Jun 10, 2016 | inicio
El oficialismo macrista en la ciudad de Buenos Aires consiguió ayer aprobar en la Legislatura la ley de creación de la Agencia de Bienes Sociedad del Estado, que establece el traspaso al nuevo ente de los terrenos de dominio público para el impulso de obras de infraestructura, que se descuenta serán llevadas a cabo por empresas privadas. El proyecto fue sancionado con 42 votos positivos, 16 negativos y dos abstenciones. Como se preveía, teniendo en cuenta cómo se había desarrollado el debate sobre el tema en los últimos meses, el Frente para la Victoria (FpV) se mostró dividido en el recinto y tres de los doce legisladores que conforman el bloque acompañaron el proyecto, mientras que siete lo rechazaron y los dos restantes votaron en abstención. Aún así, con el apoyo decisivo del espacio SUMA + -que en las elecciones de 2015 apoyó la candidatura a jefe de Gobierno del economista Martín Lousteau-, el PRO logró cumplir con la voluntad de su jefe en la Capital, Horacio Rodríguez Larreta, y sancionar la ley. “Se trata de la confirmación de que está en marcha un modelo de planeamiento de la ciudad similar al de otros grandes centros urbanos del mundo, basado en la enajenación de patrimonio público para dar rienda suelta a la especulación inmobiliaria», afirmó Patricio Del Corro, legislador del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), que votó en contra de la ley. Este paso legal se suma a otras iniciativas del macrismo para concretar la transferencia al capital privado de patrimonio de la ciudad, entre ellas la cesión de terrenos linderos a Casa Amarilla al club Boca Juniors, tal como informó este medio en anteriores ocasiones.
La de ayer fue la segunda vez que fue votado el proyecto, que había sido aprobado en una primera instancia el 3 de diciembre de 2015; pero al tratarse de asuntos referidos a la desafectación de inmuebles de dominio público y proyectos de edificación, la Constitución de la Capital Federal exige su discusión a través de un procedimiento de Doble Lectura, que consiste en una segunda votación, previa realización de una Audiencia Pública no vinculante, en la que participen los sectores con intereses legítimos alrededor de la propuesta legal. Esa audiencia se realizó el 29 de marzo y más allá de que el tratamiento del proyecto era independiente de su resultado, la misma parecía en aquel momento favorecer un cambio en el curso del destino, porque al no reunir los votos mínimos para superar la instancia de la Doble Lectura, el PRO decidió retirar el tema de la agenda de la sesión del jueves 7 de abril. «El proyecto había quedado ‘reservado en secretaría’ para en cualquier momento ser tratado en el recinto y eso fue lo que pasó ayer. Nosotros pedíamos el ‘pase a archivo’, lo cual hubiera significado que la ley se caía», detalló Jonatan Baldiviezo, abogado ambientalista y miembro de la organización Observatorio del Derecho a la Ciudad. Sorpresivamente, la iniciativa fue reflotada ayer y esta vez no fue posible postergar su sanción.
Si bien en el Anexo del texto legal sólo figuran dos inmuebles que pasarán a ser administrados por la Agencia de Bienes SE –el predio del Tiro Federal, ubicado en el barrio de Núñez, y el centro ferial “El Dorrego”, situado en Colegiales-, las organizaciones que resisten la normativa advierten que en realidad alcanza a todos los lotes de propiedad estatal. “Los legisladores que trataron este proyecto ni siquiera sabían cuántos terrenos de dominio público existían realmente en la Capital Federal. No había un inventario. El único relevamiento que existe lo hicimos nosotros”, advirtió Fabio Oliva, integrante del colectivo Buenos Aires No Se Vende, formado por varias agrupaciones que militan en defensa del espacio público de la ciudad. El listado en cuestión, al que accedió ANCCOM, incluye un total de más de 2.500 inmuebles organizados en las categorías “Edificios industriales”, “Galpones o tinglados”, “Locales (comerciales u oficinas)”, Propiedad Horizontal”, “Teatros”, “Terrenos”, “Viviendas con comercio” y “Viviendas unifamiliares”.
La letra de la ley reconoce entre las “funciones” de la flamante Agencia de Bienes SE la de “coordinar las relaciones entre la actividad pública y la inversión privada” y detalla los planes que tiene reservados para los dos terrenos mencionados en el Anexo: el Tiro Federal se convertirá en el “Parque de la Innovación”, que, como define la norma, consistirá en un “centro urbano que impulse la ciencia y la tecnología” en la ciudad de Buenos Aires; mientras que en “El Dorrego” el gobierno de Rodríguez Larreta pretende crear el “Centro Metropolitano Audiovisual”, para albergar a “los distintos sectores involucrados en la comunicación audiovisual: cámaras de productores; medios comunitarios; universidades y trabajadores de la comunicación audiovisual”.
Para concretar esos emprendimientos, la normativa admite que ambos predios serán licitados a través de un concurso público, del que surgirán las empresas adjudicatarias de la obra su construcción. Como ocurre cada vez que el Estado en cualquiera de sus jurisdicciones decide desprenderse de parte de su patrimonio, la ley de Agencia de Bienes SE declara “innecesarios para la gestión” del gobierno de la Capital a los terrenos antes indicados. Sin embargo, desde Buenos Aires No Se Vende aseguran que el supuesto “carácter innecesario” de los terrenos fue definido por unos pocos actores, que representan intereses minoritarios. “Aunque se decidiera que una tierra pública fuera concedida para una inversión inmobiliaria de una empresa, lo correcto sería que esa decisión la tomaran las comunas, y en este caso, la iniciativa provino lisa y llanamente del Poder Ejecutivo”, insistió Oliva.
La cesión de terrenos linderos a Casa Amarilla fue de las primeras iniciativas del macrismo para transferir el patrimonio de la ciudad a privados .
Una Audiencia histórica, pero que no alcanzó
“Esto se sabía desde el lunes pasado y se hizo toda la presión que se pudo para frenarlo”, se lamentó Oliva, arquitecto de profesión, pero comprometido de cuerpo y alma en la preservación de los espacios verdes de la ciudad, cada día más amenazados de extinción. Su actividad lleva ya más de 25 años, cuando comenzó con la lucha para proteger cada uno de los metros cuadrados que dan vida al Parque Avellaneda. Junto con varias agrupaciones vecinales que se especializan en problemáticas similares -Queremos BA, Los Amigos del Lago de Palermo, Basta de Demoler, el Observatorio de Derecho de la Ciudad, el Movimiento Comunero, entre otros- formaron colectivo Buenos Aires No Se Vende, con el objetivo de articular la oposición desde la sociedad civil al proyecto de ley de Agencia de Bienes Sociedad del Estado.
“Nos unió el espanto contra esta ley”, confiesa, aunque se muestra satisfecho por el funcionamiento exhibido hasta ahora por la comunión de las organizaciones barriales. El 29 de marzo último, en el marco de la Audiencia Pública exigida por la Constitución de la Capital Federal, se produjo lo que Oliva definió como “un gran triunfo”, que luego se traduciría en la decisión del oficialismo de postergar el tratamiento en Doble Lectura del proyecto de ley, que estaba previsto para diez días más tarde. “Fue una Audiencia Pública con una inscripción de 200 personas, lo que no es común en este tipo de acontecimientos. Las exposiciones fueron organizadas previamente por BA No Se Vende, hubo más de 100 y ni una sola a favor del proyecto”, describió Oliva, quien definió el evento como “un acto político contundente”.
Por su parte, Baldiviezo recordó que desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad se presentó un recurso legal para evitar que la audiencia se realizara porque, según argumentó, “no había suficiente información para las partes” sobre los alcances reales de la norma, pero la respuesta fue negativa. También alertó acerca de que nunca se realizaron los estudios de impacto ambiental correspondientes, a la hora de llevar adelante obras de desarrollo de infraestructura en terrenos de amplia extensión. De hecho, tal como consta en la Ley N° 123 de la Ciudad de Buenos Aires, debe cumplirse con las diferentes etapas del procedimiento técnico correspondiente hasta llegar al Certificado de Aptitud Ambiental, que autoriza la puesta en marcha de las obras. No obstante, Baldiviezo cree que existe un inconveniente con la reglamentación: “La ley dice que los informes deben hacerse siempre antes de la ejecución de las obras, no antes del proceso de legislación lo cual produce un desfasaje, porque mientras se llevan adelante el proceso legislativo y la Audiencia Pública, hay un tiempo valioso que se pierde, ya que si se practicaran los informes de impacto ambiental desde el momento inicial quedaría claro inmediatamente si el proyecto es viable o no”.
Para Del Corro, la ley no tiene ninguna justificación desde el punto de vista de la ampliación de los derechos de la ciudadanía. “La población de la ciudad hace sesenta años se mantiene estable, pero cada vez son más las que terminan siendo expulsadas hacia las villas y menos las que viven en una casa propia”, señaló el legislador, haciendo referencia a que la nueva ley se desentiende por completo del problema del déficit habitacional y la urgencia de urbanizar los asentamientos precarios. Las prioridades del gobierno porteño, alineado a nivel nacional con el presidente Mauricio Macri, parecen ser otras: “Será una especie de Silicon Valley», resumen los funcionarios del oficialismo cuando hablan de lo que le espera al Tiro Federal, refiriendo a la región californiana que hospeda a buena parte de las compañías líderes a nivel mundial en desarrollo tecnológico. Una confirmación de que desde la llegada del macrismo al poder, el 10 de diciembre pasado, los ojos de la clase política argentina miran hacia el Norte.
Actualizada 10/06
May 5, 2016 | inicio
Una patota se instaló anoche en el Consejo Consultivo de la Comuna 4, en Nueva Pompeya, y en medio de una asamblea atacó a militantes y miembros de agrupaciones vecinales que discutían la privatización de los terrenos linderos al Club Atlético Boca Juniors, en los que los dirigentes pretende llevar adelante un megaproyecto inmobiliario. Durante el ataque, perpetrado sin fuerzas de seguridad a la vista, fue apuñalado Matías Scinica, de la agrupación Boca es Pueblo, y Fernando Abal Medina, de Descamisados, hermano del senador nacional kirchnerista, Juan Manuel: ambos debieron ser internados en el hospital Penna. Testigos de la agresión vincularon al grupo de choque con el macrismo, Carlos Yoshinaga, miembro de la agrupación Boca es Pueblo, contó a ANCCOM: “Actuaron con una impunidad total, desde antes de ingresar a la sede sabíamos que portaban armas blancas”.
La agrupación responsabilizó por el ataque, en un comunicado, al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta. «Una patota que responde a un puntero del PRO comenzó a agredirnos física y verbalmente –sostiene el escrito difundido por la organización-. Uno de ellos sacó un objeto cortante con el que hirió gravemente en la garganta a un compañero de Boca Es Pueblo». Consultada por ANCCOM, una fuente de la agrupación prefirió “por el momento” no dar el nombre del agresor, aunque aseguró que quien manejaba el objeto cortante “es conocido” en la comuna.
Matías Scínica
“La reunión fue tensa desde el primer minuto –describió Yoshinaga-. Cuando nosotros llegamos la patota ya estaba; eran entre diez y quince personas y en cada intervención que se intentaba hacer referida al tema de la entrega de las tierras de Casa Amarilla sobrevenían insultos desmedidos”. El ataque se desencadenó cuando llegó el turno de tratar el conflicto en profundidad. “Estábamos aterrados, por mi parte creí que mi compañero iba a desangrarse ahí mismo –narró-. La ambulancia tardó una eternidad en llegar, casi media hora, y la Policía recién llegó después, pero los tipos se retiraron riéndose de nosotros y gritando que nos iban a matar a todos”. El militante insistió en que las agresiones fueron posibles por la complicidad policial.
En diálogo con ANCCOM Matías Daglio, otro integrante de Boca Es Pueblo, aseguró que el ataque se produjo en el momento en el que se reclamaba la realización de una audiencia pública para tratar el traspaso de los terrenos al club xeneize, que, como publicó este mismo medio a principios de marzo pasado, se presentó como único oferente en la “Licitación con Iniciativa Privada para el Desarrollo y Mejoramiento Urbano Casa Amarilla” que puso en venta 3,2 hectáreas. La adjudicación se concretó el 25 de febrero pasado. “Nosotros pretendemos llevar hasta la Legislatura la voluntad de los vecinos y de algunos legisladores, porque los terrenos fueron directamente transferidos en su momento a la Corporación del Sur y luego a Boca, sin debatirlo con la comunidad”, subrayó Daglio. Según asegura un informe de la ONG Observatorio del Derecho a la Ciudad, la venta de los terrenos a Boca es “ilegal e inconstitucional”, porque de acuerdo a las normativas vigentes “no se puede vender tierra pública de la Ciudad sin aprobación de la Legislatura” y en este caso la transferencia se hizo de manera directa a través del Instituto de Vivienda porteño.
El conflicto se remonta a más de tres décadas, cuando en 1981 los terrenos situados a pocas cuadras de La Bombonera fueron adquiridos por la Ciudad para paliar el déficit habitacional en el barrio de La Boca. Pero en los ’90, el entonces intendente porteño Carlos Grosso cedió a Boca Juniors parte de las tierras, en los días de Mauricio Macri como máxima autoridad de la entidad. Luego, durante las gestiones de Fernando de la Rúa y Aníbal Ibarra al frente de la Capital Federal, se estableció por ley que el resto del terreno sería destinado a viviendas sociales. En total, se habían proyectado unas 4.000, pero en 2007 Macri resultó electo jefe de Gobierno y luego reelecto, en 2011: desde entonces hasta la fecha apenas se levantaron unas 400, es decir, el 10 por ciento.
La adjudicación de las tierras de La Boca se concretó pocos días antes de que el gobierno del PRO intentara –aunque infructuosamente- aprobar la Ley de creación de Agencia de Bienes Sociedad del Estado para avanzar en el traspaso a manos privadas de otros predios que aún continúan bajo dominio público. La discusión no es novedosa: se trata de qué hacer con el espacio público de la ciudad, cuáles son los intereses en juego y cuáles los legítimos actores que deberían decidir sobre el destino de dichos recursos. Un proyecto pionero en la materia tuvo lugar en 1989, cuando el gobierno de Carlos Menem, en el marco de su “reforma del Estado” –que consistió en la privatización y desregulación de los servicios públicos a nivel nacional- avanzó en la urbanización de la zona de Puerto Madero a través de la corporación Antiguo Puerto Madero Sociedad Anónima, creada por el decreto N° 1279 del Poder Ejecutivo, en noviembre de aquel año.
Poco más de una década después, en 2000, se aprobó en la Capital Federal, por medio de la Ley N° 470, la creación de la Corporación Buenos Aires del Sur Sociedad del Estado, a la que se reservó el área delimitada por la Avenida Directorio hacia el Riachuelo, con el fin de “desarrollar actividades de carácter industrial, comercial, explotar servicios públicos con el objeto de favorecer el desarrollo humano, económico y urbano integral de la zona”. La porción del mapa porteño en cuestión incluye vastas extensiones de espacios verdes, como el Parque Avellaneda o el Parque General Roca, ubicado en los límites de los barrios Villa Soldati y Villa Lugano.
El conflicto en Boca Juniors ocurre también a pocos meses de que Macri alcanzara el cénit del Poder Ejecutivo Nacional y su aliado Daniel Angelici, sindicado como un operador judicial clave del Presidente, la reelección en Boca. Sin embargo, para Boca Es Pueblo la gestión de Angelici en Boca sólo ha contribuido a que el club se volviera más exclusivo y con cada vez menos actividades sociales. “Desde que está Angelici no sólo se han cerrado actividades profesionales, como la participación de Boca en la Liga Nacional de Voleibol, sino que no se ha abierto una sola actividad amateur”, aseguró a ANCCOM Daglio.
Los planes del presidente xeneize apuntarían a que sobre los terrenos adjudicados se levante un nuevo “estadio-shopping”, lo que ha desatado en el seno de la comunidad boquense un debate tanto en términos económicos como culturales, porque si el negocio prospera automáticamente se abre el interrogante sobre cuál será el destino de la Bombonera, que los simpatizantes del club de la ribera reivindican orgullosamente como patrimonio indelegable del ser boquense. Al mismo tiempo, el episodio de anoche en Pompeya ofreció una respuesta a otra de las preguntas que atraviesan la discusión: ¿hasta dónde son capaces de llegar los defensores del negocio millonario para concretar sus ambiciones?
Actualizado 05/05/2016
May 3, 2016 | inicio
El escenario se acomoda para la ocasión: bibliotecas, librerías, escuelas, museos e incluso viejas o modernas casonas se acondicionan con pocos recursos para recibir, de manera gratuita o a bajo costo, a los cinéfilos. Con el objetivo que la experiencia de ver películas en pantalla grande no se restrinja sólo a los tanques cinematográficos, existe un circuito de exhibición alternativo de ficciones y documentales que no se proyectan con frecuencia.
La cartelera que no se ve
“El cine comercial pasa la película que le ofrece un distribuidor con la que piensa que va a hacer dinero. Si la película cumple con las necesidades comerciales de la sala o del distribuidor, continúa; y si no cumple, se la baja y viene otra. El cineclubista quiere que vaya público porque está convencido de que es bueno lo que proyecta; partimos de un impulso individual que nos motiva a ver películas en pantalla grande y en determinado formato”, señala el cineclubista Emiliano Penelas.
Penelas reparte su tiempo entre la docencia y la organización de dos cineclubes. El primero de ellos funciona en el Centro Cultural y Biblioteca Popular Carlos Sánchez Viamonte, ubicado en Austria 2154, donde antes se redactaba el diario socialista “La Vanguardia”. El Cineclub La Rosa, tal es su nombre, se apresta para inaugurar en abril su “décima temporada”, como la define su presidente fundador.
La Rosa se destaca por armar ciclos que están dedicados a autores consagrados a los que conviene revisitar. También difunde las obras de realizadores contemporáneos que no han tenido la recepción que se merecen. La belga Agnès Varda, el prolífico Werner Herzog y el documentalista Jorge Prelorán son algunos de los directores que integran los ciclos de La Rosa, cuyas funciones -proyecciones en 8 y 16 milímetros- son los miércoles a las 20.
La entrada es libre y se paga solo a voluntad, porque –para Penelas- una de las características del cineclubismo es la gratuidad. “Solo colocamos una urnita con la que invitamos a la gente a colaborar. Lo recaudado lo usamos para difundirnos y mejorar la experiencia de cada función: por ejemplo, ofrecemos programas con información de lo que se va a ver, con la ficha técnica de la película y el número de función. El programa también es parte de la historia de los cineclubes”, explica Penelas.
A él le corresponde también programar, hace nueve años, las películas que se presentan en la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA, por sus siglas en ingñés) los primeros y terceros miércoles de cada mes a las 20. Se trata de una iniciativa sin fines de lucro en su histórica sede de Reconquista 439.
Todos los años inician su programación con Alfred Hitchcock pero nunca faltan los ciclos de humor, con Buster Keaton a la cabeza. Como explica Penelas, su programación no se ciñe a ningún tipo de atadura institucional: “Hemos llegado a pasar películas de Luis Buñuel y Luis García Berlanga”, directores españoles cuya obra tiene un fuerte contenido anticlerical.
El Cineclub Dynamo también es parte de esta propuesta cultural distinta y se caracteriza por proyectar material exclusivamente en fílmico de 16 milímetros. Esta aventura nació en Mar del Plata hace doce años por iniciativa de su administrador, Carlos Müller. Realizaba funciones en distintas sedes para el público marplatense y para el de la ciudad de Buenos Aires hasta que en 2005 se afincó en San Telmo. Desde entonces, las proyecciones se efectúan en la Librería La Libre (Bolívar 646), con entrada gratuita y colaboración voluntaria, todos los miércoles a las 21, y en la residencia de arte Monte Estudios (Defensa 1008), a la que se accede por un costo de 40 pesos los viernes a las 21. El público es tan amplio como las cualidades de las obras que se proyectan. Asisten jóvenes y mayores, aficionados y estudiantes de cine, públicos casuales, vecinos del lugar e, incluso, personas que no viven cerca.
También para chicos
Una excepción la constituye la iniciativa Linterna Mágica, surgida en Suiza durante los noventa. Se trata de un cineclub para chicos de 6 a 12 años y se accede con una membresía de 650 pesos por las nueve funciones del año. A cada niño se le envía una revista con información que les servirá a los coordinadores para articular, junto a otras expresiones artísticas, conceptos centrales de películas de distintas épocas. Así, antes de la proyección, cada función incluye una presentación, un sketch cómico y una obra de teatro en las que se trabaja sobre una emoción en particular (risa, miedo, llanto y sueño).
Ilan Branderburg, su director, comenta que también existe el Plan de Membresías Solidarias para niños de Hogares de la Ciudad, al cual pudieron acceder unos 200 jóvenes desde su aparición en 2008. Estas becas han sido financiadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por empresas privadas y por particulares que han apadrinado a un niño.
Los cineclubes no suelen recibir la visita de un público apático, que finalizada la película se retira sin pedir algo más. “Mucha gente encuentra en estos espacios no solo un lugar de esparcimiento sino también de encuentro; ese es su plus”, afirma Müller. “El cineclubismo se presta siempre para ese diálogo después de la película. Por eso no busco que esto sea un lugar para entendidos, sino prefiero que se entienda que toda opinión es bienvenida”, explica este cinéfilo que está realizando un largometraje sobre la historia de un corto recientemente hallado por él: “San Perón”.
En el mismo sentido apunta Penelas: “Entendemos el cineclubismo con la charla posterior, con la crítica, con el ensayo, tratamos de que se hagan asociaciones entre las películas, por eso hacemos ciclos”. Asimismo añade: “Incluso hemos tenido la participación de los realizadores para que charlen con el público, para que se rompa la barrera entre el realizador y la persona que ve su obra”.
En tanto, la difusión “de boca a oreja” suele ser la punta de lanza de la repercusión de estos proyectos. También los afiches, los volantes y, sobre todo, las redes sociales son fundamentales para que los vecinos de la ciudad conozcan un cine distinto al “pochoclero” que suelen ver en las salas de los shoppings.
“Íbamos a pasar Con ánimo de amar, de Wong Kar-Wai, y eso se difundió en un grupo de Facebook de solos y solas. Cuando llegué había más de cincuenta personas; tuvimos que traer con el bibliotecario las sillas de la sala de lectura; y para mí eso es una gran alegría porque estamos convencidos de que lo que pasamos es bueno y puede gustar”, cuenta Penelas.
Del comedor al Microcentro
Buenos Aires Mon Amour (BAMA) parece el sueño hecho realidad de muchos cinéfilos. Nació en diciembre de 2007 en el living comedor del departamento de su fundador y actual director Guillermo Cisterna Mansilla.
Cisterna Mansilla sabe de la importancia de los cineclubes: “Son necesarios para poder formar espectadores, debatir, intercambiar miradas y ver material que en las salas comerciales no tienen lugar”, afirma. Pero también destaca que las salas comerciales “son necesarias para que exista el sostén de una industria”.
Uno de los desafíos que se ha propuesto BAMA es “devolverle al cine-arte el público joven, y creo que lo estamos consiguiendo”, señala su director, y agrega: “Eso implica trabajar mucho buscando material, más allá de los estrenos semanales de los distribuidores locales, que salen en varias salas al mismo tiempo. Pretendo de BAMA esa sala de cine que había desaparecido y que Buenos Aires, hace más de 40 años, supo tener”.
BAMA funciona en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 1145 -en el ex Arteplex Centro-, posee una cartelera de cine alternativo y entradas a entre 50 y 65 pesos, precios por debajo de la mitad que los que maneja la mayoría de las salas comerciales. El proyecto se financia con sus propios recursos, “sin subsidios ni sponsors de nadie, al contrario de lo que muchos creen”, subraya Cisterna Mansilla.
“Filmoteca en Vivo” tiene funciones en la ENERC, en su sede de Moreno 1199.
Más allá de la tevé
Fernando Martín Peña es docente, coleccionista y presentador del programa de la TV Pública “Filmoteca”, el cual desde 2006 se dedica a la difusión de películas. Según comenta, este programa televisivo es fruto de “una larga experiencia en diversos cineclubes y nació con un criterio amplio”. Ocho años después, comienza “Filmoteca en Vivo” con la idea de “devolver el programa a su ámbito natural, que es la sala con público en vivo”, destaca Peña. Las funciones se realizan en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), en su sede de Moreno 1199, establecimiento que depende del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
La programación está a cargo de Peña cuyo criterio busca ser amplio, de modo de atraer a la mayor cantidad de espectadores posible. “En general me muevo por fuera del canon, porque hoy los clásicos de la historia del cine son muy accesibles, así que me parece mejor hacer que se vean materiales menos obvios”, explica Peña.
Respecto de la importancia de proyectar en formato fílmico, detalló: “Pasamos exclusivamente fílmico porque lo digital es algo que hoy cualquiera puede ver en su casa. El fílmico tiene otra textura, otra calidez, y cada vez está más relegado, así que me parece importante recuperar una forma de ver el cine que se extingue y que es comunitaria, social”.
Orlando Narváez es administrativo en el Departamento de Alumnos de la ENERC y contribuye en la preparación de las funciones de “Filmoteca en Vivo”. “Cuando entré a trabajar en la Escuela era un lugar muy cerrado, pero desde que está a cargo de Pablo Rovito (n. del r.: Coordinador de la ENERC) se empezó a abrir a la comunidad. Por eso invito a que la gente se acerque y a que se anime a entrar, porque la ENERC ha dejado de ser un lugar solo para estudiantes, y va a encontrar mucha gente macanuda”, afirma.
Las funciones de “Filmoteca en Vivo” se realizan los viernes a las 23, los sábados a las 19 y 21, y los domingos a las 17, 19 y 21. La sala de la ENERC tiene espacio para albergar a un centenar espectadores. Los films mudos suelen estar acompañados por la música en vivo a cargo de Fernando Kabusacki y Matías Mango.
Feos, sucios y malos de Ettore Scola, Drácula interpretado por Bela Lugosi, Metrópolis de Fritz Lang, La condición humana, largometraje de Masaki Kobayashi, que tiene más de nueve horas de duración y que se proyectó sin interludios, integran algunos de los títulos de este espacio. Con estos films “la gente salía emocionada como no había visto nunca”, recuerda Narváez.
Otras pantallas
Los puntos de encuentro para disfrutar de grandes obras del celuloide se diversifican. Otros escenarios a los que se puede ingresar gratis o a bajo precio en la Ciudad son:
Aunque su época de esplendor, durante los años cincuenta y sesenta, haya quedado lejos, desde que el realizador León Klimovsky organizara las primeras exhibiciones en la ciudad entre 1927 y 1928, el cineclub sigue rodando su propia historia. Para disfrutar en familia o con amigos, para poder conocer nuevas personas, o, simplemente, para romper con el tedio individual, los cineclubes continúan siendo un buen espacio de esparcimiento colectivo a bajo costo.
Abr 27, 2016 | destacadas
En solo cuatro meses de gestión de la alianza Cambiemos, un viejo y conocido fantasma volvió a ocupar el centro de las preocupaciones de hombres y mujeres: la pérdida del empleo y el consecuente aumento de la desocupación.
Los despidos masivos arrancaron en diciembre pasado con el declarado objetivo de “modernizar” el Estado. Más de 35.000 empleados públicos fueron cesanteados, muchos de ellos acusados sin pruebas de “ñoquis” o perseguidos por su militancia política. Los trabajadores del sector privado fueron, en paralelo, víctimas de la misma práctica. El panorama recesivo de la economía argentina encendió la alarma de empresarios y sindicalistas y motorizó ese ajuste laboral.
Los despidos registrados en el sector privado durante este primer trimestre superan los 80.000 trabajadores, según sostienen los informes realizados por distintos gremios y consultoras privadas, consultadas por ANCCOM ante la falta de información oficial.
Desde su asunción, Mauricio Macri prometió “normalizar” el funcionamiento del cuestionado Instituto de Estadística y Censos (INDEC), pero su gestión todavía no brindó registros sobre la desocupación que se generó a partir de los despidos realizados de diciembre a esta parte.
Abrazo al Ministerio de Trabajo.
El último relevamiento realizado por el INDEC durante el tercer trimestre del 2015, evidencia que las sucesivas administraciones de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2011 y 2011-2015) habían logrado que el desempleo llegara a uno de los niveles más bajos de las últimas décadas, un 5,9 %.
Ante la paralización del INDEC, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) liderada por el sindicalista Pablo Michelli realizó un relevamiento a través de su Observatorio Social. El estudio registró un total de 68.563 despidos, entre el 1 de diciembre y el 4 de marzo, de los cuales unos 30.936 se produjeron en el sector privado.
“Las tensiones que el mercado de trabajo venía presentando en los últimos años se exacerbaron en pocas semanas, y desde entonces hemos asistido a un shock de despidos liderado por el sector público, sin que por ello las empresas del sector privado se hayan quedado detrás”, sostiene el último documento publicado por el Observatorio Social.
El informe aclara que se trata de un “relevamiento de mínima”, ya que no incluye “aquellas denuncias que fueron realizadas por dirigentes sindicales en términos generales”.
La industria de la construcción figura entre los rubros más perjudicados por los despidos. Los representantes sindicales de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) denunciaron la pérdida de entre 25.000 y 30.000 puestos de trabajo desde la llegada de Cambiemos al poder.
Además, desde la UOCRA advirtieron que en el sector privado las grandes empresas utilizaron la actual coyuntura “para impulsar suspensiones colectivas”, una medida que “posee efectos disciplinadores sobre el conjunto de los trabajadores”. Las suspensiones “se han concentrado en la industria petrolera, la automotriz, la autopartista y la siderurgia”, agregaron fuentes del sector.
Informes realizados por la consultora privada Tendencias Económicas y por el Centro de Economía Política (CEPA) a los que tuvo acceso ANCCOM completan el cuadro del empleo argentino con un duro diagnóstico. Según Tendencias Económicas, los despidos en el primer bimestre de este año llegaron a unos 107.000, relevados a partir de las denuncias realizadas por los gremios a nivel nacional.
El informe indica que en enero se registraron alrededor de 41.921 despidos, cuya mitad se sucedieron el ámbito privado, siendo los sectores de la construcción, gastronómicos, textiles e indumentarios, los más perjudicados.
Con respecto al mes de febrero, se registraron 65.799 personas despedidas, un 72% de aumento con respecto al mismo mes de 2015, según la consultora.
Del total, alrededor de 55.800 pertenecieron al sector privado, sobre todo en la construcción y en otras actividades, como autopartes, petróleo, comercio y minería.
En tanto, el informe publicado por CEPA, indica que el empleo, público y privado, expone “una tendencia a la contracción”. El relevamiento arrojó un total de 141.542 despidos entre enero y marzo de este año. Alrededor de 80.446 cesantías correspondieron al sector privado y el mayor perjudicado resultó ser el sector de la construcción, un 71,88%, siguiéndole el sector industrial con un 23,40% y por último, el sector servicios, con un 4,72%. Según el estudio, la mayor cantidad de despidos se dio “en los empleos de menor calificación o que más precarización sufren”.
Ante este panorama, el reclamo de las centrales obreras ante diputados y senadores, se plasmó en un proyecto de ley que declara la “Emergencia Pública en Materia Ocupacional” que aún no se discutió en el Congreso, pero que ya ha generado críticas del oficialismo y de representantes empresariales de la Pequeña y Mediana Empresa (PyMEs).
En un comunicado, representantes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reconocieron que “más 120.000 despidos han provocado una fundamentada preocupación de senadores y diputados de la Nación que obliga a buscar alternativas para detener ese flagelo en el sector público y privado”.
Pero que “hay que dimensionar” ya que en el sector privado, y especialmente en PyMEs, esa situación ocurre “por la caída en los niveles de producción provocada por la retracción en la demanda de consumo, por la casi nula demanda de inversión, por las aceleración de la inflación y por las altísimas tasas de interés del mercado”, sostiene el documento.
El proyecto de ley tiene por objetivo evitar que se continúe despidiendo, por lo que propone que se “congelen” hasta el 2017 los empleos del sector público y privado y se apela nuevamente, como lo fue en el 2002, a la figura de la “doble indemnización”, el punto más criticado por el gobierno como por los empresarios.
Desde CAME sostienen que ante la difícil coyuntura económica que atraviesa el país, implementar “la doble indemnización crearía niveles de conflictividad alarmantes para las PYMES, especialmente en las más pequeñas, que llevarían al cierre definitivo de muchas de ellas”.
El oficialismo ya expresó su rotundo rechazo al proyecto de ley. El presidente Mauricio Macri, en varias declaraciones públicas, indicó que esta iniciativa, en caso de aprobarse, no generará “más empleo” sino que “destruirá fuentes de trabajo”. Y prometió vetarla en caso que, finalmente, el Congreso avance con su debate y aprobación.
Con la unificación de la Confederación General del Trabajo en proceso y el llamado a una movilización para el próximo 29 de abril, en donde participarán todos los sectores gremiales, el gobierno de Macri afronta un contexto socio económico conflictivo, al cual deberá dar respuestas inmediatas si su deseo es retomar las sendas del crecimiento económico y la gobernabilidad.
Festival No Al Vaciamiento del Grupo 23. Parque Centenario. 31 de enero de 2016.
En los medios
La ola de despidos masivos afectó a numerosos sectores y los trabajadores de los medios de comunicación no quedaron exentos. Desde diciembre, se ha registrado el despido de más de 200 periodistas de numerosos medios, siendo el caso más grave y emblemático el caso del grupo Veintitres perteneciente a los empresarios Sergio Spolzky y Matías Gardfunkel, con la cesantía de 136 trabajadores del canal televisivo CN23 y el vaciamiento económico del Diario Tiempo Argentino -hoy autogestionado por sus trabajadores en una cooperativa- y Radio América.
También fueron despedidos doce periodistas del grupo Crónica, cuyos dueños son los hermanos Olmos, treinta trabajadores del centenario diario La Nación, doce del diario platense Diagonales, cinco del grupo Octubre, Cinco en Radio Continental y ocho en Radio San Martín, según lo relevado por observatorio de la CTA Autónoma.
A lo que se le suma, la complicada y delicada situación del canal 360TV, cuyos trabajadores llevan adelante una huelga por salarios adeudados.
Actualizada 27/04/2016
Mar 30, 2016 | Entrevistas
“No resisto los relatos absolutos, me parece que hay que ir contra eso y descubrir los secretos, las grietas –dice Paula Canelo a ANCCOM-. Cuando veía las fotos tremendas de la Junta, los tres paraditos, yo entendía que ahí tenía que haber conflicto». La investigadora del Conicet acaba de publicar, a cuarenta años del último golpe de Estado cívico-militar, el libro La política secreta de la última dictadura argentina (1976-1983), de editorial Edhasa. Especialista en el tema, Canelo realiza un profundo y minucioso análisis sobre el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional pero esta vez por adentro, haciendo foco en demostrar las conflictivas relaciones entre los miembros de las Fuerzas Armadas para la toma de decisiones políticas que marcaron la historia. Avanza en el libro historizando los acontecimientos más importantes del período y evidenciando, a su vez, cómo se manejaba la información, cuáles eran los intereses políticos que se pusieron en juego y por qué fracasaron los planes trazados por ellos.
Canelo basa el libro en un conjunto de documentos secretos -algunos de los cuales fueron hallados recientemente- y se transforma en una traductora de esos papeles que para cualquiera parecerían opacos pero que, sin embargo, hablan y abren camino a más investigaciones acerca de los hechos que marcaron a sangre y fuego la historia argentina y latinoamericana.
Tapa del Libro “La política secreta de la última dictadura argentina (1976-1983)” (Edhasa)
En el libro plantea:“los documentos no hablan por sí solos”. ¿Cómo logra hacer “hablar” a los documentos en los que basa el libro?
Para las personas que no están familiarizadas con la dictadura, sus actores, las dinámicas de las discusiones, los conflictos internos, los documentos, son opacos, uno no entiende de qué están hablando. Sin embargo, para los investigadores son joyas porque muestran, no sólo los objetivos políticos tan diferentes que tuvieron distintas fracciones de las Fuerzas Armadas, sino una forma particular de escribir y de pensar la sociedad argentina. Hay algunos documentos, por ejemplo, el de la Armada o los de la Secretaría General de la Presidencia que son los “politicistas”, porque son fracciones internas que tienen una vocación más política, en cercanía con políticos, pero hay otras fracciones militares que piensan a la sociedad y la política argentina militarizada. No escribí un libro de historia de la dictadura, ni pensado exclusivamente para académicos, sino que me propuse como objetivo que haya más gente que pueda entender este período y sus aspectos no tan conocidos. El libro tiene dos grandes cuerpos de documentos: los Planes Políticos -que habían sido presentados más bien parcialmente en distintas publicaciones de periodistas e investigadores- y las Actas Secretas, uno de los hallazgos documentales más importantes de las últimas décadas sobre el Proceso.
¿Por qué discute en el libro con las interpretaciones que señalan que hay que estudiar a los civiles para entender a la dictadura o aquella que subraya que sus propósitos políticos estuvieron subordinados excluyentemente a la imposición de un modelo económico?
Son relatos muy poderosos porque han sido fácilmente incorporados por el sentido común, relatos construidos desde esferas gubernamentales y académicas en connivencia y han tenido una gran pregnancia dentro del discurso periodístico, el educativo. Estos discursos habilitan a que la mayoría de la sociedad argentina interprete en forma relativamente sencilla la realidad de la dictadura. No son falsos pero no son condicionantes. Eso es lo que trato de mostrar en el libro con un largo recorrido sobre las agendas de los diferentes años de la dictadura.
También subraya la importancia de estudiar y entender a la política con autonomía de la economía.
Absolutamente. El relato más economicista, centrado en la economía como clave interpretativa del Proceso, corre el riesgo de ignorar estos objetivos políticos que tenía el régimen. La interpretación economicista no es falsa, no está equivocada, pero es una mirada parcial. Yo trato de mostrarlo no como una opinión mía sino más bien dando cuenta de una genealogía.
Desde una visión científica, ¿cuál fue la importancia de la aparición de las Actas Secretas halladas en el Edificio Cóndor en 2013?
Las Actas completan la historia que venía escribiéndose en los Planes Políticos. Los documentos que llamamos Planes Políticos son textos producidos entre octubre de 1976 y fines de 1978. Son dos años donde el régimen produce de forma muy abundante una enorme cantidad de planes, muchos conectados, otros no tanto. Y la pregunta era qué sucedía después de 1978: por qué el régimen deja de producir estos documentos políticos. La respuesta está en las Actas que se mantuvieron ocultas hasta 2013. En ellas se encuentra el fondo documental más importante de los últimos años, sobre todo porque fue encontrado completo.
Acta n°59, 27/04/1978, Actas Secretas de la Dictadura, op.cit, t.2, p.220
¿Tuvo acceso inmediato a las Actas?
Empecé a estudiarlas en cuanto aparecieron. Tuve acceso gracias a tres personas que fueron fundamentales para esto: la investigadora Marina Franco, la periodista Alejandra Dandán que trabaja en Página/12 y Stella Segado, que era la Subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa de la Nación durante la gestión de Agustín Rossi. De la mano de ellas tres tuve acceso a las primeras Actas que fueron distribuidas. Cuando el Ministerio de Defensa encuentra ese gran corpus documental hace dos cosas maravillosas: preservar el corpus y comenzar un proceso de catalogación y digitalización.
¿Por qué las Fuerzas Armadas se manejaban políticamente en secreto?
El tipo de proyecto refundacional que se propusieron las FFAA y los civiles a partir del ’76 requería de un alto grado de secreto en el manejo de la información pública y la toma de decisiones, sobre todo en el plano represivo. Si algo caracterizó el plan represivo de la dictadura fue la clandestinidad, la primacía del secreto, a diferencia de otras políticas represivas previas, incluso las de otros gobiernos militares que habían sido más bien públicas, como la de la Revolución Argentina.
¿El secreto es la clave del poder?
El secreto es el corazón del poder. Me parece que las Fuerzas Armadas haciendo política necesariamente tienen que mantenerse aisladas de la sociedad. La política durante los gobiernos militares debe ser secreta.
¿Por qué debe ser secreta?
Los militares tienen un enemigo fundamental –desde el Proceso de Uriburu, la Revolución de Junio del ’43, hasta la Revolución Libertadora- y es “la política”. Ellos necesitaron mostrarse en las antípodas. Por eso fue tan complicado encarar el diálogo político, ellos no podían mostrarse dialogando con los partidos. Sin embargo, las Actas muestran que ellos mantuvieron encuentros permanentes y reservados, en muchos casos individualmente con dirigentes destacados de la política argentina del momento. Hubo dos grandes grupos de partidos privilegiados en ese momento: por un lado la UCR balbinista, que fue el partido favorito del Proceso, por otro había un conjunto muy desperdigado de partidos provinciales de derecha de los cuales algunos miembros fueron parte de los cuadros del Proceso como senadores, embajadores. Esos dos grupos de políticos fueron seleccionados porque el Proceso hacía cálculos electorales. También se gestó dentro de los municipios una legión, una nueva generación de políticos y no políticos que fueron distribuidos como intendentes en las municipalidades más diversas en todo el país. A muchos de ellos les sirvió para construir carrera política en democracia. Otros, en cambio, desaparecieron junto con la dictadura y no pudieron convertir su capital político en capital electoral.
¿Cuáles son las fracciones dentro de las FFAA?
Cuando analizamos la dictadura me parece que es necesario pensar en dos niveles. En un primer nivel, la relación político-ideológica interna atraviesa a todas las Fuerzas Armadas de una forma bastante desigual. Hay fuerzas muy cohesionadas y otras que están más fragmentadas: por ejemplo la Armada y la Fuerza Aérea están mucho más cohesionadas que el Ejército, tan fragmentado y estallado a pedazos. El segundo plano de análisis es todo el desquiciado esquema de tomas de decisiones, de reglas del poder, que la dictadura se da a sí misma: por un lado, fragmentación elevada, conflictos internos, ajustes de cuentas, por el otro lado el diseño institucional que, a pesar de que es pensado para controlar la fragmentación, provoca el resultado opuesto. A diferencia de otras dictaduras, el Proceso adquirió dos reglas fundamentales: el reparto tripartito del poder del aparato del Estado y el Gobierno, aunque en realidad esto es falso porque el Ejército es el que se queda con el grueso de la torta, no sólo cuantitativamente si no por los cargos que ocuparon –aunque si bien tenían más hombres, al mismo tiempo era la fuerza más fragmentada internamente-. La segunda regla del Proceso fue la primacía de la Junta Militar sobre el Presidente de la Nación, que le dio a este “órgano soberano” gobernado por los tres comandantes en jefe, un poder decisivo sobre el “cuarto hombre” que es el Presidente. Esto trajo una serie de complicaciones mayúsculas a la hora de tomar decisiones políticas.
¿Cuál cree fue el mayor error político de las Fuerzas Armadas en la última dictadura militar?
Las Fuerzas cometieron varios errores. Hubo tres grandes momentos que decidieron la derrota de este Plan Político que querían llevar adelante. El primer error fue que en diciembre de 1978 los miembros de la Secretaría General de Presidencia de la Nación (SGP) renunciaron a sus cargos. Ellos eran una mini elite que estaba estrechamente vinculada con la UCR balbinista y que advertía frecuentemente a la Junta sobre la necesidad de acercamiento urgente con la dirigencia política. Tenían interlocutores como Eduardo Angeloz, Fernando De La Rúa, Ricardo Balbín, que eran líderes políticos muy importantes y estaban dispuestos a sentarse a dialogar por una transición pactada. El principal punto de negociación era la Ley de Amnistía pero hasta en eso fracasan, porque no son capaces de negociar. Los miembros de la SGP se encontraron con que la agenda política que quería imponer el entorno videlista no funcionaba. Videla prefería moderar la interna del Ejército. La Secretaría General con su propuesta “politicista” era un extremo, eran los rebeldes del gobierno. El problema de Videla en ese momento fue que la moderación, la necesidad de conciliar estas fuerzas que van hacia lugares opuestos, lo llevó a quedarse inmóvil. El segundo error político de la dictadura fue la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979. En las Actas se ve claramente que el Proceso abandonó el Plan Político con la visita de la CIDH, no trataron más el tema. Esto hace que su implementación se demore. Dos meses después de que se retiró la CIDH en 1979 hacen una publicación apurada. El Plan Político es nada más ni nada menos que un proyecto que redacta el Gobierno militar, un texto que para el Proceso debería ser equivalente a los documentos fundacionales, como el Estatuto, tiene que ser una especie de regla fundamental. Es más, cuando ellos publicaron sus documentos fundamentales, las Bases Políticas, aparecen junto con los otros, el Reglamento, el Estatuto. Realmente tuvieron una fe muy importante puesta en este Plan. Cuando lo publican, llega tarde, y además repite prácticamente de forma idéntica las mismas vaguedades e imprecisiones que el régimen venía diciendo desde abril del 1977. El tercer gran error político de la dictadura fue la guerra de Malvinas. Son acontecimientos que responden –parece- a otros planos que no son los políticos pero que, sin embargo, tienen un efecto decisivo en el lugar que el Plan Político ocupa en la agenda del régimen. A mediados de 1978 hubo un despertar de la oposición política que concluyó a mediados de 1981 con la formación de la Multipartidaria. El Proceso profundiza todos sus conflictos internos y se produce esta sucesión tan violenta y tan traumática entre Videla, Viola, Galtieri y Bignone. Y lo único que va a quedar del Plan Político, dentro de la agenda de la Junta Militar, es lo que en las Actas aparece como las Premisas. Esta propuesta y proyecto de refundación profunda que había comenzado a articularse en octubre de 1976 con el primer Plan Político pasa a transformarse en la “no revisión” de lo actuado en la “lucha contra la subversión y el terrorismo” y la institucionalización del poder militar en la toma de decisiones. Entre 1976 y 1981, el Proceso abandonó sus objetivos políticos refundacionales para concentrarse en ellos mismos.
¿Qué significa la institucionalización del poder militar?
Esto quiere decir crear un “Cuarto Poder”. Que las Fuerzas Armadas conformaran un nuevo poder en el mismo nivel que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pensado como un Poder “Corregidor”, como un órgano de control superior. Para lograr la institucionalización del poder militar se requería reformar la Constitución. El Proceso estuvo permanentemente -y esto es algo que lo caracteriza y diferencia de otras dictaduras militares- pensándose a sí mismo como un aprendizaje de otras experiencias, no sólo de la Revolución Argentina y la Revolución Libertadora, sino que también dijo aprender de lo que se estaba viviendo a nivel regional con dictaduras contemporáneas, especialmente la chilena y la uruguaya. Esas dos dictaduras hacen ensayos de reforma de la Constitución: la chilena lo logra, la uruguaya fracasa.
¿Qué aplicó el Proceso de las otras dictaduras de la región?
En realidad, no aplicó nada porque la posibilidad de reformar la Constitución es un tema de profundo conflicto dentro de los militares. Los militares argentinos no llegan a plantear un referéndum, pero es cierto que en los Planes Políticos aparecen las recomendaciones acerca de reformar la Constitución Nacional. Públicamente, cuando se miran los diarios de la época, hay muchos funcionarios que también opinan sobre el tema: especialmente (Ramón) Díaz Bessone -Ministro de Planeamiento- y (Albano) Harguindeguy -Ministro del Interior- son los dos voceros de la reforma de la Constitución.
¿Qué otros temas aparecen en los documentos pero no fueron abordados en el libro?
Es muy importante que nos pongamos a trabajar los investigadores sobre lo que sucede con el Estado durante la dictadura, en muchos planos. Necesitamos reconstruir quiénes fueron los funcionarios que ocuparon el Gobierno, el Estado, los Ministerios, las Gobernaciones. Y no sólo porque permite avanzar sobre la posibilidad de pensar en responsabilidades penales. Es necesario comprender por qué la dictadura destruye -a pesar de que militariza extensamente el Estado argentino- las capacidades estatales argentinas: ¿es derivado del reparto tripartito del poder? ¿del ejercicio poco eficiente de los burócratas militares en el Estado? Es muy importante reconstruir, por ejemplo, la historia de las empresas militares durante este período, llamadas “industrias para la defensa”. El Proceso tiene todo el tiempo una cara pública y una cara secreta o clandestina: hay que ver cómo las dos se superpusieron.
¿Qué opina sobre la visita que hizo Obama a la Argentina el pasado 24 de marzo?
Estados Unidos, por su puesto, ha tenido un rol fundamental desde el planeamiento, organización, asesoramiento en los golpes de estado latinoamericanos, pero me parece que el problema no es Obama ahora: el problema lo tenemos nosotros. Los investigadores e historiadores sabemos que hay memorias que se imponen sobre otras. Creo que lo que estamos viviendo ahora es que hay una de las memorias que se ha vuelto hegemónica durante los últimos años, acompañada por procesos sociales y políticos legítimos -y felices a mi parecer- pero corre el riesgo de las otras memorias han permanecido vivas también durante todos estos años y pugnan por recuperar espacio político: ¿Es malo? ¿Es bueno? No lo sé. Debemos comprender que hay memorias en conflicto. Lo importante es entender que si no luchamos por la memoria en que creemos es obvio que van a haber otras listas para ocupar el lugar. No es algo dado, no hay una verdad, son luchas históricas.
Las Fuerzas Armadas se autodeclaraban apolíticas. Haciendo una analogía en el nivel discursivo exclusivamente, ¿qué piensa sobre la intención de desideologización del actual gobierno nacional?
Hay algo muy interesante que tiene que ver con la genealogía del PRO como fuerza política y la municipalización de la política que plantean los militares. Si uno lee las Actas o los Planes Políticos y analiza cuál es el contenido de la política que quieren los militares durante una dictadura es idéntico a la naturaleza de la política que plantea el PRO. Los militares, asesores y civiles argentinos proponían una ciudadanía involucrada y orientada a solucionar problemas concretos: desde las cloacas hasta, por ejemplo, las sociedades de fomento, el trabajo en conjunto, que ahora sería el trabajo en “equipo” y el no involucramiento de los ciudadanos en la política nacional. ¿Qué ha sido el PRO, sino una dirigencia surgida del espacio municipal? Son paralelismos que hay que trabajar y estudiar en profundidad.
Hace 17 años trabaja en este tema, ¿por qué lo eligió?
La elección de los temas de estudio tiene que ver con miles de cuestiones. Hubo una tendencia en mi casa por interesarnos en cuestiones políticas. Yo nací en 1972 y a pesar de que mis primeros recuerdos políticos fueron de la transición, tengo recuerdos de la Guerra de Malvinas, del miedo que se vivía en las casas. También tiene que ver con haber estudiado Sociología: el Proceso, la dictadura, son temas importantes para los sociólogos, para comprender aquello a lo que había que oponerse. Por otro lado, con una intención más militante mía –aunque nunca milité en un partido- de descubrir la debilidad del poder: no resisto los relatos absolutos, intento descubrir los secretos, las grietas.
Para el libro, ¿entrevistó a militares?
No, no entrevisté militares. Creo más en el cruce de fuentes: la tarea del investigador consiste en armar con ellas un entramado, una red de información que permita ver la evolución de los procesos históricos. El testimonio de los protagonistas es otro tipo de información, válida también. Recurrí para el libro a dos entrevistas que fueron muy buenas y están en el archivo de Historia Oral del Instituto Gino Germani, de la Facultad de Sociales de la UBA. Elegí dos entrevistas a figuras clave de este proyecto de Plan Político que realmente me sirvieron mucho para comprender el contexto con el que estaba trabajando: una que se le hizo al que era por entonces el Secretario General de la Presidencia de la Nación, el General (José Rogelio) Villarreal, y otra a Ricardo Yofre, que fue el subsecretario. Lo que obtuve de esas entrevistas, a pesar de que no las hice yo, fue la posibilidad de reconstruir ese entramado.
¿Desde cuándo investiga el tema?
Vengo investigando el tema desde que me gané la primera beca en el CONICET, en 1999. Es importante resaltar que el libro es producto del sistema científico y tecnológico público que tuvo lugar en el CONICET, en la Agencia, en las Universidades Nacionales. Este tipo de libros que no necesariamente tienen una salida comercial son fundamentales para la investigación y la docencia. Y es muy importante destacarlo -sobre todo porque en tiempos como los que corren hay una especie de “reformulación” o intentos de vulnerar todo esto-: sin un sistema científico público, este tipo de libros no se puede escribir.
Actualizado 30/03/2016
