A clase y sin vacunas

A clase y sin vacunas

En el marco de los debates por el sostenimiento de las clases presenciales en el AMBA, resulta relevante introducir la variable de cantidad de personas vacunadas en un sector que se describe como esencial pero no termina de recibir la protección necesaria para llevar adelante su tarea. ANCCOM dialogó con sindicatos docentes provinciales y cotejó las informaciones registradas, hasta el momento, sobre el plan de vacunación del sector que hace semanas se encuentra en el centro de la agenda mediática. La campaña de vacunación para el personal de la educación iniciada federalmente el 3 de marzo, a partir de la distribución de 492.400 dosis de la vacuna Sinopharm, no parece avanzar de igual modo en todos los distritos. 

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, confirmó antes de dar comienzo al operativo que el sector educativo asciende a las 1.458.083 personas en la República Argentina. La organización de la vacunación, estipulada por el Consejo Federal de Educación, se divide en cinco etapas: directivos, inspectores, nivel inicial, primer ciclo, educación especial; personal no docente; segundo ciclo del nivel primario; nivel secundario; educación superior. El repaso de la situación en distintos puntos del país ofrece un panorama de la actualidad de un grupo de trabajadores que, pese a su relevancia y lugar central en el debate público de estos tiempos, no parece protegido.

Ciudad de Buenos Aires

La vacunación del personal educativo es un foco de críticas recurrentes de los sindicatos y docentes de CABA. Jorge Adaro, Secretario Adjunto de la Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior (ADEMYS), señala que las autoridades  iniciaron la campaña con los grupos correspondientes a la primera etapa como corresponde pero “no lo terminaron de completar, y no hubo nunca más una noticia sobre vacunación”. Basándose en los datos oficiales, Adaro afirma que únicamente el 14% de la docencia de la Ciudad está vacunada. El gobierno porteño ofrece en su página web  estadísticas actualizadas de la vacunación, en las que el personal docente se enmarca bajo la categoría de “personal estratégico”: por el momento, son 15.752 los educadores inmunizados con la primera dosis (el 34,36% de los empadronados del sector para vacunarse). Fuentes del ministerio de Educación confirman que la comunidad educativa en la Capital ronda las 110 mil personas. Es decir, el 41,67% se encuentra inscripto y solo un 14,32% fue inoculado.

La reprobación hacia el manejo de la inmunización para los docentes es compartida por Wenceslao Costa Díaz, maestro en la escuela Blas Parera de Palermo: “La campaña de vacunación es rara, no tenemos información. A mis compañeros les fueron avisando de golpe que tenían que vacunarse. Pero después hubo un parate, dejaron de vacunar”. A esta falta de avances se suma el descontento por el nulo trabajo de acondicionamiento en las escuelas públicas y la escasez de insumos sanitarios tales como termómetros, tótems de alcohol y máscaras. “Hablan mucho de la presencialidad pero no se mueven para vacunarnos, ni para que las escuelas estén mejor. En todo el año pasado no se hizo nada”, remarca Costa Díaz, quien sigue esperando su primera dosis al ser docente de séptimo grado.

“Hablan mucho de la presencialidad pero no se mueven para vacunarnos», subraya Costa Díaz, maestro porteño.

Provincia de Buenos Aires

El distrito más poblado del país cuenta con números que superan la media en la inmunización de docentes. Elisa Semino, Secretaria de Comunicación del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) declara que “la campaña de vacunación está avanzando muy bien”. Nicolás Riedel, docente en San Miguel, destaca la puntualidad y el trato en los centros de vacunación –recibió la primera dosis de Sinopharm, al igual que un 30% de sus compañeros–. Sin embargo, considera que el manejo del gobierno provincial fue “bastante improvisado” e identifica como origen de la inmunización la falta de aprobación de Sinopharm para ser aplicada a mayores de 60 años: “en cuanto las habilitaron, la campaña de docentes se detuvo y todavía no se reinició”. En diálogo con ANCCOM el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, informó que el porcentaje de docentes vacunados en la provincia es del 53%. Según datos proporcionados por el Ministerio de Educación de la Nación, son 213.371 educadores vacunados sobre un universo de 401.875. Se trata de un asunto tomado con importancia por el distrito de Buenos Aires en el que, como resalta Santamaría, “los chicos tienen más burbujas y circulan más, lo cual dificulta el aislamiento necesario”. Por su parte, el docente Nicolás Riedel advierte sobre las implicancias de la llegada del invierno: “No considero a las aulas un lugar seguro. Más allá de los protocolos, es mucho tiempo de corrido con los alumnos en un mismo recinto que muchas veces no está bien ventilado”. Semino, de SUTEBA, concuerda: “Los docentes están expuestos a tratar con grupos rotativos y burbujas que, a su vez, están en contacto estrecho con diferentes familias y miembros de la comunidad”.

 

Santa Fe

Los números alcanzados en este distrito en materia de inmunización de la comunidad educativa dan cuenta de una campaña que se ha mantenido constante en el tiempo. El 5 de abril, la ministra de Salud provincial Sonia Martorano había declarado que todas las personas abarcadas por las primeras tres etapas –60 mil aproximadamente– recibieron su primera dosis. Como resultado, próximamente los docentes de escuelas secundarias y universidades comenzarían a ser inoculados. La información brindada por la titular de la cartera sanitaria es corroborada por Sonia Alesso, Secretaria General de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) y de la Asociación de Magisterio de Santa Fe (AMSAFE). “La campaña se hizo en toda la provincia con mucho éxito, cuidado y eficacia. Actualmente está llegando al 90% del sistema educativo”, destacó. Según datos oficiales, el personal docente de Santa Fe cuenta con un total de 88.419 personas vacunadas, lo que representa el 81, 61% del personal de la educación está inoculado.

Mendoza solo vacunó al 25% de los docentes.

Mendoza

La Dirección General de Escuelas le comunicó a este medio que 52 mil docentes y ocho mil celadores conforman el personal de la educación en Mendoza. A partir de lo establecido por el Consejo Federal de Educación, el primer grupo (compuesto por 15.500 personas, el 25,83% del total) fue vacunado, y la provincia aguarda la llegada de dosis para continuar con el operativo. Desde el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) la cantidad de educadores inmunizados es considerada “ínfima”, y desmienten la información oficial: “Solo se completó la primera dosis para directivos y Nivel Inicial, y una parte del primer ciclo del Nivel Primario”. El gremio docente expresa su disconformidad respecto al detenimiento de la campaña de vacunación y la falta de información, y denuncia que “los celadores, que son quienes más expuestos están, fueron excluidos de la primera etapa”.

Córdoba

Según datos obtenidos del Ministerio de Educación cordobés, aproximadamente 80 mil docentes están inscriptos en el registro para recibir la inmunización, de los cuales el 40% (correspondientes a la primera etapa de vacunación) han sido efectivamente inoculados. Las estadísticas dadas a conocer recientemente por el ministro Educación de la Nación, Nicolás Trotta, que recopilan la información proporcionada por los gobiernos provinciales, muestran que más de 12 mil educadores no se encuentran anotados: de un total de 92.259 docentes, 33.972 se encuentran inmunizados, lo que reduce la proporción de vacunados al 36,82%. Miembros de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) coinciden con los datos numéricos, pero manifiestan su descontento con el progreso actual de la campaña: “Viene muy lento, porque son pocas las dosis y no alcanzan a cubrir la demanda del sector”.

Tucumán

Al igual que en el caso cordobés, el Ministerio de Educación de Tucumán informa un padrón de 31.500 docentes registrados, menor al total de 41.828 trabajadores que exponen los datos proporcionados por el ministerio de Educación de la Nación (https://chequeado.com/wp-content/uploads/2021/04/WhatsApp-Image-2021-04-28-at-23.16.50.jpeg). Coinciden, sin embargo, en la cantidad de inmunizados: 10 mil docentes, que representan el 31,74% de los inscriptos y el 23,9% del sector. La ministra de Salud Rossana Chahla anunció que el 3 de mayo dio inicio a la aplicación de las segundas dosis para concluir con la primera etapa de vacunación del colectivo docente tucumano.

La Pampa ya vacunó a más del 31 por ciento de los docentes.

San Luis

El Secretario General de la Asociación Sanluiseña de Docentes Estatales (ASDE), Daniel Gozainy, resalta que “la provincia viene con un ritmo ordenado y acelerado de vacunación”, con cerca de ocho mil trabajadores de la educación puntanos que recibieron la primera dosis de la vacuna Sinopharm y comenzaron a recibir la segunda a partir del 29 de abril. Las estadísticas enviadas por las autoridades provinciales a Nación coinciden con lo anunciado por Gozainy: son 7.949 los docentes vacunados en San Luis, lo que supone el 49,22% del total de un personal educativo conformado por 16.151 personas.

La Pampa

En el último reporte publicado por el gobierno provincial se especifica que un total de 3.698 docentes pampeanos accedieron a la vacuna, de los cuales 3.021 únicamente recibieron la primera dosis. Dado que el total de inscriptos del sector es de 11.703, el segmento de inoculados es del 31,59%. El secretario de Salud Laboral de la Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa (UTELPa), Darío Muñoz, destaca la aplicación ágil de las vacunas a partir de su llegada al distrito pero advierte que un grupo de docentes en actividad aún no se ha inscrito para la inmunización: según esta estimación, por lo menos 5.200 educadores restarían anotarse. Además, aclara que la primera etapa sigue en curso: “Los directivos y la conducción de las diferentes escuelas están en su mayoría vacunados, no así los que están en las aulas”.

Neuquén

Desde el Ministerio de Salud provincial se informa que “la población objetivo estimada del personal de educación es de 33.860 docentes” (número que incluye a todos los niveles), mientras que “la cantidad vacunada con la primera dosis es de 4.668”, esto es, el 13,78%. La Secretaria Adjunta de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN Provincial), Susana Delarriva, agrega que aproximadamente 23.500 del total corresponden al sistema educativo público, de los cuales cerca de seis mil aún no se han inscripto. Si bien el sindicato contempla el criterio proporcional de distribución de las dosis y la prioridad que deben tener las personas en situación de riesgo, Delarriva comenta que le han pedido al gobierno que considere al sector educativo. Próximamente se reunirán con las autoridades de la cartera educativa provincial para debatir la cuestión.

Río Negro

Patricia Ponce, Secretaria Gremial y de Organización de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER), denuncia la existencia de desigualdades en la distribución de vacunas en la provincia: “Hay zonas con docentes que ya recibieron la segunda dosis, mientras que en otras todavía aguardan por la primera”. Desde el sindicato se le exige al Ministerio de Educación un cronograma de vacunación preciso para quienes aún no fueron inmunizados. En cuanto a datos, Ponce declara que aproximadamente son 24 mil docentes en la provincia, de los cuales 5.905 (24,6%) recibieron la vacuna.

Tierra del Fuego

El proceso de inmunización de la comunidad educativa fueguina se inauguró recién en la semana del 26 de abril, según informa el Secretario Gremial del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Tierra del Fuego (SUTEF), Julio Beriau. “Antes hubo algunos docentes vacunados por ser población de riesgo, pero ahora empezó la vacunación específica para el sector con los que tienen más de 45 años”, agrega. Por el momento, el porcentaje de educadores inmunizados en esta provincia es el más bajo en todo el país. Las 664 vacunas aplicadas que revelan los datos oficiales representan el 9,22% de un grupo que, según estimaciones del SUTEF, comprende a 7.200 trabajadores.

Santiago del Estero

En abierta oposición a la información suministrada por el gobierno santiagueño, el Secretario General del Círculo de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CISADEMS), Darío Toledo, denuncia el hermetismo informativo respecto a la vacunación del personal docente: “El Consejo General de Educación está intervenido desde 2016, el poder está muy concentrado y obtener datos oficiales reales es difícil”, dice. El gremialista indica que la cantidad de educadores vacunados en la provincia, según el gobernador Gerardo Zamora, no es cierta e ilustra el manejo del gobierno con lo ocurrido en una ciudad: “Empezaron a vacunar en el departamento de Choya y se olvidaron de la Escuela N°30, y después aparecieron casos de Covid”. Según los números oficiales, 14.434 trabajadores de la educación, que representan el 38,62% de los 37.373 docentes totales, están inmunizados.

Formosa

“La información acá la conseguimos a través del intercambio con nuestros delegados, ni siquiera los gremios oficialistas se toman el trabajo de exponerlas”, cuenta Sebastián Patitucci, Secretario de Prensa del Gremio de Docentes Autoconvocados de Formosa. En el marco de una campaña organizada con un criterio que prioriza los lugares de mayor contagio y en la cual los docentes acceden a la aplicación de las dosis principalmente según el grupo etario que se esté vacunando, Patitucci acusa “errores y selecciones sospechosas” en la convocatoria para la inmunización en las escuelas. “En el colegio Gobernador Juan José Silva la dirección del nivel secundario hizo un filtrado de las listas y sacaron a un montón de gente arbitrariamente”, amplía. Según los datos presentados por la cartera comandada por Trotta, 8.793 docentes formoseños de 22.278 (el 39,47%) fueron vacunados.

En base a los números provenientes de Nación se advierte que 3.878 maestros chubutenses (22,15% de 17.506) y 1.840 santacruceños (20,65% de 8.910) fueron inoculados en la Patagonia. La provincia de San Juan es la que vacunó al mayor porcentaje de docentes en todo el país detrás de Santa Fe, con 13.286 inmunizados de 23.880, es decir, el 55,56%. En la región del Litoral, Entre Ríos vacunó a nueve mil docentes de 47.891 (18,79%); Corrientes inoculó a 9.231 educadores de 36.201 (25,50%); Misiones inmunizó a 17.984 maestros de 43.482 (41,36%); 17.144 docentes chaqueños de 39.637 tuvieron acceso a la vacuna (43,25%). En el noroeste argentino 4.120 docentes riojanos de 13.834 (29,78%) han sido vacunados, y lo propio ocurrió con 2.536 catamarqueños (de 16.298 personas, el 15,56%) y 16.373 salteños (de 40.199, el 40,73%). El gobierno de Jujuy es el único que no reveló dato alguno acerca del progreso de la campaña de vacunación, aunque sí se conoce la cantidad de trabajadores que conforman el sector educativo en la provincia: 22.857.

En medio de la contienda por las clases presenciales, el número creciente de casos de coronavirus y la discusión acerca de la efectividad de los protocolos, pasa inadvertido el problema de la inmunización: los datos del ministerio de Educación de la Nación indican que el 59,25% de los educadores restan ser inoculados. En un contexto de cambios constantes, la tendencia general, reflejada por las estadísticas, muestra que la vacunación docente no parece ser prioritaria en muchas provincias.

Neuquén: Hay aumento salarial pero continúan las demandas

Neuquén: Hay aumento salarial pero continúan las demandas

Autoconvocados de San Martin de los Andes, Junin de los Andes, Zapala y Piedra del Aguila.

Tras dos meses de protestas, los trabajadores de salud de Neuquén consiguieron esta semana un aumento escalonado hasta fin de año que llegará al 53%. El nuevo acuerdo reemplaza al anterior, pactado en las paritarias de febrero, cuando la conducción provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) firmó por un 15% de incremento hasta julio. Esa cifra había sido rechazada por el conjunto de los estatales y los trabajadores de la primera línea contra la pandemia alzaron la voz con distintas medidas de fuerza que incluyeron numerosos cortes de ruta en la denominada Ruta del Petróleo.

ATE Neuquén informó que el martes 27 de abril aceptó la oferta salarial enviada por el gobierno provincial el día anterior en el marco del conflicto con el sector de salud que trascendió las fronteras mediáticas de la provincia. El Secretario General de la seccional neuquina de ese sindicato, Carlos Quintriqueo, aseguró a este medio que “en cada seccional se hicieron las asambleas generales y en la Confluencia, donde está el Consejo Directivo (provincial), se hizo la asamblea general de más de 1.600 compañeros de todos los sectores”. Sin embargo, desde el sector de Autoconvocados rechazaron la propuesta y denunciaron maniobras fraudulentas en la asamblea en cuestión.

Desde la zona norte de la provincia enviaron un comunicado de prensa en el que expusieron la situación: “Denunciamos públicamente maniobras fraudulentas y para nada transparentes en la metodología de la conducción gremial de aceptar una recomposición salarial para los trabajadores estatales ya que según se ha podido comprobar en videos que circulan públicamente no se ve reflejada la opinión de seccional ATE Chos Malal con su voto negativo (personal de Salud, EPAS, EPEN, Manejo del Fuego, Delegación de Trabajo, Auxiliares de Servicio, Vivero provincial, Acción Social).”

Quienes también se sumaron a las denuncias contra la conducción provincial de ATE fueron los y las trabajadoras de salud. Según consta en un acta: “La conducción de la asamblea, en las personas de la Sra. María Martínez y Soraya Abraham, no realizó el recuento de los votos por el rechazo de la propuesta salarial y tampoco por la aprobación”.

En igual sentido se expresó en un extenso comunicado Alfredo Marcote, Secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) – Autónoma, seccional Neuquén: “ATE rechazó el acuerdo, porque las verdaderas asambleas de trabajadores, han rechazado por unanimidad la oferta salarial que el gobierno pre acordara con Quintriqueo”.

Tal como informó este medio, fueron 60 los días en que los reclamos tomaron la forma de notas, cartas documentos, marchas y cortes. En las últimas tres semanas las medidas de acción directa se intensificaron y en asamblea interhospitalaria, ese sector díscolo de la dirección provincial del sindicato de trabajadores estatales resolvió permanecer en la ruta hasta que el gobernador Omar Gutiérrez atendiera sus reclamos.

Tales pretensiones se vieron postergadas por el silencio que mantuvo Gutiérrez durante el conflicto, período en el cual muchos se preguntaban por su paradero. Ante este panorama y con la segunda ola de Covid-19 al acecho, los huelguistas intensificaron las protestas. Con bloqueos en la Ruta del Petróleo, como se denomina a la zona que une los yacimientos productivos. Dichos cortes afectaron los intereses de las operadoras en yacimientos de Vaca Muerta, especialmente las dos principales productoras de gas YPF y Tecpetrol, esta última del Grupo Techint. Según estimaron desde la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), las pérdidas para las empresas se estiman en más de 27 millones de dólares desde que comenzó el conflicto pero, además, la menor producción de gas obligará al Estado a importar con urgencia más combustibles líquidos (gasoil y fuel oil) o GNL (Gas Natural Licuado) a través de los barcos regasificadores. Esto implica un costo aproximado adicional para la balanza comercial argentina de 190 millones de la misma moneda.

El lobby del sector no se hizo esperar y comenzó a presionar para que se levantaran las medidas de fuerza. La adhesión social al sector de Autoconvocados, que se hizo muy fuerte dentro de la provincia, actuó como respaldo ante posibles represiones y desalojos. Con las fuerzas de seguridad imposibilitadas de entrar en acción por presión de la opinión pública, el Poder Ejecutivo Provincial (PEP) se vio obligado a hacer entrar en escena a otro actor: el Fiscal General de la Provincia, José Ignacio Gerez.

Este funcionario, que según cuentan las fuentes del riñón político de Gutiérrez, convocó a una mesa de mediación entre las autoridades provinciales y el sector de Autoconvocados para resolver el conflicto de salud. Tras varias idas y vueltas el gobierno de Gutiérrez, que pertenece al Movimiento Popular Neuquino (MPN,) ofertó un bono de $30.000 -que luego fue elevado a $40.000-  a pagar en cuotas mensuales de $10.000. La oferta fue rechazada de plano por el conjunto de los Autoconvocados, por considerar que “los bonos, como no lo cobran los jubilados, no son remunerativos y tampoco aportan a la caja previsional”, explica Mariana Sarin, trabajadora de la Dirección General de Estadística y Censos de la provincia.

Tras un cuarto intermedio dictado por el mediador, las partes no volvieron a reunirse. Ahí entró en escena nuevamente Quintriqueo que presionado por las bases, se vio en la obligación de llamar a un paro provincial por tiempo indeterminado para re negociar el acuerdo que había firmado dos meses atrás. De esta manera se llegó entonces a la oferta refrendada por el gremio el pasado martes.

Gabriela Suppicich, referente de Autoconvocados Plottier, se mostró indignada en su cuenta personal y exigió al gobierno que el aumento sea en dos cuotas hasta julio para recomponer el salario que les adeudan del 2020. A pesar de su desacuerdo, la referente se expresó expectante por todo lo conseguido, que “va más allá de lo salarial. No lo pienso como un proceso terminado porque fue un proceso de lucha y hasta acá arrancamos esto, el 53% para todos los estatales. Y que va al básico, pero este proceso tiene que resultar en una organización más estructurada”.

En cuanto al Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén (SiProSaPuNe), decidió tras el paro de 48 horas (miércoles 28 y jueves 29de abril) una reunión en la Legislatura con un plenario de dos comisiones: participaron las de Desarrollo Humano y Social y de Asuntos Laborales junto con referentes del SiProSaPuNe y el Sindicato de Enfermería (SEN). Estos últimos buscan impulsar y establecer la carrera profesional para el Sistema Público de Salud. Este encuentro se llevó a cabo en presencia de César Dell’Ali, Noemí Alemany y Roberto D’angelo de SiProSaPuNe y Darío Mas del SEN, quienes insistieron en la necesidad de contar con la ley en tanto herramienta para revertir el déficit del recurso humano profesional en el Sistema Público de Salud.

Por su parte, los trabajadores Autoconvocados de la salud de Neuquén a pesar de haber rechazado el arreglo entre ATE y el PEP decidieron cambiar el rumbo de la lucha. Marco Campos, referente del sector y del hospital Castro Rendón en diálogo con ANCCOM detalló las resoluciones asamblearias: “Analizamos lo acordado entre el gobierno y ATE, y realizamos una contrapropuesta que consta del 53% en dos cuotas que se volvería a revisar en el 2021. Además exigimos una reunión con los trabajadores Autoconvocados para solucionar los descuentos de los días del sumario y los pases a planta permanente“.

Tras levantar los cortes de la zona de Vaca Muerta, los Autoconvocados volvieron a Neuquén Capital en una caravana que recorrió los hospitales de Añelo, San Patricio del Chañar, Centenario y el hospital Castro Rendón, en la capital provincial. En todo su recorrido fueron acompañados por distintas agrupaciones sociales y políticas, así como también vecinos y vecinas que en todo momento se mostraron a favor de sus reclamos.

 

Al final del recorrido, Campos agradeció a la comunidad por el apoyo y afirmó: “El corte en Villa La Angostura sigue activo, vamos a sostener ese corte hasta que el gobierno nos reciba y podamos charlar sobre estos puntos pendientes. Por lo tanto, vamos a seguir esta lucha con movilización y reclamos por todas las vías y en distintas zonas“.

Por último, el 30 de abril se realizó una protesta en el Centro Administrativo Ministerial (CAM), donde tiene su oficina la ministra de Salud Andrea Peve, reclamando la devolución de los descuentos por adherir a las medidas de fuerza y la baja de sumarios en Villa La Angostura. En conferencia de prensa los autoconvocados afirmaron: “Los descuentos realizados tienen el único objetivo de acallar nuestro reclamo, vulnerando gravemente los derechos constitucionales de peticionar así como sus derechos laborales». Además, manifestaron: «Las autoridades de salud deben garantizar condiciones salariales y laborales para que volvamos a la primera línea a dar respuesta a la segunda ola de contagios que ya comenzó». Al parecer, el acuerdo salarial no resolvió el problema de fondo. La manija de la sartén está en manos de Gutiérrez, habrá que ver si el gobernador se encuentra a la altura de la circunstancia y se sienta a escuchar un reclamo con licencia social.

El Ministerio de Trabajo ordenó la conciliación obligatoria en el conflicto de la Escuela ORT

El Ministerio de Trabajo ordenó la conciliación obligatoria en el conflicto de la Escuela ORT

Gracias a la difusión pública que tomó el despido de dos docentes en la sede Montañeses de la Escuela ORT, el Ministerio de Trabajo dictaminó la conciliación obligatoria y exigió a la institución educativa a que retrotraiga la medida.

Este jueves por la mañana se realizó una reunión en la cartera laboral donde estuvieron presentes los representantes de UTE Mariano Mango y Angélica Graciano, el delegado gremial de la escuela Sacha Unamuno, las dos docentes despedidas –Violeta Sznaider y Mariana Sampaiño- y, en representación de la ORT, su director ejecutivo, Adrián Moscovich y el director adjunto, Julio Nieva Moreno.

Al principio de la audiencia, la escuela había solicitado 48 horas para revisar la situación, pero de todas maneras el Ministerio ordenó la conciliación obligatoria y, al menos mientras esta se extienda, tanto Szanaider como Sampaiño deberán ser reincorporadas a sus funciones.

Las docentes habían sido despedidas el pasado 14 de abril por adherir al paro docente que exigía el cumplimiento de los protocolos sanitarios dictaminados en el marco de la pandemia del covid 19. La Escuela ORT Argentina ya tiene antecedentes de conductas antisindicales y de avanzar sobre el derecho de agremiación: en diciembre de 2019, una decena de profesores fue despedida por intentar organizarse para defender sus derechos laborales.

Despiden docentes en la ORT por reclamar que se cumplan los protocolos

Despiden docentes en la ORT por reclamar que se cumplan los protocolos

La Escuela ORT con sede en Belgrano despidió a dos profesoras que se habían adherido al paro masivo del miércoles 14 de abril. En el momento más delicado del rebrote reclamaban la suspensión de la presencialidad y que se continúe de forma virtual. La institución, con antecedentes similares, no respetó el derecho a huelga.

Días previos a que se haga público el Decreto de Necesidad y Urgencia 241/2021, los gremios docentes organizaron un paro masivo para el miércoles 14, reclamaron la suspensión de la presencialidad debido al aumento de casos en la Ciudad y la -cada vez más cerca- saturación del sistema de salud. Fue un paro anticipatorio a lo que dos días después iba a anunciar el presidente Alberto Fernández. Para el día que se expuso el DNU, las dos docentes de la ORT habían sido despedidas por reclamar en un paro lo que acababa de ordenar el Presidente. 

La medida de fuerza gremial tuvo una adhesión del 90%, y Mariana Sampaiño al igual que Violeta Sznaider fueron unas de las tantas docentes que se sumaron al paro. Sus nombres se hicieron públicos entre los demás colegas por lo que les sucedió en los días posteriores. Cuando después del paro quisieron volver a trabajar se enteraron de manera insólita que las habían despedido. “El viernes cuando fui a dar clase me frenaron en la puerta y me comunicaron que estaba despedida por una decisión institucional –dijo Sampaiño a ANCCOM-, sin una causa aparente y sin ningún telegrama. El miércoles fue el único día que no me presenté, me adherí, entendiendo que la situación actual es extrema”. Sznaider sufrió las mismas consecuencias. “Me enteré de mi despido porque tengo las cuentas de la escuela bloqueadas desde el jueves, como le pasó a Mariana” dijo y señaló que se enteró por sus colegas que no se trataba de un error en el sistema. De parte de la institución nunca se comunicaron, decidieron bloquear los correos y acceso al campus virtual. “Nadie de la escuela se comunicó conmigo, pero le dijeron a los otros docentes que yo estaba despedida. Es una situación muy angustiante y de mucha incertidumbre” se quejó Sznaider.

Las docentes cuentan con una experiencia de más de 10 años en la ORT. Sznaider tiene estudiantes de Historia, Formación Ética y Ciudadana de 3º y 4º año. Sampaiño, además de dar las mismas materias y también Geografía de 2º a 4º, acompaña a los estudiantes que participan en las Olimpíadas de Historia. 

El paro fue en defensa de la salud y la vida, se basó en la evidencia actual y en lo dispuesto por el Consejo Federal de Educación el 2 de julio de 2020, que dictamina un protocolo para que sean posibles las clases presenciales, siempre y cuando no exista un alto riesgo de contagio y se cumplan los 9 puntos enunciados, que tienen que ver con condiciones y protocolos sanitarios. Se pueden dictar clases presenciales en distritos donde exista un riesgo bajo de contagio, es decir, donde la razón entre casos nuevos de las últimas dos semanas sea menor a 0,80 y donde la ocupación de camas sea menor al 60%. Parámetros que han sido ampliamente superados en la Ciudad de Buenos Aires a la fecha del paro docente.

La Escuela ORT es una de las instituciones educativas más grandes de Argentina, cuenta con dos sedes en la Capital Federal y tiene tres niveles educativos. Si bien tiene sus orígenes dentro de la comunidad judía, se ha ampliado y abierto a la comunidad en general. Pero estos cambios no parecen regir con los docentes, “hay una persecución ideológica y un intento de regimentar”, asegura Sampaiño. Siguiendo la misma línea, para Sznaider los despidos arbitrarios son un claro ejemplo de persecución e “intento de querer callar a quienes defendemos nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras, y en este paro en particular quienes queremos defender la salud de estudiantes, familias y docentes”. 

Las profesoras sostienen que la institución se manejó ilegalmente, ya que en el marco de la situación de emergencia actual el Gobierno de la Nación prohibió los despidos y suspensiones sin causa justa, entre otros. Esta reglamentación fue prorrogada en enero de 2021. Los despidos que violen la prohibición del Gobierno, en teoría, no producirán efecto alguno, se deberán mantener las laborales existentes, y es por esto por lo que Sacha Unamuno, quien es delegado en la escuela, asegura que están analizando las medidas. “Hicimos una presentación en la justicia, también está circulando un petitorio para que sean reincorporadas y estamos sumando apoyo de toda la comunidad”, contó a ANCCOM.

Y agrega que la decisión de la escuela viola un derecho constitucional como es el derecho a huelga, dejando a la vista la persecución hacia los trabajadores. “No vamos a dejar pasar estos despidos porque son ilegales, son arbitrarios y son discriminatorios”, es el mensaje que quieren hacer oír Mariana Sampaiño, Violeta Sznaider y quienes apoyan su causa.

Las docentes vienen trabajando desde principio de año de manera presencial sin estar vacunadas. “Estamos adentro de la escuela desde el 17 de febrero y nadie en la escuela media en CABA está vacunado, salvo los directivos, en la ORT somos más de 400 docentes y ninguno con su vacuna”, detalla Sampaiño. Se debe aclarar que la escuela cuenta con las herramientas y pudo garantizar satisfactoriamente la educación a distancia en el 2020.

Sampaiño no puede dejar de relacionar lo sucedido con lo que pasó en 2019 en un marco diferente, “es claramente vinculable con los 10 despidos de diciembre de hace dos años, es toda una persecución ideológica, reclamamos derechos elementales y en una situación excepcional, donde nos afecta ya que vivimos de nuestro salario, esos 10 compañeros no tuvieron nunca una respuesta”, cuenta a ANCCOM. Luego de esos despidos se había abierto un espacio de diálogo con las autoridades de la escuela, esto permitió la mejoría en algunas condiciones de trabajo. 

Al momento que se publica esta nota existe un panorama confuso en la Ciudad, han abierto colegios dispuestos a dar clases presenciales y otros que han acatado el Decreto de Necesidad y Urgencia. La directiva de la Escuela ORT no ha dado respuesta por los despidos de Mariana Sampaiño y Violeta Sznaider y se ha dispuesto a seguir sin muchos cambios. “Solo enviaron un comunicado organizando las clases de manera híbrida, con presencialidad en el turno noche”, cuenta Sacha a ANCCOM.

Un reclamo que toma vuelo

Un reclamo que toma vuelo

 

“Todo es un asco”, sintetiza Ayelén Córdoba, una de las trabajadoras de la empresa de seguridad aeroportuaria Group of Private Security (GPS) que denuncia malas condiciones de higiene, infraestructura y seguridad dentro de los aeropuertos Jorge Newbery (Aeroparque metropolitano) y Ricardo Pistarini (Aeropuerto de Ezeiza). Señala que el hacinamiento en los compartimentos de descanso y los pocos elementos de limpieza que disponen dificultan el cumplimiento de los protocolos. Acusa a la compañía de persecución y maltrato a los empleados que buscan, a  través de sus reclamos, mejorar sus condiciones de trabajo.

Entre otros problemas, cuenta, el vestuario no brinda suficiente protección contra los cambios de temperatura y las esquirlas que vuelan en las pistas. En el caso de “M”, una trabajadora de Aeroparque que prefirió mantener su nombre en secreto, comentó que algunos compañeros tienen problemas físicos a causa de la falta de indumentaria y elementos de seguridad.

Desde 2020, el plan de lucha incluye también a las condiciones de contratación y reclaman a Aerolíneas Argentinas que reconozca los años de servicio de los trabajadores de seguridad y que sean incluidos como personal permanente de la compañía.

 

 

Pasan los años pero el problema es el mismo

 

Los trabajadores de GPS señalan que a pesar de que diferentes empresas han prestado servicio tanto en Ezeiza como en Aeroparque, las problemáticas siguen siendo similares y el motivo de lucha es el mismo.

La situación de tercerización laboral de los trabajadores de GPS, los expone a la hora de hacer planteos ante la empresa. Cuentan que fueron víctimas de abusos laborales y salariales como modificaciones arbitrarias de horarios, traslados de los espacios de trabajo, quien se desempeñaba en Ezeiza era enviado al Aeroparque y viceversa, escasa protección en los espacios aéreos o la reducción del salario e incluso retraso en su pago y también del aguinaldo. “Nos mandaron a trabajar a Pistarini, sin tener en consideración lo difícil y a trasmano que es llegar y nos sancionaron igual si llegábamos tarde o si no teníamos transporte público”, declaró “O” una trabajadora del aeropuerto de Ezeiza que prefirió no dar su nombre para resguardar su trabajo.

Durante el 2020 y 2021, los trabajadores de GPS realizaron diferentes medidas de reclamo como asambleas, cortes de calles, manifestaciones sobre la autopista Riccheri y Avenida 9 de Julio. A pesar de que algunos problemas fueron resueltos, los trabajadores siguen luchando por el acceso a planta permanente. “Hemos tenido varias reuniones pero el problema es el mismo”, declaró Luciano Corradi, delegado de los trabajadores de GPS. “Nos reunimos con las empresas implicadas y con el Ministerio de Trabajo, pero no hemos llegado a ningún lado. Ni GPS ni aerolíneas tienen disposición para negociar”, señaló Corradi.

Despedidos, recontratados y sancionados

 

En febrero de 2020, cuando todavía el gobierno nacional no había anunciado medidas de restricción, los trabajadores de GPS reclamaron a la compañía de seguridad que distribuyera los materiales de seguridad e higiene necesarios ante una eventual llegada del coronavirus al país. La empresa solo ofreció unos guantes de protección. Frente a esta postura, los trabajadores que se desempeñaban tanto en el Aeroparque metropolitano como en el de Ezeiza se unieron y formaron una comisión de seguridad e higiene, en donde redactaron un protocolo y adquirieron materiales de sanitización y de protección contra el coronavirus

El 25 de marzo de 2020, tras el anuncio de las restricciones por parte del Gobierno nacional y después de realizar una medida de fuerza, los trabajadores Ayelén Córdoba y Carlos Roa fueron despedidos de la compañía. ”Luego de regresar de mis vacaciones a mitad de marzo, mis compañeros y yo decidimos no tomar posiciones para pedir elementos de seguridad e higiene. Una autoridad de la empresa nos dijo que esto era una psicosis y que no había tal pandemia. Un par de días después de la medida, pudimos obtener algunos elementos, pero a mi compañero (Roa) y a mí nos despidieron”, explica Córdoba.

A causa de este hecho, sus compañeros del aeropuerto de Ezeiza realizaron una campaña para la reincorporación de los trabajadores despedidos. La movida contó con el apoyo de referentes de los derechos humanos como Nora Cortiñas y sectores sindicales como los metrodelegados del subte y premetro. Tres semanas después, tanto Córdoba como Roa fueron reincorporados a la compañía, que también entregó materiales de protección e higiene.

Corradi considera que este tipo de acciones es un ataque al derecho a huelga de los trabajadores, amparado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. En 2021, luego de no recibir un aumento salarial durante el año anterior, acordaron un incrementol del 38% correspondiente al 2020. Después de este hecho, 200 empleados de GPS, distribuidos en Ezeiza y Aeroparque, fueron sancionados con apercibimientos de tres a cinco días por la huelga. Corradi señala que el castigo se debió a que las medidas de fuerza no contaron con el aval del sindicato oficial, Unión del Personal de Aeronavegación de Entes Privados (UPADEP). “Nosotros peleamos para que se respete el derecho a huelga de los trabajadores y que retrocedan con las suspensiones”, señaló Corradi.

 

Las falencias del protocolo

 

Los trabajadores de GPS, tanto del Aeropuerto de Ezeiza como del Aeroparque metropolitano, explican que los protocolos dictados por la compañía son de difícil cumplimiento. En primer lugar, consideran que los materiales de protección e higiene son insuficientes para la cantidad de trabajadores que poseen ambos espacios. En este caso, ante el déficit de material de limpieza e higiene, tuvieron que organizar torneos y rifas para poder financiar los productos de limpieza y seguridad faltante. En segundo lugar, consideran que la compañía demoró en armar un protocolo para evitar los contagios dentro de los espacios de trabajo. “Nosotros a finales de febrero sabíamos que iba a entrar el virus. Porque, seamos sinceros, ahora está instalado acá, pero el virus entró por los aeropuertos”, resume “M”, una trabajadora de Aeroparque que prefirió la confidencialidad. “Antes de trabajar con la llegada de los vuelos de repatriación, nosotros estudiamos de qué se trataba el virus por los pocos datos que había en internet y por otros contactos”.

”Desde el primer momento en que hubo un caso en Ezeiza, a la empresa le costó entender que no solo debe aislar al que dio positivo, sino también al contacto estrecho”, explicó una trabajadora de GPS. “Hasta que el Gobierno nacional dictaminó sobre cómo actuar en el caso de los contactos estrechos, nosotros debimos pelear mucho para que la compañía actuara”, señaló la empleada. Mientras que Corradi acusó a la empresa de restringir las medidas de aislamiento de los trabajadores debido a que no avisan cuando sus empleados resultan ser Covid positivo o contacto estrecho con un contagiado. Desde la empresa de seguridad GPS niegan que hubiera contagios de empleados originados dentro de la base: “Los contagios, en cualquier caso, ocurrieron por contacto estrecho por fuera del ámbito laboral”.

Los trabajadores de ambos aeropuertos coinciden en que las áreas de descanso y bases operativas no tienen las medidas necesarias para el cumplimiento del protocolo. Consideran que los espacios en cuestión son estrechos y de poca amplitud para agrupar a los trabajadores en sus momentos de descanso y que son un potencial foco de contagios en las bases aéreas. “Nosotros desde hace años reclamamos que nos den una nueva base operativa, somos muchos empleados y en el espacio actual, a pesar de que no entramos todos a la vez, estamos en condiciones de hacinamiento”, declaró Corradi. “El hacinamiento se siente dentro de la base, por eso debemos usar el aire acondicionado todo el día, a pesar de los charcos de agua que deja”, consideró “M”.

Luego de múltiples pedidos al Organismo Regulador del Sistema Nacional Aeropuertos, la empresa que está a cargo de la infraestructura de Aeropuertos Argentinos 2000 cedió un área del Aeroparque para extender la base operativa: “El aeropuerto nos cedió un espacio, pero nosotros necesitamos que inicien las refacciones y que inauguren ese espacio, porque no podemos estar así”, consideró Corradi.

”El lugar es un nido de cucarachas, además es muy cerrado”, detalla “M”.

Desde el otro lado

 ANCCOM estableció comunicación con Aeropuertos Argentina 2000, empresa encargada de la administración de las centrales aéreas. En consulta sobre la provisión de elementos higiénicos, señalan que durante 2020 se incrementó la distribución de materiales sanitizantes en los baños tanto para empleados como para clientes. En relación a las obras de refacción de las bases consideran que todos los espacios fueron adecuados para mantener la seguridad de los trabajadores como de los clientes.

La agencia también se comunicó con Aerolíneas Argentinas, empresa a la que los trabajadores de GPS reclaman acceso a planta permanente. Desde la compañía aérea alegan que a causa de la caída de la capacidad operativa, no fue contratado, ni pasado a planta permanente ningún personal. Consideran que la disminución en la venta de pesajes y la reducción de su capacidad de vuelo a un 30% fue un condicionante para eventuales incorporaciones.

Por último, ANCCOM también diálogo con representantes de la empresa de seguridad GPS. En relación a la consulta sobre la creación del protocolo, desde la firma señalan que el reglamento fue desarrollado a partir de la consulta con un ingeniero en seguridad, contratado por la compañía, quien diagramó los lineamientos de acuerdo a los espacios, la distancia y los elementos necesarios. Estas normativas fueron las mismas tanto para Aeroparque como para Ezeiza debido a que los vuelos de repatriación tuvieron como destino las dos bases aéreas respectivamente. “Hemos decidido la formación de cuadrillas o grupos de pocas personas para que no se amontonen en las bases”, señaló el representante. También destacó que desde marzo del 2020 la empresa entrega de forma continua barbijos, alcohol y guantes y que son controlados por Aerolíneas Argentina, la Aseguradora de Riesgo Trabajo (ART) y por Aeropuertos Argentina 2000. En alusión al caso de las bases operativas, desde GPS alegan que se encuentran condicionados tanto para la extensión de los espacios como de la realización de obras por parte de Aeropuertos Argentinas 2000. “La base es un espacio que te otorga el aeropuerto. La empresa no puede extenderlo a gusto propio. De acuerdo a lo que te da Aeropuertos te tenés que manejar como podés”, señalan desde GPS.

Un pedido desesperado

 A pesar de que la empresa de seguridad afirma que los contagios de los empleados de GPS se produjeron por fuera del espacio laboral, los empleados consideran lo contrario. Tanto los obreros de seguridad de Ezeiza y Aeroparque indican que durante las últimas semanas se incrementaron los contagios producto de las condiciones de hacinamiento en las bases operativas y piden a la empresa que condicionen los espacios y que se vacunen al personal esencial del aeropuerto. A pesar de que al aeropuerto llegan vacunas, “el personal no recibió una dosis”, destaco Corradi.

«Inaceptable»

 

Tras exigir el llamado urgente a una nueva paritaria, el ministro de Educación Nicolás Trotta finalmente recibió a los representantes del Frente Gremial Universitario, el pasado 7 de abril por la tarde. Sin embargo, para las trabajadoras y los trabajadores la propuesta del gobierno tuvo sabor a poco.

Las organizaciones sindicales que participaron de la negociación fueron CONADU, FATUN, FAGDUT, FEDUN y CTERA, y el reclamo consistió fundamentalmente en el pedido de un aumento salarial del 35% y mecanismos de revisión durante el año en curso para ajustar la cifra de los salarios reales a la inflación. Otra de las demandas fue continuar con el programa de regularización de los trabajadores ad honorem y contratados que no están bajo convenio, en todas las universidades nacionales, una conquista que vio la luz en 2017. Por último, se pidió que para una eventual vuelta a la presencialidad se incluya a los y las educadoras en la discusión de los protocolos para un retorno seguro a las aulas.

Si bien se esperaba que la negociación se extendiera a una segunda jornada, luego de dos horas intensas de debate, el conjunto de las federaciones de trabajadores docentes y no docentes declaró “inaceptable” la oferta del Ministerio. En la misma el gobierno realizó una propuesta salarial de un 33% dividido en cuotas ‒un 5% en abril, 5% en junio, 4% en agosto, 2% en octubre, 4% en noviembre, 3% en diciembre, 6% en enero, y un 4% en febrero‒, sin prever la cláusula de revisión en la que se había puesto especial énfasis.

Pablo Macía, profesor universitario y secretario de Prensa de Conadu, declaró tras la reunión: “Es una propuesta muy fragmentada en el tiempo y nuestra intención es que podamos recuperar un porcentaje sustancial del salario. Y que frente a un contexto de incertidumbre podamos tener la garantía de que vamos a  estar por arriba de la inflación”.

En cuanto a las condiciones de trabajo, se reparó en el avance de otras herramientas técnicas como la garantía salarial. Se trata de un coeficiente aplicado sobre el salario de los docentes de menor antigüedad, jerarquía y dedicación, para que se les establezca un piso salarial. En la misma línea, la norma sirve para aquellos docentes que tienen dedicaciones exclusivas, como los que se dedican a la gestión, investigación o enseñanza.

En 2019 se empezaron a realizar las primeras efectivizaciones de trabajadores preuniversitarios. “Fue una lucha que surge de las demandas de nuestra federación, Conadu. Por eso el respeto a la paritaria y al diálogo entre las partes”, afirmó Christian Dodaro, delegado de Feduba. “Lo valoramos tanto porque es una herramienta de la clase trabajadora. Y por todo lo que nos llevó conseguirlas durante el gobierno kirchnerista, y después durante el macrismo”, agregó.

En el marco de la situación sanitaria, en esta oportunidad el reclamo o implicó una manifestación callejera. Por su parte, la Conadu Histórica llamó a un paro nacional de 48 horas para el martes y miércoles pasado, en repudio a la decisión de la cartera educativa de  excluir al gremio de la paritaria nacional.

En tanto, Macía reconoció la complejidad de la coyuntura, y a su vez destacó el papel solidario que adoptó la Conadu frente a la emergencia sanitaria, tanto con los trabajadores y trabajadoras como con los sectores más vulnerables de la sociedad: “Hicimos un esfuerzo muy grande durante todo el año pasado, no sólo para garantizar la continuidad pedagógica, el derecho a la educación de los estudiantes, sino también en tareas de investigación e iniciativas comunitarias”. Así, según relató Macía, desde el año pasado Conadu impulsa campañas solidarias de recolección de alimentos, útiles, y productos de limpieza para los sectores más vulnerables de la sociedad, que a menudo resultan ser los propios estudiantes.

 “En función de nuestro compromiso con la educación pública reclamamos un salario justo que  permita continuar con nuestras condiciones de trabajo y de vida”, cerró. Se espera que en los próximos días el Ministerio convoque a una nueva instancia para analizar mejores posibilidades.