“Sin trabajo, hay hambre”

“Sin trabajo, hay hambre”

“Resistir es seguir conectado con la vida”, asegura Horacio, de pelo blanco y anteojos. Se encuentra en Parque Centenario, en el Festival en apoyo a los empleados del Grupo Veintitrés (G23), realizado por los delegados y representantes de los trabajadores junto con el nuevo Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa). Desde la organización, aseguran que son veinte mil las personas reunidas en el predio.

Unidos y organizados

La gente comienza a acercarse a las 14 del domingo. Con treinta grados de térmica, llegan madres con sus bebés en brazos, señoras en sillas de ruedas, personas de todas las edades con sus reposeras y termos para tomar mate, parejas de enamorados y enamoradas. Hacia las 19 resulta difícil transitar por el parque sin pedir permiso para pasar. La presencia de SiPreBa se hace notar: todos los trabajadores del G23 llevan puestas pecheras con el logo del gremio, que también está impreso en telas que cuelgan del escenario. Alrededor del parque flamean decenas de banderas de distintas agrupaciones políticas de izquierda, peronistas y kirchneristas, como también otras como la de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, los trabajadores de Télam y despedidos del Centro Cultural Kirchner y el Ministerio de Cultura de La Nación.

Además de concientizar sobre el cese de pago de sueldos en la empresa de Sergio Szpolski y Matias Garfunkel, ahora en manos del grupo empresario correntino M de Luxe, el Festival tiene el objetivo de recaudar fondos para repartir entre los nuevos desocupados y quienes tienen el cobro de sueldos atrasados. En el buffet organizado por los trabajadores, los productos tienen dos tipos de precios: uno oficial y otro solidario, para contribuir con la causa. Una segunda carpa anexa al puesto de comidas lleva escrita en aerosol la palabra “donaciones”, a la que gente de todas las edades se acerca con bolsas de supermercado llenas de alimentos no perecederos que son rotulados y guardados en cajas por mismos trabajadores.

El Festival tenía el objetivo de recaudar fondos para repartir entre los nuevos desocupados y quienes tienen el cobro de sueldos atrasados.

El domingo también se trabaja

Malva Marani, una de las redactoras de Tiempo Argentino en la sección Sociedad, camina por el parque como muchos de sus compañeros llevando una urna verde en sus manos con un cartel que dice “Fondo de Lucha, #NoAlVaciamientodelG23?. Cuenta que desde que la empresa fue adquirida por sus nuevos dueños, ya incumplieron cinco veces la promesa de pagarles los sueldos de diciembre y el aguinaldo. La última noticia que recibió es que este martes abonarían los sueldos, mientras tanto sigue a la espera.

A las cuatro de la tarde se lo ve llegar a Ignacio Montoya Carlotto, a pie, por una de las entradas del parque. A último momento se anuncia su presencia junto a la de otros músicos y bandas que ya estaban confirmados como Las Manos de Filippi, Acorazado Potemkin, Liliana Herrero, Chango Spasiuk, Flopa y Bersuit Vergarabat. Los que no llevaron gorra al festival se ven obligados a improvisar una visera con las manos para ver a los intérpretes a medida que cae el sol por detrás del escenario. Liliana Herrero enuncia una propuesta antes de comenzar a tocar: “Hay que hacer nuevas músicas, nuevas poesías y nuevas palabras para que podamos pensar lo que nos está pasando hoy en día”.

Todas las voces

En los intervalos entre cada número musical se oyen mensajes grabados por distintas personas del mundo artístico y cultural en apoyo al festival, y a la vez otros colegas se hacen presentes por medio de saludos que son leídos por los delegados. Uno de ellos es un mensaje de solidaridad de parte de los trabajadores de Clarín, La Nación, Telefé y TN. Ante los silbidos de algunos asistentes, llega la aclaración desde el micrófono: “Todos somos trabajadores”.

También se sube al escenario Horacio Gonzalez, ex-director de la Biblioteca Nacional. Llama a una “reflexión acerca de las pautas publicitarias a quienes tuvimos conexión con el gobierno anterior”, y agrega que “este conflicto salarial tiene adosadas varias capas de un conflicto nacional profundísimo que involucra tanto al gobierno anterior como a este gobierno”. Por último, advierte que “sobre las espaldas de los trabajadores de este grupo periodístico que ha quebrado voluntariamente, se deposita una gran voluntad social y política”.

Como representante de Madres de de Playa de Mayo se presenta Taty Almeida, quién recuerda que “sin trabajo, hay hambre”. “Mejor ejemplo de lucha que las madres no existe”, murmura uno de los asistentes al evento. Se llama Marcelo y es el delegado de la dirección de música del Anfiteatro del Parque Centenario. Comenta orgulloso acerca de la solidaridad entre compañeros: “Los trabajadores ofrecimos nuestra ayuda para armar el escenario y también colaboramos poniendo a disposición los equipos para la organización del Festival”.

Contra el apagón informativo

En el festival solidario también están presentes representantes de medios alternativos. Entre ellos, Ezequiel, de La Izquierda Diario, explica que es difícil para los partidos minoritarios comunicarse con sus votantes, ya que sus luchas no se ven fielmente representadas por ningún medio grande. Por eso, además de tratar de armar sus propios medios de comunicación, considera que es imprescindible que no se abandone la calle y el contacto con las personas. En este sentido, el Chino, que está a cargo del puesto de la revista La Negra del Sur, advierte que es importante el contacto físico además del mediático y está seguro que, organización mediante, la capacidad de los distintos grupos sociales de representarse a sí mismos puede vencer al poder de los medios hegemónicos.

Susana y Héctor Preci están sentados hace horas a la sombra en reposeras con su perrita. Ellos vivieron el primer gobierno de Perón, y aseguran que recobraron la sensación de felicidad que recuerdan de aquellas épocas con la aparición del kirchnerismo. En cambio, el estado de cosas actual los encuentra en un estado de pesadumbre. “Igualmente yo sigo levantándome todos los días 45 minutos antes para comprarme Página/12 y poder seguir informado sobre lo que está pasando”, afirma Héctor y como consejo a la juventud asegura que hay que seguir luchando. Marcela Barrionuevo, que se encuentra en la plaza junto a su hija y a su nieta recién nacida, dice estar lista “para la revolución si hace falta”. Ella elige informarse por medios alternativos en Internet.

Dos vecinas de Caballito de cincuenta años toman mate, sonrientes, sentadas sobre el césped. Aseguran que parte de su conciencia sobre la manipulación de los medios sobre las personas tiene que ver con la influencia de sus hijos. Una de ellas se queja: “No hay más 678, no hay más Victor Hugo, ya no queda ningún medio que nos represente, ¡y los que opinan como ellos siguen todos funcionando! Yo me entero de lo que pasa gracias a las redes sociales”.

En distintas ubicaciones del Parque también se hacen presente otras agrupaciones, como la revista Enfoque Rojo, de divulgación de fotografías militantes que muchas veces no tienen lugar en los medios comerciales. También tiene su puesto la CORREPI, la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional, acercando su informe antirrepresivo 2015. En él se puede acceder a información acerca de casos de violencia institucional que tienen escasa o nula difusión.

Otro invitado sorpresa

A las ocho de la noche sigue llegando gente al Parque. En la entrada sobre Leopoldo Marechal se mezclan la tradicional feria del fin de semana con los trabajadores que llevan las urnas verdes para recaudar fondos, mesitas para afiliarse a distintos partidos políticos, puestos donde se venden DVDs de documentales de temáticas sociales y remeras con la consigna «Clarín Miente». De fondo suena «Los métodos piqueteros» cantado en vivo por Las Manos de Filippi.

Minutos después, antes del cierre del Festival en manos de Bersuit Vergarabat, aparece sorpresivamente Victor Hugo Morales en el escenario y realiza un breve discurso: “Estamos resistiendo, dando la cara, abrazándonos, en la plaza, democráticamente, respetando lo que siempre hemos dicho: hay que bancarse la democracia aunque nos duela”.

Un abrazo a la memoria

Un abrazo a la memoria

Mesitas improvisadas daban la bienvenida al Espacio Memoria y Derechos Humanos, todavía más conocida como la ex ESMA, la tarde del sábado 9 de enero. El día anterior el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, había confirmado que se apartaría al director del Archivo Nacional de la Memoria, el nieto restituido Horacio Pietragalla. En respuesta,  los organismos defensores de los Derechos Humanos convocaron a un abrazo simbólico a través de las redes sociales con el hashtag #ElArchivoNoSeToca.

Charly García sonaba desde los parlantes del predio ubicados sobre los centenares de asistentes que se mezclaban con la venta de remeras estampadas con las caras de Néstor y Cristina Kirchner. Los militantes lucían remeras que formaban más un arco iris que un todo parejo: las violetas del Espacio Solidaridad e Igualdad, las celestes del Nuevo Encuentro, las verdes de Kolina y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), las blancas de La Cámpora y de H.I.J.O.S.

El edificio donde funciona el Archivo Nacional de la Memoria supo ser -hasta el 24 marzo de 2004- la Escuela de Guerra Naval. En su puerta, Antonio Cepeda daba comienzo al acto con su versión de “Barro tal vez”. Más tarde, el Negro Fontova exclamó que estaban protegidos y levantó una fotografía del pianista Osvaldo Pugliese hacia el cielo. Por atrás de la construcción avanzaba una columna de La Cámpora que con sus redoblantes y bombos estrenaba canción al grito de “Esta casa es de Perón”.

Cerca de las 18:30, salieron ante los micrófonos y un público cada vez mayor, los organismos de Derechos Humanos y los funcionarios del Archivo. Taty Almeida de Madres de Plaza de Mayo -Línea Fundadora- expresó: “Este archivo tiene que quedar para nosotros, no podemos aceptar que no sea de nuestra confianza total el que esté al frente de este Archivo. En este encuentro estamos demostrando, una vez más, al Presidente Mauricio Macri que los derechos humanos no somos un curro”. A su vez, Angela “Lita” Boitano, la presidenta de la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, recordó que los registros de los juicios que se hicieron en Francia e Italia también se encontraban en el Archivo. “Siempre entendimos que una verdadera política de derechos humanos debía contar con el compromiso del Estado. Pero continuarla sin los organismos no es cambio de paradigma, sino es ir en contra de ella”, dijo.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, sostuvo: “Nos tienen miedo porque se han encontrado con un pueblo que nunca entregó su dignidad. Cómo no va a haber pasividad, no va a haber silencio, vamos a doblegar a quién – lejos de decir que hay que hacer – debe hacer lo que nosotros queremos que haga”.

Para Horacio Pietragalla, hay una clara intención detrás de su desplazamiento: “Parte de esos grupos económicos que se favorecieron con la dictadura, hoy son gobierno. Gran parte de la información que está acá puede jugar en contra de eso. Para la Comisión Bicameral del año pasado, fuimos fuente de entrega de información. Obvio que quieren venir por eso”, aseveró.

Consultado por ANCCOM acerca del pedido de audiencia que se le hizo al Presidente, Pietragalla explicó: “Avruj dijo que los organismos de derechos humanos se tienen que acostumbrar que son una ONG como cualquier otra y la verdad que no opinamos lo mismo. Nosotros vamos a tener muchas más campañas por delante, pero nuestras Madres y Abuelas no y vamos a defender el rol que ellas tienen en la sociedad”.

¿Qué es el Archivo Nacional de la Memoria?

El 17 de diciembre de 2003 se creó con el decreto 1.259/2003 el Archivo Nacional de la Memoria, como custodia de los registros de la CONADEP. Sus objetivos son obtener, analizar, clasificar, duplicar, digitalizar y archivar informaciones, testimonios y documentos sobre violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales con la responsabilidad del Estado Argentino y sobre la respuesta social e institucional.

Entre su patrimonio, cuenta con 530 horas de grabación del Juicio a las Juntas militares, 600 horas aproximadas de material histórico audiovisual, 20.000 fotografías, casi 3.000.000 de imágenes de la Fototeca ARGRA, más de 2500 legajos SDH de testimonio, 272 cajas de fondos CONADEP, más de 2500 legajos SDH de testimonios  de víctimas del terrorismo de Estado, más de 3800 cajas con material gráfico de la colección Secretaría de Medios, 853 documentos de instituciones que trabajaron junto con la CADHU, 400 cajas aproximadamente conteniendo documentación de la Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial creada por la última dictadura cívico-militar.

Y florecerán mil micrófonos

Y florecerán mil micrófonos

“El periodismo es libre o es una farsa” escribió Rodolfo Walsh, quien fuera asesinado por la última dictadura cívico-militar en 1977. Décadas más tarde, el 11 de enero de este año, Víctor Hugo Morales, quien conducía los programas La Mañana y Competencia por Radio Continental, fue despedido. La noticia le fue dada cuando se presentó en su puesto de trabajo como lo hacía todos los días, desde hacía treinta años. En apoyo al periodista -que fue sumado a la montaña de despidos estatales y privados del último mes-, su audiencia y distintas agrupaciones políticas convocaron a una manifestación en la Plaza de Mayo para repudiar el hecho.

Las columnas de Nuevo Encuentro, La Cámpora, Peronismo Militante llegaron desde temprano y, entre otras agrupaciones, se ubicaron detrás del escenario montado frente al Cabildo. La multitud autoconvocada se ubicaría sobre Avenida de Mayo y las diagonales Norte y Sur. La invitación había circulado por las redes sociales con un horario centralizado que indicaba el inicio a las 17.

Dos horas más tarde, cuando se complicaba caminar o avanzar, Victor Hugo Morales subió al escenario para dirigirse al pueblo, acompañado de múltiples referentes defensores de los derechos humanos, la cultura y la comunicación: Martín Sabbatella, Gabriela Cerruti, Mónica Macha, Eugenio Raúl Zaffaroni, Andrés “el Cuervo” Larroque, Daniel Tognetti, Anibal Ibarra, Teresa Parodi, Horacio Pietragalla, Cynthia García, Horacio Fontova, entre otros. Y comenzó: “Un pueblo en la plaza es un pueblo que merece la atención y el respeto del periodismo. Es la demostración más alta y más maravillosa de la expresión de la democracia”.

A pocos minutos, resaltó la importancia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (o Ley de Medios) como garante de la pluralidad de voces y freno a los monopolios mediáticos. Aprovechó el momento para destacar que el llamado de Sabbatella fue el primero que recibió, seguido por Graciana Peñafort y Cerruti: “Aquí estamos para pelear por el periodismo y, detrás de eso, por la Ley de Medios, que apuntó a asegurarnos más democracia y nos despertó”. Paloma López, una estudiante de Villa Crespo que escuchaba atenta entre el público, explicó a ANCCOM por qué se encontraba en la concentración: “El manejo político del gobierno de Macri es propio de un gobierno neoliberal, de derecha, que tiene intereses puramente especulativos y responde a la lógica del mercado. A partir de esa base, se puede entender cualquier cosa. Víctor Hugo es una voz más que se plantó frente a un monopolio y están queriendo silenciar esa posición ideológica que no tiene que ver con la lógica mercantil, sino con una posición mucho más humana. Eso es lo que estamos defendiendo de fondo, y es lo que quieren callar y censurar a toda costa”.

Desde los altoparlantes, la voz de Morales defendía la discusión y se contraponía a la propuesta de un discurso univoco que no conlleve confrontaciones: “No quieren que haya un periodismo desobediente, pero no sirve que no haya voces contrarias. La grieta existe en todas partes del mundo, porque el mundo está discutiendo cómo se quiere organizar. O alrededor de la posibilidad de que todos quepan o alrededor de la elite que se queda con todos los beneficios. Si hay una división de opiniones, lo que hay que hacer es trabajar fuertemente en esa división. Pero no le tengamos miedo a la discusión”. Fabio Muente, psicólogo de Alvivir, sostuvo en el medio de la Plaza: “Es importante que se puedan dar estas manifestaciones ante un avance tan fuerte contra la libertad de expresión y contra las pocas voces que quedan con una opinión y una visión distintas a la del actual gobierno. Lo de Víctor Hugo fue absolutamente sorpresivo. Esta es una plaza alegre y comprometida, pero que se da en el marco de despidos, de represión, de avance sobre derechos adquiridos, de recortes económicos y aumentos. En el marco de todo eso, los que estamos acá sentimos que, encima, nos quitan las voces, como si fuera poco”.

Morales, sin conocerlo, expresaba lo mismo: “Este mes de la derecha ha superado las expectativas. Sabíamos de qué eran capaces, pero no sabíamos que iban a llegar con tanta crueldad”. Se refirió, entonces, a los miles de trabajadores que están siendo despedidos de la órbita estatal, entre los que incluyó a los del Centro Cultural Kirchner, Arsat, el Senado y a quienes fueron reprimidos en La Plata. Respecto de esto, advirtió: “La gente no votó a los CEOs de las doce o trece empresas más importantes. Al Estado se lo han devorado las corporaciones. Se terminó el lobby, porque los que hacían el lobby ahora están adentro del Estado y no precisan ir a convencer y presionar a políticos y periodistas”.

Lorena Davila, de Villa Urquiza, contó: “Vine porque quiero seguir escuchando la radio que se escuchó por muchos años en mi casa, pero también por la cantidad de gente que están dejando sin laburo. Para que no haya un blindaje mediático, para que la libertad de expresión siga como en el gobierno de Cristina y no como una mentira para ganar elecciones. Macri demuestra, día tras día, para quién va a gobernar. Y ahí estaremos, en cada plaza, para no convertirnos de nuevo en colonia”. María Luz Cerone, su amiga y vecina, sumó: “Vine no sólo por Víctor Hugo, sino también por la amenaza a los derechos y logros del gobierno anterior. No quiero vivir lo que muchos otros me contaron que vivieron. Me prometí el 9 de diciembre que iba a apoyar en todo lo que pudiera el proyecto nacional y popular. Macri es un testaferro de los grandes grupos y nosotros vamos a tener que luchar contra eso”.

Para finalizar, Morales agradeció el apoyo de sus compañeros de Radio Continental e instó a la multitud a mantenerse activa y alerta: “Sigamos luchando. Luchar es estar informados y estar informados es trabajar de ciudadanos, es nuestro mecanismo de defensa. Si no hay información, está la locura de la mentira de los medios”.

En la desconcentración, Silvia de Caballito –así se identificó, como lo hacen los oyentes de las radios- repartía volantes dirigidos a los votantes de Macri: “Hace un mes –se leía-, yo me levantaba y escuchaba a Víctor Hugo. Vos te levantabas y escuchabas a Lanata. Yo almorzaba escuchando a Dady Brieva. Vos almorzabas escuchando a Majul. Yo cenaba mirando 678. Vos cenabas mirando Los Leuco. Antes de dormir me gustaba mirar Duro de domar. Como a vos seguramente te gustaba mirar A dos voces. Si los sábados no salíamos, yo podía ver TVR y vos podías ver a Mirtha Legrand. Un mes después ya no puedo escuchar a Víctor Hugo, ni a Dady, ni ver 678, ni Duro de domar ni TVR. Y, sin embargo, vos seguís teniendo la misma libertad para ver los programas que pudiste ver ininterrumpidamente durante todos estos años. ¿Te acordás cuando decían que TN iba a desaparecer?

“Soy estatal, mi trabajo son tus derechos”

“Soy estatal, mi trabajo son tus derechos”

Leandro N. Alem y Sarmiento. 11 de la mañana. Un grupo de 100 personas, rodeado por otras 200 que acompañan una lucha, una más de los trabajadores que deciden los pasos a seguir: “Su objetivo es desgastarnos, tenemos que contar con un elemento para forzar una conciliación obligatoria”, “nos están dando la peor parte del decreto”, “la pelea es adentro del edificio, nos tenemos que exponer”, “queremos luchar, pero no vamos a entrar a la fuerza”. En la puerta del Centro Cultural Kirchner (CCK), se escuchan diferentes voces, diversas posturas, pero todas con una misma conclusión: “A un trabajador no se le puede negar su lugar natural y ese lugar, en nuestro caso, es el CCK”, afirma Hernán Granovsky, delegado del Centro Cultural.

Por orden de las nuevas autoridades, el pasado sábado 2 enero 530 trabajadores del Centro Cultural Kirchner no pudieron acceder a sus puestos de trabajo porque su ingreso al edificio estaba prohibido. La medida ocurrió sin previo aviso, sin ninguna nota formal, sin ninguna resolución ni acto administrativo. La modalidad fue una lista que identificaba a quienes tenían restringido el acceso. “Al entrar al edificio, nos encontramos con una lista con nombre y apellido de aquellos que sí podían ingresar, en su mayoría gente de mantenimiento y recursos humanos, y de quienes no teníamos permitida la entrada”, cuentan dos trabajadoras del CCK, quienes prefirieron mantener en reserva su identidad por medio a mayores represalias. “Si bien sabemos que nuestro futuro pende de un hilo, pensamos que se iba a respetar el acuerdo al cual se llegó la semana pasada”, agregan.

El martes 29, después de tres semanas de cimbronazos permanentes, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) había llegado a un acuerdo con Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, bajo cuya esfera se encuentra ahora el CCK. Lombardi les había prometido su continuidad laboral durante los tres meses que se hiciera efectivo el Decreto 254/2015: “La semana anterior tuvimos una reunión con Lombardi, quien se comprometió por la continuidad laboral de los 530 trabajadores del CCK. Iba a hacer efectivo el decreto presidencial, no obstante garantizó durante los tres meses de revisión, la renovación de los contratos. Ayer los trabajadores se encontraron con las puertas cerradas”, sostiene Diego Martínez, dirigente de ATE. “Al ingresar al edificio, nos recibió una persona de Recursos Humanos que nos comunicó que nuestros contratos ya no eran reconocidos -explica  Hernán Granovsky-  y como solución nos dijeron que nos iban a evaluar para decidir nuestra continuidad o reubicación en el nuevo organigrama del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos”.

Los cambios con la nueva gestión

La mayoría de los trabajadores del CCK contaba con un contrato que finalizaba efectivamente el 31 de diciembre. Sin embargo, antes del 10 de ese mismo mes, se llegó a un nuevo acuerdo y se firmaron los nuevos contratos por un año más. De este modo, los trabajadores tenían asegurada su continuidad. No obstante, una serie de medidas modificaron el panorama.

La primera medida que tomó el gobierno de Mauricio Macri a través del decreto 254/2015 instruyó a ministros, secretarios y autoridades a revisar los procesos concursales y de selección de personal de los organismos descentralizados, así como empresas y sociedades del Estado. Como primera respuesta ante esta normativa, ATE llamó a un paro nacional  la semana pasada con el principal objetivo de impedir los despidos masivos. Lombardi garantizó la continuidad de los 530 trabajadores del CCK durante los tres meses que se hacía efectiva la revisión.

La segunda medida fue bajo la dirección de Gabriela Ricardes, flamante secretaria de Contenidos del Sistema Federal de Medios Públicos y parte del equipo de transición que se está haciendo cargo del CCK, quien no reconoció los nuevos contratos. A partir de ahí, los trabajadores ya no pudieron ingresar a su puesto de trabajo. “El sábado, primero, nos comunicaron que el CCK estaba cerrado porque iba a abrir únicamente de lunes a viernes. El lunes, nos encontramos con la decisión de no dejarnos ingresar al edificio. Nos comunicamos con el secretario de Ricardes, Diego Fernández, quien se excusó con el paro que realizamos para no reunirse con nosotros”, cuenta Marcelo “Nono” Frondizi, secretario de acción política de ATE Capital. “Recibidos por personal de Recursos Humanos, se nos informó que seríamos sometidos a entrevistas laborales sin estar en nuestros puestos de trabajo, de hecho, que nos retiremos a nuestras casas y que ellos se irían comunicando con cada uno de nosotros. Justificaron estar recolectando la información para ver cómo entraría en el nuevo organigrama del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, y que llegado el momento, ellos se comunicarían. Nos invitaron a llenar un formulario con los datos que ya fueron dados y que incluso se encuentran en nuestros legajos”, relatan los trabajadores en el comunicado subido a su perfil de Facebook “Trabajadores del Centro Cultural Kirchner”. Ante  esta medida, vino la segunda respuesta de los trabajadores: mantener un estado de asamblea permanente, acompañados por los sindicatos ATE Capital y UPCN Cultura, a la espera de una negociación con Lombardi o Ricardes.

Estado de asamblea permanente

Leandro N. Alem y Sarmiento. 12 del mediodia. 300 personas se reúnen en las escaleras del Centro Cultural Kirchner para exigir la reincorporación de los 530 trabajadores. Múltiples banderas de ATE, banderas con escritos – “Por el trabajo y la cultura pública”, “#TrabajadoresCCK”, “El CCK no se abre sin sus trabajadores. Renovación de los contratos” y cánticos contra Lombardi y en defensa de los derechos de los trabajadores ambientan la lucha. En este escenario se escucha la voz de “Nono” Frondizi: “Otro días más y las autoridades no nos atienden. Lo único que vale es la firmeza. Cada trabajador tiene que llevar el pan a su casa. Quieren un plan de ajuste para destruir lo que se logró durante estos doce años. No hay que tener miedo. Así lo demostró el conjunto del movimiento obrero. Somos peronistas y no nos vamos a rendir. Vamos a proteger el proyecto del CCK porque es el proyecto público que defendemos”.

La lucha continúa y los trabajadores convocan al público, artistas, trabajadores, organizaciones sociales y culturales, medios y a todos los que quieran acompañarlos, el próximo jueves 7 de enero a las 16, a encontrarse en la puerta del Centro Cultural Kirchner. La autoridades no responden, pero los cánticos no dejan de sonar mientras se despliega una bandera que corta un carril de la avenida: “Soy estatal, mi trabajo son tus derechos”. Son trabajadores y el CCK es la cultura pública.

 

“Nos echaron por lo que hicimos, no porque no hicimos nada”

“Nos echaron por lo que hicimos, no porque no hicimos nada”

Tres historias de trabajadores estatales despedidos. ¿Qué hacían? ¿Qué se pierde junto a sus puestos de trabajos? ¿Cómo los contrataron? Hablan los nuevos desocupados del Estado.

El miércoles 13 de enero, el Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, aseguró en conferencia de prensa que el nuevo gobierno encontró “un Estado lleno de militantes, pero vacío de contenido”. Así fue como justificó los despidos masivos a trabajadores estatales que se realizaron a lo largo de enero. Aunque los números aumentan a diario, y todavía no se pueden conocer con precisión, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) calcula que ya son cerca de 20 mil los nuevos desempleados.
Bajo el remanido discurso del “Estado ineficiente”, de los supuestos “ñoquis” y del “exceso de gasto fiscal”, las políticas neoliberales del macrismo buscan reducir del Estado a la mínima expresión. Entre los trabajadores recientemente despedidos, tres profesionales aceptaron contar su historia a ANCCOM: Bárbara Pistoia, encargada de Comunicación del Centro Cultural Kirchner; Verónica Almada, antropóloga y trabajadora en el Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación; y Juan Allende, Técnico territorial de Conectar Igualdad en Córdoba.
“No nos están echando porque no hicimos nada, nos están echando justamente porque lo que hicimos responde a algo que ellos no quieren. Hicimos un montón de cosas, hubo mucho trabajo que está disponible en redes para que cualquiera que tenga ganas de informarse lo vea. Esas cosas no se hacen solas”, dijo Bárbara Pistoia, una de las 600 personas que trabaja en el Centro Cultural Kirchner (CCK) desde que abrió sus puertas, en mayo de 2015. Pistoia se enteró, mediante una conocida suya, que en el Centro estaban buscando gente y acercó su currículum. Después de las entrevistas habituales, pudo entrar a trabajar en el Centro Cultural. Es escritora, trabajó en medios de comunicación y dictaba talleres de artes visuales y letras. Por su desarrollo en el área, entró a trabajar como encargada de Comunicación: “El laburo era buenísimo, se hacían 400 actividades gratuitas mensuales. Se habilitaban los nueve pisos que tiene el edificio, en simultáneo, todos los fines de semana. Los jueves, que eran los días más tranquilos, venían cinco mil personas; y de viernes a domingo la cifra aumentaba hasta llegar a diez mil visitas con picos de 40 mil, como en la noche de los museos. Y en vacaciones de invierno que llegaban diez mil personas todos los días”, contó Pistoia.
Una explicación común sobre los despidos, en todas las áreas, fue que serían desplazados todos los contratados durante 2015. “Nos dijeron que no podemos exigir continuidad laboral porque ingresamos en 2015. Ingresamos en 2015 porque el Centro Cultural abrió en 2015. Aunque también hay un porcentaje de trabajadores que viene laburando desde antes, porque hay que hacer toda una organización y una estructuración de un lugar de esta dimensión para poder abrirlo”, aseguró.
El sábado 2 de enero, el primer día hábil del año, los trabajadores asistieron a sus puestos y se enteraron, en la puerta del Centro, que no podían ingresar porque “la nueva gestión había decidido que iba a estar abierto de lunes a viernes por temas administrativos, y que no iba a estar abierto al público”. El lunes 4 volvieron pero la mayoría no pudo entrar. Se les informó que el Centro estaría cerrado hasta el 4 de febrero y en ese período se revisarían sus contratos. “No nos oponemos absolutamente a nada de eso –aclara Pistoia-. Entendemos y comprendemos que hay una nueva gestión y nos tienen que conocer. El tema es la hipocresía que hay en esa situación. No nos están dejando ingresar a trabajar, todavía no nos recibieron, no tuvimos ninguna instancia de diálogo ni nosotros, ni los gremios”. Según la comunicadora, en el CCK muchos trabajaban entre 8 y 10 horas, de lunes a lunes: “Más allá de querer cumplir con nuestro laburo, había una convicción, un amor por el lugar que abrimos y que vimos crecer”. Por otro lado, se refirió a la situación precarizada de sus contratos: “Tienen la gran oportunidad de modificar esa situación y dar el ejemplo. De hacer algo que sería muy interesante, poder mejorar las condiciones laborales. Nosotros no somos responsables de la precarización laboral, están estigmatizándonos por la ideología y por la gestión política anterior”.

“Se pone en riesgo la continuidad de los juicios”
Dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, funciona desde el año 2007 –luego de la desaparición de Julio López¬– el Programa Verdad y Justicia. Extendido en todo el país, se encarga de articular y coordinar a todas las dependencias del Poder Ejecutivo para brindar apoyo institucional a las investigaciones que se llevan adelante en los juicios de lesa humanidad, contra los represores de la última dictadura cívico-militar. Otra de las funciones primordiales consiste en proteger a testigos, víctimas y querellantes que son parte de cada juicio. El miércoles 13 de enero, cuatro trabajadores del Programa llegaron a sus puestos, como de costumbre, y al intentar ingresar el usuario de sus computadoras descubrieron que no estaban habilitados. Luego de una mañana de incertidumbre y preguntas, les informaron al mediodía que los usuarios habían sido bloqueados desde el área de Recursos Humanos porque habían sido desvinculados de sus labores. También les avisaron que luego les llegarían los telegramas, cosa que en distintos casos aún no sucedió.
Al día siguiente, los despedidos ya eran diez en total. “Es loco porque yo pude entrar con mi huella digital como todos los días en la entrada, pero cuando llego a mi puesto de trabajo no puedo acceder a mi computadora. Me pareció muy violenta la forma. Además no lo imaginaba. La angustia de ese momento, cuando me enteré que el bloqueo fue porque estaba despedida fue chocante. Nos fuimos enterando de a poco, cuatro el primer día, otro día otros, es como despidos por goteo. Y a mí, por ejemplo, todavía no me llegó el telegrama de despido, a otro compañero tampoco. A otros compañeros no les bloquearon el usuario pero directamente les mandaron el telegrama. Eso es un poco lo que nos está desconcertando”, contó Verónica Almada, antropóloga recibida en la UBA, que trabajó durante cuatro años en los archivos de las Fuerzas Armadas y realizó investigaciones sobre derecho penal, además de dar clases en la cárcel de Ezeiza.
En noviembre de 2014, Almada recibió un mail en el que buscaban “antropólogos que hagan estadísticas”. Pensó que podría ser un trabajo útil para ampliar su panorama y crecer profesionalmente. En abril del 2015 consiguió el trabajo: “Entré porque hacía falta alguien que lleve adelante toda la parte estadística de los juicios. La idea también era empezar a evidenciar nuevos indicadores para identificar problemáticas sobre los procesos judiciales en particular. Había que saber un poco de derecho y yo ahí entraba muy bien”, describe Almada.
Al igual que en el CCK, la primera explicación fue una excusa: “Cuando empezamos a protestar, nos dijeron que todos los que ingresamos en 2015 íbamos a ser despedidos. Lo cual en realidad era mentira porque también despidieron compañeros más antiguos, algunos ingresaron en 2010 y también los despidieron. Después nos dijeron que el empleador tenía derecho a prescindir de nosotros, entonces nosotros tenemos también el derecho a reclamar porque no hay razones para los despidos. También es cierto que el Programa no tiene mucha gente para el trabajo que hacemos. Entonces, despedir diez personas para un programa que tiene 53 es un número muy significativo. Nos corta un montón la capacidad de acción y de trabajo”, aseguró Almada.
El Programa cuenta con tres áreas que funcionan en conjunto: un equipo de abogados, un equipo de investigación que se encarga de la búsqueda de documentación y un equipo de Implementación Operativa, encargado de elaborar los informes de riesgo sobre víctimas y testigos: “Evaluamos el nivel de exposición de cada testigo. Por supuesto que esto está muy invisibilizado, porque como es información sensible, no tienen conocimiento público. Se presentan a los tribunales y a los organismos de protección de testigos, para que en función de nuestros informes implementen medidas de acción”, explicó Almada.
Verónica Almada participa en los informes de riesgo y también en la investigación judicial: “En febrero se reanudan un montón de juicios y nosotros tenemos trabajo. Hay testigos que contactar. Hay que hacer un seguimiento, ver si necesitan asistencia… Y eso no se puede hacer de un día para el otro. No es fácil para mucha gente declarar en un juicio”, explicó.
Por último, la antropóloga hizo referencia a la posibilidad de que el Programa sea desarticulado o funcione con menos trabajadores: “Si todos estos espacios están siendo mermados en sus trabajadores, ahí es cuando la labor empieza a ser deficitaria. No sabemos si no van hacia un vaciamiento. Se ponen en juego la continuidad de los juicios. Yo entiendo que lamentablemente hay un montón de gente a la que no le importa, pero el Estado tiene la responsabilidad. No es relevante si te importa o no, si no que el Estado tiene esa responsabilidad. La reparación a las víctimas no es solo una contraprestación como si fuese un seguro, sino que además tenés que tener una política de justicia para que esa reparación sea correcta, y una política de memoria para garantizarle a la sociedad que eso no se va a volver a dar”.

“Es un despropósito romper las relaciones establecidas”
Juan Allende vive en Villa de Soto, en la provincia de Córdoba. Trabaja en el equipo técnico territorial del Programa Conectar Igualdad, desde su lanzamiento en 2010. Antes había integrado el Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa (PROMEDU TIC). “En Conectar Igualdad yo tenía un radio de acción que contemplaba doce escuelas, en las cuales se trabajaban cuestiones técnicas, pedagógicas y de gestión. También, por supuesto, todo lo que tenía que ver con capacitación. Córdoba ha venido siendo una de las provincias que más ha desarrollado el Programa. Los integrantes del equipo trabajaron muchísimo en la adaptación de los materiales, que se elaboraban muchas veces en Buenos Aires, los adecuaron a nuestra región. Para lugares con conectividad y para lugares sin conectividad. Sigue siendo un equipo muy activo, muy productivo el Conectar Córdoba”, dijo Allende en conversación por Skype con ANCCOM.
Según el delegado de ATE del Ministerio de Educación, Rodrigo Recalde, lo que pasó con Conectar Igualdad es que se descentralizó el Programa, que fue establecido a través de los convenios colectivos en el Consejo Federal de Educación: “Lo han descentralizado hacia las provincias, dependiendo el financiamiento a través de ellas”.
A partir de esta situación, Allende explicó que la normativa de Córdoba no permite que un trabajador tenga dos cargos provenientes de la misma fuente: “Ahora, si ya tenés otro contrato de la provincia, hay incompatibilidad. Creíamos que nosotros no entrábamos en esa incompatibilidad, pero los casos se empezaron a suceder entre muchos de los compañeros del Conectar Igualdad, que ya teníamos otros desempeños, porque claramente con un solo honorario difícilmente se pueda vivir. Tuvimos la oportunidad de charlarlo con gente de Córdoba, para manifestar nuestro descontento. Por ejemplo, a una compañera se le daba una incompatibilidad por tener tres horas en la Universidad de Córdoba, donde su sueldo no llegaba a los 1800 pesos. No hablamos de una persona que se estaría enriqueciendo por tener dos cargos. Le pedimos a la Provincia que considere esa incompatibilidad, así como cada una de las nuestras. Mi otro cargo tiene que ver con el trabajo en escuelas de la zona rural, que es la zona donde habito, con el plan de Mejoras”.
Por el momento, los trabajadores no tuvieron ninguna comunicación oficial y aún no saben si el Programa Conectar Igualdad dejará de funcionar o pasará a formar parte de otro programa educativo. Permancen con la incertidumbre, a la espera de saber si les renovarán sus contratos. Se trata de 892 personas que trabajan desde 2010 en la entrega y formación continua de equipos directivos, docentes y alumnos de 11.252 escuelas públicas de todo el país. Ya se entregaron 5.361.917 netbooks a estudiantes y docentes. Además, 7.080 escuelas primarias recibieron Aulas Digitales Móviles (ADM) en 2015 para 858.844 alumnos.
Allende contó, además, que los avances en el manejo de las Tecnologías de Información y Comunicación sirvieron para que desde las escuelas se generara conocimiento: “A mí particularmente me toca trabajar con muchas escuelas rurales, y sería un despropósito que se rompan esas relaciones establecidas. Este año, con el lanzamiento del Plan de Inclusión Digital Educativa, se pudo ver todo ese trabajo terminado en cortometrajes de altísima calidad que realizaron las escuelas. Empezamos a trascender ese manejo instrumental para encontrarnos con la parte pedagógica, con la parte que va más allá inclusive de las fronteras de la escuela, porque hablamos de documentales que hablan de toda la comunidades, ya no solamente lo escolar”. Y concluyó: “Esperamos que el Programa continúe, creemos que es posible llevar adelante una mejora de educación con calidad. La posibilidad de acceder a una computadora para un chico de una zona rural o en lugares de la Ciudad donde no es fácil acceder a un equipo de esas características, les permitió acceder a un conocimiento que no estaba dado para todos”.

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Marcha por los despidos en el Ministerio de Trabajo. Ciudad de Buenos Aires. 14 de enero de 2016. Foto: Deborah Valado

Marcha por los despidos en el Ministerio de Trabajo. Ciudad de Buenos Aires. 14 de enero de 2016. Foto: Daniela Yechúa / CitrusPress

Marcha por los despidos en el Ministerio de Trabajo. Ciudad de Buenos Aires. 14 de enero de 2016. Foto: Daniela Yechúa / CitrusPress

Marcha por los despidos en el Ministerio de Trabajo. Ciudad de Buenos Aires. 14 de enero de 2016. Foto: Daniela Yechúa / CitrusPress

Marcha por los despidos en el Ministerio de Trabajo. Ciudad de Buenos Aires. 14 de enero de 2016. Foto: Daniela Yechúa / CitrusPress

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Marcha por los despidos en el Ministerio de Trabajo. Ciudad de Buenos Aires. 14 de enero de 2016. Foto: Deborah Valado

Verónica Almada, trabajadora del Ministerio de Justicia de la Nación, despedida. Foto: Noelia Pirsic

Verónica Almada, trabajadora del Ministerio de Justicia de la Nación, despedida. Foto: Noelia Pirsic

Marcha por los despidos en el Ministerio de Trabajo. Ciudad de Buenos Aires. 14 de enero de 2016. Foto: Daniela Yechúa / CitrusPress

Marcha por los despidos en el Ministerio de Trabajo. Ciudad de Buenos Aires. 14 de enero de 2016. Foto: Daniela Yechúa / CitrusPress