Dic 1, 2015 | inicio
El Senado aprobó, el pasado 25 de noviembre, la creación de una Comisión Bicameral para investigar las complicidades empresarias en los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Argentina durante la última dictadura cívico militar.
La creación del organismo fue aprobada por los legisladores del FPV y parte del interbloque socialista liderado por Rubén Giustiniani. El PRO y la UCR, en cambio, se retiraron del recinto.
La nueva comisión estará compuesta por cinco diputados y cinco senadores nacionales, de los cuales tres de cada cámara serán de la primera minoría, uno de la segunda minoría y uno por la tercera minoría. El cuerpo se propondrá confeccionar un documento que identifique a «los actores económicos y técnicos que contribuyeron o se beneficiaron con la dictadura aportando apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza». Además, la norma crea, dentro del ámbito del Parlamento, el Archivo Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia, con el objeto de poner a disposición gratuita del público toda la documentación vinculada al tema, utilizada por la bicameral.
El autor del proyecto recientemente convertido en ley fue el diputado nacional del FPV Héctor Recalde y la Cámara Baja lo había aprobado en noviembre pasado. En diálogo con ANCCOM, Recalde dijo que es necesario hablar de la participación y complicidad de los empresarios con los militares, ya sea “marcando” a trabajadores o aportando infraestructura o logística que permitió la violación de los derechos humanos. Según el legislador, estas maniobras tenían un triple fin: ideológico, económico y de sometimiento. “Ideológico porque estaban de acuerdo con el ministro de Economía Alfredo Martínez de Hoz, económico porque maximizaban la rentabilidad empresarial, y de sometimiento porque era mucho más fácil para ellos conducir una empresa con trabajadores que no reclamen nada”. Además, especificó: “Hay ejemplos muy claros, uno es Carlos Blaquier, del ingenio jujeño Ledesma, y el otro es Vicente Massot, directivo del diario La Nueva Provincia”.
Hector Recalde en la Carpa de la Resistencia ubicada frente al palacio de tribunales en la plaza Lavalle durante el repudio nacional a «La noche del apagón» ocurrido en Ledesma el 20 de julio de 1976.
Recalde enumeró otros posibles casos a investigar, algunos de los cuales ya ingresaron en la justicia: Papel Prensa, Loma Negra, Ledesma, Mercedes Benz, Molinos Río de la Plata, Grupo Bunge y Born, Editorial Atlántida –especialmente las revistas Para Ti, Gente y Somos-, La Veloz del Norte, Celulosa, Grafa, Sociedad Rural de Junín, la ceramista Lozadur Cattaneo, los astilleros Mestrina y Astarsa, y la metalúrgica Bovapi.
Walter Bosisio, sociólogo y co-autor del libro La dictadura del capital financiero, explicó a ANCCOM que la única manera de poder investigar judicialmente las complicidades del sector civil es que aparezcan atadas a delitos de lesa humanidad, dado que no prescriben.
Participación civil
Según Bosisio, el armado de la estructura económica y el manejo de los recursos financieros del Estado estuvieron a cargo de civiles que representaban los intereses del capital privado, tanto nacional como extranjero. A su vez, el autor comentó que el proyecto económico de la dictadura había tenido antecedentes en el gobierno de facto anterior y en las políticas económicas del ex ministro de Economía de Isabel Perón, José Celestino Rodrigo. Pero, subraya, que a partir del 76 se acabaron los escrúpulos: “Esta vez estaban dispuestos a todo. Los derechos humanos se vieron afectados, no solo en el plano civil y político, sino que también los derechos económicos, sociales y culturales porque no había garantía de nada, ni siquiera del derecho a la vida, ni al trabajo”. En esa misma tónica, Eduardo Codianni, investigador y miembro de la subgerencia de derechos humanos del Banco Central (BCRA), coincidió con la postura de enfocar la cuestión desde otro ángulo: “La teoría puede ser distinta: el poder económico usó a los militares para imponer un nuevo sistema. La única forma que había para derrumbar la organización de los trabajadores existente en ese momento era mediante la represión.”
Santiago Kosiner, politólogo y también miembro de esa Subgerencia del Central, amplió respecto de la vinculación de las violaciones de los derechos humanos con el sector civil: “Colaboración y complicidad son sinónimos, pero de lo que nosotros hablamos es de participación civil concreta. Acá están Santiago Soldati, Juan Alemann, Alfredo Diz, personas de distintos grupos económicos que estuvieron en el directorio del BCRA, todo el sector privado manejando el órgano de control financiero y haciendo una reforma profunda del sistema desde el Estado que beneficia a los privados”.
Marcha y escrache de agrupación HIJOS a Vicente Massot y Carlos Blaquier el 23 de mayo de 2015.
En la conformación del gabinete de Martínez de Hoz puede verse el tejido de alianzas con las grandes corporaciones. Bosisio especificó la continuidad con el presente: “Personas muy cercanas a Martínez de Hoz, como Guillermo Walter Klein -jefe de la Cámara Argentina de Comercio- y Héctor Maidal -abogado especializado en defender a multinacionales-, quedan a cargo de sectores importantes de la economía nacional”.
Estos dos funcionarios se asociaron en un estudio jurídico y hoy forman parte de los bufetes más importantes del país. Entre sus clientes se encuentran corporaciones como Citibank o CEO de multinacionales como el flamante ministro de Energía, Juan José Aranguren. Bosisio explicó que Maidal y Klein tenían un doble juego:, mientras ocupaban cargos públicos, defendían desde sus estudios jurídicos a las multinacionales y sobre todo a bancos extranjeros.
Otro nombre rutilante acusado de complicidad con los militares es el de Jorge Zorreguieta -padre de Máxima, la reina de Holanda-, quien fuera miembro de la Sociedad Rural, a cargo de la Secretaria de Agricultura. También pueden agregarse el primer interventor del BCRA, Alfredo Cassino, y su sucesor, Alfredo Diz, un economista neoliberal discípulo de Milton Friedman. También formaron parte del aparato económico estatal el dueño de la fábrica de electrodomésticos Longvie, Christian Zimmerman, quien fuera viceministro de Economía; Narciso y Juan Ocampo –autoridades del Banco Ganadero Argentino- que asumieron al frente del Banco Nación y Juan Alfredo Echebarne –mano derecha de Martínez de Hoz y amigo del por entonces ministro del Interior Albano Harguindeguy- que estuvo a cargo de la Comisión Nacional de Valores.
Los Ocampo, además, fueron investigados por el secuestro y los tormentos sufridos por los hermanos Iaccarino, empresarios que fueron extorsionados para desprenderse de sus bienes económicos. Por su parte, Echebarne se encuentra actualmente en prisión por haber sido cómplice de delitos de lesa humanidad en el caso Banco de Hurlingham. La situación de este último funcionario fue estudiada a fondo por Bruno Nápoli, Celeste Perosino y Bosisio en una investigación publicada en 2013 por la Comisión Nacional de Valores. Estos aportes permitieron documentar que Echebarne presenció torturas y extorsiones: “Empresarios secuestrados reconocen las voces de Echebarne y René Garris, y si bien no saben si aplicaron ellos las torturas, estuvieron presentes y preguntaban. Por ende, son partícipes de delitos de lesa humanidad. Los militares sabían qué preguntarle a los militantes, pero no a los empresarios, entonces llegaban los técnicos y participaban. Veían un cuerpo torturado, cómo se violentaban los derechos humanos y no decían ni hacían nada para detener eso porque son partícipes”, detalló Bosisio, y agregó: “Con el informe que nosotros armamos, mostramos con pruebas cómo hubo participación directa en la toma de decisiones de favorecer a una empresa u otra. Cabe suponer que beneficiaron a algunos grupos y hasta aprovecharon la información extraída bajo tortura para tomar ciertas decisiones. En ese sentido, la justicia pudo obrar y meterlo preso a Echebarne, pero a Garris todavía no, y uno puede suponer que como él hubo otros personajes similares”.
Marcha y escrache de agrupación HIJOS a Vicente Massot y Carlos Blaquier el 23 de mayo de 2015.
Casos notables
Entre los casos paradigmáticos, aparecen en primera instancia los vinculados directamente a Martínez de Hoz como empresario: la siderúrgica Acindar y la Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad. En la primera firma, Martínez de Hoz abandona el directorio dos semanas antes de que se diera el golpe y deja en su lugar al general retirado Alcides López Aufranc a cargo de la empresa. López Aufranc –fallecido en abril de este año- participó de la represión en una huelga ocurrida el año anterior a su asunción y poco después se jactaba de que 23 empleados ya no darían problemas porque “estaban bajo tierra”. “En el caso de la Ítalo –explica Kosiner- Martínez de Hoz era uno de sus accionistas. Y en un momento en que la política militar se caracterizaba por reducir el gasto público, decidió contradictoriamente estatizar la empresa y pagar cuatro veces más de lo que valía. El Estado compró cables viejos que no tenían ningún valor, hicieron un negociado enorme”.
En el caso del Banco de Hurlingham, veintinueve personas correspondientes al directorio de la entidad fueron secuestradas y llevadas a Campo de Mayo. Allí fueron torturadas e interrogadas por miembros de la Comisión Nacional de Valores, dato que fue corroborado por el juez federal Daniel Rafecas en 2010, a partir de una nota en la cual el Teniente Coronel Raldes agradecía al organismo por los servicios prestados de cuatro técnicos de esa institución.
El caso de Papel Prensa –que permitió el despegue de Clarín hasta obtener una posición dominante en el mercado- también es paradigmático. En ese caso, Lidia Papaleo de Graiver denunció haber sido secuestrada y obligada a vender a precio vil su paquete accionario, tanto ella como los demás socios. Casos como los de las automotrices Ford y Mercedes Benz, donde desaparecieron obreros sindicalizados y militantes, también marcan una clara participación entre los civiles y los militares para la violación de derechos humanos.
Futuro
Celeste Perosino, titular de la subgerencia de derechos humanos del Banco Central, opina que es necesario continuar abriendo la agenda de los derechos humanos: “Hay que saldar deudas históricas y mirar para la dictadura, porque aquellas políticas proyectaron continuidades en democracia. De hecho, por ejemplo, en la CNV muchos de los que llegaron con los militares siguieron trabajando hasta los 90”. Codianni complementó: “Cuanto más se hable de las cuestiones, más se abran los archivos, más servirá. Aunque sea para la historia y para que las cosas no se repitan. Y, por supuesto, se juzgue lo que tenga que juzgarse”.
El proyecto de Recalde recientemente aprobado había recibido el rechazo de las grandes corporaciones: los primeros en quejarse fueron UIA, IDEA, AEA y la Cámara Argentina de Comercio. Una de las críticas fundamentales fueron que se buscaba perseguir y estigmatizar a los empresarios y que el Poder Legislativo buscaba suplir funciones del Judicial. “La comisión bicameral –respondió Recalde- no juzga, ni lesiona garantías constitucionales ni afectan la división de poderes establecida por la Constitución”.
“Uno podría preguntarse por qué ahora –completa Perosino- Me parece que tiene que ver con una cuestión histórica, hubo otras urgencias de investigar antes de meterse en la pata económica. Hubo que tapar otros baches, tratar de avanzar por lo más urgente, y me parece que eso también tiene que ver con un cambio de poder y hurgar en la pata cívica del asunto”.
Ago 25, 2015 | inicio
Desde el viernes 21 al lunes 24 una carpa azul, de forma circular, se levantó frente al imponente Palacio de Tribunales, en un costado de Plaza Lavalle. El interior estaba decorado con fotomontajes del empresario Luis Pedro Blaquier, en los que aparecía vestido de preso. Sentados alrededor de una mesa, un grupo de familiares de detenidos y desaparecidos de Jujuy mantenían una vigilia junto a miembros de organismos defensores de los derechos humanos y de organizaciones políticas y sindicales, como la Tupac Amaru y el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU). Es la forma de protesta que diseñaron para repudiar el fallo de los camaristas Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Righi, que benefició al empresario azucarero acusado de colaborar con la dictadura militar en el operativo conocido como “La Noche del Apagón”, donde fueron secuestradas 400 personas, 33 de las cuales permanecen desaparecidas.
El polémico fallo de la Sala IV de la Cámara de Casación dictaminó la falta de mérito de Blaquier, titular del Ingenio Ledesma, y del entonces administrador de la empresa, Alberto Lemos, en las causas en las que estaban procesados por violaciones de los Derechos Humanos. Ambos están acusados de colaborar con tres secuestros ocurridos el 24 de marzo de 1976 y con otros veinte que se ejecutaron cuatro meses después, entre el 20 y el 27 de julio.
Desde el pronunciamiento de esta resolución, los organismos de derechos humanos vienen movilizándose y denunciando, en diferentes instancias, la impunidad que garantiza el Poder Judicial frente a los delitos de lesa humanidad cometidos por empresarios. A principios de este año se suscitaron cuatro fallos similares al de Blaquier, que impiden juzgar a los sectores de la sociedad civil cómplices de la época más oscura de nuestro país.
Lo que estamos tratando es de fijar una posición respecto a cómo están marchando los juicios, sobre todo el juicio de La Noche del Apagón” explica dentro de la carpa Oscar Alfaro, sobreviviente de los secuestros del Ingenio Ledesma que se suscitaron hace 39 años. Durante esos días de 1976, se montó un operativo que consistió en sucesivos cortes de luz en la localidad de Ledesma, ocasionados intencionalmente por la dictadura con el objetivo de secuestrar militantes políticos y sociales, gremialistas y estudiantes. La vinculación entre el accionar del Ingenio Ledesma y el aparato represivo no se limitó solamente a permitir los cortes de luz sino que además la empresa brindó listas negras y prestó sus camionetas para el traslado de los secuestrados. “En el fallo de la Cámara de Casación de marzo de este año –recuerda Alfaro- se confirma que existieron las camionetas y que hubo gente que fue llevada a galpones de la empresa, pero dicen que el dueño no lo sabía. Con esa excusa le otorgaron la falta de mérito. Pareciera que hay un acuerdo político de la corporación judicial de no avanzar en los causas contra empresarios”.
A metros de la puerta de la carpa hay una bandera blanca que lleva inscripta la consigna de la manifestación: “Repudio Nacional a la impunidad Cívico-Empresarial”. Inés Peña, presidenta de Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Jujuy, explica el objetivo del acampe: “Venimos a reclamar la falta de justicia y contra los empresarios que han sido la pata financiera que permitió la magnitud que tuvo la masacre de la Noche del Apagón. Montamos esta carpa en frente de Tribunales para interpelar a la Corte Suprema. Viajamos más de veinte mil kilómetros para que esto avance, y para que la Comisión Interpoderes nos dé una respuesta a los pedidos que formulamos”, manifiesta la militante jujeña haciendo referencia al comité que integran el diputado Remo Carlotto, el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti; el ministro de Justicia Julio Alak, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó; la presidenta del Consejo de la Magistratura Gabriela Vázquez y Ana Figueroa, presidenta de la Cámara de Casación. En el momento de su creación, en 2008, la comisión dio un firme apoyo a la continuidad de los juicios que investigan los delitos de lesa humanidad. Ahora, los manifestantes le presentaron un documento realizado por 150 abogados querellantes en este tipo de causas, donde denuncian la falta de salas para los juicios orales, la poca frecuencia de las audiencias y la carencia de personal de investigación, entre otros reclamos.
Además del repudio a la falta de mérito a Blaquier y Lemos, los organismos piden celeridad de las causas ya que además de los tiempos institucionales les preocupan los tiempos biológicos: “Es una lucha contra el tiempo, se mueren los genocidas sin ser juzgados y los compañeros sin tener justicia”, marca Peña.
Los organismos convocantes también pidieron juicio político a los integrantes de la sala IV de cámara de casación: “El Poder Judicial tiene que estar al servicio de los más vulnerables, al servicio del pueblo” manifestó Juan Pablo Haddad de la Comisión de Derechos Humanos del SITRAJU, quienes también participaron del acampe frente a Tribunales.
El repudio de estos cuatro días se extendió también a los fallos que a principio de este año frenaron el avance de otras causas emblemáticas que investigan la complicidad civil en delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Entre ellos figura el caso de Vicente Massot, director del diario bahiense La Nueva Provincia, la causa que investiga a Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre por la causa Papel Prensa y el juicio a Agustín Bottinelli, ex jefe de redacción de Para Ti, acusado del delito de coacción por publicar en 1979 una falsa entrevista a Thelma Jara de Cabezas, quien entonces se encontraba cautiva en la ESMA y era presentada en ese artículo como “la madre de un subversivo muerto”.
Como un efecto dominó, estas causas y la que imputa a Blaquier pusieron al descubierto las dificultades existentes para avanzar sobre los juicios a los cómplices civiles del terrorismo de Estado. Por esa razón, también participaron de la carpa de protesta trabajadores y delegados de los años setenta de Mercedes Benz, Astarsa, Tensa, Ford y La Cantábrica, empresas que también están acusadas de colaborar con la dictadura militar. “Yo fui delegado en Mercedez Benz durante esos años, soy querellante contra la empresa y nos sumamos a esta carpa contra la impunidad empresarial”, explica Julio D´Alessandro, integrante del colectivo que agrupa a trabajadores y delegados de aquellos años. “En la causa contra Mercedez Benz –agrega- están las pruebas concretas de las listas y del financiamiento que hacían las empresas a los grupos de tareas de la dictadura”.
Llegando a las cuatro y media de la tarde del último día del acampe, hora en que se reunieron por primera vez en el año la Comisión Interpoderes, Remo Carlotto, titular de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, pasó por la carpa y en declaraciones a ANCCOM sostuvo: “No necesitamos que los familiares de Jujuy vengan a Buenos Aires para hacer una demanda, tenemos que tener una justicia abierta y de diálogo con aquellos que vienen demandando hace tantos años justicia”.
Ago 10, 2015 | inicio
“Estoy muy golpeado por esta circunstancia, pero no encuentro otro homenaje por respeto a la familia y compañeros que no sea siguiendo en esta lucha como siempre”, declaró Jorge Altamira, pre candidato a presidente, que llegó tres horas tarde al búnker del FIT tras haber acompañado a los familiares de Micaela Dramisino, fiscal del partido y estudiante de Trabajo Social de la Facultad de Sociales de la UBA, que murió en un accidente de tránsito en la localidad bonaerense de Burzaco, partido de Almirante Brown.
En cuanto a la propia elección, Altamira ratificó el crecimiento de su fuerza. El FIT, obtuvo el 3,32 por ciento de los votos, convirtiéndose en la quinta fuerza a nivel nacional. El líder del Partido Obrero se presentaba como precandidato por sexta vez en una elección presidencial, aunque esta vez –en lo que probablemente haya sido la sorpresa de la jornada- fue derrotado por su rival interno, el joven diputado del Partido de los Trabajadores Socialistas, Nicolás del Caño, por apenas 20.000 votos.
Sensaciones encontradas
Cuatro televisores al ritmo del zapping noticioso y las banderas de los distintos partidos y movimientos de izquierda funcionaban como único rasgo diferenciador en el ex Salón la Argentina, ubicado en Rodríguez Peña 361. Salvo esos detalles, el clima hermético con el que se seguía los sondeos a boca de urna casi que no variaba de lo que bien podría haber sido la antesala de una obra teatral independiente, por los silencios y la poca concurrencia.
Cerca de las 23, cuando Altamira llegó al búnker, los militantes pusieron algo de calor al ambiente, pero nunca se levantaron banderas ni se acompañó con cánticos o música. El contexto por la pérdida de una compañera que oficiaba de fiscal, una de las tres mil quinientas que se concentraron en la provincia y de los casi dieciocho mil que se desperdigaron por el país, modificó el clima general.
“Si el Estado y los gobiernos están organizados de tal manera que a través de punteros y manipulaciones condicionan las elecciones, lo van a hacer también el día que haya un sistema puramente electrónico” declaró Altamira, quien además ratificó que el FIT no tuvo problemas en la fiscalización.
El cierre de la jornada encontró a la militancia esparcida en el Palacio, los más jóvenes sentados en rondas en el suelo, con los celulares en la oreja esperando un desenlace que sorprendió al propio Altamira: desde 1989 había encabezado todas las boletas de su fuerza pero el próximo octubre deberá dejarle el lugar al Del Caño. El cordobés, que es diputado por la provincia de Mendoza, tuvo que esperar en el BAUEN –el hotel recuperado por los trabajadores- casi hasta el amanecer para poder confirmar su victoria.
Actualización 10/08/2015
Jul 21, 2015 | inicio
Una virgencita de porcelana. Un teléfono de línea. Una ventana. Bebés. El jardín y los juguetes de sus hijos e hijas, que convivían con ellas en la unidad 31 del penal de Ezeiza. Esas son algunas de las imágenes que eligieron mostrar. Los fotógrafos con cámaras marca Nikon, Canon y Sony, se acercan para retratar las fotografías hechas con cajitas de fósforos. «Cámara fragata» se lee en los epígrafes de las fotos en exposición, haciendo referencia a la tradicional marca de fósforos. «Cámara de madera», dice otro epígrafe.
El sábado 18 de julio se presentó en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, ex ESMA, la muestra «Iluminaciones», con fotografías con cámaras estenopeicas hechas en la cárcel por mujeres privadas de la libertad. La exposición, que se podrá visitar hasta el 23 de agosto, fue realizada por la asociación civil y cultural YoNoFui en el marco del taller de fotografía «Luz en la piel», uno de los tantos proyectos que lleva adelante la organización, con apoyo del Haroldo Conti.
La organización YoNoFui surgió en el 2007 durante un taller de poesía en la cárcel de mujeres en Ezeiza. Desde ese año, realizan una importante cantidad de actividades artísticas y culturales en las cárceles de mujeres. El taller de fotografía comenzó en 2008, mientras que el de fotografía estenopeica empezó en 2009. Allí, las participantes aprendieron a construir sus propias cámaras fotográficas con cámaras hechas de madera o de cajas de fósforos.
Cuando presentaron el libro «Luz en la piel», un compilado de las fotografías tomadas en la cárcel, se acercó Cristina Fraire, coordinadora del área de fotografía del Centro Cultural Haroldo Conti, para proponerles un proyecto en conjunto. Entre 2013 y comienzos del 2014, el equipo de fotografía del Conti estuvo acompañando y apoyando a las mujeres de YoNoFui. «Colaboramos teniendo la idea de siempre apoyar aquellos emprendimientos que tienden a mostrar lo que trata de ser invisibilizado», explica Fraire.
En ese sentido, una de las ideas principales era hacer fotografías que retraten el día a día de la cárcel. Pero eso era imposible por las restricciones de las propias normas de estos complejos. Según relata Fraire, el director del Haroldo Conti, Eduardo Jozami, tuvo que presentar notas en el servicio penitenciario para que se habilitaran las entradas a otros ámbitos del penal para hacer las fotos que hoy pueden apreciarse en la muestra.
«Gracias a que el Conti se sumó al proyecto, pudimos entrar en otras partes del penal donde no teníamos acceso», explicó Alejandra Marín, la coordinadora del taller de fotos de YoNoFui, durante la presentación de la muestra. «Trabajábamos siempre en un patio muy reducido del área de educación y lo que empezamos a retratar fue la vida cotidiana de las chicas en distintos espacios. Pudimos ingresar a los pabellones, al área de trabajo, al jardín de infantes», añade Marín.
Liliana Cabrera, poeta y actual docente de YoNoFui, participó del taller de fotografía desde el año 2008. «Fue impresionante para nosotras ver que se podían hacer fotos desde una caja de fósforos, nos parecía lo más elemental para poder hacer arte».
Una cámara estenopeica exhibida en la Muestra «Iluminaciones»
En la presentación, Cabrera se emocionó al expresar que «lo que yo soy hoy, ahora, se lo debo al taller de poesía y de fotografía. Es muy importante en los contextos de encierro poder contar con estos espacios de libertad que si no estuvieran, quién sabe dónde hubiéramos terminado muchas de nosotras».
Ana Fernández, quien estuvo detenida 7 meses en la unidad 31 junto con su bebé, que en ese momento tenía 6 meses, agregó que «el trabajo de YoNoFui abre espacios liberadores para toda la gente detenida. El arte es motivador y ayuda a aquellos que están en situación carcelaria a tener una esperanza».
Marco Bufano, del equipo de fotografía del Centro Cultural, filmó y registró en un corto la experiencia, en diálogo con ANCCOM cuenta que «pudimos entrar a los pabellones, la cocina, algunos patios. Supuestamente no podés filmar cerraduras o rejas. Teníamos una mujer del servicio penitenciario controlando todo el tiempo».
«¿Por qué los reglamentos no permiten generalmente que quienes se alojan en los institutos carcelarios puedan tomar fotografías?», se pregunta Jozami en el texto que abre la muestra. «La fotografía es un modo de apropiación: documenta un momento, una situación, el mismo lugar de encierro. El detenido, de alguna forma, se adueña de lo que registra con su cámara y -bien saben quienes sufren las requisas- a las presas y presos el estatuto del penal no les reconoce, en definitiva, ninguna propiedad».
Liliana Cabrera, poeta y actual docente de YoNoFui
Durante la presentación, el director del Centro Cultural manifestó que «la posibilidad de desarrollar actividades sin limitaciones y que ingrese el arte a la cárcel es un elemento fundamental para ayudar a transformar una situación y un régimen carcelario que todavía deja mucho que desear».
«Las políticas de memoria, verdad y justicia, el respeto por los derechos humanos no se refieren solamente a los años ’70. Una de las asignaturas pendientes dentro de este presente argentino que tantas cosas ha cambiado, es precisamente la situación de las cárceles. El arte y la cultura en general tienen un rol fundamental en el proceso de memoria».
Asimismo, María Medrano, fundadora de YoNoFui, señala que «si bien son épocas distintas, hay mucho de la realidad que se vive adentro de una cárcel que permanentemente se actualiza con situaciones como el traslado de los genocidas a la cárcel de mujeres». En entrevista con ANCCOM, Medrano reflexiona que la muestra «Iluminaciones» podría servir para «iluminar» las paredes del espacio «que formó parte de la historia más negra de nuestro país».
Durante el transcurso del taller, hubo un hecho que entrecruzó ambas historias. A principios de 2014, las autoridades tomaron la decisión de trasladar a las mujeres que estaban en la unidad 31 a otro complejo para que en Ezeiza se pudieran alojar hombres detenidos por delitos de lesa humanidad, que se quejaban de las condiciones de salud del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz.
Alejandra Marín, coordinadora del taller de fotos de YoNoFui.
Ese movimiento puso en riesgo la continuidad del taller, Medrano explica que «tuvimos que mudar el taller a la otra unidad, porque la mayoría de las participantes se fueron del taller». Finalmente y a través de la intervención del Centro Cultural, se logró reubicarlo. Actualmente, el taller de fotografía estenopeica funciona en la Unidad IV de Ezeiza.
«Adentro de la cárcel, en este momento tenemos talleres de carpintería, tejido y telar, poesía, fotografía estenopeica, fotografía digital. Afuera tenemos talleres de textil, serigrafía, encuadernación artesanal, diseño de calzado, dibujo y de periodismo, con el que hacemos una revista», enumera Medrano. Los proyectos de YoNoFui son muchos. El nombre de la revista, que ya tiene una segunda edición, es elocuente: «Yo soy».
