¿Todo depende del 19 de noviembre?
«Con el avance de las plataformas hay un periodo de ventana de no regulación hasta que viene la regulación que entiende de qué se trata», sostiene Rossi. Sobre todo en los últimos años, las transformaciones digitales han escapado a muchas regulaciones -como sucedió siempre: ante la novedad, se ven los vacíos legales-, y por eso hay gigantes como Netflix o Youtube de Google que «aprovechan esos espacios de regulación opaca o de no aplicación de la ley para ellos, tomando ventaja comparativa con otro sector». El profesor y asesor legislativo sostiene también que «en LLA no van a hacer propuestas de reglamentación. En todo caso su discurso es eliminar trabas, quitar trámites, todo eso”. Por otro lado, para el especialista “el discurso de Unión por la Patria es de tutelar derechos, adaptar marcos normativos para entender los nuevos procesos».
Consultada acerca de la posibilidad de que se genere un nuevo proceso político y social que desemboque en nuevas regulaciones sobre el sector, Baladrón sostiene que la “agenda de temas que cruzan los derechos comunicacionales incluye la soberanía tecnológica y otras múltiples cuestiones en las que muchas organizaciones sociales y actores pueden coincidir, pero cuyas agendas de trabajo difícilmente abarquen todas ellas. En este aspecto, la dinámica política de los próximos años es difícil de prever e incluye a grandes empresas globales a diferencia de otros momentos históricos”.
¿Y los medios comunitarios?
Ivana Cruz sostiene que “la comunicación es no solo un derecho humano fundamental sino una lucha política”. Reconoce que, a partir de la sanción de la LSCA, se les abrieron opciones que antes no eran posibles por vías legales. Cuenta que participaron de uno de los concursos FOMECA y les fueron otorgados fondos que les permitieron ampliar sus capacidades técnicas de transmisión. Sin embargo, así como accedieron a un FOMECA, tardaron años y dos gestiones del ENACOM en adquirir la categoría de “emisora”.
La vigencia de la ley también se juega en eso: sin el marco regulatorio y sin la correcta aplicación, hay muchos proyectos que, sin fines comerciales, verían su capacidad de ejercer un derecho básico con poco margen de maniobra. Cruz cuenta que “en el imaginario colectivo de Trelew está Radio Sudaca como herramienta de comunicación” para personas que llegan de distintos espacios de militancia: de los movimientos antiextractivistas, de los géneros y de las diversidades sexuales, de los docentes. Resulta poco probable que medios comerciales den espacio a este tipo de luchas, algo que aumenta la desigualdad en las posibilidades de expresarse de la sociedad.
Al igual que Rossi y Baladrón, Romina Bravo, también comunicadora social de Radio Sudaca, cree que los mecanismos de aplicación de la ley se burocratizaron a tal punto que es agotador para los proyectos comunitarios familiarizarse con los trámites a resolver. Esto impide que la comunicación comunitaria se profesionalice dentro de su ámbito, ya que se dificulta la creación de nuevos puestos de trabajo, desgastando al voluntariado que sostiene la radio. Considera que, desde la intervención de la gestión macrista sobre la Defensoría del Público en 2018, los mecanismos se han entorpecido aún más, sin cambios durante los últimos cuatro años.
Desde la sanción de la ley, se sucedieron distintos eventos que pusieron en jaque su constitucionalidad, que la modificaron para beneficiar a algunas empresas periodísticas en detrimento de otros sectores comunicacionales y que burocratizaron sus mecanismos de aplicación. Además muchas de las circunstancias previstas por la ley se vieron superadas por el veloz cambio tecnológico. Sin embargo, también se crearon canales de televisión públicos, se realizaron concursos de fomento y, a duras penas, se otorgaron licencias a medios comunitarios. La regulación existente está en su mayoría vigente, pero no de manera completa. Lo conseguido es resultado de una ardua lucha social y política, y lo que queda por conseguir también lo será.
