Nov 6, 2020 | Novedades, Vidas políticas
La Ley de Presupuesto Nacional 2021 será sancionada la próxima semana. Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado dio su dictamen positivo el pasado miércoles. La norma estima un crecimiento del 5,5% de la economía, una inflación en torno del 29%, un dólar a $102 para el cierre del año y un déficit fiscal del 4,5% del Producto Bruto Interno (PBI). ¿En qué áreas se registran los principales ajustes y qué sectores serán beneficiados por la expansión del gasto?
El Presupuesto es el instrumento económico más importante que tiene el gobierno para concretar sus políticas y asignar recursos durante el ejercicio fiscal que dura un año. Se espera que estas asignaciones sean suficientes para garantizar derechos y proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad que necesitan de una mayor intervención estatal.
La ley proyecta un total de gastos corrientes y de capital mayor a los 8 billones de pesos que se distribuirán con diferentes finalidades: administración gubernamental, servicios de defensa y seguridad, servicios sociales, servicios económicos y deuda pública. Los principales ajustes se encuentran en los dos primeros ítems, gastos administrativos y Fuerzas de Seguridad y Defensa. Pero principalmente se registra una reducción en los servicios de la deuda, debido a que la reestructuración permite que se comience a pagar nuevamente recién en el segundo semestre del 2024.
Por otra parte, según el informe realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), a partir de una serie de debates en los que participaron organizaciones, activistas y representantes de ministerios de la Nación y del Poder Legislativo, si bien el Proyecto de Presupuesto para 2021 es un 30,86% más elevado que el de 2020 en términos reales, se observa una reducción del 16,24% si se compara con el presupuesto vigente este año.
Además, el presupuesto para Seguridad Social cae un 20% y esta reducción se explica principalmente porque no se contemplan partidas para el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) ni para el Salario Complementario en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Esos rubros en conjunto representan el 12,85% del presupuesto vigente para Seguridad Social.
“Si bien vemos aumentos muy importantes en políticas que va a implementar el Ministerio de Mujeres Género y Diversidad (MMGyD) y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat (MDTyH), observamos con preocupación una reducción importante del presupuesto de la función de seguridad social. Cae el presupuesto en términos reales de transferencias directas muy importantes que no son de éste año sino que tienen una historia en nuestro país como la AUH, la Tarjeta Alimentaria y el Seguro de Desempleo”, comenta Julieta Izcurdía, abogada y coordinadora del Programa Justicia Fiscal de ACIJ. Estas reducciones impactan a los sectores de más bajos ingresos en un contexto en donde la pobreza sobrepasa el 40,9% de la población argentina.
Lo que trasciende en otras lecturas del Presupuesto 2021 son proyecciones de un escenario económico estable que apuesta al crecimiento de un 5,5% del PBI contra el déficit del 12% con que el que, se estima, cerrará en 2020. Sin contemplar ya los efectos de la pandemia y los gastos extraordinarios efectuados para hacer frente a la crisis del Covid-19.
El economista Horacio Rovelli afirma que “el mensaje que está planteado en el Presupuesto es que va a aumentar la producción porque va a aumentar la cantidad de empleo y los salarios”. Y agrega: “Suponiendo que en marzo termina el flagelo de la pandemia, que a partir de abril, es decir a partir del segundo trimestre del año que viene, volvemos a la normalidad con protocolos, se está apostando fuerte a eso. Entonces no hay tantos gastos de los importantísimos que se tuvieron que hacer este año. Si bien es cierto que no va a haber IFE ni ATP, esto es porque ya no se van a necesitar”, agrega.
De los seis precios que rigen la economía argentina que son los impuestos, las tarifas públicas, el precio de los bienes y servicios, los salarios, la tasa de interés y el tipo de cambio, que para Argentina es el valor del dólar, Rovelli explica que en el Presupuesto 2021 queda claro que lo que más crecen son los impuestos: “Esto significa que hay una reforma tributaria intrínseca dentro del proyecto de Presupuesto que no está explicitada. El Presupuesto es un plan y en ese plan, si te basás en que van a aumentar los salarios y van a aumentar los puestos de trabajo, multiplicás salarios por fuentes de trabajo y se crea una fuerte demanda interna. Lo que más aumentan son los impuestos porque el Estado necesita recaudar”, explicó.
En ese sentido, Izcurdía sostiene que “además de tomar medidas para combatir la evasión fiscal y recaudar mejor, tenemos que revisar la estructura impositiva nacional para que el Estado cuente con recursos que le permitan implementar políticas públicas que lleguen realmente a los sectores que más lo necesitan”. Y completa: “En Argentina el sistema tributario recauda de forma ineficiente, insuficiente e inequitativa porque hace que aporten más, en términos proporcionales, quienes tienen menos ingresos”.
Por otra parte, el Presupuesto 2021 registra una fuerte apuesta en la inversión pública y prevé un aumento del 47% en términos reales de gasto de capital. Los principales rubros alcanzados serán transporte, obras sanitarias, vivienda y urbanismo a través del programa PROCREAR, mediante fuertes inversiones al MDTyH. Como así también el área educación con la construcción de infraestructura y el fortalecimiento de jardines.
“Creo que ahí hay algo interesante porque se habla de la necesidad de infraestructura social de cuidado. Y también el abordaje de la obra pública con perspectiva de género”, sostiene Camila Barón, economista e integrante del Proyecto Cerrando Brechas sobre género: “Si bien es un presupuesto moderado que reduce de una manera importante el gasto respecto de lo que fue el 2020, un gran ganador es el MMGyD que tiene un presupuesto 600% mayor en términos reales que el que tuvo durante éste año y mucho más alto de lo que era el presupuesto del Instituto Nacional de Mujeres”. Esto se debe sobre todo al Plan Nacional contra las Violencias que incluye un presupuesto muy elevado a ejecutarse en 2021.
Por otra parte, este es el tercer presupuesto pensado con perspectiva de género, denominado así por la metodología de etiquetado empleada en cada partida presupuestaria. Cada etiqueta identifica los programas y actividades del presupuesto que tienen esa mirada o que tienden a reducir las desigualdades que afectan a mujeres y diversidades. Según ACIJ, en el Presupuesto 2021 hay ministerios como el MDTyH o el Ministerio de Trabajo que no tienen ninguna partida etiquetada. Por lo que será necesario ajustar la metodología con el fin alcanzar la completa transversalidad del enfoque de género en futuros presupuestos.
May 23, 2019 | Novedades, Vidas políticas
Se recortarán los espacios publicitarios gratuitos en la televisión, se destinará pauta publicitaria a las redes sociales y se permitirán aportes de empresas privadas a las campañas.
“Como trámite express” fue la expresión utilizada por Nicolás Tereschuk, politólogo y magister en Sociología Económica, para ilustrar cómo había sido el debate de la nueva Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, aprobada el pasado jueves en Diputados. Fueron 148 los votos a favor, 69 en contra pero sólo cuatro las horas en las que se discutió en la Cámara un proyecto que incide ni más ni menos que en cómo se financiarán las próximas campañas electorales. Un spoiler: las empresas podrán ser aportantes.
Si en la vorágine de los diputados por aprobar la ley alguien no alcanzó a leer el proyecto, la nueva normativa posee tres puntos que son clave para delimitar el sistema de financiamiento. Por un lado, se bancarizan la totalidad de los aportes. Esto significa que ya no podrán realizarse contribuciones en efectivo a los partidos ni a las campañas. Sobre este punto no ha habido objeción alguna. La identificación de cada aportante incide de manera directa en la transparencia del sistema y en la veracidad de la campaña, lo que parecería no menor en un país donde los escándalos por aportantes truchos no son un mero invento de la ficción. Hasta aquí, la ley pareciera ser prometedora.
No obstante, es el segundo punto el que ha generado mayor controversia. En su artículo cuarto se establece que las personas jurídicas (léase empresas) podrán realizar aportes a los partidos y campañas. Sobre esto, Carlos Castagneto, diputado del Frente para la Victoria (FpV), en diálogo con ANCCOM gráfica: “Vos sos una empresa, yo soy candidato, vos me aportás y mañana legalmente (y enfatiza), legalmente, vos me ganaste una licitación en un lugar. ¿Qué van a decir? Te estoy devolviendo lo que vos me pusiste”.
Ahora bien, ¿cómo saber si las empresas no estaban ya financiando a los partidos con aportes ilegales y en efectivo? Resulta paradigmático que la misma ley que reglamenta la transparencia del sistema, aprueba también el aporte de las personas jurídicas, que incluye a las empresas pero no a los sindicatos ni a las fundaciones, tal como recuerda el diputado del FpV. Y en este sentido cabe la pregunta: ¿tienen todos los partidos las mismas posibilidades de lograr un aporte empresarial? ¿O deberían haber tenido los sindicatos la potestad de realizar también dichos aportes? “La posibilidad de permitir los aportes de las empresas a las campañas también está argumentada por quienes lo impulsaron y aprobaron en función de esta idea de transparencia, es decir, pensando que si había aportes en negro que antes se hacían, ahora se transparentan. Pero yo creo que un sistema de financiamiento de campaña también tiene que tener en cuenta la cuestión de la equidad, la equiparación de la competencia. Y me parece que va a haber sectores que van a tener más posibilidad de acceder a ese financiamiento empresario”, afirma Nicolás Tereschuk.
Se entiende entonces que la ley no debería velar únicamente por la transparencia, sino también por la equiparación de la competencia. Quien también lo remarca es Daniel Arroyo, diputado por Red por Argentina, opositor a la ley: “Hoy la política es una cancha inclinada en la Argentina. Algunos tienen más recursos que otros. Y esto haría mayor la disparidad, porque es evidente que hay un espacio político que tienen mucho más apoyo de las empresas que el resto”.
El aporte de las personas jurídicas no es, sin embargo, ilimitado. El artículo dieciséis restringe dicho aporte hasta un dos por ciento, que, si bien para quienes no están interiorizados en las finanzas de una campaña podría parecer un número bastante bajo, Daniel Arroyo insiste en que no es así: “El 2% es mucho dinero porque las campañas son muy costosas. Pero además de ser mucho dinero, está permitiendo que una empresa aporte a determinado candidato. Y es probable que eso tenga que ver con intereses particulares. Acá hay una cancha inclinada, que se va a inclinar más. Y lo que tiene que hacer la Argentina, la legislación, es equilibrar la cancha, no hacerla cada vez más despareja”. Castagneto encuentra incluso una falencia en este artículo: “Un dos por ciento es el aporte máximo, tanto de personas físicas como jurídicas. El problema ahí es que no está bien especificado. Porque vos podés hacer aportes para el desenvolvimiento del partido en sí y para la campaña por otro lado. Entonces podría alcanzar hasta un cuatro por ciento, lo cual es un montón”. El diputado del FpV enumera otras disconformidades sobre la ley, como por ejemplo, que se prohíbe el aporte de personas imputadas -siendo que debería decir procesadas, conforme a la presunción de inocencia-, que se autoriza a un juez a abrir la cuenta de cada Alianza y que esta cuenta puede incluso ser abierta en un banco privado. “La política es la actividad pública por naturaleza, debería hacerse a través de bancos públicos”, agrega Daniel Arroyo. La preocupación de Tereschuk pasa, por el contrario, en si ese tope del dos por ciento se va a respetar realmente, siendo que hay países, como Estados Unidos, que implementaron el tope y rápidamente lo levantaron.
El aporte empresarial tiene un límite del dos por ciento. Sin embargo, algunos ya prevén posibles interpretaciones que permitirían duplicarlo.
Finalmente, el tercer punto clave de la ley es el relativo a los espacios publicitarios en medios audiovisuales. Se achica del diez al cinco por ciento el espacio de publicidad en televisión y radio y se contempla la publicidad en medios digitales. El argumento de los Diputados que apoyaron dicha normativa está asentado en que las personas ya están cansadas, en tiempos de campaña, de ver tanta propaganda política. No obstante quienes dialogaron con ANCCOM lo refutan: “El hecho de achicar la pauta es muy negativo porque es la única chance que tiene esa persona de saber quiénes son los candidatos, qué proponen, para qué. Achicar la pauta amplía la disparidad entre los partidos grandes y los partidos chicos”, menciona Arroyo. Destacan además que se considere a las redes sociales como espacio para ejercer la pauta. Sobre ello, adelanta Castagneto, el 30 de mayo en la Dirección Nacional Electoral hay una reunión de presidentes y apoderados de partidos para ver cómo se reglamentará el uso de las redes.
En síntesis, la ley aprobada de manera “express” transparenta los aportes pero se permite como aportantes a las empresas, reduciendo la equidad. Recorta la pauta en medios tradicionales y se considera a las redes como nuevos espacios de difusión. “Muchas veces me da la impresión que esta ley está muy pensada en función de lo que quieren las empresas y no tanto en función de lo que quieren los partidos políticos”, agrega Tereschuk. El politólogo, que habló en la Cámara de Senadores previo al tratamiento de la ley, trae otro punto a considerar: “El otro tema a tener en cuenta es la experiencia regional. En Sudamérica,los países vienen haciendo lo contrario que nosotros en los últimos años. Es decir, aquellos que permitían el financiamiento de empresas a las campañas lo están prohibiendo. El caso de Chile, de Brasil de Perú. Argentina está yendo en caso contrario. Tenía prohibido los aportes y ahora los está permitiendo. Y entonces yo me preguntaría qué es lo que pasa ahí. Qué sería aquello que hace que la Argentina tenga que ir en sentido contrario a lo que está haciendo toda la región con gobiernos de distinto sentido político”. Y termina: “Para mí esta ley es un retroceso desde el punto de vista de la igualdad en la competencia, la equidad, la experiencia regional y deberíamos plantearnos si las empresas tienen que tener derechos políticos. Es un retroceso, pero el Congreso consideró otra cosa, lo cual me parece fantástico porque así funciona la democracia. Ahora hay que ver cómo sigue”.
Daniel Arroyo no es tan optimista: “Es una mala ley y estructuralmente arma un esquema de financiamiento muy desigual. No creo que tenga un impacto significativo en las elecciones de este año”. No obstante, la ley está aprobada por ambas Cámaras y a la espera de su promulgación por parte del Ejecutivo. Si alguien se encuentra en desacuerdo con alguno de sus puntos, llegó tarde al debate: las empresas ya pueden aportar a las campañas presidenciales.
