Abr 4, 2019 | Comunidad, Novedades
«Saavedra no duerme cuando llueve», es el grito de protesta de los vecinos de la Asamblea de Saavedra.
“Lo que quieren son las tierras públicas, es el negocio inmobiliario”. Así se expresa José Olivo, referente de la asamblea del barrio Saavedra, para hablar de la política del gobierno porteño respecto de los espacios públicos del barrio. Desde finales de 2018, con la aprobación del Nuevo Código de Planeamiento Urbano, las obras planificadas por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta cobraron un nuevo impulso, pese a la oposición vecinal.
El 2 de abril del 2013, el barrio se inundó y debido a ello fallecieron seis personas. La gravedad del hecho determinó que los vecinos conformaran una asamblea que funciona activamente hasta el día de la fecha para articular numerosos reclamos. “Saavedra no duerme cuando llueve” es uno de los principales mensajes de visibilización que adoptó.
Un reclamo perdido fue el vinculado a la construcción de una planta de reciclado en el predio que se encuentra en Arias y Holmberg. Mercedes Austral, vecina de Saavedra e integrante de la asamblea, explica que “usaron la Plaza de las Esculturas como depósito de vagones de subte viejos y el barrio estuvo esperando y reclamando esa plaza durante 20 años”. Austral agrega: “Presentamos un amparo que nunca terminó de prosperar porque devino en abstracto cuando cambió el Código de Planeamiento Urbano. “Nuestra última propuesta fue que eleven la construcción y la hagan sobre una plataforma para que quede el espacio absorbente debajo. No nos escucharon”. La Plaza de las Esculturas nunca se inauguró y en cambio sí la planta de reciclado.
Al Parque Sarmiento quieren trasladar al Instituto Romero Brest. Docentes y estudiantes se resisten.
La Plaza debería formar parte del Parque Lineal Goyeneche, que se extiende a lo largo de la avenida homónima y que, con la sanción del nuevo Código, permite que se hagan diferentes edificaciones en los espacios verdes. José Olivo cuenta que “los proyectos pensados para esta zona incluyen una guardia de auxilio, el centro de investigaciones de la Metropolitana y la instalación de un polideportivo de entrenamiento para la policía de la Ciudad.”.
Uno de los puntos más conflictivos fue la construcción del túnel de Ricardo Balbín y la Avenida Donado. La obra estuvo parada un año debido a los reclamos vecinales. Sin embargo, la construcción se terminó sin tener en cuenta las observaciones de los habitantes del barrio sobre el gran caudal de los arroyos Medrano y Vega, que circulan subterráneamente en la zona. “Tanto la ingeniera hídrica como los vecinos, que luchamos para que una obra simplemente vial se transforme en una obra hidráulica, estamos preocupados que por la caída de 90 milímetros de agua se inunde el túnel”, señala Olivo.
“Cuando hacen este tipo de obras, nunca te quieren mostrar el impacto ambiental porque es desfavorable. Se supone que ese informe debería ser de acceso público. Ahora, además, cambió la Ley de Impacto Ambiental y para obras de no más de 2.500 m2 no es necesario presentar ese informe de impacto”, subraya Olivo.
Otro espacio verde que funciona como atenuador pluvial, y es además un lugar central de recreación, es el Parque Sarmiento, que fue sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud del 2018. El proyecto oficial actual pretende trasladar el Instituto Superior de Educación Física Romero Brest a este parque. Al respecto, Olivo sostiene que “estamos hablando con todos los que podemos para que se entienda cuál es la problemática. Inclusive la comunidad docente y educativa que forma parte del Instituto Romero Brest tampoco quieren venir al Parque. En donde están, tienen todas las comodidades: hace dos años que se terminó de construir y lo único queda es arreglar la pileta, no es que tienen que hacer una inversión astronómica para seguir funcionando ahí. Lo que el gobierno quieren son las tierras, es el negocio inmobiliario. Forma parte todo de lo mismo”.
La zona cercana al Romero Brest es una de las que podría experimentar mayores cambios. Entre los predios comprometidos con la iniciativa de Cambiemos, se encuentran el CENARD y el Club Obras Sanitarias, en Núñez. Olivo agrega que “ahí tienen un corredor importante de tierras públicas que se juntan con lo que es el Tiro Federal para hacer lo que es un negocio inmobiliario impresionante”. Baldiviezo puntualiza que “de aprobarse estos proyectos, la Ciudad perderá parques públicos y los legisladores habrán violado la Constitución de la Ciudad y el Plan Urbano Ambiental que ordenan que en Buenos Aires los espacios verdes públicos deben incrementarse y que se debe conservar su integridad”.
El Cenard es otra de las instituciones que el gobierno quiere trasladar para vender sus tierras a emprendimientos inmobiliarios.
La relocalización del Tiro Federal fue programada para el 2020. Ante esta decisión, la presidente de una institución que fue reconocida como Monumento Histórico Nacional en el 2005, redactó una carta al Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta sosteniendo que “el análisis concreto de las presentes circunstancias fácticas determina que las previsiones legales reseñadas no se ajustarían, cabalmente, a las necesidades que requeriría nuestra institución para su supervivencia económica, y por ende, deportiva”. Sin embargo, el traslado del Tiro Federal hacia un sector pegado al Río de la Plata y cercano al Parque de los Niños, sigue vigente.
Otros espacios que se verían afectados con la reorganización de los barrios de Núñez, Saavedra y la zona cercana al río serían la cancha de River (de hecho su presidente, Rodolfo D’Onofrio, planteó la necesidad de mudar el estadio) y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP) que sería trasladado hacia el Hospital Muñiz junto con otros cinco hospitales. Según la lectura de Jonathan Baldiviezo, abogado y presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, “esta venta es parte de la mayor privatización de tierras públicas de la Ciudad, que ya incluye más de 350 hectáreas desde que gobierna el Pro”.
Nov 30, 2017 | Novedades, slider
El reciente dato, proporcionado a la fuerza por el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a raíz de un recurso de amparo presentado por Miryam Bregman y Patricio del Corro (FIT), indica que en 2017 quedaron sin vacante para las escuelas públicas porteñas 11.958 chicos y chicas de los niveles Inicial, Primario y Secundario. Lejos de revertir la crítica situación de 2016, en la que 11.432 padecieron la misma suerte, el panorama educativo de la Ciudad empeoró, tanto cuantitativa, como cualitativamente.
“El chico que no tiene educación desde temprano tiene cincuenta por ciento menos de probabilidades de no terminar el colegio. Faltan jardines de infantes en Argentina y desde el PRO vamos a construir 3.000 jardines infantes en cuatro años”, prometía el entonces candidato Mauricio Macri en un programa de televisión previo a las últimas elecciones presidenciales.
Transcurridos casi dos años de su presidencia y tras diez de gestión de su mismo partido político en la Capital Federal, con leyes nacionales que instan –y obligan- al Estado a asegurar el derecho a acceder a una educación pública, laica y gratuita, las conclusiones a las que llega el informe Seguimiento del dispositivo de tramitación de vacantes escolares denominado ‘Sistema de Inscripción en Línea’, de la Defensoría del Pueblo de CABA indican que “se ha incrementado el porcentaje de niños, niñas y adolescentes aspirantes a los tres niveles educativos, sin vacante confirmada, al inicio del ciclo lectivo”. La proyección es la siguiente: 39,8 % (ciclo lectivo 2014); 41 % (2015) y 54,05 % (2017).
Esta inquietante realidad de miles de familias hizo que se movilizaran el último miércoles 22 a las puertas del Ministerio de Educación de la Ciudad, para hacer llegar el reclamo y la exigencia de hacer cumplir lo que es un derecho: la vacante –el ingreso- a la educación. De diversos colores, las respuestas que allí reciben por parte de los funcionarios son, año tras año, las mismas. En diálogo con ANCCOM, Patricia Pines, madre organizadora de la multisectorial “Vacantes para Tod@s en las escuelas públicas” y docente del Mariano Acosta, afirmó que Juan Pedrazzi, asesor del secretario de Carrera Docente (que atendió los reclamos en la calle), “no tiene mucha injerencia en esta problemática, promete solucionar los casos, pero no cumplió el año pasado. Nunca reconoce que faltan escuelas, siempre nos bicicletea con que ‘bueno, estamos trabajando para solucionar el problema’”.
Lo que no especifica el funcionario es exactamente en qué están trabajando, ya que en los estudios que demuestra el ex legislador Patricio del Corro, hasta mitad de año se ejecutó tan solo un 34% del total asignado para la Dirección General de Infraestructura Escolar.
Inscripción en línea
Una de las causas que se aducen a la ineficiencia en la asignación de vacante es, justamente, el sistema de inscripción, que desde el 2013 -para el año lectivo de 2014- es online. Patricia define esa operatoria como arbitraria y expulsiva, porque “como todo lo que hacen, son medidas inconsultas, y porque el que no tiene computadora no puede inscribir a sus chicos en la escuela; y el que la tiene, la primera semana nunca funciona (el sistema) entonces vos tenés que ponerte el despertador a las 2, 3 de la mañana para enganchar el sistema y tratar de que la inscripción entre y cuando vas a llevar los papeles a la escuela, algo que ellos mismos te obligan, en la institución no hay Internet, no hay facilitador, no hay computadora”. Entre los miles de casos de inscripciones azarosas, Patricia recuerda el de tres hermanos, a los que ubicaron en tres escuelas diferentes. “¿Cómo hace la mamá para llevar a tres pibes a tres escuelas distintas a la misma hora?”.
Esta modalidad contribuye a generar, por ejemplo, un proceso de alejamiento en la relación entre la institución asignada y la familia ya que, en muchos casos, los padres y las madres deben terminar optando entre las posibilidades que les brinda el sistema, que no siempre se ajustan a sus preferencias y/o búsquedas pedagógicas. Así, el Estado nuevamente incumple un mandato, expresado en el artículo 23 de la Constitución porteña: “(la Ciudad) asegura la igualdad de oportunidades y posibilidades para el acceso, permanencia, reinserción y egreso del sistema educativo, respeta el derecho individual de los educandos, de los padres o tutores, a la elección de la orientación educativa según sus convicciones y preferencias …”.
La despersonalización del sistema de inscripción online conlleva en muchas familias a tener que aceptar desesperadamente lo que hay, que en la mayoría de los casos no se corresponde con sus propias búsquedas para sus hijos e hijas. Así, se observan diferencias entre las preferencias y la asignación final –en el mejor de los casos- en cuanto al tipo de jornada (simple, extendida o completa), a la propuesta pedagógica de la institución, a la cercanía del hogar o del trabajo de los padres y las madres. De esta manera, el periplo de la inscripción y asignación de vacantes, en su expresión digital, queda relegado a un mero acto administrativo, desconociendo su impronta pedagógica que involucra, entre otros aspectos, las expectativas familiares proyectadas para la trayectoria escolar de sus niños, niñas y adolescentes, es decir, para sus futuros.
Sin un plan integral de construcción de escuelas, especialmente en aquellas zonas críticas de la Ciudad, como la zona sur, en la que abunda la desescolarización de nivel Inicial y Primario, a las familias que no corren la misma suerte de aquellas que consiguieron por lo menos una vacante -aún lejos de sus barrios, de sus “convicciones y preferencias”- no les queda más opción que tener que inscribir a sus hijos en escuelas privadas. Esto explica, entre otras cosas, el aumento de la matrícula de ese sector. A la pregunta de cómo se podría solucionar la falta de vacantes en la educación pública, Pines es tajante: “No hay voluntad política para solucionar el problema, sino para profundizarlo. Muchas veces estuvimos en la Legislatura exigiendo la aprobación del Proyecto de Construcción de Escuelas, que se ejecute el presupuesto.”
¿Alcanza con la asignación de un lugar?
La foto sobre el estado de situación muestra que en el presupuesto nacional de 2017 hubo una pérdida de los fondos asignados a la participación de la función educación de un 13% en relación al presupuesto 2016. La película completa expresa un deterioro en las condiciones de acceso, permanencia y finalización de los estudios en los respectivos niveles de la educación pública nacional, signado principalmente por la falta de inversión en infraestructura, en recursos materiales y humanos.
Patricia lo grafica con sus palabras: “Este año costó muchísimo obtener datos, mucho más que los años anteriores. Hasta el año 2016 venían respondiendo los pedidos de informe de la Legislatura y este año no lo respondieron. Teníamos hasta el año pasado la información de que en los últimos diez años se había sub-ejecutado el presupuesto en 850 millones de pesos. Eso equivale, más o menos, a 60 escuelas. Ese dinero estuvo destinado a infraestructura escolar, pero no sabemos en qué se utilizó. Sí sabemos que no se usó para crear escuelas y entendemos que tampoco se utilizó en mejorar la infraestructura de las instituciones educativas porque todos los años es noticia que los techos se caen, que faltan estufas, ventiladores y los vidrios están rotos. Entonces no sabemos para qué se utilizó.”
En cuanto infraestructura edilicia, a la promesa de construcción de 3.000 jardines de infantes, el Gobierno respondió especialmente con los Centros de Primera Infancia (CPI), los cuales no dependen del Ministerio de Educación, sino del de Desarrollo Social, funcionando como guarderías sin proyectos pedagógicos y con escaso personal docente, contratado en condiciones precarias. Hasta la primera semana del mes de junio 2017, el informe El derecho a la educación en Argentina, ¿hacia dónde van las políticas educativas actuales?, realizado en julio de 2017 por la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), arroja que han sido ejecutados 506 millones de pesos, sólo el 9% del total presupuestado para la construcción o ampliación de jardines de infantes ($5.592 millones), siendo hasta el momento la más baja ejecución de las 19 partidas del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación.
Actualizado 28/11/17
