«El Banco no se vende»

«El Banco no se vende»

Los trabajadores bancarios del Nación realizaron un abrazo en la sede central para manifestar su oposición a que la entidad sea transformada en una Sociedad Anónima. Participaron, además de los bancarios, la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, que nuclea pymes de todo el país.

En la vereda de enfrente de Casa Rosada, los bancarios se reúnen para impedir la conversión del Banco Nación en una Sociedad Anónima. Desde las escalinatas de la sede central, la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, que nuclea PyMEs de todo el país, canta “No se ven-de/ la patria no se vende/ No se ven-de/ El Banco no se vende”.

Sosteniendo su bandera, está Javier Escalada, empresario, que explica por qué es crucial el Banco Nación: “Es prestamista de las PyMEs, nos da mucho apoyo y da una referencia de las tasas de crédito y plazo fijo y del valor del tipo de cambio. Es una herramienta para un proyecto nacional que privilegia la producción y el trabajo: se constituyó para darle al país independencia económica, soberanía política y, con los años, justicia social”. Con un dejo de enojo, sintetiza: “Le molesta a los proyectos que quieren la financiación y trabajan para la banca internacional, los fondos buitres, los que especulan con el trabajo y la producción argentina”.

En esa línea, Silvina Batakis, exministra de Economía, analiza que la política económica del actual gobierno es el “empobrecimiento de la población”. Además, agregó: “Nosotros teníamos cosas para hacer y corregir, pero ellos tienen un objetivo muy claro: acelerar todos los procesos de privatización y achicar el sueldo de todos los trabajadores, formales e informales, y las jubilaciones. Lo dijo el presidente hace muy poco: ‘El objetivo es la licuadora’”.

Daniel Mercado, secretario de prensa de La Bancaria de la seccional Buenos Aires,  trabaja desde los 80 en el Banco Nación y le parece que nada de lo que hace Milei es una novedad, ni siquiera con quiénes lo hace. El día anterior al acto, el Gobierno nacional contrató al estudio jurídico de Horacio Liendo encargado de la conversión a Sociedad Anónima. “Liendo es uno de los personeros de la época de Menem que auspiciaba el desguace del Estado. El Banco es autárquico y aporta al Estado nacional: la única intención de esto es hacer caja, venderlo para sacar 20 mil millones aproximadamente”, contestó el secretario de prensa que recordaba la resistencia en los 90 con banderazos y juntadas de firmas.

Juan Vitta, miembro de la mesa nacional de la CTA, añade: “Son los que hicieron la convertibilidad. El padre de Liendo estuvo en la dictadura. Obviamente es una provocación poner a ese estudio”. Pero tiene esperanzas para la resistencia: “A diferencia de 2015, las movilizaciones están siendo más numerosas y en estos actos chicos antes éramos 50 personas, ahora somos más de 500”.

Mientras tanto, en la esquina de Bartolomé Mitre y 25 Mayo, un policía de la Ciudad pregunta por el desarrollo de la actividad. Un señor de camisa rayada le responde hasta que un compañero se acerca cantando “No se vende”. El policía sonríe y la mirada inquisidora de los bancarios lo obliga a responder: “No somos federales. Nosotros tampoco queremos que se venda” y muestra que en uno de los bolsillos de su cargo lleva doblada lo que podría ser una remera del color azul de La Bancaria.

“El Banco es el único que está presente en todas las provincias y es una fuente de trabajo inmensa. Apoya siempre al pueblo y, desde que está, el gobierno atacó al pueblo. No podemos esperar estar mal 30 años para estar mejor en el futuro porque el momento de comer de la gente es ahora”, sentencia Soledad, empleada del banco hace 17 años, con la boca abierta.

Alejandro Gramajo, secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), tiene una mirada similar: “Esta asamblea de todos los trabajadores en unidad es la unidad y la movilización popular para impedir que nuestro pueblo sufra y que el país se transforme en un recipiente de las corporaciones económicas. Las medidas de este gobierno grafican la insensibilidad y la determinación para llevar al pueblo argentino a una situación de miseria absoluta”. 

Al entrar a la sede central, el ruido de bombos invade. Gente con camisas y pantalón de vestir está parada en los mostradores de mármol. Desde el escenario, una locutora nombra las adhesiones e invita a entonar el Himno Nacional.. Banderas del Banco Nación, del Banco Ciudad y de La Bancaria se agitan en las estrofas. La gente aplaude cuando el diputado Hugo Yasky, exsecretario general de la CTA, y Héctor Daer, secretario general de la CGT, toman la palabra, pero nada se compara a la sensación que genera Sergio Palazzo, secretario general de La Bancaria y actual diputado nacional, cuando toma el micrófono. Ahí, el Banco estalla en aplausos.

“Cuando venía el capítulo de estas privatizaciones, levantaron el proyecto de Ley Ómnibus porque sabían que la derrota era estruendosa, pero en lugar de aceptar lo que los representantes del pueblo en el Parlamento dijeron, eligieron el camino de la venganza: no subir el salario mínimo ni las asignaciones para los movimientos sociales y, con nosotros, cuando a escondidas hacen reuniones de directorio para contratar al estudio de Tomás Horacio Liendo hijo y todo su equipo para iniciar el proceso de conversión a Sociedad Anónima para su posterior privatización”, exclama Palazzo. La explanada chifla con la mera mención del apellido.

“En este Banco todavía tenemos pendiente el pago del premio anual, la respuesta es ‘no hay plata’, pero el honorario del estudio Liendo es de 120 mil pesos por hora. Ocho horas de trabajo, un millón de pesos por día”, añade. Una señora de 50 años y pelo lacio se voltea hacia un compañero con la boca abierta: “120 mil pesos podés creer”, comenta en plena incredulidad.

Para tranquilizar a su estadio, Palazzo comienza a explicar: “No pueden avanzar en la privatización porque el DNU es nulo porque no tiene un mínimo estudio de los temas que abarca, porque no hay ninguna justificación de la necesidad y la urgencia y porque tienen que cambiar la Carta Orgánica del Banco. Para cambiarla, necesitan del voto en el Congreso. Y nos vamos a garantizar que no tengan los votos”. 

Augusto, un trabajador del BN, asiente: “La privatización del banco sólo beneficia a los intereses de grupos empresarios, hacerlo por un DNU sin fundamentos y sin consenso nacional es muy sucio”.

“Para el Directorio en el primer piso y, si quieren escuchar, para Balcarce 50 (Casa Rosada), si no les alcanza con los argumentos jurídicos, la imposibilidad de privatización se la van a dar los trabajadores y trabajadoras”, arengó Palazzo. La bancaria hace repiquetear los bombos.

Al salir del edificio, un bancario exhala con emoción: “Palazzo la descose toda”. Su compañera, entrerisas, le contesta: “Sí, te mete argumentos, datos, todo”. Les dan para sostener una bandera argentina de 500 metros de largo que, ni bien salen, ya se está desenrollando. Algunos llevan libros de firmas para un proyecto de Palazzo y Carlos Cisneros, que evite la privatización y se excluya al Banco como un bien privatizable de ahora en más.

“Si un hermano está en peligro, lo conveniente es salir a ayudarlo”, dice Silvia Alonso, trabajadora del Banco Provincia de Buenos Aires, mientras firma con lágrimas en los ojos. “El Banco ayuda a toda la sociedad: si lo venden, no les van a dar a los del campo para la sequía”, anticipa en tono de reto.

Roberto Baradel camina con la bandera y enfatiza: “La privatización atenta contra el desarrollo de nuestro país, de productores, de empresarios, del interior del país. La unidad de los trabajadores es clave. Palazzo convocó hoy a la CTA y la CGT para defender al Banco. Los docentes nos vamos a llevar unos cuadernos para hacer firmar en todas las provincias”. De fondo, los bancarios arengan en círculos cantando “El Banco no se vende”.

Denuncian el uso de la motosierra con las infancias y adolescencias

Denuncian el uso de la motosierra con las infancias y adolescencias

Los trabajadores de la exSecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia realizaron una radio abierta frente al edificio donde se encuentra el organismo para visibilizar despidos, desfinanciación y la falta de designación de personal jerárquico. Todos los cuestionamientos apuntan a la ministra Sandra Pettovello.

La exSecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) realizó una radio abierta para denunciar su desfinanciación, el despido de 61 trabajadores y la falta de designación de  personal jerárquico. La actividad se desarrolló desde las 13 en el edificio del organismo, ubicado en Perón 524, y contó con la presencia de los trabajadores que forman parte de los centros de desarrollo infantil, los hogares para adultos mayores y la línea de asistencia para chicos y chicas.

La actividad tuvo lugar después de que los trabajadores lanzaran un comunicado en el que se alertaba que la SENAF había sido degradada a subsecretaría, por lo que había menos recursos para mantener el mismo nivel de asistencia. Por otro lado, en el texto firmado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)  manifestaba preocupación por el aumento de la explotación laboral y la posibilidad de que haya aún más rescisiones de contratos. 

En este sentido, Adolfo DArdik, secretario general de la Junta Interna de la Subsecretaría lamentó: “ Que desfinancien al Estado como lo vienen haciendo aventura un desguace de un organismo que, en este contexto de crisis socioeconómica, debería estar a disposición de todos los sectores más vulnerados”.

Esto se da en el marco de una paralización que los trabajadores han bautizado como “caos administrativo”: “No tenemos funcionarios designados, no hay interlocución. Cada tanto aparecen quienes deberían ocupar algunos cargos de jerarquía y solo nos dicen ‘no tenemos definiciones’”, explicó el gremialista. 

Sandra, integrante del personal de SENAF, tomó el micrófono de la radio abierta y coincidió con Dardik: “Como no hay autoridades, no hay firma, entonces no se mueve ningún papel. No hay dictámenes, no hay pagos, no hay firmas de convenios, no se están tramitando las reparaciones económicas para niños y adolescentes que han perdido a sus madres por femicidios, no se están gestionando pagos para espacios de primera infancia”. 

“Nos acercamos hacia el fin de un primer trimestre con ejecución cero, cosa nunca vista en el organismo —continuó— Y en la medida que esto no se subsane, el segundo trimestre quizás no sea de ejecución cero pero sí de subejecución. Encima tenemos un presupuesto prorrogado del 2023, por lo que está a la baja” 

El siguiente en tomar la palabra fue Dardik, quien adelantó que habrá más actividades similares si no se oyen los reclamos de los trabajadores. “El presidente se encargó en las últimas entrevistas de denominarnos como parte de una asociación criminal, dijo que el Estado es una asociación criminal. Es horrible en todo sentido”, sostuvo.

Es claro que nosotros a la disputa ideológica la damos en todos los campos —añadió—; nuestra disputa es en el campo del sentido. Esta gestión (la de Sandra Pettovello), en las pocas intervenciones públicas que ha tenido habló de caridad y beneficencia. Nosotros hablamos de justicia social, de un Estado presente en territorio, que genere políticas públicas y derechos”.

Antes de concluir, sentenció: “Esta pelea la vamos a ganar, como hemos ganado otras tantas. Porque sabemos de nuestro compromiso, sabemos de nuestra fortaleza, sabemos que cuanto más nos golpean más solidaridad generamos. Estos personajes que deambulan por nuestro organismo, que se jactan de hablar del niño por nacer, poco les interesan los derechos de los niños nacidos, que son los que laburamos”.  

La realidad detrás de los recortes

A Alejandra (54) la despidieron a través del sistema de gestión de documentos el 30 de diciembre. Ese martes llegó al Centro de Desarrollo Infantil Evita, en el barrio de Congreso, y al prender la computadora se encontró con un cartel que le indicaba que no le había renovado su contrato. 

“Me agarró una crisis que quería romper todo… No sé cómo explicarte —recordó con lágrimas en sus ojos ante este medio—. Me empezó a latir el corazón muy fuerte, fue tristísimo”. 

Había ingresado al SENAF en mayo del 2023, en el marco de una serie de contrataciones que buscaban cubrir bajas en diversas áreas críticas. Antes se desempeñaba en trabajos temporales como acompañante terapéutica y niñera, por lo que la posibilidad de acceder a un trabajo en blanco había significado un gran progreso para su carrera. 

“Me tocó trabajar con nenes de dos años. La verdad es que trabajamos un montón —indicó, mientras se inclinaba hacia delante, casi como si suplicara que le creyeran—. El CDI ordenaba mi vida. Era un trabajo hermoso”. 

Luego de la notificación virtual, siguió acudiendo a su trabajo durante dos semanas: “Iba porque era mi puesto de laburo, por suerte tuve el apoyo de mi jefa, mi directora y mis compañeras. Yo quería laburar. Dicen que somos unos vagos, que somos todos ñoquis, que el Estado da gasto y no suma, pero es el Estado el que sostiene todo”. 

Tras una toma, los trabajadores del CONICET obtuvieron una promesa

Tras una toma, los trabajadores del CONICET obtuvieron una promesa

Luego de ocupar el piso en donde se realizaba la reunión de directorio, lograron que las autoridades se comprometan a publicar el listado de becarios. Pero habría un recorte del 50 por ciento en la nómina.

Frente a la falta de anuncio de los resultados de las convocatorias a las becas de CONICET por parte del directorio presidido por Daniel Salamone y el vacío de información al respecto, trabajadoras y trabajadores del organismo realizaron una toma pacífica del Polo Científico-Tecnológico desde el mediodía hasta la noche de ayer. La toma ocurrió específicamente en el piso once de la sede central del CONICET, donde también se encontraba reunido el directorio. Gracias a la presión ejercida por los y las trabajadoras, el directorio se comprometió a publicar los resultados de las convocatorias antes del 28 de febrero. Investigadoras y becarias del CONICET dialogaron con ANCCOM para dar cuenta de la situación que atraviesa el organismo.

La toma se realizó en el marco de una jornada de protesta de trabajadores y trabajadoras del CONICET llevada a cabo en distintos puntos del país. El CONICET se vio fuertemente afectado por el ajuste realizado por el gobierno de Javier Milei, que pone en peligro los salarios de los trabajadores y las becas otorgadas por el organismo y, por lo tanto, su funcionamiento: “Estamos enfrentando en el organismo una política de despidos, de ajuste y de vaciamiento, que se vio en primer lugar con aproximadamente cincuenta despidos dentro del personal administrativo y que prosiguió un ataque frontal a las distintas convocatorias regulares que tenemos en el organismo”, dijo Victoria García, investigadora y delegada de ATE por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en diálogo con este medio y agregó que se trata de “un ajuste presupuestario que tiene que ver con la decisión del gobierno nacional de prorrogar el presupuesto de 2023, que hace que se empiece a poner en serio riesgo el funcionamiento de los institutos de investigación”.

Sin embargo, el principal motivo de la jornada de protesta fue la situación alrededor de los becarios del organismo. Las becas otorgadas por el CONICET contribuyen a la formación de nuevos investigadores y les permite realizar proyectos bajo altos estándares de calidad. La falta de comunicación respecto a las convocatorias realizadas en julio del año pasado, cuyos resultados deberían haberse publicado en enero de este año, se traduce en riesgos laborales para estos profesionales. La jornada fue convocada para esa fecha para coincidir con una reunión del directorio del organismo para “discutir una serie de cuestiones que tienen que ver con la continuidad laboral de muchos compañeros del organismo y con la continuidad en definitiva de nuestras investigaciones y del trabajo que venimos desarrollando”, informó a ANCCOM María Duperrón, becaria postdoctoral y delegada de la ATE por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.

Juliana Yantorno, becaria doctoral del CONICET y socióloga, también habló sobre cómo se desarrolló la jornada de protesta y toma pacífica: “Había una convocatoria a las once de la mañana a hacer una foto aérea y un ruidazo. Fuimos alrededor de mil entre trabajadores, becarios, administrativos, hubo una reunión del directorio desde las diez de la mañana donde pudieron subir representantes del gremio y jóvenes científicos precarizados. De esa reunión bajaron y nos plantearon que no había plata, que no había respuesta a ninguno de los reclamos”. Ante esto, los manifestantes decidieron llevar a cabo una ocupación pacífica: “Subimos al piso once donde se reúne el directorio y nos quedamos ahí haciendo presión, lo que duró toda la reunión” y concluyó: “Tomar la decisión de ocupar el edificio sirvió, porque después de todo eso el directorio salió con un comunicado donde dice que esta semana va a dar el orden de mérito de las becas”.

Aunque se haya logrado un compromiso por parte del directorio respecto a las becas que debe otorgar, este resultado conlleva otro problema: la cantidad de becas que serán otorgadas. Según Yantorno, el directorio comunicó: “Van a otorgar seiscientas becas doctorales y las trescientas de finalización de doctorado”, pero que, según la investigadora Duperrón, “en años pasados se dieron muchas más. Por lo menos el doble”. Sobre esto, Victoria García expresó que también se trata de una cifra “muy inferior a lo que se habían comprometido en la convocatoria” y agregó que “además las becas en vez de iniciar en abril iniciarían en agosto, lo cual implicaría que se profundice la incertidumbre de un montón de personas que están a la espera de iniciar sus investigaciones”. Duperrón coincidió en esto último al expresar que “es una situación que nos pintó un panorama negativo, porque tenemos también pendientes otros concursos que tienen que ver con la continuidad, con el ingreso de nuevos compañeros y que vemos que si se repite la tendencia va a haber un ajuste importante y vamos a tener compañeros en la calle e investigaciones truncadas”.

Yantorno se expresó también sobre otros reclamos, como las diferencias de salarios: “Hay una diferencia salarial, cada vez más amplia entre los becarios que somos de CONICET y los becarios que son de otro tipo, tienen otro tipo de contratos, entonces hay un reclamo medio histórico en becarios de que por igual tarea, igual salario, así que fue parte de los pedidos que se pusieron sobre la mesa ayer” y aseguró: “Hay que continuar la lucha para que no haya recortes ni despidos y que todos puedan ingresar, así que un poco ese es el estado de situación”.

La reunión del directorio pasó a un cuarto intermedio y continuará el 28 de febrero. Sobre esto, Yantoro dijo: “Lo que nosotros discutimos es que para ese día hay que apoyarnos sobre la acción de ayer para buscar más solidaridad, para que se acerquen asambleas barriales, más trabajadores, aprovechar que estamos saliendo en muchos medios para difundir más nuestra lucha y que se acerque más gente para seguir presionando. Porque efectivamente hay un recorte importante, se suelen otorgar entre mil doscientas y mil trescientas becas doctorales y ayer dijeron que van a dar seiscientas. O sea, es un recorte de más del cincuenta por ciento de las becas que se suelen otorgar. Eso es un paso en el vaciamiento de cómo funciona el sistema”. Al abordar el mismo tema, García expresó que se tratará de “una nueva instancia donde se sigan abordando estas cuestiones que hacen a una situación muy crítica del CONICET como principal organismo de producción de ciencia y tecnología en el país, pero que hace también a un ataque que estamos sufriendo en general las y los trabajadores del Estado”.

La Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia también es víctima del ajuste

La Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia también es víctima del ajuste

ATE, CTA y la Junta Interna de la exSecretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia denunciaron la degradación del organismo, el despido de decenas de trabajadores y el caos administrativo por la falta de designación de autoridades. Convocan a una radio abierta para mañana, jueves 15, frente a la actual Subsecretaría.

Los trabajadores de la ex Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) denuncian la degradación del organismo a subsecretaría, el despido de decenas de trabajadores y un “caos administrativo” relacionado con la no designación de autoridades.

En el texto del comunicado en el que difundieron la denuncia, firmado por ATE, la CTA y la junta interna de la SENAF, se advierte que fueron despedidas 61 personas contratadas durante el 2023 “para cubrir bajas en áreas críticas”. Además, se señala que aún podría haber más rescisiones de contratos.

En diálogo con ANCCOM, Adolfo Dardik, secretario general de la junta interna de la Subsecretaría, explicó que “los despidos llevaron a que sobrecarguen a las cuidadoras y a los enfermeros de los hogares para adultos mayores”. En este sentido, lamentó: “si le sumás la quita de horas extras, se hace casi imposible mantener los estándares de calidad de asistencia que veníamos presentando. Todo esto implica un latente achicamiento de todas las plantas, un desfinanciamiento por parte del Estado nacional y una caída de toda la intervención territorial desde las políticas públicas. Los afectados son sectores de la sociedad muy golpeados y marginados, lo que perjudica la relación sociedad y Estado.”

Los dirigentes sostienen que los trabajadores deben hacer frente a una explotación laboral extrema con la incertidumbre de quedarse en la calle, en un contexto donde la inflación y la pobreza crecen a niveles estratosféricos.

A esto se le añade el hecho de que muchas veces son ellos mismos quienes tienen que comprar los recursos que debería brindar el Estado. “Esta semana nos avisaron que en uno de los hogares de adultos mayores ya se quedaron sin pañales y el proveedor no lo repone por falta de pago; en un centro de desarrollo infantil tienen comida por tres días más. Es alarmante. Lo solucionamos con aportes solidarios que venimos haciendo, con donaciones y cooperadoras. Son parches que no deberían existir”, declaró Dardik.

Por otro lado, desde ATE también indicaron que el gobierno nunca asignó funcionarios para el área, por lo que hay un “caos administrativo” que tiene como resultado “la falta de aplicación de políticas para el trabajo cotidiano”. 

En este sentido, el secretario de la junta interna aclaró que no hay ningún canal de comunicación con las autoridades de la Subsecretaría dependiente del Ministerio de Capital Humano: “Lo único que tenemos son algunas cosas que ha dicho la ministra, con quien tenemos abismales diferencias desde lo ideológico, desde lo metodológico y también desde la disputa del sentido. Ella habla de beneficencia y caridad, nosotros hablamos de justicia social”. 

Se trata de una situación que tiene de rehenes a miles de personas: “Estamos hablando de más de 1.200 pibas que son víctimas de violencia de género; de más de 11 mil capacitadores que se fueron formando a lo largo de los años como cuidadores de adultos mayores; contamos con más de 10 centros recreativos a lo largo de todo el país, en los cuales el año pasado pasaron más de 150 mil chicos con diversas actividades culturales, artísticas, recreativas; tenemos la línea 102 enfocada en los derechos de niños, niñas y adolescentes que el año pasado recibió más de 35 mil llamadas. Tenemos un peso descomunal en todo el territorio, con apenas 2.436 trabajadores y trabajadores”, precisó Dardik. 

Desde ATE solicitaron una reunión con las autoridades del Ministerio de Capital Humano para plantear las diversas problemáticas que están atravesando, pero no tuvieron respuesta. Por ese motivo, convocaron a una radio abierta para el jueves 15 en la Subsecretaría, ubicada en Perón 524. Allí se elaborará un documento que será enviado a la Comisión de Familia, Juventud y Adolescencia de la Cámara de Diputados. 

“Queremos que los legisladores expresen qué piensan con respecto a las políticas de desfinanciamiento, porque lo que quiere el gobierno es desguazar el Estado para regalarle negocios a sus amigos”, concluyó el gremialista. 

Una Página/12 en blanco

Una Página/12 en blanco

El viernes 9 de febrero quienes componen la redacción del diario Página/12 dejaron de realizar sus tareas habituales en reclamo por la recomposición de sus salarios al Grupo Octubre. Los sueldos, señalan los trabajadores, se encuentran bajo la línea de indigencia. También protestan por los aumentos selectivos para desactivar su plan de lucha.

Los trabajadores de Página/12 decidieron realizar un paro de actividades cotidianas porque la empresa dueña del medio se niega a brindar una recomposición de los salarios y otorga aumentos selectivos para boicotear el plan de lucha que llevan adelante. Según comunicaron en su cuenta de X @delegadesp12 la patronal es “empobrecedora y antisindical” y brinda aumentos a discreción mientras mantiene congelados los sueldos de la inmensa mayoría de su planta. “Sabemos que la actitud, antisindical y discriminatoria, pretende quebrar el plan de lucha que desde hace un mes sostiene la asamblea de trabajadores en reclamo de mejoras salariales en medio de la brutal inflación de los últimos meses”, escribieron en el comunicado difundido en redes sociales.

Además de participar junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires en las negociaciones paritarias, los trabajadores del diario presentaron un petitorio con una serie de puntos que incluía una suma de emergencia a pagar en enero. “La redacción de Página/12 funciona toda a distancia porqué nunca volvimos a la presencialidad y usamos nuestros recursos para poder conectarnos y trabajar, entonces también había items como el teletrabajo”, contó  a ANCCOM Ana Paoletti, delegada sindical. También se pidió que se subieran las colaboraciones y que no se hicieran diferencias entre colaboradores permanentes y eventuales. “La respuesta a ese pedido fue subir el concepto de teletrabajo a 4.500 pesos, el cual consideramos insuficiente y en la última asamblea votamos un paro de 24 horas”, explica Paoletti.

Desde que asumieron las delegadas presentaron tres pedidos de reunión con la dirección periodística a cargo de Nora Veiras y Victoria Ginzberg las cuales nunca accedieron al encuentro. Algunos trabajadores que prefieren mantenerse en el anonimato denuncian que no solo están mal pagos sino que también son víctimas de maltrato y situaciones de acoso laboral.  

La semana anterior, como trabajadores de prensa, desde Página/12 asistieron a la puerta de la Secretaría de Trabajo donde hubo una nueva audiencia paritaria y las cámaras empresarias no les llevaron nada digno de ser considerado: “Nos ofrecen un voucher de 80.000 pesos a cobrar en marzo, la situación es angustiante porqué nuestros salarios básicos de convenio están debajo de la canasta de indigencia”, remarca la delegada sindical. Así fue como se resolvió implementar la medida de fuerza

Algo que resaltan desde el seno del diario es que en 2016 cuando el Grupo Octubre compró Página/12, el salario de los trabajadores estaban un 45 por ciento arriba de la canasta básica y hoy se ubica por debajo de la canasta de indigencia fijada en 240.798 pesos por el Ministerio de Economía. 

Agustín Lecchi, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, explica que un redactor cobra 200.000 pesos en mano y califica la situación como gravísima. Además vuelve a remarcar que “tras más de un mes de audiencias con las cámaras empresarias la respuesta son sólo vouchers”.

La mayoría de la gente tiende a creer que la realidad de los trabajadores de los medios de comunicación es aquella que ostentan los famosos conductores de los programas del prime time televisivo o las radios más escuchadas. La realidad es de un alto grado de precarización que obliga a un trabajador a tener más de un empleo para poder redondear un salario que le permita pagar sus gastos de la vida cotidiana y sin la pretensión de acceder a una vida de grandes lujos.  

«No van a callarnos»

«No van a callarnos»

Los reporteros gráficos realizaron un camarazo frente al Congreso de la Nación para protestar por la represión sufrida mientras realizaban su trabajo periodístico durante el debate de la Ley ómnibus.

Con la consigna “¡Basta de balas de goma! ¡Basta de gas pimienta! Nuestro ojos miran”, un grupo numeroso de reporteros gráficos organizados en aRGa, FATPREN Y SiPreBA se manifestó frente al Congreso de la Nación contra la represión llevada a cabo por las fuerzas de seguridad a cargo de la Ministra Patricia Bullrich durante el debate de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, más conocida como Ley Ómnibus.

Los trabajadores gráficos se concentraron por la tarde del 6 de febrero en la Plaza del Congreso. Llevaban sus credenciales y sus chalecos de prensa y levantaron sus cámaras al canto de “¡Unidad de los trabajadores!”.

Mediante un comunicado, SiPreBA informó que fueron más de 30 los trabajadores de prensa heridos con impactos de bala de goma y gases lacrimógenos. Desde el sindicato, se llamó a un cese del accionar represivo y se exigió que los trabajadores de prensa “puedan realizar su tarea periodística en paz, sin agresiones ni impedimentos”.

“Hay una agresión marcada a los reporteros y reporteras gráficos y a los periodistas en general. Los gases que están utilizando son más fuertes y te inhabilitan para seguir trabajando, dejas de ver -afirmó Mariana Nedelcu, reportera gráfica-. En este contexto, el periodismo gráfico tiene un rol fundamental: tenemos la responsabilidad social de documentar las atrocidades que se están cometiendo”.

Rodrigo Ruiz es reportero gráfico para Revista Cítrica, un medio gráfico cooperativo. En diálogo con ANCCOM relató cómo fue el accionar represivo de las fuerzas de seguridad el jueves pasado, cuando aún en el Congreso se debatía la Ley Ómnibus. “En un momento sorpresivo, la policía motorizada enciende los motores de sus vehículos y dispara. Sentí un impacto en la pierna izquierda. Levanté la mirada y alrededor mío solo había colegas, fácilmente identificables, que hacían su trabajo”, afirmó. En su pierna quedó incrustado un perdigón.

Alfredo Luna, reportero gráfico de Telam, otra víctima de la represión policial durante la tarde del jueves, también brindó su testimonio: “A eso de las 19:30 llegaron unos camiones de gendarmería con muchos efectivos, que comenzaron a avanzar sobre los manifestantes que estaban en la Plaza del Congreso y en la Avenida Rivadavia. El gas que tiraron me impactó directamente en la cara y quedé enceguecido. Me costó recuperarme. Cuando lo logré, vi que las motos de la policía pasaban y disparaban sobre la gente”.

En relación a las declaraciones de la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich y del vocero presidencial Manuel Adorni, Luna afirma que es otra forma de violencia por parte de las instituciones. Bullrich había afirmado que los trabajadores no se encontraban debidamente identificados mientras que, por su parte, Adorni subió memes en sus redes sociales que aluden a la pregunta que le realizó un periodista respecto del accionar represivo de las fuerzas de seguridad hacia los trabajadores de prensa.

“Los gases que tiraron mientras hacíamos la cobertura nos dejaron quemaduras, que duraron por horas. Eso nos saca del juego y nos imposibilita seguir con nuestro trabajo. Lo que está en juego es el derecho a la libertad de expresión, la sociedad tiene derecho a informarse. Vamos a seguir reunidos, no van a callarnos”, afirmó Leandro Teysseire, reportero gráfico de Página/12 y editor de ANCCOM, quien fue reprimido durante el debate de la Ley Ómnibus.

Desde SipreBA, afirman que la libertad de prensa es “un pilar fundamental de la democracia que debe ser defendido, garantizado y respetado por todos los poderes del Estado y por todos los sectores políticos y económicos que forman parte de nuestra sociedad”.

Mientras cae el sol pasando el mediodía, siguen los reclamos de los reporteros gráficos y una pareja de jubilados se sienta en uno de los bancos de la plaza: venden pañuelos celestes. Los pañuelos llevan impresa una consigna: “la patria no se vende”. Detrás, las vallas que resguardan al Congreso fueron intervenidas: “Traidores, la casta no anda en tren y bondi. No a la Ley Ómnibus”.