Los equipos de Relevamiento y Análisis de Archivos (ERyA) del Ministerio de Defensa, fundamentales para las causas judiciales de lesa humanidad, serán disueltos tras el despido de diez de sus trece integrantes. Fiscales y querellantes expresan su preocupación.

El Ministerio de Defensa, conducido por Luis Petri, anunció despidos en distintas dependencias de esta cartera. Las áreas más afectadas son el Equipo de Relevamiento y Análisis (siete de sus diez integrantes) y el Sistema de Archivos de la Defensa (sus tres integrantes despedidos), además de ponerle fin a la política pública que aportaba información a las causas de delitos de lesa humanidad.

“Conformamos 10 de los 20 despidos totales del Ministerio de Defensa, hay una decisión dirigida dada la particularidad de nuestra tarea. En un contexto en el que desde presidencia se avalan discursos revisionistas y negacionistas, como se vio en el spot del 24 de marzo, esto no es casualidad”, afirmó Macarena Sandoval García, investigadora despedida.

“Desde ATE (Asociación de Trabajadores Estatales), pensamos que esto tiene claramente una intencionalidad, que es cumplir con la parte del contrato electoral que asumieron Javier Milei y Victoria Villaruel, de garantizar la impunidad de los genocidas y que se puedan ir de este mundo sin condena firme o en muchos casos sin siquiera ser elevados al banquillo”, sostuvo Luciano Fernández, referente de ATE. “Este equipo, y fundamentalmente esta política, -agregó- es un gran aporte en materia de prueba para poder desentrañar el período más aberrante de nuestra historia y el pacto de silencio que existe entre los militares que aún siguen con vida”, comentó Fernández.

En la red social X, defensores de acusados de violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado celebraron la decisión de Petri. Para Fernández: “Milei eligió darle una dirección de circo romano a los despidos estatales, le hace una suerte de ofrenda a esa comunidad virtual que está en las redes, porque realmente es muy difícil que alguna persona real, no virtual, se haga cargo de ese nivel de saña y de sadismo, de alegrarse porque se elimina una política de protección o de ampliación de derechos”.

El trabajo de los equipos

Los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) fueron creados mediante el decreto 4/2010 de Cristina Fernández de Kirchner, que releva de la clasificación de seguridad a la documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas entre 1976 y 1983. “La particularidad de la resolución está también en la decisión de conformar equipos de trabajo especializados y en capacitación constante, con oficinas en los archivos para dedicarse diaria y exclusivamente a la tarea”,  detalló Macarena Sandoval García.

Se organizan según las diferentes fuerzas militares: algunos se dedican a investigar el desempeño del Ejército durante ese período, mientras que otros se enfocan en la Armada, y un tercer grupo se dedica a la Fuerza Aérea. Dentro de quienes trabajan con los archivos, hay especialistas en comunicación, historia, sociología, derecho, antropología y trabajo social.

Una de las funciones más valiosas es proveer información a todas las causas de delitos de lesa humanidad: aportaron alrededor de 170 informes desde su creación. “Estos informes generalmente funcionan para dar cuenta de lógicas represivas, estructuras orgánicas, identificar autores, sostener las acusaciones y en muchos casos las sentencias”, comentó Sandoval García. “Cada informe es un trabajo minucioso y extensivo de reconstrucción y el conocimiento se fue transmitiendo a lo largo de catorce años entre los diversos profesionales que pasaron por los equipos en su carrera”, amplió la imvestigadora despedida. 

El desmantelamiento de estas áreas no es solo un problema de “acceso” a la información, el trabajo que realizan los investigadores “es una tarea muy específica, es conocer la idiosincrasia del lenguaje castrense militar, cómo se nombra cada unidad, las jerarquías, se relevaron más de 17.000 legajos, es realmente un rompecabezas”, afirmó Marilina Montiel, trabajadora del ministerio y delegada de ATE.

“A veces se piensa que son documentos desclasificados que hablaban sobre la dictadura, pero la mayoría de estos se eliminaron, lo que hay es un trabajo sobre documentos administrativos, pero que con ellos se ha podido, por ejemplo, reconstruir lugares de las diversas unidades de acuerdo a los testimonios de sobrevivientes. La documentación no dice quién torturó a quién, pero a partir del trabajo de los investigadores se reconstruyó información sobre los lugares de las unidades, la cantidad de personal para la guardias, entre muchas otras cosas”, comentó Montiel.

Distintas unidades del Poder Judicial, organismos de Derechos Humanos, funcionarios y exfuncionarios se manifestaron en contra de la medida. “Los despidos y el desmantelamiento del área suponen un obstáculo en los procesos de justicia”, expresó Macarena Sandoval García. Son seis edificios de archivos, sumado a los archivos ubicados en unidades militares, en los que ya no se llevarán a cabo las tareas que tenían los equipos. La trabajadora agregó: “No se puede reemplazar en un día el trabajo y conocimiento especializado transmitido a lo largo de catorce años. Los informes, los cuales volvíamos a consultar constantemente para los nuevos requerimientos, son patrimonio de la Dirección de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del ministerio de Defensa”.

Movilización como respuesta

Desde ATE convocan para el miércoles 3 de abril, una jornada de lucha con ingresos masivos y simultáneos a los sectores de trabajo para acompañar física, psicológica y emocionalmente a los trabajadores despedidos y a la tarde habrá un plenario federal de trabajadores del Estado Nacional para definir las acciones a seguir. También se planea movilizar a la Secretaría de Trabajo y a la de Desarrollo Social. “Nosotros queremos estar sobre todo para garantizar y contener un poco a los trabajadores, porque es tanto el nivel de incertidumbre y crueldad que nos parece tremendo que el trabajador, la trabajadora, llegue y se desayune con que no puede ingresar”, dijo Marilina Montiel. 

En medio de la ola de despidos, el Gobierno confirmó que los contratos de los empleados que siguen vigentes serán renovados cada tres meses y no anualmente, como se hizo en gestiones anteriores. “Tenemos que poder llevar alguna respuesta a esta situación, un plan de lucha articulado y consensuado, pero contundente porque los contratos que se renovaron son por tres meses, en junio vamos a estar en esta misma situación”, comentó Montiel.

“Desde ATE nuestra obligación es dar la pelea para que esto, que claramente es una arbitrariedad manifiesta, no pueda avanzar ni ser sostenido, vamos a poner todas las herramientas que tiene la organización en el plano sindical, jurídico y político para ponerle un freno al avance desmedido de Milei, que parece que se percibe como un tirano elegido por el soberano. Nosotros nos vamos a enfrentar a cualquier tiranía, como lo hizo nuestra organización a lo largo de su historia”, concluyó Luciano Fernández.