Jun 27, 2020 | Novedades, Vidas políticas
“A veces pienso que venimos al mundo para transformarlo en un lugar mejor. Para muchos de nosotros que venimos de los sectores populares, es una necesidad”, reflexiona Lula Da Silva, desde Brasil, durante la videoconferencia titulada “Pensar América Latina después de la pandemia”, organizada por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y auspiciada por Clacso. De origen nordestino y sindicalista metalúrgico, Lula asumió la presidencia de su país en 2003 y, luego de dos mandatos, entregó el bastón a Dilma Rousseff. “El mundo precisa de líderes y sueños. No hace mucho tiempo comenzamos a llevar a cabo el sueño de Bolívar de una Patria Grande”, evoca.
“No sé cómo va a venir el mundo después de la pandemia. Ni las guerras ni otras enfermedades causaron tanta devastación en un momento tan corto en Brasil. Cuando veo todas las vidas salvadas en Argentina, me duele mucho ver mi propio país desgobernado, con ministros incapaces de proteger a nuestro pueblo y un Presidente de la República que hace chistes con esta tragedia”, se lamenta.
La situación frente al coronavirus de ambas naciones es radicalmente diferente. Argentina, con 55.343 infectados y 1.184 fallecidos al cierre de esta nota, acaba de anunciar la extensión de la cuarentena en el AMBA hasta el 17 de julio. Mientras tanto, en Brasil, donde no se estableció un confinamiento general, los enfermos superan los 1,2 millones y son más de 55 mil los muertos. “No sé si hay un ser humano en este continente que sepa qué va a pasar después, pero lo que va a salvar a América Latina es una palabra llamada ‘democracia’”, sostiene Lula.
“No sé si hay un ser humano en este continente que sepa qué va a pasar después», dijo Lula.
Desde el golpe contra Dilma Rousseff, en 2016, las instituciones democráticas brasileñas atraviesan una situación de extrema debilidad. Vaciamiento del Estado, recortes en salud y educación, crecimiento del desempleo, violencia –incluido el asesinato de opositores como Marielle Franco–, persecución política y lawfare. A partir de la asunción de Michel Temer y después con Bolsonaro, que ganó las elecciones presidenciales con Lula, el principal rival y líder en las encuestas, proscripto y encarcelado, la democracia pende de un hilo en el gigante sudamericano.
“Cuando asumí, en 2003, tomamos la decisión de priorizar y privilegiar nuestra relación con América Latina. Logramos construir el mayor período de unión y desarrollo de nuestra región. Reforzamos el Mercosur, le dijimos a Bush que no queríamos el ALCA, creamos Unasur, luego la Celac. Probamos que era posible crecer y crear instituciones multilaterales, un bloque para pensar economía, desarrollo, educación, cultura: pensar la política como un todo”, destaca Lula y agrega: “Tengo profunda saudade de (Néstor) Kirchner y Chávez, y les hago un profundo homenaje junto a los otros líderes que soñaron construir la Patria Grande que soñó Simón Bolívar”.
Varios de los mandatarios progresistas de inicios de los 2000 padecieron la persecución política bajo la forma del lawfare. “Estos movimientos sufrieron golpes de nuevo tipo, ya no militares, sino que utilizaron las instituciones democráticas y el poder de los medios para desinformar y mentir. Tengo certeza que el objetivo de destruir la imagen de Lula (sic) para que no ganase las elecciones, fue planeado desde la Secretaría de Inteligencia de Estados Unidos, con el interés de tomar nuestra Petrobras”, asegura.
«El dios mercado es un mito; una vez más se muestra incapaz de resolver los problemas que vivimos”, dijo Lula.
Hoy el Estado neoliberal se muestra incompetente para preservar la salud: “La vida no tiene precio y la economía existe en función de las personas y no de los números. El Estado es quien puede dar los recursos y orientar a la sociedad para pasar este momento tan difícil de la humanidad. El mito del dios mercado es apenas un mito, porque una vez más se muestra incapaz de resolver los problemas que vivimos”. Según Lula, “la única razón por la cual una persona decente quiere ser gobernante es cuidar al pueblo. Lamentablemente, tenemos en Brasil un gobierno que no se preocupa por la pandemia”.
“Esta crisis es mucho más profunda que otras anteriores y quiera Dios que los líderes de los Estados aprendan que la economía tiene que estar al servicio de los seres humanos y no lo contrario. Lo que vaya a ser de Argentina, de Brasil, después de la pandemia, es lo que nosotros tenemos que decidir. Yo sueño con solidaridad, pasión, sentimiento. No quiero ser un número, un algoritmo. Sueño que la economía sea discutida en función del pueblo”.
Para que sea posible, hay que recuperar la palabra política. “Es el instrumento con el cual podemos transformar nuestros sueños en realidad y creo que nunca fue tan necesario soñar con un mundo mejor que en este momento”, concluye Lula.
La peste como oportunidad
A su turno, el presidente Alberto Fernández opina que la pandemia ha dado vuelta el mundo y puesto todo en crisis: “Como decía Albert Camus en La Peste, la enfermedad nos muestra cómo se lleva la vida de la gente y cómo asoma la miseria humana en determinados momentos. Pero como bien decía Lula, hay algo que no está en discusión: nada hay más importante que la vida, que la salud del pueblo”. ¿Vida o economía? “Un falso dilema”, insiste, “porque la política, que es en esencia una acción ética, no permite poner en tela de juicio la importancia de la vida”. Y subraya: “Hacer política es la construcción de una mejor humanidad y cómo se hace si no es preservando la vida de quienes nos toca gobernar”.
“La pandemia pone en jaque el sistema capitalista. Ese capitalismo financiero, del que tanto nos hablaron, había construido un castillo de naipes y un virus invisible lo ha destruido con facilidad. Ninguna acción, ni bono, ni empresa, vale hoy lo que valía antes del coronavirus. El capitalismo tal como lo conocimos no tiene viabilidad: un capitalismo sin consumidores ni trabajadores, que no existe donde todo vale nada”.
Hacerle frente al coronavirus en América Latina, manifiesta, es un triste desafío. “Enfrentamos la pandemia en el continente con mayor desigualdad. Esta injusticia dejó en evidencia que el capitalismo tal cual lo conocemos no tiene sentido, deja al margen de la sociedad a millones de compatriotas. Y como creemos que la política es acción ética, no podemos hacernos los distraídos”.
La desigualdad se refleja en la cantidad de personas, en el país y en el continente, que viven en situaciones de vulnerabilidad. “Cuando nos propusimos auxiliar a quienes estaban marginados del Estado, hicimos un primer cálculo que nos daba 2 millones de personas. Al final, terminamos asistiendo a 9 millones, alrededor del 20 por ciento de la población argentina que estaba abandonada a su suerte”, detalla.
«La política es una acción ética, no permite poner en tela de juicio la importancia de la vida”, señaló Fernández.
“Es tan profunda la crisis que se ha generado, que tenemos la oportunidad de revisar el mundo”, afirma el mandatario. “Volver a ser un capitalismo distinto que integre mucho más a la sociedad, que distribuya en vez de concentrar. Esto lo podemos hacer porque todo vale nada si aparece un virus y pone en jaque todo”.
El panorama regional no es alentador. “Este es un continente muy distinto al que viviste vos (por Lula) y los otros compañeros (por Evo, Correa, Mujica, Chávez, Kirchner, Bachelet). Los Estados Unidos rompieron Unasur y crearon el Prosur. En el medio, hubo una misión cuidadosa para desprestigiar a los líderes latinoamericanos con procesos judiciales e imágenes delictivas que luego transcurrían por los medios. La república está para respetar los derechos de todos y no para perseguir opositores. Esta es una tarea pendiente que esperemos nunca más ocurra”, asevera.
Según el presidente, este es un escenario para plantear discusiones como medioambiente, igualdad de género y construcción de democracias fuertes: “Tenemos una gran oportunidad como civilización de hacer un mundo distinto –dice–. Es una gran oportunidad que depende de nosotros”.
Jun 9, 2020 | Comunidad, Novedades
La app CuidAR ya tiene más de cinco millones de usuarios.
La pandemia provocada por el Covid-19 y las medidas de distanciamiento físico propuestas por la Organización Mundial de la Salud para contener su difusión, han repercutido en todas las esferas de la vida social. El aislamiento preventivo ha sido una de las medidas más eficaces para combatir al virus, pero impide innumerables actividades productivas que necesitan de la circulación. Para peor, en países donde la cuarentena no es obligatoria la economía también se ha visto profundamente afectada. En una situación en la que parece imposible salir ganando, ¿cómo se hace reducción de daños?
Para reducir el impacto de esta crisis, los Estados buscan alternativas. En tiempos digitales resulta natural echar un ojo sobre el potencial de la tecnología. Países como China, Japón, EE.UU. España, Corea, Reino Unido y otros han implementado distintas herramientas digitales con variados mecanismos de prevención y seguimiento del virus que permiten mejorar la “sintonía fina” de un distanciamiento social imprescindible. Pero, ¿cuál es el precio por el uso de aplicaciones que afectan la circulación de datos sensibles como la salud de los ciudadanos? ¿El impacto de las aplicaciones es mayor que el daño al derecho a la privacidad?
Esta discusión también tiene lugar en la Argentina donde el Estado nacional lanzó la aplicación CuidAR que permite identificar potenciales afectados y advertir al sistema de salud para que lo contenga rápidamente. Fernando Schapachnik, Doctor en Ciencias de la Computación y uno de los desarrolladores de la app, dialogó con ANCCOM: “El objetivo es proteger la salud pública. Si te sitúas en esta época del año pero en 2019, cuando te agarrabas un resfrío o tenías fiebre, seguramente te tomabas una aspirina y te ibas al trabajo. Era la gripe de todos los años. Ahora los mismos síntomas generan miedo y sobrecarga en las líneas de atención. Lo primero que busca la aplicación entonces es ordenar el autodiagnóstico que todos hacemos. Lo que busca la app es objetivar ese autodiagnóstico en función de la definición de caso sospechoso para reducir la demanda”. La aplicación, además, obliga a repetir el procedimiento cada 48 horas para reconocer síntomas leves, brindando a cada persona una alarma más rápida.
Cuando se habló de una posible obligatoriedad del uso de CuidAR, no quedó claro cómo harían quienes no tienen celular o carecen de espacio para descargar la app. “Desconozco si puede hacerse obligatoria la aplicación. Eso posiblemente lo pueda contestar un abogado”, contesta el informático. “Pero más allá de las cuestiones de accesibilidad y de la brecha digital, lo que me parece importante es pensar cuál sería el motivo para no usar la aplicación. El certificado de papel es problemático porque no se invalida ante la existencia de síntomas. Uno pensaría que un enfermo se queda en la casa, pero vimos que está lleno de irresponsables”. En un contexto en que la prioridad es que las personas infectadas no circulen, Schapachnik sostiene que “el camino es hacia una mayor integración de los sistemas informáticos”.
Algunos cuestionan que el almacenamiento de los datos se realice en servidores de Amazon.
Los reportes que hace cada usuario de la app tienen carácter de declaración jurada, algo que preocupa a algunos sectores. “Este es un desarrollo conjunto entre la Secretaría de Innovación Pública, la Cámara de la Industria Argentina de Software, investigadores del CONICET y Fundación Sadosky”, responde Schapachnik frente a quiénes hablan de una necesidad de mayores consultas para desarrollar una herramientas como esta. “No sé qué otra app en el mundo tiene un abanico tan amplio de involucrados. Las personas que desconfían de cada sector pueden ver que hay participación de otro: aquellos que piensan que el Estado no debe gestionarlo por su cuenta, pueden ver que hay participación del sector privado, y viceversa. Los que recelan de ambos, pueden confiar en la participación del CONICET y de la fundación”.
El especialista está satisfecho con los resultados obtenidos: “Esta app tiene hasta ahora más de cinco millones de usuarios y por ende millones de autodiagnósticos. A muchos les ha permitido salir de la duda. Un porcentaje pequeño ha tenido síntomas compatibles y se han tomado las medidas de derivación correspondientes”.
Como explica Schapachnik, la aplicación necesita saber dónde está el afectado en ese momento para indicarle a qué número debe llamar, algo que varía en cada región. El GPS simplifica esta tarea pero el usuario puede elegir no instalarla: “Si no le das el permiso de localización a la aplicación, cuando te reportás como positivo te toma la dirección declarada previamente. Una cosa son los permisos que pide la app y otra es cuándo los utiliza. CuidAR solo usa el GPS ante la detección de un caso con síntomas compatibles con Covid 19, y eso es para agilizar la derivación al sistema de salud. Si a alguien le aparece que CuidAR está usando el GPS en otro momento, que me mande una captura de pantalla, porque eso no pasa”, declaró.
Para algunos especialistas de la sociedad civil la emergencia amerita la toma de medidas inusuales, pero dudan que se haya evaluado debidamente la seguridad de datos tan sensibles como la salud o la ubicación de las personas. En particular, muchos señalaron con preocupación que el almacenamiento de los datos se realice en servidores extranjeros, más precisamente en los de Amazon. Según Schapachnik, la normativa argentina permite que los datos estén alojados en servidores de países con una regulación igual o más estricta que la propia, otorgando “un marco de absoluta legalidad” a este procedimiento. No obstante, el especialista remarcó la importancia de una política que acompañe el desarrollo nacional en estas cuestiones: “El sistema científico argentino no cuenta con la estructura informática todavía, porque son capacidades que no se desarrollaron en los últimos años. ARSAT, con todo el potencial que posee, aún no puede brindar lo que se conoce como servicios de infraestructura elástica. Pasa algo parecido en otros ámbitos de desarrollo científico. Nadie dice que los test que se utilizaron al principio eran importados. Lo primero es que haya test y medicamentos, lo segundo es que se produzcan en el país. Hay que entender la diferencia entre las posibilidades de innovación científica y las prioridades del sistema de salud”.
Desde una mirada más crítica, algunos especialistas consideran que el riesgo de entregar tantos datos es excesivo para resultados que todavía consideran inciertos. Al ser consultada por ANCCOM, la Doctora en Derecho en Protección de Datos Personales y Especialista en Derecho Informático, Johanna Caterina Faliero, declaró: “La protección de datos también es un tema de soberanía nacional. Debemos velar como país para que estas transferencias internacionales siempre se hagan con adecuados niveles protectorios en materia de datos personales y, por otra parte, tener mucho cuidado respecto a si esas transferencias no han sido consentidas por los titulares de esa información”.
Por otro lado, Faliero remarcó la importancia del Estado como garante de derechos ante la creciente informatización de los procesos, ya que la protección de datos personales “es un derecho humano fundamental en una era en la que dejamos huellas a partir de datos y metadatos que son almacenados y procesados”. Para la especialista, estas cuestiones constituyen una demanda creciente de la población: “La ciudadanía está cada vez más consciente de la importancia de la preservación de la privacidad de los datos; decidiendo cómo, cuándo y en qué situaciones se puede trabajar con ellos y revocar ese consentimiento de manera absoluta y sin expresión de causa”. Además, afirma que esto ha incrementado el estado de participación y el debate público abierto.
El avance de los Estados en materia de acaparamiento y procesamiento de la información personal es una tendencia que preocupa a la consultora. Se trata de gobiernos que han adoptado “soluciones tecnológicas como videovigilancia y entrecruzamientos masivos de base de datos que han sido poco debatidas o no han contado con el debido estudio de los impactos en materia de datos personales”. Por lo tanto, para la especialista es necesario tomar un rol activo desde la ciudadanía, ya que “el Estado es responsable de estas acciones en contra de las libertades individuales”.
Uno de las dudas que sobrevuela las implementaciones es el riesgo de caer en lo que el investigador Evgeny Morozov llama «solucionismo tecnológico», es decir la creencia de que una app puede resolver cualquier problema. Sobre esto, Faliero detalla: “Lo primero que estamos dando por hecho es el acceso a esas tecnologías, eso es algo que nos lleva al concepto de brecha digital. Cuando una app se lanza a un público masivo debemos tener en cuenta la inmensa heterogeneidad de dispositivos o su disponibilidad”. También advierte que es probable que los sectores más necesitados de estas medidas sean aquellos que tienen la peor calidad de dispositivos y conectividad, por lo que “deben tenerse en cuenta estos factores socioambientales y socioculturales antes de poner en marcha estas iniciativas”.
Respecto al uso de aplicaciones por parte del Estado, existe un deber de los organismos públicos en demostrar la proporcionalidad de la medida, en este caso la necesidad de avanzar sobre la privacidad para alcanzar un fin superior como sería la contención de la epidemia. La abogada asegura que toda implementación de tecnología debe ser llevada a cabo con “transparencia, sin prisas y asegurando la participación de la sociedad en su control”. Al mismo tiempo, afirma que no debe permitirse un avance sobre derechos y principios que en tiempos de normalidad estaría prohibido, porque sería muy difícil recuperar ese terreno perdido.
Leandro Ucciferri, abogado, investigador y representante de la Asociación de Derechos Civiles afirma que la herramienta tiene algunas fallas básicas respecto de cómo se usará: «Hay un fuerte incentivo para no brindar información precisa sobre los síntomas que puede estar atravesando una persona, sobre todo para obtener el permiso de circulación». Además están los casos asintomáticos: en su opinión, una app nunca va a poder determinar si esa persona y su entorno se encuentran en riesgo de salud. «En el caso de CuidAR hay que volver a plantear la discusión sobre cuál es el problema que realmente se quiere resolver con esa app, y de qué manera ciertas funcionalidades pueden ser útiles para ese fin, sin poner en riesgo otros derechos, sobre todo cuando el Estado ya tiene un historial largo por no cumplir con medidas de seguridad elementales». Justamente, ADC fue una de las organizaciones que cuestionó fuertemente los sistemas de reconocimiento facial implementados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en los últimos años que con la excusa de encontrar a unos pocos miles de prófugos monitoreaban a millones de ciudadanos cotidianamente. Para el abogado, “los funcionarios públicos tienen que darse cuenta de que el rol social de la tecnología es difícil y no hay una fórmula infalible que ayude a resolver todos nuestros problemas, al menos no sin crear nuevos“.
Hasta la fecha, no se desarrolló una vacuna para el Covid 19 y tampoco está claro si quien lo tuvo queda inmune al virus, pero este tipo de dudas puede extenderse a casi todas las medidas que se tomaron. En ese contexto, los especialistas insisten con la necesidad de utilizar medidas de prevención comprobadas tales como el refuerzo de las medidas de higiene, el uso de mascarillas, el distanciamiento social, el aislamiento preventivo y la utilización de sustancia químicas para la desinfección de superficies. Faliero resume: “Nuestra naturaleza humana es ser reacios a la inseguridad, cualquier cosa que nos brinde un salvavidas en medio de ese océano en el cual estamos perdidos, es vista como una buena solución”. Desde el otro lado consideran que la emergencia no es un buen momento para discutir sino para probar con todas las herramientas que ayuden a controlar la pandemia. Tal vez del diálogo entre ambas posturas pueda surgir una respuesta capaz de encontrar el delicado equilibrio entre los derechos a la salud y a la privacidad.
Jun 3, 2020 | Comunidad, Géneros
“En la Justicia, los divorcios y compensaciones económicas para las mujeres se encuentran paralizados”, dice Rothberg.
Desde el comienzo del aislamiento social preventivo obligatorio (ASPO), el 20 de marzo, los datos de la asociación civil La Casa del Encuentro @Casadelencuentro indican que se registraron 58 femicidios en todo el país. El último informe publicado fue el 28 de mayo y, desde entonces, hubo un femicidio más. Comparativamente con otros periodos similares, es la cifra más alta de los últimos diez años. En palabras de Ada Rico, presidenta del organismo, también cambió la modalidad empleada por los agresores: “Históricamente, las mujeres son asesinadas con armas de fuego. En cambio en estos últimos casos el índice más alto son las mujeres golpeadas. O sea que el agresor utiliza las manos como un arma. Eso es lo que hemos visto, la manera en que creció la saña en estos asesinatos de mujeres”.
“Lo que estos datos nos muestran en cuarentena es algo que nosotras ya venimos denunciando y es que un alto índice de los femicidios suceden en el círculo más cercano de la víctima y en su propio hogar”, explicó Laura Rothberg, integrante del Área de Comunicación del Observatorio Ahora que sí nos ven, en diálogo con ANCCOM. Según su último informe, con datos hasta el 24 de mayo, 68% de los femicidas eran pareja o ex pareja de la víctima. Esto significa que gran parte de las niñas y los niños que pierden a sus madres en estos hechos violentos quedan huérfanos, bajo la custodia del Estado o de algún familiar, ya que en la mayoría de los casos es su padre el que comete el delito. “No es nuevo que a las mujeres las matan quienes dicen amarlas ni que el principal lugar donde las mujeres mueren son sus viviendas o las viviendas de los agresores. La cuarentena lo que hace es reforzarlo”, denunció Rothberg. En ese sentido, afirmó que si bien durante el aislamiento obligatorio no hubo un crecimiento exponencial de casos, sí se potencia la problemática al tener en cuenta que hay mujeres que están pasando las 24 horas del día con sus parejas violentas.
El trabajo de las organizaciones que acompañan a mujeres en situación de violencia se centra en evitar que su agresor logre aislarlas. Es una de las tácticas que suelen utilizar para manipular a la mujer y hacerle pensar que está sola, prohibiéndole contactar a sus seres queridos en busca de ayuda. Rico sostuvo que en la sede de La Casa del Encuentro tienen un centro de asistencia y ven cómo las mujeres buscan estrategias para ir y escapar de sus hogares. “Ahora no pueden y con todo esto que sucede no tenemos la manera de llegar a las mujeres. Estamos atendiendo mucho en forma telefónica, o con videollamada para la que puede. Te das cuenta que la mujer no puede hablar porque está él, nos mandan muchos mensajitos a escondidas. Nosotras les decimos que borren los mensajes de su celular porque si él mira con quién habla tendrá el control absoluto sobre ella”, señaló. El mayor peligro reside en que se naturalicen las violencias, que van menoscabando el autoestima de estas mujeres y las van volviendo cada vez más vulnerables.
El funcionamiento de la justicia también se vio afectado por la cuarentena. Según Florencia Zerda de la Red de Abogadas Feministas, “los trámites de denuncias por violencias se encuentran activos pero limitados; lo mismo que en materia penal, hay avances pero mínimos”. Otros fueros, como el laboral, se encuentran completamente paralizados. “En la justicia de familia, los divorcios y compensaciones económicas para las mujeres que durante años fueron violentadas económicamente también se encuentran paralizados”. Desde La Casa del Encuentro, afirmaron que una de las primeras medidas que pidieron al comienzo de la cuarentena es que se prorrogaran las medidas cautelares: “Nos llamaban mujeres de distintos lugares para consultarnos qué pasaba con esas medidas si ya se habían vencido”. Para Laura Rothberg, este momento muestra de forma más cruda una realidad preexistente: “Hombres violando perimetrales acercándose a mujeres que habían hecho la denuncia, que tenían botones antipánico, que tenían una exclusión del hogar, lo vemos todo el tiempo. Hoy queda mucho más en evidencia porque ese hombre además viola la cuarentena y hubo alguien que no estaba controlando que eso no sucediera”, sostuvo. Luego de 17 días de comenzada la cuarentena, el 5 de abril, se exceptuó de penalidad por incumplimiento del ASPO a las mujeres que debieran realizar denuncias por violencia de género. “Están habilitadas a hacerlo sin la tramitación de permiso alguno, porque es un caso de fuerza mayor. Pueden hacerlo y denunciar luego y con las medidas judiciales correspondientes lograr volver al hogar con custodia de alguna fuerza para retirar pertenencias o lograr que se excluya al violento de la vivienda”, afirmó Zerda.
Por otro lado, la caída de la economía es un factor que afecta a toda la población, pero a las mujeres en particular. “Muchas de las mujeres, especialmente en los sectores más vulnerables, trabajan haciendo limpieza en casas de familias, ni siquiera están formalizadas. Por lo tanto, en este momento, no están recibiendo nada de dinero. En cambio, muchos de los hombres sí trabajan en lugares donde le depositan el salario. Eso también juega en contra de ellas”, argumentó Rico e insistió en que no se puede aislar la problemática de la violencia del contexto económico. Según un informe de la Dirección de Economía, Igualdad y Género, las mujeres, además de tener peores salarios en general, enfrentan mayores niveles de informalidad (36% versus 34,2%) y mayores niveles de desocupación (10,8% versus 8,9%) que los varones.
El Congreso de la Nación iluminado con motivo del Ni una menos.
Ni Una Menos: un antes y un después
El 3 de junio de 2015 la sociedad salió a la calle para exigir un Estado presente frente a la violencia de género. “Ni Una Menos fue importantísimo porque toda la sociedad tomó conciencia de lo que significa la violencia de género. Se logró que sea un tema de agenda”, recordó Rico. Por su parte, Rothberg señaló que Ni Una Menos le puso un nombre a algo que ya pasaba: “Cuando a una mujer la mataba un hombre era un caso más de los miles. Era una estadística que no estaba desagregada, una muerte por asesinato y punto. Ahora sabemos que esa muerte tiene sus particularidades propias y que responde a una lógica sobre la que está estructurada nuestra cultura. Entonces ahí podemos pensar de qué manera proponemos soluciones para esta problemática”. También remarcó que es importante comprender que es un hecho que afecta a la sociedad entera y no solo a las mujeres. Ambas apuntan al Estado como principal responsable de revertir esta situación y a la necesidad de políticas públicas integrales para hacerle frente. De hecho, ambos observatorios surgieron en distintos momentos ante la falta de estadísticas oficiales. “Siempre hablamos de la necesidad de políticas públicas integrales y del compromiso de los tres poderes del Estado”, afirmó Rothberg y denunció que en los últimos cuatro años hubo un desfinanciamiento absoluto en todos los programas de asistencia a las víctimas de violencia de género y la promesa de construcción de refugios que nunca se cumplió.
En las últimas semanas, algunas de las medidas que se han tomado desde el Ministerio de Mujeres, Equidad y Géneros, incluyen un refuerzo a la línea 144 (Programa de Asistencia Telefónica sobre Violencia de Género), el traslado a hoteles a las solicitantes de refugio y la campaña “barbijo rojo”, mediante la cual se asegura la asistencia a mujeres que soliciten dicho elemento en farmacias. Sin embargo, esta última recibió críticas por parte de grupos feministas. Rico explicó que no es lo mismo una mujer en la Ciudad de Buenos Aires que va a cualquier farmacia y no conoce a nadie, que una de un pueblo donde saben quién es ella y quién es su pareja. En ese sentido, afirmó que es necesaria una mirada abarcativa que contemple más allá del Área Metropolitana. Un asunto pendiente que señala la activista es que el Ministerio forme parte del comité de crisis, encargado de pensar las medidas para paliar la pandemia y proteger a la población.
¿Cómo acompañar?
Desde el Observatorio Ahora que sí nos Ven expresan que lo importante es tener paciencia y mucha empatía. Recomiendan informarse para poder brindar ayuda; una de las posibilidades es llamando al 144 para obtener asesoramiento. Ahora también tienen una línea de atención por Whatsapp al 1127716463 y una dirección e-mail: linea144@mingeneros.gob.ar En caso de emergencia, se debe llamar al 911.
Abr 9, 2020 | Comunidad, Novedades
«El aislamiento incrementa sentimientos de depresión y tristeza porque sus vínculos primarios están apartados”.
El avance del coronavirus (Covid-19) en nuestro país y la extensión de la cuarentena hasta por lo menos el 13 de abril, intensificaron las problemáticas existentes entre los adultos mayores de 60 años, principal grupo de riesgo. Especialistas en gerontología confirman un incremento de sentimientos de soledad, depresión y ansiedad en los ancianos, entre otros conflictos que se desencadenan con el aislamiento.
“Durante la primera cuarentena, los mayores de 80 años tenían sus necesidades cubiertas porque estaban presentes sus cuidadoras. En la segunda etapa vigente, hay algunas que no pueden asistirlos porque están en sus propias sus casas. Por lo tanto, se rompe el equilibrio y se resiente la atención domiciliaria”, explica la doctora Lía Daichman, gerontóloga, socia fundadora de la Asociación Gerontológica de Buenos Aires y presidenta del Centro de Longevidad para Argentina, una ONG internacional con estatus consultivo ante las Naciones Unidas.
Daichman indica que para abordar las distintas problemáticas que acarrea el aislamiento, hay que pensar a la vejez en plural como un grupo social heterogéneo. “Hay que dividir a los viejos ‘jóvenes’ (de 65 a 80 años) de los viejos ‘viejos’ (de 80 años en adelante) ya que son dos grupos que tienen diferencias importantes. Los viejos ‘jóvenes’ no necesitan tanta ayuda de los que están afuera, se encuentran más comunicados mientras que, los mayores de 80 años, en general, dependen de la colaboración de otros, como puede ser un hijo o un voluntario”, sostiene la profesional.
“La necesidad de mantener redes, además de las familiares y cercanas, es fundamental para la participación extra comunitaria como una fuente de bienestar y de satisfacción de vida”, argumenta la socióloga Julieta Oddone, Magíster en Gerontología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) e investigadora CONICET. Y agrega: “La proporción de personas que queda más aislada porque no tiene una actividad participativa, a pesar del uso de las redes sociales, ve incrementados sus sentimientos de soledad, angustia, depresión y tristeza porque sus vínculos primarios están apartados”.
«Puede que el anciano no se contagie coronavirus pero se le van a crear otras enfermedades” sintetiza Oddone.
Oddone considera que el problema no puede verse únicamente por los años: “Hay una diversidad en la vejez, la misma se construye en el curso de la vida a partir de eventos históricos, personales y biográficos que dan distintos modos o características de envejecimiento. Por lo tanto, toda política social y sanitaria, en una coyuntura difícil, no debería tener sólo en cuenta la edad cronológica”.
Para la investigadora, no corresponde cercenar todo lo que el adulto mayor pueda hacer por sí mismo. “Los que están acostumbrados a manejar sus finanzas, independientemente de que tengan más de 70 años, es conveniente que sigan haciéndolo. Hay que tener mucho cuidado con la idea de aislamiento porque no es necesariamente curativo. Puede que el anciano no se contagie coronavirus pero se le van a crear otras enfermedades”, sintetiza.
Ricardo Iacub, psicólogo y Director de Proyectos Comunitarios con Adultos Mayores en PAMI, reflexiona sobre el impacto del confinamiento: “Los mayores están más preparados para estar en sus casas que los demás porque la mayoría ya se jubiló, no tienen que cuidar a sus hijos, es decir, sus tiempos son más personales y menos demandados socialmente. El salir o no salir depende de sus ganas, este es el lado positivo”.
El especialista plantea cómo se construye una nueva temática dentro de la sociedad: “Nos encontramos con un adulto mayor que se convirtió en una especie de ‘discapacitado’ porque no debe salir y, si sale, corre el peligro de enfermarse o de ser criticado”. Y adiciona: “Más allá de que, biológicamente, los ancianos son más frágiles, tienen un montón de recursos para otras cuestiones. Hay una percepción social de que son sujetos delicados y nos cuesta más pensar sus fortalezas que sus debilidades”.
Iacub infiere que la incertidumbre es la sensación que más perturba a sus pacientes: “Con la nueva postergación de la cuarentena, apareció agravado algo que estaba en ciernes. Se prolongan los sentimientos de desprotección, de encierro y aumenta la ansiedad. Los adultos mayores empiezan a preguntarse ‘cuándo termina’ y ‘qué pasa si me enfermo’ más allá de que tengan vías de comunicación con su círculo cercano”, esclarece.
El investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sobre el Área de Sociología del envejecimiento, Gustavo Mariluz, analiza los miedos durante el aislamiento: “A morirse solo, a caerse en la calle y no tener quien lo ayude, a quedarse sin comida. Posiblemente, muchos viejos hayan vivido situaciones catastróficas cuando eran muy jóvenes porque son inmigrantes. Se les pueden aparecer algunos fantasmas que creían haber superado”.
“Surge el miedo a morirse solo, a caerse en la calle sin tener quien lo ayude, a quedarse sin comida», dice Iacub.
Otro de los temores que aparece entre los ancianos es el que vincula, directamente, al Covid-19 con la muerte. “La televisión ha informado que un gran porcentaje de personas viejas son afectadas de una manera mortal. De los fallecidos que se registran, la mayoría son varones y viejos”, testifica Mariluz. Y agrega: “En Argentina, después de los 60 años, hay 7 mujeres vivas por cada hombre vivo. Significa que existe una preminencia de género que con el coronavirus se está fortaleciendo”.
Oddone observa que la situación de confinamiento favorece un escenario de violencia. “Una de las violencias que sufren los ancianos es la económica, cuando una política lo obliga a quedarse en su casa y el hijo pasa a hacerse cargo de sus finanzas. Sería conveniente organizar espacios barriales o zonales que permitan, de manera electrónica y presencial, proveer de productos a las personas que puedan necesitarlos pero también relevar los casos que se están dando o que pueden ocurrir”, aconseja la especialista.
Daichman asegura que la agresión doméstica siempre existió y ahora la más preocupante es la violencia financiera: “Se han armado bandas para tratar de estafar a las personas mayores, para cobrarles, para hacerles sus trámites. El abuso económico probablemente sea el más común. Son criminales que deberían ser penados”, finaliza.
Con respecto a las necesidades del adulto mayor, Mariluz señala que no son atendidas. “Hay buenas intenciones pero falta escucha profesional. Argentina es uno de los países más envejecidos de la región junto a Chile y Uruguay. Nuestro país no ha tomado en cuenta la importancia que tiene el envejecimiento poblacional. Cuando aparece la enfermedad, emerge la vejez con su impronta negativa aunque no necesariamente lo sea. Y añade: “Creo que hay buena voluntad de los gobernantes pero se deja para el futuro lo que hay que hacer hoy”.
Abr 2, 2020 | Novedades, Trabajo
“Al principio de la pandemia tuvimos un montón de quejas de compañeros que fueron atosigados por las fuerzas policiales, les pedían dinero para seguir trabajando. Pero eso, con el pasar de los días, y debido a las múltiples denuncias y videos, se fue corrigiendo. Específicamente lo pasaron muy mal los extranjeros, porque por más que tengan todo en regla, los asustaron bastante”. El que cuenta esto es Cristian Loccisano, un repartidor que trabaja para diversas empresas con aplicaciones digitales, y conductor del programa radial Cadetes organizadxs, que enfoca en la problemáticas de los trabajadores de empresas digitales de delivery, en suspenso durante estos días de aislamiento social.
Cristian: “Tuvimos un montón de quejas de compañeros que fueron atosigados por las fuerzas”.
Desde el primer minuto del viernes 20 de marzo todo el país quedó bajo cuarentena obligatoria y como consecuencia la mayoría de los comercios dejaron de atender al público y las actividades debieron posponerse o cancelarse. El gobierno se mostró estricto e inflexible y la población, en gran medida, apoyó la medida, demostrándolo en las redes sociales con hashtags como #yomequedoencasa.
A pesar de todo esto, los repartidores debieron continuar trabajando, exponiéndose a sí mismos y a sus familias, principalmente porque no se pueden dar el lujo de quedarse en casa haciendo la cuarentena mientras ven pasivamente cómo su economía se desvanece como espejismo en el desierto.
Cada cadete, para operar, tiene dos permisos. Uno es un mail de autorización provisto por las empresas, y el otro es un código QR directo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ambos deben estar a mano en caso de ser controlado por circular, situación muy frecuente, y más aún en el territorio porteño. Las empresas digitales de delivery han establecido protocolos de entrega e informado mediante gráficos explicativos: en caso de un pago con tarjeta de crédito, se le exige al operador que deje el pedido en la puerta de entrada del domicilio y que luego se aleje como mínimo dos metros, hasta que el cliente reciba lo que ordenó. En el caso de que haya efectivo de por medio, se procede de la misma forma, sólo que, el cliente deja primero el dinero en el suelo, también respetando los dos metros de distancia recomendados. Por otro lado, algunas de las compañías entregaron guantes, barbijos y alcohol en gel, aunque las fuentes afirman que el stock no fue suficiente y los puntos de entrega, limitados.
El trabajo de los repartidores colabora para que más gente se quede en casa. La demanda de órdenes aumentó y también varió. Ahora, es mayor el porcentaje de pedidos de farmacia y de compras de supermercado. Por otro lado, la cantidad de trabajadores se vio reducida por las circunstancias dadas. En consecuencia, algunos cadetes se vieron beneficiados en términos de ganancias. Hay una menor cantidad de trabajadores en la calle, más pedidos por usuario y un sistema de “bonus” que se alcanza al lograr distintos objetivos, como cantidad de pedidos en una hora o durante el día, que ahora es más fácil de lograr. Paralelamente, las personas que ya estaban acostumbradas a dejar propina, aumentaron los montos al empatizar con la situación.
Cristian recorre las calles vacías de Buenos Aires en su moto todos los días. Su vida cotidiana no cambió drásticamente, aunque sí el paisaje a su alrededor y el tiempo de llegada a cada destino. Según su experiencia, los controles en la ciudad son mucho más frecuentes que en la provincia. “Han aumentado a medida que han pasado los días –dice-. Hoy, por ejemplo, me pararon siete veces en tres horas de laburo; cuando empezó la pandemia, era una vez o dos veces durante todo el día”.
Las irregularidades y los abusos policiales no son nuevos, plantea Cristian, pero en una situación tan especial como la que está atravesando el mundo, indignan y aún más. Tal es el caso de Eylin Sojo, otra trabajadora, que fue maltratada por las fuerzas mientras esperaba retirar su orden en un reconocido local de milanesas. “Hagan la fila con dos metros de distancia, porque si no van a contagiar al personal –le dijo un oficial de turno -. Seguro son unos locos sin libreta sanitaria ni obra social y se van a morir todos en un hospital público”.
Eylin: “Una sola vez nos dieron un gel antibacterial pequeño, un barbijo y un par de guantes”.
“Nunca había tenido problemas desde que estoy acá en Argentina –cuenta Eylin-. Salvo este inconveniente, el resto está bien, porque tengo todos mis papeles de mi moto en regla, para circular”. Eylin tiene 34 años, es venezolana y desde hace poco más de dos años vive en Buenos Aires, una ciudad que ahora se podría llamar fantasma, ya que la pandemia redujo la circulación de autos y de gente. No es lo que sucedió con los servicios de delivery como Glovo, Rappi, Pedidos Ya y Uber Eats: “La demanda en estos tiempos es mucha, pensé que iba a bajar –dice-. Los pedidos caen uno tras otro, a veces llegan dos o tres por hora. Obviamente, más que nada son de mercados y farmacia”. Suele tomar un primer pedido cerca de su casa, en Caballito, y luego la demanda la lleva hacia Palermo, Recoleta, Microcentro, Puerto Madero: los barrios más ricos.
Aunque las empresas de delivery abogan por entregas sin contacto, depende de la responsabilidad de cada repartidor establecer medidas propias de distanciamiento con el cliente: “No me acerco a la persona en la entrega y siempre les pregunto si desean que les deje el pedido en algún sitio específico -en el piso o en una mesa- pero son pocos los que me piden, o los que aclaran en la aplicación”, cuenta Eylin. Trabaja para Glovo y recibe correos de la empresa con las medidas de protección. “Una sola vez nos dieron un pack con un gel antibacterial pequeño, un barbijo y un par de guantes”, detalla. Medidas, a decir verdad, insuficientes.
Para Matías Zeballos, de 30 años, que lleva trabajando más de uno como repartidor, no hubo modificaciones significativas en las últimas semanas. Respecto a la dinámica laboral, “lo único que hizo la empresa fue un copia y pega de las recomendaciones que dio el Ministerio de Salud”, asegura, refiriéndose a los cuidados básicos para resguardarse del contagio, y agrega que “no brindan ningún tipo de seguridad. En algunos barrios hay un camión que reparte alcohol en gel, barbijos y guantes, pero lo hace en un horario y zonas muy específicas, y entonces no todos tienen acceso a esos elementos”.
La demanda, según Matías, mantiene un nivel alto como el resto del año, pero destaca un cambio notorio: “Hay muchos más envíos de compras de supermercados –dice-. Sigue habiendo pedidos de productos que no son de primera necesidad, aunque no tanto como antes, porque la gente no se puede dar ese lujo”. Las entregas, al igual que el resto de sus compañeros, funcionan con el menor contacto posible, y esta estrategia no fue motivo de desacuerdos con los clientes, porque “la gente está acostumbrándose” a estos tiempos desconcertantes.
Martín trabaja en atención al cliente en “El Surtidor”, una pizzería en el centro de Ranelagh, una localidad del conurbano bonaerense, a unos 35 kilómetros de CABA. El local se mantiene funcionando con cuatro empleados, y sólo se realizan repartos a domicilio sin cargo mediante un repartidor contratado, cuenta. “Se entrega el pedido con guantes descartables, y en el auto hay alcohol en gel, alcohol rebajado con agua; además, el repartidor usa barbijo y se lo cambia dos o tres veces por jornada. Aun así, algunas personas se acercan al local respetuosamente, pero no los dejamos entrar porque no está permitido. Entonces hacen el pedido desde afuera, tienen que esperar en el auto y el repartidor entrega el paquete sin contacto alguno”, detalla. Asegura que las medidas de higienes son estrictas: la prevención va desde pasar lavandina en los pisos, usar alcohol en gel, limpiar con alcohol líquido rebajado con agua los picaportes, los mismos procedimientos en las mesadas, hasta el uso guantes y barbijos en el personal.
Martín: “El repartidor cambia el barbijo dos o tres veces por jornada. Las medidas de seguridad son estrictas”.
A pesar del rápido impacto de los casos de coronavirus y las consecuentes medidas que afectaron a la economía, la crisis (que impacta en el salario de cada uno de los empleados) no es novedad para ellos. Martin dice, con evidente preocupación en su voz: “Estamos vendiendo un 10 o un 15% de lo que vendíamos antes, y redujimos el horario de trabajo a cinco horas por día (de 18 a 23). Esto nos agarró de sorpresa, pero la situación no venía estable en cuanto a las ventas desde hacía tiempo. Estos últimos cuatro años fueron totalmente negativos, sólo subsistimos, no hubo capacidad de ahorro y sí de deuda, íbamos sobre la marcha. Esta situación nos sobrepasó”.
Néstor Eduardo Riveiro, de 39 años, insiste con que los repartidores asuman los mismos cuidados que los clientes. “El problema es que los cadetes se juntan entre compañeros y, si hay un infectado que no quiere admitir que se siente mal, expone al resto”, dice. Pero los elementos de seguridad (barbijos, guantes, alcohol en gel) deben ser cubiertos por los propios trabajadores, ya que las empresas se los suministraron por única vez al principio del aislamiento social obligatorio, y no dieron pie a la renovación de estos recursos para los días subsiguientes.
El colectivo Ni un Repartidor Menos, que generalmente se centra en casos de violencia laboral y de género, robos, accidentes y enfermedades dentro del rubro, actualmente está concientizando sobre la inconveniencia de permanecer en grupos, la limpieza diaria de la mochila y la ropa de trabajo, y la higiene del trabajador. Además, ideó un nuevo proyecto frente a la pandemia: un seguimiento mundial sobre la cantidad de repartidores contagiados de Covid-19 a causa de la exposición laboral. “Recién se habilitó ayer a través de un documento en Google Drive: los afectados, compañeros o familiares, dependiendo de la gravedad del caso, pueden ingresar y registrar su denuncia ahí”, explica Néstor, que también cumple el rol de representante general de la organización hace más de un año.
Sofía Puente es shopper para Pedidos Ya en Córdoba Capital. Su trabajo consiste en armar y comprar los pedidos con una tarjeta que le da la empresa. A veces le llegan de a seis pedidos en simultáneo y tiene que tenerlos todos listos antes de los quince minutos: en muchas ocasiones eso no es posible. Ella busca los productos, hace la fila como cualquier cliente, los paga, y se los entrega a los cadetes, que esperan afuera hasta que están listos. Sofía destaca que es afortunada en comparación de los repartidores: “Yo trabajo ocho horas y tengo un contrato, cobro un sueldo fijo sin importar la cantidad de pedidos. Los cadetes no, son monotributistas y cobran por pedido que hacen”, explica. De todas formas, Sofía es consciente de la precariedad de su trabajo: pidió que le cambiemos el nombre porque teme ser echada si sus superiores se toparan con esta nota.
“Hay mucha demanda, pero es porque Pedidos Ya regala vouchers. No vendemos harina, o productos de necesidad, sino papas fritas, cerveza, gaseosas. Todo porque les dan cupones gratis”. Cuenta que, si hay faltantes de alguno de esos productos -como pasa mucho estos días-, la gente cancela el pedido. Y todo el tiempo que se perdió en armarlo, es plata que el cadete pierde. “Nosotros entramos en la categoría de los exceptuados de hacer la cuarentena, pero la gente no lo toma en serio”, asevera.
“Le pedimos a la empresa que nos den elementos de seguridad para afrontar la pandemia -cuenta-. Ellos alegaron no haber podido conseguir y nos dieron mil pesos para que lo compremos nosotros. Los amenazamos con que no íbamos a ir a trabajar y ahí consiguieron todo, incluso el permiso”. Sofía remarca que fueron ellos quienes averiguaron por los proveedores de alcohol en gel y barbijos, y la empresa se encargó de comprarles. Esas medidas de precaución fueron solo para los shoppers: los cadetes debieron arreglarse por su cuenta. “Algunos pocos tienen guantes, otros tienen barbijos –dice-. Alcohol en gel casi ninguno usa, y al estar en la calle tampoco tienen dónde lavarse las manos. Yo los veo preocupados, no tienen ganas de seguir laburando así, pero lo necesitan”. Todos ellos trabajan ocho horas como mínimo, aunque la mayoría está más. Si los repartidores eran ya un emblema del empleo precarizado, la pandemia agudizó al extremo esa caracterización.
