«Verdura va»

«Verdura va»

El acampe es frente al Congreso. Dos días de actividades  por la Ley de Acceso a la Tierra, llevado a cabo por  la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) junto a otras organizaciones que apoyan el reclamo. El verdurazo está en el centro y es una de las acciones más sorprendentes para los vecinos. 

A las 12 del mediodía, en la Plaza del Congreso se podían encontrar los distintos puestos de la feria que se había montado, la mayoría con banderas wiphala, y carteles que reclamaban «Por una política agropecuaria que alimente’’ o “Ley de Acceso a la Tierra”, enarboladas por las organizaciones que habían ido a vender sus productos alimenticios como quesos, leches, yerbas y bandejas de comida a precios populares y que se iban a mantener durante toda la jornada.

A esa hora la llegada de un camión dio lugar a que dos chicas rompieran el silencio al grito de azo, azo, se viene el verdurazo”. Y ahí nomás, dos trabajadores empezaron a bajar los primeros cajones y comenzó la repartija de verduras a la cuadra y media de personas que habían armado una fila en no más de 10 minutos. Primero un trabajador  llenaba las bolsas de las señoras mientras gritaba los nombres de las verduras, y del otro lado del camión se repetía la misma situación. 

Los productores de la UTT obsequiaron 5.000 kilos de verduras.

Media hora después, se hizo un pase de manos entre diez trabajadores de la UTT al grito de «verdura va» para bajar del camión los más de 5.000 kilos de verdura que habían traído y armar altas columnas de cajones en círculo para facilitar la distribución. Mientras tanto, en los parlantes comenzaba a sonar música folclórica que fue recibida con aplausos por las trabajadoras, vestidas con remeras que ostentaban el lema: Ni una menos, ni una más sin acceso a la tierra”. 

Precisamente, el proyecto de ley tiene como finalidad el acceso a créditos blandos para dejar de alquilar las tierras en las que se producen alimentos y poder obtener una vivienda digna.  

Los cajones no paraban de apilarse delante de un tractor verde en el que estaban apoyados decenas de ramos de flores, cuando una trabajadora decidió tomar el micrófono para anunciarles a las familias que esperaban con sus bolsas y changuitos que toda la verdura se iba a donar. Pidió que mantuvieran la fila,  explicó el motivo por el cual se realizaba el acampe, y agradeció que acompañaran en el reclamo. Cuando por fin se terminaron de bajar los cajones, empezaron a aplaudir, mientras se sumaban más trabajadores para ayudar a llenar las bolsas de albahaca, perejil, puerro, rúcula, coliflor y otros alimentos agroecológicos. 

Al rato, los trabajadores comenzaron a cocinar en una olla gigante al grito de ¡Diputados, diputados / no se lo decimos más / ley de acceso a la tierra / y vivienda digna ya!”.

«Los pequeños productores somos responsables del 65% de los alimentos que se consumen en el país», dicen en la UTT.

Somos pequeños productores -explicó a ANCCOM Zulma Molloja, pequeña productora de la UTT-, no terratenientes, producimos más del 65 por ciento de los alimentos. Trabajamos en duras condiciones, en el frío, la lluvia y el barro. Nuestras viviendas son casillas precarias en las que vivimos muy mal, por lo cual suele haber incendios. Tenemos compañeros fallecidos, y dos nenas que murieron calcinadas. No solo estamos garantizando alimentos a precios justos, sino también agroecológicos. Somos más de 20 mil familias organizadas demostrando que es posible y, sin embargo, no hay ni una sola política pública que no sea de la boca para afuera. El proyecto se presenta año tras año y se lo deja de lado.”  

 En los parlantes, otra vez, se escuchaba la voz de una mujer que sostenía que  “bajar el precio de los alimentos es igual a acceso a la tierra” yalimentos a precios justos y sanos es con acceso a la tierra agroecología y cooperativismo”. También comentaba las actividades programadas durante los dos días de acampe: baile; un taller a cargo del área de alimentación de la Red de Comedores; una charla sobre trigo transgénico. Un florazo por la llegada de la primavera, otro verdurazo; una radio abierta; otro taller a cargo de Alimentación y de la red de Comedores. Y como cierre, un festival de música con Eruca Sativa, Susy Shock y Sudor Marica entre otros artistas.

Una hora después de empezado el reparto de verduras, ya no quedaban filas, solo algunas personas que intentaban agarrar verduras al paso, como podían, entre sus manos. Algunos pasaban por un supermercado y compraban bolsas. Una vecina, rápida, bajó de su casa con todas las bolsas que tenía a mano y las ofrecía a precios módicos para quienes evaluaban los beneficios posteriores. No faltó la familia que, a falta de bolsas, usó el cochecito de sus dos bebés como changuito.

El acampe sigue al día siguiente, con flores, el festival y el renovado reclamo de la ley de acceso a la tierra, por un modelo sustentable y la soberanía alimentaria del país. Una manera de asegurarle al pueblo la canasta básica.

Razones para una toma

Razones para una toma

Luego de varios días de protestas, las soluciones a los problemas habitacionales de los y las vecinos y vecinas parecen esfumarse como muchas otras promesas de campaña. El predio ocupado en los terrenos lindantes a las calles Luna y Lavardén es propiedad nacional a cargo de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF S.E), y esta semana se transformó en el escenario que permitió visibilizar el reclamo por un derecho largamente postergado: el acceso a una vivienda digna. Según el Gobierno porteño, la zona iba a ser utilizada por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) para realizar una obra de agua potable en convenio con Aysa. No obstante, los vecinos aseguran que esa obra nunca se anunció y que el terreno hace varios años que está abandonado. 

En carpas y refugios, ciento sesenta familias resisten a las embestidas policiales y denuncian el abandono del Estado. “Fuimos los vecinos -explica Nahuel Arrieta, uno de los referentes de la toma- quienes trajimos las escuelas, los comedores y nos organizamos siempre de forma autogestiva. En las exigencias diarias de la 21-24 no aparece ningún ente estatal. Sufrimos constantes cortes de luz y hostigación permanente por parte de las fuerzas armadas. La realidad de esta toma no se diferencia mucho con lo que pasa en la Villa todos los días”. 

A orillas del Riachuelo, la Villa 21-24 se encuentra emplazada en los barrios de Barracas y Nueva Pompeya al sur de la Ciudad de Buenos Aires y oficia de frontera con el partido de Avellaneda. Es una de las primeras villas y con 65 hectáreas es la más extensa en términos territoriales. Su historia está ligada al crecimiento del AMBA y su origen se relaciona con la proximidad de los barrios fabriles que, prontamente, impactaron en la contaminación del Riachuelo. Para 2010, según los datos oficiales del Censo de ese año, la población de la Villa ascendía a 31.018 habitantes, 7.455 viviendas habitadas y 9.127 hogares. Y para 2013, la fotogrametría realizada por el Ministerio de Desarrollo Urbano señaló un crecimiento cuantitativo: 48.315 habitantes, siendo así una de las villas más densamente pobladas de la Ciudad.

En todo estás vos (según donde vivas)

El abandono estatal que denuncia Arrieta se traduce en una profundización de la actual crisis habitacional que se vive en la Ciudad de Buenos Aires, y que repercute especialmente en los barrios más vulnerables. La emergencia sanitaria producida por el covid-19 generó una desaceleración económica que no sólo visibilizó, sino que profundizó los déficits socioeconómicos estructurales previos. 

La falta de una vivienda digna es uno de los tantos rostros que muestra hoy la prolongada exclusión y marginalidad padecida por las familias de la 21-24. “Esta Villa no está urbanizada. Hace 40 años que luchamos por un Plan de Urbanización”, reclama Arrieta. 

En efecto, no sólo el presente, sino también el futuro está lejos de ser promisorio. Según el informe de ACIJ, el presupuesto 2021 destinado a villas incluye programas de infraestructura y vivienda, atención de emergencia e integración social y económica que responden principalmente a los procesos de reurbanización de los barrios Carlos Mugica (Villa 31), Barrio 20 (Villa 20), Playón de Chacarita (Villa Fraga) y Rodrigo Bueno, así como los conjuntos de vivienda nucleados por la afección a las relocalizaciones de la cuenca Matanza Riachuelo.

El monto presupuestario es de $8.302 millones, número similar al del 2020 ajustado por inflación y 67.9% menor en relación al presupuesto devengado en 2019. Para la ACIJ este panorama resulta grave si se considera que las intervenciones implican no sólo la finalización de obras pertinentes, sino también el inicio de mejoramientos e infraestructura necesarios para la formalización y adecuación de viviendas existentes.

Hasta ahora, los procesos de reurbanización en las cuatro villas han estado centrados en la construcción de viviendas nuevas, pero aún están pendientes obras de infraestructura y de provisión de servicios básicos. 

Por otro lado, se advierte que el desarrollo de nuevos procesos de reurbanización, comprometidos legalmente en alguna de las villas de la ciudad, se tornan inviables con los montos asignados. En este sentido, para la Villa 21-24, en la cual el Gobierno de la Ciudad tiene a partir de la causa judicial Riesgo Eléctrico del año 2010 la obligación de establecer una provisión eléctrica adecuada a todo el barrio, no se observa una afectación presupuestaria para tal objetivo. Asimismo, “en el plan plurianual de inversiones para la villa 21-24 sólo se verifican montos asignados a obras de mejoramiento y para la red peatonal e infraestructura del Eje Iguazú, pero que presumiblemente sirvan para dar respuesta a lo dispuesto en la Causa Mendoza de 2008. Mientras tanto, la obligación de garantizar electricidad segura en la Villa 21-24 no está presente dentro del presupuesto para 2021”, concluye el informe. 

Una urgente necesidad

Desde atrás de un muro que separa a la 21-24 de las tierras del ferrocarril, Tito Arrieta, familiar de Nahuel y uno de los encargados de dar a conocer las exigencias de los y las vecinas y vecinos, indica: “A partir de la pandemia la situación está mucho peor en los barrios populares como Retiro, la Villa 21 y Bajo Flores. Cada vez la emergencia habitacional va creciendo, los sueldos van bajando, y al tener un sueldo de $30.000 es imposible que podamos alquilar cuando los alquileres aumentan progresivamente.” 

Para generar soluciones, reclama una intervención activa por parte del Estado. Como respuesta, en cambio, reciben amenazas de desalojo impulsadas por el juez Daniel Rafecas, a cargo del Juzgado en lo Correccional y Criminal N°3. Al ser un predio nacional, la causa judicial por la ocupación quedó finalmente en sus manos. 

La falta de acción por parte de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires para hacer frente a las problemáticas de los barrios populares no sólo se ve reflejada en su pasividad para resolver las exigencias de esta toma de tierras, sino que se hace sentir hace años por la falta de planes integrales de urbanización. 

Tito, vecino con 20 años de antigüedad en el barrio y autoconvocado a la toma, afirma que: “La falsa promesa de la urbanización se ve, tal vez, en los edificios del PROCREAR que están atrás de la cancha de Huracán y los que están en la Estación Saenz. Cuando te querés anotar para acceder a la vivienda, piden tener un sueldo de 60.000 pesos o 70.000 para arriba, y eso es imposible, ni siquiera sumando los sueldos con mi cónyuge llegamos, y eso imposibilita poder acceder a la primera vivienda que todos queremos”.

Por su parte, Eliana Gramajo, encargada de las tareas operativas dentro del predio, extiende una de las exigencias de los y las vecinas: “Nosotros pedimos que nos reubiquen, hay familias con siete u ocho hijos a los que no les alcanza para comer porque tienen sueldos muy bajos y se les va la mayor parte en el pago del alquiler. Las casas de PROCREAR supuestamente iban a ser para los que vivimos acá, iban a sacar metros del terreno del ferrocarril para poder construir, pero están sin ocupar hace varios meses. Exigimos que nos escuchen, queremos una mesa de diálogo con la Ciudad, el IVC y Nación”. 

Como consecuencia de la falta de urbanización e integración, la semana pasada falleció Luján Sofía Caballero López, de 15 años, tras ser atropellada por el tren de cargas de la empresa Ferrosur, que pasa a menos de medio metro de las casas del barrio. Sin embargo, a pesar de haberse difundido que este era un causante del inicio de la toma de tierras, Tito Arrieta confirma que no lo fue: “Lamentamos mucho la muerte de Luján. Los trenes pasan por acá hace muchísimo tiempo y el Estado nunca se hizo cargo. Igualmente, la toma de este predio fue autogestionada por los vecinos y fue una coincidencia con lo de Luján. Decir que hubo un aprovechamiento de esa muerte, como hacen algunos medios, me parece lo más nefasto que hay.”. 

Como epítome de la nula intención de cooperación por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para con el vecindario, se presentó una situación absurda al quinto día de la toma. Jorge Gonzalez, empleado del IVC – Instituto que está a cargo del Gobierno porteño- y vecino de la 21-24, fue despedido de su puesto de trabajo por haber llevado alimentos a sus familiares dentro del predio. Arrieta expresa al respecto: “Exigimos la reincorporación inmediata a su puesto laboral ya que su única participación fue la asistencia con comida y bebida a vecinos, no es un referente de la toma como lo acusan en su trabajo y lo único que hizo fue solidarizarse”. 

A nueve días del comienzo de la toma de las tierras, no se vislumbran soluciones reales a una problemática que impacta directamente sobre los proyectos de vida y las trayectorias de las personas que los atraviesan. Los problemas de vivienda condicionan la vida cotidiana y tienen implicaciones tanto económicas como sociales, e incluso sobre la salud física, mental y emocional. La situación habitacional está en crisis y no se puede mirar hacia otro lado.

 

“Necesitamos más política en los barrios, en la calle y caminando”

“Necesitamos más política en los barrios, en la calle y caminando”

 

Tras el cierre de listas camino a las PASO, Daniel Arroyo renunció al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para dedicarse a una campaña electoral atípica en medio de la pandemia como precandidato a diputado nacional por Buenos Aires, en el puesto 12 de la lista del Frente De Todos (FDT). En diálogo con ANCCOM, asegura que venía pensando en ir al Congreso, ya que considera que “lo que se discuta los próximos años en América Latina” pasará por allí. Además, presenta los ejes de sus primeras iniciativas para que nuestro país tenga más “políticas de Estado”. 

¿Cuál es su análisis sobre la labor que llevó a cabo en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación?

Hicimos una gestión muy digna. Sostuvimos la paz social, en comparación con otros países de América Latina, a partir de un conjunto de políticas sociales relacionadas a la asistencia. No sólo partieron del Estado sino también organizaciones sociales, iglesias y escuelas. Por otro lado, iniciamos políticas de transformación, como pasar de los planes sociales al programa Potenciar Trabajo. Comenzamos con la urbanización de los barrios, una tarea pendiente, y la construcción de jardines de infantes, fundamentales para reducir la desigualdad entre los más chicos. En este contexto, generamos condiciones para vincular derechos con trabajo.

¿Y sobre su salida del mismo?

Hace varios meses que quería ir al Congreso. Lo que se discuta los próximos años en América Latina va a pasar por ahí. La pospandemia obliga a repensar el modelo de desarrollo, el tipo de escuela secundaria y el sistema de crédito. Yo me imagino planteando esas reformas estructurales. En nuestro país sólo existe una política de Estado que es la Asignación Universal por Hijo (AUH). El Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) va camino a ser otra. Mi impresión es que las leyes que se debatan van a ir en esa dirección y por eso hablé con el presidente a partir de esta idea.

En el marco de la asunción de Juan Zabaleta, ¿cómo evalúa la articulación del Ministerio tanto con los movimientos sociales como con los intendentes?

Los movimientos sociales son parte de la solución al problema social. Por un lado, visibilizan a los que nadie ve. Por otro, han hecho un proceso de reorientación a lo productivo. Generar articulación entre las instancias institucionales de cualquier nivel también es parte del desafío que viene.

¿Qué análisis realiza sobre la situación social en nuestro país?

Va mejorando lentamente, continúa siendo crítica. Mejora porque hay más actividad en la construcción y en lo textil, pero el problema sigue estando en el precio de los alimentos. Por esa razón, a pesar de que haya más changas, hace casi cinco meses que se mantiene la misma cantidad de gente en los comedores.

¿Cuáles son los proyectos que busca presentar?

Voy a arrancar con tres. Primero, transformar planes sociales en trabajo porque, más allá de lo que se está haciendo, la ley tiene que generar incentivos fiscales a las empresas, crear el derecho al primer empleo y producir puentes entre uno y otro. Segundo, generar un sistema de crédito no bancario. Hay seis millones de personas que no acceden a crédito bancario y el sobreendeudamiento de las familias es clave. Tercero, reformar la educación secundaria. Debe ser más flexible y vincular escuela-trabajo con tecnologías del siglo XXI.

¿Qué continuidad puede pensarse entre las políticas que llevó a cabo desde el Ministerio y esos proyectos?

Intento que parte de las políticas públicas se transformen en políticas de Estado. En el caso del Potenciar Trabajo, con prioridad en las PyMes y en los jóvenes. Por otro lado, generé un sistema de microcréditos para 400 mil personas, pero no alcanza. Tiene que haber un sistema público-privado de créditos productivos para cuentapropistas. Con relación a la escuela secundaria, es central la desocupación de los jóvenes y el vínculo entre estudio y trabajo. Espero que vaya a un sistema dual que combine ambas cuestiones los últimos años. Veo una correlación entre lo que he hecho y las políticas públicas a las que aspiraría.

En el armado de la lista, ¿cómo se puede tomar que un ministro pase a una posición que no está entre los principales nombres?

Mi objetivo siempre ha sido participar en el Congreso de la Nación y a partir de ahí plantear iniciativas. Llevo años en la política y tengo claro cómo son los cierres. Pienso que la lista del Frente De Todos es muy buena, con representación de sindicatos, movimientos sociales, intendentes y candidatos más temáticos. Refleja esa diversidad y estoy muy conforme.

¿Qué comparación realiza entre su anterior experiencia legislativa y una posible asunción en 2021?

Fui diputado durante dos años, antes de ser ministro, por parte de la oposición. Intenté incorporar estos temas con pocas posibilidades reales. En caso de asumir, desde el oficialismo me permite generar esa correlación entre política pública y leyes. También amplié mi cabeza con otros temas, como trabajo y educación, y me gustaría participar en comisiones vinculadas.

¿Qué expectativa tiene ante la elección? 

La expectativa es ganar la elección y la provincia de Buenos Aires. Soy optimista porque la gente distingue entre quienes trabajan y quienes hablan. En ese diálogo también se marcan dificultades, como el precio de los alimentos. Se ve que pusimos el cuerpo a la pandemia y  tendrá reconocimiento electoral. No tengo en claro porcentajes, pero el objetivo es ampliar el número de diputados para llevar adelante iniciativas que no se pudieron en esta etapa.

¿Cuál es su mirada sobre la elección en Buenos Aires a nivel provincial?

Se da la misma lógica. Hay reconocimiento al gobernador y su equipo por el proceso de vacunación. Un objetivo claro es tener más senadores para permitir más leyes. En los sectores medios tendremos una mejor elección de la que se puede leer en las encuestas. Lo que suceda a nivel nacional va a mejorar nuestra situación en el Congreso bonaerense.

¿Cómo están llevando a cabo esta campaña tan particular?

Es atípica por no poder movilizar y votar en el marco de una pandemia. La política no forma parte de la vida cotidiana pero sí hay opinión política. En ese contexto, las redes y el siglo XXI ayudan a generar comunicación. La sociedad va tres pasos adelante y selecciona lo que le parece interesante. Me siento a gusto con este tipo de campañas. Creo que a esta altura hay poca gente que no tiene claro qué va a elegir.

¿Cómo ve la campaña de Juntos por el Cambio?

En términos generales, sólo he escuchado críticas por parte de la oposición que, si bien es una de sus tareas, no es lo que quiere la sociedad, que busca que alguien vea de verdad y  escuchar propuestas. Me llama la atención la falta de contenido en la campaña de las oposiciones.

¿Y la de Florencio Randazzo?

El valor del Frente De Todos es la unidad y a Randazzo lo veo como un esquema suelto, cuando el grueso del peronismo está en otra lista. Hoy no creo que haya espacio para opciones peronistas que construyan por fuera de nuestra coalición.

¿Qué reflexión realiza de un supuesto descontento de la población con la política?

La vida cotidiana está más orientada al trabajo, la familia y cuestiones personales. Eso fue agudizado por la pandemia, en paralelo a una sociedad muy informada selectivamente. Sí lo que hay es una demanda clara de que se vivencie el día a día y yo intento honrar eso todo el tiempo. Necesitamos más política en los barrios, en la calle y caminando.

Los vuelos de la vida

Los vuelos de la vida

El helipuerto Baires Madero se encuentra en la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, a metros de la Reserva Ecológica de la Ciudad de Buenos Aires y al lado del barrio Rodrigo Bueno. El camino a la entrada parece no tener final, las veredas comienzan a achicarse, el humo de los camiones inunda el ambiente. Se observan montañas de basura y unos cuantos autos abandonados. Desde Avenida España al 3200, se llega a ver la central Helicenter, y allí, subiendo una escalera, está el despacho donde se alojan los médicos y operarios del Escuadrón Aéreo del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

La tripulación está formada por el piloto Eduardo Forgan; Javier Revilla, técnico operativo que durante el vuelo y en la escena colabora con el médico al momento de la asistencia; Pablo Martínez, médico emergentólogo, y la médica aeroevacuadora María Sol Budic. Además, de cada operativo participa Juan Noir, uno de los coordinadores del SAME, jefe del equipo médico y, a la vez, enlace del Escuadrón Aéreo con el resto del SAME. Es el encargado también de la programación de los servicios, el control de las habilitaciones y licencias del personal, la realización de los cursos, la documentación y el contacto entre otras áreas o instituciones para que la operación sea fluida y sin inconvenientes. El equipamiento con el que cuentan incluye capacidades de Unidad de Terapia Intensiva Móvil y asistencia primaria para el paciente politraumatizado.

El SAME se creó en 1991 como una fusión entre lo que era el Centro Informativo y Permanente para Emergencias y Catástrofes, la Dirección General de Material Rodante (ambulancias) y la Dirección General de Atención a la Salud (coordinación médica). Hoy depende del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad, específicamente del Área de Emergentología. El SAME aéreo tuvo su primera atención el 8 de diciembre de 2010 y desde ese momento a la actualidad realizó más de 3.500 auxilios. Dispone de dos helicópteros que pertenecen a la empresa privada Modena Air Service –que brinda mantenimiento y tripulación–, mientras que el SAME aporta equipo médico, insumos y combustible.

Asimismo, posee bases operativas para aterrizar en diversos hospitales porteños: Santojanni, Pirovano, Tornú, Fernández, Rivadavia, Argerich, Penna, Vélez Sarsfield y Durand. Sin embargo, la idea de operar con helicópteros sanitarios en la Ciudad no fue fácil: muchos establecimientos no tienen todos los elementos para asistir a un paciente, el recurso humano es escaso y los problemas de tránsito complejizan todo. “Llegábamos a un incidente en la autopista y no nos identificaban como un recurso sanitario, pero con el tiempo las personas se fueron acostumbrando y se los fue capacitando, al punto que hoy cortan el tránsito para que podamos bajar”, cuenta Juan Noir.

 

La mayor virtud del SAME aéreo es la rapidez de los helicópteros: el tiempo promedio entre el ingreso del llamado hasta el despegue es de tres minutos y el máximo para cruzar la Ciudad de extremo a extremo es de cuatro, o sea que en un máximo de siete minutos arriba al lugar del incidente.

El SAME aéreo tuvo su primera atención el 8 de diciembre de 2010 y ya realizó más de 3.500 auxilios.

Un día de trabajo

Son las 7 y la tripulación chequea el helicóptero. Se comprueba el equipamiento médico y se verifica qué hospitales cuentan con todas las condiciones para recibir traslados ese día. La misión comienza con el llamado de auxilio al 107, la central operativa interroga sobre todos los datos y ubicación mientras, en simultáneo, se transmite el requerimiento a la Base Baires Madero. Se activa la alarma, el piloto pone en marcha la nave, el técnico geolocaliza el punto de aterrizaje y el médico recaba datos del auxilio pertinentes para la operación. “Tiene que estar en vuelo dentro de los tres minutos que se hace el llamado. A partir de ese instante, el personal presente en la escena corta el tránsito y allí descienden el médico y el técnico para atender a la persona. Pasa de todo: aparecen motociclistas que ayudan a parar el tráfico, gente que no se corre cuando ve que estamos por aterrizar y hasta pacientes que se han negado a subir, todo ocurre en cuestión de minutos”, comenta Eduardo “Bugy” Forgan, el piloto de helicóptero con más experiencia del país.

Si bien se busca minimizar los tiempos y atender a todas las vidas humanas, los helicópteros pueden transportar dos pacientes y uno para asistir en el momento. La tripulación pone en riesgo su vida. “Uno de los eventos más fuertes fue la explosión de la perfumería Pigmento en Villa Crespo: dos bomberos murieron y otros dos resultaron gravemente heridos, esa fue la que más nos afectó porque las víctimas eran parte de nuestro equipo”, recuerda María Sol Budic. Según Javier Revilla, copiloto del equipo, “la tragedia de Once en 2012 fue muy complicada también”. En aquel accidente, 52 personas murieron, hubo más de 600 heridos y muchos de los pasajeros atrapados fueron trasladados por el SAME aéreo. Fue un antes y un después para el escuadrón ya que los centros asistenciales más cercanos estaban ocupados y se vieron obligados a organizar a los pasajeros. La rapidez con la que llegó el equipo de rescate fue vital.

Ese miércoles 22 de febrero, a las 8.29, entró la llamada del 107. “Base aérea ¿me escucha? –dijo el operador–. Tenemos un accidente en la terminal de Once, parece haber colisionado una formación de tren con principio de incendio y gente atrapada”. “Estamos yendo con varias unidades”, respondió un minuto después el director del SAME Alberto Crescenti. Automáticamente, desde el Móvil 1 se cursó la alerta roja a todos los hospitales porteños y las camas se agruparon para atender los heridos. “Nos encontramos con múltiples víctimas en el hall, en los andenes de la terminal, pero fue peor cuando entramos: el grueso de los heridos, 120 personas atrapadas en 6 metros”, rememoró Revilla. De inmediato, colocaron en la estación una bandera roja para pasajeros de atención inmediata, amarilla para monitoreo hasta el lugar de traslado y verde para equipos de psicólogos y psiquiatras. A las 8.36, llegó el SAME aéreo.

Desde el llamado de emergencia hasta que llega al lugar del incidente, el helicóptero tarda como máximo siete minutos.

La pandemia intensificó el trabajo de la tripulación. “Es más incómodo por el equipo de protección personal y el trabajo invade parte de nuestras vidas. Hubo médicos que prefirieron no convivir con la familia por temor a contagiarse, pero se trabajó igual”, afirma Noir. Durante el año pasado, el SAME se adaptó a nuevos protocolos: se asistió a pacientes en hospitales y ambulancias y se evacuaron geriátricos con las medidas de higiene, pero no estando vacunados. El emergentólogo Pablo Martínez menciona que se incorporó la telemedicina: “Es una asistencia mediante video que puede valorar signos del paciente para darle solución a su necesidad, se pueden dar instrucciones hasta el arribo del móvil, indicaciones de RCP, asistencia psicológica, o en casos de incidentes con múltiples víctimas, dar un mayor panorama a la central operativa para el manejo de la escena”. Según la página oficial del SAME, en 2020 recibieron cerca de 800 mil llamados de los cuales 296 fueron derivados al servicio de telemedicina.

En los primeros 100 días de 2021, con un promedio diario de llamadas de entre 2200 y 4500, el escuadrón aéreo realizó más de 100 operativos asistenciales, aunque más allá de los números que avalan la alta capacitación de sus integrantes, hay que destacar su calidez humana. Pero ya no hay tiempo para más preguntas. Suena el teléfono y el equipo tiene que salir volando.