2 de agosto, una garrafa en mal estado terminó con las vidas de Sandra y Rubén. Dos meses después, la fiscal platense María Eugenia Di Lorenzo archivó la denuncia contra Nicholson por “falta de pruebas”.

Frente al abandono estatal, se formó la comisión “Familias por la Escuela Pública de Moreno”. En diálogo con ANCCOM, Gustavo Azas, miembro de la agrupación y  padre de dos alumnos de la Escuela N° 36 del Barrio La Victoria, comenta: “En septiembre ya querían abrir las escuelas como estaban, como las habían cerrado al momento de la explosión. A los días se detectó que en la mayoría de los establecimientos educativos de Moreno había fugas de gas y fallas edilicias así que por eso se suspendieron las clases. Y ahí nos pusimos al tanto de la paritaria docente que se había firmado en 2011, que incluía doce puntos de habitabilidad que empezamos a exigir que se cumplan a rajatabla”.

La escuela N49 de Moreno, un mes después de la explosión de 2018.

Ese mismo mes, la Provincia se comprometió a realizar obras en las escuelas y se creó un comité de emergencia para su seguimiento conformado por representantes de los gremios  ATE, SUTEBA, UDOGBA, padres, directivos y docentes. “Era algo inédito que las familias participen en la mesa de discusión de la educación pública –recuerda Azas–, cada referente exponía la situación de su zona. Seguimos durante  el verano todos los sábados por la tarde haciendo difusión, repartiendo folletos entre los vecinos para mostrar cómo estaba la situación de las escuelas de Moreno por la hermeticidad que había”.

“El año 2018 –prosigue Azas– terminó  sin clases en Moreno, salvo el jardín N° 60 y la secundaria N° 77 de la Perla que habían sido construidos en 2017. Los docentes se manejaron con continuidad pedagógica. Es decir, los chicos iban a buscar a las escuelas fotocopias una vez por semana y las completaban en sus casas. Ya que los chicos necesitaban contacto con los maestros para llevarlas a cabo, se dieron casos de clases en plazas o en los patios de los colegios que estaban en condiciones, ya que otros están en peligro de derrumbe”. La mayoría de los establecimientos morenenses comenzaron este mes el ciclo lectivo, aunque alrededor de 20 primarias permanecen cerradas.

Azas se refiere a la Escuela N° 36, a donde van sus hijos: “Se otorgó la habilitación por mail el domingo 10 de marzo. El lunes a la noche había llovido, entonces el martes cuando fuimos a la reunión para comenzar las clases detectamos filtraciones en el techo y los padres presentes firmamos un acta rechazando la habilitación hasta que se termine la obra. La empresa que estaba trabajando tenía solamente dos obreros, al otro día vinieron dos más, también para la secundaria N° 76 que está al lado, es el mismo edificio”. Hace poco se contrató a otra pero las deficiencias continúan. “Les pedimos que por favor refuercen las trabas en las puertas. El año pasado se instalaron seis ventiladores y se robaron tres. Los que quedaron los sacamos y los pusimos a resguardo. Han sustraído material didáctico, elementos de sonido, lo que encontraban a su paso”, se lamenta Azas.

Escenario repetido

El último 14 de marzo tres niños resultaron heridos en clase por la caída de mampostería en la Escuela Primaria N° 25 que comparte edificio con la Secundaria N° 33, en el barrio Los Cachorros, Del Viso, partido de Pilar. Fabián Domínguez, docente del establecimiento, relata: “Ese salón tenía ya una grieta hace rato, dentro de esa estructura que cayó había ladrillos. Son chicos de 6 años, estuvieron en observación, eran tres. A uno le lastimó el pie y los otros en la cabeza. A uno le dieron un par de puntos. La escuela está cerrada desde entonces. El viernes 15 de marzo hubo un abrazo simbólico con la presencia de dirigentes gremiales de todas las áreas y en todo el distrito se decretó un paro. Nos dijeron a los docentes del secundario que armáramos un plan de contingencia para entregar fotocopias y que los chicos hagan tareas en sus casas, que la escuela iba a permanecer cerrada hasta nuevo aviso”.

Pedazos de mampostería cayeron sobre tres chicos de seis años en una escuela de Pilar. Uno debió recibir puntos de sutura.

Mientras, terminando el mes, aún hay profesores que no conocen a sus alumnos. “Se corre el rumor de que se van a construir algunas aulas nuevas, necesarias ya que la dirección funciona como preceptoría, portería, sala de profesores y recepción. No sé si se van a construir esas aulas. Me llama la atención que aparezca la plata ahora y no durante estos tres años de gestión de este Consejo Escolar. ¿Ahora tienen recursos y antes no? Y si tenían, ¿por qué no los habían usado? ¿A dónde va el dinero?”, se pregunta Domínguez.

Como tantos maestros, Domínguez va de una escuela a la otra para completar su salario. Como docente también de la  Secundaria N° 21 y la Primaria N° 16 “Islas Malvinas” del Barrio La Lonja de Pilar, cuenta que él “daba clase en el laboratorio, un lugar bastante incómodo porque eran muchos chicos”. “A la vez –señala– están construyendo aulas muy pequeñas donde entran veinticinco alumnos cuando hay cuarenta. Tenía un pizarrón nuevo hermoso que no podía usar porque los bancos estaban pegados, no había lugar para caminar”.

Sin obras sustanciales a la vista y con múltiples anomalías en el arranque de las clases en todo el Conurbano, nada parece haber cambiado mucho desde la tragedia de la Escuela N°49 de Moreno, que por otra parte está impune. Para lo que sí es diligente el Gobierno bonaerense es para perseguir a docentes, como Enrique Elías, Marité Arias y Gabriel Castillo, delegados de SUTEBA Moreno que participaron en las asambleas de octubre de 2018 y que todavía hoy tienen sumarios abiertos por reclamar condiciones dignas de trabajo.

Mural homenaje a Sandra y Rubén en la Escuela N49 de Moreno.

La industria del misoprostol

La industria del misoprostol

El Oxaprost (diclofenac-misprostol), la droga utilizada para inducir un embarazo, sirve paradójicamente también para interrumpirlo. El compuesto puede ser conseguido en cualquier farmacia, mediante una receta médica y desde el 30 de noviembre ya son dos los laboratorios que tienen el permiso para su venta en farmacias. Se trata del método más accesible para interrumpir un embarazo no deseado, a pesar de que está penalizado por la ley. Por eso ya hay legisladores que, además de continuar la lucha por la despenalización del aborto, también piensan en la necesidad de que el Estado sea quien produzca esta droga.

En el país existen dos laboratorios que fabrican el Oxaprost: Beta S.A y Domínguez. Mientras que Domínguez, hasta hace un mes, se encargaba de dispensar el producto para su uso intrahospitalario, Beta S.A se establecía como el único laboratorio responsable de su despacho vía farmacia. No obstante, el 30 de noviembre último la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizó al laboratorio Domínguez también el despacho de la droga en farmacias, algo que estaba reservado a su competencia, Beta S.A.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) uno de los fármacos recomendados para la interrupción voluntaria de un embarazo, desde 2005, es el misoprostol.  El fármaco en sí se caracteriza por ser una prostaglandina, algo parecido a una hormona, cuya función es producir contracciones para interrumpir la gestación. “La condición de su venta es mediante receta archivada siempre que lo indique un ginecólogo, un obstetra, reumatólogo o un traumatólogo. Las farmacias en general eligen venderlo o no. Eso corre por cuenta de cada dueño”, detalla Belén Montenegro, farmacéutica del Hospital Municipal de la Ciudad de Boulogne.

Tras la imposibilidad de sancionar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, en agosto último en Argentina, diputados y organizaciones de mujeres que brindan consejerías pre y post aborto se reunieron el pasado 9 de octubre en el Anexo de la Cámara de Diputados en el marco de una audiencia pública para proponer un proyecto de ley para que sea el Estado quien se encargue de la fabricación del misoprostol. El proyecto normativo, que ingresó al Congreso el pasado 20 de marzo de 2018, se centra en garantizar un aborto legal, seguro y gratuito. Principalmente seguro. Al no ser ilegal, muchos profesionales de la salud practican abortos clandestinos en pésimas condiciones o ejercen violencia sobre el cuerpo de las pacientes. El aborto, según los artículos del Código Penal de la Nación que van desde el 85 al 88, se considera una práctica punible con una condena de hasta 15 años, tanto para el profesional como para la persona que lo lleve a cabo. Pero si el embarazo es producto de una violación, o puesta en peligro la vida de la mujer a causa de un feto retenido o complicaciones en la gestación, la interrupción del embarazo, avalada por una denuncia policial o judicial, se convierte en un acto lícito.

Números

El misoprostol se encuentra al alcance con una receta elaborada por un profesional de la salud, y una determinada porción de dinero. Específicamente la presentación de Oxaprost, el nombre del misoprostol comercializado por Laboratorio Beta S.A, se establece en un envase con 16 comprimidos y un valor de venta en farmacias a 4.455,31 pesos.  

Desde el 2005, la OMS ha incluido al fármaco en la lista de medicamentos esenciales debido a la posibilidad de salvar una vida en peligro a causa de un embarazo riesgoso, además de ser el fármaco menos nocivo para interrumpir una gestación. Sus indicaciones oscilan entre: maduración cervical, inducción del aborto en 1° y 2° trimestres, prevención y profilaxis de la hemorragia post parto, aborto incompleto y preparación instrumental del cuello uterino para una posterior intervención quirúrgica.

Según un relevamiento de Silvina Ramos, la investigadora titular del Área de Salud, Economía y Sociedad del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) e Integrante del Comité Ejecutivo de la Alianza para el Fortalecimiento de la Investigación del Programa de Reproducción Humana de la Organización Mundial de la Salud, se estima que en la Argentina se realizan por año entre 350.000 y 500.000 abortos anuales. Los datos provienen de un estudio de 2005 realizado por Silvia Mario y Edith Alejandra Pantelides, investigadoras del Centro de Estudios de la Población (CENEP).  El aborto se establece como la principal causa de muerte materna. De acuerdo a los últimos datos oficiales provenientes del Ministerio de Salud de la Nación, en el año 2016, de un total de 245 fallecimientos, el 17,6% fueron muertes por una gestación terminada en aborto. Lo que ubica a este flagelo como primero en el podio de defunciones maternas.

Ante la negativa del Senado a legalizar el aborto, en agosto del corriente año, se debatió establecer una alternativa para que el Estado garantice la fabricación del misoprostol con el objetivo de lograr el acceso masivo y de forma legal a la interrupción voluntaria del embarazo.

El fármaco

El uso de misoprostol es intrahospitalario, con el fin de estimular las contracciones del músculo liso del útero, cuando se encuentra en trabajo de parto por un feto fallecido o retenido. A la vez Oxaprost, el nombre bajo el que lo expende el laboratorio Beta S. A., se utiliza como analgésico y protector gástrico porque favorece la producción de la mucosidad que recubre el estómago e inhibe la producción de ácido, similar al diclofenac. La condición de la venta del misoprostol es mediante una receta archivada.

Existe entonces una contradicción en la comercialización del fármaco. Porque según la ley vigente, no avala las indicaciones del misoprostol para interrumpir un embarazo. Pero Beta, y desde el 30 de noviembre también laboratorio Domínguez, venden el medicamento como un protector gástrico o  antiinflamatorio. El Protocolo para la Atención Integral de las personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo entiende que la única manera de practicar un aborto es por medio de una denuncia policial o judicial de violación, ya que funciona como declaración jurada. Además, el protocolo comprende que la práctica por fuera del marco regulatorio pueden ser “casos fabricados”, y, al mismo tiempo, entiende también que nadie puede imponerse a la interrupción legal del embarazo ni obstaculizarla frente a una persona víctima de un delito sexual.

“Las farmacias en general eligen venderlo o no. Eso corre por cuenta de cada dueño. Se genera una situación muy incómoda, porque vos del otro lado sabés por qué lo están comprando y si no vienen con una receta de un obstetra, se te hace muy difícil venderlo a nivel ético. Si no lo indica un obstetra, significa que están tratando de interrumpir un embarazo de manera clandestina y eso puede terminar en una guardia o en una internación”, detalla Belén Montenegro, farmacéutica en jefe del Hospital Municipal de la Ciudad de Boulogne.

Lo que tiene de particular la presentación de Beta es que la píldora está formada por una doble compresión. Es decir, por fuera posee el diclofenac, pero el núcleo es el misoprostol.  Existen dos maneras de administrar el fármaco. Una es por vía oral. La paciente ingiere la pastilla entera y se consume a lo largo de 16 días. Luego existe la vía vaginal. Allí el médico debe romper esa primera capa de compresión de diclofenac y quedarse solo con el núcleo de misoprostol e introducirlo directamente en el cuello del útero.

Con respecto al precio, Montenegro se explaya: “Las prostaglandinas en general son caras. Su desarrollo es costoso. Sobretodo porque está diseñada para metabolizarse más lento para ejercer la acción”. El costo responde a una constante en la industria farmacéutica argentina. Sucede que el desarrollo de una molécula en el país tarda alrededor de diez años. Una vez pasadas las pruebas y los estudios clínicos del fármaco, el laboratorio fabricante tiene la potestad de vender el producto al precio que desee.

Audiencia pública

Los diputados Lucila De Ponti, Araceli Ferreyra, Cecilia Moreau, Nathalia González, Gabriela Cerruti y Daniel Filmus, junto a organizaciones de consejería para el pre y post aborto debatieron en octubre, en la Cámara de Diputados, que el Estado garantice la fabricación del misoprostol a un costo más accesible y legalizado para la interrupción voluntaria del embarazo. “Esto surgió a partir del rechazo de la ley. Se presentaron diversos proyectos y empezamos a ver casos como el de Santa Fe, donde el Gobierno provincial se va a encargar de producir el misoprostol a partir de una buena experiencia de practicar abortos con el medicamento”, declaró Nathalia Gonzalez Seligra, diputada nacional por el FIT por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Una vez rechazado el proyecto original se abrió el debate. La idea es presentar uno nuevo este año”.  En sintonía, Lucila De Ponti, diputada por el Peronismo Para La Victoria por Santa Fe, remarcó: “Entendemos que si el Estado puede garantizar que las provincias que necesiten comprar los medicamentos, puedan hacerlo en un precio más barato y en una calidad mayor, van a hacerlo porque efectivamente les conviene”.

A pesar de no estar legalizado el aborto, la concepción compartida y planteada en la audiencia fue garantizar el derecho al acceso equitativo a los medicamentos recomendados por la OMS como ejemplares para la práctica de abortos seguros. Además, se contempla la inclusión tanto del misoprostol como de la mifrepristona (otro medicamento indicado para casos de aborto) en el Plan Médico Obligatorio Nacional y en el vademécum de medicamentos de cobertura gratuita. Según los legisladores, no solamente es conveniente la producción nacional del medicamento, sino que también puede tornarse rentable y posible de hacer para el Estado nacional.

Según el informe de la senadora Nancy González, legisladora por el Frente Para La Victoria de Chubut, el Estado se ahorraría un total de 613 millones de pesos, porque el gasto que hoy es de mil millones pasaría a menos de la mitad. El ahorro total sería de un 43% en términos de fabricación, a lo que habría sumarle costos de internación en hospitales públicos. Además, al tratarse de una actividad ambulatoria, los costos tienden a mermar. “Los profesionales que convocamos para la audiencia hablan de que ese costo bajaría a 300 pesos. Pero el principal problema al que nos enfrentamos es pelear frente a aquellos que no quieren, no sólo que no se fabrique el misoprostol directamente desde el Estado, sino también aquellos que no quieren el aborto legal y mucho menos la Ley de Educación Sexual Integral”, concluyó Nancy González.

La realidad a la que se enfrentan las madres gestantes es que el precio de Oxaprost, producido por el Laboratorio Beta S.A, aumentó su precio un 300 por ciento, entre los años 2014 y 2016, según estimaciones del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), además de alterar la presentación del medicamento en función de comprar más pastillas a un precio mayor. Con la autorización del Laboratorio Domínguez de su venta en farmacias para diciembre, se vislumbra el fin del imperio monopólico de Beta, dado que según aseguran fuentes de la empresa, lo comercializará a un precio mucho menor.

Abortar en la clandestinidad

Camila tiene 23 años y el título profesional como profesora de Educación Física. Ella renunció a la maternidad, pero para eso tuvo que someterse al aborto clandestino. “Nadie entiende lo difícil que es hasta que lo vive”, contó. Decidió abortar con 18 años, porque no se sentía con la madurez suficiente para hacerse cargo de un hijo a esa edad: “No quería formar una familia a tan temprana edad”, confesó. Camila también recordó: “Sufrí mucha violencia cuando me atendieron –detalló-. La primera vez que le comenté al profesional mi situación y me hizo tacto, me hizo doler mucho a propósito”. “Me decía puta y una serie de insultos más. Me amenazaba con denunciarme en la policía si seguía con la idea de abortar”, se explayó la joven. Desprotegida, Camila confesó que no podía denunciar al médico por ejercer violencia y abuso de poder, corría riesgo su vida y podía terminar hasta presa.

La interrupción de un embarazo es un proceso que si se ejecuta de manera incorrecta puede terminar con secuelas o sangrados abundantes, peligrando la salud de la mujer. Si el Estado interviniese, todas las interrupciones voluntarias del embarazo podrían tener el cuidado correspondiente. “Se garantizaría calidad en la atención y la vida de toda mujer”,  así lo recalca la asociación Socorristas en Red, un colectivo feminista dedicado a casos de interrupción voluntaria del embarazo.

“Trato de ver cómo es la gente”

“Trato de ver cómo es la gente”

Escritora de larga trayectoria, docente comprometida y segunda mujer en ganar el Premio Iberoamericano Manuel Rojas, Hebe Uhart desarrolló una literatura que tiene como puntos fuertes los relatos atrapantes y una mirada detallista del mundo, plasmada en sus novelas -que acaban de publicarse todas reunidas en un solo volumen- o en los registros de travesías agrupados en Viajera crónica, De la Patagonia a México o en Visto y oído. De todo eso, habló en su apacible casa de Almagro.

¿Cómo es el trabajo en el que la viajera que conoce, investiga y documenta pasa a ser una productora de ficción? ¿Cómo se encara ese proceso donde se entremezclan y conjugan la imaginación y la realidad de lo investigado?

O al revés.  Cómo una escritora de ficción se convierte en viajera, en mi caso lo siento así. De todos modos los géneros son engañosos, es decir, no hay tanta diferencia en algo que sea ficción o no ficción. Lo que tiene la literatura de crónica de viaje, o la crónica de viaje, es rescatar voces, modismos. La crónica te ofrece novedades, cuando sentís agotado el campo de la ficción, eso te ofrece modos de hablar, modos de comportarse, de pensar el mundo totalmente distinto. Te da un saber, una mayor amplitud cuando sentís un poco cercenado el campo de la ficción, es decir, te vas afuera y vas a buscar un material que te sirve para contar.

¿Qué cosas y personas te inspiraban antes y qué cosas son nuevas, frutos de la época y de la vida?

El campo de lo que te llama la atención es múltiple. De hecho he trabajado sobre los animales porque me llaman la atención, y la relación de personas con animales y qué sé yo… Es posible que haya habido un cambio en el registro de los personajes que me interesaban, pero en este momento me interesa más la crónica porque me trae novedades, muchas novedades.

¿En qué etapa de la vida sentís qué produjiste literatura de manera más profusa?

La literatura puede ser profusa o puede ser una merda (risas) puedo decir donde pienso que di lo mejor: Mudanzas y Camilo asciende, en esas novelitas pienso que di mucho. Después me mantuve en una meseta.

¿Cómo encontrás a tus personajes? ¿Cómo los escribís y los pensás?

En cada caso de manera distinta. Depende la época de la vida, se dan de manera diferente. Algunos los he hecho con gran apoyatura de estudio para componer. Por ejemplo, para el personaje de un alemán me base en un montón de cosas. Desde un libro de la literatura alemana que no era demasiado bueno, pero a veces yo tengo material que no es demasiado bueno pero lo uso como material antropológico para ver qué están pensando, por dónde les va la cabeza. Pero también me fui a la calle Florida y la mire con ojos alemanes. Yo conozco Alemania, fui dos veces, estudié en la Facultad de Filosofía y sé por dónde van, entonces ahí, con un montón de elementos, compuse el personaje. Pero con muchos elementos previos, como una especie de trabajo de investigación.

¿Se podría decir lo mismo de algunas de tus historias?

A no todas las he hecho así. Para los recuerdos de mi infancia o de mi adolescencia no tengo ninguna necesidad de hacer un estudio antropológico, pero para los personajes lo he hecho.

Como escritora y docente-tallerista, ¿qué observás en las nuevas generaciones de escritores? ¿Tienen alguna característica específica?

Sí, la síntesis. Los medios y soportes nuevos generaron eso. Pero como yo los tengo como individuo, no los veo mucho como generación, los veo muy individuados, muy particulares a cada uno. Pero sí, la síntesis es una característica.

En otra entrevista dijiste que “escribir es comunicar”…

Sí, exactamente. Yo tengo una alumna en el taller que escribe mal, formalmente mal, pero comunica muchísimo. Para mí es una de las mejores, pero no sé por qué escribe así. Yo le digo que es como si tuviera un manto de terciopelo pero lleno de abrojos y de telas de araña, qué sé yo. Hay que pulirlo a eso. Pero yo no pulo mucho formalmente a la gente porque a eso lo hacen en cualquier editorial, ellos tienen buenos correctores. Si van a llegar, tienen unos correctores que son bárbaros.

¿Y qué es lo que ves?

Yo veo lo que me cuenta, lo que me comunica.

Habiendo recibido varios reconocimientos y, a casi un año de ganar el premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas, en Chile. ¿Qué importancia le das a los premios?

Ninguna. Poquísima. Tiene poquitísima importancia porque es como una suspensión de la vida cotidiana, mi vida no está hecha de premios. El premio es un momento que fue en noviembre del año pasado que ahora me hace la obligación de viajar a Chile para hacer de jurado. ¡Qué no me gusta! No hay que depender de los premios, uno tiene que seguir su camino. Por supuesto que si fuera joven el premio me parecería extraordinario y estaría pujando por ser traducida, pero ¡no me importa ser traducida! De hecho hay unos textos, pero son cosas que no me resuenan.

Naciste en Moreno, ¿qué lugar ocupa en tu vida?

Hace muchos años que no estoy, hace cincuenta años. Vuelvo a Moreno y lo veo totalmente distinto. Lleno de autos, de gente, con quinientos mil habitantes. Cuando era chica tenía cuarenta mil… imaginate. Se podía jugar en la calle, era otro lugar. Vuelvo cada dos meses, tengo amigas, parientes, pero es otra cosa para mí. No estoy llena de melancolía por la casa que vendí, ni nada…

¿No te produce nostalgia pensar en la infancia?

Sí, pero la escribí a rolete. La infancia, la adolescencia, la familia… ya está. Creció uno, crece todo. Me parece muy feo el centro de Moreno (risas). De todas formas, tiene sus lugares lindos.

Hablando de la escritura de crónicas de viaje, imagino que tenés que despojarte de prejuicios…

Hay que tener presente que otros sectores sociales miran los fenómenos desde otros puntos de vista. Ese otro punto es lo que me interesa. La gente de campo, por ejemplo, en relación a los animales, los mira de manera diferente a las ciudades. Acá tenemos mascotas pero en el campo no… En fin, los pueblos chicos son muy interesantes, la gente habla y no tiene filtro. Una vez estaba en Uruguay, un pueblo que se llama Santa Rosa, tiene mil habitantes. Yo tengo una teoría, cuando más pequeño es un lugar más complejos al cuete son sus intelectualidades (risas). Era un pueblo que no tenía un café, tenía una especie de lugar donde hacían hamburguesas. Le pregunté a unos chicos por algún referente del lugar y me mandaron a ver a un profesor de Geografía, me recibió en el hall de la casa, afuera. Santa Rosa queda a una hora de Montevideo, pero es un punto perdido. El referente me contó que Santa Rosa estaba buscando su identidad. Yo pensaba, se conocen todos desde antes de nacer…

Salgo de ver a ese profesor complejo y complicado y me paro delante de una vaca y una oveja que estaban juntas y pasa un señor y me dice: “Esta se llama Rosa y la otra se llama Pamela”. ¿Ves? Tienen la identidad hasta de las vacas. Yo digo, toda esta complejidad con el tema de la identidad… acá no tienen ningún problema en realidad es muy simple. Cuando es una ciudad grande como Córdoba o Buenos Aires, estudio la historia porque es muy interesante. Miro mucho los letreros de la calle, son muy significativos. América Latina, por ejemplo, tiene tanto… en Colombia, para bañarte le dicen: “¡Empelotate!”  No importa si son varones o nena. Los modismos son otros. Vos vas viendo a través de los letreros o de los lenguajes, lo que aceptan o no aceptan, ves cómo son. Eso es lo que trato de ver: cómo es la gente.