Escribir la historia con imágenes | Estuve ahí

Escribir la historia con imágenes | Estuve ahí

El fotógrafo Eduardo Longoni registró para que recorra el mundo la imagen de los comandantes de las juntas militares sentándose en el banquillo en el juicio que fundó la democracia. También fue quien aportó las pruebas gráficas judiciales que demostraron que hubo personas desaparecidas tras el asalto al cuartel de La Tablada, en 1989. ¿Cómo se sacan fotos llorando?

40 AÑOS – COMUNICACIÓN Y DEMOCRACIA (1983 – 2023)

ANCCOM –junto a la Carrera de Ciencias de la Comunicación y a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA- lanza Estuve ahí, un ciclo de entrevistas audiovisuales a los protagonistas de estos 40 años de democracia que celebra la Argentina.

 

La serie recorre los temas más trascendentes que tejieron la trama social desde 1983: los derechos humanos, la vida política, el mundo del trabajo, la economía, la deuda externa, la vivienda, los pueblos originarios, el campesinado, las luchas de género y diversidades, el ambientalismo, la cultura y el mundo de la comunicación, entre muchos otros.

Cada conversación constituye un verdadero diálogo intergeneracional entre los jóvenes periodistas de la agencia y aquellos que escribieron la historia.

Estrenamos todos los lunes! La primera, que estará disponible el próximo 28 de agosto, será a Estela Barnes de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Entre los entrevistados se pueden mencionar a Adolfo Pérez Esquivel, Estela Carlotto, León Arslanián, Héctor Recalde, Federico Pinedo, Gustavo Grobocopatel, Mercedes Marcó del Pont, Daniel Arroyo, Dora Barrancos, Myriam Bregman, Juliana Di Tullio, Ana Castellani, Noemí Brenta, Luis Felipe Noé, Daniel Divinsky, Eduardo Longoni, Moira Millán, el padre Pepe Di Paola, Flavio Rapisardi, Emilce Moler, Manuel Goncalvez, Gervasio Muñoz, Enrique Viale y Damián Loreti, por mencionar solo algunos.

Créditos

ANCCOM
Equipo Audiovisual: Eduardo Morales – Jairo García – Noelia Pirsic
Producción Periodística: Diego Rosemberg, Sebastián Comellini, Clarisa Veiga, Ángel Berlanga, Cecilia Chervabaz, Esteban Magnani, Guillermo Wulff, Alejandro Cánepa, Horacio Cecchi, Adriana Meyer, Federico Corbiere.
Producción Fotográfica: Victoria Gesualdi y Leandro Teysseire.
Redes y Contenidos Digitales: Julio Alonso y Estefanía Hernández.
CEPIA
Florencia Mendes, Javier Ildarraz, Gustavo Intrieri, Nadia Rebrij, Florencia Canosa, Juan Lescano, Jorge Pinola.
Autoridades CCOM
Larisa Kevjal – Directora
Dolores Guichandut – Secretaria Académica | Sebastián Ackerman – Coordinador Técnico | Yamila Campo – Coordinadora Centro de Prácticas
Equipo de trabajo
Lucía Thierbach, Grisel Schang, Paula Morel, Emilia Silva y Sebastián Comellini
En la primera marcha contra el ajustazo hubo un desfile policial

En la primera marcha contra el ajustazo hubo un desfile policial

Cuando se cumplieron 22 años del estallido social de 2001, se realizó la primera marcha opositora al gobierno de Javier Milei. Hubo una sobreactuación de la Policía y la Gendarmería: centenares de uniformados custodiaron la movilización de la izquierda a Plaza de Mayo. Se cortó la calle pero no hubo disturbios y no se efectivizó el protocolo Bullrich.

Son las tres de la tarde en el microcentro porteño. Los rayos del sol se reflejan sobre los cascos de los más de 200 efectivos de la Policía de la Ciudad que, apostados sobre la esquina oriental de Diagonal Norte y Esmeralda, observan cómo un centenar de militantes del MST cantan contra el presidente Javier Milei. Es 20 de diciembre y se cumplen 22 años del estallido social ocasionado por la peor crisis de la historia argentina.

Desde aquella jornada que culminó con la renuncia de Fernando De la Rúa, anualmente movimientos de izquierda y organismos de derechos humanos han marchado a la Plaza de Mayo para recordar a los más de 39 asesinados por las fuerzas represivas del Estado.  

La convocatoria de este año se dio en la antesala de la presentación de un DNU que apunta  a desregular la economía, desarrollar una reforma laboral anti obrera y privilegiar los intereses del poder económico. 

Es por eso que ahora los manifestantes cantan contra los negociados y las políticas que oprimen a las clases populares. Tal vez no lo sepan, pero están formados junto a la escultura de Lisandro de la Torre, aquel diputado al que intentaron asesinar por denunciar que la oligarquía argentina había hecho un pacto con el Reino Unido para enriquecerse a costa de la soberanía nacional. De alguna manera, pasado y presente se unen esta tarde para recordar que el patriotismo es una amenaza para los negociados de los grupos concentrados de la economía. 

Cerca de 100 efectivos de la Policía Federal arman un corral que impide que los participantes de la manifestación se muevan del único carril que ocupan. 

  • Yo soy del área audiovisual. Sabemos que se va a intervenir el INCAA — expresa una mujer de unos 50 años mientras sostiene una bandera en la que se lee “Evitemos el apagón cultural” —. Nos acusan de corruptos, de hacer películas que no ve nadie. Por eso marchamos, para que la cultura no se transforme en una mercancía. 

Mientras habla, observa cómo el personal de Infantería que estaba sobre su flanco derecho ahora toma los escudos, pasa por delante de ella y reemplaza a la pared humana que impedía el avance hacia la calle.

  • Este despliegue le cuesta al país todo lo que de alguna manera se le está sacando en materia de subsidios. Este hombre dice que no tiene plata, pero sí la tiene para esto — advierte el trotskista Jorge Altamira, sin miedo de que lo escuchen los policías parados a menos de un metro de distancia —. Es un papelón, es una escena que cuando salga en la televisión internacional, van a decir que Argentina entró en la vergüenza. 

Desde las otras veredas, los vecinos del barrio observan a las personas marchar como si fuera un fenómeno incomprensible. Es una mirada similar a la que tenían los porteños en 1945 cuando desde sus balcones veían a decenas de obreros conurbanos caminar las mismas calles y mojar los pies en las fuentes que aún permanecen frente a Casa Rosada. Observan desde lejos, como quien queda absorto por una bestia a la que desea conocer, pero bajo ciertas medidas precautorias.

Para los extranjeros también es un espectáculo. Pasan en los colectivos turísticos y sacan fotos de los carteles del Partido Obrero. Los que van a pie sacan su celular, graban, se ríen en idiomas indescifrables y vuelven a grabar. 

A las cuatro y cuarto, Infantería permite que se ocupe la avenida. De a poco, la masa avanza hacia Plaza de Mayo mientras canta “Unidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode”.  

La manifestación se mueve bajo la mirada de la ex ministra de Seguridad, Sabina Frederic, quien permanece parada en el cordón de la vereda con los brazos cruzados

  • Hoy hubo episodios que fueron irregulares, probablemente ilegales, tendrá que decidirlo la Justicia — denuncia — Está claro que el protocolo es inaplicable, que la Ciudad de Buenos Aires no lo hizo suyo, porque hoy emitió un comunicado recordando los puntos de concentración y estabilizando a los desorganizadores. 

Al llegar a la Catedral, los manifestantes optan por no pasar la Pirámide de Mayo y pararse sobre Bolívar, frente al Cabildo. La Policía Federal arma una nueva hilera, esta vez desde la entrada al subterráneo, en la esquina de Hipólito Irigoyen, hasta la mitad de la Plaza. 

De repente, el ruido de los bombos y redoblantes es interrumpido por el de las sirenas. Diez segundos más tarde aparece una unidad de Gendarmería que es escoltada por otra, junto a un camión hidrante. Luego de abrirse paso entre la gente que ocupaba la calle, estacionan a metros de la sede central de la AFIP. Bajan con cascos, escudos, rodilleras y coderas. Son como una especie de robocops verdes que cobran en pesos y que ahora se paran detrás de la fuerza porteña para armar un doble cordón. 

Otro camión aparece, pero no lleva armas, sino parlantes y micrófonos. Al llegar a Rivadavia y Bolívar las puertas laterales del acoplado se abren y se suben algunos oradores. Gritan contra el ajuste, la represión y el ataque al sistema democrático; recuerdan que algunos de los responsables de la barbarie del 2001, como Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich, el 10 de diciembre volvieron a ser gobierno. Luego llaman a mantener la lucha y a trabajar para evitar que la especulación financiera termine de aplastar a una clase popular ya herida de muerte. 

Mientras todo esto sucedía, Javier Milei se hizo filmar en el Departamento Central de Policía monitoreando a través de  una pantalla gigante todo el operativo, como si estuviera al frente de un ejército en guerra, ladeado por su ministra de Seguridad Patricia Bullrich y su ministra de Capital Humano Sandra Petovello. En su línea se veía a sus tiktokers Iñaki Gutiérrez y Emilia Rolón filmando la escena con sus celulares.

Cuando llegan las seis de la tarde, las columnas se alejan por Avenida de Mayo hacia 9 de Julio. Es el mismo camino que 22 años atrás realizaron miles de argentinos para pedir ante el Congreso y la Casa Rosada que se vayan todos los políticos, mientras las balas de goma llenaban el asfalto de sangre. 

Hoy el pedido es otro: que por primera vez paguen los platos rotos quienes empobrecieron el país y no los que día a día se enfrentan a la posibilidad de ir a dormir sin comer. 

A las nueve de la noche ya no hay militantes en el microcentro. Con la tranquilidad de tener la Plaza despejada, el presidente Javier Milei inicia una cadena nacional desde Casa Rosada, escoltado por su gabinete. 

Está sentado detrás de una mesa, en la cual solo hay un vaso, un estuche para lentes y las tres hojas en las que se resume la transformación del Estado. Se derogan 300 leyes, pero elige poner el foco en 30, entre las cuales se destaca la Ley de Alquileres. 

La respuesta no tardó en llegar. Al igual que aquella noche de diciembre del 2001, pocos minutos después del anuncio,  el ruido de cacerolas volvió a sonar en la Ciudad de Buenos Aires no solo como protesta, sino también como recuerdo de que los métodos de lucha utilizados durante el estallido siguen presentes en la memoria popular. 

“Anunciar medidas contra el pueblo en esta fecha es una cínica provocación”

“Anunciar medidas contra el pueblo en esta fecha es una cínica provocación”

María Arena, viuda de Gastón Riva, una de las víctimas de diciembre de 2001, y Martín Galli, sobreviviente de la Masacre en Plaza de Mayo, contaron cómo viven este aniversario en un contexto político particular y con medidas que buscan restringir toda protesta y manifestación de descontento en medio de un brutal ajuste.

Diciembre es un mes marcado por los festejos, los reencuentros con amistades y la familia para despedir el año y desearse lo mejor mutuamente. En nuestro país, diciembre siempre estará teñido de tristeza por la sangre que dejaron hace 22 años las balas policiales en todo el país, para ahogar aquellas movilizaciones signadas por la consigna “piquete y cacerola, la lucha es una sola”

Los ánimos ya estaban caldeados, la recesión económica estaba presente desde hacía décadas, la Convertibilidad llegaba a su fin y el “corralito” que limitaba la extracción a 250 pesos/dólares en los bancos, ambas medidas implementadas por Domingo Cavallo, hicieron estallar al pueblo. Con el ruido de los cacerolazos en los balcones cada noche y con saqueos a supermercados y a todo tipo de comercios, comenzó a gestarse el famoso: “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”. 

Las protestas no se hicieron esperar, el 19 y 20 de diciembre una multitud se concentró en la Plaza de Mayo. Se convocaron todos, sin importar las diferencias, porque diciembre del 2001 lo sufrió todo el pueblo argentino. 

Gastón Riva fue una de las víctimas fatales. Falleció de un tiro en la esquina de Avenida de Mayo y Tacuarí, luego de haber hecho un reparto de mensajería con su moto y haber decidido manifestarse. Su mujer no estaba segura de si se encontraba allí o no, pero lo suponía ya que el día anterior le había hablado de su intención de salir a la calle. Cuando vio una persona muerta con ropa parecida a la Gastón, se desesperó. Horas más tarde confirmó que era su marido. “Hoy en día decido no ir a las marchas, pero sí a los homenajes que hacemos cada año. No abandonamos nunca el recuerdo, la memoria”, dice María y cuenta que el cambio de vida fue rotundo desde lo sucedido: “Principalmente en lo personal, en lo que implica mis ideas, siempre tuve una mentalidad anti policía y antirrepresiva. Simplemente lo que hizo fue recrudecer ese pensamiento”. Al pensar en su marido, María recalca: “Si Gastón estuviera acá pensaría lo que pensó en ese momento y saldría a reclamar por una Argentina mejor. Estaría peleando por los derechos de los argentinos y argentinas”. 

Párrafo aparte merecen los motoqueros que aquel 20 de diciembre se convirtieron en la “caballería” de los manifestantes, en la batalla que se daba con piedras contra balas en el centro porteño. Años más tarde, la creación del primer sindicato (Simeca) tendría mucho que ver con aquel legado de Riva y sus compañeros.

Vivir para contarlo

Martín Galli es uno de los sobrevivientes de la crisis del 2001. Ese día estaba descansando y recuperando el aliento junto con unos compañeros luego de haber escapado de la Policía Montada que los corrió hasta el Obelisco, cuando dos autos y una camioneta que venían del lado de Constitución frenaron y bajaron policías con armas largas. Con poco tiempo para reaccionar, recibió una bala en la nuca, su amigo Alberto Máquez cayó muerto, mientras que otro, el Toba, lo salvó al contener su herida y hacerle RCP. 

En aquel entonces realizaba un terciario en el Joaquín V. González y trabajaba con una moto. “El corralito a mí no me afectó, no tenía plata. Vi el día anterior que la policía estaba reprimiendo a las Madres de Plaza de Mayo en la plaza y dije ‘yo tengo que estar ahí’. No era tanto conciencia política, sino social”, recuerda. 

Martín necesitó tiempo para recuperarse tanto física como anímicamente por lo vivido, hoy es bibliotecario en La Boca y padre de familia. Decidió asistir como todos los años al recorrido de los heridos y familiares de asesinados, “pero lo hicimos con temor, con precaución por el contexto de este año que no lo vivimos ni cuando estaba Macri”, señala Galli. 

20 de diciembre de 2001. 

Respecto al contexto actual, María opina que “se está perdiendo el foco, no se está haciendo lo suficiente para difundir, para que sepamos la historia. En general en los colegios no se habla, hay excepciones, pero los más jóvenes no saben la historia. Se pasa por arriba y esas son cosas que luego habilitan a que suceda lo que está sucediendo: que haya nuevamente un gobierno, en este caso, de ultraderecha que piensa anunciar una catarata de medidas que afectan al pueblo. Y me parece una provocación muy grande que lo haga hoy, en esta fecha”. 

Así también lo piensa Martín, quien opina que no le parece ninguna casualidad elegir este día para anunciar las medidas, “hay un poco de cinismo”. Hace unos años pensaba que “la rabia social sigue estando, pero se canaliza en la ultraderecha”. Casi como que la vió venir. A raíz de esto, comenta: “Veo un futuro complicado. Me cuesta creer que la gente haya elegido a los mismos que nos metieron en esto hace veinte años y un poco también en el 2015. Hay una falta de conciencia social, de clase, de entendimiento de cómo es realmente la historia política, de que somos un país periférico y estamos muy condicionados”.

La carrera de la ministra

La carrera de la ministra

Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano, amenazó con quitarle la ayuda social a aquellos que protesten en las calles. Estudió Ciencias de la Familia. ¿De qué se trata esa carrera?

El pasado 10 de diciembre, Sandra Pettovello asumió como ministra de Capital Humano, área que absorbe los exministerios de Educación, Cultura, Trabajo y Desarrollo Social, ahora reducidos a secretarías por el Decreto 8/2023. En su primera aparición pública, en una pieza televisiva grabada y ladeada por una bandera argentina, amenazó a los que realicen protestas callejeras advirtiendo que no cobrarán planes socials aquellos que corten calles. Desde su nombramiento, la formación académica de Petovello llamó la atención por acreditar como estudio más reciente una carrera virtual de dos años en la Universidad Austral: la Licenciatura en Ciencias para la Familia.

Según reza el portal de la institución, la propuesta de la carrera es “formar profesionales especializados en el estudio de la realidad familiar, desde un abordaje interdisciplinar”. Para ingresar, es necesario contar con un título previo de grado, profesorado o pregrado de un mínimo 1.600 horas de cursada, tener conocimientos básicos en sistemas y superar una entrevista de admisión. La propia plataforma anticipa que, en promedio, la cursada requiere de tres horas de estudio por día, quince por semana.

“El plan de carrera tiene como objetivo transversal la profundización en el estudio de la familia como sistema, desde una perspectiva holística y socioecológica”, continúa la presentación oficial. En su abordaje interdisciplinar, la carrera incluye materias como Doctrina Social de la Iglesia, Bioética de la familia, Psicología de la Personalidad, Derechos Humanos y Familia, Antropología, Pedagogía Familiar, Macroeconomía y Familia y, como toda licenciatura, Metodología de la Investigación. Si bien la licenciatura es de corte teórico, su objetivo principal es la formación de profesionales capaces de formular políticas públicas.

Dios y familia

En diálogo con ANCCOM, José María Randle, director de la carrera, profundizó sobre la perspectiva religiosa de algunas asignaturas: “Doctrina Social de la Iglesia apunta a los aspectos sociales que existen en los documentos eclesiales históricos, que tienen de 1.800 a 2.000 años y que promueven cambios sociales, como por ejemplo la reducción de la pobreza y el trabajo digno”. Esto concuerda con la identidad cristiana de la institución, que dice buscar “la armonía entre la fe y la razón, respondiendo a los problemas concretos del mundo de hoy”.

De todas formas, la “familia” como campo de estudio no queda limitada a un dogma religioso. Randle explica: “Nosotros apuntamos a la realidad familiar, es decir, intentamos pensar políticas públicas que ayuden a todas las personas, porque la composición de la familia es tan variada como las personas que existen en el universo. Muchas veces depende del grado socioeconómico o sociocultural, existe vulnerabilidad en un montón de aspectos: el tejido familiar es distinto si una madre que dispone de recursos económicos muy bajos trabaja 18 horas por día para poder mantener a su hijo y ese hijo queda a cargo de la abuela. Nosotros tratamos de apuntar a toda la realidad”. Si bien sus composiciones son diversas, la familia es entendida por la institución como el principal ámbito educativo y de desarrollo emocional de la niñez.

El Instituto de Ciencias para la Familia (ICF), unidad académica equivalente a una Facultad, que también organiza la Licenciatura de Orientación Familiar, va a cumplir 30 años en 2024. En sus inicios estuvo vinculado a la Universidad de Navarra, en España, y en la actualidad integra la Red de Institutos Universitarios Latinoamericanos de Familia (REDIFAM), asociación de la que también son parte instituciones familiares de Chile, Perú, Ecuador, Colombia, México y Honduras. El ICF, además, trabaja con ONGs de distintas provincias en el asesoramiento y/o formulación de políticas públicas, asesora organismos internacionales y ofrece dos maestrías de reciente creación, una en Violencias y otra en Intervención en Poblaciones Vulnerables.

Como la carrera solo inscribe a profesionales ya formados en otras áreas, la mixtura es algo esperable: “Cerca del 50% son educadores o psicopedagogos. Luego hay un porcentaje intermedio conformado por aquellos de las ciencias de la Psicología o la Sociología, y por último un porcentaje menor de abogados o economistas. Después hay algunos profesionales que llaman la atención, como una odontóloga y una bioquímica”, cuenta Randle. De hecho, la ministra Pettovello es también Licenciada en Periodismo por la Universidad de Belgrano.

ANCCOM también habló con María Victoria Di Francisco, licenciada en Ciencias para la Familia y Psicopedagoga, sobre su decisión de cursar la carrera: “La elegí porque es una carrera sumamente nueva y actualizada a la realidad social que estamos viviendo. Es un complemento ideal para mi rol de psicopedagoga, ya que me brinda herramientas para trabajar de forma integral con las distintas familias”. También ahondó en sus expectativas profesionales: “Yo vivo en Arrecifes, un pueblo donde esta carrera aún sigue siendo desconocida, pero de a poco voy trabajando para que empiece a valorarse más y para poder en un futuro crear un COF (Centro de Orientación Familiar)”. Actualmente, Di Francisco dirige el Consultorio EducARTE, un espacio orientado al vínculo educativo entre padres e hijos, con recomendaciones y asesoramiento para familias en procesos de crianza.

Billetera mata plan

En el marco de un plan de fuerte ajuste por parte del gobierno nacional, que hoy implica  devaluación del peso argentino, recorte en subsidios a la energía y el transporte y reducción del aparato estatal, el presidente Javier Milei declaró antes de asumir que la única “billetera abierta” será la de Sandra Pettovello, en su gestión del superministerio de Capital Humano.

Respecto a las aptitudes que las Ciencias para la Familia pueden aportar a la posición política que actualmente ocupa la ministra, José María Randle expresó: “Todos los que han pasado por nuestras aulas están capacitados para plantear políticas públicas. No sé si Sandra podrá hacerlo o no, yo solamente la conozco como alumna. Lo que puedo decir es que la carrera prepara a los alumnos para que puedan implementar políticas públicas. De ahí a que sean buenas o malas, que lo hagan bien o lo hagan mal, eso ya depende de cada uno”.

La peor herencia de la dictadura | Estuve ahí

La peor herencia de la dictadura | Estuve ahí

María del Carmen Verdú, presidenta de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), describe la construcción de la lucha contra el gatillo fácil y las muertes bajo custodia del Estado. Recuerda los primeros tiempos en que los organismos de Derechos humanos les daban la espalda y cuenta cómo finalmente comprendieron que era la continuidad de la represión militar. Walter Bulacio, Miguel Bru, el soldado Carrasco, José Luis Cabezas, Petete Almirón, Mariano Ferreyra, Jorge Julio López, Santiago Maldonado y Facundo Astudillo Castro entre una infinidad de casos que dan cuenta de una de las deudas más horrorosas de la democracia.

40 AÑOS – COMUNICACIÓN Y DEMOCRACIA (1983 – 2023)

ANCCOM –junto a la Carrera de Ciencias de la Comunicación y a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA- lanza Estuve ahí, un ciclo de entrevistas audiovisuales a los protagonistas de estos 40 años de democracia que celebra la Argentina.

 

La serie recorre los temas más trascendentes que tejieron la trama social desde 1983: los derechos humanos, la vida política, el mundo del trabajo, la economía, la deuda externa, la vivienda, los pueblos originarios, el campesinado, las luchas de género y diversidades, el ambientalismo, la cultura y el mundo de la comunicación, entre muchos otros.

Cada conversación constituye un verdadero diálogo intergeneracional entre los jóvenes periodistas de la agencia y aquellos que escribieron la historia.

Estrenamos todos los lunes! La primera, que estará disponible el próximo 28 de agosto, será a Estela Barnes de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Entre los entrevistados se pueden mencionar a Adolfo Pérez Esquivel, Estela Carlotto, León Arslanián, Héctor Recalde, Federico Pinedo, Gustavo Grobocopatel, Mercedes Marcó del Pont, Daniel Arroyo, Dora Barrancos, Myriam Bregman, Juliana Di Tullio, Ana Castellani, Noemí Brenta, Luis Felipe Noé, Daniel Divinsky, Eduardo Longoni, Moira Millán, el padre Pepe Di Paola, Flavio Rapisardi, Emilce Moler, Manuel Goncalvez, Gervasio Muñoz, Enrique Viale y Damián Loreti, por mencionar solo algunos.

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Producción Periodística: Diego Rosemberg, Sebastián Comellini, Clarisa Veiga, Ángel Berlanga, Cecilia Chervabaz, Esteban Magnani, Guillermo Wulff, Alejandro Cánepa, Horacio Cecchi, Adriana Meyer, Federico Corbiere.
Producción Fotográfica: Victoria Gesualdi y Leandro Teysseire.
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 «Es un protocolo claramente inconstitucional»

 «Es un protocolo claramente inconstitucional»

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció una normativa antipiquete que avanza sobre los derechos a la libertad de expresión, a la protesta y a peticionar a las autoridades. Además, habilita mecanismos de inteligencia interna prohibidos por la legislación. El objetivo: generar temor para inhibir protestas ante un ajuste inédito.

El martes, Luis Caputo, ministro de Economía, presentó una feroz devaluación y medidas de ajuste. Para controlar los efectos de ese paquete económico, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, realizó este jueves el segundo anuncio del nuevo gobierno: el protocolo antipiquetes. “Las cuatro fuerzas federales, más el Servicio Penitenciario Federal que se ha unido a este Ministerio, van a intervenir frente a cortes, piquetes y bloqueos, sean totales o parciales. La ley no se cumple a medias: se cumple o no se cumple. Nosotros la vamos a cumplir”.

“La resolución 943/23, dictada por el Ministerio de Seguridad de la Nación y conocida como ‘protocolo antipiquetes’, tiene un problema estructural muy serio: su ilegalidad e inconstitucionalidad”, dijo Roberto Cipriano García, secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, en diálogo con ANCCOM. Recordó que los derechos puestos en juego son parte de la ley porque están incorporados a la Constitución por la adhesión a tratados internacionales. “Sólo podrían ser regulados mediante una ley del Congreso nacional, que sería el único instrumento jurídico que podría regularlos, no un acta administrativa del Ministerio de Seguridad. Es un instrumento ilegal que debe ser tomado inmediatamente por la Justicia para impedir su aplicación”.

En la presentación, Bullrich justificó el protocolo represivo con las molestias y tardanzas que generan los cortes de calle: “Vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz y llegar a sus trabajos, escuelas o adonde tenga que ir”. Frente a esto, Andrés Gil Dominguez, abogado constitucionalista, clarificó: “Ante una posible colisión determinada por el modo de la protesta entre el derecho de tránsito y el derecho de reunión corresponde tener en cuenta que el derecho a la libertad de expresión es uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática”. Asimismo, añadió que el derecho a la protesta pacífica engloba la libertad de expresión y sindical, el derecho de reunión, de huelga y de petición, entre otros.

En la lectura del protocolo , Bullrich declaró: “Serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este tipo de delito. También se van a identificar los vehículos, sus conductores y todas las infracciones administrativas y/o penales existentes. Se va a proceder a incautar los vehículos que no estén bajo las normas de tránsito o cuyos conductores no tengan la documentación que tienen que tener”.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se pronunció en contra del anuncio realizado por la ministra de Seguridad: “Las medidas atacan el derecho a la protesta, criminalizan a quienes se manifiestan y persiguen a la organización social y política. Hasta regula un registro de organizaciones habilitadas a protestar. Pretenden saltarse la intervención judicial, lo que limita derechos y garantías”. Además, con la derogación del protocolo garantista de Nilda Garré consideraron que “más que una limitación del uso de la fuerza policial hay una habilitación para ejercer violencia contra los manifestantes”.

Cipriano García agregó que mandar a las Fuerzas de Seguridad a hacer acciones de inteligencia, como el registro de las organizaciones y quiénes las integran, está expresamente prohibido. “Es un protocolo claramente inconstitucional que avanza sobre derechos fundamentales y sobre una tradición largamente arraigada en nuestra democracia que es la posibilidad de la manifestación pública frente a las arbitrariedades y decisiones que afectan a nuestro pueblo que dictan los distintos gobiernos”.

Hacia el final de su discurso, la ministra también advirtió la creación de un registro de las organizaciones que participan y que hacen de voceros de los movilizaciones. En la misma línea, el abogado Roberto Gargarella, aportó: “Es un nivel de improvisación y de prejuicio ideológico y con el enojo tan desatado de los primeros días, le diría que calme un poco el ánimo y vuelva a aferrarse al derecho”.

También, Gargarella argumentó: “El derecho a la protesta es el que sostiene los demás derechos. Si cortamos ese, lesionamos todos los demás. Eso no quiere decir que en su nombre puedo hacer cualquier cosa. Todo lo que se está haciendo hoy es consagrar como si hubiera derechos de un solo lado, como si estuviéramos en una situación bélica, como si el que ejerciera los derechos de protesta fuera un delincuente y no… es más bien lo contrario”.

“Se va a actuar hasta dejar totalmente liberado el espacio de circulación. Para llevar a cabo estas medidas las Fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente y será graduada en proporción a la resistencia”, afirmó la excandidata de JxC y actual ministra de Seguridad.. 

Mauro Benente, doctor en Derecho y docente de las universidades de Buenos Aires y de José C. Paz, recordó: “Para el Sistema Interamericano y para el Comité de Derechos Humanos ‘las calles y plazas son lugares privilegiados para la expresión pública’ y las protestas ‘pueden tener un efecto perturbador inherente o deliberado y requerir un grado de tolerancia considerable’”.

En la red social X, “#MileiEsUnaEstafa” y “Estado de sitio” se volvieron trending topic. María del Carmen Verdú, abogada y militante de CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional), señala: “En 2017 decíamos algo similar: impusieron un estado de excepción sin declararlo. Acá ya te lo declararon, no formalmente, pero sí en el mensaje transmitido”.

Durante la presidencia de Mauricio Macri, Bullrich presentó un protocolo antipiquete “con la particularidad de que ella era el ala más dura y más reaccionaria junto con Petri, Kravetz y Wolff. Hoy, frente a Milei y Villarruel, explícitos reivindicadores y apologetas de la dictadura cívico-militar-eclesiástica y del terrorismo de Estado, no es lo más duro. Con lo cual es lo mismo, pero peor: viene con un empaquetamiento político a partir del poder acumulado por el actual presidente, por 54% de los votos además, que lo hace muchísimo más grave y sustentable. Aquel lo pudimos frenar”, declaró Verdú con preocupación agitada a ANCCOM.

Por otro lado, el protocolo permite el control represivo en medios de transporte público por las fuerzas de seguridad  y plantea que se envíen las facturas de “todos los costos vinculados a los operativos de seguridad a las organizaciones o individuos responsables”. En este sentido, Verdú sintetizó: “Además de que te van a cagar a palos, cagar a gases, meter en cana y armarte la causa, todavía vas a tener que pagar el desplazamiento de la Policía, de la Gendarmería, de la Prefectura y del Servicio Penitenciario”.

Verdú consideró que el miedo a la represión es válido y en el caso de Bullrich está fundado por cifras concretas y lamentables, pero también apuntó a no desmovilizar. “El punto es cómo hacemos para que ese miedo, desde el punto de vista colectivo de las organizaciones, no nos paralice tampoco. A cuidarse y movilizar con criterio”, concluyó.