Ene 17, 2019 | DDHH, Novedades
Diversas organizaciones sociales y especialistas en materia de Derechos del Niño de
Argentina y Latinoamérica formularon rotundos rechazos ante el anuncio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich de un proyecto de ley acerca de un Nuevo Régimen del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil. La propuesta está alejada de las recomendaciones y normas internacionales e incluye, entre otras medidas, la baja de edad de punibilidad de 16 a 15 años.
Si bien hay acuerdo en la necesidad de cambiar el actual Régimen Penal Juvenil que derogue el decreto ley N° 22278 que data de la época de la dictadura, esta reforma debe hacerse en consonancia con los principios internacionales vinculados a los derechos humanos de la niñez y la adolescencia que respete los derechos y garantías de este sector etario vulnerable. El intento de bajar la edad de punibilidad de 16 a 15 años –dicen los especialistas- no sólo no es recomendable de acuerdo a las recomendaciones de los organismos internacionales, sino que es inconstitucional dado que viola el principio de no regresividad, en tanto se estaría retrocediendo en un derecho adquirido.
“Para abordar este tipo de situaciones se requiere de un Estado social y no un Estado penal, que cree programas y dispositivos de prevención, integración y contención de los jóvenes ofreciéndoles alternativas de proyecto de vida y no de cárcel o punición. Para eso se requiere inversión de recursos y no desfinanciamiento ni reasignación de partidas. Todo lo contrario de lo que ha hecho el Gobierno en los últimos tres años de gestión. La opción para ellos es ofrecerle a los pibes la amenaza de la encarcelación como forma de disciplinamiento”, advierte José Machain, referente de la Red Argentina No Baja, quien fue consejero de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en representación por la Legislatura Porteña durante doce años.
Al referirse públicamente sobre los alcances de este proyecto de ley, Patricia Bullrich habló de que “contempla un régimen social y educativo para que el menor no siga delinquiendo e impedir que avance en la carrera delictual” haciendo alusión a “la gran cantidad de menores involucrados en situaciones delictivas graves”. Esta argumentación causó gran repudio de organizaciones sociales dado que no existen datos públicos a nivel nacional que den cuenta de ello mientras que los números de las estadísticas disponibles dicen lo contrario. Por ejemplo, según la información del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, sólo el 3.6% del total de causas penales iniciadas son atribuidas a menores de edad, de los cuales tan sólo el 0.55% son delitos de sangre. “Es desacertado y falaz lo que dice Bullrich. Es ínfima la cantidad de menores de edad involucrados en delitos graves, de violaciones u homicidios. Entonces, nada tiene que hacer la ministra de Seguridad hablando de medidas socioterapéuticas. No tiene incumbencia en esta temática, como sí la tienen el Ministerio de Educación o el de Desarrollo Social a los cuales este gobierno les ha
recortado presupuesto y reasignado partidas que han sido derivadas justamente a la
Policía Federal y la Gendarmería”, aclara Machain.
“Así como hace veinte años decíamos que Carlos Menem ganó la reelección con el voto licuadora, ahora apuntan al voto bala», dijo Maria del Carmen Verdú.
En esta misma línea, María del Carmen Verdú, abogada y referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), señala la falta de honestidad de Cambiemos cuando es a este mismo sector etario al que le cierran los secundarios nocturnos y se ve directamente afectado por los recortes que ha habido en Desarrollo Social, tanto de Nación como en Ciudad, concentrados en dos ejes que este gobierno considera descartables: los programas de género, violencias y disidencias así como en los de niñez y adolescencia. “Hablan de reinserción y hasta de un nuevo régimen socioterapéutico pero andá a visitar cualquier instituto de menores donde hay chicos por razones asistenciales, no penales, y contame si alguien se puede reinsertar viviendo en un cubículo de dos por dos, de cemento, sin almohada, con un camastro de material que es lo único que tienen como mobiliario.
«Después se preguntan por qué suceden los suicidios en los institutos de menores”, denuncia Verdú. A su vez señala que el gobierno utiliza una lógica de demagogia punitiva visible en la sucesión de hechos del último mes y medio con medidas que siguen una misma línea disciplinadora y represiva como la habilitación de uso de armas de fuego contra personas desarmadas, la compra de pistolas Taser o el programa Restituir que reincorpora a agentes apartados de las fuerzas de seguridad por haber sido investigados durante años por hechos represivos beneficiados por el sobreseimiento o la absolución fáciles. “Así como hace veinte años decíamos que Carlos Menem ganó la reelección con el voto licuadora, ahora apuntan al voto bala. La única forma de enfrentar a estos planes de ajuste y represión es con protagonismo popular en las calles, es el único lenguaje que entienden”, sostiene Verdú.
La relación del anuncio de este tipo de medidas de mano dura con el comienzo de un
año electoral es ineludible. En este sentido, Víctor Ramos, fundador del INADI y presidente de la asociación internacional SOS DISCRIMINACIÓN de Argentina, entiende que existe una especulación por parte del oficialismo sobre un sector de la sociedad reaccionario que tiene una pulsión xenófoba y que siente que la crisis se resuelve con la represión, lo que los lleva a ir detrás de esos votos. “La respuesta que propone el gobierno de bajar la edad punible, es responsabilizar al otro. Buscan un enemigo, un responsable de lo que el estado no ha podido resolver. Es un discurso que lo van profundizando porque, al no tener propuestas ni soluciones a la crisis económica que el propio Macri generó, señala un responsable: el delincuente ¿Quiénes son los delincuentes? Los pibes, los paqueros, los que se drogan. Buscan el eslabón más débil para responsabilizarlo de la ausencia de políticas públicas y de
profundos problemas sociales que no logran resolver”, argumenta Ramos. Además, señala que este tipo de medidas contribuye a la criminalización y estigmatización de los jóvenes pobres al acusarlos a priori de delincuentes y dejando de lado que son justamente los niños y adolescentes sobre los que mayor impacto tiene la pobreza, la violencia institucional policial y los recortes en políticas de salud y educación.
En el informe de UNICEF publicado a fines de 2018 sobre “Pobreza monetaria y privaciones no monetarias en Argentina”, se daba a conocer que el 48% de los niños, niñas y adolescentes del país son pobres, de los cuales el 20% se encuentra en condiciones de privaciones severas que implican vivir cerca de un basural, en áreas inundables o no haber asistido nunca a la escuela entre los 7 y los 17 años. En aquel entonces los medios hicieron gran eco de estas cifras alarmantes, pero al arrancar un nuevo año muchos toman a la ligera la baja de la punibilidad a pesar de que se trata del sector etario más afectado por la crisis económica y social que atraviesa el país.
«Este tipo de medidas contribuye a la criminalización y estigmatización de los jóvenes pobres al acusarlos a priori de delincuentes», reflexionó Victor Ramos.
“En lo que hay que ir a fondo es en que el estado realice políticas sociales adecuadas, con mano dura para los funcionarios que no ejecutan sus presupuestos. Llegamos a fin de año y no se ejecutó parte del presupuesto de Desarrollo Social y de Salud. No puede ser que hay dinero no ejecutado, inclusive haciendo recortes, en esos organismos. No lo gastan donde tienen justamente que invertir, en la prevención y en la integración de los jóvenes. Arrancan al final de la cadena cuando el delito ya se cometió”, sentencia Ramos.
En este sentido, la semana pasada UNICEF Argentina ha puesto en circulación un informe con “Ideas para contribuir al debate sobre la Ley de Justicia Penal Juvenil”, cuatro carillas donde se desarrolla expresamente que bajar la edad de punibilidad no mejora la seguridad, basado en experiencias internacionales que así lo han demostrado. Más bien se recomienda un sistema de justicia especializado cuyo enfoque se centre en la prevención del conflicto con la ley penal en lugar de la represión y donde la estrategia esté direccionada en pos de la reinserción social a través de la oferta de oportunidades educativas, de recreación y laborales que oriente a los jóvenes hacia un proyecto de vida alejado del delito.
La Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF), a su vez, ha emitido un comunicado en el que deja sentada su postura de rechazo a la disminución de la edad punible ya que entiende que “la actividad estatal no puede reducirse solamente a lograr una reforma de legislación penal que tenga como eje central la baja de edad de punibilidad, con la intención de dar una respuesta demagógica y punitiva al tema de la seguridad ciudadana. Y sin atender centralmente a los derechos sociales de la infancia, cuyo aseguramiento financiero estatal se ha visto recortado en educación, protección integral y salud -entre otros derechos- a la luz del presupuesto nacional aprobado para el ejercicio 2019”.
De debatirse este proyecto de ley en sesiones extraordinarias en el Congreso y de ser aprobado sería la primera vez que un gobierno elegido democráticamente logre bajar la edad punible. En 1954, el segundo gobierno peronista la elevó de 14 a 16 años y sólo se vio disminuida nuevamente a 14 en 1976, durante la última dictadura cívico-militar. Recién en 1983, con el retorno de la democracia, se recuperaron derechos básicos de la población y se aumentó nuevamente la punibilidad a 16 años.
