Ene 29, 2023 | Destacado 1, Trabajo
Después de nueve años el SiPreBA obtuvo su personería gremial. Luego del largo camino los trabajadores de prensa cuentan su lucha y explican cómo sigue su reclamo por mejores condiciones laborales.
Luego de años de lucha el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) obtuvo la personería gremial. Así quedó asentado en la resolución N° 21/2023 del Boletín Oficial. SiPreBa había sumado más votos de afiliados que la Unión Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA). Fueron ocho años de lucha que comienzan en el 2015 cuando un grupo de periodistas creó el SiPreBA ante la falta de representatividad en los reclamos del sindicato autorizado a negociar con las patronales y que contaba con numerosas denuncias de fraude electoral.
Francisco Rabini, delegado gremial en Clarín/AGEA, cuenta: “Fue un proceso de más de diez años para tratar de sacar a la cúpula de la UTPBA que estaba enquistada hace cuarenta. Nosotros fundamos el sindicato el 7 de junio de 2015 a través de un plebiscito que hicimos en diciembre de 2014. Durante el macrismo estuvimos bloqueados porque ni siquiera nos rubricaban los libros en blanco para que vos llenes y te controlen cuando fundás un sindicato. Tardamos más de dos años en lograrlo para luego pedir la compulsa. El trámite lo hicimos en junio de 2020 y esto tampoco es azaroso porque cuando presentás la compulsa te evalúan seis meses para atrás. En 2019 fue cuando cambió el gobierno y no tuvimos chances de hacer progresar ningún trámite porque todo estaba bloqueado, no solo lo nuestro sino de varios sindicatos”.
En las paritarias la UTPBA era el sindicato que negociaba con la cámara que nuclea a las patronales de los diarios en AEDBA (Asociación de Editores de Diarios de Buenos Aires). Diego Martínez es delegado en Página/12 y sostiene que «esa personería gremial es lo que le permitió a Clarín y La Nación firmar cualquier cosa sin contraparte y que lo padezcan los trabajadores, porque el sindicato que lo firma después no tiene que darle explicaciones a nadie ya que no tiene presencia en ninguna redacción».
ANCCOM intentó comunicarse con la secretaria general de UTPBA, Lidia Fagale, para conocer su opinión pero no obtuvo respuesta.
Tarda en llegar
Para cotejar la cantidad de afiliados que trabajan bajo el Estatuto del Periodista, los tres sindicatos de la ciudad de Buenos Aires, el ya mencionado UTPBA, el sindicato que funciona en la agencia Télam y el SiPreBA presentaron sus papeles ante el Ministerio de Trabajo de la Nación como lo marca la Ley de Asociaciones Sindicales, siendo el SiPreBA ganador de la compulsa superando el 10%. Rabini recuerda que: “Por la urgencia salarial que tenemos nos ganaba la impaciencia. Para los que saben de estos trámites el proceso fue rapidísimo porque en general a veces se traba o se enturbia y no se puede resolver”.
En Página/12, como en otros medios, los trabajadores llevan años luchando por la recomposición de un salario que se aleja cada vez más de la inflación. Martínez recuerda que: «La caída en en el poder adquisitivo coincide con el año en que Cambiemos asume el gobierno y Víctor Santamaría compra Página/12, en 2016. Estos cuatro años no solo fueron demoledores para los compañeros sino para todo el colectivo de prensa en particular».
Los números son fríos pero no mienten: actualmente los redactores y redactoras precarizados, -mal llamados colaboradores- cobran cifras muy bajas. En Página 12 una colaboración en la sección Cultura y Espectáculos se paga entre $4.000 y $4.500, en fotografía son $3.000 por una nota. Sobre este tema Martínez asegura: «Las últimas veces planteamos que ninguna colaboración se pague menos del 10% del sueldo básico del redactor. Con lo cual pensá que hoy el básico sin antigüedad y sin adicional está en $94.000 de bolsillo. En los hechos se está pagando la mitad cuando es algo bajísimo en el mercado y hay miles de compañeros que ansían trabajar y publicar en los diarios». Además agrega: “No es solo el valor de una nota, mal llamada ‘colaboración’, sino un sistema sumamente perverso que hace que muchos periodistas trabajen a destajo cobrando por nota y sin acceder a los derechos más elementales como vacaciones, licencias y antigüedades”.
Cómo se sigue
Sobre los pasos a seguir luego de la personería, Rabini concluye: “Lo principal está en la paritaria. Hay una revisión en el último acuerdo paritario para la última semana de febrero. Pretendemos estar ahí y negociar el acuerdo paritario, el anual y tratar de ir año a año mejorando el salario y ganarle a la inflación para recuperar la actividad que está destrozada. Todas estas décadas de inoperancia y desidia de la UTPBA nos dejaron en una situación crítica de precarización, de salarios por debajo de la canasta básica, de multiempleo para poder ganar un salario digno y eso hay que saldarlo. Es muy difícil hacerlo de un día para el otro, hay que trazarse un plan, un cronograma, e ir mejorando la situación para tener un futuro en la actividad”.
La crisis de los trabajadores de prensa ocurre también en Perfil, Diario Popular y otras publicaciones que se editan en la ciudad de Buenos Aires con el mismo reclamo. En el caso del diario Olé los trabajadores lograron cubrir el 25% del sueldo que les habían quitado por protestar durante el Mundial de Qatar. Lo lograron a través de un fondo de lucha organizado por el SiPreBA con aportes de compañeros, figuras de la política y el periodismo, entre otros sindicatos.
A las problemáticas generales se le suman las estrategias de los medios de prensa para ganar suscriptores ante la merma de las ventas en los kioscos de diarios y revistas como también la incursión en negocios del entretenimiento y otros rubros fuera de la gráfica. Rabini marca como ejemplo que: “En el 2022 abrieron una billetera virtual llamada Bimo fondeada con plata de AGEA (Arte Gráfico Editorial Argentino) e hicieron transferencias por cientos de millones de pesos cada equis cantidad de meses hasta que se fundió; pero cuando vamos a exigir recomposición salarial la empresa dice que no tiene plata. En resumen cargan sus aventuras empresariales sobre nuestros salarios”.
Respecto del futuro, Martínez explica: «Por supuesto nosotros siempre tenemos expectativas y seguimos luchando por lo que consideramos justo y lo que nos corresponde, que es cobrar sueldos dignos. Como piso no queremos ningún sueldo por debajo de la línea de pobreza o de la canasta básica del INDEC. Estamos haciendo una pausa con los paros hasta febrero y la empresa lo sabe. Esperamos que aprovechen esta pausa y que nos propongan un cronograma de aumento serio. Porque además hay un agravante y es que esta paritaria en curso no tiene un centavo de aumento previsto para los primeros cuatro meses de 2023, o sea enero, febrero, marzo y abril». El deseo es que tengan una respuesta de parte del Grupo Octubre, dueño de Página/12 entre otros medios, y afrontar el año con menos medidas de fuerza que el anterior. Para eso necesitan no solo dejar de perder poder adquisitivo, sino también empezar a recuperarlo.
Rabini tiene la esperanza de que en el próximo encuentro con las patronales haya “un diálogo maduro, constructivo, lógico. Argumentos nos sobran y entendemos que hay mucho por discutir, mucho por negociar y mucho por crecer. Nosotros no queremos que a las empresas les vaya mal: todo lo contrario. Por eso tiene que haber un espacio en donde nos vaya bien a todos. No creemos que puedan existir las empresas exitosas cuyos trabajadores pasan hambre”.
Dic 3, 2020 | Novedades, Trabajo
Hoy paran los periodistas. La medida es llevada adelante por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) y se articula con el plan de lucha organizado por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN). Las principales redacciones del área metropolitana se suman a la jornada nacional de todo el gremio y se realizará una asamblea general a las 13 organizada por la FATPREN. Participan de la huelga de 24 horas las redacciones de Página/12, Clarín, Olé, Ámbito Financiero, Diario Popular y El Cronista, y habrá acciones en La Nación e Infobae, entre otros medios.
Los trabajadores de prensa exigen una recomposición salarial para todos aquellos que durante la pandemia han sostenido la información sin pausa y bajo condiciones excepcionales. Las asambleas de los medios organizados bajo el SIPREBA reclaman que los salarios netos sean superiores a la canasta básica, ya que el resultado de la última paritaria (congelada durante más de un año) no cuenta con retroactivos y las sumas fijas son insuficientes, achatando la escala salarial.
Sobre la precarización que arrasa al sector, el Secretario de Organización del SIPREBA, Agustín Lecchi, afirma que en los cuatro años de macrismo la actividad perdió el 40% del poder adquisitivo y miles de puestos de trabajo. Durante la pandemia, esta tendencia se consolidó, ya que “muchos medios bajo el eufemismo de las ‘colaboraciones’ tienen a la mayoría de su planta flexibilizada sin los derechos sociales que conocemos y defendemos”:
“La pandemia demostró la importancia de los medios de comunicación y de contar con información fidedigna. El problema es que cualquier coyuntura es aprovechada por los grandes medios para precarizar y atacar nuestras condiciones laborales y nuestros salarios. Cuando hay un periodista precarizado se genera un problema para quienes trabajamos en los medios y para toda la sociedad”, agregó Lecchi.
En esta jornada de paro también se exige un plus por esencialidad, bono compensatorio por teletrabajo, protocolos sanitarios adecuados al sector y la inclusión del SIPREBA en la mesa paritaria para una representación real de los trabajadores en la negociación por los salarios. Esta exigencia se debe a que la UTPBA, el sindicato que actualmente mantiene la personería gremial, es decir, quien tiene la posibilidad de firmar acuerdos salariales legalmente junto a las cámaras empresariales, no tiene representación real en las redacciones más importantes de la ciudad.
Desde la Asamblea y Comisión Interna de Delegados Clarín/AGEA, la periodista Clara Uranga da cuenta de lo mucho que ha empeorado la situación: “Hemos trabajado sin pausa durante estos nueve meses, en nuestras casas, como corresponde por el riesgo sanitario. Pero sin que la empresa se haga cargo de ninguno de los gastos que eso implica. Muchos de nosotros no teníamos una conectividad que nos permitiera trabajar al ritmo que tenemos que hacerlo y por el compromiso con nuestro oficio lo hemos pagado con nuestros bolsillos y ya no nos alcanza”.
Si bien durante las últimas horas hubo un cambio de escenario, ya que la empresa Clarín/AGEA comunicó unilateralmente una mejora a la paritaria, esta era insuficiente e irrisoria: incluía un voucher de supermercado, un adelanto en una de las sumas fijas y la conversión de una de estas en un porcentaje que en realidad impactaría en una franja muy chica de trabajadores. Por eso, desde la redacción se decide sostener el paro: “La situación sigue siendo grave y este es el momento de reclamarla en conjunto con la gran mayoría de las redacciones organizadas en el SIPREBA”, comentó la representante.
Por otra parte, en la redacción de Página/12 se decidió extender la jornada de paro de a 48 horas por la situación particular de los trabajadores en ese diario. Es decir, el paro en éste medio se extiende hasta el viernes 4. Según contó Paula Sabatés, periodista y delegada de Página/12, “existen particularidades que vienen de antes de la pandemia y ahora se profundizaron. Página es la única empresa de prensa escrita de todo Capital Federal que espera a la homologación para pagarnos la paritaria. Se firmó hace casi dos meses y no nos la están pagando. Además, hay editoras contratadas como colaboradoras, gente de redes que cumple horario fijo y lugar de trabajo que está facturando, gente contratada por otra razón social, y eso, según entienden nuestros abogados, es un tipo de fraude laboral”.
May 6, 2020 | Novedades, Trabajo
La empresa hace pasar los despidos por retiros voluntarios y ofrece indemnizaciones en 26 cuotas.
Nuevamente, en lo que va del aislamiento social preventivo y obligatorio, una empresa se aprovecha de la situación excepcional que vive el país para deshacerse de sus trabajadores. Y otra vez, sucede en una empresa de medios de comunicación. En esta ocasión, en Editorial Atlántida, que publica las conocidas revistas Gente, Paparazzi y Para Tí.
La semana del 23 de abril, a 45 trabajadores de distintas áreas (redactores, diseñadores, fotógrafos y personal administrativo y de sistemas) se les comunicó que estaban siendo “liberados de tareas”, para luego informales que “se prescindiría de sus servicios”. A partir de ese momento comenzó una “situación completamente extorsiva”, como sostiene Félix Vallejos, delegado y redactor de la web de Paparazzi.
Desde la empresa alegan que las desvinculaciones fueron acuerdos de retiro voluntario. Sin embargo, los trabajadores sostienen que son despidos disfrazados para evadir el cumplimiento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 329/2020 -que prohibió los despidos, suspensiones y disminuciones de trabajo durante 60 días. “Esto está pasando con nuestros compañeros: les dicen que los liberan de tareas, los citan a una reunión y les ofrecen una indemnización a pagar en hasta 26 cuotas”, explica Vallejos, y continúa: “Les dicen que si no aceptan, aunque no los puedan despedir, no les van a pagar el sueldo. Esto obliga a muchos a aceptar esta indemnización.”
“A mí me pega de manera directa y letal porque ya veníamos cobrando sueldos bajísimos y no tengo ahorros para sostener los días que vienen”, cuenta Alejandro Guardia, editor de video de las publicaciones de la editorial, y uno de los trabajadores recientemente despedidos. “Con la oferta de indemnización que plantea la empresa tampoco se puede proyectar mucho porque ni siquiera cubre la mitad de lo que corresponde por despido.”
Los trabajadores hacen hincapié en que tales medidas van en contra no sólo del DNU 329/20, sino también el Estatuto de Prensa. “En este momento la empresa está cometiendo una ilegalidad total: les mandó un mail a los empleados planteando que si no firmaban un acuerdo de partes los dejaban sin tareas y sin indemnización”, explica Agustín Lecchi, secretario de Organización del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA); y enfatiza: “Los despidos están prohibidos y Editorial Atlántida no puede estar al margen de la ley”. Frente a esta situación, los trabajadores afectados junto con los delegados de la editorial y SiPreBA, presentaron una denuncia en el Ministerio de Trabajo, instando a las autoridades para intercedan y hagan cumplir el DNU.
Pero no pueden tomar otras medidas debido a la cuarentena: “Los pocos que quedamos, en gran parte dependemos de que el gobierno haga cumplir la ley que instauró y no deje pasar estos despidos encubiertos que no son retiros voluntarios”, dice Vallejos.
Atlántida ya había despedido 80 trabajadores con el guiño del gobierno de Mauricio Macri.
Los conflictos en la editorial no son novedad: “Venimos con problemas desde hace ya varios años, de hecho tuvimos despidos en el 2016 y en el 2017”, cuenta Vallejos. “En el 2019, los nuevos dueños de Atlántida presentaron un preventivo de crisis que el gobierno de Macri aceptó, y despidieron a 80 personas.” Desde ese momento, los salarios también comenzaron a pagarse en dos cuotas mensuales.
En esa línea, recientemente se conoció que el Grupo Clarín resolvió desdoblar el pago de los sueldos de mayo de sus trabajadores. El SiPreBA repudió la decisión y resolvió quite de firmas y ceses de tareas en la empresa. El sindicato expresó en un comunicado: “Cabe recordar que según a la última encuesta realizada por la Comisión Interna, 4 de cada 10 trabajadores tiene un sueldo menor a la canasta básica. Y que el incumplimiento del pago del salario en tiempo y forma se da en un contexto en que el diario del Grupo Clarín (conglomerado con recursos suficientes para sostener a sus empresas en el contexto de la pandemia), se ufana con relatos épicos acerca de sus récords de audiencias.”
En cuanto a Editorial Atlántida, desde la empresa -un directorio con inversionistas fantasmas- plantean que “no pueden continuar con una estructura de tantos empleados en un rubro que está en crisis desde hace rato”. Según Guardia, “quieren reducir y renovar el personal pero la forma que están eligiendo es completamente extorsiva y humillante para los trabajadores que tienen muchos años de antigüedad y son muy comprometidos con su trabajo”. Además, sostiene que al no saber quiénes son los verdaderos dueños, es casi imposible encontrar responsables por lo que está sucediendo. Sin embargo, el perjudicado siempre es el mismo: el trabajador.
“En algunos casos, pese a que el gobierno lleva adelante políticas que protegen a los trabajadores en el marco de pandemia, los empresarios avanzan y se creen impunes. Necesitamos más intervención estatal y más presión sobre este tipo de empresarios”, puntualiza Agustín Lecchi.
Este es otro de los grandes desafíos del gobierno en el presente de pandemia y cuarentena: proteger a los trabajadores y sus empleos de empresas y empresarios que se aprovechan de los tiempos de incertidumbre para incumplir la ley.
Abr 15, 2020 | Novedades, Trabajo
La televisión y la radio siguen transmitiendo. Los diarios continúan imprimiéndose. Los medios digitales y portales web mantienen actualizada su información. En épocas de incertidumbre como las que se viven desde -al menos- el 20 de marzo con el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio, los medios de comunicación se establecieron como servicios esenciales, según el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 297/20. Llevan tranquilidad -o no- a millones de personas que transitan el encierro de la mejor manera que pueden. Incluso miles se volcaron nuevamente a los medios tradicionales, tratando de evitar las ya tan conocidas fake news.
De distintas maneras -teletrabajo, protocolos de seguridad e higiene, licencias para personal que forme parte de grupos de riesgo, etc.-, los trabajadores de los medios cumplen con sus funciones. Sin embargo, afrontan nuevas dificultades en el período de aislamiento. “En general las medidas de seguridad se están cumpliendo en casi todas las empresas”, explica Agustín Lecchi, secretario de Organización del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA). Pero “no así otras obligaciones, particularmente las salariales, y esto representa un gran problema.”
El sector de prensa está muy golpeado. Publiexpress, Diario Popular, Perfil, Infobae, Noticias Argentinas. Las lista de medios que atraviesan momentos críticos o conflictos con los trabajadores por motivos de incumplimientos salariales crece constantemente. E incluso comienza a comprender a otros sectores, como en el caso de Radio Metro, en el que, luego de un paro, los trabajadores lograron llegar a un acuerdo para que se les paguen los sueldos atrasados.
El periodismo, aunque se lo considere un servicio esencial, es una de las actividades que más ha sido golpeada por la pérdida de poder adquisitivo en los últimos cuatro años, con un recorte del 50% respecto del 2015. A esta situación de base se le agrega el impacto del Covid-19. “Las empresas argumentan crisis producto de los cambios tecnológicos en nuestra actividad y el consumo de las sociedades de la información, y a eso ahora se suma la situación que produce la pandemia”, sostiene el delegado. “Pero es falso: esta crisis demostró la importancia de los medios tradicionales, que ante la necesidad de contar con información confiable una mayor cantidad de gente se volcó nuevamente a estos medios.”
Según Lecchi, estos conflictos -que incluyen cierres, despidos, sueldos atrasados y en cuotas- son “previos a la situación actual vinculada a la pandemia, pero en este contexto tienden a agravarse; y las empresas también aprovechan la situación de crisis para avanzar sobre derechos laborales y para sacarle plata al Estado a través de pauta o planes de ayuda.”
La precarización también es visible en estos tiempos, ya que los trabajadores freelance o “colaboradores” son los que están en peores condiciones. “Por las características de su trabajo no tienen ningún tipo de seguridad social y son los primeros que se ven perjudicados ante cualquier crisis y ajuste”, sostiene Lecchi. Desde SiPreBA estiman que un 20% de las notas publicadas en los grandes medios son realizadas por estos trabajadores, por lo que exigen medidas concretas en el marco de la pandemia -como la eximición de impuestos al monotributo- y otras más generales, como el reconocimiento de un tarifario que estandarice un valor mínimo por nota.
Despedidos y en cuarentena
El 30 de marzo, la empresa Publiexpress -editora de Pronto, entre otras publicaciones- se comunicó con la Comisión Interna Gremial de la revista para informarles a los trabajadores que no volvería a abrir sus puertas. Ningún telegrama había llegado, pero casi cien empleados se habían quedado sin trabajo. “A partir de ese momento empezamos algunas medidas de fuerza porque solo la última semana de marzo la revista no salió a la calle”, explica Mariano Caruso, trabajador y ex delegado de Publiexpress. “Queríamos cobrar nuestro salario de marzo e iniciamos distintas medidas, por lo que la empresa terminó cediendo y pagando, pero siguen en su política de cierre.”
Los dueños de la empresa, Eduardo Lerner y Abel Nahon, alegan problemas económicos a pesar de no haber realizado ninguno de los procedimientos previos al cierre; y, según un comunicado de SiPreBA, haber ganado recientemente una licitación del Ministerio de Educación de casi 24 millones de pesos para imprimir cuadernillos educativos sobre el Covid-19.
“Es un cierre fraudulento, lo que quieren hacer es sacarse a los trabajadores de encima y, cuando pase la pandemia, volver a abrir con personal tercerizado”, sostiene Caruso, también integrante de la Comisión Directiva de SiPreBA. Y continúa: “Es una política que ya viene haciendo la empresa hace unos años con otras revistas: despedía y tomaba personal tercerizado para que no estuviera en convenio, y de esa manera bajaba los costos y seguía con las publicaciones.”
Según el delegado gremial, “la empresa quiso aprovechar la medida de Techint: tratar de despedir por causa de fuerza mayor, pagando el 50% de las indemnizaciones sin haber hecho concurso preventivo de crisis ni haber presentado ningún papel.” Todo esto, ignorando el DNU 329/2020 que suspendió los despidos por 60 días, y sin acatar la conciliación obligatoria impuesta por el Ministerio de Trabajo. Mientras tanto, los telegramas siguen llegando -debido a las demoras en el correo-, y los trabajadores continúan luchando como pueden, desde sus casas. “Queremos que se respete la conciliación obligatoria, que nos devuelvan nuestros trabajos y que se nos pague el salario de abril y volver a trabajar normalmente cuando esto pase.”
A cuentagotas
La situación que atraviesan los trabajadores de Diario Popular no es mejor: el 1° de abril finalmente cobraron la última de las cinco cuotas en las que se pagó el sueldo de febrero, y la empresa, Manpress S.A., volvió a anunciar que continuarán con esta modalidad de pagos que ya funciona desde hace seis meses. Lo único asegurado fue una suma de cinco mil pesos para la primera quincena de abril.
Frente a esta situación, los trabajadores del diario se encuentran realizando un paro en busca de algún canal de diálogo con las autoridades. Sumada a la irregularidad de pagos, denuncian también que no se pagan los aportes patronales que corresponden, a la vez que se incumplen con las medidas de seguridad e higiene necesarias para continuar las actividades.
“Nuestros pedidos siguen siendo cobrar el sueldo en tiempo y forma, ni más ni menos. Poder cobrar y organizar nuestra vida de acuerdo al trabajo que realizamos mes a mes”, explica Juan Manuel Lazzarino, delegado de prensa de Diario Popular. Sin embargo, la respuesta de Francisco Fascetto, dueño de la empresa, fue no pagarle los cinco mil pesos a aquellos que hubiesen adherido a la medida de fuerza.
“Esto no tiene que ver directamente con el contexto de la pandemia, nos viene pasando desde mediados del 2018, cuando comienzan las primeras deudas de la empresa para con nosotros, recortes salariales, quita de ítems. Nuestro caso viene desde hace rato”, puntualiza Lazzarino. Desde la empresa argumentan que la caída de la pauta oficial durante el gobierno de Mauricio Macri perjudicó en demasía a las finanzas del diario. Pero la postura de los trabajadores que quieren cobrar por las actividades que realizan, como corresponde, se sintetiza en las palabras de su delegado de prensa: “Si nosotros nunca fuimos socios en la ganancia, no veo por qué socializar la pérdida.”
La deuda es con los trabajadores
Como explica Matías Cardone, delegado de Perfil, la situación salarial en la empresa de Jorge Fontevecchia “no es muy diferente de la que vive el resto del gremio en lo que se trata de prensa escrita”.
Los trabajadores freelance de la editorial se ven más perjudicados aún: Perfil les difiere los pagos y en su mayoría están atrasados entre cinco y seis meses. “Hay productos de la editorial que se hacen en más de un 50% con freelance, lo que genera una precarización que vuelve al trabajo insostenible,” sostiene Cardone. “La pandemia lo único que hizo fue agudizar el problema para los compañeres colaboradores que necesitan más que nunca percibir sus salarios.”
La empresa alega -como tantas otras- problemas económicos y responsabiliza a la crisis del coronavirus, manteniendo en la incertidumbre a sus trabajadores. Sin embargo, Cardone hace hincapié en que “están recibiendo pauta oficial, la web de Perfil tiene record de visitas y la empresa sigue facturando, por ejemplo, con la impresión de cuadernillos para el Ministerio de Educación”. Por otra parte, en los últimos cuatro años Perfil se expandió con una radio y una canal de televisión nuevos.
Hasta el momento de la cuarentena, los trabajadores de prensa realizaron asambleas y distintas medidas gremiales. Hoy, desde el aislamiento, tienen que limitarse a otras acciones. Pero el reclamo es el mismo: “Le pedimos a la empresa que pague la deuda a los freelance y, a su vez, que dé un aumento de emergencia ya que tenemos la negociación paritaria vencida desde noviembre”, sostiene Cardone, en representación de sus compañeros. Y agrega, como si no fuera suficiente: “A su vez Perfil tiene una deuda con nosotros que data de mayo 2019 y que aún no canceló por la que también estamos reclamando.”
May 30, 2018 | Novedades, Te puede interesar, Trabajo
La historia de la crisis en los medios sumó esta semana un nuevo capítulo con el despido de dos trabajadores de la agencia estatal Télam y 30 de Radio Del Plata. Aunque con características diferentes, ambos ajustes retratan la sangría en los medios de comunicación -en especial radiales y gráficos- en los últimos dos años.
El caso de Del Plata tuvo un costado siniestro. Los trabajadores fueron notificados el domingo por la noche y por teléfono que habían sido desvinculados por la empresa Radiodifusora del Plata S.A., parte del grupo Electroingeniería S.A. propiedad de Gerardo y Sebastián Ferreyra y Osvaldo Acosta. Al día siguiente los trabajadores iniciaron un paro de 24 horas con retención de tareas que interrumpió la programación y derivó en la decisión del Ministerio de Trabajo de dictar la conciliación obligatoria. Esa medida implica la reincorporación inmediata de los despedidos y la reanudación de la programación sin interrupciones hasta el 19 de junio. En ese lapso, la empresa deberá dar una respuesta a la crisis que atraviesa la emisora.
Nicolás Trinchero, delegado de la comisión interna del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa), informó a ANCCOM que los telegramas fueron llegando a los domicilios de los trabajadores a destiempo y que mostraban irregularidades en los motivos de despido. “No teníamos certeza concreta de cuántos eran los despedidos, nos fuimos enterando a medida que llegaban los telegramas”, agregó.
Los trabajadores denuncian desde hace varios meses los incumplimientos de la empresa: el atraso en el pago de salarios y su abono en cuotas, la falta de depósito de cargas sociales, el incumplimiento del pago de aguinaldos y el ofrecimiento de retiros voluntarios. El 14 de mayo iniciaron una medida de fuerza como respuesta a la imposición de reducir los salarios de todo el personal un 50% durante 60 días. Durante esa semana, la empresa manifestó a los trabajadores su intención de reducir personal por lo que algunos trabajadores negociaron un acuerdo para que se les abone la correspondiente indemnización en cuotas, mientras que otros accedieron a otra fuente laboral. Ese acuerdo fue incumplido por la empresa que alegó que los trabajadores “habían abandonado su puesto de trabajo”. La maniobra se tradujo en doce despidos de la semana pasada.
Con los 30 despidos de esta semana sumaron 42 los trabajadores que se habían quedado sin su fuente de trabajo. Trinchero informó que la empresa se puso a su disposición para ofrecerles el pago de la correspondiente indemnización, pero que ellos ya “no confían” en sus palabras, por lo que decidieron llevar adelante una asamblea permanente y exigir la inmediata reincorporación de los trabajadores. Finalmente, el martes se llevó adelante una reunión en el Ministerio de Trabajo en la que se dictó la conciliación obligatoria hasta el martes 19 de junio, lapso en el cual la empresa deberá dejar sin efecto las 42 cesantías. Los trabajadores levantaron la medida de fuerza y ya se encuentran en sus puestos de trabajo.
Télam
En Télam, el martes pasado el redactor de Economía Ángel Jozami y una miembro de la mesa de edición, Fernanda Arce, ambos trabajadores que no contaban con ningún tipo de sanción dentro de la empresa, fueron notificados de su desvinculación. Según un comunicado de la agencia del día lunes, la razón de su despido fue el “acto de irresponsabilidad” y la “falta de ética y profesionalismo” que los trabajadores habían tenido en su trabajo en un cable publicado el día 13 de este mes en el que se informaba que los propietarios de las Lebac que vencerían 48 horas después eran en su mayoría extranjeros, cuando en realidad sólo un 5% eran de ese origen, según datos del Banco Central contrastados en el comunicado.
El jueves 31 de mayo los trabajadores de Télam harán radio abierta frente a la redacción.
En diálogo con ANCCOM, Esteban Giachero, delegado de la comisión interna del SiPreBa, remarcó que ésta es una maniobra que constituye una “sanción desproporcionada y sin justa causa”. El protocolo para modificar una información errónea ya publicada, explicó a esta agencia, es simplemente “levantar” el cable del acceso a los abonados y publicar la nueva información, cosa que no sucedió durante los quince días que la nota estuvo “al aire” para ser consultada.
Además, advirtió que toda información disponible en Télam pasa por un estricto control llevado adelante por las cúpulas jerárquicas: los gerentes periodísticos Luis Sartori y Daniel Capalbo; y el jefe de la sección de Economía, Ricardo Sarmiento, a quienes señaló como responsables directos de los despidos.
El conflicto de los trabajadores de Télam ya lleva mucho tiempo. En una nota publicada el 18 de mayo por este medio, los trabajadores denunciaron censura, vaciamiento de secciones y agotamiento de contenidos. “Recolectamos más de 50 casos de cables que nunca fueron publicados, en secciones blandas que se supone que no hay demasiados temas conflictivos para la línea editorial del Gobierno”, comentó en ese momento Mariano, un trabajador de la agencia.
Los trabajadores de Télam se encuentran en asamblea permanente en reclamo por la inmediata reincorporación de los despedidos e iniciaron una campaña para defender sus fuentes de trabajo y el derecho a la información. Este jueves a las 13:00 también realizarán una radio abierta frente a la redacción, en Bolívar 531. ANCCOM consultó con el Ministerio de Trabajo si está previsto iniciar algún tipo de negociación, pero no obtuvo respuesta.
