Abr 20, 2023 | Comunidad, Destacado 5
Cada vez hay menos inmuebles para vivir, mientras crecen los alquileres temporarios a turistas. La ausencia de una política de vivienda y de regulaciones estatales agravan la situación.
Tras una reunión que mantuvieron el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Sergio Massa a principios de abril, trascendió que el Gobierno analizaría reformar la Ley de Alquileres. Los rumores generaron incertidumbre en el mercado inmobiliario e incluso muchos contratos a punto de firmarse quedaron frenados. Días más tarde, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta lanzó un paquete de medidas para promover el alquiler de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires, en un contexto de escasez de oferta, aumentos por encima de la inflación y buena parte de los precios dolarizados.
“No tengo nada en este momento”. “Si tengo algo, ya está reservado”. “Hace dos semanas que los contratos no se mueven”. Son las respuestas de agentes inmobiliarios del barrio de Palermo cuando se les pregunta por la posibilidad de alquilar un departamento. “Muchos propietarios han decidido retirar sus inmuebles del mercado porque con las condiciones que establece la ley, ya no les es rentable”, asegura Diego Migliorisi, abogado especializado en derecho inmobiliario.
Entre los aspectos controvertidos de la ley se destaca un ajuste anual y contratos de tres años (antes eran dos). “En un contexto económico cuya inflación en 2022 fue del 94,8 por ciento, alquilar un departamento bajo estas condiciones hace que el propietario salga perdiendo”, afirma José Rozanos, director de Reporte Inmobiliario. En marzo la inflación interanual fue del 104,5 por ciento, según el INDEC.
Sancionada durante la pandemia, la Ley de Alquileres ha recibido diversas críticas. Federico Poore, periodista especializado en temas urbanos, considera que con la ley los propietarios se aseguraban un ingreso y los inquilinos un techo, en un contexto de alta incertidumbre desatado por la pandemia. Desde la perspectiva de las inmobiliarias, Rozanos sostiene que la ley fue inoportuna, porque ya en ese momento el ajuste anual del inmueble perdía contra el índice de inflación.
Del lado de los inquilinos, está Lautaro, de 24 años, en búsqueda de un monoambiente. “Me quiero mudar, sé que es un gasto elevado. Trato de calcular todo en dólares porque con los precios en pesos no podés tener una idea”. A Fiorella, mientras tanto, dentro de un mes se le vence el contrato y debe cambiar de casa. “Hoy es así, si vas a ver un departamento tenés que ir con la plata en la mano porque no hay un mañana”, cuenta en relación a la demanda que existe en el mercado. “El otro día fui a ver una pieza de un conventillo y delante mío había diez personas más esperando entrar”, agrega. Además, “el dueño tiene un abanico de opciones, puede poner los requisitos que quiera: que el inquilino cuente con recibo de sueldo, que no tenga mascotas, que no tenga hijos”, concluye.
Cynthia Goythía, directora del Centro de Investigación de Política y Vivienda de la Universidad Torcuato di Tella, sostiene que el problema de la escasez se ve agravado por el desplazamiento de la oferta hacia alquileres temporarios a través de plataformas como Airbnb y Booking. Según los datos de Inside Airbnb, en la Ciudad de Buenos Aires existen 22.716 unidades disponibles para alquilar por al menos tres meses, mientras que para alquilar de modo permanente el número desciende a 1.100. “Con sólo ocho días de alquiler a través de la plataforma es posible generar un ingreso similar al alquiler mensual promedio de un departamento permanente”, fue una de las conclusiones que arrojó el informe publicado por el Centro de Estudios Metropolitanos. Es decir que, un departamento en Recoleta, ocupado durante veinte días todos los meses, al final del año rinde cuatro veces más que si se lo alquila mediante un contrato tradicional.
Según datos del Centro de Estadísticas y Censos de la Ciudad, en la ciudad de Buenos Aires, el 36,1% de los hogares son rentados. Quizás por eso, en tono de campaña electoral, el Gobierno porteño lanzó un paquete que incluyó tres medidas: una bonificación del 70 por ciento sobre el seguro de caución para los propietarios; un sistema de créditos por tres veces el valor del alquiler para que el inquilino pague en cuotas, y un sistema de créditos destinados a la refacción y mejora de condiciones del inmueble.
“El problema de fondo no se puede resolver mediante las atribuciones que Larreta tiene como jefe de Gobierno –subraya Rozanos–. El problema de porqué no funciona la Ley de Alquileres y los créditos hipotecarios es la inflación y la caída de los ingresos en términos reales. Eso amerita una política económica que excede las medidas que tomó el Ejecutivo porteño”.
Dic 2, 2022 | DDHH, Destacado 3
En una nueva audiencia del juicio por la apropiación de la hoy titular del Inadi Victoria Donda Pérez, su tío Adolfo Donda Tigel, acusado de participar de su apropiación, amplió la declaración indagatoria victimizándose y sin arrepentimiento.
Adolfo Donda Tigel ya había sido condenado a prisión perpetua en la causa conocida como ESMA III.
Adolfo Donda Tigel, tío biológico de Victoria Donda Pérez, nieta restituida por Abuelas de Plaza de Mayo en 2004, se presentó frente al tribunal en Comodoro Py por la causa en la que se investiga su participación en la sustracción de su sobrina durante la última dictadura militar. El exmiembro de la Armada negó haber conocido sobre el embarazo de la mamá biológica de la actual titular del INADI, detenida y desaparecida en la Escuela de Mecánica de la fuerza (ESMA) en 1977. Abuelas de Plaza de Mayo definieron como “cínico” su discurso, que duró tres horas.
No fue una audiencia más la que se produjo esta semana en la sala SUM de los tribunales federales de Retiro. Fue el turno de Adolfo Donda Tigel, el único acusado en el juicio en el que se le endilga haber facilitado la sustracción y ocultamiento de identidad de su sobrina Victoria Donda Pérez, por parte del prefecto Juan Antonio Azic, quien fue condenado por delitos de lesa humanidad en 2012 a catorce años y medio de prisión y los cumple de manera domiciliaria.
Donda Tigel, detenido en la Unidad 31 de Ezeiza por ser condenado dos veces a reclusión perpetua también por delitos de lesa humanidad en la ESMA, fue interrogado por los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) Nº6 de la Ciudad de Buenos Aires -integrado por Ricardo Basílico, como presidente, María Gabriela López Iñiguez y Daniel Horacio Obligado-. También se expidió sobre las preguntas que realizaron los integrantes del Ministerio Publico Fiscal, representado por la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado, y la querella que acompaña a Victoria, representada por un equipo jurídico de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
La esperada declaración se retrasó por la llegada tardía de Donda Tigel que comenzó su alocución mostrándose dispuesto a ser interrogado: «Siempre efectué mi presentación espontánea», aclaró. Con tono de víctima, afirmó ser «siempre veraz» y planteó que en los juicios previos que afrontó eso lo ha «perjudicado», por reconocer haber sido parte del comando de la unidad de tareas 3.3.2 de la Armada en la ESMA durante el denominado “Proceso de Reorganización Nacional”. Fue este grupo formado por suboficiales y oficiales militares, que dependía del Servicio de Inteligencia Naval (SIN) de la Marina de Guerra, el que se dedicaba a la ejecución concreta de los secuestros durante la última dictadura.
Haciendo comparaciones con los árbitros de rugby y fútbol, señaló, de forma desafiante, que los jueces deben apoyarse sobre hechos «claros», «obvios» e «indubitables». A continuación, el marino hizo un recorrido institucional de los cargos que tomó durante esos años. Negó haber sido parte de los escuadrones de la ESMA en el momento del rapto de Victoria. Argumentó que, en base al boletín de pases para los miembros de la Armada, en 1976 participó de la escuela de aplicación de oficiales de la fuerza en Puerto Belgrano. Por otra parte, señaló que en 1977 estuvo en el Arsenal Naval de Zárate.
Planteó que su paso por la ESMA comenzó en 1978. «Me fue asignado el cargo de jefe de una agrupación de Seguridad y Ceremonial», destacó. Afirmó que, una vez como jefe de operaciones de tareas, se le encomendó dirigir la unidad de tareas 3.3.2 en la Escuela de Mecánica desde octubre de 1978.
«Silencio, cinismo, crueldad, mentiras, ausencia de arrepentimiento, el archiconocido cocktail de estos criminales de lesa humanidad cuando les toca enfrentar a la justicia”, concluyó el comunicado de Abuelas de Plaza de Mayo.
Donda Tigel mencionó que, al momento de su designación, seguía sin conocer el paradero de su hermano menor y su pareja, José María Laureano Donda, detenido en mayo de 1977, y María Hilda Pérez, secuestrada dos meses antes, en marzo de 1977, y embarazada de cinco meses. Ambos pasaron por la Comisaría Nº 3 de Castelar.
Eran militantes de Montoneros y este hecho significaba “un problema” para las aspiraciones del marino de escalar en el ámbito castrense. Negó que hubiera responsabilidad de parte de la Armada por el secuestro de su hermano y su cuñada y desconoció haber tenido la información de que ella estuviera embarazada mientras mantenía cautiverio en la ESMA. Señaló que la última vez que había tenido contacto con su hermano José María Laureano había sido en 1976.
Sostuvo que en 1978 hizo un supuesto pedido al represor Antonio Pernía para saber dónde se encontraban. Pero “en un momento se suspendieron” esos contactos, según expresó. Reforzó que se entrevistó con “dos oficiales” (de la Fuerza Área) en una oficina de Aeroparque. Según Donda, le contestaron que dado el tiempo transcurrido de la última comunicación de su hermano con sus padres (un año) «era muy probable que estuvieran muertos». Y añadió: «Lo primero que hice cuando tuve esa información fue decírselo a mis padres para que la tuvieran por parte mía, y atenuaran la búsqueda, que era algo alienante».
En otra de sus maniobras, el acusado intentó victimizarse cuando sostuvo que tanto Sara Solarz de Osatinsky como Ana María Martí, sobrevivientes de la ESMA, realizaron una “campaña de difusión” en su contra, una vez que salieron del país, instalando su nombre dentro de la nómina de torturadores que trabajaron en la Escuela de Mecánica. Incluso señaló que primero habían sido “colaboradoras” de la Armada en la lucha contra las “organizaciones terroristas”.
Su relato mantuvo la línea de negación. Reafirmó no haber conocido en 1977, momento del paso de los padres de Victoria por la ESMA, ni al médico ginecólogo del Hospital Naval, Jorge Luis Magnacco; ni al médico de la Armada Carlos Capdevila; ni tampoco al doctor Horacio Pessino. Este último firmó la partida de nacimiento apócrifa de Victoria como hija de Azic. Además desconoció sus vínculos con el propio Azic y con el colaborador y oficial de la Prefectura Naval Argentina Héctor Antonio Febres, acusado por Donda Tigel de ser montonero. Fue más a fondo aún: “Yo nunca supe dónde era el lugar de los partos ni de las embarazadas. Todos lo sabían menos yo”.
Intentó ser certero en pasajes de su alocución y reiteró los puntales de su exposición. «En 1977 nunca estuve en la ESMA. Jamás fui a la unidad de tareas 3.3.2. Jamás pisé el predio de la Escuela. Durante ese año ignoré absolutamente la existencia de mi cuñada e ignoraba inclusive que ella estuviera embarazada», afirmó.
Cuando le tocó reconstruir el momento en el que se conocieron los resultados de la prueba a la que se había sometido Victoria en el Banco Nacional de Datos Genéticos, en 2004, y se determinó que su familia no era la que la había criado, Donda Tigel señaló que se comunicó con Azic por teléfono y que él le dijo que no sabía que el ahora acusado en los tribunales era su tío de sangre.
Finamente buscó interpelar a Victoria y le dejó un mensaje directo: “Quiero que mi sobrina sepa que de ninguna manera fue regalada o rechazada. Tiene una familia, soy el hermano de su padre”. Además de evitar utilizar la palabra “apropiación”, intentó separar su figura de la de los miembros de la Armada y de la Fuerza Aérea que se quedaron con bebés, despojándolos de sus familias. Incluso caratuló esto como una “canallada”.
En un comunicado pronunciado luego de la audiencia, Abuelas de Plaza de Mayo tildó la presentación de Donda Tigel de “cinismo” y arremetió contra el acusado. “Victimizándose desde el comienzo, negando saber nada de nadie, negando haber estado donde sí estuvo, se puso en el lugar que tantos otros genocidas ya lo hicieron antes sentados en el banquillo. Silencio, cinismo, crueldad, mentiras, ausencia de arrepentimiento, el archiconocido cocktail de estos criminales de lesa humanidad cuando les toca enfrentar a la justicia”, concluyó la asociación.
El próximo lunes continuará en Comodoro Py este debate que trasciende la biografía individual de Victoria Donda Pérez y la de su familia biológica, y promete erigirse como un capitulo indeleble en la búsqueda de justicia en nuestro país.
Oct 14, 2021 | Comunidad, Novedades
Organizaciones Laicistas Argentinas (OLA) se conformó este año y agrupa alrededor de 50 organizaciones, entre las que se encuentran la Campaña Federal por la Separación del Estado y la Iglesia, Apostasía Colectiva, la secretaría de Laicismo de la Federación Argentina LGBT (FALGBT), Libre Diversidad y Católicas por el Derecho a Decidir. El objetivo no es modesto: separar definitivamente a la Iglesia del Estado.
Menuda tarea tiene esta militancia especialmente después de la designación de Juan Manzur como jefe de Gabinete. Para Leonardo Loto, representante de la Campaña Federal por la Separación del Estado y la Iglesia en la agrupación, “no hay que olvidar que es el causante de que Tucumán sea una provincia ‘provida’».
Pero OLA ya había movido sus fichas antes. Para ese entonces, ya se habían reunido con Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación, para solicitarle apoyo para eliminar las diversas trabas que les impiden impulsar una iniciativa popular para derogar el conjunto de leyes y decretos que benefician a la Iglesia Católica y que fueron sancionados en gobiernos militares.
Jeremías Antelo, representante en OLA por FALGBT, quien participó del encuentro, declaró a ANCCOM que la acción se suma a las notas ya presentadas en ambas cámaras del Congreso y al amparo solicitado en la Justicia. Tanto él como Pao Rafetta, representante de Apostasía Colectiva en la organización, calificaron aquel encuentro como positivo ya que notaron el interés del funcionario y se llevaron el compromiso de coordinar nuevas reuniones.
Pero la derogación de aquellas normas ¿es suficiente para el divorcio entre Iglesia y Estado? Antelo manifestó que no, porque la mayor cantidad de dinero que recibe la Iglesia es por los subsidios a las escuelas, las exenciones impositivas y la cesión de propiedades y terrenos fiscales. Y menciona como ejemplo uno ubicado en la calle 137 entre las calles 442 y 443 en el Barrio El Rincón, en Villa Elisa, en el cual la comunidad vecinal proyectaba hacer una salita de atención de salud y un jardín maternal. Sin embargo, este terreno fue cedido al Arzobispado de La Plata en comodato por 99 años, decisión que fue convalidada en la sesión ordinaria número 10 del Concejo Deliberante de dicha ciudad y que contó con amplio apoyo del oficialismo y la oposición. La cesión, rechazada por la Asamblea Vecinal, generó una oleada de reclamos que se intensificaron cuando el mismo Concejo decidió que se construya el Centro de Integración Comunitaria (CIC) y el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en una plaza del barrio en lugar del predio que acababa de ser sido cedido a la Iglesia.
Ya en el presupuesto nacional 2021 se encuentran estipulados más de 200 millones para el clero, resultando muy difícil de estimar los ingresos indirectos cuyo monto final se extravía en una red de datos enmarañados. Como caso testigo podemos mencionar que en Salta, una auditoría por parte del Ente Regulador (EnReSP) evidenció que más de 100 propiedades a nombre del Arzobispado no cumplían los requerimientos para eximirse del pago de impuestos y aun así recibían cuantiosos subsidios provinciales. Este hecho ilustra fehacientemente que el presupuesto nacional no es más que la punta del iceberg.
En 2019, con la creación del Programa Fe, la Iglesia intentó abandonar gradualmente la dependencia del Estado luego de que estallara el escándalo por los salarios clericales en medio de la batalla por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Antelo calificó esa iniciativa como una “pantomima para la tribuna” porque la Iglesia, “no solo sigue percibiendo el dinero, sino que el monto se ha acrecentado por los aportes de particulares”.
Aunque el factor económico resulte importante, existe otra preocupación: el registro de datos personales. A menudo, quienes apostatan, descubren que, pese a encontrarse bajo el amparo de la Ley 25.326, su información sensible no suele ser eliminada de las bases de datos de la Iglesia. Por este motivo, Rafetta expresó que desde Apostasía Colectiva se brinda asesoramiento no solo para renunciar a la fe católica sino también para eliminar los datos personales de los registros eclesiásticos.
A menor legitimidad social, menor es el poder de negociación. Las crecientes apostasías ilustran la merma de representatividad de una Iglesia cada vez más cuestionada. Esto se traduce en el lema: “No en mi Nombre”. ¿Por qué? Rafetta mencionó que una Iglesia que defiende principios patriarcales nunca podría representar los intereses de las mujeres, las diversidades sexuales y los pueblos originarios, donde su colectivo se siente incluido. Esta declaración va en consonancia con el debate por la IVE, donde tanto la Iglesia Católica como la evangélica, ejercieron una fuerte presión para obstaculizar la sanción de la ley.
Las múltiples denuncias de abuso y la falta de adaptación a un contexto social más amigable con las mujeres y minorías, erosionan el peso de la Iglesia y de la religión católica, que apenas conserva el 62,9% de creyentes, de acuerdo a estudios del CONICET. Con estos elementos sobre la mesa, OLA invita al debate y a repensar los elementos culturales de una realidad que se ha aceptado como dada durante larguísimo tiempo. Iniciativas populares, reuniones con funcionarios y futuros proyectos de ley son las armas elegidas por la agrupación para continuar esta lucha. Hay sueños de primavera en el aire.
Jul 7, 2021 | Comunidad, Novedades
La pandemia condujo a un pasaje obligado, rotundo e inesperado hacia una educación virtual que transformó las formas de enseñanza y aprendizaje. En este contexto no solo se vio implicada toda la comunidad escolar sino las vidas de sus familias, los hábitos, las rutinas, las formas de relacionarse. En la eventualidad que nos acontece, la educación fue una de las cuestiones que primero generó incertidumbre, y entre las experiencias que ha dejado podemos dar cuenta de escenarios variados y disímiles.
Alejandra Otero es profesora de inglés en tres escuelas públicas de la localidad de San Martín. En su experiencia con la educación virtual, señala que ha sido dificultosa ya que se trabaja mucho individualmente: “Hago videollamada con quién pueda y quiera, también mando audios a cada chico para responder sus dudas particulares, trabajo mucho con Whatsapp”. Alejandra cuenta que, si algún alumno no responde, se comunica con él para mantener el contacto, y comenta que la situación que atraviesan chicos y chicas en este contexto es multifacética: “Cada hogar y familia es diferente, hay que entender bien lo que le pasa a cada uno, por eso es necesario un seguimiento individual y acompañamiento”.
La integración de tecnologías que implicó la pandemia propuso desafíos para muchos docentes. “Hay herramientas digitales que no sabía usar y las tuve que aprender, sigo intentando incorporar cosas porque si no quedas relegada”, expresa Otero, que señala que no se trata solo de aprender a usar tecnología sino aprender a hacer actividades virtuales: “Tenés que cambiar tu cabeza de docente, que planeaba de determinada manera en lo presencial, para pasar a pensar actividades nuevas y trabajar con las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación)”.
Carolina Defiore, licenciada y profesora de Ciencias de la Educación que da clases en dos colegios de CABA, advierte que su caso es diferente, tiene contacto con todos sus alumnos y percibe que los niños y adolescentes son flexibles y se adaptan fácilmente a toda situación, con lo cual, siempre los encontró entusiasmados. “La mayor dificultad está en la falta de contacto con sus compañeros y en la organización de las tareas y horarios cuando no asisten a la escuela”, expresa. “El colegio como espacio físico organiza y marca las rutinas tan necesarias para ellos”.
En relación a los cambios que se han generado con el advenimiento de la educación virtual, afirma: “Elijo verlo como una oportunidad llena de grandes desafíos para repensar las prácticas pedagógicas docentes, qué escuela queremos y qué rol cumple la tecnología para formar ciudadanos para el siglo XXI”. Sin embargo, observa que quedó evidenciada la falta de infraestructura para llevar adelante propuestas significativas, ya que el propio Estado no ha podido dar soluciones duraderas y efectivas.
El Estado y las TIC
Uno de los actores más activos desde el Estado en la búsqueda de integración de las tecnologías de información y comunicación ha sido Educar. Se trata de un programa nacional que funciona desde el año 2000 y que ha ido recorriendo las transformaciones del mundo digital. Actualmente se dedica a la producción de contenidos multimediales, acompañamiento a docentes, herramientas digitales para las infancias y para el mundo educativo.
Cecilia Sagol, gerenta de investigaciones de Educar, explica que el portal web del programa cuenta con “más de 50 mil recursos educativos para usar en el aula, cursos para docentes y propuestas para los estudiantes”. Han trabajado con el plan Conectar Igualdad y se encuentran vinculados a los canales educativos del Ministerio de Educación, Canal Encuentro, Paka- Paka y Deportv.
La gerenta de investigaciones explica que, desde Educar, el año pasado se lanzó “Juana Manso”: un programa federal que se codiseña con las provincias y que consta, por un lado, en brindar equipamiento y conectividad, y por otro es una plataforma que tiene aulas virtuales y un repositorio de contenidos. “La plataforma surgió muy tarde, en agosto, con lo cual tuvo un uso más bien experimental”, argumenta Sagol e indica que este año entre los niveles Inicial, Primario, Secundario y formación docente ya hay 300 mil usuarios: “Es un número grande, pero hay 11 millones de alumnos en argentina aproximadamente, todavía falta muchísimo por incorporar”.
En la presencialidad la idea es que Juana Manso sea un espacio de proyectos, de aula expandida y complementaria. “Ningún organismo internacional recomienda que la educación inicial, primaria y secundaria se haga a distancia, esta fue una situación dada por una emergencia”, indica Sagol. En este sentido, se refirió a la forma de abordar la educación virtual en 2020: “Se intentó reproducir la presencialidad y no funcionó porque la tecnología no sirve para dar clases en forma tan expositiva, hay una serie de cosas que quedan afuera como el cuerpo y lo paralingüístico”.
“Se puede dar un pasito más -dice Sagol-, y preguntarse si esas clases expositivas que los docentes venimos dando no están también en crisis desde hace tiempo, más allá de la pandemia”. Con lo que sugiere que se debería ir por una educación donde el estudiante tuviera un rol mucho más activo.
Nuevas preguntas
Algo de todo esto puede resonar como un eco cuando nos detenemos a pensar en la educación, y sobrevienen no pocos interrogantes: ¿Qué pasa con los cambios que han trascendido en la educación estos últimos tiempos? ¿Han acaecido con la emergencia de la pandemia o vienen de larga data? ¿Qué podemos rescatar? ¿Cómo podemos repensar estos espacios, vínculos y la institución misma de cara a un futuro pospandemia, con un modelo educativo con tecnología integrada?
Si bien las clases presenciales para los niveles Inicial, Primario y Secundario han retornado luego de múltiples vaivenes, el fenómeno de la virtualidad, que ha llegado a nuestra cotidianeidad y que es parte de una onda expansiva que abarca casi todos los espacios de la vida, invita a pensar: ¿En qué pensamos cuando hablamos de educación virtual?
Silvia Simonetti, profesora de Filosofía y Pedagogía en instituciones de formación docente y nivel medio expresa que la educación virtual no nace con la pandemia, sino que es una tendencia que ya se venía instalando, que tiene que ver con cambios sociales profundos, no solamente a nivel educativo, y que con la situación de emergencia sanitaria se vieron acelerados. “Me parece que uno de los cambios tiene que ver con la fragmentación de lo atencional, las tecnologías no solamente tienen que ser pensadas en términos instrumentales y su uso produce una afección sobre la sensibilidad, que tiene impacto en las subjetividades”.
Simonetti, que también coordina talleres y encuentros filosóficos que promueven educación no formal y que intenta pensar los vínculos educativos no jerarquizados y no alienantes, señala que existe una modalidad atencional más a corto plazo, no solamente en las infancias sino de manera generalizada. Una atención que es rotativa y que se ve dividida en distintos escenarios: “Creo que aparece en el ámbito educativo una necesidad de atender esas circunstancias”, expresa.
A su vez, Simonetti marca una relación de tensión entre lo atencional y un cambio en la manera en que se percibe el tiempo y el espacio y que, de nuevo, se ve agudizado por el contexto de pandemia. Por un lado, advierte una superposición de ambientes donde se funden el espacio educativo, doméstico y laboral, y por otro, observa un cambio en la temporalidad: “Sobre todo en las infancias que consumen mucho más contenido audiovisual, videojuegos, que tienen una velocidad que no es la del tiempo escolar que requiere una demora, un tiempo de escucha y de comprensión”. En este sentido, da cuenta de la dicotomía entre atender esa velocidad o seguir insistiendo sobre la necesidad de otra temporalidad, que implica la reflexión, y delibera: “Quizás la pregunta que tenemos que hacernos los docentes es: ¿Cómo construir andamiajes entre esas velocidades?”.
Por su parte, Sagol, sugiere una aproximación que, en principio, marca la diferencia entre educación virtual y educación a distancia, donde la primera es un intento de mímesis de la presencialidad y la segunda, una forma de enseñanza que se atiene sobre todo a la asincronía. Argumenta que lo que la tecnología viene a aportar en la planificación educativa es “jugar con la ubicuidad, dejar materiales, abrir espacios donde se comenten esos materiales, en cualquier tiempo y lugar”. Un tipo de educación que se vincula a lo que llaman “asincronía creativa” y que propone también que los encuentros sincrónicos sean esporádicos, cortos y que, sobre todo, inviten al debate y al juego.
De cara a un futuro cercano
Todas estas cuestiones desembocan inevitablemente en analizar qué es lo que vendrá. Simonetti invita a pensar la escuela como una institución del cuidado: “La escuela tiene una tarea de brindar un espacio común, una experiencia común, y una experiencia mediada por el cuidado y por la posibilidad de hacernos preguntas que no siempre están a la mano”. En este sentido, si bien la integración tecnológica ha quedado instaurada, se preocupa por la idea de que la tecnología o el acceso infinito a la información parece ser lo que resuelve todo hoy.
Simonetti señala que el acceso se encuentra en realidad vedado dado que las plataformas que se utilizan son privadas: “El mercado está interesado en que circulemos ahí todo el tiempo, generando metadatos, es un modelo de negocios muy próspero”. Con lo cual, considera que hay que pensar desde la escuela formas de escapar de los automatismos, sabiendo que los intereses del mercado no son inocentes, y “que no da lo mismo que la mediación la haga el mercado a que la haga la escuela”. En cuanto a la funcionalidad de esta institución de cuidado, concluye: “Mucho más allá de la cuestión de si se integra o no la tecnología necesitamos pensar qué estamos haciendo cuando integramos la tecnología. Creo que es una pregunta que tiene que instalar la escuela”. 
Jun 30, 2021 | Novedades, Vidas políticas
“La reacción conservadora” se tituló la investigación periodística publicada el 13 de junio en el El DiarioAr que intentó mapear los vínculos entre los actores de la denominada nueva derecha. Para hacerlo, las autoras elaboraron una red conceptual, con datos públicos, que a poco de ser subida en la web fue hackeada; ellas también recibieron amenazas de muerte por su trabajo. Además, debieron padecer en redes el ataque coordinado de los influencers señalados en el informe e incluso de colegas. Ahora bien, la virulenta respuesta de la alt-right argenta no puede verse como un fenómeno local, sino que está enmarcada en una estrategia global.
Uno de los primeros estudios que busca alertar sobre el avance de las extremas derechas en el país fue realizado por el equipo de Incidencia Política de FUSA AC, una asociación civil que trabaja en temas de salud y derechos sexuales. El proyecto tiene como objetivo identificar los “formatos discursivos y fórmulas retóricas de los argumentos usados por actores conservadores/antiderechos que, desde distintas inscripciones políticas, predominan en la escena local”.
El trabajo contó con la colaboración de la socióloga feminista María Alicia Gutiérrez quien, en diálogo con ANCCOM, afirma que no se trata de algo nuevo, sino que existe hace años a nivel regional y mundial: “Se pueden rastrear desde los años setenta, tienen un impacto fuerte en la década del noventa y, en los últimos diez años cambiaron algunas claves a partir de la aparición pública de los feminismos, la comunidad LGBTIQ+, gobiernos progresistas en algunos lugares del mundo y la revolución 2.0 que les permitió usar estrategias de difusión alternativas”.
En los setenta, una de sus principales figuras fue Joseph Ratzinger (luego Benedicto XVI), quien lideraba la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ratzinger comenzó a plantear la emergencia de situaciones que desorganizan el “orden natural”, por ejemplo, “la homosexualidad”. Ya en los noventa, con El Vaticano operando desde su lugar de observador permanente en Naciones Unidas, se fue articulando una nueva estrategia mediante la intervención a niveles regionales y locales en políticas públicas y en el lenguaje de las leyes. Esta quedó manifiesta en las diversas conferencias internacionales del período, particularmente en la de Población y Desarrollo en El Cairo (1994) y de la Mujer en Beijing (1995), sobre dos ejes: los derechos sexuales o reproductivos y la educación.
El movimiento es encabezado por la Iglesia católica, pero ha ido generando alianzas con sectores del protestantismo, del islam y, más recientemente, con grupos laicos para sentar bases ecuménicas. Todas las presiones que ejercen son posibles gracias a los recursos económicos con los que cuentan, una diferencia sustancial respecto a cualquier otra organización social.
“En Argentina, a partir de la transición democrática, como la Iglesia católica queda muy desprestigiada entre los grupos más vulnerables por su compromiso con el golpe militar, le cuesta bastante reinsertarse en los sectores populares y ahí empiezan a ocupar un lugar importante los pentecostales y los neopentecostales”, sostiene Gutiérrez.
En los noventa, mientras la Iglesia católica opera en el espacio de poder del Estado, los evangélicos empiezan a resolver las necesidades en el territorio. También emerge el laicado conservador, que da impulso a nuevas estrategias, como el intento de desarticulación y resignificación de los derechos humanos, sin decir nunca que están lisa y llanamente en contra de ellos. Por caso, el derecho a la vida lo traducen en “las dos vidas”. Según Gutiérrez, en los últimos años evitan el lenguaje religioso y se sustentan en su concepción de la ciencia y del derecho. Todo lo que se encuentra por fuera lo califican, despectivamente, como “ideología”. Un referente actual es Agustín Laje, politólogo cordobés e influencer que ataca las posturas feministas asociándolas, en sus críticas, a una difusa «ideología de género».
Personajes como Laje ganan seguidores en las redes. Pablo Stefanoni, autor del libro ¿La rebeldía se volvió de derecha? Cómo el antiprogresismo y la anticorrección política están construyendo un nuevo sentido común (y por qué la izquierda debería tomarlos en serio), destaca: “Hay un sector de la juventud que se siente atraído por las derechas alternativas que aparecen como transgresoras y hablan el discurso de las redes sociales: el trolleo, el meme”.
En su libro, subraya que la izquierda “fue quedando dislocada en gran medida de la imagen histórica de la rebeldía, la desobediencia y la transgresión que expresaba. Parte del terreno perdido en su capacidad de capitalizar la indignación social fue ganándolo la derecha, que se muestra eficaz en un grado creciente para cuestionar el ‘sistema’”. Y más allá de que la escena política argentina no parezca tener lugar para estas nuevas fuerzas, Stefanoni asegura que nadie está exento del clima de época en el que crecen estas derechas alternativas.
En su libro, escrito en pandemia, el autor observa cómo el coronavirus alimentó teorías conspirativas y protestas contra el aislamiento y las vacunas. La incertidumbre genera un contexto propicio para que las extremas derechas alrededor del mundo hagan uso eficiente de tecnologías para detectar temores.
Distintos grupos componen el amplio espectro de esta nueva derecha. “Tienen algunos puntos en común en la argumentación –explica Gutiérrez–: se autodenominan antisistema, los de la incorrección política, porque dicen que la democracia no puede resolver la pobreza dado que son regímenes tomados por los ´nuevos revolucionarios´ como los feminismos, movimientos LGTBQI+ y el marxismo cultural”.
En su obra, Stefanoni analiza cómo se enlazan agrupaciones ambientalistas o proteccionistas, otras que reivindican los derechos sexuales y religiosos, con los sectores de extrema derecha, que adoptan estos elementos para articularse en los sitios de poder institucional. Destaca el caso del ultraderechista Frente Nacional francés, liderado por Marine Le Pen, una de cuyas banderas es la preocupación medioambiental. Asimismo, hasta 2018 Le Pen tuvo como aliado a Florian Phillipot, quien en 2014 se declaró abiertamente gay. Desde 2017, Philippot es el jefe de Los Patriotas, otro partido de extrema derecha, creado luego de sus diferencias con Le Pen. “A pesar de que gran parte de esta nueva derecha sigue siendo conservadora, hay sectores que están siendo más aperturistas”, aclara Stefanoni.
La retórica de esta nueva-vieja derecha incorpora la construcción y permanente mención de su antítesis, “el comunismo”, con la que justifica su accionar. Utilizan la palabra “comunismo” para describir a aquellos que no comparten sus planteos, sin importar siquiera que lo sean.
Otro latiguillo es el “marxismo cultural”, que según denuncian los alt-right, se inserta en el espectáculo, las instituciones educativas y en espacios de reivindicación de derechos para las minorías. Argumentan que la izquierda obtuvo su victoria cultural y que ellos están dispuestos a enfrentarla. “Es una idea de justificar el anticomunismo zombie de hoy, ven comunismo donde no hay comunistas”, remarca Stefanoni. Tales ámbitos, donde los movimientos denuncian el predominio del marxismo cultural, “poco tienen que ver con la izquierda”, agrega. En verdad, es sólo un intento para fortalecer el antiprogresismo.
En los medios, con la intención de contrastar información oficial, muchas veces se pone al aire a portavoces de estos discursos, a la misma altura de referentes institucionales como si se tratara de fuentes equivalentes. En redes sociales, sus intervenciones se viralizan por su radicalidad, y aunque se las replique desde un lugar de cuestionamiento o de “consumo irónico”, nuestra comunidad interpretativa no es infinita y lo único que se logra es dar relevancia a estos personajes sin profundizar en las consecuencias que puede traer.
Gutiérrez sostiene que hay que hacerse cargo del debate desde todos los ámbitos: la academia, los movimientos sociales, los partidos políticos, los sindicatos: “Hay que estar atentos sin dar lugar al pánico ni más presencia de la que tienen. No se puede decir que es pura bizarreada, tienen muchos seguidores en las redes, lugar en la televisión y mientras los ridiculizamos ellos operan”. Y concluye: “Lo que ellos tomaron interesante es la noción de libertad. Se la apropiaron porque está abandonada del otro lado, en el debate igualdad-libertad, la izquierda política y teórica denostó la libertad en tanto concepto profundamente liberal. Hay que retomarlo”.
