El fuego se hizo costumbre en Iron Mountain

El fuego se hizo costumbre en Iron Mountain

El depósito de Barracas de la empresa internacional dedicada a la custodia de archivos se volvió a incendiar. Fue a pocos días que se elevara a juicio oral la causa que investiga el siniestro de 2014, donde murieron diez bomberos.

Eran las dos de la tarde en el barrio de Barracas y los vecinos comenzaron a alarmarse por el olor a quemado que va tomando intensidad. Quince minutos más tarde el humo ya era evidente, el olor se volvió asfixiante y obligó a cerrar las ventanas. Al igual que en febrero de 2014, el galpón que ardía en llamas pertenece a la empresa Iron Mountain, “una compañía global dedicada a la custodia, protección y gestión de información y activos”, según su propia definición. No es la primera vez —ni la segunda— que la empresa experimenta un incendio. Uno de los abogados de las familias de los diez bomberos fallecidos hace nueve años, Javier Moral, señaló que la empresa “tendría en el mundo al menos seis o siete antecedentes de incendios, que todos comienzan con una ‘contingencia eléctrica’. Esto se llama en la jerga ‘incendio a pedido’”. Este nuevo episodio sucede cinco días después de una denuncia de vandalismo, y a doce de la elevación a juicio de la causa por la anterior deflagración.

El sonido de las sirenas de los bomberos voluntarios retumbaba en las calles. Sobre Melchor Gaspar de Jovellanos, entre Quinquela Martín y Coronel Salvadores el gran galpón de ladrillos, que ocupa casi una manzana entera, se incendia provocando llamaradas de casi 15 metros de altura. El depósito nunca dejó de funcionar porque sigue contando con habilitación de la Agencia Gubernamental de Control (AGC). Las causas del incendio de este lunes aún son desconocidas.

Liliana Baricola, hermana de una de las víctimas del siniestro de 2014, dijo a ANCCOM: “Me enteré de la noticia por medio del productor de la película documental En cumplimiento del deber y pensé que se trataba de algo en relación a eso. Pero cuando leí ‘nuevo incendio’ me dio mucha angustia, me retrotrajo a ese día. Es realmente angustiante, eran las mismas llamas de ese año”. En su opinión, al igual que el incendio anterior, fue intencional. “Esto está hecho a propósito para amedrentarnos a todos, incluso a los jueces porque esta es una cámara que no está dentro de Comodoro Py por lo que es una forma de apriete, de decirles que se tranquilicen y que esto no se va a resolver tan rápido. A mí me da lo mismo porque mi lucha personal no va a parar”, dijo Baricola a esta agencia. 

Como si fuera un déjà vu, los vecinos temieron por la seguridad de los bomberos y los civiles. El 5 de febrero de 2014 por la mañana, en el barrio se vivía la misma situación pero con un trágico final. Las llamas que comenzaron sobre la calle Azara se propagaron por todo el depósito y provocaron el derrumbe de una pared sobre la calle Jovellanos, cobrándose la vida de diez personas. Anahí Garnica, Damían Véliz, Eduardo Conesa, Juan Monticelli, Maximiliano Martínez, José Luis Méndez, Leonardo Day, Pedro Barícola, Sebastián Campos y Facundo Ambrosi. Esos son los nombres de las víctimas y sus rostros quedaron inmortalizados como los “Héroes de Barracas” en unos pequeños carteles ubicados en el lugar de los hechos. 

Casualmente, la semana pasada el tribunal recibió un escrito en el cual se aseguraba la vandalización del inmueble. En consecuencia, el abogado pidió “determinar lo sucedido, sus responsables, así como los daños y faltantes.” 

Por otra parte, hace diez días se había elevado a juicio oral y público la causa del incendio del 2014 en cuyos imputados incluyen a los directivos de Iron Mountain Christian Castiñeiras, Héctor García, Eduardo Sueyras Parra y Guillermo Lockhart y el empleado de seguridad Oscar Godoy; y funcionarios porteños Pedro Chapar, Roberto Chiesa, Gastón Laugle, Rafael Roldán, Jorge Papanicolau, Vanesa Berkowski, Ricardo Grunfeld, Norberto Ventura Sosa, Félix Lugo, Esther Moroni, Silvia Hers, Luis Cogo y Alberto Graciani.

La querella asegura que el incendio de 2014 fue intencional y que el empleado de seguridad apagó en reiteradas ocasiones el sistema de alarma que se activa para alertar de un incendio de forma temprana. También se han señalado las fallas gubernamentales para controlar el funcionamiento del depósito de la empresa norteamericana.

Por otro lado, Baricola mencionó la presentación de un proyecto por parte del bloque del Frente de Todos que busca lograr la expropiación de estos galpones para construir un espacio comunitario y de conmemoración. Incluso existe una escultura realizada y donada por un vecino que espera desde hace años encontrar un sitio para ser expuesta y apreciada. “Se trataría de un plaza conmemorativa y si bien es una iniciativa linda e interesante, es un poco difícil que se apruebe por parte de la Legislatura”, dice la mujer. 

En esta ocasión no hubo que lamentar víctimas aunque cerca de las 18 una pared cayó hacia Quinquela Martín provocando el destrozo de tres autos estacionados allí. El olor a quemado continuó molestando y perjudicando a los vecinos hasta entrada la noche. Las cenizas y los pequeños pedazos de papeles quemados invadieron el barrio y tiñeron calles y veredas de gris. La lluvia, junto al arduo trabajo de los bomberos, ayudó a mejorar y estabilizar la situación aunque las arterias que rodean al galpón continúan cortadas y controladas para mantener la seguridad de los peatones. El incendio, dicen los bomberos, está controlado. Pero extinguirlo, aseguran, demorará al menos dos semanas.

Fallo a favor de los vecinos de La Traza

Fallo a favor de los vecinos de La Traza

Una sentencia judicial ordena al Gobierno porteño un plan de solución habitacional para los habitantes del Sector 4 de la exAutopista 3 abre esperanzas entre los vecinos. La posibilidad de extender sus derechos a la tercera generación es vivido como el más alto jalón en una lucha que lleva más de veinte años.

“Nosotros venimos a buscar la escritura y el desglose de nuestros hijos. Yo me quiero ir de este mundo teniendo el título de mi casa”, dijo decidida Mirta Sánchez, delegada de la Asamblea de Vecinos del Sector 4 de la Ex Au3, ante la noticia de la primera sentencia favorable para que finalmente el Gobierno garantice soluciones habitacionales para las y los vecinos de la traza de la exAutopista 3. 

En febrero de este año la Justicia porteña ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en un plazo no mayor a 180 días, “elaborar y remitir a la Legislatura un proyecto de rezonificación definitiva y un plan de concreción de soluciones habitacionales para los habitantes para el Sector N° 4 de la traza de la Ex Au3″.

Allá por el 1979, eran cientas de casas las que impedían el mega-proyecto de la Autopista 3 que tenía la dictadura. Todas esas casas fueron vaciadas de una manera u otra, y luego resultó inevitable la detención del proyecto por inabarcable económicamente. Esos hogares vacíos se convirtieron en un espacio seguro para personas que, atravesando las diferentes crisis sociales, económicas y políticas, especialmente la del 2001, se encontraron en necesidad de un techo.

El juez Martin Furchi, a comienzos del año 2022, dictó una medida cautelar “muy interesante -según Jonatan Baldiviezo-, porque lo que tendría que haber resuelto como amparo definitivo lo dio como cautelar”. Ahora, la sentencia viene a acompañar lo dicho en la cautelar y según el abogado de la causa a “declarar que el Gobierno ha incumplido las tres leyes que obligan que haya un plan de renovación y soluciones habitacionales en la traza de la Ex Au 3 y ordenar que los derechos que estaban reconocidos en estas se cumplan”. 

Las tres leyes que menciona Baldiviezo son en primer lugar la 324, que en el año 1999 estableció la responsabilidad del Gobierno de presentar un proyecto de rezonificación definitiva y de renovación urbana para los vecinos de la traza. En esta tan apreciada ley se creó la unidad ejecutora para la formación del proyecto y, entre otras cuestiones, se establecieron cuatro alternativas posibles para la rezonificación y un plazo de entrega que no fue cumplido. Luego en el 2009 se sancionó la Ley 3369, que surgió para solucionar la situación habitacional del Sector N° 5 de la traza, donde el interés por parte del Gobierno de la renovación del ahora llamado barrio Donado-Holmberg (DOHO) llevó a un rápido acuerdo donde los vecinos tuvieron diferentes alternativas entre las cuales elegir y al Gobierno se le permitió, bajo el compromiso de llevar un plan para el Sector 4 en menos de 180 días, vender las propiedades que no estaban ocupadas. En medio de esto, se votó la Ley 4089 que finalmente autorizaba al Gobierno a utilizar el dinero sobrante de las ventas para “otras obras de tránsito de la vía pública”, acordando que en 90 días tenían que traer el plan habitacional del Sector 4. El plan nuevamente no apareció. 

Mirta hace más de treinta años encara la lucha colectiva por el acceso de los vecinos y las vecinas de la traza a las escrituras de sus viviendas. Ella recibió a ANCCOM en su domicilio y señaló: “Por suerte después de la cautelar del año pasado, desde la asamblea logramos conciliar un trabajo con la unidad ejecutora encargada de desarrollar un proyecto. Nosotros fuimos con muchas dudas, porque imaginate la confianza que te da el Gobierno, y más este Gobierno. Sobre todo después de tantos años, pero ahora estamos trabajando mucho con la unidad. Este trabajo de ida y vuelta no había pasado antes”. 

“Con esta sentencia judicial las expectativas son enormes. Luego de veinte años de incumplimiento del Gobierno, acá hay un apoyo institucional del Poder Judicial para que el Gobierno cumpla con sus obligaciones legales. Así que hay mucha expectativa de que se logre destrabar la falta de voluntad política y se termine de solucionar el problema de la traza”, dijo Baldiviezo. 

La idea es sacar un proyecto unificado, donde los beneficiarios, pero también sus hijos y sus nietos, puedan acceder a los beneficios de la ley, en esto estuvo la asamblea  trabajando con la unidad ejecutora el último año. “Esto es lo que yo siempre soñé,  desde que salió nuestra querida 324, que marcaba hasta el 2000 el desglose”, contó la delegada. El desglose es la posibilidad de que los hijos, y esperan también de los nietos, puedan acceder a los beneficios que la ley concede. 

El año pasado, luego de la cautelar, hubo que realizar un relevamiento para conocer el número y la situación actual de los y las vecinas de la traza. “Con el relevamiento vimos que somos casi trescientos beneficiarios desde Avenida de Los Incas hasta Pompeya, es decir en el sector 4 de la traza, y por cada beneficiario tenemos que sumarle un promedio de tres hijos y nietos. Yo por ejemplo tengo tres”, explicó Mirta. Son alrededor de mil doscientas personas las afectadas por la situación y en espera de una respuesta por parte del Gobierno. Mirta cree que “si esto sucede va a ser un milagro de todos los siglos. Una vecina me dice la otra vez: ‘la verdad Mirta no se si creer, porque esto es demasiado bueno’. No todos confían en que esto se dé, imaginate que después de más de veinte años de lucha, que ahora nos abran la puerta así genera dudas. Pero si esto es un juego o es verdad lo veremos con el tiempo, yo espero que el sueño se concrete”.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires apeló el fallo de la justicia y sobre esto Baldiviezo comentó que “todavía no existen proyectos aún desarrollados, como finalizados y presentados en la Legislatura. Esta es una sentencia de primera instancia y el Gobierno apeló, con lo cual no se tiene que cumplir inmediatamente. Las sentencias adquieren vigencia una vez que quedan firmes, por lo tanto tenemos que esperar a la segunda instancia a ver que dicen los jueces de Cámara”.

“No se puede ser piadoso ni condescendiente: son ustedes o nosotros, como lo hice con mi hermano y mi cuñada”

“No se puede ser piadoso ni condescendiente: son ustedes o nosotros, como lo hice con mi hermano y mi cuñada”

Adriana Marcus y Alicia Ruszkowski declararon en la causa en la que se investiga la responsabilidad del militar Adolfo Donda Tigel, tío biológico de Victoria Donda, en la sustracción y la apropiación de la hoy Subsecretaria de Análisis y Seguimiento Político Estratégico de la provincia de Buenos Aires.

Otra jornada de debate en la sala SUM de los tribunales federales de Comodoro Py, con dos declaraciones de potencia, que ponen en jaque al represor Adolfo Donda Tigel, en el juicio donde es acusado de facilitar y entregar a su sobrina Victoria. Los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) Nº6 de la Ciudad de Buenos Aires ——integrado por Ricardo Basílico, como presidente, María Gabriela López Iñiguez y Daniel Horacio Obligado— escucharon con atención a la doctora Adriana Marcus y a la licenciada en Antropología Alicia Ruszkowski. El acusado observó las alocuciones desde la Unidad 31 de Ezeiza, ya que fue condenado dos veces a reclusión perpetua también por delitos de lesa humanidad en la ESMA.

En México pisó el “Palito”

La doctora Marcus —hija y nieta de inmigrantes alemanes judíos perseguidos por el nazismo— fue secuestrada el 26 de agosto de 1978 en su casa y llevada a la ESMA donde estuvo hasta el 24 de abril de 1979. Pudo volver a alojarse en el hogar de sus padres y tuvo que realizar tareas de prensa, como ella definió de “trabajo esclavo”, hasta su salida del país en 1980.

Aseveró que la siguieron controlando, llamando, e incluso buscando personalmente en el aeropuerto cuando, unos meses después, volvió al país ya que debía rendir una materia de quinto año de Medicina. Quien la siguió hasta abril de 1982 fue Ricardo Miguel Cavallo, exmilitar y represor argentino, que fue cabeza del Grupo de tareas 3.3.2. y declarado culpable de crímenes de lesa humanidad. Marcus se recluyó en el interior de la provincia de Neuquén junto a su pareja a mediados de ese año donde trabajó como médica rural. 

En mayo de 1979, mientras estaba secuestrada y hacía trabajo de prensa y la llevaron a México junto con otras compañeras recluidas, en un hotel de lujo, Donda Tigel habló de más. En su paso por el D.F, en el parque de la universidad de la Capital, “Palito”, como lo apodan al represor, le contó a Marcus que tenía un hermano y una cuñada “subversivos” como ella. “Me dijo que no los podía salvar”, afirmó. Ante la pregunta de la jueza López Iñiguez, Marcus destacó que supo muchos años después acerca de la historia de Hilda, la madre biológica de la niña Victoria, dentro de la ESMA.

“También me dijo que tenían una hija y que él la criaba porque era el tío. Muchos años después me enteré que había otra niña que había nacido en la ESMA y que había sido entregada a otro personal del campo de concentración”, recalcó. También mencionó que, a diferencia de otros militares torturadores, Donda Tigel era más reservado y que hablaban poco, a excepción de aquella vez durante el viaje, que fue una ocasión sorpresiva para Marcus, ya que no había relación de diálogo fluido con el acusado. En otro pasaje afirmó que al exmarino “se lo veía permanentemente por la ESMA”.

Cuando Caín “exterminó” a Abel 

Alicia Ruszkowski fue detenida por la dictadura militar en la casa de sus padres en Mar del Plata, estuvo secuestrada desde el 18 de diciembre de 1979 hasta el 3 de marzo de 1980 en la ESMA. “Me tiraron en un auto y estuve casi todo el tiempo engrillada y con esposas”, señaló apesadumbrada. Con plena certeza, responsabilizó a Donda Tigel de su secuestro y señaló haberlo visto “muchas veces”, presentándose en muchos interrogatorios durante las torturas que sufrió. Estuvo en todo el proceso de libertad “vigilada” llamando por teléfono a la casa de sus padres, donde se alojaba Alicia, bajo el pseudónimo “Gerónimo”.  

En cuanto a la participación de Donda Tigel en las torturas, secuestros y desapariciones de su hermano José María Laureano Donda, detenido en mayo de 1977, y María Hilda Pérez, secuestrada dos meses antes, en marzo de 1977, la declarante fue categórica con los dichos del marino. Recordó que apareció en unos de los interrogatorios durante enero de 1980 y le dijo, para amedrentarla y presionarla: “No se puede ser piadoso ni condescendiente con el enemigo. No lo fuimos con mi hermano, que fue “Monto”, ni con mi cuñada que ha sido traída, secuestrada y trasladada. Como con vos si no hablas y contás todo lo que sabes. Vamos a ser impiadosos. Son ustedes o nosotros”. 

Ruszkowski planteó que con esa sentencia de Donda Tigel se había cumplido la profecía bíblica: “Era Caín contra Abel”, remarcó atónita, destacando que ese había sido el único conocimiento que tuvo del paso de la mamá de Victoria, porque no habían coincidido allí. 

“Era teniente navío y del Grupo de Tareas deInteligencia, tenía un activísimo rol permanente. La cara de él no me la olvido más. Su nivel de perversión era muy fuerte, No puedo creer que pueda seguir durmiendo. Hablaba de guerra, me la repitió dos veces, pero estábamos todos secuestrados en un sitio como la ESMA. Eso no es una guerra. ¿Dónde están los códigos de guerra?”, reflexionó.

Luego de su testimonio fue el turno del militar imputado, que pidió ampliar su declaración indagatoria para desconocer las acusaciones sobre él, e intentó mostrar, como en otras ocasiones, “predisposición” para saber qué fue del paradero de su hermano y de su cuñada. En todo momento de su intervención, se lo pudo ver con mayor vehemencia que en sus anteriores testimonios, buscando relativizar y poner en discusión lo expuestos durante las alocuciones de las dos mujeres.  

El Tribunal fijó un cuarto intermedio hasta el lunes 13 de marzo a las 10. En esa audiencia está pautada la declaración de Victoria Donda Pérez, en lo que será uno de los momentos de mayor expectativa del juicio.

La estrella 132

La estrella 132

Ya son 132 los nietos que restituyeron su identidad. Las Abuelas de Plaza de Mayo continúan a casi 40 años del retorno a la democracia un camino –inédito en el mundo– por la recuperación de la historia robada por la última dictadura. Juan José tiene 47 años, es hijo de María del Valle Morales y aún espera encontrar a su verdadero padre.

Este miércoles  Abuelas de Plaza de Mayo presentó  en videoconferencia  al nieto restituido 132, que vive en Tucumán, seis días después de la última aparición. Se trata de Juan José, hijo de Mercedes del Valle Morales, desaparecida  en 1976, cuando él tenía nueve meses. Todavía no hay datos sobre su padre biológico.

Al calor del último miércoles del año, la Casa por la Identidad en la ex ESMA estaba colmada de periodistas y militantes por los derechos humanos.. El tránsito y la inmediatez de la noticia, dos horas antes,  no impidió ver una vez más a Estela de Carlotto desbordando felicidad cerca de las 16. Había tanto ruido en el salón como el que generó la aparición de Juan José. El murmullo paró cuando apareció la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo,para reemplazar el último dígito del contador de nietos recuperados y dar pie a nuevos gritos de alegría. 

Después se dirigió al auditorio para leer el comunicado por la nueva restitución, acompañada por Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación y nieto restituido número 75; y por Claudia Carlotto, directora de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI). “Parece imposible esta noticia tan buena y tan seguida de la anterior, pero así es la vida, nos da sorpresas”, dijo Estela antes de empezar a leer.

Juan José estuvo presente durante todo el acto vía Zoom desde Tucumán en una pantalla gigante. Su madre Mercedes del Valle Morales fue secuestrada en Monteros el 20 de mayo de 1976, cuando ella tenía 21 años y él nueve meses. En el mismo operativo detuvieron a sus abuelos Toribia Romero de Morales y José Ramón Morales. Cuatro días después secuestraron a sus tíos José Silvano Morales, Juan Ceferino Morales y Julio César Morales. Al día de hoy, todos se encuentran desaparecidos.

Aunque tenía algunas dudas porque sus hermanos eran mucho mayores que él, Juan José no sabía que no era hijo de quienes lo habían criado, hasta que estos hermanos de crianza, una vez fallecidos sus padres, se lo dijeron y le entregaron su DNI original. Allí figuraba que su madre era Mercedes del Valle Morales, cuya desaparición había sido denunciada. En 2004 empezó la búsqueda por su identidad, acompañado por el nodo Tucumán de la Red por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo y la CoNaDI. En 2008 pudo saber que ella era, efectivamente, su madre. Mercedes trabajaba como empleada en la finca que pertenecía a la familia que se apropió de Juan José.

Sin embargo, para indagar en la otra mitad de su identidad fue necesario exhumar los restos de quien decía ser su padre. Gracias a los estudios realizados por el Banco Nacional de Datos Genéticos, en la mañana de este miércoles 28 de diciembre, el Juzgado Federal Nro. 1 de Tucumán informó al joven que no es hijo de quien lo crió. “Hoy lo abrazamos como nuestro nieto 132 y como un rompecabezas que nunca se termina de completar. Se inicia un nuevo camino para poder dar con su verdadero padre”, agregó la presidenta de Abuelas.

Al final de la conferencia intentaron hablar directamente con Juan José, pero, como se podía esperar en una videollamada de una abuela con un nieto entre la emoción y algunas dificultades técnicas, la comunicación no prosperó. De todas formas, sí pudo ser ovacionado por el auditorio y celebrado con el canto de “Abuelas lalalalalá”, hoy resignificado. 

“Se festeja como el campeonato mundial, porque sabemos la revolución que viven las familias que están buscando hace tanto tiempo”, dijo el nieto recuperado número 81 Leonardo Fossati Ortega en diálogo con ANCCOM. “Lamentablemente, en el caso de estos últimos dos nietos restituidos no se van a poder encontrar con sus padres, pero sí con sus historias, con compañeros de sus padres, con otros miembros de la familia que los vienen buscando hace tanto tiempo. Y de alguna manera ese es el trabajo de la memoria. Para nosotros es una gran alegría, porque los nietos y las nietas se encuentran, y empiezan a ver la vida a través de la verdad y sus dudas empiezan a tener respuestas”, agregó.

“Es necesario que la sociedad entera se involucre y se sienta interpelada, entendiendo que estos nietos y nietas que nos faltan a nosotros, en realidad, le faltan a todo un país”, finalizó Fossati. En la misma línea, Horacio Pietragalla Corti también habló con ANCCOM y dijo que “cada vez es más difícil poder comunicar, pero cada cobertura de estos encuentros es en sí misma una forma de informar y difundir la noticia. Trabajamos para tratar de fortalecer el saber de las nuevas generaciones, y obvio que hay campañas que se apuntan también a los hijos de los nietos. Hoy, muchos de nosotros tenemos hijos y en Abuelas entienden que en algún momento van a acercarse ellos para saber si los abuelos eran sus abuelos o eran apropiadores”..

Consultado sobre la aplicación de políticas para la memoria, la verdad y la justicia, en su rol de secretario de Derechos Humanos, Pietragalla comentó: “Es un trabajo que se debería poder llevar adelante con las distintas fuerzas políticas. Lo que pasa es que hay fuerzas políticas que quieren reivindicar teorías muy viejas como la de los Dos Demonios. Hay un sector al que le cuesta acercarse a estas políticas. Y cuando uno ve la historia de nuestro país, y quiénes son sus padres, que eran parte de grupos económicos que se favorecieron con esa dictadura, ahí también entendemos por qué son reticentes a llevar adelante políticas de derechos humanos”.

Sobre el final del comunicado, las Abuelas pidieron que quienes tengan algún dato sobre Mercedes del Valle Morales y quien fuera su compañero lo acerquen a la Asociación, la CoNaDI o el nodo de la Red de Derecho a la Identidad de Tucumán. “A pesar del dolor que trae cada una de estas historias, junto a la constatación de la trabajosa tarea que sigue siendo reconstruir lo que la dictadura quiso borrar, seguimos celebrando la vida con la alegría que nos da la conquista de la verdad. Por un 2023 con más encuentros, con más verdades y más identidades”, cerró Estela de Carlotto.

Una obra social en terapia intensiva

Una obra social en terapia intensiva

Prestaciones suspendidas, copagos encubiertos, un solo sanatorio para miles de familias, turnos a tres o cuatro meses, desmanejos financieros: la dramática realidad que viven los 280 mil afiliados de ObsBA, todos ellos empleados de la Ciudad.

La obra social de los empleados públicos de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra al borde de la quiebra. Las víctimas son sus 280 mil afiliados, cifra que incluye trabajadores activos y pasivos, la mayor parte, casi 120 mil, docentes y auxiliares.

Fundada hace 22 años, por la Ley N 472 de la Legislatura de CABA —como continuación del Instituto Municipal de Obra Social (IMOS)—, está establecido que sus principales acciones y decisiones pasan por un directorio cuyos miembros son designados por el Jefe de Gobierno porteño.

El directorio se compone de cinco representantes propuestos por el Ejecutivo de la Ciudad (vicepresidente y cuatro directores); cinco por el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la ciudad (SUTECBA), presidente y cuatro directores; y dos representantes profesionales (un docente y un médico municipal). ObsBA tiene un sanatorio central propio, el Julio Méndez, ubicado en el barrio de Caballito.

Agrupaciones como la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), la Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior (ADEMyS), el Colectivo de Trabajadores y Afiliadxs en Defensa de ObsBA, y la Asociación de Profesionales del Sanatorio Julio Mendez (ASIPRO), denuncian desde hace años el vaciamiento de la obra social y el ajuste en sus prestaciones.

La integrante del Colectivo de Trabajadores y Afiliados, Ana Belinco, señala que el 90 por ciento de las prestaciones fueron suspendidas. “Hay compañeros que necesitan tratamientos oncológicos, de diálisis, algunos de ellos con discapacidad”, se queja. Además, afirma que los prestadores “cobran copagos a los afiliados, quienes ya aportan el 6 por ciento de su salario a ObsBA, a diferencia de la mayoría que retienen el 3 por ciento”.

ObsBA cubre a jubilados, de manera que los trabajadores activos sostienen a los pasivos. “Cuando un trabajador se jubila puede optar por la cobertura de PAMI u ObsBA, pero si elige PAMI, igual debe aportar a ObsBA”, explica Belinco.

El Colectivo de Trabajadores y Afiliadxs se movilizó el 6 y el 11 de octubre frente al Méndez para exigir un aumento salarial para sus empleados, la restitución de las prestaciones, y la apertura de los libros contables para que los afiliados puedan controlar la situación económica y financiera de la obra social.

El secretario adjunto de ADEMyS, Jorge Adaro, apunta al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta como principal responsable de la crisis financiera en la obra social, pero también a SUTECBA: “Desde el sindicato han llevado adelante la administración con un alto grado de connivencia con el Ejecutivo”, sostiene.

Según Adaro, la comisión revisora de cuentas jamás informó a los afiliados sobre la situación deficitaria: “Supongamos que efectivamente detecta problemas financieros, entonces no debería prestar su conformidad al aprobar los balances”, plantea. Por eso, desde las organizaciones en lucha, reclaman la creación de un dispositivo que permita la fiscalización de los afiliados.

El pasado 31 de octubre, Juan Carlos Cela renunció al cargo de presidente del directorio de ObsBA. En julio de este año Cela firmó la Disposición N° 269 en donde advertía sobre la “difícil situación económico-financiera”, dispuso el cierre de las residencias turísticas de la obra social, y suspendió todo movimiento de fondos y erogaciones con destino a tales residencias, excepto aquellos gastos que impliquen sostener un “mantenimiento mínimo e indispensable”.

Tras su renuncia, fue reemplazado por el legislador del Frente de Todos Alejandro Amor, cercano al secretario de SUTECBA, Amadeo Genta. Previo a esto, el 13 de octubre, SUTECBA emitió un comunicado en el que anunció la restitución de 13 instituciones y de los centros turísticos, a excepción de la residencia de Mina Clavero, que permanece cerrada “por refacciones para mejorar el servicio”.

Sin embargo, Belinco destaca que muchas de las instituciones que se mencionan en el comunicado, en realidad cobran copagos y/o siguen suspendidas. “El Sanatorio Méndez es el único centro de salud con el que pueden contar los afiliados, por lo que se satura, y ofrece turnos a tres o cuatro meses”, agrega. Consultados al respecto por ANCCOM, desde SUTECBA no brindaron ninguna respuesta.