Oct 7, 2022 | Destacado 2, Géneros
Después de la pandemia, a tres años de la votación en La Plata, cuando se decidió reconocer las diferentes identidades y naciones y unirlas en la misma lucha, tendrá lugar en San Luis el primer Encuentro explícitamente inclusivo.. También será la primera vez que habrá otro encuentro, el tradicional y ahora minoritario, que se realizará también en San Luis, dos semanas después.
.
El 8, 9 y 10 de octubre, en la ciudad de San Luis desembarcará el 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Intersexuales, Bisexuales y No Binaries en Territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel.
Este largo nombre es el producto de una disputa cultural y discursiva de hace años. No se trata solo de un cambio de título, sino que refleja, con la mención de cada identidad y la ampliación de lo nacional, una reparación histórica y política que busca la unión de las diversas cosmovisiones, culturas e identidades feministas y transfeministas en una lucha “anticolonial, anticapitalista y antipatriarcal”.
Además de una reivindicación socio-cultural e histórico-política, el encuentro hace circular la economía de cada ciudad que es elegida como sede. Para octubre se esperan más de 100 mil personas -las que se sienten representadas en aquel largo título- de todos los rincones del país. La titular de la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad de San Luis, Ayelén Mazzina, afirmó durante una conferencia de prensa que a partir del Encuentro se estima “una inyección económica superior a los 2.000 millones de pesos”, en rubros como alojamiento, gastronomía, transporte, entre otros.
Sin embargo, no toda la ciudad abraza a les encuentreres con el mismo gusto. Las iglesias, parroquias y catedrales puntanas están tomando medidas de seguridad, cerraron sus puertas y montaron guardias desconfiando de posibles ataques. En un documento dirigido al Ministerio de Seguridad y al de Gobierno, Justicia y Culto, la Asociación Pastoral de San Luis rogó que garanticen “la paz y la seguridad de los ciudadanos y sus bienes”, asignándoles “la responsabilidad de civil y penal de realizar el resguardo de los templos de la Iglesia Evangélica y sobre todo integridad física de los pastores y de los miembros de la comunidad cristiana”.
La historia de los encuentros comienza en 1986 con las primeras mil mujeres que se reunieron en Buenos Aires bajo el nombre de “Encuentro Nacional de Mujeres”. Con la nueva ola de feminismo que estalló en Argentina a partir de 2015 todo comenzó a replantearse y con ello la cuestión de las identidades. La premisa clave de esos años fue “lo que no se nombra no existe” y con esta bandera muchos grupos del feminismo y transfeminismo comenzaron a debatir sobre los límites excluyentes del nombre del encuentro como algo “nacional” y de “mujeres”.
En 2019 las aguas ya se estaban dividiendo. Ese año, en el 34º Encuentro realizado en La Plata, el más masivo de su historia, el debate sobre la identidad -ya planteado anteriormente en los encuentros anteriores de Chaco en 2017 y en Trelew en 2018- proliferaba en todos los talleres. Tras la lectura de sus conclusiones en el acto de cierre, se definió que a partir de ese momento el encuentro sería plurinacional y haría mención de cada una de las identidades disidentes sexuales que lo integran.
Había solo un sector minoritario que se oponía a esta reforma e insistía con volver al viejo título -desterrado por su exclusión- de “Encuentro Nacional de Mujeres”. Este está encabezado por la campana del feminismo conservador y del PCR (Partido Comunista Revolucionario) que conciben al movimiento sin la integración de personas trans y otras disidencia por no considerarlas como mujeres. En las sucesivas asambleas este grupo insistió con su reclamo, pero no logró el número suficiente para tomar posición como minoría.
Es así que, por primera vez en su historia, se organizarán dos encuentros. En octubre el inclusivo y plurinacional, realizado de forma autónoma, independiente y autogestionado, y en noviembre el nacional únicamente de mujeres, encabezado por el PCR y el feminismo conservador, los días 19, 20 y 21, también en la ciudad de San Luis.
El encuentro inclusivo de este año abrirá con una ceremonia ancestral y contará con 105 talleres organizados en 15 ejes de trabajo como “Identidades y sexualidades”, “Territorios”, “Activismos y organización”, “Derechos Humanos y acceso a la justicia”, “Coyuntura geopolítica y económica”, entre otros. Durante el fin de semana se realizarán dos marchas. Una el sábado contra los travesticidios y transfemicidios y la otra el domingo, la marcha 35° del encuentro. La noche del domingo culminará con el clásico festejo de la peña pluridisidente y el lunes por la mañana se celebrará el acto de cierre donde será elegida la próxima sede y se hará lectura de las conclusiones de los talleres.
May 14, 2022 | Comunidad, Destacado 2
La organización Proyecto 7 señala que deja afuera del conteo poblacional a las personas en situación de calle. Intervino el INADI.
La organización social Proyecto7 realizó una denuncia ante el INADI contra el INDEC y su director, Marco Lavagna, por “discriminación hacia las personas en situación de calle dentro del Censo Nacional 2022”. El acto discriminatorio, señala la presentación, se encuentra expresamente en el nombre del “Censo Nacional de Hogares y Viviendas”, ya que es “precisamente lo que no tienen estas personas”, advierte Proyecto7 en un comunicado recibido por ANCCOM. Además, indica que estas autoridades no se refieren a un censo “catastral”, es decir de bienes inmuebles, sino de uno poblacional, y es por eso que debería incluir a “aquellos que se encuentran durmiendo y sobreviviendo en las calles de toda la Argentina”, resalta en el comunicado.
El 18 de abril, Proyecto7 acompañado de otras agrupaciones, hogares y gente en situación de calle convocaron un “frazadazo” frente al edificio del INDEC en reclamo de un censo que los incluya en sus estadísticas. El conflicto, tal como informó ANCCOM el mes pasado, pareció resolverse rápido cuando una comitiva que había ingresado a negociar con Lavagna regresó con la noticia de que los sintecho serían censados bajo las condiciones propuestas por las organizaciones. El acuerdo implicaba que la duración del evento sería todo el día y que existirían puestos para acercarse a ser censado para quienes no contaran con dispositivos tecnológicos para llenar sus datos.
Desde ese día nadie se comunicó con los tres teléfonos de contacto que dejaron anotados los referentes de Proyecto7 y la organización se enteró de la negativa a través de comunicados que circularon de manera pública. Fue el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el que recientemente les notificó por mail que “el día 16 de mayo del corriente año, a partir de las 18, un censista perteneciente al GCBA se acercará a cada hogar, para realizar el censo nacional y censar a cada alojado”.
De esta forma, no solo se utilizará la metodología implementada por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del GCBA, sino que este organismo es el que llevará a cabo el censo para las personas en situación de calle que abarcará únicamente la franja horaria de las 18 hasta las 2 de la madrugada del día siguiente. En diálogo con ANCCOM, el coordinador de Proyecto7, Horacio Ávila, se refirió a la resolución de la reunión con Lavagna en abril a raíz del frazadazo que tenía como objetivo quedarse reclamando frente al INDEC hasta que haya una respuesta: “Lo que hizo [Lavagna] fue zafar en el momento para que no acampáramos en el lugar”.
El método del GCBA fue caracterizado por Ávila como una foto: se trata de un conteo que lleva adelante un personal y duración acotados, que no recorre toda la ciudad y solo se desarrolla de modo nocturno. A causa de esto, las organizaciones realizan censos populares autogestionados. El último llevado a cabo en 2019 en Capital Federal tuvo un saldo de 7.251 personas, “aunque creemos que actualmente hay un 30 por ciento más”, aseguró el referente a esta agencia.
El abogado de Proyecto7, Emiliano Villar, informó que para hacer “un censo correcto y fidedigno de las personas que viven en la vía pública hay que hacer recorridas de, por lo menos, dos días seguidos”. Debido a la particularidad y complejidad de los casos de esta población, Villar explica que la metodología no puede ser la misma ya que genera un sesgo en la toma de datos porque “no capta sus conductas específicas como pueden ser el ocultamiento por temor o desconfianza y la movilidad de un lado al otro”, asegura el abogado.
A través de su titular, Victoria Donda, el INADI dio curso a la denuncia y citó a Lavagna para que, con la participación de INDEC y Proyecto7, las partes puedan continuar negociando en torno al conflicto e intentar llegar a un acuerdo. Según afirma Villar, el objetivo de la denuncia apunta a “poner en superficie una omisión discriminatoria con la utilización de una metodología homogeneizante”. Por ese motivo, la visibilidad mediática del conflicto con la meta de lograr una reunión con el INDEC mediante el INADI funciona como “una presión política, no en términos de apriete, sino virtuosos, para quien va dirigida”, agregó Villar.
En caso de no presentarse Lavagna, “solo sería una muestra más de querer invisibilizar a las personas en situación de calle y un aval implícito por parte de él y del organismo que tiene a cargo de una metodología equivocada e ineficaz que lleva adelante el GCBA desde hace años y que sólo refleja números mentirosos”, expresa la organización en el comunicado de prensa.
Villar concluyó que lo que se busca es establecer un contacto institucional con el titular del INDEC para encarar, en conjunto, el perfeccionamiento del censo específico estipulado por la ley de personas en situación de calle, sancionada en diciembre del año pasado, que además cuente con la participación de las organizaciones sociales.
Jul 22, 2021 | Comunidad, Novedades
Comunidades indígenas de Amaicha del Valle y de Quilmes cortan la ruta en reclamo por medidas de cuidado en 2020.
Según el diagnóstico realizado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en octubre de 2020, Senti-pensarnos Tierra, Epistemicidio y genocidio en tiempos de covid-19, la pandemia y el decreto 297/2020 constituyeron una drástica transformación social y económica para el conjunto del país, siendo las más perjudicadas aquellas regiones con desigualdades estructurales previas donde las condiciones sanitarias, alimentarias, ambientales y educativas ya se encontraban en estado crítico.
Bertha Lozano, trabajadora de la Liga por los Derechos Humanos de Salta, afirma que la problemática es la misma: “los pueblos indígenas, su estado vulnerable, no mejoró absolutamente nada porque los protocolos para ellos no existen, no pueden cumplir nada. Son lugares donde no tienen acceso al agua corriente, por ejemplo”. En esta línea, Cristina Pérez, quien preside la asociación indígena Lhaka Honhat en Salta, señala otras problemáticas: “En la zona, por falta de información muchos pobladores no cumplieron el protocolo. Lamentablemente fallecieron muchas personas de las comunidades sospechosas de covid y que, por la mala atención, no recurrieron al hospital. Seguimos en la misma situación del año pasado: no hay información, no hay traducción en lenguas originarias sobre el tema”.
En el documento El impacto del covid-19 en los pueblos indígenas de América Latina-Abya Yala: entre la invisibilización y la resistencia colectiva realizado en diciembre de 2020, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala que durante el 2020 varios países latinoamericanos comenzaron a registrar el mayor número de contagiados y fallecidos por el covid-19, situándose entre las 20 naciones a nivel global en mayor situación de riesgo Argentina, Brasil, Perú, Colombia, México y Chile. Según la CEPAL, “el mayor impacto lo sufrirán aquellos sectores de la sociedad que, históricamente, han quedado excluidos del poder político y económico, en particular, los pueblos indígenas, incluidas las mujeres, los jóvenes, los niños y niñas y las personas mayores indígenas”, ya que “se estima que en los países de la región más del 80% de los trabajadores indígenas lo hacen en el sector informal, una proporción ostensiblemente superior a la registrada entre los no indígenas (OIT, 2020 y 2019)”.
Presencia estatal en las comunidades
Tanto para Bertha, como para Cristina el informe de la Comisión señala que hoy los protocolos por la pandemia están ausentes. Y si bien no existe información oficial sobre los casos de covid-19 entre los pueblos indígenas de la Argentina, coinciden en que el impacto puede ser enorme. El informe de la CEPAL indica que hay comunidades que atraviesan “una crisis humanitaria crónica, como los pueblos indígenas wichi, qom, iyojwa’ja y niwaclé de Salta, Formosa y Chaco”. Con respecto a la provincia de Salta, el organismo remarcó que “podría agravar la dramática situación que obligó al gobierno de la provincia de Salta a declarar en enero de 2020 una emergencia sociosanitaria durante seis meses, tras la muerte por desnutrición en pocos meses de al menos siete niños indígenas en la zona, la hospitalización de otros 32 por la misma causa y la existencia de otros 160 en riesgo de desnutrición”.
En palabras de Cristina: “No hay control en el municipio, no hay información de parte del intendente sobre los protocolos. Desde la provincia, solamente se perciben las ayudas sociales (pensión, jubilación, AUH)”. Sin embargo, “el tema de ayudas sociales como el ticket y los módulos alimentarios demoran la entrega, y a pesar de que hubo un decreto sobre la emergencia sanitaria y el tema de COVID, hubo muchas familias a las que les dieron de baja estas ayudas. De parte de la salud no hay informaciones sobre el tema COVID. No hay un trabajo comunitario”. Por su parte, Bertha afirma que el acceso al agua corriente, a una alimentación digna, a su territorio, a la educación, constituyen derechos humanos que los pueblos indígenas van perdiendo o que nunca los tuvieron, y que impacta en la práctica a la hora de tomar medidas preventivas contra el virus. “Sin acceso al agua corriente -afirma- no hay manera de que mantengan protocolo de limpieza ni que se higienicen”.
Según el informe de la CEPAL, en Argentina la primera medida adoptada fue la resolución 4/2020 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), a partir de la cual se ordenó un relevamiento integral en las comunidades indígenas del país, de las personas que podían acceder al ingreso familiar de emergencia establecido por el Gobierno a través del decreto 310 del 23 de marzo de 2020. No obstante, fue cuatro meses después cuando este presentó una serie de recomendaciones para dar respuesta al covid-19 en las poblaciones y territorios indígenas, elaboradas por la Mesa de Emergencia Sociosanitaria Intercultural (MESI), una entidad de carácter participativo, constituida por representantes de las comunidades indígenas y las autoridades gubernamentales a nivel nacional, provincial y/o municipal. Asimismo, el organismo destaca la realización por parte de INAI de “videos propagandísticos con recomendaciones para evitar nuevos contagios de coronavirus, relatados en siete idiomas originarios (mocoví, quechua, ava guaraní, mbya guaraní, wichi, mapuzungun y qom), que se difunden a través de anuncios en los medios y redes virtuales, las radios y la televisión pública. También se preparó material impreso en esas lenguas”.
Con respecto a la cuestión de la interculturalidad, Bertha dijo que “las comunidades ya han tomado conocimiento de lo que es el coronavirus, porque no es gente que no tiene conocimiento de nada: hay personas que tienen acceso a los pueblos y sabe cómo cuidarse. El problema es que no tienen posibilidad, no tienen acceso a la salud pública, a un remedio ni nada de eso. Entonces se cuidan también con lo natural, porque es a lo que tendrían algunos accesos, y que otros ya ni tienen. El monte ya es muy reducido, ese es otro problema”.
Integrantes del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir llegaron al Congreso luego de una caminata de 2000 km.
Una cuestión crónica
Según el CONICET, pese a los cambios institucionales y legislativos logrados desde fines del siglo XX, que contribuyeron al reconocimiento y acceso a derechos territoriales, ambientales, educativos y culturales, resultado de sus históricas luchas y demandas, la realidad indígena exhibe avances aún insuficientes frente a su situación de desigualdad socioeconómica, de irregularidad en la posesión de las tierras que habitan y de una histórica invisibilización, estigmatización y criminalización.
De acuerdo con el segundo informe regional llevado a cabo por la Plataforma Indígena Regional Frente a la covid 19 “por la Vida y los Pueblos”, Pueblos Indígenas y vacunación contra covid-19, a través del Observatorio Regional sobre derechos de Pueblos Indígenas del Fondo para el Desarrollo de Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) y el Foro Indígena Abya Yala (FIAY), entre otros; los pueblos indígenas del norte se encuentran en situación de riesgo, entre ellos el pueblo Qom y Wichi. Según el informe, mientras el primero se encuentra “en situaciones de extrema pobreza por la pérdida de sus tierras, inseguridad alimentaria y con alta prevalencia de enfermedades como la tuberculosis que han provocado muchas muertes”; el segundo “se encuentra en clara situación de riesgo ya que su condición alimentaria y sanitaria es tan crítica que, desde el inicio del año, se registran al menos doce fallecimientos de niños a causa de desnutrición y falta de atención sanitaria”. Al igual que Bertha y Cristina, el observatorio coincide en señalar problemas estructurales tales como la imposibilidad de producir para su autoabastecimiento, las condiciones ambientales producto del desmonte y la discriminación.
Para Bertha, “la única manera que eso se pueda afrontar como una cuestión de responsabilidad estatal es con algún programa claro en la práctica en el territorio. Conozco médicos que se acercan voluntariamente a la zona, pero la gente de la comunidad se sigue muriendo y si es que es de coronavirus, porque ahora van a decir que es de covid y ya no van a decir que es de desnutrición y de todas estas problemáticas que también tienen. Se saca la responsabilidad del Estado sobre el abandono que tienen esas comunidades con respecto a sus derechos. Con donaciones y actos solidarios no podemos solucionar un problema estructural”.
Jul 14, 2021 | Comunidad, Novedades
“Todos los números son políticos”, afirma Horacio Ávila, coordinador de Proyecto 7 – Gente en Situación de Calle. Está hablando de las cifras obtenidas del último censo oficial realizado por el Gobierno de otro Horacio: Rodríguez Larreta.
Y no se trata de cualquier relevamiento. Estas estadísticas refieren a la cantidad de personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires. Es, ni más ni menos que el talón de Aquiles de la gestión amarilla. En el contexto de un año electoral, parece, maquillar los números se vuelve fundamental.
“En diciembre del 2020 tuvimos una reunión con el Ministerio de Desarrollo y Hábitat de la Ciudad, donde acordamos realizar el censo de manera conjunta entre el Gobierno y las organizaciones sociales”, relata Leandro Vera Belli, sociólogo e investigador del área Derechos económicos, sociales y culturales del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Sin embargo, las cosas no salieron como habían pactado: el 11 de mayo del 2021, los funcionarios de dicha cartera salieron a realizar una fotografía de la gente en situación de calle. Lo hicieron con los métodos utilizados en 2017 y 2019, puestos en discusión en la última mesa de trabajo: en camionetas, sin interactuar con la población y en el lapso de unas 7 horas, aproximadamente. A eso se le sumó la particularidad de este año pandémico: se realizó a las 20, en un contexto de restricción horaria en el que la gente en situación de calle se esconde debido a la violencia policial o busca paradores para pasar la noche.
Según señala Rosario Fassina, socióloga y coordinadora del programa Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), de las cifras publicadas en el informe oficial llama la atención su similitud con las del 2019. Hace dos años el resultado era de 1.147 personas en situación de calle. Hoy, de 2.573. Sin embargo, advierte Fassina, “ahí se están contando dos cosas distintas”.
Mientras que en el 2019 las cifras correspondían a gente que estaba efectivamente durmiendo en la calle, del total del número actual solo un 37% corresponde a quienes están en esa situación: unas 952 personas. El número restante pertenece a individuos que aquel día se encontraban en alguno de los 32 Centros de Inclusión Social porteños. “Es una cifra que pareciera que en dos años se mantuvo inamovible”, dice la socióloga. “Lo que sí muestran es que creció la cantidad de gente que está en paradores, que no parece tener un correlato con lo que se ve en la calle”.
“Nadie en su sano juicio puede pensar que, en una situación en la que todos los indicadores de pobreza dan en crecimiento, la cantidad de gente en situación de calle va a dar en baja”, sostiene Ávila. A los cuatro años de profundización de la desigualdad resultantes del macrismo, hoy se les suma la pandemia. Y con ella no solo vienen aparejadas nuevas problemáticas: también se intensifican otras.
“¿Cuál fue el mensaje principal, sobre todo del año pasado? Quedate en casa. ¿Cómo me quedo en casa si no tengo?”, cuestiona Vera Belli. “Hay una política muy explícita, aunque ellos no la quieran decir: hay cada vez más paradores para que la gente vaya a dormir, pero esa no es una solución de vivienda, solo un refugio donde pasar la noche, que no siempre resulta un lugar seguro para todos”.
El correlato de estos números que llaman la atención de todas las agrupaciones es, justamente, la ausencia de políticas públicas integrales para abordar tan compleja cuestión. Y a eso apuntan las organizaciones. “No nos interesa tanto tener el número en una tabla de Excel, aunque obviamente es importante. Lo fundamental es conocer cómo vive esa gente, porque para pensar políticas públicas con impacto necesitamos saber cuáles son las condiciones socioeducativas, socioeconómicas, las problemáticas vinculadas al género o el impacto de la pandemia”, dice Fassina.
Por eso, el aspecto cualitativo es crucial a la hora de censar. Conocer a fondo particularidades y problemáticas de cada subgrupo social se hace necesario ya que las condiciones no son las mismas para nadie. Sin embargo, según afirma Nerina Coronel, una de las referentes de No Tan Distintes, el relevamiento no contempla interseccionalidad ni perspectiva de género. “Es solo contar cuánta gente está durmiendo en la calle”, agrega.
Esta situación se complementa con una merma en el presupuesto estatal destinado a la cuestión: en los últimos dos años, el gobierno de Rodríguez Larreta recortó hasta un 20% de la partida. Mientras tanto, múltiples problemáticas son dejadas de lado.
Con respecto a las mujeres y las personas LGTTB, no solo falta indagar hace cuánto están en situación de calle, sino también por qué. “Muchas mujeres están en situación de calle por violencia de género o situaciones de abuso intrafamiliar”, cuenta Coronel. Colectivos como el trans o el travesti; grupos como las mujeres embarazadas o las que tienen niños, las infancias por sí mismas, los migrantes, la gente mayor, las personas con discapacidad o problemas de salud mental, todos ellos requieren de abordajes que contemplen la complejidad de cada situación.
“Todo ese cualitativo permite hacer una evaluación más real de los subgrupos más allá del número general y ahí planificar un poco más en relación a lo que realmente estas necesitando”, comenta Ávila, quien también asegura que este no es un problema exclusivo de Capital Federal: es un fenómeno que ocurre en todos los grandes centros urbanos del país.
Pero la Ciudad de la Furia sí tiene una particularidad: su ritmo vertiginoso y su dinámica social. Epicentro laboral, de día se consumen y desechan todos los recursos que de noche son utilizados por aquellos que viven, duermen, comen y trabajan en la calle. Por eso, afirma Vera Belli, “lo que observamos en CABA es que no podían hacer un censo de gente en calle de igual modo que harían uno de otro tipo”.
Actualmente, el diálogo entre Gobierno y organizaciones sociales está roto. Para agosto, esperan poder salir a la calle a realizar el Tercer Censo Popular. Estiman, según Ávila, un 30% más de gente en situación de calle con respecto al 2019. Resta conocer cuáles son, realmente, las consecuencias de la pandemia y de la falta de políticas públicas para quienes hacen de la tierra de nadie, la Tierra de los Nadies.
Abr 21, 2021 | Comunidad, Novedades
Pese a las diferencias que existen en los criterios y estrategias para enfrentar la pandemia, todos coinciden en que la prioridad son las poblaciones de riesgo. Lo curioso es que, pese a que ya se superaron los siete millones de vacunados, nadie se acuerda de incluir en el plan a la población en situación de calle, que en la CABA supera las 7.500 personas, según el censo realizado por un conjunto de organizaciones sociales en 2019 y que todas ellas coinciden en que durante la pandemia esa cifra trepó de manera sustantiva.
“Ningún gobierno contempla a las personas que viven en situación de calle”, dice Bárbara Alegre, quien está a cargo de la Asociación Civil Acción Comunitaria y forma parte de la Comunidad Cristiana Nueva Vida. Hace ya 11 años, además, puso en marcha Sopa de Letras, un proyecto que se encarga de entregar viandas todos los días a quienes viven en situación de calle.
“Porque acá en Ciudad, más allá de que no hayan vacunas, no hay un proyecto de vacunación -asegura Alegre-, y en Provincia donde la vacunación fue más rápida tampoco existe la manera de que se puedan vacunar aquellos que están en situación de calle.”
Desde el inicio de la pandemia hasta hoy, la organización de la que forma parte y muchas otras no dejaron de salir a realizar sus habituales recorridas. Tuvieron que adaptarse a la emergencia sanitaria de manera inmediata para suplir, una vez más, los huecos que deja el Estado. “Ese 20 de marzo –recordó Bárbara- decidimos no hacer nuestra recorrida de noche, salimos al mediodía porque no queríamos esperar, salimos lo más temprano que podíamos. Sabíamos que viendo las calles vacías muchos se iban a asustar. Son pocos los que tienen acceso a la comunicación, algunos pueden bajar un cable de algún palo y conectar un televisor, pero son los menos.”
Si bien el Gobierno Nacional puso a disposición varias medidas paliativas para beneficiar los bolsillos de este sector, el acceso a las mismas también necesitó de la intermediación de las organizaciones. Con el IFE, muchos voluntarios se organizaron y pusieron su celular, e incluso acompañaron a cobrarlo.
Desde la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle se inició una campaña para exigirle al Estado la vacunación de esta fracción de la población.
La intención es que exista un proyecto, en última instancia, algo que indique que hay una política pública contemplándolos.
“Nosotros no venimos a cubrir lo que el Estado no puede, no es nuestro rol –asegura contundente Mónica Farías, de la Asamblea Plaza Dorrego-. Nuestro rol es exigirle que cumpla con la satisfacción de los derechos vulnerados. Tenemos una serie de demandas específicas: que los compas en situación de calle entren en el circuito de vacunación establecido por el gobierno. Las organizaciones acompañan, actúan como ligazón pero el Estado debe realizarlo”.
La sistemática invisibilización de la población arrojada a la calle se alimenta de las políticas que les dejan al borde. Una gran arista de esa invisibilización persistente incluye la falta de datos concretos sobre cantidades, información que no ha sido sistematizada y por ende, no permite sean efectuadas las medidas básicas de cuidado. Si se desconocen las características de la población y la dimensión del problema difícilmente pueda pensarse una política pública. Jorgelina Di Iorio, psicóloga e Investigadora del CONICET explica que “el fragmento de la población que vive en situación de calle es población oculta o de difícil acceso. Sus prácticas de subsistencia son consideradas ilegítimas y negativizadas. Eso hace que las personas tengan que moverse como modo de cuidarse o protegerse.”
“Hay muchos obstáculos administrativos y geográficos que llevan a que la persona no acceda a las vacunas. El problema no es la especificidad de la población sino la voluntad política de pensarla como una población que “vale la pena” de ser mirada, del valor de sus vidas”, sostiene Di Iorio.
La vacunación no es el fin último, forma parte de un cúmulo de necesidades vitales insatisfechas. Sin vacuna, sin techo, sin agua corriente, sin ser tenida en cuenta, es muy difícil sobrevivir, con pandemia o sin pandemia.
“No podés presentar un proyecto –sostiene Alegre- o una política pública que ampare a alguien que vos no ves, que no tenés en cuenta, que no sabés que existen o, tal vez peor aún, que sabés que existen y preferís que mueran.”
